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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-07244-01

Fecha
25 de agosto de 2022
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-07244-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela proferida el 9 de diciembre de 2021 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de este fallo, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 25 Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2021-07244-01 Actor: Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2021-07244-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

25 de agosto de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2021-07244-01
Actor: Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Demandado: Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado

Tema: Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial/alcance

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso e ii) igualdad

Derechos Fundamentales Amparados: i) Debido proceso e ii) igualdad

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

Al no haber obtenido la mayoría de votos el proyecto de sentencia presentado a
consideración de la Sala por la Consejera de Estado, doctora NUBIA MARGOTH
PEÑA GARZÓN, la Sala decide la impugnación presentada por los señores
Rubén Darío Díaz Guzmán y Sandra Viviana Díaz Barrios, terceros vinculados al
presente proceso, contra la sentencia de tutela de 9 de diciembre de 2021
proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por medio del cual se
accedieron a las pretensiones del amparo.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a
continuación.

I. ANTECEDENTES
La solicitud

1. El actor, obrando mediante apoderada, presentó solicitud de tutela contra la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, porque, a su juicio, al
proferir la sentencia de 5 de marzo de 2021, dentro del proceso adelantado en

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Actor: Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

ejercicio del medio de control de reparación directa identificado con el número
único de radicación 25000-23-26-000-2008-10137-01, vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso y a la igualdad.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:

3. Indicó que el señor Rubén Darío Díaz Guzmán y su núcleo familiar presentaron
demanda contra la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de la
Administración Judicial y Fiscalía General de la Nación, en ejercicio del medio de
control de reparación directa, con el fin de que se les declarara
administrativamente responsables por los daños y perjuicios ocasionados, como
consecuencia de la privación injusta de la libertad del que fuera víctima el señor
Rubén Darío Díaz Guzmán.

4. La Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca mediante sentencia de 17 de agosto de 2012, resolvió negar las
pretensiones de la demanda.

Sentencia proferida el 5 de marzo de 2021 por la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado dentro del proceso de reparación directa
identificado con el número único de radicación 25000-23-26-000-2008-10137-
01

5. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante
sentencia de 5 de marzo de 2021, resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: REVOCAR la Sentencia proferida el 17 de agosto de 2012 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, en
Descongestión, que negó las pretensiones de la demanda.

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Actor: Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

SEGUNDO: DECLARAR a la Nación – Fiscalía General de la Nación y a la Nación
• Rama Judicial administrativamente responsables del daño ocasionado a los
demandantes, con ocasión de la privación injusta de la libertad de Rubén Darío
Díaz Guzmán por el periodo de 27 meses y 1 día.

TERCERO: CONDENAR a la Nación – Fiscalía General de la Nación y a la Nación
• Rama Judicial a pagar, a título de reparación por los perjuicios morales, los
siguientes valores:

Indemnización a
Indemnización a
Indemnización cargo de la
Demandante cargo de la
total Fiscalía General
Rama Judicial
de la Nación
Rubén Darío Díaz Guzmán 100 SMLMV 61.55 SMLMV 38.44 SMLMV
Lucila Barrios Celis 100 SMLMV 61.55 SMLMV 38.44 SMLMV
Sandra Viviana Díaz
100 SMLMV 61.55 SMLMV 38.44 SMLMV
Barrios
Diana Carolina Díaz
100 SMLMV 61.55 SMLMV 38.44 SMLMV
Barrios
Alejandra Díaz Barrios 100 SMLMV 61.55 SMLMV 38.44 SMLMV

CUARTO: ORDENAR a la Nación – Fiscalía General de la Nación y a la Nación -
Rama Judicial a emitir, dentro del mes siguiente a la ejecutoria de esta
providencia, un comunicado en el cual reconozca el daño antijurídico que causó y
pida perdón por la afectación al buen nombre de Rubén Darío Díaz Guzmán, en
los términos expuestos en esta decisión.

QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda […]”.

6. Consideró que:

“[…] Identificación del daño

a. Daño consistente en la afectación al derecho de libertad

1. La Sala encuentra probado que, Rubén Darío Díaz Guzmán sufrió un daño
derivado de la privación de su libertad, que se cumplió en un centro carcelario, la
cual se prolongó desde el 1 de enero de 2003, hasta el 31 de marzo de 2005, es
decir, por un periodo de 27 meses y 1 día. Es importante precisar que, si bien la
parte demandante indicó que la detención tuvo lugar desde el 11 de diciembre de
2002, hasta el 9 de julio de 2005, lo cierto es que el periodo de reclusión que se
probó fue el anteriormente señalado, por lo que se tendrá en cuenta aquél lapso
para el análisis de la responsabilidad del Estado.

b. Daño consistente en la afectación al derecho al buen nombre

2. La Sala considera que toda privación injusta de la libertad trae consigo una
intensa vulneración del derecho al buen nombre de quien la padeció. En efecto, el
ejercicio del ius puniendi del Estado se sustenta en la confianza legítima de toda la

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población, que lo acata porque presume su corrección. Por tanto, cuando la
sociedad tiene conocimiento de la imposición de una medida de aseguramiento de
detención preventiva en contra de un ciudadano, asume que el Estado tenía serios y
razonables indicios de su responsabilidad. Además, entiende que dicha persona no
podía defenderse de esos cargos estando en libertad, como quiera que su conducta
o posición específica ponía en riesgo el proceso o a la propia comunidad. De
manera que, la reclusión de Rubén Darío Díaz Guzmán también generó un daño
consistente en el menoscabo en su reputación y la afectación de su imagen en su
entorno social.

2.3. Análisis del daño especial

3. En este caso no se aportó al proceso la providencia que decretó la medida
de aseguramiento en contra de Rubén Díaz, por lo que no es posible realizar un
análisis de dicha decisión con el fin de constatar si se profirió de manera legal o no.
No obstante, dado que la Sala advierte la probabilidad de que haya ocurrido un
daño especial, se estudiará el caso bajo este régimen objetivo de responsabilidad.

4. En la Sentencia de 12 de septiembre de 2005, el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala Penal, absolvió a Rubén Díaz por la
conducta por la que fue acusado. En esa decisión, el juez indicó que no estaba
demostrada la pertenencia del procesado al grupo de “limpieza social”, toda vez
que, por una parte, la fiscalía, al momento de calificar el sumario, precluyó la
investigación por el delito de homicidio, de modo que los señalamientos que
fundamentaron la imputación de ese delito no podían sustentar el juzgamiento por
la supuesta pertenencia del acusado a un grupo armado ilegal, dado que implicaría
el desconocimiento de la referida decisión.

5. Por otra parte, las únicas pruebas que sugerían la responsabilidad de
Rubén Díaz por el delito de concierto para delinquir consistían en testimonios
imprecisos que no brindaban la certeza suficiente para condenar. Así, concluyó que
“el material probatorio que pesa en contra de los acusados (…) Y RUBÉN DARÍO
DÍAZ GUZMÁN, se considera que no es suficiente, a la luz de las exigencias
contenidas en el inciso 2° del artículo 232 de la Ley 600 de 2000, para proferir
sentencia condenatoria en su contra”.

6. La Sala observa que, en el proceso penal no se demostró que Rubén Díaz
concertara con otras personas la comisión de conductas delictivas, por lo que, en
aplicación del principio de in dubio pro reo, fue exonerado de responsabilidad penal.
Lo anterior significa que el Estado nunca desvirtuó la presunción de inocencia del
procesado. Por lo tanto, la Sala declarará la responsabilidad del Estado por la
privación injusta de la libertad del demandante, al encontrar que le ocasionó un
daño particular y grave que se tornó antijurídico por la imposibilidad que surgió
dentro del proceso de justificar definitivamente la restricción de su derecho a la
libertad.

2.4. Entidad a la que se le imputa el daño

7. La Sala no advierte la configuración de la culpa exclusiva de la víctima,
causal eximente de responsabilidad posible en materia de privaciones injustas de la

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libertad. El demandante, en efecto, no desplegó ninguna actuación de la cual se
pueda predicar su incidencia en la causación del daño.

8. El proceso penal seguido en contra de Rubén Darío Díaz Guzmán se
adelantó en vigencia de la Ley 600 de 2000, por lo que, en atención a las etapas del
proceso penal y de conformidad con el artículo 400 de dicha normativa1, el
procesado estuvo detenido a cargo de la Fiscalía General de la Nación, desde el
momento de la captura, hasta la fecha de ejecutoria de la Resolución de acusación,
momento desde el cual adquieren competencia los jueces encargados del
juzgamiento. Además, estuvo a disposición de la Rama Judicial, a partir de esta
última fecha hasta el momento en que recuperó su libertad.

9. En ese orden de ideas, si bien en el expediente no obra la Resolución de
acusación, así como tampoco la constancia de ejecutoria de esa decisión, el daño le
será imputado a la Fiscalía General de la Nación, desde el 1 de enero de 2003,
fecha en que el demandante fue detenido, hasta el 22 de agosto 2003, fecha en que
se infiere quedó en firme la resolución de acusación2. Además, se le imputará a la
Rama Judicial el periodo comprendido desde el 23 de agosto de 2003, hasta el 31
de marzo de 2005, fecha en que el procesado recuperó su libertad en virtud de la
Sentencia absolutoria dictada a su favor […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

7. El actor solicitó en su escrito de tutela:

“[…] 1. Se amparen los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a
la contradicción y a la igualdad al condenarse de forma arbitraria a la Rama

1 Ley 600 de 2000, Artículo 400. Apertura a juicio. “Con la ejecutoria de la resolución de acusación comienza
la etapa del juicio y adquieren competencia los jueces encargados del juzgamiento y el Fiscal General de la
Nación o su delegado la calidad de sujeto procesal.// Al día siguiente de recibido el proceso por secretaría se
pasarán las copias del expediente al despacho y el original quedará a disposición común de los sujetos
procesales por el término de quince (15) días hábiles, para preparar las audiencias preparatoria y pública,
solicitar las nulidades originadas en la etapa de la investigación y las pruebas que sean procedentes”.
2
En la Sentencia absolutoria proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cundinamarca se indicó
que la fiscalía profirió resolución de acusación el 12 de agosto de 2003. De manera que, si se tienen en
cuenta los artículos 178 y 179 de la Ley 600 de 2000 –norma procesal vigente para el momento en que se
dictó esta decisión-, que regulan las notificaciones, personal y por estado, de una providencia interlocutoria,
dicha resolución debió quedar, por lo menos, ejecutoriada el 22 de agosto de 2003. En efecto, según dicha
legislación, primero, se intentará realizar la notificación personal de la providencia, dentro de los 3 días
siguientes a la fecha de su expedición -en este caso, 13, 14 y 15 de agosto-. Si los sujetos procesales no
concurren, se notificará por estado tres días después de la fecha en la que se efectuó la citación, la cual debía
realizarse, a más tardar, el día hábil siguiente a la fecha de la providencia -13 de agosto-. Por tanto, la fijación
del estado debía hacerse el 19 de agosto y, después, correría el término de ejecutoria, es decir, 20, 21 y 22 de
agosto. Por tanto, este último día habría quedado ejecutoriada la resolución de acusación, por lo que al día
siguiente la fiscalía perdió competencia para continuar con la instrucción del caso seguido en contra del
entonces procesado.

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Judicial, dentro del expediente de reparación directa No.
25000232600020081013701 en el que actúa como demandantes del señor Rubén
Darío Díaz Guzmán y otros y demandada la Nación – Rama Judicial y Nación -
Fiscalía General De La Nación.

2. Como consecuencia de lo anterior, se deje sin valor y efecto la sentencia de
fecha 5 de marzo de 2021, dentro del proceso de reparación directa No.
25000232600020081013701 en el que actúan como demandantes señor Rubén
Darío Díaz Guzmán y otros, se ordene, por consiguiente, a la Sección Tercera,
Subsección “B” del Consejo de Estado proferir un nuevo fallo en el que se
denieguen las pretensiones de la demanda.

3. En caso de no considerarse lo anterior, se ordene la Sección Tercera,
Subsección “B” del Consejo de Estado, confirmar el fallo proferido por el a -quo,
por las razones y argumentos expuestos por dicha instancia judicial […]”.

8. El actor en su escrito de tutela señaló que la autoridad judicial accionada incurrió
en un i) defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, ii) en un
defecto fáctico, iii) en un defecto sustantivo por aplicación indebida del artículo
70 de la Ley 270 de 7 de marzo de 19963 y 63 del Código Civil; y iv) en un defecto
procedimental por desconocimiento del principio de congruencia.

Actuación

9. La Sección Cuarta del Consejo de Estado, por auto de 28 de octubre de 2021; i)
admitió la acción de tutela, ii) ordenó notificar a los magistrados de la Subsección
B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, y iii) vinculó a la Fiscalía General
de la Nación y a los señores Rubén Darío Díaz Guzmán, Lucila Barrios Triana,
Sandra Viviana Díaz Barrios, Diana Carolina Díaz Barrios y Alejandra Díaz Barrios
en calidad de terceros con interés legítimo, concediéndoles el término de tres (3)
días para que rindieran informe sobre el particular.

Intervenciones de la demandada y de los terceros con interés legítimo

10.La Fiscalía General de la Nación expresó que la autoridad judicial accionada,
al proferir la sentencia de 5 de marzo de 2021 desconoció el precedente fijado en
las sentencias C-037 de 1996 y SU-072 de 2018, proferidas por la Corte
Constitucional, dado que no analizó si la medida de aseguramiento había sido

3
“Estatutaria de la administración de justicia”.

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arbitraria, desproporcional o irracional, como tampoco estudió la eximente de
responsabilidad de la culpa exclusiva de la víctima.

11. Los señores Rubén Darío Díaz Guzmán y Sandra Viviana Díaz Barrios
expresaron lo siguiente:

“[…] Solicito muy respetuosamente a esta Honorable Corporación Judicial, que
digne NEGAR todas y cada una de las PETITUM solicitada por la accionante en
los numerales 1, 2 y 3 de su libelo, en virtud que esta acción de tutela ES
IMPROCEDENTE, toda vez que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
pretende liberarse del pago de la condena impuesta por el Honorable Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B, en fallo de fecha 5 de marzo de 2021,
utilizando el Trámite Tutelar como una instancia adicional al proceso ordinario, lo
que desconoce el carácter residual de este mecanismo constitucional, que está
constituido para proteger derechos fundamentales mas no para discutir la
discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial […]”.

12. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado indicó lo
siguiente:

“[…] Se considera que la providencia y el expediente de la respectiva acción de
reparación directa, contienen los argumentos y elementos necesarios para que el
juez de la acción de tutela tome la decisión que en derecho corresponda. En
consecuencia, el suscrito magistrado, en mi condición de ponente del fallo objeto
de esta acción de tutela, estaré presto a atender lo que disponga la Sala que
decida la acción constitucional […]”.

La sentencia impugnada

13. La Sección Cuarta del Consejo de Estado mediante sentencia de 9 de
diciembre de 2021, resolvió lo siguiente:

“[…] 1. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad de
la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

2. Dejar sin efecto la sentencia del 5 de marzo de 2021, dictada por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B.

3. Ordenar al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, que, en el
término de 20 días, contados a partir de la notificación de esta decisión, dicte
sentencia de reemplazo, en la que deberá tener en cuenta las inconsistencias
identificadas en la parte considerativa de la presente sentencia […]”.

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14. Consideró que:

“[…] 5.1. A juicio de la Sala, es evidente el desconocimiento de las reglas de
interpretación fijadas en las sentencias C-037 de 1996 y SU-072 de 2018,
proferidas por la Corte Constitucional. Veamos.

5.1.1. La autoridad judicial demandada ni siquiera puso de presente la existencia
de las sentencias C-037 de 1996 y SU-072 de 2018, que fijaron reglas de
interpretación sobre la responsabilidad del Estado por privación injusta de la
libertad. En la parte considerativa no se advierte ninguna referencia a las sub
reglas fijadas por la Corte Constitucional en dichas providencias.

5.1.2. Contra lo exigido en las sentencias dictadas por la Corte Constitucional, la
sentencia cuestionada no hace un análisis de proporcionalidad, razonabilidad,
necesidad y legalidad de la medida de aseguramiento. La sentencia cuestionada
se limita a aplicar el régimen objetivo de daño especial, pero no hace un análisis
sobre la justificación de la medida de aseguramiento privativa de la libertad.

5.1.3. A juicio de la Sala, el caso debió analizarse, primero, desde la perspectiva
del régimen de falla en el servicio, pues no se dieron las condiciones para aplicar
un régimen de responsabilidad objetivo, como el daño especial. Las reglas de
interpretación fijadas por la Corte Constitucional limitan la aplicación del régimen
objetivo a los casos en que no existe tipicidad objetiva o cuando el hecho punible
no existió, cosas que no ocurren en este caso. Al respecto, la sentencia SU-072 de
2018 señala lo siguiente:

Esta Corporación comparte la idea de que en dos de los casos deducidos por el
Consejo de Estado –el hecho no existió o la conducta era objetivamente atípica- es
posible predicar que la decisión de privar al investigado de su libertad resulta
irrazonable y desproporcionada, luego, para esos eventos es factible aplicar un
título de atribución de carácter objetivo en el entendido de que el daño antijurídico
se demuestra sin mayores esfuerzos.

En efecto, estando en ciernes la investigación, el ente acusador debe tener claro
que el hecho sí se presentó y que puede ser objetivamente típico, luego, en este
tipo de casos el juez administrativo puede ser laxo desde el punto de vista
probatorio y valorativo, en tanto en estas circunstancias es evidente que la
Fiscalía, hoy los jueces, disponen de las herramientas necesarias para definir con
certeza estos dos presupuestos y, en tal virtud, deberá ser la administración la que
acredite que fueron causas ajenas e irresistibles a su gestión, las que propiciaron
la imposición de la medida.

Nótese que en el primer evento basta con desplegar todo el aparato investigativo
para establecer si fenomenológicamente hubo una alteración de interés jurídico
penal. No puede, entonces, el juez o el fiscal imponer una medida privativa de la
libertad mientras constata esta información, dado que esta debe estar clara desde
los albores de la investigación. No en vano las diferentes normativas procesales
han elaborado un esquema del cual hace parte una fase de indagación
encaminada, entre otros propósitos, a establecer justamente si se presentó un
hecho con trascendencia en el derecho punitivo que pueda ascender a la categoría
de conducta punible.

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El segundo evento es una tarea que reviste una mayor sencillez en tanto depende
solo de un criterio jurídico esencialmente objetivo; se trata de un cotejo entre la
conducta que se predica punible y las normas que la tipificarían; de esa manera,
muy pronto debe establecer el Fiscal o el juez si la conducta encaja en alguna de
las descripciones típicas contenidas en el catálogo punitivo.

Lo anterior implica que en las demás eventualidades que pueden presentarse en
un juicio de carácter penal, no pueda asegurarse, con la firmeza que exige un
sistema de responsabilidad estatal objetivo, que la responsabilidad del Estado es
palmaria y que bastaría con revisar la conducta de la víctima.

5.1.4. La Sala resalta que, en este caso, el análisis exigido por las sentencias de la
Corte Constitucional es frente a la providencia que decreta la medida de
aseguramiento y no frente a la sentencia que finalizó el proceso penal y absolvió al
señor Díaz Guzmán. En definitiva, la privación de la libertad del señor Díaz
Guzmán fue consecuencia de la providencia de la medida de aseguramiento y es
para ese momento que debe verificarse la razonabilidad de la medida privativa de
la libertad.

5.2. Siendo así, queda resuelto el problema jurídico: la sentencia del 5 de marzo
de 2021, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B,
desconoció las reglas de interpretación fijadas en las sentencias C-037 de 1996 y
SU-072 de 2018, proferidas por la Corte Constitucional. Por consiguiente, serán
amparados los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad de la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, se dejará sin efecto la sentencia
cuestionada y se ordenará a la autoridad judicial demandada que, en el término de
20 días, dicte sentencia de reemplazo, en la que tendrá en cuenta las falencias
identificadas en precedencia […]”.

La impugnación

15. Los señores Rubén Darío Díaz Guzmán y Sandra Viviana Díaz Barrios
impugnaron la sentencia proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
En ese orden de ideas, expresaron lo siguiente:

“[…] Así, se advierte que el cambio retroactivo de precedentes afecta de
manera directa y grave la libertad de la persona, entendida como la
autónoma ordenación del decurso de sus actividades vitales según los
pareceres individuales. Si se admite que ese ideal de autonomía se realiza
en la medida en que los individuos cuentan con suficiente información
normativa relevante, certera y accesible para trazar su plan de vida y obrar
conforme al marco de las expectativas normativas que han captado del
ordenamiento, una aplicación retroactiva viola tal libertad al envolver la
aplicación de consecuencias jurídicas no previsibles a hechos anteriores
respecto de los cuales la persona no puede reaccionar y defrauda su
convicción de haber obrado conforme a derecho, pues un cambio

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retroactivo impide tener certeza sobre el estatus jurídico de sus actos
pasados […]”.

[…]

“[…] 4.31.- Criterio de la Sección Tercera del Consejo de Estado. Sala
Plena y Subsecciones. La Sala Plena de la Sección Tercera en fallo de 4 de
mayo de 201121 dio continuidad al precedente sentado por la Sala Plena
Contenciosa en el fallo que se viene de citar en un caso relativo a la
interposición de una acción de reparación directa radicada el 13 de
noviembre de 1998 con la que pretendían los interesados la declaratoria de
responsabilidad y la reparación de perjuicios en razón a los daños
causados por el no pago oportuno de unas cesantías previamente
reconocidas por el Departamento del Cauca.

4.32.- En su parte considerativa el fallo dio cuenta de las consideraciones
jurídicas relevantes del proveído de Sala Plena de 27 de marzo de 2007 y
abonó razones propias para reforzar esa orientación jurisprudencial:

“En definitiva, el acceso efectivo a la justicia no puede asegurarse sobre la
base de criterios inciertos acerca de la manera como se pueden hacer valer
las pretensiones. De ahí que si la jurisprudencia de un órgano de cierre, en
un momento determinado señaló un derrotero y este es seguido por el
usuario de la administración de justicia en materia de la acción pertinente
para demandar, no puede luego sorprenderse a éste último como (sic)
abruptos cambios jurisprudenciales, que en últimas comprometan el núcleo
esencial de su derecho fundamental de libre acceso a la jurisdicción” 22
(Resaltado propio).

4.33.- Para concluir, en el caso concreto, que la acción de reparación
directa incoada era el mecanismo procesal idóneo y el asunto debía ser
conocido de fondo toda vez que el demandante “actuó en acatamiento de la
tesis jurisprudencial que existía en ese momento”, lo que, a la postre,
condujo a la declaratoria de responsabilidad de la Entidad demandada y el
resarcimiento de los respectivos perjuicios derivados por el pago tardío de
las cesantías. Es de rigor poner de presente que esta línea de pensamiento
ha sido seguida por las Subsecciones de la Sección en casos similares al
glosado.

4.34.- Criterio de la Sección Quinta del Consejo de Estado. Finalmente
sobre esta temática es menester dejar registro del fallo dictado el 7 de junio
de 201624 por la mencionada Sección en el marco de un medio de control
de nulidad electoral en la cual, al margen de las cuestiones de fondo allí
abordadas, la Sala unificó jurisprudencia sobre “(i) la definición del extremo
temporal inicial de la incompatibilidad prevista, para alcaldes y
gobernadores, en los artículos 31.7 y 32.7 y 39 de la Ley 617 de 2000, (ii) el
alcance de la aplicación de los principios pro homine y pro electoratem en
materia electoral y (iii) los efectos de la declaratoria de nulidades
electorales por vicios subjetivos” y advirtió a la comunidad en general que
las consideraciones expuestas en la providencia atinentes a esos tópicos
constituyen precedente “y tendrán aplicación hacia futuro”.

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4.35.- De esta manera, el juez electoral al precisar sus criterios
jurisprudenciales lo ha hecho con efectos prospectivos o a futuro, esto es,
pregonando expresamente que los parámetros allí fijados constituyen
precedente para los sucesos que ocurran a partir de la fecha.

4.36.- Conclusión. Todo lo que se viene de exponer reafirma de manera
clara y coherente una línea de pensamiento que puede ser resumida en las
siguientes ideas: (i) Es deber del Juez y la Administración, al momento de
identificar y construir la norma de conducta y de juicio, aplicar los criterios
jurisprudenciales vigentes para la fecha de los hechos que fundan la
controversia, pues éstos hacen parte del marco de legalidad histórica a ser
observado, (ii) Es criterio general, no limitado a expresos y singulares casos
puntuales, que todo cambio de precedente jurisprudencial, referido a
competencias estatales, derechos o mecanismos de protección, debe ser
adoptado e interpretado con efecto prospectivo o a futuro, (iii) Siempre que
se alegue por uno de los sujetos procesales una situación de tránsito
jurisprudencial, ello debe ser considerado expresamente por tales
autoridades a los fines de verificar tal situación y determinar cuál era el
criterio jurídico fijado para entonces, sin perjuicio del deber oficioso de la
autoridad de aplicar el derecho vigente, (iv) la misma naturaleza de lo que
se viene de decir impone precisar que esa protección a la confianza
legítima sólo se puede atribuir a la existencia de un criterio jurídico bien
formado en la jurisprudencia, ora por su reiteración o por estar fundado en
una decisión de unificación de jurisprudencia del Consejo de Estado, de ahí
que no se pueda predicar esa misma certeza cuando se advierten tesis
imprecisas o contradictorias en la Corporación26 y (v) la retroactividad del
precedente viola la cláusula de Estado de Derecho y el deber general del
Estado de respeto a las garantías judiciales, debido proceso, libertad e
igualdad y, por contera, a la confianza legítima creada de manera objetiva
por las autoridades estatales en el desarrollo de sus actos […]”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

16. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 32 del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991, por
el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 20214 y en armonía con el Acuerdo 377 del 11 de diciembre de 20185 y
con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, que asigna a esta
sección el conocimiento de las acciones de tutela.
4
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
5 “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.”

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Generalidades de la acción de tutela

17. La acción de tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y
sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos
constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por
las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente
señalados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se
utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problemas Jurídicos

18. En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala
consisten en: i) determinar si, en efecto, es procedente la acción de tutela
acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra sentencias judiciales, y de ser así, ii) establecer si la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, al proferir la
sentencia de 5 de marzo de 2021 dentro del proceso de reparación directa
identificado con el número único de radicación 25000-23-26-000-2008-10137-01,
incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, lo
que trajo como consecuencia que declarara la responsabilidad del Estado por la
privación injusta de la libertad de la que fue víctima el señor Rubén Darío Díaz
Guzmán.

19. Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los
siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a providencias
judiciales; ii) requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de
tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) análisis del cumplimiento
de los requisitos de procedibilidad en el caso concreto; iv) el defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial; v) marco normativo y jurisprudencial del

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derecho fundamental al debido proceso; vi) marco normativo y jurisprudencial del
derecho fundamental a la igualdad; vii) análisis del caso concreto y finalmente las
viii) conclusiones de la Sala.

Procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales

20. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello6, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena, en sentencia del 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derecho fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la Ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela
cuando se dirige contra providencias judiciales

21. Esta Sección7 adoptó como parámetros a seguir los indicados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de
los demás pronunciamientos que esta Corporación ha elaborado sobre el tema.

22. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción
constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos

6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de
2012, C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02.
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de
2012, C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02.

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causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.

23. Además de estas exigencias, la Corte, en la mencionada sentencia C–590 de
2005, precisó que era imperioso acreditar la existencia de unos requisitos
especiales de procedibilidad, que el propio Tribunal Constitucional los ha
considerado como las causales concretas que “de verificarse su ocurrencia
autorizan al juez de tutela a dejar sin efecto una providencia judicial”8.

24. Así pues, el juez debe comprobar la ocurrencia de al menos uno de los
siguientes defectos: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o
sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente; y viii) violación directa de la Constitución.

25. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole
de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión”9 que encaje en dichos
parámetros.

26. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

8
Corte Constitucional. Sentencia T- 619 de 3 de septiembre de 2009, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
9 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.

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27. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201410.

Análisis del cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la acción de
tutela en el caso concreto

28. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005,
proferida por la Corte Constitucional.

29. En el caso bajo examen la Sala examinará si la acción de tutela cumple con
los requisitos generales de procedibilidad, así:

29.1. Es evidente que la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional,
comoquiera que se controvierte la vulneración de los derechos fundamentales del
actor al debido proceso y a la igualdad.

29.2. La Sala debe hacer énfasis, en que en el presente caso se cumple con el
requisito de la relevancia constitucional dentro del marco de la acción de tutela
contra providencias judiciales, i) toda vez que se trata de la posible afectación de
los derechos fundamentales citados supra, y además, ii) el actor cumplió con la
carga argumentativa mínima en dar las razones jurídicas por las cuales la
autoridad judicial accionada incurrió en un posible defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial.

29.3. Para la Sala exigirle a la parte actora una carga argumentativa mínima se
justifica, toda vez que si bien es cierto la acción de tutela goza de la característica
principal de la informalidad que se fundamenta en el mandato constitucional de la

10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P
Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.

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prevalencia del derecho sustancial sobre las formas procesales11, en el escenario
del amparo contra providencias judiciales, cuando esta prospera se afecta el
principio de la cosa juzgada, por lo que el juez constitucional sólo puede remover
dicha cosa juzgada de una sentencia o auto, cuando se evidencia a través de la
argumentación jurídica del actor, que realmente el operador judicial profirió una
providencia arbitraria e irrazonable, que implicó la vulneración de derechos
fundamentales.

29.4. Cumplió con el principio de inmediatez12.

29.5. No existen medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial eficaces
y eficientes con los cuales el actor pueda lograr la protección de los derechos
invocados.

29.8. El actor identificó los hechos y los derechos cuya vulneración alega; y

29.9. No se trata de una acción de tutela contra sentencia de tutela.

Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial

30. La Sala considera que es necesario señalar que en nuestro ordenamiento
jurídico se han desarrollado en torno a las decisiones judiciales, entre otras, las
siguientes figuras jurisprudenciales: la doctrina probable, el antecedente
jurisprudencial, el precedente jurisprudencial, la sentencia de unificación y la
extensión de la jurisprudencia.

31. Dichas figuras encuentran su fundamento legal en los artículos 4.º de la Ley
169 de 31 de diciembre de 189613 y el 270 de la Ley 1437 de 18 de enero de

11
“Artículo 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las
actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el
derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será
sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.”
12
Puesto que se interpuso antes de que transcurrieran (6) meses después de notificada la providencia de 5 de
marzo de 2021 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
13
“Sobre reformas judiciales”. (Doctrina probable).

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2011 ; así como su respaldo jurisprudencial las sentencias C-836 de 200115; C-
14

816 de 201116; C-179 de 201617; y T-102 de 201418.

32. En relación con esta causal, la Corte Constitucional”19 ha desarrollado,
ampliamente, el concepto del precedente judicial, señalando que es el “[…]
conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver que por su
pertinencia para la resolución de un problema jurídico constitucional, debe
considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de
dictar sentencia […]”, que busca asegurar la eficacia de los principios y derechos
fundamentales a la igualdad, a la buena fe, a la seguridad jurídica y a la confianza
legítima que, a su vez, garantizan la protección del debido proceso y el acceso
efectivo a la Administración de Justicia.

33. Lo anterior encuentra su fundamento en el criterio desarrollado por la Corte
Constitucional20, según el cual la actividad interpretativa que se realiza con
fundamento en el principio de la autonomía judicial está supeditada al respeto del
derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, lo que supone, necesariamente
que, en casos análogos, los funcionarios judiciales se encuentran atados en sus
decisiones, por la regla jurisprudencial que, para el asunto concreto, se haya fijado
por el funcionario de superior jerarquía (precedente vertical) o por el mismo juez
(precedente horizontal).

34. Sin embargo, la misma Corte ha precisado que, salvo en materia
constitucional, cuya doctrina es obligatoria21, la regla del respeto del precedente

14
“se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de
Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar
jurisprudencia; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de
revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de
2009”.
15
Corte Constitucional, sentencia C – 836 de 9 de agosto de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
16
Corte Constitucional, sentencia C – 816 de 1 de noviembre de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo.
17
Corte Constitucional, sentencia C – 179 de 13 de abril de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
18
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. (Antecedente jurisprudencial).
19 Corte Constitucional. Sentencia T-482 de 13 de junio de 2011,M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
20 Sentencia T- 760A de 10 de octubre de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
21 Ver Corte Constitucional, sentencias C-083 de 1 de marzo de 1995,M.P. Carlos Gaviria Díaz, C-037 de 5
de febrero de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y SU-640 de 5 de noviembre de 1998, M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz.

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no es absoluta, debido a que la interpretación judicial no puede tornarse inflexible
frente a la dinámica social, ni petrificarse, o convertirse en el único criterio
tendiente a resolver una situación concreta.

35. Lo anterior se traduce en el reconocimiento de un conjunto de supuestos en
los cuales resulta legítimo apartarse del precedente judicial vigente, desarrollados
jurisprudencialmente y recogidos en pronunciamientos anteriores de la Sala22, a
saber: i) la disanalogía o falta de semejanza estricta entre el caso que origina el
precedente y el que se resuelve con posterioridad; ii) una transformación
significativa de la situación social, política o económica en la que se debe aplicar
la regla definida con anterioridad con fuerza de precedente; iii) un cambio en el
orden constitucional o legal que sirvió de base a la toma de las decisiones
adoptadas como precedentes; iv) la falta de claridad o consistencia en la
jurisprudencia que debe ser tomada como referente, y, v) la consideración que
esa jurisprudencia resulta errónea, por ser contraria a los valores, objetivos,
principios y derechos en los que se fundamenta el ordenamiento jurídico.

36. En efecto, la Sala23 ha reconocido que, “en los eventos referidos, el juez que
se separa del precedente asume una especial carga de argumentación, en virtud
de la cual debe exponer, de manera clara, razonada y completa, las razones en
las que fundamenta el cambio de posición jurisprudencial24”, para lo cual
resulta obligatorio referirse a este –al precedente-, analizarlo respecto del caso
concreto y fundamentar con suficiencia los motivos y las normas en que se
sustenta la decisión de apartarse.

37. Por último, debe hacerse énfasis, en que la labor judicial que llevan a cabo los
órganos de cierre como lo son: la i) Corte Constitucional, ii) el Consejo de Estado y
iii) la Corte Suprema de Justicia, cuando establecen o fijan el alcance de una
disposición normativa, crean reglas y sub reglas jurisprudenciales, que deben

22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 13 de marzo de
2013, C.P. Guillermo Vargas Ayala, número único de radicación: 11001-03-15-000-2012-02074-00.
23 ibídem.
24 Corte Constitucional, Sentencias T-1625 de 23 de noviembre de 2000, M.P. Martha Victoria Sáchica
Méndez y T-161 de 8 de marzo de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

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ser tenidas en cuenta por todos los jueces, cuando: a) se evidencie que los
hechos del caso sean equiparables a los resueltos anteriormente y b) que la ratio
decidendi resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido
proceso

38. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

39. Atendiendo a que, la Corte Constitucional ha definido el derecho al debido
25

proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una
actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus
derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que
“[…] En virtud del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en
forma omnímoda, sino dentro del marco jurídico definido democráticamente,
respetando las formas propias de cada juicio y asegurando la efectividad de
aquellos mandatos que garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus
derechos[…]” de manera que ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene
como propósito “[…] la defensa y preservación del valor material de la justicia, a
través del logro de los fines esenciales del Estado, como la preservación de la
convivencia social y la protección de todas las personas residentes en Colombia

25
Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo.

25

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en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y
artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad

40. Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.

41. Atendiendo a que la Corte Constitucional ha entendido que el derecho a la
26

igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de
igualdad ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.

26
Corte Constitucional, sentencia C-178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.

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Análisis del caso en concreto

42. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.

43. La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes,
de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176
del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la
certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que
en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados en los
escritos de tutela e impugnación.

Acervo y análisis probatorios

44. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra el
siguiente documento:

44.1. Copia de la sentencia proferida en segunda instancia por la Subsección B de
la Sección Tercera del Consejo de Estado, el 5 de marzo de 2021 dentro del medio
de control de reparación directa identificado con el número único de radicación
25000-23-26-000-2008-10137-01.

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Solución del caso concreto

Análisis del presunto defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente judicial

45.El actor en su escrito de tutela señaló que la autoridad judicial accionada se
apartó del precedente judicial establecido en las Sentencias C-037 de 199627 y
SU-072 de 201828 proferidas por la Corte Constitucional.

46.En ese orden de ideas, la Sala debe efectuar el respectivo análisis de las
sentencias C-037 de 1996 y SU-072 de 2018 proferidas por la Corte
Constitucional, para concluir si la autoridad judicial demandada al resolver el caso
concreto desconoció dichos precedentes judiciales.

Sentencia SU-072 de 2018

47.Le correspondió a la Corte Constitucional revisar dos29 tutelas con similitud de
hechos y pretensiones, relacionadas con la revisión de acciones de tutela
presentadas contra providencias que analizaron la responsabilidad del Estado por
la adopción de medidas de aseguramiento respecto de las cuales, con
posterioridad se dispuso la libertad inmediata, en virtud del principio de in dubio
pro reo.

48.El problema jurídico planteado en dicha providencia consistió en determinar si
la autoridad judicial había incurrido en un defecto sustantivo al aplicar un régimen
de responsabilidad objetiva para resolver la demanda de reparación directa, y si se
incurrió en defectos orgánico y fáctico, por un tema de competencia y la no
valoración de una prueba documental aportada en copia simple.

27
Corte Constitucional, Sentencia C-037 de 5 de febrero de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
28
Corte Constitucional, Sentencia SU-072 de 5 de julio de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
29
T – 6.304.188 y T – 6.390.556

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49.En la providencia se realizó una breve reseña sobre los antecedentes de la
responsabilidad del Estado, para concluir que: “[…] En el caso de la privación
injusta de la libertad la Corte, ciñéndose exclusivamente al texto normativo y
teniendo en cuenta las dos premisas señaladas, esto es, que el artículo 90 de la
Constitución no define un título de imputación y que, en todo caso, la falla en el
servicio es el título de imputación preferente, concluyó en la sentencia C-037 de
1996 que el significado de la expresión "injusta" necesariamente implica definir si
la providencia a través de la cual se restringió la libertad a una persona mientras
era investigada y/o juzgada fue proporcionada y razonada, previa la verificación
de su conformidad a derecho […]”. Asimismo, indicó que:

“[…] Nótese que en el primer evento basta con desplegar todo el aparato
investigativo para establecer si fenomenológicamente hubo una alteración de
interés jurídico penal. No puede, entonces, el juez o el fiscal imponer una medida
privativa de la libertad mientras constata esta información, dado que esta debe
estar clara desde los albores de la investigación. No en vano las diferentes
normativas procesales han elaborado un esquema del cual hace parte una fase de
indagación encaminada, entre otros propósitos, a establecer justamente si se
presentó un hecho con trascendencia en el derecho punitivo que pueda ascender
a la categoría de conducta punible.

El segundo evento es una tarea que reviste una mayor sencillez en tanto depende
solo de un criterio jurídico esencialmente objetivo; se trata de un cotejo entre la
conducta que se predica punible y las normas que la tipificarían; de esa manera,
muy pronto debe establecer el Fiscal o el juez si la conducta encaja en alguna de
las descripciones típicas contenidas en el catálogo punitivo […]”.

50.La Corte concluyó que:

“[…] La Corte en esta oportunidad ratifica que el artículo 90 de la
Constitución Política no establece un régimen de imputación estatal
específico.

118. El artículo 68 de la Ley 270 de 1996, al igual que la sentencia C-037 de
1996, no definen un régimen de imputación concreto.

119. Tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han aceptado
que el juez administrativo, en aplicación del principio iura novit curia, deberá
establecer el régimen de imputación a partir de las particularidades de cada
caso.

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120. Definir, una fórmula rigurosa e inflexible para el juzgamiento del Estado
en los casos de privación injusta de la libertad contraviene el entendimiento
del artículo 68 de la Ley 270 de 1996 y de paso el régimen general de
responsabilidad previsto en el artículo 90 de la Constitución Política.

121. Determinar, como fórmula rigurosa e inmutable, que cuando sobrevenga
la absolución por no haberse desvirtuado la presunción de inocencia –
aplicación del principio in dubio pro reo-, o incluso en otros eventos, por
ejemplo, cuando no se acreditó el dolo, es decir, operó una atipicidad
subjetiva, el Estado debe ser condenado de manera automática, esto es, a
partir de un título de imputación objetivo, sin que medie un análisis previo
que determine si la decisión a través de la cual se restringió preventivamente
la libertad fue inapropiada, irrazonable, desproporcionada o arbitraria,
transgrede un precedente constitucional con efecto erga omnes,
concretamente la sentencia C-037 de 1996.

Ahora bien, a pesar del criterio aplicado por el juez penal, el juez
administrativo deberá establecer si está frente a un caso de duda acerca del
valor demostrativo de la prueba recaudada o de su absoluta inexistencia y,
en tal caso, elegir, si a ello hubiere lugar, un título de atribución objetiva. Esa
libertad judicial también se extiende a la nominación de las causales de
privación injusta, dado que estas no se agotan en el derogado artículo 414
del Código de Procedimiento Penal, en tanto responden a cierto estado de
cosas, independientemente de estar o no normados […]”. (Resaltado por la
Sala).

51.Además, la sentencia de unificación de tutela en comento sostiene que el
derecho a libertad es, excepcionalmente, restringido por el ejercicio del ius
puniendi, y en cuanto atañe al carácter constitucional de las medidas privativas de
la libertad de carácter preventivo y de su conformidad con la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, la misma providencia indicó lo siguiente:

[…] La jurisprudencia constitucional también se ha concentrado en
establecer las significativas diferencias que subyacen entre la detención
preventiva y la pena, esta como resultado de un proceso penal durante
el cual, con la previa observancia de todas las garantías procesales, se
ha vencido a un ciudadano y se ha determinado que la sanción por
desestabilizar el ordenamiento jurídico penal en desmedro de los bienes
jurídicamente tutelados de otro(s) conciudadanos debe ser la
restricción de su libertad.

Así, ha concluido la Corte que estas dos figuras, pena y detención
preventiva, no solo son compatibles con la Constitución, sino que en el
caso de la segunda no comporta una agresión del principio de
presunción de inocencia, dado que:

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“(…) una cosa es detener al individuo contra el cual existen indicios
graves acerca de que puede ser responsable penalmente, para que esté
a disposición de la administración de justicia mientras se adelanta el
proceso en su contra, y otra muy distinta que, cumplidos los trámites
procesales y celebrado el juicio con observancia de todas las garantías,
reconocimiento y práctica del derecho de defensa, se llegue por el juez a
la convicción de que en realidad existe esa responsabilidad penal y de
que, por tanto, debe aplicarse la sanción contemplada en la ley. Es
entonces cuando se desvirtúa la presunción de inocencia y se impone la
pena. (El resaltado es del texto original).

(…) tal presunción subsiste respecto de quien apenas está detenido
preventivamente o ha sido objeto de otra medida de aseguramiento, ya que
ninguna de ellas tiene por fin sancionar a la persona por la comisión del delito.
(…).

Las medidas de aseguramiento no requieren de juicio previo. Ellas
pueden aplicarse, a la luz de la Constitución, si se cumplen los
requisitos exigidos por el artículo 28 de la Carta. Así, si media orden
escrita del juez competente, se han cumplido las formalidades que la ley
consagre al respecto y el motivo de la detención, conminación,
prohibición de salida del país o caución está nítidamente consagrado en
norma legal preexistente, tales medidas se ajustan al mandato
constitucional y no implican desconocimiento del debido proceso,
aplicable en el caso de las penas.
(…)
Debe resaltarse que la norma constitucional del artículo 28 y las legales
que desarrollan el instituto de las medidas de aseguramiento no
implican posibilidad de abuso de la autoridad judicial competente, pues
ésta, al tenor de la Carta, debe estar fundada en motivos previamente
definidos en la ley. Tales motivos, según las normas acusadas, son los
indicios graves de responsabilidad que existan en contra del sindicado.”

66. En los últimos tiempos, el desarrollo normativo y jurisprudencial han
reforzado otros criterios sobre la posibilidad de restringir
preventivamente la libertad, puesto que el bloque de constitucionalidad
impone como criterio irreductible para el ejercicio de esa potestad
estatal, que ese tipo de medidas no solo dejen incólume el principio de
presunción de inocencia, sino que sean absolutamente necesarias.

Ese derrotero es también un límite importante para el legislador quien
“solo está legitimado para utilizarlas cuando sean estrictamente
indispensables y requeridas para la obtención de fines de naturaleza
constitucional”, los cuales, según la Constitución consistirán en
asegurar la comparecencia del procesado, la preservación de la prueba
y la protección de la comunidad, especialmente de las víctimas.

A su vez, como se dejó plasmado, la norma procesal en aras de materializar
los dictados superiores que imponen la normativa constitucional y la
internacional, también incluyó esos fines como parámetros, sin los cuales no
es posible afectar el derecho a la libertad de quien apenas enfrenta un
procesamiento penal.

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71. Además de la necesidad de la medida, otro parámetro que establece
límites tanto al ejercicio punitivo preventivo del Estado es la
proporcionalidad, la cual “es el principal criterio de análisis que en el
marco de la justicia constitucional, permite examinar y neutralizar el
exceso en el uso de la potestad de configuración del legislador penal y,
por lo que aquí interesa, en el ámbito de las medidas cautelares dirigidas
a afectar la libertad personal del imputado.”

La Corte haciendo una recapitulación de las dos directrices que justifican la
existencia de medidas preventivas explicó que “la proporcionalidad está
orientada a determinar que los beneficios de adoptar las medidas sean
superiores o razonablemente equivalentes a las restricciones que ellas
imponen al afectado, el criterio de la necesidad es una pauta
fundamental, pues asegura que el medio empleado resulta indispensable
para alcanzar el objetivo propuesto. La Corte ha insistido, sin embargo, en
que también los fines que pueden ser perseguidos a través de las medidas de
aseguramiento deben tener un claro sustento constitucional, de manera que
el análisis de necesidad debe conducir a evidenciar más exactamente si la
medida restrictiva es indispensable para obtener un bien de relevancia
constitucional.”

72. Así las cosas, en torno de la libertad se observa que: (i) es un valor,
principio y derecho de superlativa importancia en nuestro ordenamiento;
(ii) es un derecho que puede ser limitado en pro de la materialización de
intereses constitucionalmente prevalentes; y (iii) su limitación depende
de la necesidad y proporcionalidad de la medida restrictiva. Estas
precisiones, a su vez, constituyen el punto de partida a la hora de definir
cuándo el Estado genera daños a quienes se les restringe el derecho a la
libertad […].

52.De la cita anterior, la Sala extracta las siguientes conclusiones: i) las medidas
preventivas que restringen el derecho a la libertad de las personas se encuentran
amparadas por el ordenamiento constitucional y por la Convención Americana
sobre Derechos Humanos; ii) la medida de detención preventiva y cualquier otra
determinación preventiva adoptada en el marco de un proceso penal no puede
desconocer el principio de presunción de inocencia del procesado; iii) estas
medidas deben responder a tres principios cardinales como son: a) la necesidad
de la medida cautelativa, b) la proporcionalidad de la medida, y c) la legalidad de
la medida.

53.A partir de lo anterior, la responsabilidad del Estado originada por la detención
preventiva de un ciudadano se estructura desde el análisis de estos tres

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2021-07244-01
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componentes, a fin de establecer si la medida privativa de la libertad transgredió
cualquiera de los tres aspectos enunciados y si con ello se ocasionó una privación
injusta de la libertad.

54.De lo anterior se colige que el carácter injusto de la privación preventiva de la
libertad a un ciudadano, deviene del análisis de los principios de razonabilidad,
proporcionalidad, necesidad y legalidad de la medida y no de la posterior
absolución, puesto que las medidas preventivas de privación de la libertad se
adoptan por la autoridad judicial conforme a unos criterios jurídicos y elementos de
juicio distintos que se valoran al momento de emitir una sentencia y de condenar a
un procesado por la comisión de una conducta punible.

55.Así las cosas, es posible que un ciudadano sea privado preventivamente de la
libertad y que posteriormente sea absuelto, sin que ello signifique, prima facie, que
estemos en presencia de una privación injusta de la libertad, en tanto que la
función del juez de lo contencioso administrativo está orientada a estudiar si la
privación de la libertad ordenada por el funcionario judicial fue desproporcionada,
irrazonable, innecesaria y, por ende, arbitraria.

56.Cabe resaltar que, en consonancia con lo anterior, la Corte Constitucional, en
la sentencia SU-072 de 2018, señaló:

[…] el Consejo de Estado ha acudido a una fórmula en aras de ofrecerle
consistencia jurídica a los asuntos que se someten a su consideración cuando
su génesis lo es la privación injusta de la libertad y en esa tarea ha señalado
que es posible aplicar un sistema de responsabilidad objetivo o uno de falla
del servicio. Tal formulación, en principio, coincide con la jurisprudencia
constitucional, la cual, se reitera, no impone un determinado régimen de
responsabilidad.

Sin embargo, ha establecido esa alta Corporación que en cuatro eventos de
absolución, cuales son a saber: (i) que el hecho no existió; (ii) el sindicado no
lo cometió; (iii) la conducta no constituía hecho punible; o (iv) porque no se
desvirtuó la presunción de inocencia –principio in dubio pro reo- debe
acudirse a un título de imputación objetivo que está dado por la figura
del daño especial.

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Para llegar a esa conclusión, el Consejo de Estado ha afirmado que la Corte
se equivoca al concluir que la responsabilidad del Estado debe circunscribirse
a la falla en el servicio público de administración de justicia; la cual, no es de
cualquier tipo, sino que debe ser la que proviene de una actuación
abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales.
(…)

102. De acuerdo con ese panorama y sin definir aún si efectivamente la
sentencia C-037 de 1996 estableció un régimen de imputación concreto
cuando el daño se ocasiona por la privación injusta de la libertad, se acota
que el Consejo de Estado pasa por alto que la falla en el servicio es el título
de imputación preferente y que los otros dos títulos –el riesgo
excepcional y el daño especial-, son residuales, esto es, a ellos se acude
cuando el régimen subjetivo no es suficiente para resolver una
determinada situación.
(…)

En el caso de la privación injusta de la libertad la Corte, ciñéndose
exclusivamente al texto normativo y teniendo en cuenta las dos premisas
señaladas, esto es, que el artículo 90 de la Constitución no define un título de
imputación y que, en todo caso, la falla en el servicio es el título de
imputación preferente, concluyó en la sentencia C-037 de 1996 que el
significado de la expresión "injusta" necesariamente implica definir si la
providencia a través de la cual se restringió la libertad a una persona
mientras era investigada y/o juzgada fue proporcionada y razonada,
previa la verificación de su conformidad a derecho […].

57.Con fundamento en lo anterior, la referida sentencia SU-072 indicó:

[…] De esta manera, dependiendo de las particularidades del caso, es decir,
en el examen individual de cada caso, como lo han sostenido el Consejo de
Estado y la Corte Constitucional, el juez administrativo podrá elegir qué
título de imputación resulta más idóneo para establecer que el daño
sufrido por el ciudadano devino de una actuación inidónea, irrazonable y
desproporcionada y por ese motivo, no tenía por qué soportarse.

105. Esta Corporación comparte la idea de que en dos de los casos
deducidos por el Consejo de Estado –el hecho no existió o la conducta
era objetivamente atípica- es posible predicar que la decisión de privar al
investigado de su libertad resulta irrazonable y desproporcionada, luego,
para esos eventos es factible aplicar un título de atribución de carácter
objetivo en el entendido de que el daño antijurídico se demuestra sin mayores
esfuerzos.

En efecto, estando en ciernes la investigación, el ente acusador debe tener
claro que el hecho sí se presentó y que puede ser objetivamente típico, luego,
en este tipo de casos el juez administrativo puede ser laxo desde el punto de
vista probatorio y valorativo, en tanto en estas circunstancias es evidente que
la Fiscalía, hoy los jueces, disponen de las herramientas necesarias para
definir con certeza estos dos presupuestos y, en tal virtud, deberá ser la

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administración la que acredite que fueron causas ajenas e irresistibles a su
gestión, las que propiciaron la imposición de la medida.

Nótese que en el primer evento basta con desplegar todo el aparato
investigativo para establecer si fenomenológicamente hubo una alteración de
interés jurídico penal. No puede, entonces, el juez o el fiscal imponer una
medida privativa de la libertad mientras constata esta información, dado que
esta debe estar clara desde los albores de la investigación. No en vano las
diferentes normativas procesales han elaborado un esquema del cual hace
parte una fase de indagación encaminada, entre otros propósitos, a
establecer justamente si se presentó un hecho con trascendencia en el
derecho punitivo que pueda ascender a la categoría de conducta punible.

El segundo evento es una tarea que reviste una mayor sencillez en tanto
depende solo de un criterio jurídico esencialmente objetivo; se trata de un
cotejo entre la conducta que se predica punible y las normas que la
tipificarían; de esa manera, muy pronto debe establecer el Fiscal o el juez si la
conducta encaja en alguna de las descripciones típicas contenidas en el
catálogo punitivo.

Lo anterior implica que en las demás eventualidades que pueden presentarse
en un juicio de carácter penal, no pueda asegurarse, con la firmeza que exige
un sistema de responsabilidad estatal objetivo, que la responsabilidad del
Estado es palmaria y que bastaría con revisar la conducta de la víctima.

106. Así las cosas, los otros dos eventos definidos por el Consejo de Estado
como causas de responsabilidad estatal objetiva –el procesado no cometió la
conducta y la aplicación del in dubio pro reo- exigen mayores esfuerzos
investigativos y probatorios, pues a pesar de su objetividad, requiere del
Fiscal o del juez mayores disquisiciones para definir si existen pruebas que
permitan vincular al investigado con la conducta punible y presentarlo como el
probable autor de la misma […].

58.Con base en lo transcrito en precedencia, pueden extractarse las siguientes
reglas jurisprudenciales de obligatoria aplicación al régimen de responsabilidad del
Estado por privación injusta de la libertad:

59.Ni el artículo 90 de la Constitución Política de 1991, ni el artículo 68 de Ley 270
de 1996, señalan un título de imputación específico en materia de responsabilidad
del Estado por privación injusta de la libertad. En tal contexto, corresponde al juez
contencioso decidir cuál título de imputación se ajusta al caso concreto estudiado.
Sin embargo, “[…] la falla en el servicio es el título de imputación preferente y (…)
los otros dos títulos –el riesgo excepcional y el daño especial-, son residuales,

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esto es, a ellos se acude cuando el régimen subjetivo no es suficiente para
resolver una determinada situación […]”.30

60.La absolución de un procesado, por sí misma, no torna en injusta la privación
de la libertad que éste hubiere sufrido, para ello es indispensable que el juez
contencioso establezca si la privación de la libertad se apartó del criterio de
corrección jurídica exigida, para lo cual debe llevar a cabo valoraciones que
superan el simple juicio de causalidad y ello por cuanto una interpretación
adecuada del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, sustento normativo de la
responsabilidad del Estado en estos casos, impone considerar,
independientemente del título de atribución que se elija, si la providencia adoptada
por el funcionario judicial penal se enmarca en los presupuestos de
proporcionalidad, legalidad y razonabilidad.

61.Con base en lo anteriormente expuesto, la sentencia SU - 072 de 2018
concluyó:

[…] 117. La Corte en esta oportunidad ratifica que el artículo 90 de la
Constitución Política no establece un régimen de imputación estatal
específico.

118. El artículo 68 de la Ley 270 de 1996, al igual que la sentencia C-037 de
1996, no definen un régimen de imputación concreto.

119. Tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han aceptado
que el juez administrativo, en aplicación del principio iura novit curia, deberá
establecer el régimen de imputación a partir de las particularidades de cada
caso.

120. Definir, una fórmula rigurosa e inflexible para el juzgamiento del
Estado en los casos de privación injusta de la libertad contraviene el
entendimiento del artículo 68 de la Ley 270 de 1996 y de paso el régimen
general de responsabilidad previsto en el artículo 90 de la Constitución
Política.

121. Determinar, como fórmula rigurosa e inmutable, que cuando
sobrevenga la absolución por no haberse desvirtuado la presunción de
inocencia –aplicación del principio in dubio pro reo-, o incluso en otros
eventos, por ejemplo, cuando no se acreditó el dolo, es decir, operó una
atipicidad subjetiva, el Estado debe ser condenado de manera automática,

30
Corte Constitucional, Sentencia SU – 072 de 2018. M.P.: José Fernando Reyes Cuartas.

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esto es, a partir de un título de imputación objetivo, sin que medie un
análisis previo que determine si la decisión a través de la cual se
restringió preventivamente la libertad fue inapropiada, irrazonable,
desproporcionada o arbitraria, transgrede un precedente constitucional
con efecto erga omnes, concretamente la sentencia C-037 de 1996.

Ahora bien, a pesar del criterio aplicado por el juez penal, el juez
administrativo deberá establecer si está frente a un caso de duda acerca del
valor demostrativo de la prueba recaudada o de su absoluta inexistencia y, en
tal caso, elegir, si a ello hubiere lugar, un título de atribución objetiva. Esa
libertad judicial también se extiende a la nominación de las causales de
privación injusta, dado que estas no se agotan en el derogado artículo 414 del
Código de Procedimiento Penal, en tanto responden a cierto estado de cosas,
independientemente de estar o no normados.

122. Se demostró que el Consejo de Estado, cuando expidió la sentencia que
resolvió el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General contra el
fallo expedido por el Tribunal Administrativo de Córdoba aplicó una regla
contraria a las directrices establecidas en la sentencia C-037 de 1996 […].
(negrillas y subrayas fuera del texto)

62.Además, la Sala al resolver un caso análogo al presente, consideró lo
siguiente31:

“[…] Por último, se destaca que las Subsecciones A32 y C33 de la Sección Tercera
del Consejo de Estado han acogido el criterio sentado por la Corte Constitucional en
las mencionadas sentencias de constitucionalidad y de unificación. Igualmente, la
31
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de mayo de
2021, C.P Roberto Augusto Serrato Valdés, radicación número: 11001-03-15-000-2020-05168-00.
32
Al respecto ver entre otras las siguientes providencias: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Subsección A. Sección Tercera. Sentencia de 16 de diciembre de 2020. Rad. No. 70001-33-
31-000-2012-00158-01. C.P.: Marta Nubia Velásquez Rico; Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Subsección A. Sección Tercera. Sentencia de 20 de noviembre de 2020. Rad. No. 44001-23-
31-000-2006-00107-01. C.P.: Marta Nubia Velásquez Rico; Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Subsección A. Sección Tercera. Sentencia de 20 de noviembre de 2020. Rad. No. 05001-23-
31-000-2007-02416-01. C.P.: Marta Nubia Velásquez Rico; Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Subsección A. Sección Tercera. Sentencia de 9 de julio de 2020. Rad. No. 70001-23-31-000-
2011-01450-01. C.P.: Marta Nubia Velásquez Rico; Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Subsección A. Sección Tercera. Sentencia de 9 de julio de 2020. Rad. No. 47001-23-33-000-
2013-00106-01. C.P.: Marta Nubia Velásquez Rico.
33
Al respecto ver entre otras las siguientes providencias: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Subsección C. Sección Tercera. Sentencia de 5 de junio de 2020. Rad. No. 05001-23-31-000-
2000-01864-01. C.P.: Guillermo Sánchez Luque; Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Subsección C. Sección Tercera. Sentencia de 11 de diciembre de 2019. Rad. No. 25000-23-25-000-2010-
00809-01. C.P.: Guillermo Sánchez Luque; Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Subsección C. Sección Tercera. Sentencia de 5 de agosto de 2020. Rad. No. 18001-23-31-000-2010-00148-
01. C.P.: Jaime Enrique Rodríguez Navas; Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Subsección C. Sección Tercera. Sentencia de 6 de julio de 2020. Rad. No. 25000-23-36-000-2012-00264-01.
C.P.: Jaime Enrique Rodríguez Navas; Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Subsección
C. Sección Tercera. Sentencia de 6 de julio de 2020. Rad. No. 76001-23-31-000-2009-00839-01. C.P.: Jaime
Enrique Rodríguez Navas; Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Subsección C. Sección
Tercera. Sentencia de 1 de junio de 2020. Rad. No. 18001-23-31-000-2010-00158-01. C.P.: Jaime Enrique
Rodríguez Navas.

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Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación, mediante sentencia de 6 de
agosto de 2020, adoptó el criterio unificador propuesto por la Corte Constitucional,
en que se sostuvo lo siguiente:

[…] De conformidad con el criterio expuesto por dicha Corporación [se hace
referencia a la Corte Constitucional], el carácter injusto de la privación de la
libertad debe analizarse a la luz de los criterios de razonabilidad,
proporcionalidad y legalidad de la medida de aseguramiento, de ahí que se
deba determinar en cada caso si existía o no mérito para proferir decisión en
tal sentido, pues de no serlo, se puede llegara comprometer la
responsabilidad del Estado.

Concordante con lo anterior, la Corte Constitucional señaló en la sentencia
SU-072 de 2018, que ningún cuerpo normativo -a saber, ni el artículo 90 de la
Constitución Política, ni el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, ni la sentencia C-
037 de 1996- establece un régimen de responsabilidad específico aplicable en
los eventos de privación de la libertad; entonces, el juez es quien, en cada
caso, debe realizar un análisis para determinar si la privación de la libertad fue
apropiada, razonable y/o proporcionada, o en otros términos, si devino o no
en injusta.

Sobre el particular, indicó (transcripción literal):
(…)

“En el caso de la privación injusta de la libertad la Corte, ciñéndose
exclusivamente al texto normativo y teniendo en cuenta las dos premisas
señaladas, esto es, que el artículo 90 de la Constitución no define un título de
imputación y que, en todo caso, la falla en el servicio es el título de imputación
preferente, concluyó en la sentencia C-037 de 1996 que el significado de la
expresión ‘injusta’ necesariamente implica definir si la providencia a través de
la cual se restringió la libertad a una persona mientras era investigada y/o
juzgada fue proporcionada y razonada, previa la verificación de su
conformidad a derecho …

“(…)

“De esta manera, dependiendo de las particularidades del caso, es decir, en
el examen individual de cada caso, como lo han sostenido el Consejo de
Estado y la Corte Constitucional, el juez administrativo podrá elegir qué
título de imputación resulta más idóneo para establecer que el daño
sufrido por el ciudadano devino de una actuación inidónea, irrazonable y
desproporcionada y por ese motivo, no tenía por qué soportarse.

(…)

Así las cosas, el hecho de que una persona resulte privada de la libertad
dentro de un proceso penal que termina con sentencia absolutoria o con
resolución de preclusión, no resulta suficiente para declarar la
responsabilidad patrimonial del Estado, toda vez que se debe determinar
si la medida restrictiva resultó injusta y, en tal caso, generadora de un
daño antijurídico imputable a la administración […].

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Así las cosas, advierte esta Sección que tanto la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, como la jurisprudencia de la Sala Plena y de las Subsecciones
A y C de la Sección Tercera del Consejo de Estado sostienen, de forma
pacífica y uniforme, que es deber del juez contencioso -sin importar el título
de imputación elegido- el estudiar si la medida privativa de la libertad fue
desproporcional, irrazonable, innecesaria y arbitraria, para, a partir de
dicho estudio, concluir si existió o no una privación injusta de la libertad […]”.

63.En el caso concreto, el actor consideró que la sentencia de 5 de marzo de 2021
desconoció sus derechos fundamentales porque se abstuvo de aplicar las reglas
jurisprudenciales contenidas en las sentencias C-037 de 1996 y SU-072 de 2018.

64.Específicamente aduce el actor que la sentencia objeto de la acción de tutela
desconoce el precedente constitucional citado, porque el juez contencioso tenía el
deber de analizar si la medida privativa de la libertad del señor Rubén Darío Díaz
Guzmán había sido desproporcionada, irrazonable, inapropiada o arbitraria, y
que, en el presente caso, se omitió hacer dicho análisis. Al respecto la parte actora
señala lo siguiente:

[…] La sentencia censurada se apartó de los lineamientos y de la
construcción jurisprudencial que en materia de régimen de
responsabilidad por privación injusta de la libertad ha expuesto la Corte
Constitucional en las sentencias C-037 de 19961 y la SU-072 de 2018.

Al respecto es de suma importancia señalar que, la citada sentencia SU-072
de 2018, ratificó que el artículo 90 de la Constitución Política no establece un
régimen de imputación estatal específico, como tampoco lo hacen el artículo
68 de la Ley 270 de 1996 y la Sentencia C-037 de 1996,2, cuando el hecho
que origina el presunto daño antijurídico es la privación de la libertad.

Lo anterior en tanto la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han
aceptado que el juez administrativo debe establecer en estos casos el
régimen de imputación a partir de las particularidades de cada caso.

En otras palabras, definir una fórmula automática, rigurosa e inflexible para el
juzgamiento del Estado en hechos de privación injusta de la libertad
contraviene el entendimiento del artículo 68 de la Ley 270 y de paso el
régimen general de responsabilidad, previsto en el artículo 90 constitucional
[…]”.

[…]

“[…] Pues se insiste que determinar, como fórmula rigurosa e inmutable, que
cuando sobrevenga la absolución por no haberse desvirtuado la presunción
de inocencia –aplicación del principio in dubio pro reo-, o incluso en otros

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eventos, el Estado debe ser condenado de manera automática, esto es, a
partir de un título de imputación objetivo, sin que medie un análisis previo que
determine si la decisión a través de la cual se restringió preventivamente la
libertad fue inapropiada, irrazonable, desproporcionada o arbitraria,
transgrede un precedente constitucional con efecto erga omnes,
concretamente la sentencia C-037 de 1996.

En conclusión, en la sentencia aquí cuestionada no se realizó el análisis
exigido por las sentencias C-037 de 1996 y SU-072 de 2018, puesto que para
eventos de privación injusta es necesario, por un lado, identificar la
antijuridicidad del daño, y por otro, verificar la ausencia de culpa grave o dolo
de la persona detenida, lo cual no se realizó en el fallo aquí señalado […]”.

65.Ahora bien, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado al
resolver el caso concreto expresó lo siguiente:

“[…] En este caso no se aportó al proceso la providencia que decretó la medida de
aseguramiento en contra de Rubén Díaz, por lo que no es posible realizar un
análisis de dicha decisión con el fin de constatar si se profirió de manera legal o no.
No obstante, dado que la Sala advierte la probabilidad de que haya ocurrido un
daño especial, se estudiará el caso bajo este régimen objetivo de responsabilidad.

10. En la Sentencia de 12 de septiembre de 2005, el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala Penal, absolvió a Rubén Díaz por la
conducta por la que fue acusado. En esa decisión, el juez indicó que no estaba
demostrada la pertenencia del procesado al grupo de “limpieza social”, toda vez
que, por una parte, la fiscalía, al momento de calificar el sumario, precluyó la
investigación por el delito de homicidio, de modo que los señalamientos que
fundamentaron la imputación de ese delito no podían sustentar el juzgamiento por
la supuesta pertenencia del acusado a un grupo armado ilegal, dado que implicaría
el desconocimiento de la referida decisión.

11. Por otra parte, las únicas pruebas que sugerían la responsabilidad de
Rubén Díaz por el delito de concierto para delinquir consistían en testimonios
imprecisos que no brindaban la certeza suficiente para condenar. Así, concluyó que
“el material probatorio que pesa en contra de los acusados (…) Y RUBÉN DARÍO
DÍAZ GUZMÁN, se considera que no es suficiente, a la luz de las exigencias
contenidas en el inciso 2° del artículo 232 de la Ley 600 de 2000, para proferir
sentencia condenatoria en su contra”.

12. La Sala observa que, en el proceso penal no se demostró que Rubén Díaz
concertara con otras personas la comisión de conductas delictivas, por lo que, en
aplicación del principio de in dubio pro reo, fue exonerado de responsabilidad penal.
Lo anterior significa que el Estado nunca desvirtuó la presunción de inocencia del
procesado. Por lo tanto, la Sala declarará la responsabilidad del Estado por la
privación injusta de la libertad del demandante, al encontrar que le ocasionó un
daño particular y grave que se tornó antijurídico por la imposibilidad que surgió
dentro del proceso de justificar definitivamente la restricción de su derecho a la
libertad.

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2.5. Entidad a la que se le imputa el daño

13. La Sala no advierte la configuración de la culpa exclusiva de la víctima,
causal eximente de responsabilidad posible en materia de privaciones injustas de la
libertad. El demandante, en efecto, no desplegó ninguna actuación de la cual se
pueda predicar su incidencia en la causación del daño.

14. El proceso penal seguido en contra de Rubén Darío Díaz Guzmán se
adelantó en vigencia de la Ley 600 de 2000, por lo que, en atención a las etapas del
proceso penal y de conformidad con el artículo 400 de dicha normativa34, el
procesado estuvo detenido a cargo de la Fiscalía General de la Nación, desde el
momento de la captura, hasta la fecha de ejecutoria de la Resolución de acusación,
momento desde el cual adquieren competencia los jueces encargados del
juzgamiento. Además, estuvo a disposición de la Rama Judicial, a partir de esta
última fecha hasta el momento en que recuperó su libertad.

15. En ese orden de ideas, si bien en el expediente no obra la Resolución de
acusación, así como tampoco la constancia de ejecutoria de esa decisión, el daño le
será imputado a la Fiscalía General de la Nación, desde el 1 de enero de 2003,
fecha en que el demandante fue detenido, hasta el 22 de agosto 2003, fecha en que
se infiere quedó en firme la resolución de acusación35. Además, se le imputará a la
Rama Judicial el periodo comprendido desde el 23 de agosto de 2003, hasta el 31
de marzo de 2005, fecha en que el procesado recuperó su libertad en virtud de la
Sentencia absolutoria dictada a su favor […]”.

66.De otra parte, en cuanto al análisis de la configuración de un daño especial en
el caso concreto, se advierte que se llega a la conclusión de que se causó un daño
especial al procesado, con fundamento en las siguientes consideraciones:

“[…] La Sala observa que, en el proceso penal no se demostró que Rubén Díaz
concertara con otras personas la comisión de conductas delictivas, por lo que, en
aplicación del principio de in dubio pro reo, fue exonerado de responsabilidad penal.
34
Ley 600 de 2000, Artículo 400. Apertura a juicio. “Con la ejecutoria de la resolución de acusación comienza
la etapa del juicio y adquieren competencia los jueces encargados del juzgamiento y el Fiscal General de la
Nación o su delegado la calidad de sujeto procesal.// Al día siguiente de recibido el proceso por secretaría se
pasarán las copias del expediente al despacho y el original quedará a disposición común de los sujetos
procesales por el término de quince (15) días hábiles, para preparar las audiencias preparatoria y pública,
solicitar las nulidades originadas en la etapa de la investigación y las pruebas que sean procedentes”.
35
En la Sentencia absolutoria proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cundinamarca se indicó
que la fiscalía profirió resolución de acusación el 12 de agosto de 2003. De manera que, si se tienen en
cuenta los artículos 178 y 179 de la Ley 600 de 2000 –norma procesal vigente para el momento en que se
dictó esta decisión-, que regulan las notificaciones, personal y por estado, de una providencia interlocutoria,
dicha resolución debió quedar, por lo menos, ejecutoriada el 22 de agosto de 2003. En efecto, según dicha
legislación, primero, se intentará realizar la notificación personal de la providencia, dentro de los 3 días
siguientes a la fecha de su expedición -en este caso, 13, 14 y 15 de agosto-. Si los sujetos procesales no
concurren, se notificará por estado tres días después de la fecha en la que se efectuó la citación, la cual debía
realizarse, a más tardar, el día hábil siguiente a la fecha de la providencia -13 de agosto-. Por tanto, la fijación
del estado debía hacerse el 19 de agosto y, después, correría el término de ejecutoria, es decir, 20, 21 y 22 de
agosto. Por tanto, este último día habría quedado ejecutoriada la resolución de acusación, por lo que al día
siguiente la fiscalía perdió competencia para continuar con la instrucción del caso seguido en contra del
entonces procesado.

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Lo anterior significa que el Estado nunca desvirtuó la presunción de inocencia del
procesado. Por lo tanto, la Sala declarará la responsabilidad del Estado por la
privación injusta de la libertad del demandante, al encontrar que le ocasionó un
daño particular y grave que se tornó antijurídico por la imposibilidad que surgió
dentro del proceso de justificar definitivamente la restricción de su derecho a la
libertad […]”.

67.En ese orden de ideas, para la Sala, la sentencia de 5 de marzo de 2021 aplicó
un régimen de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad
contrario al precedente contenido en las sentencias C–037 de 1996 y SU- 072 de
2018, especialmente si se tiene en consideración que la autoridad judicial
accionada da por sentado que la privación de la libertad fue injusta en razón a
que, posteriormente, el procesado fue absuelto, sin analizar si la medida privativa
de la libertad había sido desproporcional, irrazonable y arbitraria. Todo ello, a
juicio de esta Sección, comporta un desconocimiento de la jurisprudencia
vinculante existente en la materia.

68.En este contexto, para la Sala el aludido desconocimiento del precedente es
claro porque la autoridad judicial accionada, en el caso objeto de estudio, se limitó
a verificar que la parte actora hubiese sido privada de la libertad y que,
posteriormente, hubiese sido absuelto, para concluir, a partir de ello, que la
privación de la libertad fue injusta.

69.Es por la anterior razón que se advierte que la decisión enjuiciada utilizó como
fundamento para aplicar el título de imputación de daño especial un argumento
similar que fue desarrollado por la Sala Plena de la Sección Tercera en la
sentencia de unificación de 17 de octubre de 2013, consistente en que toda
privación de la libertad que finaliza en una absolución causa un daño antijurídico
que debe ser imputado al Estado bajo el título de daño especial porque rompe el
principio de equilibrio de las cargas públicas; tesis que, como se expuso
anteriormente, fue analizada a profundidad por la Corte Constitucional en la
sentencia SU-072 de 2018 y en dicha providencia se concluyó que desconocía los
efectos erga omnes de la sentencia de constitucionalidad C-037 de 1996.

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70.Por lo anterior, es dable afirmar que la tesis que se sostiene en la sentencia de
5 de marzo de 2021, pregona que toda medida privativa de la libertad deviene en
injusta cuando el procesado es absuelto por cualquier motivo, desconociendo con
ello, se itera, los pronunciamientos C-037 de 1996 y SU-072 de 2018, emanados
de la Corte Constitucional.

71.Esta Sección, reiterando la jurisprudencia constitucional antes referida, debe
resaltar que el juicio de responsabilidad del Estado por privación injusta de la
libertad no se puede limitar a realizar un análisis liminar y causalístico, consistente
en constatar que el procesado haya sido privado de la libertad y luego absuelto,
para concluir que existió una privación injusta de la libertad, porque en ese caso
se incurría en una condena automática en contra del Estado, desconociendo con
ello el sentir de la sentencia de constitucionalidad C–037 de 1996, la cual
condicionó la constitucionalidad del artículo 68 de la Ley 270 de 1996.

72.Así las cosas, de acuerdo con el precedente constitucional en la materia, se
puede concluir que el juez administrativo tiene la potestad de decidir, bajo el
principio de iura novit curia, cuál título de imputación resulta aplicable al caso en
concreto. Sin embargo, en todos los casos el juez contencioso tiene el deber de
hacer un análisis riguroso y exhaustivo con miras a establecer por qué la privación
de la libertad se tornó en injusta, para lo cual deberá verificar que la medida
privativa de la libertad haya sido desproporcional, irrazonable, innecesaria y,
con base en lo anterior, deducir su arbitrariedad.

73.Ahora bien, resulta pertinente señalar que es un deber de la parte demandante
allegar los medios de convicción necesarios para evaluar si la medida privativa de
la libertad había sido desproporcional, irrazonable y arbitraria. En tal sentido, esta
Sala de Decisión destaca el siguiente aparte de la providencia de 5 de febrero de
2021, proferido por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado36, en el cual se hace énfasis en la obligación del demandante de aportar

36
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Subsección A. Sección Tercera. Sentencia de 5
de febrero de 2021. Rad. No. 19001-23-31-000-2011-00314-01(60441). C.P.: María Adriana Marín.

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las pruebas necesarias y pertinentes a efectos de esclarecer por qué la medida
privativa de la libertad había sido injusta:

[…] Ninguna de las anteriores piezas procesales permite verificar las
circunstancias que se tuvieron en cuenta para declarar la legalidad de la
captura e imponer medida de aseguramiento de detención preventiva en
establecimiento carcelario al actor, ni las razones por las que, al
resolverse el recurso de apelación, se declaró ilegal la primera y se
revocó la segunda.
(…)
De conformidad con los criterios expuestos, resulta válido afirmar que el
carácter injusto de la privación de la libertad debe analizarse a la luz de
los criterios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad de la medida
de aseguramiento, de ahí que se torne imperiosa la ponderación de las
circunstancias que rodearon la imposición de la medida de
aseguramiento, a efectos de establecer si existía o no mérito para
proferir decisión en tal sentido.

En efecto, resulta imposible hacer valoración de los requisitos anotados
para declarar o no la privación injusta de la libertad que se depreca,
dado que solo se tiene referencia a que el demandante fue detenido en
flagrancia, el 5 de febrero de 2009, le fue dictada medida de
aseguramiento al día siguiente, el 3 de marzo fue declarada la ilegalidad
de la captura y el 17 de junio del mismo año se precluyó la investigación,
en aplicación del principio de in dubio pro reo.

Tanto de las medidas de captura, aseguramiento y su revocación se
carece de medios de prueba para realizar la valoración respectiva de los
criterios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad, más aún,
cuando la sola enunciación de los fundamentos principales de cada
decisión resulta, prima facie, contradictoria, por lo que resultaba
imperiosa la valoración de las circunstancias fácticas y consideraciones
normativas que llevaron a dictarlas.

Por lo anterior, se concluye que la parte actora no cumplió con la carga
que le imponía la ley de aportar al proceso los medios de prueba
necesarios para determinar tanto la existencia del daño antijurídico
como la relación de causalidad atribuible a las demandadas y sus
consecuencias.

La Sala resalta que el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil
establece que “[i]ncumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las
normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. Este mandato
legal, en armonía con lo previsto en el artículo 178 del mismo estatuto
procesal, impone a los extremos de la relación procesal la carga de acreditar
los hechos de controversia en el litigio, mediante los medios de prueba que
cumplan con los requisitos de conducencia, pertinencia, utilidad y licitud. La
carga de la prueba es “una noción procesal que consiste en una regla de
juicio, que les indica a las partes la autorresponsabilidad que tienen para que
los hechos que sirven de sustento a las normas jurídicas cuya aplicación

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reclaman aparezcan demostrados y que, además, le indica al juez cómo debe
fallar cuando no aparezcan probados tales hechos”. Dicha carga está
determinada por la posibilidad que tienen las partes de obrar libremente para
conseguir el resultado jurídico esperado de un proceso, aparte de indicarle al
juez cómo debe fallar ante la ausencia de pruebas que le confieran certeza
respecto de los asuntos sometidos a su conocimiento […].

74. En este contexto, debe resaltarse que, contrario a lo manifestado por los
impugnantes, la jurisprudencia aplicable al caso que es objeto de censura por esta
vía constitucional era aquella que se encontraba imperante para el momento en
que la autoridad resolviera la controversia jurídica, y no el criterio jurisprudencial
que se encontraba vigente para la fecha en que ocurrieron los hechos.

75. Se debe señalar que esta Sección37 en sentencia de 8 de octubre de 2020,
señaló que: “[…] la aplicación del precedente jurisprudencial debe hacerse
retrospectivamente. Esto quiere decir que aquellos casos que se encuentren
pendientes de resolver deben ser resuelto de acuerdo con lo dispuesto en el
precedente jurisprudencial actualmente vigente […]”.

76.En ese orden de ideas, para la Sala, y como quiera que la autoridad judicial
accionada omitió analizar si la medida privativa de la libertad decretada en contra
del señor Rubén Darío Díaz Guzmán había sido desproporcional, irrazonable o
arbitraria y, sin embargo, concluyó que la privación de la libertad fue injusta
porque el proceso fue absuelto, es dable señalar que la sentencia de 5 de marzo
de 2021 desconoció el precedente contenido en las sentencias C-037 de 1996 y
SU-072 de 2018 de la Corte Constitucional.

77. Finalmente, la Sala advierte que se abstendrá de emitir un pronunciamiento
frente al defecto sustantivo por aplicación indebida de normas jurídicas, defecto
fáctico y defecto procedimental por desconocimiento del principio de incongruencia
invocados por el actor en su escrito de tutela, comoquiera que se encontró
configurado en el sub examine el defecto sustantivo por desconocimiento del

37
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 8 de octubre de
2020. Exp Nro.: 11001-03-15-000-2020-02890-01. C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés.

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precedente judicial, y efectuar un análisis sobre dichos defectos resulta
innecesaria.

Conclusiones de la Sala

78. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia
proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, el 9 de diciembre de 2021
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela proferida el 9 de diciembre de
2021 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley
núm. 2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de este fallo,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

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Actor: Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado Salva voto

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Salva voto

ALFREDO BELTRÁN SIERRA JAIME HUMBERTO TOBAR ORDOÑEZ
Conjuez Conjuez
Aclara voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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