Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2021-07205-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2021-07205-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2021-07205-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2021-07205-01
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
10 de febrero de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2021-07205-01
Accionante: Henry Arturo Ángel Pardo y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Bogotá D. C., diez (10) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2021-07205-01
Accionante: HENRY ARTURO ÁNGEL PARDO Y OTROS
Accionado: SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO Y
OTRO
Tema: Tutela contra providencia / vulneración derechos al
debido proceso, acceso a la administración de
justicia, trabajo, igualdad, mérito y los principios de
confianza legitima y favorabilidad / desconocimiento
del precedente / acción de cumplimiento
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala de Subsección decide la impugnación presentada por la parte
accionante en contra de la sentencia del 25 de noviembre de 2021
proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado mediante la
cual declaró improcedente la tutela de la referencia.
I. ANTECEDENTES
La solicitud de protección de los derechos fundamentales al debido
proceso, acceso a la administración de justicia, trabajo, igualdad,
mérito y los principios de confianza legitima y favorabilidad tiene
sustento en los siguientes:
1
Radicado: 11001-03-15-000-2021-07205-01
Accionante: Henry Arturo Ángel Pardo y otros
1. HECHOS
El señor Henry Arturo Ángel Pardo y otros1 presentaron acción de
cumplimiento contra la Nación - Fiscalía General de la Nación y la
Comisión Nacional de Administración de la Carrera para que diera
cumplimiento a unas normas y actos administrativos relacionados con
el concurso de méritos que convocó el 29 de marzo de 2006.
El proceso que fue radicado bajo el número 250002341000-2021-
00158-00, correspondió en primera instancia a la Subsección A de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que,
mediante sentencia del 10 de junio de 2021, negó las pretensiones de
la demanda.
Al resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante la Sección Quinta del Consejo de Estado, a través de
providencia del 29 de julio de 2021, lo revocó y en su lugar, declaró
la improcedencia de la acción por existencia de otro medio de defensa
judicial.
1 Iván Oswaldo González Núñez, Mery Yojanna Bernal Torres, Rosa María Guerrero Cupitra, Edwar
Mauricio González Serna, Ángelo Franco Vargas, Diego Ángel Cahuana Pinto, Johana Maritza Aguirre
Navia, Jorge Martín Villa Coutín, José Lisandro García Pinto, Nohur Abdalá Felizzola, Néstor Arturo Moreno
Castillo, Jhony Alexander Lince Carmona, Luz Andrea Hincapié Correa, Mary Lucía Uribe Parra, Darío
Fernando Rojas Zambrano, Isabel Cristina Pinzón Sáenz, Yenny Milena Mantilla Lagos, Rodrigo España
Maya, John Edward Valencia Muñoz, Diana Magaly Guarnizo Zambrano, Ana Patricia Ortega Gutiérrez,
Nancy González Muñoz, Diana Eloisa González Hernández, Rosa Bibiana Niño González, Alexander
Contreras Suárez, Diana Losada López, Diana Lisbeth Carvajal Poveda, Iván Enrique Romero Alzate,
Angélica Lucía Coll Blanco, Francisco Javier Bastidas, Leonardo Guayara Delgado, Edna Ruth Parra Arcos,
Edwing Herney Jácome Bolaños, Dayla Esther Rangel Martínez, Ivonne Carolina Serrano León, Julieth
Patricia Vargas Ramírez, Hernán Eduardo Tabares Serrato, Pedro Fernando Suárez Díaz, Jhon Jairo
Hernández Polo, Fredy Andrés Quevedo Rincón, Francisco Javier Trujillo Pérez, Roger David P ramo
Jiménez, lvaro Ramiro Nasmuta Realpe, Luis Eduardo Villa Cartagena, Milena Rocío Falla Lozano, César
Augusto Lafaurie Bejarano, Mar a del Rosario Cantillo Camargo, Nancy Elena Solarte Riascos, José Jair
Mac as Cano, Teddy Allens de Luque Gómez, Nohora Isabel Lozada Joven, Jhon Jairo Pinzón García,
Yibier Rodrigo Quiñones Morales, lvaro Bonafante Rodríguez, Humberto Carlos Aranzález Vanegas, Diana
Patricia Hernández Zuluaga, Carlos Andrés Pacheco Benavidez, José Ermes Palacios Carvajal, Mario
Fernando Ortega Benítez, Luisa Fernanda Cadena Cárdenas, Edgar Alejandro Lozano Romero, Antonio
Javier Marceles Niebles, Iván Dar o Sánchez Villera, María del Pilar Yolimar Arias Torres, Concepción
Fonseca Mendoza, Kelly Johany Escorcia Almanza, Diego Alexander Martínez Ramírez, Duverney Martínez
Salgado, Fabio Leonardo Herrera Pérez, lvaro Leonardo Jaime Dulcey e Ingrid Tatiana Rodríguez Martín.
2
Radicado: 11001-03-15-000-2021-07205-01
Accionante: Henry Arturo Ángel Pardo y otros
2. PRETENSIONES
La parte accionante pidió lo siguiente:
«PRIMERO: Tutelar los derechos fundamentales de los accionantes
a la defensa, el debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, al trabajo y los principios de supremacía constitucional, de
igualdad, confianza legítima, cosa juzgada, seguridad jurídica y de
in dubio pro operario o de favorabilidad en la interpretación de la
ley laboral, como también los principios constitucionales de
igualdad, mérito, moralidad, eficacia, economía, imparcialidad,
transparencia, celeridad y publicidad que orientan la función
pública y los concursos de mérito, precisados en el capítulo de
derechos violados de esta acción de tutela o los que resulten
acreditados en el trámite de la instancia, por tipificarse
desconocimiento del precedente constitucional como defecto
autónomo, en los términos que se precisen al desatarse el
presente mecanismo tutelar.
SEGUNDO: Dejar sin efectos las sentencias del 10 de junio y 29 de
julio, ambas de 2021, dictadas por el Tribunal Administrativo,
Sección Primera, Subsección “A” y Consejo de Estado, Sección
Quinta, respectivamente, proferidas dentro del trámite de Acción
de cumplimiento con Radicado No. 250002341000-2021-00158-00,
así como cualesquiera otras providencias que las adicionen o
complementen, por tipificarse quebrantamiento a los derechos
fundamentales ya precisados.
TERCERO: Ordenar a los despachos accionados que dicten una
nueva providencia debidamente motivada a causa del
desconocimiento del precedente constitucional como defecto
autónomo o los defectos que resulten acreditados, disponiendo el
cumplimiento de las normas con fuerza material de ley y actos
administrativos que se consideran incumplidos, por cuanto las
mismas contienen el deber jurídico claro, expreso y exigible a
cargo de la parte accionada de dar cierre formal al concurso de
méritos aperturado según convocatoria del 29 de marzo de 2006,
que pretendía el ingreso de los accionantes a los cargos de la
Carrera Especial de la Fiscalía General de la Nación de
INVESTIGADOR CRIMINALISTICO I y/o II, según fuere el caso, en
consonancia con las órdenes expresas de implementación de la
Carrera Especial y culminación de concursos de méritos dispuestas
por la Corte Constitucional en sentencias C-517 de 2002, T-131 de
2005, C-279 de 2007 y C-878 de 2008, y el Consejo de Estado,
Sección Tercera, en sentencia del 4 de octubre de 2001,
3
Radicado: 11001-03-15-000-2021-07205-01
Accionante: Henry Arturo Ángel Pardo y otros
Expediente ACU 2500023250002001035701, C.P. Alier Eduardo
Hernández Enríquez, ordenando, si fuere del caso, su inscripción
inmediata en el Registro Único de Inscripción en Carrera (RUIC)
del régimen de la Carrera Especial de la Fiscalía, acorde con las
demás pretensiones que fueron formuladas en sede del medio de
control de acción de cumplimiento promovido por los accionantes».
3. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN
La parte accionante aseguró que la providencia cuestionada incurrió
en un desconocimiento del precedente por cuanto al resolver sobre la
improcedencia de la acción de cumplimento la Sección Quinta no tuvo
en cuenta las siguientes decisiones, de acuerdo con las cuales había
lugar a que accediera a las pretensiones de la demanda:
• Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de octubre
de 2001, expediente radicado 2500023250002001035701,
C.P.: Alier Eduardo Hernández Enríquez, en cuanto ordenó al
fiscal general de la Nación a dar cumplimiento inmediato a
normas sobre carrera previstas en titulo VI del Decreto 261.
• Corte Constitucional, sentencias C-517 de 2002, T-131 de
2005, C-279 de 2007 y C-878 de 2008, sobre el régimen de
carrera de la Fiscalía General de la Nación.
4. TRÁMITE PROCESAL
Mediante auto del 29 de octubre de 2021, la Sección Cuarta del
Consejo de Estado admitió la acción de la referencia y ordenó
notificar a la Sección Quinta del Consejo de Estado y a la Subsección
A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
como accionado, y a la Nación, Fiscalía General de la Nación,
Comisión Nacional de Administración de la Carrera y a los señores:
José Horacio Gutiérrez Gutiérrez, Juan Alejandro Narváez Niño, Edgar
Fernando Prada Rodríguez, Juan Gabriel García Murcia, Fernando
Alfonso Yánez Peñaranda, Martha Yaneth Oviedo Santos, Lázaro
4
Radicado: 11001-03-15-000-2021-07205-01
Accionante: Henry Arturo Ángel Pardo y otros
Segundo Álvarez Hernández, Wilder Alonso Gómez Muñoz, Mileidy
Marcela Ruiz Fontalvo, Gustavo Javier Parra Chacón, y Fanny Cecilia
Merchán Merchán, quienes actuaron como demandantes en la acción
de cumplimiento, como terceros interesados, para que ejercieran su
derecho de defensa y contradicción frente a los hechos que originaron
la solicitud constitucional.
De igual manera negó la medida provisional solicitada por la parte
accionante, esto es, la suspensión de las actuaciones que se surtieran
en el concurso de méritos, porque no advirtió la necesidad de
decretarla.
5. INTERVENCIONES
5.1. La Subsección A de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, a través de una de sus
magistradas, solicitó que se declarara improcedente la acción por
falta del requisito de subsidiariedad, en el entendido que los
accionantes cuentan con el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho para contrariar los actos administrativos
adversos a sus pretensiones. Además, advirtió que tanto la sentencia
de esa corporación judicial como la proferida por el Consejo de Estado
no incurrieron en una vía de hecho, porque contienen un criterio
interpretativo acorde con la ley y la jurisprudencia y las sentencias de
la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, cuyo
desconocimiento se alega, fueron las mismas respecto de las cuales
versó la acción de cumplimiento, para lo cual no es procedente ese
mecanismo, y no guardan identidad fáctica con el caso.
5.2. La Sección Quinta del Consejo de Estado, por intermedio de
uno de sus consejeros, pidió que se declarara la improcedencia de la
tutela por no quedar demostrado el defecto alegado.
5
Radicado: 11001-03-15-000-2021-07205-01
Accionante: Henry Arturo Ángel Pardo y otros
En ese sentido, adujo que al expedir la providencia reprochada se
respetaron las garantías del debido proceso y que al analizar las
pretensiones encontró que las mismas se dirigían a atacar actos
administrativos de nombramiento para lo cual la acción de
cumplimiento no era procedente.
De acuerdo con lo anterior, precisó que «mal podría abordarse el
estudio de esos alegados precedentes cuando la acción era
improcedente para controvertir la legalidad de las resoluciones
01975, 01980, 02064, 02066 y 02931 de 2006, en cuanto no hicieron
los nombramientos en propiedad, ni les otorgaron la inscripción en el
escalafón de la carrera especial».
5.3. Los demás vinculados guardaron silencio.
6. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado, a través de sentencia del
25 de noviembre de 2021, declaró improcedente la tutela por falta
del requisito de relevancia constitucional, pues evidenció que los
argumentos expuestos (i) fueron los mismos que sustentaron el
recurso de apelación resuelto por la Sección Quinta en el proceso
contencioso y (ii) no guardan relación con la decisión objeto de
reproche, esto es, con la declaratoria de improcedencia de la acción
de cumplimiento. En consecuencia, resaltó que lo pretendido por la
parte accionante es revivir un debate jurídico que ya se encuentra
concluido por ser desfavorable a sus intereses.
7. IMPUGNACIÓN
La parte impugnó la sentencia de primera instancia con fundamento
en que, a su juicio, la tutela cumplió con el requisito de relevancia
constitucional por las garantías fundamentales que se encuentran
6
Radicado: 11001-03-15-000-2021-07205-01
Accionante: Henry Arturo Ángel Pardo y otros
vulneradas con la providencia atacada y toda vez que, en efecto,
hubo un desconocimiento de las sentencias invocadas al declarar
improcedente la acción de cumplimiento respecto a las pretensiones
de la demanda que presentaron, en el entendido que la Fiscalía
estaba en la obligación de cumplir con las normas del concurso de
méritos situación que debía ser analizada de fondo, sin embargo, no
ocurrió.
II. CONSIDERACIONES
1. COMPETENCIA
Corresponde a esta Sala de Subsección conocer la presente acción de
tutela, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 080 de 20192,
en cuanto dispone que «las tutelas que sean de competencia del
Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se
someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala
de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o
subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya
correspondido el reparto».
2. PROBLEMAS JURÍDICOS
De conformidad con los antecedentes expuestos, la Sala de
Subsección previo a analizar el fondo del asunto, debe resolver si:
• ¿La presente acción de tutela cumple con los requisitos
generales de procedencia?
De ser positiva la respuesta al interrogante anterior, se deberá
determinar lo siguiente:
2 Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.
7
Radicado: 11001-03-15-000-2021-07205-01
Accionante: Henry Arturo Ángel Pardo y otros
• ¿La Sección Quinta del Consejo de Estado al proferir la
sentencia del 29 de julio de 2021 incurrió en un
desconocimiento del precedente que vulneró los derechos
fundamentales invocados en protección por la parte accionante?
Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a
analizar: i) la acción de tutela contra las providencias judiciales, ii) los
requisitos generales de procedibilidad, iii) el desconocimiento del
precedente y iv) el caso concreto.
3. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL APLICABLE AL
CASO
3.1. LA PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL
En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional
vigente3 aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta
corporación4, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la
protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos
resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello,
atendiendo a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del
poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los
valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y
en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de
administrar justicia, sin importar su linaje, es susceptible de ser
controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda
los límites que la carta le impone.
Ahora bien, al ser la tutela una acción de carácter excepcional y
residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de
3
Corte Constitucional. Sentencia C-590-05.
4
Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-15-000-
2009-01328-01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.
8
Radicado: 11001-03-15-000-2021-07205-01
Accionante: Henry Arturo Ángel Pardo y otros
quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el
ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de
procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa
medida las controversias que allí surjan, son subsanables en el
contexto del proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara
después de años de elaboración jurisprudencial, los requisitos
generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el
delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la
autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la
necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los derechos
constitucionales fundamentales.
Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la
tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su
interposición, como son:
i. Que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente
relevancia constitucional. Sobre este punto, corresponde al juez
de tutela, señalar de forma clara y precisa las razones por las
cuales el asunto a resolver tiene tal entidad que afecta derechos
fundamentales de alguna de las partes.
ii. Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se
encuentren al alcance de quien demande el amparo, salvo, claro
está, que se busque evitar un perjuicio irremediable.
iii. Que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez. Esto significa que el término de interposición de la
tutela sea “razonable y proporcionado” entre el momento en
que se presentó la presunta vulneración y el tiempo de
9
Radicado: 11001-03-15-000-2021-07205-01
Accionante: Henry Arturo Ángel Pardo y otros
presentación de la acción de tutela. Lo anterior, con el fin de
velar por los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica.
iv. Que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la
misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia
que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la
parte actora. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en
la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave
lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los
casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como
crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se
genera independientemente de la incidencia que tengan en el
litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.
v. Identificación de la situación fáctica que devino en la
vulneración de derechos: que quien acciona identifique de
manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere
alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto
hubiere sido posible.
vi. Que no se trate sentencias de tutela.
3.2. DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE
En materia de decisiones judiciales, se destaca el respeto por el
principio de igualdad (artículo 13 de la C.P.) el cual implica no
solamente la igualdad ante la ley sino también la igualdad de
protección y trato por parte de las autoridades y específicamente la
igualdad en la interpretación y aplicación de la ley por parte de las
autoridades judiciales, preservándose de esta manera la seguridad
10
Radicado: 11001-03-15-000-2021-07205-01
Accionante: Henry Arturo Ángel Pardo y otros
jurídica y con ella la certeza en los jueces van a decidir los casos
iguales de la misma forma5.
En ese sentido, el precedente judicial6 es la figura jurídica que sirve
como dispositivo de preservación de la confianza de la ciudadanía en
el ordenamiento, pues no solo hace previsibles las consecuencias
jurídicas de sus actos sino también materializa la igualdad en la
aplicación del derecho7.
En ese orden la Corte Constitucional ha diferenciado lo que constituye
un antecedente jurisprudencial y el precedente en estricto sentido8.
Por una parte, ha aclarado que antecedente es una decisión de una
controversia anterior a la que se estudia, que puede tener o no
algunas similitudes desde el punto de vista fáctico, pero lo más
importante es que contiene algunos puntos de Derecho que guían al
juez para resolver el caso objeto de estudio y por tanto, tiene un
carácter orientador, lo que no significa que (a) no deba ser tenido en
cuenta por el juez al momento de fallar y (b) que lo exima del deber
de argumentar las razones para apartarse, en virtud de los principios
de transparencia e igualdad”9.
Por otra parte, ha precisado que puede predicarse la existencia de un
precedente, cuando “(i) los hechos relevantes que definen el asunto
pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que
enmarcan un caso del pasado; (ii) la consecuencia jurídica aplicada a
los supuestos del caso pasado constituye la pretensión del caso
presente; y (iii) la regla jurisprudencial no ha sido cambiada en una
5
Ver entre otras las sentencias C-836 de 2001, T-1130 de 2003, T-698 de 2004, T-731 de 2006, T-571
de 2007, T-808 de 2007, T-766 de 2008 y T-014 de 2009.
6
En la sentencia SU-053 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado., la Corte Constitucional precisó que
precedente judicial se concibe como “la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso
determinado, que, por su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe
necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo”.
7
MARINON, Luiz Guilherme. El precedente en la dimensión de la seguridad jurídica. Ius et Praxis, 2012,
vol. 18, no 1, p. 249-266.
8
Sentencia T-109 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
9
Sentencias T-830 de 2012 y T-714 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
11
Radicado: 11001-03-15-000-2021-07205-01
Accionante: Henry Arturo Ángel Pardo y otros
distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para
su aplicación”10.
No obstante lo anterior, el sometimiento al precedente no puede
convertirse en una camisa de fuerza para el juzgador, por lo que la
jurisprudencia constitucional ha sostenido que las autoridades
judiciales pueden apartarse válidamente de precedentes previos, bien
sean estos verticales u horizontales11, siempre y cuando cumplan con
(i) la carga de transparencia, de hacer referencia al precedente del
que se va a apartar, y (ii) la carga de argumentación que les
impone el deber de señalar una justificación razonable, seria,
suficiente y proporcionada, en la que manifiesten las razones por las
cuales se apartan de la regla jurisprudencial; elementos con los que,
en palabras de la misma Corte, se protege el carácter dinámico del
derecho y los principios de autonomía e independencia que
caracterizan la labor judicial12.
4. CASO CONCRETO
De conformidad con el marco normativo y jurisprudencial expuesto y
orientados por el primer problema jurídico planteado, la Sala de
Subsección evidencia de las pruebas obrantes en el plenario que:
(i) A diferencia de lo resuelto por el juez de primera instancia, la Sala
de Decisión considera que la pretensión de amparo constitucional es
de marcada relevancia constitucional, en la medida en que se contrae
a establecer de manera central si la Sección Quinta del Consejo de
Estado, con la providencia de 29 de julio de 2021, incurrió en la
violación de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a
10
Sentencia T-794 de 2011. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
11
Se entiende por precedente vertical aquellas decisiones previas promulgadas por un superior jerárquico
y que resultan pertinentes para resolver el caso concreto, y por el horizontal aquellas decisiones fijadas
por una autoridad judicial de la misma jerarquía y que resultan relevantes para resolver un caso
concreto. Al respecto ver la Sentencias T- 589 de 2007.
12
Sentencia T-109 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
12
Radicado: 11001-03-15-000-2021-07205-01
Accionante: Henry Arturo Ángel Pardo y otros
la administración de justicia, trabajo, igualdad, mérito y los principios
de confianza legitima y favorabilidad de la parte accionante;
(ii) se agotaron todos los medios de defensa porque contra la
sentencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado no procedía
recurso alguno,
(iii) cumplió con el requisito de inmediatez toda vez que la
interposición de la acción se dio en un lapso «razonable y
proporcionado» por cuanto la providencia reprochada se profirió el 29
de julio de 2021 y la tutela se presentó el 25 de octubre de 2021,
(iv) de encontrarse probado el defecto alegado este tiene la vocación
de vulnerar las garantías fundamentales invocadas en protección;
(v) se identificaron los hechos que sustentan la acción y los derechos
que se consideran vulnerados en razón a la actuación de la parte
accionada, motivo por el cual este requisito se encuentra cumplido, y
(vi) no se trata de una tutela contra tutela toda vez que la decisión
reprochada fue proferida por la jurisdicción contencioso administrativa
dentro de una acción de cumplimiento.
De acuerdo con lo expuesto, la acción de la referencia cumple con
todos los requisitos de la tutela contra providencia, de tal forma que a
continuación se resolverá el segundo problema jurídico propuesto.
Al respecto, se advierte que la decisión judicial reprochada fue
proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, el 29 de julio
de 2021, en el trámite de segunda instancia de la acción de
cumplimiento iniciado por el señor Henry Arturo Ángel y otros contra
la Fiscalía General de la Nación – Comisión Nacional de Administración
de la Carrera, para que dieran «cumplimiento a lo establecido por los
artículos 48, 50, 51, 52, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68,
13
Radicado: 11001-03-15-000-2021-07205-01
Accionante: Henry Arturo Ángel Pardo y otros
69 y 70 de la Ley 938 de 2004; artículos 3º-numeral 2º, 31, 34 de la Ley
909 de 2004; artículos 12, 13 y 32 del Decreto 1227 de 2005; artículo 1º
del Decreto Ley 1567 de 1998; artículos 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 12, 13, 14, 17,
18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 del Acuerdo No. 003 del 27 de octubre de
2005, expedido por la Comisión Nacional de Administración de la Carrera;
artículos 64, 73 y 74 del C.C.A; artículos 88, 89 y 97 del C.P.A.C.A., […] por
cuanto las mismas contienen el deber jurídico claro, expreso y exigible a
cargo de la parte accionada de dar cierre formal al concurso de méritos
aperturado según convocatoria del 29 de marzo de 2006, que pretendía el
ingreso de íntegros (sic) los accionantes a los cargos de la Carrera Especial
de la Fiscalía General […] de INVESTIGADOR CRIMINALISTICO I y/o II,
según fuere el caso, en consonancia con las órdenes expresas de
implementación de la Carrera Especial y culminación de concursos de
méritos dispuestas por la Corte Constitucional en sentencias T-131 de 2005,
C-279 de 2007 y C-878 de 2008».
En la precitada sentencia, la Sección Quinta del Consejo de Estado
revocó el fallo de primera instancia que negó las pretensiones de la
demanda y en su lugar declaró la improcedencia de la acción de
cumplimiento. Esta decisión judicial a criterio de la parte accionante
incurrió en un desconocimiento del precedente, puesto que obvió las
sentencias C-517 de 2002, T-131 de 2005, C-279 de 2007 y C-878
de 2008 de la Corte Constitucional y el fallo del 4 de octubre de 2001
expedido por la Sección Tercera del Consejo de Estado en el
expediente radicado 2500023250002001035701, consejero ponente:
Alier Eduardo Hernández Enríquez.
A propósito, la Sala de Subsección advierte que la Sección Quinta del
Consejo de Estado al expedir el fallo objeto de tutela consideró lo
siguiente:
a) La acción de cumplimiento tiene como objeto la
materialización de los mandatos contenidos en las normas de
rango legal y en los actos administrativos, con fundamento en el
14
Radicado: 11001-03-15-000-2021-07205-01
Accionante: Henry Arturo Ángel Pardo y otros
artículo 87 de la Constitución y la Ley 393 de 1997, además,
tiene un carácter subsidiario, por cuanto es improcedente
cuando el demandante tenga a su disposición otro mecanismo
judicial para lograr el mismo propósito.
a) De acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado no
puede tenerse por acreditado el requisito de procedibilidad de la
acción en los casos en que la solicitud «tiene una finalidad
distinta a la de constitución en renuencia»13
b) Los accionantes solicitaron el cumplimiento de los artículos
48, 50, 51, 52, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,
68, 69 y 70 de la Ley 938 de 2004, 3 numeral 2 , 31 y 34 de la
Ley 909 de 2004, 12, 13 y 32 del Decreto 1227 de 2005, 1 del
Decreto Ley 1567 de 1998, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 20,
21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 del Acuerdo 003 de 2005, 64, 73 y
74 del Decreto 01 de 1984 y 88, 89 y 97 de la Ley 1437 de
2011, con el propósito que la Fiscalía General de la Nación y la
Comisión Nacional de Administración de Carrera, procedieran a
cerrar el concurso de méritos convocado en el año 2006 para los
cargos de investigador criminalistico I y II y en consecuencia los
inscribieran en el registro de carrera especial.
c) Como argumentos de la impugnación el apoderado de la
parte demandante insistió en la aplicación de las normas
referidas con fundamento en la posición jurisprudencial de la
Corte Constitucional en sentencias T-131 de 2005, C-279 de
1997 y C-878 de 2008 sobre el sistema de carrera de la Fiscalía.
d) Los demandantes ostentaban los cargos de investigador
criminalistico en provisionalidad nombrados a través de las
resoluciones 01975, 01980, 02064, 02066 y 02931 de 2006.
13 Cit. de cit «Sobre el particular pueden verse las providencias de noviembre veintiuno (21)
de 2002 dictadas dentro del expediente ACU-1614 y de marzo diecisiete (17) de 2011,
expediente 2011-00019».
15
Radicado: 11001-03-15-000-2021-07205-01
Accionante: Henry Arturo Ángel Pardo y otros
e) Las pretensiones formuladas por los demandantes
involucraron un cuestionamiento concreto contra los actos
administrativos expedidos por la Fiscalía General de la Nación
por el desacuerdo con la designación en provisionalidad después
de la actuación surtida en el año 2006.
f) La discusión sobre la legalidad de los actos de designación
de los demandantes a partir de la convocatoria pública realizada
por la Fiscalía General de la Nación escapa del objeto de la
acción de cumplimiento pues se cuenta con otro medio de
defensa, esto es, el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.
g) La acción de cumplimiento no es procedente para que se
acaten órdenes impartidas en providencias, es decir, para que
se hagan efectivas las sentencias de la Corte Constitucional C-
670 de 2001, C-517 de 2002, T-131 de 2005. C-279 de 2007 y
C-878 de 2008 sobre los concursos de méritos.
De acuerdo con lo expuesto la Sala de Subsección evidencia que no
existe mérito para declarar el desconocimiento del precedente
alegado por los accionantes, teniendo en cuenta que:
(i) La decisión aludida estuvo debidamente sustentada en las
normas y la jurisprudencia aplicable: el artículo 87 de la
Constitución, la Ley 33 de 1997 y las sentencias del Consejo de
Estado sobre la improcedencia de la acción de cumplimiento
ante una solicitud que tenga un propósito distinto a la
constitución de renuencia, como ocurrió en el asunto, en el que
se pretendía el nombramiento de los interesados en propiedad
para los cargos que ocupan en provisionalidad.
(ii) Las sentencias a las que se refiere la tutela proferidas por la
16
Radicado: 11001-03-15-000-2021-07205-01
Accionante: Henry Arturo Ángel Pardo y otros
Corte Constitucional no guardan identidad fáctica con el sub
examine, por cuanto los fallos C-517 de 2002, C-279 de 2007 y
C-878 de 2008 se expidieron en el trámite de acciones de
constitucionalidad cuyo objeto es diferente al de la acción de
cumplimiento y por consiguiente el análisis judicial que deviene
de su ejercicio también lo es.
(iii) El fallo del 4 de octubre de 2001 expedido por la Sección
Tercera del Consejo de Estado en el expediente 25000-23-25-
000-2001-0357-01(ACU-1083), resolvió la pretensión del señor
Carlos Mario Isaza relacionada con el cumplimiento de la Fiscalía
General de la Nación de los artículos del titulo VI del Decreto
Ley 261 de 2000 en cuanto a la implementación de la carrera
para los funcionarios y empleados de la Fiscalía General de la
Nación, no sobre el nombramiento en propiedad de unas
personas que superaron un concurso de méritos convocado por
esa entidad, es decir, de esta providencia tampoco se puede
deprecar el desconocimiento del precedente, porque se trata de
un asunto diferente.
En conclusión, por la razones señaladas se revocará la sentencia
impugnada que declaró la improcedencia de la acción de tutela por
falta del requisito de relevancia constitucional y, en su lugar, se
negará el amparo solicitado, toda vez que no se demostró la
existencia del defecto alegado contra el fallo de la Sección Quinta del
Consejo de Estado.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto la Sección Segunda, Subsección “A” de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
17
Radicado: 11001-03-15-000-2021-07205-01
Accionante: Henry Arturo Ángel Pardo y otros
IV. FALLA
PRIMERO. – REVOCAR la sentencia del 25 de noviembre de 2021
proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado mediante la
cual declaró improcedente el amparo solicitado por los motivos
señalados en las consideraciones de este fallo y, en su lugar,
SEGUNDO.- NEGAR el amparo solicitado a través la acción de tutela
presentada por el señor Henry Arturo Ángel Pardo y otros, contra la
Sección Quinta del Consejo de Estado y la Subsección A de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca con sustento
en las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO.- LIBRAR las comunicaciones de que trata el artículo 30
del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados.
CUARTO.- Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de
esta providencia, REMITIR el expediente a la Honorable Corte
Constitucional para su eventual revisión.
QUINTO.- REGISTRAR la presente providencia en la plataforma
SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en
sesión celebrada en la fecha.
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
18
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.