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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-07207-01

Fecha
21 de abril de 2022
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-07207-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 18 de febrero de 2022, proferida por la Subsección “A” de la Sección Tercera de esta Corporación, para en su lugar NEGAR la solicitud de amparo. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2021-07207-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

21 de abril de 2022

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Demandante: Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A.
Demandados: Tribunal Administrativo del Atlántico Sala “A” y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2021-07207-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D. C., veintiuno (21) de abril de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN TUTELA
Radicado 11001-03-15-000-2021-07207-01
Demandante: MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO SALA “A” Y
OTRO

TEMA: Revoca decisión que amparó y niega defecto sustantivo.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por el tribunal demandado y
los señores Héctor Fabio Padilla Cañate, María Luisa Pérez Rodríguez, Héctor
Alexander Padilla Pérez, Diana Carolina Padilla Pérez, María Alejandra Padilla
Pérez, Domingo Padilla Ortega y Claudia Cañate de Padilla contra la sentencia de
18 de febrero de 2022, por medio de la cual la Subsección “A” de la Sección Tercera
de esta Corporación amparó el derecho fundamental al debido proceso de la
accionante.

1. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud

El 22 de octubre de 2021, Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A., a través de
apoderado, instauró acción de tutela en contra del Juzgado Tercero (3º)
Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla y el Tribunal Administrativo del
Atlántico Sala “A”, con el fin de que se proteja su derecho fundamental al debido
proceso, el cual consideró vulnerado con las providencias de 16 de diciembre de
2019 y 1 de marzo de 2021, proferidas en el proceso ejecutivo con radicado No.
08001-33-33-003-2018-00348-01 que promovieron el señor Héctor Padilla Cañate
y otros en contra Electricaribe S.A. E.S.P. y Mapfre Seguros Generales de Colombia
S.A. y cuyo título ejecutivo consistió en una sentencia condenatoria al interior de un
expediente de reparación directa.

1.2. Hechos

De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes hechos que, a juicio de la Sala,
son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:

1.2.1. Hechos que fundaron la presentación de la demanda ejecutiva

• Los señores Héctor Fabio Padilla Cañate, María Luisa Pérez Rodríguez, Diana
Carolina Padilla Pérez, María Alejandra Padilla Pérez, Domingo Padilla Ortega y
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Demandante: Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A.
Demandados: Tribunal Administrativo del Atlántico Sala “A” y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2021-07207-01

Claudia Cañate de Padilla presentaron el medio de control de reparación directa
contra Electricaribe S.A. E.S.P. y el Distrito de Barranquilla, por los perjuicios
sufridos por el menor Héctor Alexander Padilla, el cual resultó lesionado por un
cable de energía que se encontraba a un metro del suelo.

• En el proceso de la referencia se admitió la solicitud de llamamiento en garantía
de Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A., formulada por Electricaribe S.A.
E.S.P., con sustento en la póliza de seguros No. 1001300002181, con vigencia entre
el 29 de octubre de 2009 y el 29 de octubre de 2010, por el valor asegurado de “USD
$50.000.000 y un deducible de USD $25.000”.

• El 3 de junio de 2016 el Juzgado Catorce (14) Administrativo del Circuito Judicial
de Barranquilla profirió sentencia de primera instancia, en el sentido de acceder a
las pretensiones de la demanda, y condenó a las demandadas a pagar
solidariamente el monto de los perjuicios.

• El 30 de junio de 2017, el Tribunal Administrativo del Atlántico modificó la decisión
del a quo, con el fin de aumentar la suma reconocida y de precisar lo referente al
pago de la condena por parte de la aseguradora así:

“SEXTO: CONDENAR a la Empresa Aseguradora Mapfre Seguros de Colombia S.A.
E.S.P. (sic) a pagar las sumas de dinero por las que deba responder en virtud del
contrato de seguros suscrito con la empresa Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.,
hasta el monto asegurado si hay disponibilidad de este.”

• El 7 de mayo de 2018, Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A. pagó
directamente a los demandantes la suma de $130.604.260, monto que surgió al
descontar de la condena a cargo de su asegurada ($206.560.760), el valor del
deducible pactado en la póliza de seguro ($75.956.500), como se puede apreciar
en las siguientes liquidaciones:

• Por lo anterior, las personas que integraron el medio de control de reparación que
ocasionó la condena en mención, decidieron presentar demanda ejecutiva en contra

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Demandante: Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A.
Demandados: Tribunal Administrativo del Atlántico Sala “A” y otro
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de Electricaribe S.A. E.S.P. y Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A. “por
concepto del capital restante del valor de la condena”.

• El 12 de diciembre de 2018 el Juzgado Tercero (3º) Administrativo del Circuito
Judicial de Barranquilla libró mandamiento de pago contra las ejecutadas. Decisión
que Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A. recurrió en reposición porque a
su juicio i) solo debía pagar los perjuicios de acuerdo con el contrato de seguros, el
cual contempla un deducible, ii) los demandantes del expediente ordinario no son
sus acreedores, y iii) el pago restante de la condena le correspondía a Electricaribe
S.A. E.S.P. Asimismo, presentó las excepciones de falta de legitimación en la causa
por pasiva y pago de la obligación.

• El 3 de abril de 2019, el despacho rechazó por extemporáneo el recurso de
reposición de Electricaribe S.A. E.S.P y resolvió el de aseguradora, en el sentido de
no reponer el auto que libró mandamiento de pago.

• El 16 de diciembre de 2019, en audiencia de instrucción y juzgamiento, el juzgado
rechazó de plano la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, ya
que no se encuentra expresamente dispuesta en el numeral 2º del artículo 442 del
CGP y negó la de pago de la obligación formulada por la sociedad privada, al
considerar que en la condena impuesta no se estableció que de las sumas de dinero
por las que debía responder en virtud del contrato de seguros se debía descontar el
deducible, como tampoco que dicho descuento se le hiciera a los beneficiarios de
la sentencia.

• Inconforme con tal disposición, la aseguradora interpuso recurso de apelación en
el cual insistió que pagó lo que le correspondía, y que el ejecutivo debió seguirse
solo en contra del asegurado, al ser la deudora del monto restante, ya que Mapfre
Seguros Generales de Colombia S.A. desembolsó el monto del riesgo descontando
el deducible, con fundamento en el artículo 1103 del Código de Comercio.

• El 1 de marzo de 2021 el Tribunal Administrativo del Atlántico Sala “A” confirmó
la decisión del juzgado, que desestimó las excepciones de la aseguradora y ordenó
seguir adelante con la ejecución, al considerar que el proceso ejecutivo no era el
escenario para “controvertir los contornos de la obligación tal como quedó estipulada la
decisión judicial que la estatuyó (...) pues este escenario está dispuesto para propender el
cumplimiento de las obligaciones que emerjan con total nitidez del documento aportado con
la connotación de título ejecutivo”.

• Agregó que “no cabe duda que en virtud de dicho contrato aseguraticio, el obligado a
asumir el pago del deducible era el beneficiario tomador (ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.),
no así las víctimas de la vulneración del bien jurídico que se amparó en virtud del mismo.,
quienes se constituyen en beneficiario de la indemnización” (sic a toda la cita).

• La anterior providencia fue notificada el 12 de julio de 2021 y la tutela de la
referencia fue radicada el 22 de octubre de 2021.

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1.3. Fundamentos de la solicitud

En el sub examine la accionante considera que se le vulneró su derecho
fundamental al debido proceso, ya que la autoridad accionada desatendió lo
dispuesto en los artículos 1044, 1103 y 1128 del Código de Comercio, comoquiera
que aceptar la postura de que “el deducible en el contrato de seguros solo se le puede
descontar al asegurado y nunca a la víctima (…) constituye una modificación arbitraria y
grosera del ordenamiento jurídico en seguros, para crear una nueva visión absolutista del
derecho de la víctima a percibir la indemnización sin que se le pueda aplicar el contrato de
seguros bajo el cual ella hizo su reclamación.”.

Precisó que “si el argumento de los jueces del proceso ejecutivo de que tal artículo 1103
que fija la limitación de cuantía indemnizatoria en el deducible, solo puede ser aplicado al
asegurado o al tomador de la póliza, la tesis se vuelve aún más insolente y revolucionaria
pues pretermite (más bien vulnera), lo dispuesto por el artículo 1044 del mismo Código de
Comercio y crea un REGIMEN DE INOPONIBLIDAD ABSOLUTA en el contrato de seguros
en favor de los beneficiarios de este. (…)”, que establece que “Salvo estipulación en
contrario, el asegurador podrá oponer al beneficiario las excepciones que hubiere podido
alegar contra el tomador o el asegurado, en caso de ser estos distintos de aquel, y al
asegurado las que hubiere podido alegar contra el tomador”.

En este orden de ideas, expuso que según la normatividad en cita, el deducible es
una de las excepciones que el asegurador puede “enróstrale (sic) a su asegurado, y
por ende este articulo permite que esta misma excepción pueda serle oponible al
beneficiario del contrato de seguro de responsabilidad civil”.

Agregó que “ES ABOSLUTAMENTE INAUDITO QUE la sala A del TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL ATLANTICO exprese sin recato alguno que como en la sentencia
no se hizo referencia a las exclusiones de amparo, los limites (sic) máximo, ni mucho menos
al deducible, entonces, no hay lugar a aplicar el contrato al momento del pago”
(mayúsculas sostenidas del texto original).

Indicó que, “a la luz de la reglamentación del contrato de seguros, que no se necesitaba
estipular todos las cargas y presupuestos de la obligación aseguraticia cuando se había
colocado el contrato como marco de la reparación ordenada. Por esta razón, MAPFRE
SEGUROS no le era exigible solicitar aclaración alguna y procedió a cumplir la obligación
en los términos ordenados por la sentencia”.

Finalmente argumentó que la autoridad judicial accionada erró al considerar que
según el artículo 1128 del Código de Comercio, resultaría “más que evidente que no
habría espacio a descuento de deducible alguno”, “pues se olvida el honorable Tribunal
que el articulo (sic) SOLO se refiere a los gastos prejudiciales y judiciales en que incurran
los beneficiarios-victimas (sic) dentro de un proceso encaminado a obtener la reparación
de los perjuicios causados por el asegurado del contrato. Seamos claros: los costos del
proceso a los que se refiere la norma NO SON las condenas que ordenan la reparación ni
mucho menos la cuantificación de la misma.” (mayúsculas sostenidas del texto original).

1.4. Petición de amparo constitucional

Las pretensiones de la demanda de tutela son las siguientes:

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“Que para efectos de cesar la vulneración al derecho fundamental al debido proceso
de MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. producida por EL
JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE
BARRANQUILLA Y DE LA SALA A DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL ATLANTICO por la violación grave al derecho fundamental
al debido proceso, provocado por haberse incurrido en error procedimental y
sustancial en la sentencia proferida el 16 de diciembre de 2019, mediante la cual se
declararon no probadas las excepciones propuestas por la entidad demandada y por
la aseguradora llamada en garantía, dentro del proceso ejecutivo promovido por
HECTOR FABIO PADILLA Y OTROS y por error procedimental y sustancial en la
providencia del 21 de marzo de 2021 que resolvió el recurso de apelación interpuesto
en contra de la sentencia antes referida.

1. DECLARAR, que en la sentencia proferida el 16 de diciembre de 2019, mediante
la cual se declararon no probadas las excepciones propuestas por la entidad
demandada y por la aseguradora llamada en garantía, dentro del proceso ejecutivo
promovido por HECTOR FABIO PADILLA Y OTROS y en la providencia del
primero(1) de marzo de 2021 que resolvió el recurso de apelación interpuesto en
contra de la sentencia antes referida, se incurrió en ERROR PROCEDIMENTAL Y
SUSTANCIAL grave en los términos y alcances descritos en esta tutela.

2. Que, a consecuencia de cualquiera de la anterior declaración, REVOCAR en su
totalidad la sentencia proferida el 16 de diciembre de 2019, mediante la cual se
declararon no probadas las excepciones propuestas por la entidad demandada y por
la aseguradora llamada en garantía, dentro del proceso ejecutivo promovido por
HECTOR FABIO PADILLA Y OTROS y la providencia del primero (1) de marzo de
2021 que resolvió el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia antes
referida.

3. Que a consecuencia de la anterior condena, DECLARAR la prosperidad de las
excepciones de mérito presentadas debidamente dentro del proceso ejecutivo, y
ORDENAR que la ejecución continúe únicamente en contra de ELECTRICARIBE S.A.
E.S.P, si a ello hay lugar.”. (Negrillas del texto original y sic a toda la cita).

1.5. Trámite de la acción

Mediante auto de 1º de diciembre de 2021, el consejero ponente de la primera
instancia admitió la acción de tutela y ordenó notificar al funcionario a cargo del
Juzgado Tercero (3º) Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla y a los
magistrados que integran el Tribunal Administrativo del Atlántico Sala “A”, como
autoridades judiciales demandadas, y como terceros con interés en las resultas del
proceso, vinculó a los señores Héctor Fabio Padilla Cañate, María Luisa Pérez
Rodríguez, Héctor Alexander Padilla Pérez, Diana Carolina Padilla Pérez, María
Alejandra Padilla Pérez, Domingo Padilla Ortega, Claudia Cañate de Padilla, y a
Electricaribe S.A E.S. P.

1.6. Intervenciones

Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.6.1. El Tribunal Administrativo del Atlántico Sala “A”, por intermedio del
ponente de la decisión controvertida, solicitó declarar la improcedencia de la acción,
o en su defecto negarla, al considerar que lo pretendido por la demandante es
convertir la tutela en una tercera instancia. Puntualizó que la providencia fue
proferida bajo los principios de independencia e imparcialidad, en donde se
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concluyó que “el proceso de ejecución no es escenario para debatir los contornos de la
obligación cuyo cumplimiento forzoso se pretende, menos cuando esta ha quedado
estipulada en una providencia judicial debidamente ejecutoriada”.

Agregó que en el título ejecutivo de ese caso “se estipuló con absoluta nitidez que la
aseguradora Mapfre respondería respecto a las condenas impartidas en virtud del contrato
de seguros suscrito con la condenada por el monto total asegurado, es decir, sin distinguir
que de dicha cantidad habría de descontarse la suma establecida por concepto de
deducible en el contrato de seguros entre quienes así lo convinieron, no le es dable a esta
corporación, en el proceso de ejecución ordenar tal disminución, máxime la connotación de
tercero beneficiario que tiene el ejecutante de la relación contractual aseguraticia existente
entre Electricaribe S.A. E.S.P. y, como extensamente quedó esparcido en la providencia
judicial impugnada mediante la presente acción constitucional”.

1.6.2. El Juzgado Tercero (3º) Administrativo del Circuito Judicial de
Barranquilla, a través del funcionario a cargo del despacho, requirió negar el
mecanismo constitucional, porque, como se dijo en la sentencia, “cuando el título de
recaudo lo constituye una decisión judicial, el proceso ejecutivo debe ser efectivo y
conforme a lo contenido en aquella de manera taxativa, sin necesidad de hacer un juicio
sobre el fondo, ni mucho menos hacer elucubraciones que no fueron ordenadas en la parte
resolutiva de la misma”.

Es por ello que argumentó en el auto de primera instancia que no puede entenderse
“bajo ninguna interpretación legal o contractual, que las víctimas o beneficiarios del seguro
de responsabilidad, hoy ejecutantes, deban soportar la carga onerosa del descuento
denominado porcentaje deducible”.

1.6.3. Los señores Héctor Fabio Padilla Cañate, María Luisa Pérez Rodríguez,
Héctor Alexander Padilla Pérez, Diana Carolina Padilla Pérez, María Alejandra
Padilla Pérez, Domingo Padilla Ortega, Claudia Cañate de Padilla, expusieron,
por intermedio de apoderado, que en este caso no se configura el defecto
sustantivo, ya que, independiente de que se comparta o no la hermenéutica jurídica
implementada por la autoridad judicial accionada, “lo cierto es que no se encuentra en
ellas que la interpretación realizada por aquellos sea, clara y evidentemente, ilegal, o que
incurran en un error grosero o un yerro superlativo o mayúsculo que, abrupta y
paladinamente, cercene el ordenamiento positivo”.

En primer lugar se hizo alusión a que el mecanismo es improcedente, ya que i)
contra la providencia del tribunal procede el recurso extraordinario de revisión, sin
explicar por qué, ii) los argumentos que se refieren al artículo 1044 del Código de
Comercio no fueron alegados en el recurso de apelación que resolvió la autoridad
judicial de segunda instancia, y iii) se pretende reabrir el debate ya resuelto por el
juez natural.

Por su parte, en el evento de que se estudie de fondo la acción, advirtió que la tutela
debe negarse, comoquiera que la Sala “A” del Tribunal Administrativo del Atlántico,
en el ejercicio de su autonomía judicial, decidió confirmar la posición del juez de
primer grado “en virtud de una aplicación adecuada y aceptable de los artículos 1103,
1133, 1127 y 1128 del Código de Comercio, como normativa especial en el caso concreto”,
donde destacó que, según la Corte Constitucional el “juez no viola el derecho al debido
proceso o algún otro derecho fundamental mediante una providencia judicial cuando, al
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aplicar las normas, lo hace dentro del margen de interpretación razonable, como ocurrió en
el sub lite (…) T-131 de 2010(…)”.

1.7. Fallo impugnado

Mediante fallo de 18 de febrero de 2022, la Subsección “A” de la Sección Tercera
de esta Corporación amparó el derecho fundamental de la accionante, según las
siguientes consideraciones:!!

“24,- Pues bien, analizadas las sentencias, se advierte que dicha Corporación
desconoció no solo el tenor literal del título y en particular la calidad que frente al
mismo le correspondía al llamado en garantía, sino que también, para justificar esa
omisión, interpretó las normas sustantivas del contrato de seguro contrariando los
principios y reglas de la hermenéutica, colocando en cabeza de la compañía de
seguros una responsabilidad que solo le compete al asegurado, en este caso,
Electricaribe.

Recuerda la Sala que, el Tribunal Administrativo del Atlántico, en fallo del 30 de junio
de 2017, expresamente indicó que el pago que debía efectuar Mapfre era solamente
por las sumas de dinero “que deba responder en virtud del contrato de seguros
suscrito con la empresa Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. hasta el monto
asegurable si hay disposición de este”. La orden así dada, comprendía verificar los
términos del contrato de seguro, para determinar no solo el monto asegurado, sino
también su disposición (cobertura).

Aunado a lo anterior, se advierte que dicha orden guardó perfecta concordancia con
lo dispuesto en el artículo 1079 del Código de Comercio, al tenor del cual “el
asegurador no estará obligado a responder sino hasta concurrencia de la suma
asegurada, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 1074”. De
aquí que, la responsabilidad del asegurador está limitada, cuantitativamente, al monto
de la suma asegurada, expresión bajo la cual se debe considerar aquel porcentaje o
cuota del riesgo que asume el asegurado, en virtud de las estipulaciones atinentes al
“deducible”, cuyo soporte normativo está inscrito en el artículo 1103 del Código de
Comercio, en el que se determina el pacto de las “cláusulas según las cuales el
asegurado debe soportar una cuota en el riesgo o en la pérdida, o afrontar la primera
parte del daño”, manifestación que no es otra que la participación que asume el
asegurado en la asunción de los efectos patrimoniales del siniestro y cuya
materialización, como su nombre lo indica, está llamado a ser “deducido” de la suma
que la aseguradora debe reconocer, con la precisión de que esta parte del riesgo no
es materia de cobertura mediante el contrato de seguro y no hace parte de la
obligación condicional de pago de la aseguradora, exigible con la ocurrencia del
siniestro.

24.1.- De manera que, si en la sentencia de primera instancia dentro del proceso de
reparación directa, proferida por el Juzgado 14 Administrativo del Circuito de
Barranquilla el 30 de junio de 2017, se condenó a la aseguradora a “pagar las
sumasde dinero por las que deba responder en virtud del contrato de seguros suscrito
y hasta el monto asegurado si hay disposición de este”, era evidente que el pago de
Mapfre estaba sujeto al contrato de seguro y con éste, al pacto del deducible que
debe asumir la entidad territorial responsable del siniestro.

24.2. En ese contexto, incurre en defecto sustantivo el Tribunal accionado, cuando
interpreta contra los elementos del contrato de seguro y la naturaleza del deducible,
que bajo los artículos 1103; 1127, 1128, 1133 del Código de Comercio, le corresponde
a Mapfre asumir el valor del deducible pactado en el contrato de seguro con
Electricaribe, pues, es precisamente el tomador y asegurado de la póliza, que también
está siendo ejecutado en el proceso cuestionado, quien, de conformidad con lo
previsto en la referida normatividad y en el contrato aludido, debe asumir dicha
obligación.

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25.- En consecuencia, la Sala amparará el derecho al debido proceso de Mapfre
Seguros de Colombia S.A., de suerte que se dejará sin efectos la providencia judicial
del 21 de marzo de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala
A, para que, en el término de treinta (30) días contados a partir de la notificación de
la presente providencia, se sirva proferir una nueva decisión, de acuerdo con las
consideraciones expuestas en esta providencia.”

1.8. Impugnación1

El tribunal demandado y los señores Héctor Fabio Padilla Cañate, María Luisa Pérez
Rodríguez, Héctor Alexander Padilla Pérez, Diana Carolina Padilla Pérez, María
Alejandra Padilla Pérez, Domingo Padilla Ortega y Claudia Cañate de Padilla
presentaron impugnación contra del fallo de 18 de febrero de 2022.

En primer lugar, el apoderado de las personas en mención insistió en el argumento
de que se busca convertir la acción constitucional en una tercera instancia, en donde
puntualizó que la solicitud de amparo no tiene una relación directa e intrínseca, “-!o
por lo menos en el libelo de la demanda no lo explica-, con el derecho al debido proceso o
cualquier otro derecho fundamental de ella”.

Manifestó que la tutela debió declararse improcedente por falta de relevancia
constitucional porque el caso en controversia versaba sobre un asunto de mera
legalidad y de contenido económico.

Reiteró el argumento de su informe, en el que advirtió que no encuentra una
interpretación normativa “ilegal, o que incurran en un error grosero o un yerro superlativo
o mayúsculo que, abrupta y paladinamente, cercene el ordenamiento positivo. Amén de que
el juez accionado de segundo grado en el proceso ejecutivo explico las razones de su dicho
interpretativo y de hermenéutica al resolver el caso concreto”.

En este orden de ideas, expuso que “cosa diferente es que la parte actora en el libelo
de la acción y la SECCION TERCERA, SUBSECCION A, DEL CONSEJO DE ESTADO en
el fallo aquí impugnado, no compartan la interpretación y hermenéutica empleada por el
juez accionando al resolver el caso concreto, incluso, pretendiendo imponer la manera en
que debió el juez natural hacer dicho ejercicio de interpretación y hermenéutica jurídica”.

Finalizó su intervención, en el sentido de indicar que:

“(…) no son de recibo los argumentos aducidos por la SECCIÓN TERCERA,
SUSECCION A, DEL CONSEJO DE ESTADO para amparar el derecho invocado por la
sociedad actora, toda vez que ello corresponde a una clara y manifiesta intromisión del
juez constitucional en la orbita del juez natural.

Inclusive, la SECCIÓN TERCERA, SUBSECCION A, DEL CONSEJO DE ESTADO, llega
al extremo de hacer una interpretación de las normas del Código de Comercio con
relación a la naturaleza del denominado concepto deducible en un contrato de seguros,
pero sin traer a colación la interpretación correcta autorizada por la Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia quien es el órgano de cierre de la justicia ordinaria
en esa especifica materia.

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El fallo fue notificado el 25 de febrero de 2022 y las impugnaciones se presentaron el 2 de marzo
de 2022.
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Involucrándose de esta manera también la SECCION TERCERA, SUBSECCION A, DEL
CONSEJO DE ESTADO en una interpretación ultrapetita, por cuanto va más allá,
inclusive, de lo aducido por la sociedad actora en el líbelo de la tutela, llegando al
extremo de dictar, prácticamente, una sentencia ejecutiva sustitutiva a la dictada por el
tribunal accionado el 21 de marzo de 2021, definiendo así y de manera marcada, que
ésta, la suya, es una mejor interpretación que la del juez natural del juicio ejecutivo.” (Sic
a toda la cita)

Por su parte, el tribunal accionado reiteró lo expuesto en su contestación, cuando
precisó que el proceso ejecutivo no es el escenario para debatir “los contornos” de la
obligación cuyo cumplimiento se pretende, y menos aún cuando esta ha quedado
estipulada en una providencia judicial debidamente ejecutoriada que sirve como
título ejecutivo. “Así las cosas, se tiene entonces, que en el proveído impugnado el juez
constitucional lo que hizo fue oponer su propia interpretación, sin dejar en evidencia la
necesaria arbitrariedad o violación de los derechos fundamentales que se habría causado
con la expedición de la sentencia objeto de tutela”.

Recordó que la orden de seguir la ejecución también se profirió “teniendo en cuenta
que en las providencias que se esgrimen como título ejecutivo de recaudo, se estipuló con
absoluta nitidez que la aseguradora Mapfre respondería respecto a las condenas impartidas
en virtud del contrato de seguros suscrito con la condenada por el monto total asegurado,
es decir, sin distinguir que de dicha cantidad habría de descontarse la suma establecida por
concepto de deducible en el contrato de seguros entre quienes así lo convinieron, no le es
dable a esta corporación, en el proceso de ejecución ordenar tal disminución”.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer la impugnación presentada por el tribunal
demandado y los señores Héctor Fabio Padilla Cañate, María Luisa Pérez
Rodríguez, Héctor Alexander Padilla Pérez, Diana Carolina Padilla Pérez, María
Alejandra Padilla Pérez, Domingo Padilla Ortega y Claudia Cañate de Padilla contra
la sentencia de 18 de febrero de 2022, proferida por la Subsección “A” de la Sección
Tercera de esta Corporación, de conformidad con el Decreto 2591 de 1991, el
Decreto 1069 de 2015, modificado los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021 y, el
Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse la
decisión de primera instancia de 18 de febrero de 2022, de la Subsección “A” de la
Sección Tercera de esta Corporación, que amparó el derecho al debido proceso.

Para el efecto se estudiará: (i) la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) la
procedencia de tutela contra auto interlocutorio, (iii) el requisito de subsidiariedad y;
(iv) el caso en concreto.

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2.3. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 20122
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones
y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema3.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales4.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el momento
jurisprudencialmente”.

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 20145, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.4.1. Lo primero que resulta necesario precisar es que este asunto es relevante
constitucionalmente pues, conforme con los argumentos esgrimidos en el escrito
de tutela, se trata de la presunta lesión del derecho fundamental al debido proceso,
ante la posible configuración del defecto sustantivo.

En tales condiciones, se observa que existen suficientes motivos para resolver de
fondo los reparos expuestos por la tutelante ante la notoria tensión entre el derecho
fundamental invocado y la decisión judicial objeto de reproche, por lo que la Sala
superará esta causal y pasará a verificar si se cumplen los demás presupuestos
generales de procedibilidad.

2.4.2. Respecto al agotamiento de todos los medios de defensa judicial, se tiene
que la parte accionante no cuenta con otro medio de defensa judicial distinto a la
tutela para conjurar la eventual transgresión que la aludida decisión pudiera irrogarle
a sus derechos fundamentales. Esto, toda vez que contra la providencia que resolvió
la apelación en contra de la decisión que declaró no probadas las excepciones

!
2 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
3 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
4 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia”.
5 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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propuestas por la aseguradora demandada y ordenó seguir adelante con la
ejecución no procede ningún recurso ordinario o extraordinario.

2.4.3. De igual manera, en el presente asunto se cumple el requisito de inmediatez
pues la decisión en cuestión se profirió el 1 de marzo de 2021 y fue notificada el 12
de julio siguiente, mientras que la acción de tutela fue radicada el 22 de octubre de
2021, es decir, dentro de los seis meses que esta Sección considera como plazo
prudencial para acudir a esta instancia constitucional.

2.4.4. No se trata de una tutela contra decisión de igual naturaleza dado que la
providencia que controvierte la parte actora fue proferida dentro del proceso
ejecutivo identificado con el número 08001-33-33-003-2018-00348-01, promovido
contra de la aquí accionante y Electricaribe S.A. E.S.P.

2.5. De la generalidad del defecto alegado

Frente al defecto sustantivo, se tiene que la Corte Constitucional6, ha explicado
que este se presenta cuando “la autoridad judicial aplica una norma claramente
inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una
interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica”7.

Puntualmente, lo configuran los siguientes supuestos:

a) El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al
caso concreto, por impertinente8 o porque ha sido derogada9, es
inexistente10, inexequible11 o se le reconocen efectos distintos a los
otorgados por el Legislador12.

b) No se hace una interpretación razonable de la norma13.

c) La disposición aplicada es regresiva14 o contraria a la Constitución15.

d) El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no
previstos en la disposición16.

e) La decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma17 .
!
6 Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12.03.12., M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.
7 Corte Constitucional, Sentencias SU-159 del 6.03.02. M.P. Manuel José Espinosa, T-043 del
27.01.05, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-295 del 31.03.05, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa, T-657 del 10.08.06, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-686 del 31.08.07, M.P. Jaime
Córdoba Triviño, T-743 del 24.07.08, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-033 del 1.02.10, M.P.
Jorge Iván Palacio Palacio, T-792 del 1.10.10, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio entre otras.
8
Corte Constitucional, Sentencia T-189 del 3.03.05. M.P. Manuel José cepeda Espinosa.
9
Corte Constitucional, Sentencia T-205 del 4.03.04. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
10
Corte Constitucional, Sentencia T-800 del 22.09.06. M.P. Jaime Araujo Rentería.
11
Corte Constitucional, Sentencia T-522 del 18.05.01. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
12
Corte Constitucional, Sentencia SU-159 del 6.03.02. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
13
Corte Constitucional, Sentencias T-051 del 30.01.09. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-
1101 del 28.10.05, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
14
Corte Constitucional, Sentencia T-018 del 22.01.08, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
15
Corte Constitucional, Sentencia T-086 del 8.02.07, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
16
Corte Constitucional, Sentencia T-231 del 13.05.94. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
17
Corte Constitucional, Sentencia T-807 del 26.08.004. M.P. Clara Inés Vargas.
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f) Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial
sustentó o justificó de manera insuficiente su actuación.

Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la existencia de un
defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han presentado
anteriormente, siempre que la parte accionante cumpla con la carga argumentativa.

2.6. Caso concreto

Como viene de explicarse, la accionante busca que se deje sin efectos la
providencia que resolvió confirmar la decisión proferida en primera instancia que
declaró no probadas las excepciones propuestas por la aseguradora demandada y
ordenó seguir adelante con la ejecución al interior del proceso ejecutivo identificado
con el radicado No. 08001-33-33-003-2018-00348-0118, porque tal determinación, a
su juicio, vulnera su derecho fundamental al debido proceso, ante la posible
configuración del defecto sustantivo.

Establecido lo anterior y con el fin de abordar la controversia, resulta pertinente
hacer alusión al contenido de la normatividad que se estima desatendida, y a los
argumentos del tribunal accionado, para determinar si en este caso se configura el
presupuesto de que la autoridad judicial implementó una norma claramente
inaplicable al caso o dejó “de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una
interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica”.

En efecto, se tiene que los artículos que sustentan el defecto sustantivo son el 1044,
1103 y 1128 del Código de Comercio, los cuales establecen:

“ARTÍCULO 1044. <OPOSICIÓN Y EXCEPCIONES>. Salvo estipulación en
contrario, el asegurador podrá oponer al beneficiario las excepciones que hubiere
podido alegar contra el tomador o el asegurado, en caso de ser éstos distintos de
aquél, y al asegurado las que hubiere podido alegar contra el tomador.

(…)

ARTÍCULO 1103. <DEDUCIBLE>. Las cláusulas según las cuales el asegurado deba
soportar una cuota en el riesgo o en la pérdida, o afrontar la primera parte del daño,
implican, salvo estipulación en contrario, la prohibición para el asegurado de
protegerse respecto de tales cuotas, mediante la contratación de un seguro adicional.
La infracción de esta norma producirá la terminación del contrato original.

(…)

ARTÍCULO 1128. <CUBRIMIENTOS DE LOS COSTOS DEL PROCESO Y
EXCEPCIONES>. <Artículo subrogado por el artículo 85 de la Ley 45 de 1990. El
nuevo texto es el siguiente:> El asegurador responderá, además, aún en exceso de
la suma asegurada por los costos del proceso que el tercero damnificado o sus

!
18
Si bien la parte tutelante manifestó que la vulneración de su garantía constitucional deviene de las
providencias del 16 de diciembre de 2019 y 1 de marzo de 2021, proferidas por las autoridades
judiciales accionadas, lo cierto es que el análisis en sede constitucional se realizaría a partir de la
sentencia de segunda instancia del proceso ejecutivo, esto es, el fallo de 1 de marzo de 2021 dictado
por el Tribunal Administrativo del Atlántico”.
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causahabientes promuevan en su contra o la del asegurado, con las salvedades
siguientes:

1) Si la responsabilidad proviene de dolo o está expresamente excluida del contrato
de seguro;

2) Si el asegurado afronta el proceso contra orden expresa del asegurador, y

3) Si la condena por los perjuicios ocasionados a la víctima excede la suma que,
conforme a los artículos pertinentes de este título, delimita la responsabilidad del
asegurador, éste sólo responderá por los gastos del proceso en proporción a la cuota
que le corresponda en la indemnización.”

Ahora bien, por su parte, la autoridad judicial accionada consideró respecto a la
interpretación normativa y alcance de la sentencia que sirve de título ejecutivo:

“Ahora bien, de conformidad con el artículo 1103 ibídem en el contrato de seguros las
partes tienen la potestad de pactar la cláusula del deducible. En ese entendido el
deducible es la contribución que hace el asegurado- tomador en la pérdida sufrida,
con la finalidad de que el asegurado o tomador atienda el deber de cuidado vigilancia
del bien o riesgo asegurado.

De lo hasta aquí expuesto, y en lo referente a este caso en concreto, no advierte el
Tribunal estipulación legal ni convencional que obligase a las víctimas del riesgo
asegurado tener que participar en el pago del deducible en los términos que la
cobertura del contrato de seguro lo establezca, por el contrario, lo que si surge con
nitidez es que dicha obligación atañe es al tomador asegurado que para este caso en
particular lo es Electricaribe S.A. E.S.P. de quien no cabe duda, se obligó en los
términos de la convención, a contribuir en la reparación o indemnización de los daños
causados producto de la responsabilidad extracontractual en laque pudiera incurrir.

Ahora bien, (…), resulta esclarecedor lo consignado en la sentencia de segundo grado
proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico - Sección C de fecha 30 de junio
de 2017, se resolvió lo siguiente:

(…)

SEXTO: CONDENAR a la Empresa Aseguradora Mapfre Seguros de Colombia S.A
E.S.P. a pagar las sumas de dinero por las que deba responder en virtud del contrato
de seguros suscrito con la Empresa Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P; hasta el
monto asegurado si hay disponibilidad de este"

En definitiva el ad quem adoptó las decisiones con las que desató los recursos de
apelación y en consecuencia la controversia suscitada en el marco del proceso
ordinario de reparación directa (…),consistente en modificar la sentencia de primer
grado (…), para precisar que la Aseguradora Mapfre Seguros de Colombia debía
pagar a los actores la condena en virtud del contrato de seguros suscrito con
Electricaribe S.A. E.S.P. hasta el monto asegurado si había disponibilidad de este,
con lo cual, emerge con nitidez que el juzgador de segundo grado no supeditó el pago
del monto asegurado al descuento o deducción de la suma de dinero pactada en el
contrato de seguros por concepto de deducible.

Al respecto, debe memorarse que a voces del artículo 84 de la Ley 45 de 1990,
modificatorio del 1127 del Código de Comercio, el "seguro de responsabilidad impone
a cargo del asegurador la obligación de indemnizar los perjuicios patrimoniales que
cause el asegurado con motivo de determinada responsabilidad en que incurra de
acuerdo con la ley v tiene como propósito el resarcimiento de la víctima, la cual, en
tal virtud, se constituye en el beneficiario de la indemnización, sin perjuicio de las
prestaciones que se reconozcan al asegurado"

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(…) Es por estas razones que el proceso ejecutivo no es el escenario para debatir el
tipo de obligación que se pretende ejecutar, si es de dar, hacer, o no hacer, ni para
determinar los elementos de la misma, aspectos o contornos relacionados con su
cumplimiento, (…).

Resulta menester advertir, que en los documentos que se esgrimen como titulo
ejecutivo de recaudo, se señaló con claridad que la aseguradora Mapfre!respondería
respecto a las condenas impartidas en virtud del contrato de seguros suscrito con la
condenada Electricaribe S.A. E.S.P. por el monto total asegurado, es decir, la suma
de Dos cientos seis Millones Quinientos Sesenta Mil setecientos sesenta
($206.560.760 M/L)sin distinción de que dicha suma debía descontarse lo acordado
por concepto de deducidle.

En ese sentido, no cabe duda que en virtud de dicho contrato aseguraticio, el obligado
a asumir el pago del deducidle era el beneficiario tomador (ELECTRICARIBE S.A.
E.S.P), no así las víctimas de la vulneración del bien jurídico que se amparó en virtud
del mismo, quienes se constituyen en beneficiario de la indemnización, así las cosas
el pago del deducidle es una prestación que el asegurador debe exigir respecto del
tomador de la póliza, no así de los beneficiarios de la indemnización o terceros
afectado producto de la declaratoria de responsabilidad a la que fue condenada la
Empresa Electricaribe S.A.E.S.P. en las sentencias título de recaudo ejecutivo.

(…)

En consecuencia, al no tener en cuenta la entidad ejecutada los lineamientos trazados
en la sentencia que obra como título de recaudo, huelga concluir, tal como lo hizo el
juez de primer grado, que la Sociedad Mapfre Seguros S.A no ha dado estricto
cumplimiento a las obligaciones que subyacen del documento que se esgrime como
título ejecutivo, razón por la cual habrá de confirmarse el fallo de primer grado” (sic a
toda la cita).

De la normatividad trascrita y los argumentos de la Sala “A” del Tribunal
Administrativo del Atlántico, esta Sección considera, diferente a lo expuesto por el
a quo constitucional, que la autoridad judicial accionada no desatendió los artículos
en cita, ya que se evidencia un análisis razonado del Código de Comercio, donde
se debe respetar la autonomía del juez natural de la causa.

En efecto, se tiene que el tribunal demandado tuvo en cuenta el artículo 1103 idem,
que es la norma que sustenta en gran medida la solicitud de amparo, y que a su vez
contempla la posibilidad de incluir en el contrato de seguro la cláusula
correspondiente al deducible, sin embargo, concluyó que el pago del mismo debía
ser asumido por el asegurado, fundamento que no se considera que contraríe los
postulados mínimos de la razonabilidad jurídica, ni el contenido de la sentencia que
sirve como título ejecutivo, en la cual se dispuso que:

“SEXTO: CONDENAR a la Empresa Aseguradora Mapfre Seguros de Colombia S.A
E.S.P. (sic) a pagar las sumas de dinero por las que deba responder en virtud del
contrato de seguros suscrito con la Empresa Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P;
hasta el monto asegurado si hay disponibilidad de este"

En este orden de ideas, no se evidencia, como lo expuso el tribunal accionado,
alguna condición de pago en el título ejecutivo, donde se resalta que la sentencia
es clara en el sentido de precisar que se condenaba a Mapfre Seguros de Colombia
S.A. “a pagar las sumas de dinero por las que deba responder en virtud del contrato de
seguros suscrito con la Empresa Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.”, sin determinar
alguna limitación distinta a la del monto asegurado. Luego, si bien la decisión de
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restar el deducible del pago efectuado a los demandantes del proceso de reparación
directa tiene sustento en una obligación contractual, ello deviene de un negocio
jurídico entre la aseguradora y el asegurado, y no entre la aseguradora y los terceros
beneficiarios, donde, como lo indicó la autoridad juridicial demandada, estos últimos
no debieron verse afectados.

En este punto cabe destacar, que se pueden presentar controversias en cuanto al
monto y forma de pago por condenas de responsabilidad administrativa y
extracontractual en contra del Estado, y más aún cuando son varios los sujetos
procesales que deben responder, sin embargo, tal discusión debe ser resulta por el
juez natural, y no por el funcionario de la ejecución, tal y como lo expuso el Tribunal
Administrativo del Atlántico Sala “A” así:

“Por otra parte, analizados los argumentos en que se sustenta el recurso de apelación
ahora examinado, para la Sala resulta diáfano que los mismos no están direccionados
a demostrar el cumplimiento total de la plurimencionada obligación, sino que por el
contrario se encuentran orientados a controvertirlos contornos de la obligación tal
como quedó estipulada la decisión judicial que la estatuyó, y por ende, esas
decisiones judiciales, resultando menester señalar que el proceso de ejecución no
escenario jurídico procesal correspondiente para derramar dicho tipo de
argumentación, pues este escenario está dispuesto para propender el cumplimiento
de las obligaciones que emerjan con total nitidez del documento aportado con la
connotación de título ejecutivo.”

Luego, esta Colegiatura resalta que el papel del funcionario de tutela en estos casos
consiste en examinar si la autoridad judicial incurrió en alguno de los presupuestos
indicados en el numeral 2.6 de este fallo, pero no de imponer un criterio propio
acerca de cómo se debió interpretar la norma, que si bien puede tener un sustento
legal, no es de competencia del funcionario que analiza la solicitud de amparo,
máxime cuando se privilegia la autonomía juez natural, y si se tiene que en este
caso no es una interpretación caprichosa o flagrante vulneradora de derechos.

Lo anterior, porque el servidor judicial de la causa se enfrenta a múltiples
posibilidades hermenéuticas en su labor de interpretación y aplicación de normas a
un caso en específico19, es por ello que no le corresponde a la autoridad judicial
constitucional señalar cuál de tales posibilidades es la “correcta” o aquella que más
conviene en un asunto en concreto, pues se vulneraría la independencia y
autonomía con la que cuenta el juez que conoce el trámite ordinario.

En efecto, se precisa que en la providencia reprochada no se desconoce el deber
de pago del deducible, donde inclusive se resaltó que ello le correspondía al
tomador de la póliza, es decir a Electricaribe, lo cual tampoco se aparta de lo
dispuesto en las normas transcritas y que presuntamente fueron indebidamente
aplicadas, ya que el mismo artículo 1103 del Código de Comercio advierte que tal
prerrogativa se encuentra en cabeza del asegurado, y no del tercero beneficiario,
cuando en efecto regula: “<DEDUCIBLE>. Las cláusulas según las cuales el asegurado
deba soportar una cuota en el riesgo o en la pérdida, o afrontar la primera parte del
daño, implican, salvo estipulación en contrario, la prohibición para el asegurado de
protegerse respecto de tales cuotas, mediante la contratación de un seguro adicional. (…)”.

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19
Ver al respecto: Corte Constitucional sentencia T-192 de 2015.
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Además, debe reiterarse que, tal y como lo expuso el tribunal que conoció el proceso
ejecutivo, el juez del medio de control que profirió la sentencia que sirvió como título
ejecutivo resolvió que la empresa aseguradora Mapfre Seguros de Colombia S.A
debía “pagar las sumas de dinero por las que deba responder en virtud del contrato de
seguros suscrito con la Empresa Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P; hasta el monto
asegurado si hay disponibilidad de este”, luego si el monto asegurado en este caso
corresponde a USD 50.000.000, resulta evidente que esta podía asumir el pago de
la totalidad de la condena frente a los beneficiarios, que correspondió a 206.560.760
de pesos, y repetir, o en su defecto solicitar, respecto al tomador de la póliza
(Electricaribe S.A. E.S.P.), la transferencia del dinero que corresponde al deducible.

En consecuencia, se considera que el tribunal demandado en la providencia
controvertida no desatendió la normatividad, donde contrario a ello realizó un
análisis razonado del Código de Comercio, y concluyó que al beneficiario de la
condena judicial y de la póliza no se le podía restar el deducible al momento del
pago de lo dispuesto por el juez de la reparación, ya que ello es una obligación del
tomador. Argumento que además de razonado, cuenta con soporte legal.

2.7. Conclusión

Conforme a lo anterior, la Sala revocará la sentencia del 18 de febrero de 2022, por
medio de la cual la Subsección “A” de la Sección Tercera de esta Corporación
amparó el derecho fundamental al debido proceso, para en su lugar negar la acción,
al no encontrar acreditado el defecto sustantivo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 18 de febrero de 2022, proferida por la
Subsección “A” de la Sección Tercera de esta Corporación, para en su lugar
NEGAR la solicitud de amparo.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

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(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

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