República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2021-07230-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
10 de febrero de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá D. C., diez (10) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Acción de Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2021-07230-01
Demandante: Jorge Enrique Muñoz
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Temas: Quejoso / Proceso disciplinario / Falta de legitimación en la causa
por activa
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala la impugnación que formula la parte demandante contra la sentencia
de 25 de noviembre de 2021, mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Cuarta,
declaró improcedente el amparo deprecado.
1. La acción de tutela
El señor Jorge Enrique Muñoz promueve acción de tutela contra la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial, por estimar vulnerados sus derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia.
1.1. Pretensiones
En protección de los derechos reclamados solicita:
1. Conceder el amparo de tutela.
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2. Revocar el injusto fallo.
3. Ordenar a la accionada a continuar con la investigación disciplinaria teniendo en
cuenta la valoración de todas y cada una de las respuestas dadas por mi patrón
Edmundo Armando Enríquez Palacios en el interrogatorio de parte.
4. Ordenar a la accionada remitir por competencia la queja disciplinaria al juez natural
de las dos magistradas, señora Clara Cecilia Dueñas Quevedo y Patricia Salazar Cuéllar,
esto es, la comisión de acusaciones de la cámara de representantes, para lo de su
competencia disciplinaria constitucional y legal.”
1.2. Hechos de la solicitud
Del confuso escrito de tutela, como hechos relevantes, se pueden extraer los
siguientes:
i) Contra los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá, Sala Tercera de Decisión
Laboral, radicó queja disciplinaria por las presuntas irregularidades cometidas en las
actuaciones adelantadas en el proceso ordinario laboral con radicado 2016-00510-01,
interpuesto contra la Estación de Servicio Mobil Llanta Baja, con el propósito de que
se declarara la existencia de un contrato de trabajo y se condenara al consecuente
pago de prestaciones sociales.
En el mismo escrito hizo reparos a las actuaciones cumplidas por los magistrados de
la Sala Laboral y Penal de la Corte Suprema de Justicia en el proceso de tutela con
radicado 2018-02046 intentada contra los magistrados de la Sala de Decisión del
tribunal en mención, en particular porque carecía de competencia para disponer la
terminación del proceso disciplinario y su archivo respecto de dichos funcionarios, toda
vez que su juez natural es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de
Representantes, a la que debió compulsar copias con el fin de que se investigaran
sus actuaciones en el proceso ordinario laboral. De otra parte, las censuras, de manera
general, se remiten a la presunta omisión en la debida valoración de la prueba obrante
en los procesos.
ii) El 8 de septiembre de 2021 la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que conoció
en primera instancia, al considerar improcedente la queja disciplinaria, ordenó el
archivo de la actuación.
1.3. Fundamentos jurídicos del accionante
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Los centró en los siguientes defectos:
1.3.1 Defecto fáctico
En cuanto se pasó por alto la valoración de la prueba de «confesión que hiciera el
señor Edmundo Armando Enríquez Palacios, mi empleador, [en el proceso ordinario
laboral] al responder evasivamente las preguntas que le hizo mi apoderado», sin
otorgarle la relevancia jurídica en ella contenida.
1.3.2. Defecto sustantivo
Manifestó que el fallo disciplinario incurrió en este defecto, pues a su juicio, desbordó
las facultades legales y usurpó competencias constitucionales que le correspondían al
juez natural, esto es, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes
del Congreso de la República, al prejuzgar acerca de la conducta de los magistrados
de la Corte Suprema de Justicia, quienes al conocer de la acción de tutela incoada
contra los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral, negaron el
recurso extraordinario de casación por ausencia del factor cuantía
Concluyó que, sin fundamento argumentativo, se declaró la improcedencia de la acción
disciplinaria, cuando conforme a la ley, lo pertinente era remitirla por competencia al
juez natural -la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes-.
1.4. Actuación procesal
La tutela de la referencia, admitida por auto del 28 de otubre de 2021, ordenó notificar
a los magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, de la Corte Suprema
de Justicia, Sala de Casación Laboral, que conocieron la acción de tutela con radicado
2018 02046, y del Tribunal Superior de Bogotá, Sala Tercera Laboral, que actuaron en
el proceso 2016 00510, para que dentro del término de dos días, y en uso de su
derecho de defensa, rindieran el respectivo informe.
1.5. Intervenciones
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1.5.1. El magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial,1 Mauricio
Fernando Rodríguez Tamayo, ponente de la decisión objeto de litis, anotó que no se
incurrió en el defecto sustantivo alegado, dado que solo se evaluó el actuar de los
magistrados del Tribunal Superior de Bogotá, Sala Tercera Laboral, sujetos respecto
de los cuales únicamente podía la Sala ejercer la potestad disciplinaria por estar
investida de la competencia legal al efecto.
Destacó que resulta inexacto afirmar que la Comisión excedió su competencia o
desconoció el principio del juez natural. Finalmente indicó que: i) no se desconoció
ninguna disposición de carácter constitucional o legal, ii) no existió una contradicción
entre las consideraciones y la parte resolutiva del proveído, y iii) no se pretendió
restringir las pretensiones del quejoso, aquí accionante.
1.5.2. El magistrado de la Corte Suprema de Justicia,2 Omar Ángel Mejía Amador,
en su calidad de presidente de la Sala Plena, solicitó declarar improcedente la tutela
que objeta la providencia del 8 de septiembre de 2021, proferida por la Comisión de
Disciplina Judicial, al evidenciar que no se advierte ninguna censura contra esa
corporación, razón por la cual se configura la falta de legitimación en la causa por
pasiva.
1.5.3. La magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, 3
Patricia Salazar Cuéllar, aclaró que esa Sala, al confirmar el 19 de marzo de 2019 el
fallo proferido el 30 de marzo de 2019 por la Sala de Casación Laboral de esa
corporación, que negó las pretensiones de la acción de tutela presentada por el señor
Jorge Enrique Muñoz contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, el
Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de esa ciudad, la Estación de Servicio Mobil Llanta
Baja y Edmundo Armando Enríquez Palacios, no vulneró derecho alguno del actor,
pues i) se profirió dentro del término previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de
1991, ii) analizó adecuadamente el problema jurídico planteado, y ii) concluyó que le
había asistido razón a la primera instancia al negar el amparo invocado.
1 Expediente digital de tutela.
2 Expediente digital de tutela.
3 Expediente digital de tutela.
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Demandante: Jorge Enrique Muñoz
1.5.4. Los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá, Sala Tercera Laboral,4
señalaron que en el proceso ordinario laboral con radicación 2016 00510 01 de Jorge
Enrique Muñoz contra la Estación de Servicio Mobil Llanta Baja, se emitió sentencia el
4 septiembre de 2018 mediante la cual se modificó el numeral primero del fallo
proferido por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito y se condenó a la demandada a
efectuar las cotizaciones al fondo de pensiones; así mismo, precisó que el 26
septiembre de 2018 se devolvió el expediente al juzgado origen.
1.6. Sentencia impugnada
El Consejo de Estado, Sección Cuarta, en sentencia del 25 de noviembre de 2021, al
declarar improcedente el amparo deprecado señaló que el accionante, si bien expresó
inconformidad con la decisión que pretende dejar sin efecto, no identificó ni acreditó la
presunta vulneración alegada, de modo que no había lugar a darle continuidad a la
acción disciplinaria; además, consideró que lo que buscaba el actor con la presente
acción, así como con la solicitud disciplinaria y la tutela que había ejercido en anterior
oportunidad, era volver a discutir el tema laboral decidido en fallo del 4 de septiembre
de 2018.
En tales condiciones, consideró que los cargos objeto de la acción no cumplían con el
requisito de procedibilidad de relevancia constitucional, pues el señor Jorge Enrique
Muñoz, lejos de exponer las circunstancias en las que la decisión disciplinaria pudo
vulnerar sus derechos fundamentales, lo que pretendía era utilizar este mecanismo
para plantear su inconformidad con la providencia que dio por terminada la actuación.
1.7. Impugnación
El accionante insistió en el alegado defecto fáctico, por estimar que la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial, en la providencia objeto de estudio, debió advertir que
los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral, no examinaron de
forma rigurosa el interrogatorio de parte rendido por su empleador, el señor Edmundo
Armando Enríquez Palacios, ni determinó siquiera si el mismo constituía confesión.
4 Expediente digital de tutela.
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2. Consideraciones de la Sala
2.1. Competencia
Esta Sala es competente de acuerdo con el numeral 8.º del Artículo 2.2.3.1.2.1 del
Decreto 1983 de 2017, para conocer del presente asunto, según el cual «[l]as acciones
de tutela dirigidas contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia y a
prevención, a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado y se resolverá por
la Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda de conformidad con el
reglamento al que se refiere el artículo 2.2.3.1.2.4 del presente decreto».
2.2. Problema jurídico
La Sala, de manera previa a dilucidar si al señor Jorge Enrique Muñoz le fueron
violados sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, deberá establecer si estaba legitimado en la causa por
activa para solicitar el amparo deprecado respecto de la decisión adoptada por la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial, mediante la sentencia del 8 de septiembre
de 2021, que ordenó la terminación del proceso disciplinario adelantado contra los
magistrados del Tribunal Superior de Bogotá, Sala Tercera Laboral y su consecuente
archivo -radicado 2016-00510-01.
Para resolver el problema así planteado, se abordarán las siguientes temáticas: i)
legitimación en la causa por activa, ii) los sujetos procesales en los procesos
disciplinarios y iii) análisis de la legitimación en la causa por activa de la accionante.
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
2.3.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia
como un medio a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera
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que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier
autoridad».
El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y, estableció en sus artículos 11, 12
y 40 la posibilidad de utilizar la acción de tutela para controvertir sentencias judiciales
ejecutoriadas, artículos que posteriormente fueron declarados inexequibles por la
Corte Constitucional en la sentencia C-543 de 1992, al considerarse que atentaban
contra los principios de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, además de trasgredir
la autonomía e independencia judicial, así como las normas de competencia fijadas
por la Constitución.
Sin embargo, dentro de la ratio decidendi de dicha sentencia, se abrió la posibilidad de
manera excepcional y como mecanismo transitorio de protección, de utilizar la acción
de tutela en casos en que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas, actuaciones
de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión pueda
causar un perjuicio irremediable», hipótesis frente a las que, señaló la Corte, no puede
hablarse de atentado contra la seguridad jurídica de los asociados.
En este criterio, la jurisprudencia constitucional ha evolucionado en torno a la
consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial, y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la
sentencia C-590 de 2005,5 en la que se hace distinción entre causales genéricas,
aquellas que hacen referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la
acción, y causales específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la
procedencia misma del amparo una vez cotejada la validez de su interposición.
De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las siguientes:
(i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) que
se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al
alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado a partir
del hecho que originó la vulneración; (iv) que cuando se trate de una irregularidad
procesal, se señale de manera clara que esta tiene un efecto decisivo o determinante
5 Reiteradas en la sentencia SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.
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en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora; (v) que ésta identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron
la vulneración así como los derechos vulnerados y que se hubiere alegado en el
proceso judicial siempre que hubiere sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias
de tutela.
El Consejo de Estado en sentencia del 31 de julio de 2012,6 unificó su jurisprudencia
en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, y admitió que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en
presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos
fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido
proceso y el derecho de defensa, para lo cual habrá de seguirse los parámetros fijados
por la ley y la jurisprudencia.
Asimismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia de 5 de
agosto de 2014,7 acogió un plazo de seis (6) meses, contados a partir de la notificación
o ejecutoria de la sentencia, según el caso, como tiempo razonable para determinar si
la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente, término de
inmediatez que debe considerarse en cada caso concreto, de acuerdo con los
parámetros señalados para el efecto por la Corte Constitucional.
2.4. Hechos probados
De conformidad con los elementos de juicio que obran dentro del expediente, se puede
establecer lo siguiente:
2.4.1. El 4 de septiembre de 2018, el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral, profirió
sentencia en segunda instancia en el proceso ordinario laboral iniciado por el señor
Jorge Enrique Muñoz contra la Estación de Servicio Mobil Llanta Baja, 8 al efecto
resolvió:
PRIMERO: MODIFICAR el numeral PRIMERO de la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto
Laboral de Bogotá, el día 5 de octubre de 2017, el cual quedará así:
6Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García González.
Expediente radicado 11001 03 15 000 2009 01328 01(IJ).
7 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Jorge Octavio Ramírez, expediente
radicado 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
8 Folios 75 a 80 expediente digital original del proceso disciplinario.
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PRIMERO: CONDENAR a la sociedad demandada a efectuar las cotizaciones a favor del
demandante en el fondo de pensiones en el cual se encuentre afiliado, junto con los
intereses moratorios a entera satisfacción del fondo por los periodos y bases salariales
como a continuación se describe:
-agosto a diciembre de 2008 con un IBC equivalente a $494.000
• febrero a diciembre de 2009 con un IBC equivalente a $494.000
• julio y agosto de 2008 con un IBC equivalente a $515.000
-marzo de 2014 y febrero de 2015 con un IBC equivalente a $1.116.166 de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia
SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia impugnada.
[…]
2.4.2. El 5 de noviembre de 2019, el señor Jorge Enrique Muñoz, radicó queja
disciplinaria contra los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral, por
presuntas irregularidades de carácter fáctico en el proceso ordinario laboral adelantado
contra la Estación de Servicio Mobil Llanta Baja, expediente radicado núm. 11001 31
004 2016 0000510 00.9
2.4.3. El 8 de septiembre de 2021, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
resolvió:10
PRIMERO: ORDENAR LA TERMINACIÓN del proceso disciplinario seguido en contra de los
doctores LUIS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ, MARCELIANO CHÁVEZ ÁVILA y MILLER
ESQUIVEL GAITÁN, en su calidad de magistrados de la Sala Tercera de Decisión Laboral
del Tribunal Superior de Bogotá, en atención a las razones anotadas en la parte
considerativa de la presente decisión. En consecuencia, se ordena el ARCHIVO de las
diligencias.
[…]
2.5. Análisis de la Sala. Caso concreto
2.5.1. Legitimación en la causa por activa
La acción de tutela constituye una herramienta procesal preferente, informal, sumaria
y expedita de protección inmediata de las garantías fundamentales, frente a
situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades
públicas, o de los particulares en casos excepcionales.
9 Folios 2 a 12 expediente digital original del proceso disciplinario.
10 Folios 184 a 200 expediente digital original del proceso disciplinario.
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De lo dispuesto por el artículo 86 de la Constitución y el Decreto 2591 de 1991 se ha
considerado por la Corte Constitucional que son requisitos mínimos para la
procedencia o estudio de fondo de la acción de tutela i) la acreditación de legitimación
en la causa (activa y pasiva), ii) trascendencia ius fundamental del asunto, iii) el
ejercicio oportuno (inmediatez) y iv) la subsidiariedad.11
Por su parte, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, determina la legitimidad e interés
para ejercer la referida acción constitucional, en los siguientes términos:
La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquier persona
vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí
misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté
en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá
manifestarse en la solicitud.
También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales.
De lo anterior se puede colegir que la acción de tutela podía ser presentada en el
presente caso por: i) la persona que considera vulnerados o amenazados sus
derechos fundamentales, ii) el representante legal, iii) el apoderado judicial, iv) el
agente oficioso y v) el defensor del pueblo y los personeros municipales. Así las cosas,
el juez debe estudiar en cada caso concreto si quien presenta el mecanismo de amparo
se encuentra legitimado en la causa por activa. Huelga advertir, desde ya, que ninguna
de las condiciones dichas las reúne el tutelante.
2.5.2. La potestad disciplinaria y los sujetos procesales en los procesos
disciplinarios
El derecho disciplinario puede concebirse como la forma jurídica de regular el servicio
público, entendido este como la organización política y de servicio, y el
comportamiento disciplinario del servidor público, estableciendo los derechos,
deberes, obligaciones, mandatos, prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades,
así como las sanciones y procedimientos, respecto de quienes ocupan cargos
11 Corte Constitucional, sentencias T-426 de 2021, T-480 de 2016, SU-377 de 2014, entre otras.
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públicos. Su finalidad no es otra que la prevención y la buena marcha de la gestión
pública, al igual que la garantía del cumplimiento de los fines y funciones del Estado
en relación con las conductas de los servidores que los afecten o pongan en peligro.
De allí que lo que se investiga y sanciona dentro de un proceso disciplinario es la
extralimitación u omisión de funciones de quienes ejercen la función pública.
El derecho disciplinario se ha definido por la Corte Constitucional como «el conjunto
de normas, sustanciales y procesales, en virtud de las cuales el Estado asegura la
obediencia, la disciplina y el comportamiento ético, la moralidad y la eficiencia de los
servidores públicos, con miras a asegurar el buen funcionamiento de los diferentes
servicios a su cargo».12
Esta Sala de Subsección ha sostenido en reiteradas providencias, 13 que si bien es
cierto que todas las personas pueden presentar quejas por la comisión de una falta
disciplinaria, también lo es que el objetivo de la acción disciplinaria que se adelanta no
se remite al amparo de los derechos del quejoso, sino a la protección de la función
pública. Al respecto, en lo pertinente, el artículo 109 de la Ley 1952 de 2019,14 dispone
que los sujetos procesales en la actuación disciplinaria son el investigado y su defensor
y el Ministerio Público, cuando la actuación se adelante en la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial.
Adicionalmente, el artículo 110 ibídem establece las facultades de los sujetos
procesales y en su parágrafo determina que la intervención del quejoso se limita
únicamente a presentar y ampliar la queja bajo la gravedad del juramento, a aportar
las pruebas que tenga en su poder y a recurrir la decisión de archivo y el fallo
absolutorio.
12 Corte Constitucional. Sentencia C- 721 de 2015.
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias i) 28 de mayo de 2020, expediente radicado
núm. 11001-03-15-000-2019-05072-01, ii) 25 de septiembre de 2017, expediente radicado núm. 25000-23-42-000-
2017-03908-01
14 Por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario. Artículo 109. Sujetos procesales en la actuación
disciplinaria. Podrán intervenir en la actuación disciplinaria, como sujetos procesales, el investigado y su defensor,
el Ministerio Público, cuando la actuación se adelante en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las
Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, o quienes hagan sus veces, o en el Congreso de la República contra
los funcionarios a que se refiere el artículo 174 de la Constitución Política. Esta misma condición la ostentarán las
víctimas de conductas violatorias de derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, así como de acoso
laboral. En ejercicio del poder de supervigilancia administrativa y cuando no se ejerza el poder preferente por la
Procuraduría General de la Nación, esta podrá intervenir en calidad de sujeto procesal.
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Demandante: Jorge Enrique Muñoz
Sumado a lo anterior, la Corte Constitucional, en sentencia C-014 de 2004, respecto a
la participación del quejoso precisa:
[…]
al quejoso no le asiste la calidad de sujeto procesal, pues se trata de la persona que
pone en movimiento el aparato administrativo o judicial del Estado con miras a la
investigación de una falta disciplinaria y la sanción de los responsables. De allí que sus
facultades de intervención en el proceso sean limitadas pues si bien puede presentar la
queja, ampliarla, aportar pruebas y recurrir la decisión de archivo de las diligencias y el
fallo absolutorio, no está legitimada para otras intervenciones procesales como las de
solicitar pruebas, recurrir las decisiones que se profieran en el proceso, distintas a las ya
indicadas, y solicitar la revocatoria directa del fallo.
2.5.3. Legitimación en la causa por activa del accionante en su calidad de
quejoso en el proceso disciplinario
Descendiendo al caso concreto, se advierte que en el presente asunto el accionante
alega el desconocimiento por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial de sus
garantías constitucionales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, al haber ordenado archivar la investigación disciplinaria en contra de los
magistrados del Tribunal Superior de Bogotá, Sala Tercera de Decisión Laboral, en la
cual actuó como quejoso, sin valorar la totalidad de las pruebas obrantes en el
expediente. También alegó falta de competencia de la Comisión Nacional para ordenar
la terminación y archivo del proceso respecto de los magistrados de la Corte Suprema
de Justicia que conocieron de la tutela con radicado 2018-02046, por estar sujetos, al
efecto, a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
La inconformidad del señor Jorge Enrique Muñoz está dirigida a señalar que la
autoridad disciplinaria incurrió en un defecto fáctico al no valorar la prueba decisiva y
relevante obrante en el expediente, de manera específica, la confesión de su
empleador el señor Edmundo Armando Enríquez Palacios.
Atendiendo el marco conceptual expuesto en párrafos precedentes, para esta Sala
resulta evidente que el quejoso en el proceso disciplinario objeto de tutela no ostenta
la calidad de sujeto procesal de conformidad con lo reglado en el artículo 109 de la Ley
1952 de 2019 y, por lo mismo, no está legitimado en la causa por activa para
controvertir la decisión de terminación y archivo de la investigación adoptada por la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial, dado que la finalidad de dicho proceso no es
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Demandante: Jorge Enrique Muñoz
proteger los derechos de quien presenta una queja, sino garantizar una correcta
administración y ejecución de la función pública. En ese contexto, las personas que
ostentan legitimación en la causa por activa para controvertir la decisión de sancionar
o terminar la investigación dentro de un proceso disciplinario son los sujetos
procesales.
La consecuencia derivada de la ausencia de la calidad de sujeto procesal impide a la
Sala hacer pronunciamiento alguno respecto de las causales específicas de
procedibilidad alegadas ante la falta de legitimación en la causa por activa del quejoso
en el proceso disciplinario ya suficientemente referenciado.
La Sala precisa que conforme a los lineamientos planteados por la Corte Constitucional
en la sentencia C-014 de 2004, el señor Jorge Enrique Muñoz no se encuentra dentro
de las excepciones contempladas por la jurisprudencia para ser tenido como sujeto
procesal cuando se está en presencia de un proceso disciplinario por razón de faltas
que constituyan violaciones al derecho internacional humanitario o al derecho
internacional de los derechos humanos.
3. Conclusión
Con fundamento en los argumentos precedentes, se declarará la falta de legitimación
en la causa por activa del accionante para reclamar ante la jurisdicción constitucional
la protección de sus garantías fundamentales.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
Falla:
Primero: Confirmar la sentencia del 25 de noviembre de 2021 que dictó el Consejo
de Estado, Sección Cuarta, mediante la cual declaró improcedente el amparo de
tutela formulado por el señor Jorge Enrique Muñoz, pero no por falta relevancia
constitucional sino por falta de legitimación en la causa por activa, conforme a la parte
considerativa que antecede.
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14
Radicado: 11001-03-15-000-2021-07230-01
Demandante: Jorge Enrique Muñoz
Segundo. Ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
CRG
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.
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