Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-07215-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-07215-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2021-07215-01
Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes
10 de marzo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., diez (10) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Radicación: 11001-03-15-000-2021-07215-01
Accionante: MARCO DANILO ROSAS SILVA
Accionado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO
NACIONAL
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA – SE CONFIRMA EL FALLO IMPUGNADO
QUE DECLARÓ IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE TUTELA - La
solicitud de amparo no satisface el requisito atinente a la
subsidiariedad
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora en contra de la
sentencia de 6 de diciembre de 2021, proferida por la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado y a través de la cual se declaró improcedente la
solicitud de amparo de la referencia.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. Elciudadano Marco Danilo Rosas Silva solicitó el amparo de su derecho
fundamental «a la igualdad», cuya vulneración le atribuyó a la Nación – Ministerio
de Defensa Nacional – Ejército Nacional, como consecuencia de la expedición
del Decreto 4433 de 2004, específicamente lo dispuesto en su artículo 15 que
impide que solicite su asignación de retiro con 20 años de servicio.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado por la parte accionante, los hechos y razones que
motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Manifestó que inició su carrera militar el 10 de febrero de 2000 como soldado
regular mediante O.A.P.-DIRTRA 159 del 10 de diciembre de 1999.
2.2. Expuso que, el 12 de agosto de 2001, inició como soldado profesional mediante
O.A.P.-EJC No. 1107 de 27 de agosto de 2001 y que el 1º de julio de 2006 inició su
grado como suboficial del Ejército Nacional mediante O.A.P.-EJC No. 1100 de 24
de abril de 2006.
2.3. Finalmente adujo que, actualmente tiene el grado de sargento viceprimero con
21 años continuos de servicio activo en el Ejército Nacional de Colombia.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-07215-01
Accionante: Marco Danilo Rosas Silva
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
[…] 1. Petición de que sea reconocido para la asignación de retiro a los 20 años
de servicio continúo por haber ingresado como integrante activo a las Fuerzas
Militares de Colombia antes del año 2004 inicio vigencia del Decreto 4433 de
2004.
2. Nulidad del Articulo 15 del Decreto 4433 de 2004 que me obliga a
permanecer por 25 años de servicio activo al interior de las Fuerzas Militares,
basados en el principio de igualdad y derechos adquiridos para un personal de
la Fuerza Pública en servicio activo continuo antes del 31 de diciembre de 2004
inicio de vigencia del Decreto 4433.
3. Mantener el principio de eficiencia, universalidad, igualdad, equidad,
responsabilidad financiera, intangibilidad, solidaridad y Derechos Adquiridos
antes de entrada en vigencia la ley 923 de 2004 y el Decreto 4433 de 2004, de
acuerdo con lo establecido en la carta magna Constitución Política de
Colombia.
4. Reconocer mi asignación mensual en el uso del buen retiro por 20 años de
tiempo de servicio continuo de acuerdo con la Constitución y la ley.
5. Interpretación adecuada del régimen transicional de asignación de retiro de
la ley 1211 a la ley 923 de 2004 creada por el honorable Congreso de la
Republica de Colombia.
6. Respetar y reconocer los derechos adquiridos como miembros de la Fuerza
Pública antes del año 2004, como lo ordena el Artículo 2° numerales 2.1 - 2.2 -
2.3 - 2.4 - 2.7 - 2.8 de la Ley marco 923 de 2004, Articulo 3° numerales 3.1, 3.2
• 3.9 de la ley citada.
[…]
1.1. Que se pretende.
Se pretenden que se declare la nulidad del artículo 15 del Decreto 4433 de
2004 expedido por el Gobierno Nacional, para un personal que ingreso (sic)
a las Fuerzas Militares con anterioridad al citado decreto, basados en el
principio de IGUALDAD los derechos adquiridos antes de salir una nueva ley y
el principio a la igualdad del personal homologado que efectuó cambio de
denominación de soldado profesional a suboficial durante el régimen de
transición del Decreto 1211 a la ley 923 […] (destacado por la Sala)
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por intermedio
del magistrado a cargo de la sustanciación de este proceso y mediante auto de 27
de octubre de 2021, admitió la acción de tutela promovida por la parte actora en
contra de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional.
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Accionante: Marco Danilo Rosas Silva
5. En la misma providencia, vinculó como tercero con interés directo en los
resultados del proceso a la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado. Igualmente, requirió a la Secretaría de la Sección Segunda de esta
Corporación con el propósito de que rindiera «informe si contra el artículo 15 del
Decreto 4433 de 2004 cursan o no procesos judiciales».
V. INTERVENCIONES
6. Efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a la vinculada, estas
optaron por guardar silencio dentro del presente trámite constitucional.
7. La Secretaría de la Sección Segunda del Consejo de Estado expidió la constancia
solicitada en el auto admisorio, en los siguientes términos:
[…] a la fecha, cursan cinco (5) demandas contra el Decreto 4433 de 2004, de
las cuales únicamente en la radicada bajo el No. 11001032500020210006100
(0253-2021), actor: Luis Hernando Castellanos Fonseca, solicitan la nulidad del
artículo 15 numerales 15.1, 15.2 y 15.3 y artículo 16 del Decreto 4433 de 2004
expedido por el Gobierno Nacional.
El proceso se encuentra al despacho del H. Magistrado Ponente, Dr. Rafael
Francisco Suárez Vargas para considerar la admisión de la demanda […].
VI. FALLO IMPUGNADO
8. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante
sentencia de 6 de diciembre de 2021, declaró improcedente la acción de amparo
tutela, al considerar que no satisfacía el requisito atinente a la subsidiariedad.
9. Como primera medida, el a quo advirtió que, comoquiera que uno de los motivos
expuestos por el actor en su escrito de tutela estaba relacionado con la supuesta
ilegalidad del artículo 15 del Decreto 4433 de 2004, el mecanismo de amparo
devenía improcedente, en tanto que:
[…] Para la Sala, la parte actora no carece de mecanismos ordinarios para la
defensa de sus derechos1, pues para atacar la legalidad del acto administrativo
con el cual presenta inconformidad, puede acudir al medio de control de simple
nulidad, en donde tiene la garantía de poder emplear las herramientas que la
jurisdicción avala para resolver las controversias que se pueden generar con el
acto cuestionado. Medio de control que, de conformidad con lo manifestado por
la Secretaría de la Sección Segunda del Consejo de Estado, se encuentra en
curso.
Adicionalmente, a través del referido medio podía solicitar medidas cautelares,
incluso de urgencia, como la suspensión provisional del acto, para que la
1
Corte Constitucional. Sentencia SU-116 de 2018. “Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico
le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de
protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar
en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.”
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-07215-01
Accionante: Marco Danilo Rosas Silva
autoridad judicial competente determine, en el marco del control de legalidad,
si hay lugar a adoptarlas, de manera previa a proferir una decisión de fondo
sobre el asunto
Por otro lado, la parte actora no se encargó de señalar la existencia de un
perjuicio irremediable para el presente caso y en el mismo sentido, la Sala no
encuentra probada una afectación inminente y grave que amerite la toma de
medidas impostergables para salvaguardar sus derechos fundamentales.
Así las cosas, no es factible que el juez constitucional invada la órbita de
competencia del juez natural y desconozca la naturaleza subsidiaria de la
acción de tutela, para así pronunciarse sobre materias que no son de su
competencia, máxime cuando no se evidenció una vulneración de derechos de
carácter particular y concreto, ni una situación de urgencia o gravedad que
sustente su intervención.
De acuerdo con lo anterior, es necesario que el accionante agote todos los
recursos que el sistema judicial disponga con el fin de conjurar las situaciones
que amenacen derechos fundamentales y con el fin de impedir el uso indebido
de la acción de tutela […]. (Se destaca)
10. En segundo lugar, y en cuanto a la petición del accionante asociada a que se le
reconozca su asignación de retiro por vía de tutela, el a quo consideró que tampoco
satisfacía el requisito de subsidiariedad, toda vez que «no hay prueba de que el
señor Rosas Silva hubiese hecho tal solicitud ante la autoridad accionada, y (c) ante
la eventual negativa a la aludida petición que se echa de menos, la parte actora
cuenta con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho».
VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
11. La
parte accionante impugnó la decisión de primera instancia, para lo cual
esbozó los siguientes argumentos:
[…] Argumentan que no aplicaría para mi caso asignación mensual de retiro ya
que se me aplicaría EL DECRETO 4433 de Fecha 31 de Diciembre del 2004.
Ante esto expongo que se tenga en cuenta la ley 923 del 30 de Diciembre del
año 2004, teniendo en cuenta que un decreto NO está por encima de una ley.
Si en caso tal aplicara el Decreto 4433 del 31 de Diciembre del 2004, manifestar
y estudiar la viabilidad exponiendo que para la fecha antes de ascender a Cabo
Tercero en el escalafón de Suboficiales, se me respete el derecho a la igualdad,
ya que era miembro activo del Ejército Nacional desde la fecha 10 de febrero
del año 2000 como lo soporta mi certificado de tiempo de servicio.
[…]
• En una clara muestra de DESIGUALDAD a la fecha de entrada en vigencia
del decreto 4433 de 2004, los únicos a los que se les respetaron los derechos
adquiridos fueron el personal de Oficiales y Suboficiales del Ejército Nacional,
activos al momento de entrada en vigencia dicho decreto teniendo en cuenta
que EL SER SOLDADO PROFESIONAL IMPLICA SER MILITAR ACTIVO SIN
IMPORTAR EL RANGO JERARQUICO, dejando excluido a los soldados
profesionales que por disposición de la fuerza se les cambio de denominación
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Accionante: Marco Danilo Rosas Silva
después en la entrada de la vigencia del decreto. (ARTÍCULO 2°. DECRETO
4433 DE 2004).
[…]
De acuerdo con lo anteriormente descrito, solicito: […] Que se me respete y
reconozca el derecho a la igualdad, derechos adquiridos, en el EJÉRCITO
NACIONAL – COPER – CREMIL, se me reconozca mi asignación mensual
sueldo de retiro por mi tiempo reconocido en servicio continuo en el EJÉRCITO
NACIONAL […].
VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VIII.1. Competencia de la Sala
12. Esta Sala de Decisión es competente para conocer la impugnación presentada
por el accionante en contra de la sentencia de 6 de diciembre de 2021, proferida por
la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en virtud de lo
previsto en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de 19912, en
concordancia con el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre de 20173 y en
armonía con el Acuerdo 80 de 20194, respecto de la distribución de negocios al
interior de las secciones del Consejo de Estado.
VIII.2. Problemas jurídicos
13. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado o revocado, la Sala debe establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela. Si ello es así determinar:
b) Si la entidad accionada vulneró el derecho fundamental a la igualdad, como
consecuencia de la expedición del Decreto 4433 de 2004, específicamente
lo dispuesto en su artículo 15 que impide que el actor solicite su asignación
de retiro con 20 años de servicio.
VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos de
carácter general
14. Sobre el particular, la Sala advierte que, por regla general, la acción de tutela no
procede para controvertir actos administrativos de carácter general, por expresa
disposición del numeral 5° del artículo 6° del Decreto Ley 2591 de 1991, cuyo tenor
literal dice lo siguiente:
2
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
3
“Por la cual se modifican os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
“Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.”
6
Radicación: 11001-03-15-000-2021-07215-01
Accionante: Marco Danilo Rosas Silva
[…] ARTÍCULO 6o. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La
acción de tutela no procederá:
(…)
5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto […]
15. A partir de lo anterior, la jurisprudencia de la Corte Constitucional5 ha sido
reiterativa en sostener lo siguiente:
[…] en relación con la acción de tutela frente a actos dotados de carácter
general, impersonal y abstracto, ha sido abundante la jurisprudencia
constitucional que ha señalado la improcedencia de la misma para controvertir
tal modalidad de actos, al tenor de lo dispuesto en el numeral 5º del artículo 6º
del Decreto 2591 de 1991, e independientemente del contenido de los mismos.
Lo anterior, obedece justamente a la necesidad de que el mecanismo
tuitivo de los derechos fundamentales mantenga su naturaleza como un
medio de defensa judicial subsidiario y residual, y que se conserve el
orden regular de asignación de competencias a las jurisdicciones, en aras
de asegurar la plena vigencia del principio de seguridad jurídica […]6. (Se
destaca)
16. La misma jurisprudencia de la Corte Constitucional7 ha reconocido que, en
algunas circunstancias especiales, procede la acción de tutela contra actos
administrativos de carácter general, siempre y cuando «[…] se trate de conjurar
la posible ocurrencia de un perjuicio irremediable y, además, sea posible
establecer que el contenido del acto de carácter general, impersonal y
abstracto afecta clara y directamente un derecho fundamental de una persona
determinada o determinable. Solo en estos casos el juez puede hacer uso de la
facultad excepcional consistente en ordenar la inaplicación del acto para el caso
concreto, con un carácter eminentemente transitorio mientras se produce la
decisión de fondo por parte del juez competente […]»8. (Negrillas originales del texto
citado)
17. El concepto de perjuicio irremediable está relacionado con la existencia de una
grave e inminente afectación o detrimento del derecho fundamental que deba ser
conjurada con medidas urgentes, de aplicación inmediata e impostergable, para
neutralizar, cuando ello sea posible, la vulneración del derecho.
18. En relación con tales criterios interpretativos se ha definido lo siguiente:
[…] la inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto
de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que
hace evidente la impostergabilidad de la tutela como un mecanismo necesario
para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. La
concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de
considerar la situación fáctica que legitima la acción de tutela, como mecanismo
5
Ver, entre otras, las sentencias SU-037 de 2009, T-111 de 2008, T-1073 de 2007, T-645 de 2006, T-1015 de 2005, T-435
de 2005, T-1098 de 2004, T-1497 de 2000, SU-1052 de 2000, T-815 de 2000, T-287 de 1997, T-31 de 1993.
6
Sentencia SU 037 de 2009, proferida por la Corte Constitucional, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
7
Ibidem.
8
Sentencia C-132 de 2018, proferida por la Corte Constitucional el 28 de noviembre de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos.
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-07215-01
Accionante: Marco Danilo Rosas Silva
transitorio y como medidas precautelativas para garantizar la protección de los
derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran amenazados […].9
19. Así las cosas, resulta dable concluir que, en principio, la acción de tutela resulta
improcedente para controvertir la legalidad de actos administrativos de carácter
general, a menos de que se esté en presencia de una flagrante vulneración de
derechos fundamentales y se busque evitar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable, caso en el cual procedería el amparo de manera transitoria.
VIII.4. Caso concreto
20. El
ciudadano Marco Danilo Rosas Silva solicitó el amparo de su derecho
fundamental «a la igualdad», cuya vulneración le atribuyó a la Nación – Ministerio
de Defensa Nacional – Ejército Nacional, como consecuencia de la expedición
del Decreto 4433 de 2004, específicamente lo dispuesto en su artículo 15 que
impide que el actor solicite su asignación de retiro con 20 años de servicio.
21. Ela quo, mediante sentencia de 6 de diciembre de 2021, resolvió declarar
improcedente la acción de tutela de la referencia al considerar que no cumplía con
el requisito de subsidiariedad.
22. Inconforme con la anterior decisión el accionante presentó impugnación, con el
propósito de que, en atención al derecho a la igualdad, se declare la nulidad del
artículo 15 del Decreto 4433 de 2004 y, como consecuencia de ello, se le reconozca
su asignación de retiro por haber laborado por más de 20 años al servicio del Ejército
Nacional.
VIII.5.1. La improcedencia de la acción de tutela en el caso sub examine.
23. Descendiendo al sub judice, es de señalarse que una de las pretensiones
planteadas en el escrito de amparo está asociada con que, por vía de tutela, se
declare la nulidad del artículo 15 del Decreto 4433 de 2004 ya que, a juicio del
accionante, dicha disposición vulnera el derecho a la igualdad.
24. En atención a lo anterior, es de recordar que, tal como se señaló en el acápite
VIII.3. de esta providencia, tanto la jurisprudencia de esta Corporación como la de
la Corte Constitucional ha sido reiterativa en sostener que la acción de tutela resulta
improcedente cuando se pretende controvertir la legalidad de actos administrativos
de carácter general debido a que los asociados cuentan con distintos medios de
defensa, como lo son: el medio de control de nulidad y el de nulidad por
inconstitucionalidad, los cuales son mecanismos idóneos para solicitar la anulación
y la suspensión de los actos de la administración que, según se afirma, lesionan el
ordenamiento jurídico y, debido a esto, afectan derechos fundamentales.
9
Sentencia T-225 de1993, reiterado en la sentencia SU-617 de 2013.
8
Radicación: 11001-03-15-000-2021-07215-01
Accionante: Marco Danilo Rosas Silva
25. Con fundamento en la anterior premisa, y comoquiera que lo pretendido, en
primer lugar, por la parte actora es que se declare la nulidad parcial de un acto
administrativo de carácter general, la Sala advierte que para tal propósito el
legislador ha previsto el medio de control de nulidad como mecanismo judicial
idóneo y eficaz para ello. De allí que es claro que el accionante dispone de otro
medio de defensa para obtener la salvaguarda del derecho fundamental que aduce
vulnerado por la entidad accionada.
26. Tan cierto es lo anterior que, tal como lo certificó la Secretaría de la Sección
Segunda de esta Corporación, actualmente se adelantan cinco demandas que
buscan dejar sin efectos el Decreto 4433 de 2004, lo que evidencia que el acto
administrativo aquí enjuiciado es pasible de control jurisdiccional.
27. En este contexto, es de señalarse que el Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo -CPACA-, en los artículos 229 y siguientes, prevé
la posibilidad de que, en los procesos declarativos que se adelanten ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, se puedan solicitar medidas
cautelares, las cuales, inclusive, pueden adoptarse con carácter de urgencia -en los
términos señalados en el artículo 234 del CPACA- cuando el juez o magistrado
considere que la situación fáctica así lo amerite, a efectos de conjurar un perjuicio
irremediable.
28. Significalo anterior que, tal como lo consideró esta Sección en reciente
pronunciamiento de 14 de febrero de 202210, a partir del nuevo régimen de medidas
cautelares previsto en el CPACA, ya no es de recibo el argumento según el cual los
medios de control no resultan ser el mecanismo idóneo y eficaz para la salvaguarda
de los derechos fundamentales como consecuencia de la expedición de un acto
administrativo; consideraciones que en esta decisión se prohíjan en su integridad.
29. Es por lo anterior que esta Sala de Decisión considera que la presente acción de
tutela deviene improcedente, toda vez que la parte accionante cuenta con otro
medio de defensa judicial, como lo es el medio de control de nulidad para
controvertir la legalidad del artículo 15 del Decreto 4433 de 2004, oportunidad en
que, se reitera, podrá solicitar medidas cautelares.
30. De otra parte, y en cuanto a la pretensión del actor asociada a que se le
reconozca la asignación de retiro por haber prestado sus servicios por más de 20
años pero menos de 25 años en el Ejército Nacional, la Sala advierte que, tal como
lo consideró el a quo, frente a este aspecto tampoco se satisface el requisito general
de procedibilidad atinente a la subsidiariedad, porque se trata del reconocimiento
de una prestación económica y para dicho fin el legislador ha previsto otros medios
de defensa.
31. Como sustento de lo anterior, es de resaltar que la jurisprudencia constitucional
ha sido reiterada en sostener que la acción de tutela en principio no es el mecanismo
10
Expediente 11001-03-15-000-2021-10157-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-07215-01
Accionante: Marco Danilo Rosas Silva
judicial para reconocer prestaciones económicas, y solamente lo será de manera
excepcional, cuando: «(i) no exista otro mecanismo de defensa judicial; (ii)
existiendo, la intervención del juez constitucional sea necesaria para evitar la
consumación de un perjuicio irremediable, evento en el cual procederá de manera
transitoria; o (iii) cuando los mecanismos de defensa judicial no resulten idóneos o
eficaces para lograr la protección de los derechos presuntamente conculcados, caso
en el cual procederá de manera definitiva»11, circunstancias que en el sub examine
no se advierten.
32. Asílas cosas, y en atención a que en el caso de autos no se demostró la
ocurrencia de un perjuicio irremediable que amerite la procedencia excepcional del
amparo de tutela solicitado, la Sala concluye que no se cumple con el requisito de
la subsidiariedad, por lo que no puede adentrarse en el fondo del presente asunto.
33. Sumado a todo lo anterior, debe resaltarse que, tal como lo expuso la Subsección
B de la Sección de esta Corporación en reciente de pronunciamiento de 16 de julio
de 2021, «la acción de amparo no es procedente por el simple hecho de que su
resultado pueda ser más ágil y rápido, pues aceptar dicha tesis implicaría
desnaturalizar su sentido y alcance, de ahí que si el juez evidencia que existen otros
mecanismos de defensa judiciales y que su fin no es evitar un perjuicio irremediable,
está llamado a declarar la improcedencia de la tutela»12.
34. Confundamento en las anteriores premisas, la Sala confirmará el fallo
impugnado, que declaró la improcedencia de la acción de tutela de la referencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 6 de diciembre de 2021, proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta decisión.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la H. Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria, de conformidad con
el artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 de 1991.
11
Sentencia T-683 de 2017,
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 16 de julio de
2021, expediente 11001-03-15-000-2021-03200-00, C.P. Alexander Jojoa Bolaños (e).
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-07215-01
Accionante: Marco Danilo Rosas Silva
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
P (16)
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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