Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2021-07198-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2021-07198-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2021-07198-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
24 de enero de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D. C., 24 de enero de 2022
Radicación: 11001-03-15-000-2021-07198-00
Demandante: Melkis Guillermo Kammerer Kammerer
Demandado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACCIÓN U OMISIÓN DE AUTORIDAD PÚBLICA/
Requisitos de procedibilidad/ Inmediatez/ Subsidiariedad/ Legitimación activa en la
causa.
Síntesis del caso: La parte actora instauró acción de tutela para obtener la protección de
sus derechos fundamentales, presuntamente vulnerados con las inmovilizaciones de
vehículos que catalogó de ilegales, la expedición de decretos en materia de tránsito y
transporte y la inobservancia de la medida adoptada por el Consejo de Estado.
De acuerdo con la competencia asignada 1, procede la Sala a resolver en
primera instancia, la acción de tutela presentada por Melkis Guillermo
Kammerer Kammerer contra la Presidencia de la República, el Congreso
de la República, la Procuraduría General de la Nación, la Policía Nacional,
el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Puertos y Transportes.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Posición de la parte demandada.
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 25 de octubre de 2021, Melkis Guillermo Kammerer Kammerer, en
nombre propio y en su condición de presidente de la Asociación Nacional
de Desplazados Unidos de Colombia y la Federación Nacional de
Comerciantes en Defensa de los Consumidores y Usuarios 2, presentó acción
de tutela contra la Presidencia de la República, el Congreso de la
República, la Procuraduría General de la Nación, la Policía Nacional, el
Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Puertos y Transportes, por
la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad,
debido proceso, defensa, trabajo, salud, libre circulación, junto con los
principios de legalidad, buena fe, confianza legítima, proporcionalidad,
1Artículo 86 de la Constitución Política, los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015 y 1983 de 2017, 333
de 2021 y el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2 Mediante Auto de 27 de octubre de 2021, el despacho sustanciador resolvió, entre otras, requerir al
demandante para que allegara las pruebas relacionadas en el escrito de tutela, entre ellos, los certificados de
existencia y representación de las asociaciones que el accionante decía presidir. Cabe precisar que, como no
se allegaron tales certificados, se entenderá que la tutela fue presentada a nombre propio.
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Radicación: 1001-03-15-000-2021-07198-00
Demandante: Melkis Guillermo Kammerer Kammerer
Demandado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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razonabilidad, función pública y efectividad de derechos, con ocasión de
las inmovilizaciones de vehículos que catalogó de ilegales, la expedición
de decretos en materia de tránsito y transporte y la inobservancia de la
medida adoptada por el Consejo de Estado, dentro del medio de control
de nulidad No. 11001-03-24-000-2016-00123-00, en relación con la
suspensión de la palabra “podrá” contenida en el artículo 3 de la
Resolución No. 3027 de 2010 del Ministerio de Transporte.
2. A título de amparo constitucional, la parte demandante solicitó (se
trascribe):
“Primero pretendo con esta acción de tutela Acción de tutela como
mecanismo excepcional, y definitivo, para que magistrado ordene al
PRESIDENTE IVAN DUQUE como jefe del Gobierno y Suprema Autoridad
Administrativa: con funciones 10. Promulgar las leyes, obedecerlas y velar por
su estricto cumplimiento. Ejercer la potestad reglamentaria, mediante la
expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la
cumplida ejecución de las leyes. Ejercer la inspección y vigilancia de la
prestación de los servicios públicos. ORDENE TAMBIÉN AL CONGRESO DE
COLOMBIA (CÁMARA Y SENADO) conforme al artículo 150 de la constitución
donde unas de sus funciones es hacer las leyes, de igual forma ordenar AL
PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN (…). Contra el DIRECTOR NACIONAL
DE POLICÍA, de igual forma contra EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y LA
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRASPORTES para que el magistrado órdenes
a las siguientes autoridades , reglamentar, adicionar modificar el artículo 125
del código nacional de tránsito, con referentes a LAS INMOVILIZACIONES,
PARQUEADEROS AMNISTÍAS para entrega de vehículos, así mismo para que el
magistrado ordene a las autoridades de tránsitos conforme al artículo 3 de la
ley 769 del 2002 hacer cumplir lo ordenado por la Sección Primera del Consejo
de Estado Radicado 11001-03-24-000- 2016-00123-00 que suspendió la palabra
podrá contenida en el artículo 3 de la resolución No 0003027 del 2010
expedida por el ministerio de transporte ordenando conceder los 60 minutos
para que el presunto infractor subsane la infracción en el lugar de los hechos,
para evitar la inmovilización.
SEGUNDO Que el magistrado le solicite al congreso de Colombia y al
presidente legislar sobre parqueaderos, inmovilizaciones, grúas,
responsabilidad, prohibición de los alcaldes seguir modificando de forma
permanente el código nacional de tránsito, de forma indiscriminada, así
mismo realizar una amnistías, para que todos los parqueadero municipales del
país que tengan inmovilizados vehículos por violación las normas de tránsitos y
que dichos vehículos estén a sol, aguas y montes, sean entregados de forma
inmediata sin pagar un solo pesos de grúas, parqueadero, ni multas de
tránsitos, de lo contrario deberán darle cumplimiento al artículo 125 del código
nacional de tránsito y pagar los daños y perjuicios, así mismo el magistrado le
solicite al congreso de Colombia y al presidente y procuradora que deben
legislar en contra de los alcaldes del país sobre la modificación del código
nacional de tránsito, (…), donde por culpa de estos millones de decreto en el
país hay millones de estos vehículos dañados en los parqueadero municipales.
TERCERO Que el magistrado ordene a la procuradora general de la nación a
que ejerza sus funciones contempladas en artículo 277.
CUARTO Que el magistrado ordene a la ministra de transporte a realizar un
censo de los vehículos que se encuentran inmovilizados en el parqueadero DE
MUNICIPAL DE VALLEDUPAR fecha de entrada, además diga cual es su estado,
si el parqueadero tiene techo o si es al espacio libre, además este censo se
extienda a todas las secretarias de transito del país, así mismo, ordene a las
autoridades de transito dar cumplimiento al artículo 125 del código nacional
de tránsito (…).
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Radicación: 1001-03-15-000-2021-07198-00
Demandante: Melkis Guillermo Kammerer Kammerer
Demandado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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QUINTO Que el magistrado ordene al ministerio de transporte, a la
superintendencia de puertos y transporte y al director nacional de policías,
para que ordenen a las autoridades de tránsito especialmente a la policía de
tránsito municipal, a darle cumplimiento a las sentencias expedidas por la sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado ordenó por medio del
radicado 11001-03-24-000-2016-00123-00 la suspensión del término “podrá”,
contenida en el artículo 3º de la resolución No. 003027 del 26 de julio de 2010
expedida por el Ministerio de Transporte.
SEXTO Que el magistrado ordene al ministerio de transporte y a la
superintendencia de puerto y transporte, para que se abstengan de seguir
ejerciendo funciones de transito dentro del perímetro urbano, rural y los tramos
de los municipios, por lo que de acuerdo al artículo 10 de la ley 1437 del 2011
hagan extensiva Sentencia C-306/09 que declaro EXEQUIBLE el Proyecto de
Ley No. 190 de 2007 Senado, 077 de 2006 Cámara, “mediante el cual se
unifican normas sobre agentes de tránsito y transporte y grupos de control vial
de las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones (…).
SEPTIMO QUE EL SEÑOR MAGISTRADO ORDENE AL PRESIDENTE, PROCURADORA
MINISTRO DE TRANSPORTES hacer cumplir el parágrafo tercero del artículo 6 del
código nacional de tránsito que establece que los alcaldes, gobernadores,
concejos bajos ninguna circunstancias puede modificar de forma permanente
el código nacional del tránsito, así como vienen realizando los alcalde de
Valledupar desde el 2004 hasta el días de hoy, que vienen expidiendo decreto
tras decretos que caducan cada seis meses, tres meses y hasta un años,
prohibiendo la circulación de motos en muchos punto de la ciudad, y
prohibiendo el parrillero hombre, violando los artículos 94,95, y 96 del código
nacional de tránsito.”
3. Como hechos relevantes fueron narrados los siguientes:
4. 1) La parte actora señaló que, como él, miles de desplazados y
comerciantes que poseen vehículos, se han visto afectados por la
proliferación de decretos expedidos por más de 800 alcaldes del país y por
las inmovilizaciones ilegales, a las que, además, atribuyó la pérdida de su
moto hace 6 años, (se trascribe) “y ninguna autoridad nacional sale a la
defensa, ni el congreso, ni el presidente ni la procuraduría”.
5. 2) Afirmó que (se trascribe) “en Valledupar en los últimos 10 años se
han podrido más de 20mil vehículos” y que los únicos culpables eran los
alcaldes, quienes, a su juicio, han modificado de forma permanente el
Código Nacional de Tránsito3.
6. Como fundamento de la vulneración, manifestó que la tutela, como
mecanismo excepcional y definitivo, era procedente para (se trascribe)
“defender a millones de colombianos que han perdido sus vehículos por las
inmovilizaciones ilegales y por la proliferación de decretos”.
7. Con base en lo anterior, adujo que se requería de legislación,
potestad reglamentaria e inspección y vigilancia sobre la prestación de
servicios públicos, especialmente, en temas relacionados con
inmovilizaciones, parqueaderos, amnistías, grúas y responsabilidad
3Al respecto, citó los siguientes Decretos: 1259 de 2019, 173 de 2009, 111 de 2008, 309 de 2010, 558 de 2010, 396
de 2014, 305 de 2017, 1040 de 2017, 736 de 2018, 364 de 2006, 182 de 2011, 374 de 2012, 91 de 2013, 308 de 2014,
519 de 2016, expedidos por el municipio de Valledupar.
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Radicación: 1001-03-15-000-2021-07198-00
Demandante: Melkis Guillermo Kammerer Kammerer
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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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patrimonial derivada del deterioro de los vehículos inmovilizados. Además,
del cumplimiento de (se trascribe) “lo ordenado por la Sección Primera del
Consejo de Estado Radicado 11001-03-24-000-2016-00123-00 que suspendió
la palabra podrá contenida en el artículo 3 de la resolución No 0003027 del
2010 expedida por el ministerio de transporte ordenando conceder los 60
minutos para que el presunto infractor subsane la infracción en el lugar de
los hechos, para evitar la inmovilización”.
1.2. Posición de la parte demandada4
8. La Presidencia de la República rindió informe en el que solicitó que se
declarara la improcedencia de la acción de tutela por inexistencia de
vulneración y por incumplimiento del requisito de subsidiariedad.
Adicionalmente, alegó la falta de legitimación pasiva en la causa del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y del
Presidente de la República y solicitó su exclusión del presente asunto.
9. La Procuraduría General de la Nación informó de la existencia de 2
peticiones presentadas por el demandante ante dicha entidad y, a su vez,
de la remisión que se efectuó de las mismas al Ministerio de Transporte,
junto con su respectiva comunicación, motivo por el cual, solicitó se
declarara la ocurrencia del hecho superado y, en consecuencia, se
denegara la tutela por carencia actual de objeto.
10. La Superintendencia de Transporte sostuvo que el actor contaba con
los mecanismos ordinarios previstos en los artículos 91, 237, 238 y 241 de la
Ley 1437 de 2011 para la prohibición de reproducción de actos
suspendidos, el cumplimiento de la medida cautelar y la pérdida de
ejecutoriedad, así como con la acción popular para la protección de
derechos colectivos o la presentación de una queja formal ante dicha
superintendencia, por lo cual la tutela era improcedente.
11. Por otra parte, solicitó se negaran las pretensiones formuladas
respecto de dicha entidad porque las mismas carecían de fundamentos
fácticos y jurídicos y porque existía falta de legitimación pasiva en la
casusa.
12. La Policía Nacional – Dirección de Tránsito y Transporte indicó que la
tutela no procedía en su contra, comoquiera que dicha dirección era una
autoridad operativa de tránsito que no ejercía potestad sancionatoria y,
por ende, carecía de legitimación pasiva en la causa.
4 Mediante Auto de 27 de octubre de 2021, el despacho sustanciador resolvió, entre otras, (1) admitir la acción
de tutela de la referencia, (2) tener como parte demandada a la Presidencia de la República, la Presidencia de
la República, el Senado de la República, la Cámara de Representantes, la Procuraduría General de la Nación, la
Policía Nacional, el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Puertos y Transporte y (3) requerir al
demandante para que allegara las pruebas relacionadas en el escrito de tutela, entre ellos, los certificados de
existencia y representación de las asociaciones que el accionante dice presidir. Cabe precisar que, como no se
allegaron tales certificados, se entenderá que la tutela fue presentada a nombre propio.
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Radicación: 1001-03-15-000-2021-07198-00
Demandante: Melkis Guillermo Kammerer Kammerer
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13. El Senado de la República se refirió a la improcedencia de la tutela,
(se trascribe) “por cuanto el accionante tiene otros medios de acción
dentro de los hechos materia de investigación, como optar por el proceso
legislativo mediante la iniciativa popular”. Además, afirmó que el Congreso
de la República no era competente para conocer de los requerimientos ni
de las pretensiones de la tutela, por lo cual solicitó su exclusión.
14. El Ministerio de Transporte precisó que la acción de tutela resultaba
improcedente porque se dirigía contra actos de carácter general,
impersonal y abstracto, como era el caso del artículo 125 del Código
Nacional de Transito y de los actos administrativos expedidos por los
diferentes entes territoriales.
15. Así mismo, puso de presente que el demandante no acreditó la
existencia de un perjuicio irremediable y que lo que solicitó no se
encontraba funcionalmente asignado a dicha cartera, (se trascribe) “en el
entendido que no les posible modificar una Ley, tampoco desarrolla
funciones de autoridad de tránsito en los municipios, y por último tampoco
es superior jerárquico de los organismos de tránsito”, motivo por el cual,
además, alegó la falta de legitimación pasiva en la casusa.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Legitimación pasiva en la causa. 2.2. Procedencia de la acción de tutela
2.3. Conclusiones.
2.1. Legitimación pasiva en la causa
16. En relación con las solicitudes de desvinculación efectuadas por la
mayoría de las entidades demandadas 5, bajo el argumento de que no
tenían competencia para actuar en el presente caso, la Sala las
despachará desfavorablemente, en la medida que las mismas ostentan la
calidad de accionadas dentro del presente trámite constitucional y
respecto de las cuales, expresamente, el actor planteó pretensiones
tendientes a la reglamentación de temas de tránsito y transporte y al
cumplimiento de una medida adoptada por el Consejo de Estado dentro
de un proceso de nulidad.
2.2. Procedencia de la acción de tutela
17. En el presente caso, la Sala, declarará la improcedencia de la acción
de tutela, lo siguiente:
5 Presidencia de la República, Superintendencia de Transporte, Policía Nacional – Dirección de Tránsito y
Transporte, Senado de la República y Ministerio de Transporte.
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Radicación: 1001-03-15-000-2021-07198-00
Demandante: Melkis Guillermo Kammerer Kammerer
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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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18. En relación con la pretensión relativa a (se trascribe) “hacer cumplir
lo ordenado por la Sección Primera del Consejo de Estado Radicado
11001-03-24-000-2016-00123-00 que suspendió la palabra podrá contenida
en el artículo 3 de la resolución No 0003027 del 2010 expedida por el
ministerio de transporte” y las pretensiones de cumplimiento del parágrafo
3 del artículo 6 y del artículo 125 del Código Nacional de Tránsito, la Sala
evidencia que no se satisfizo el requisito de subsidiariedad6, comoquiera
que el actor cuenta con otros medios de defensa judicial para la
salvaguarda de sus derechos fundamentales.
19. Frente a la primera pretensión, es necesario poner de presente que,
aunque el señor Kammerer Kammerer no aportó la providencia contentiva
de la orden dada en el proceso No. 11001-0324-000-2016-00123-00, cuyo
cumplimiento exige, se consultó dicho expediente y se observó la siguiente
anotación de 18 de junio de 2018 (se trascribe) “Auto que resuelve.
Deniega la medida cautelar solicitada”. Adicionalmente, es preciso indicar
que el actor aportó, como anexo, un Auto de 8 de octubre de 2021,
proferido dentro del proceso de nulidad No. 11001-03-24-000-2017-00199-00,
promovido por él en contra del Ministerio de Transporte, providencia en la
que la Sección Primera del Consejo de Estado dispuso (se trascribe) “
estése a lo resuelto en los proveídos de 2 de octubre de 2018 y 18 de
octubre de 2019, a través de los cuales la Sección Primera decretó la
suspensión provisional de los efectos del término “podrá”, contenido en el
artículo 3 de la Resolución 3027 de 2010 (…)”.
20. En ese orden, como lo que el accionante pretende, en últimas, es el
cumplimiento de la medida cautelar que decretó la suspensión provisional
de los efectos del término “podrá”, contenido en el artículo 3 de la
Resolución 3027 de 2010, la Sala considera que él cuenta con el incidente
de desacato para lograr tal propósito, pues, el artículo 241 del CPACA,
modificado por el artículo 60 de la Ley 2080 de 2021, dispone que (se
trascribe) “[e]l incumplimiento de una medida cautelar dará lugar a la
apertura de un incidente de desacato como consecuencia del cual se
podrán imponer multas sucesivas por cada día de retardo en el
cumplimiento hasta por el monto de dos (2) salarios mínimos mensuales
legales vigentes a cargo del renuente, sin que sobrepase cincuenta (50)
salarios mínimos mensuales legales vigentes. (…)”.
21. Frente a las pretensiones de cumplimiento del parágrafo 3 del
artículo 6 y del artículo 125 del Código Nacional de Tránsito resulta
procedente la acción de cumplimiento, prevista en el artículo 87 de la
6 En Sentencia SU-116 de 2018, la Corte Constitucional sostuvo que uno de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra decisión judicial es (se trascribe) “Que se hayan agotado todos los
medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de
evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. De allí que sea un deber del actor desplegar
todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De
no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el
riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción
constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento
de las funciones de esta última “.
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Constitución Política y reglada por la Ley 393 de 1997, toda vez que ese
medio de defensa procede (se trascribe) “contra toda acción u omisión de
la autoridad que incumpla o ejecute actos o hechos que permitan deducir
inminente incumplimiento de normas con fuerza de Ley o Actos
Administrativos”.
22. Ahora, si la inconformidad es por la expedición de decretos por
parte de alcaldes municipales, es preciso recordar que el artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991, el cual desarrolló el artículo 86 constitucional, señaló
que la tutela, por regla general, resulta improcedente, entre otros, respecto
de actos de carácter general, impersonal y abstracto. Causal que, de
conformidad con la Sentencia C-132 de 2018, no tiene un carácter
absoluto, ya que la acción de tutela contra actos administrativos generales
puede ser ejercida (se trascribe):
(i) cuando la persona afectada carece de medios ordinarios para procurar la
defensa de sus derechos fundamentales, dado que no tiene legitimación para
cuestionar esa clase decisiones de la administración, o el asunto objeto de
debate es de naturaleza constitucional; y (ii) cuando la aplicación del acto
administrativo general amenace o vulnere los derechos fundamentales de
una persona. Además, reiteró que la acción de tutela es procedente contra
las determinaciones de orden general en el evento que éstas causen daños a
los derechos fundamentales de las personas y que devengan en perjuicios
irremediables.”
23. En virtud de lo anterior, la Sala considera que, en el presente caso no
se estructuraron las 2 excepciones de procedencia citadas, toda vez que
(1) el actor no carece de mecanismos ordinarios para la defensa de sus
derechos 7, pues para atacar la legalidad de los actos administrativos
puede acudir al medio de control de simple nulidad, y (2) el actor no
demostró la amenaza de un perjuicio irremediable ni se encontró probada
una afectación inminente y grave que ameritara la toma de medidas
impostergables para la salvaguarda de sus derechos fundamentales.
24. En esa medida, no es factible que el juez constitucional invada la
órbita de competencia del juez natural y desconozca la naturaleza
subsidiaria de la acción de tutela, para así pronunciarse sobre materias
que no son de su competencia, por lo que es necesario que el accionante
agote todos los recursos que el sistema judicial dispone, con el fin de
conjurar vulneraciones e impedir el uso indebido de la acción de tutela.
7 Corte Constitucional. Sentencia SU-116 de 2018. “Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. De allí que sea un deber del actor desplegar todos
los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser
así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo
de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional
todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las
funciones de esta última.”
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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
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25. Adicionalmente, la Sala evidencia que frente a las aludidas
pretensiones tampoco se cumplió con el requisito de inmediatez8, dado
que el demandante no presentó la tutela dentro de un término razonable.
26. En relación con la pretensión relativa a (se trascribe) “hacer cumplir
lo ordenado por la Sección Primera del Consejo de Estado Radicado
11001-03-24-000-2016-00123-00”, se reitera que, como el accionante no
aportó la providencia contentiva de dicha orden, se procedió a consultar
el referido proceso, cuyo demandante fue Javier Munar González, y se
observó la siguiente anotación de 18 de junio de 2018 (se trascribe) “Auto
que resuelve. Deniega la medida cautelar solicitada”, providencia que fue
notificada, por estado, el 29 de junio de 2018, por lo que, entre la
notificación de la referida providencia y la presentación de la tutela de la
referencia (25 de octubre de 2021), trascurrieron 3 años, 3 meses y 26 días,
plazo que no fue razonable, máxime cuando no se expusieron motivos
válidos que justificaran dicha tardanza.
27. Respecto a la expedición de decretos por parte de alcaldes
municipales, tales como los que citó el actor 9, el plazo para la interposición
de la acción de tutela tampoco fue razonable, ya que los actos
administrativos datan de 2018 o años anteriores a ese.
28. Finalmente, en lo que atañe a las pretensiones consistentes en que
se ordene el ejercicio de las funciones atribuidas al Congreso, al Presidente
y a la Procuraduría General de la Nación, así como la realización de un
censo de vehículos inmovilizados en el parqueadero municipal de
Valledupar por parte del Ministerio de Transporte, la Sala considera que la
tutela es igualmente improcedente por falta de legitimación activa en la
causa.
29. El artículo 86 de la Constitución Política, así como el artículo 1 del
Decreto 2591 de 1991, establecen que toda persona puede acudir a la
acción de tutela (se trascribe) “para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí
misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus
derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos
8 La Corte Constitucional ha sostenido que, aunque la acción de tutela no tiene un término de caducidad, la
misma debe presentarse dentro de un “término razonable y proporcionado”, contado a partir del hecho u
omisión generadora de la vulneración o amenaza de derechos fundamentales, pues, de no ser así, se afectaría
la seguridad jurídica, los derechos de terceros, e incluso, se desnaturalizaría la acción y, en relación con la
acción de tutela contra providencias judiciales, se comprometería la cosa juzgada y la firmeza de las decisiones
judiciales, por lo cual, según la Corte, aquí, el examen de inmediatez debe ser más estricto. (Sentencia SU-18 de
2018). En ese orden, la Corte Constitucional ha señalado que el estudio y análisis de la inmediatez se debe
efectuar a partir del concepto de razonabilidad, “teniendo en cuenta las particularidades de cada caso
concreto”. Por su parte, la Sala Plena de esta Corporación, mediante Sentencia de unificación de 5 de agosto
de 2014, exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01, estableció, como regla general, que el mecanismo de amparo
debe promoverse en un plazo máximo de 6 meses contados a partir de la notificación o ejecutoria de la
providencia objeto de reproche constitucional. No obstante, al igual que la Corte Constitucional, sostuvo que
“en cada caso concreto deberá evaluarse este requisito a fin de que no se desvirtúe la razón de ser de la acción
de tutela”.
9 Decretos: 1259 de 2019, 173 de 2009, 111 de 2008, 309 de 2010, 558 de 2010, 396 de 2014, 305 de 2017, 1040 de
2017, 736 de 2018, 364 de 2006, 182 de 2011, 374 de 2012, 91 de 2013, 308 de 2014, 519 de 2016, expedidos por el
municipio de Valledupar.
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Radicación: 1001-03-15-000-2021-07198-00
Demandante: Melkis Guillermo Kammerer Kammerer
Demandado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública”.
30. En el mismo sentido, el artículo 10 del aludido decreto dispone que,
pese a que la acción de tutela puede ser presentada por cualquier
persona, para que sea procedente se requiere una vulneración o
amenaza de sus derechos. En los términos de la Corte Constitucional (se
trascribe) “la legitimación en la causa por activa en los procesos de tutela
se predica siempre de los titulares de los derechos fundamentales
amenazados o vulnerados” 10.
31. En virtud de lo anterior, la Sala considera que las pretensiones
aludidas no involucran ningún derecho subjetivo, pues, si bien Melkis
Kammerer Kammerer invocó la presunta vulneración de los derechos a la
igualdad, debido proceso, defensa, trabajo, salud y libre circulación, los
mismos no están de por medio en lo pretendido, a saber, se reitera, el
ejercicio de las funciones atribuidas al Congreso, al Presidente y a la
Procuraduría General de la Nación y la realización de un censo de
vehículos inmovilizados en el parqueadero municipal de Valledupar por
parte del Ministerio de Transporte.
32. Cabe precisar que, si bien el actor mencionó que su había perdido
su moto hace 6 años como consecuencia de varios comparendos y su
inmovilización en un parqueadero, lo cual, eventualmente, lo legitimaría
para solicitar la realización del censo de vehículos inmovilizados, lo cierto es
que no probó tal afirmación e, incluso, en el acápite de pruebas adujo (se
trascribe) “Solicito que se tenga como prueba la inmovilización del señor
Diego Andrés Mieles Cardona con Cedula No 1.067.594.215 que el 7 de
octubre del 2021, que no le concedieron los 60 minutos”, caso o situación
que no lo involucra ni tampoco se infiere o demuestra su relación.
2.3. Conclusiones
33. Por las consideraciones expuestas, la Sala concluye que la acción de
tutela es improcedente y, en ese sentido, no hay lugar a pronunciarse
sobre los demás requisitos generales ni sobre el fondo del asunto.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
RESUELVE
10 Sentencia T-552 de 2006
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Radicación: 1001-03-15-000-2021-07198-00
Demandante: Melkis Guillermo Kammerer Kammerer
Demandado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación de la Presidencia de la
República, la Superintendencia de Transporte, la Policía Nacional –
Dirección de Tránsito y Transporte, el Senado de la República y el Ministerio
de Transporte, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada
por Melkis Guillermo Kammerer Kammerer contra la Presidencia de la
República y otros, por las razones expuestas en la providencia.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto para tal fin11.
CUARTO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretaría, REMITIR
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
QUINTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
11 secgeneral@consejodeestado.gov.co.
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