Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-07259-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-07259-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2021-07259-00
Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico
4 de febrero de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Bogotá D.C., cuatro (4) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Radicación número: 110010315000202107259 00
Accionante: RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E.
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA (SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA)
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / INMEDIATEZ – No se
cumple el requisito porque la demanda de tutela se presentó después de cumplido el
término considerado como razonable para cuestionar una providencia judicial por vía de
tutela.
Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la demanda de tutela
instaurada por la Red de Salud del Centro E.S.E., de conformidad con el Decreto
333 de 2021.
I. A N T E C E D E N T E S
1. La demanda
La Red de Salud del Centro E.S.E., por conducto de su representante legal,
instauró demanda de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
por considerar vulnerado su derecho fundamental al debido proceso1. La tutelante
elevó las siguientes pretensiones (se trascribe de manera literal, con posibles
errores incluidos):
1
Remitida por correo electrónico el 26 de octubre de 2021.
1
Radicación número: 110010315000202107259 00
Accionante: Red de Salud del Centro E.S.E.
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
o Conceder el amparo del derecho fundamental al debido proceso de la Red
de Salud del Centro E.S.E., por vía de hecho, ante la configuración de
defecto fáctico y sustantivo.
o Ordenar al Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca dejar
sin efectos la sentencia de segunda instancia proferida dentro del proceso
identificado con el radicado No. 76-001-33-33-007-2015-00374-01, con la
finalidad de emitir una nueva determinación que atienda y motive
adecuadamente la valoración detallada de cada una de las diferentes
alegaciones y pruebas recaudadas en el trámite ordinario.
2. Hechos relevantes
En ejercicio de medio de control de reparación directa, los señores María Marleny
Ocampo Montoya; Anyela Johanna Morales Ocampo, quien actuó en nombre
propio y en representación de la menor Karol Daniel Tafur Morales; John Anderson
Morales Ocampo, quien actuó en nombre propio y en representación de los
menores Brenda Gisell y Jhon Anderson Morales Lucio; Duberney Morales
Ocampo, quien actuó en nombre propio y en representación de los menores Anny
Jiret y David Alejandro Morales Quitian; Andrés Felipe Morales Flor, quien actuó
en nombre propio y en representación de la menor Karolai Morales Flores; Luisa
Tatiana Morales Quitian y Brayan Alexander Morales Flor demandaron a la Red de
Salud del Centro E.S.E – Hospital Primitivo Iglesias, a Caprecom EPS y a la
sociedad Fabilú Ltda., propietaria del establecimiento de comercio Clínica
Colombia E.S.E, con el fin de que se les declarara patrimonialmente responsables
de los perjuicios ocasionados con ocasión de la muerte del señor Morales Vargas.
Mediante sentencia de 18 de junio de 2020, el Juzgado Séptimo Administrativo
Oral de Cali declaró la falta de legitimación por pasiva de Caprecom; declaró
patrimonialmente responsable a la Red de Salud del Centro E.S.E. – Hospital
Primitivo Iglesias y a la sociedad Fabilú Ltda. por la “pérdida de oportunidad al no
brindar un tratamiento médico oportuno al extinto Efraín Morales Vargas” y, como
consecuencia, los condenó al pago de perjuicios morales y por la pérdida de
oportunidad;negó las demás pretensiones de la demanda.
La parte actora, la Red de Salud Centro E.S.E y la Sociedad Fabilú Ltda. apelaron
la anterior decisión ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el que, por
2
Radicación número: 110010315000202107259 00
Accionante: Red de Salud del Centro E.S.E.
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
medio de fallo de 17 de abril de 2021 de abril de 2021, resolvió:
PRIMERO. MODIFICAR la Sentencia No. 076 del 18 de junio de 2020,
proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo de Oralidad del Circuito
Judicial de Santiago de Cali que accedió parcialmente las pretensiones de la
demanda conforme a las razones expuestas en la parte motiva de este
proveído.
SEGUNDO: DECLARAR patrimonialmente responsables a la Red de Salud
del Centro ESE – Hospital Primitivo Iglesias y a la sociedad Fabilú S.A.S.
antes Fabilú Ltda. – propietaria de la Clínica Colombia, por los daños y
perjuicios causados a los demandantes, derivados de la muerte del señor
Efraín Morales Vargas, de acuerdo a lo analizado en la parte motiva de esta
providencia.
TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración, CONDENAR
solidariamente a la Red de Salud del Centro ESE – Hospital Primitivo
Iglesias y a la sociedad Fabilú S.A.S. antes Fabilu Ltda. – propietaria de la
Clínica Colombia, a pagar, por concepto de perjuicios morales, los montos
que a continuación se relacionan a favor de las siguientes personas:
smlmva la fecha de
Beneficiario de la Indemnización ejecutoria de la providencia
que ponga fin al proceso
MARÍA MARLENY OCAMPO MONTOYA (Cónyuge) 100
ANYELA JOHANNA MORALES OCAMPO (Hija) 100
JOHN ANDERSON MORALES OCAMPO (Hijo) 100
DUBERNEY MORALES OCAMPO (Hijo) 100
KAROL DANIELA TAFUR MORALES (Nieta) 50
BRENDA GISELL MORALES LUCIO (Nieta) 50
JOHN ANDERSON MORALES LUCIO (Nieto) 50
ANNY JIRET MORALES QUITIAN (Nieta) 50
DAVID ALEJANDRO MORALES QUITIAN (Nieto) 50
ANDRÉS FELIPE MORALES FLOR (Nieto) 50
LUISA TATIANA MORALES QUITIAN (Nieta) 50
BRAYAN ALEXANDER MORALES FLOR (Nieto) 50
CUARTO: CONDENAR solidariamente a la Red de Salud del Centro ESE –
Hospital Primitivo Iglesias y a la sociedad Fabilú S.A.S. antes Fabilú Ltda.
– propietaria de la Clínica Colombia a pagar, por concepto de indemnización
de perjuicios a título de lucro cesante, los montos que a continuación se
relacionan a favor de las siguientes personas:
Beneficiario de la Indemnización
Valor
MARÍA MARLENY OCAMPO MONTOYA (Cónyuge) $138.129.634
QUINTO: Sin perjuicio de la condena solidaria, DECLARAR que las
demandadas deberán cubrir el monto de las sumas que resulten de dicha
condena, en la siguiente proporción porcentual:
• Red de Salud del Centro ESE – Hospital Primitivo Iglesias 94.63%
• Sociedad Fabilu S.A.S antes Fabilu Ltda. – propietaria de la Clínica
Colombia 5.37%
3
Radicación número: 110010315000202107259 00
Accionante: Red de Salud del Centro E.S.E.
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
SEXTO: CONDENAR en costas a la parte vencida conforme lo previsto en los
artículos 365 y 366 del Código General del Proceso. FIJAR agencias en
derecho en suma de un (1) smlmv a la fecha de ejecutoria de la sentencia.
SÉPTIMO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
3. Fundamentos de la acción
La parte tutelante alegó que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca valoró el
dictamen pericial allegado al proceso ordinario “de manera subjetiva y contraria a
la prueba”, desconociendo los postulados de los artículos 13, 176 y 232 del
Código General del Proceso.
Sostuvo que se configuró un defecto fáctico “al realizarse una interpretación
excesiva y con una postura parcializada de una prueba judicial” y una “vía de
hecho al desconocer el precedente jurisprudencial aplicable al caso en concreto,
omitiendo valorar las características de la pérdida de la oportunidad (rubro que no
fue solicitado en la demanda)”.
Adujo (trascripción literal con posibles errores incluidos):
… es claro que, el extremo demandante nunca solicitó indemnización por
configurarse la pérdida de la oportunidad en su demanda, por ello, el Tribunal
Administrativo de Santiago de Cali (sic), con el propósito de no incurrir en una
violación del principio de consonancia y congruencia, cambio la postura fijada
por el juez en primera instancia y, en su lugar, interpretó de manera extensiva
la prueba pericial arrimada al proceso, con el propósito de tener por acreditada
la causalidad, cuando en realidad, esta nunca se acreditó y nunca se logró
determinar la supuesta pérdida de oportunidad y el porcentaje de participación
en la consumación de la supuesta pérdida por parte de mi representada.
(…) se considera que el Tribunal Contencioso incurrió en una vía de hecho,
puesto que, ha realizado una interpretación extensiva y excesiva al dictamen
pericial rendido por la Universidad CES de Medellín con el propósito de buscar
que la parte actora obtenga indemnización. De esta manera, al estudiar el
material probatorio recopilado en el proceso, se logrará evidenciar que el
citado dictamen solo habla de meras posibilidades de tratamiento y
recuperación del paciente, teniendo en cuenta la patología materia de debate,
pero nunca afirma con certeza y contundencia el porcentaje que esa supuesta
posibilidad representa, no traduce estas posibilidades en pérdida de la
oportunidad, como lo interpretó el juez de primera instancia.
No obstante, se aclara que, en segunda instancia, evidentemente el análisis
que realiza el Tribunal Contencioso, las pruebas que utiliza para fundamentar
su postura, los fragmentos de la aclaración del dictamen pericial y, en general,
4
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Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
la argumentación de su sentencia, denota la existencia de un análisis que
concede la pérdida de la oportunidad, cuando en realidad este rubro nunca fue
solicitado o pretendido en la demanda y modificando el análisis realizado por
el juez de primera instancia, concede una indemnización omitiendo esta
carencia e intentando dar sentido a la demanda y realizando una
interpretación excesiva del dictamen pericial, otorgando un alcance diferente
al que indica el perito a través de su pericia escrita y la respectiva aclaración.
4. La oposición
4.1. Mediante providencia de 28 de octubre de 2021, se admitió la demanda de
tutela, se ordenó notificar a la autoridad judicial accionada y se vinculó a la
sociedad Fabilu S.A.S. y a quienes integraron la parte actora en el proceso
ordinario, como terceros interesados en esta actuación.
4.2. Los señores María Marleny Ocampo Montoya, Anyela Johanna Morales
Ocampo, Jhon Anderson Morales Ocampo y Duberney Morales Ocampo
solicitaron que se negara el amparo reclamado.
Afirmaron que, contrario a lo dicho por la parte actora, en la demanda ordinaria sí
se solicitaron perjuicios por la pérdida de oportunidad, lo que resulta “importante
ya que el ad quem no se aparta de la postura de pérdida de oportunidad esgrimida
por el a quo, de forma caprichosa o porque dichos perjuicios no estuvieran
soportados, ni solicitados en la demanda, como equivocadamente lo quiere hacer
ver el accionante y como ya se explicó en líneas precedentes. Se aparta es
porque encuentra los argumentos suficientes para imputar responsabilidad a título
de falla en el servicio”.
Señalaron que la decisión cuestionada no fue caprichosa ni arbitraria, sino que
obedeció a la valoración de los elementos probatorios allegados al proceso,
específicamente al dictamen pericial, el cual “no fue objetado por la demandada ni
por la llamada en garantía, quienes además no presentaron ninguna prueba
contraria a lo expresado por la perito”.
5
Radicación número: 110010315000202107259 00
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Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
Finalmente, indicaron que “…conforme al precedente judicial aplicado en este
caso por el Consejo de Estado, era obvio que el asunto debía ser analizado bajo
falla en el servicio y no de pérdida de oportunidad”.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
1. La acción de tutela contra providencias judiciales
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en fallo de
31 de julio de 2012, unificó la postura en relación con la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales2.
Posteriormente, a través de una nueva sentencia de unificación, la Sala Plena de
la Corporación adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción
constitucional contra providencia judicial y reiteró que la tutela es un mecanismo
residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo
señala el artículo 86 Constitucional y, por ende, se consideró que el amparo frente
a decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características3.
Con fundamento en lo anterior, esta Corporación ha sostenido que los requisitos
generales para la procedencia del mecanismo de amparo de derechos
fundamentales que deben ser cuidadosamente verificados, son4:
• Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional,
dado que el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no
tienen una clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones.
2
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de
2012, exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01, C.P. María Elizabeth García González.
3
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de
2014, exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de
febrero de 2017, exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00(AC), M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto,
entre muchas otras providencias.
6
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Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
• Que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.
• Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se haya
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó
la vulneración.
• Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora.
• Que la parte actora identifique, de manera razonable, tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.
• Que no se trate de sentencias de tutela.
A su turno, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la sentencia C-590 de 2005, acogida por la Sala
Plena de esta Corporación, son los siguientes:
• El defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello.
• El defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
• El defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
• El defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
7
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Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
• El error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.
• La decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones
en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
• El desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y
el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
• La violación directa de la Constitución Política.
Así pues, la Corporación ha determinado que le corresponde al juez de tutela
verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales, de tal manera
que una vez superado ese examen formal pueda constatar si se configura, por lo
menos, uno de los defectos arriba mencionados, los cuales deben ser alegados
por el interesado5.
2. Caso concreto
La Subsección considera que no hay lugar a hacer un estudio de fondo en el
presente asunto, por cuanto no se cumple con el requisito de la inmediatez.
5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 7 de
diciembre de 2016, exp. 2016 00134-01, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 7 de diciembre de 2016, exp.
2016-02213-01, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; sentencia de 24 de noviembre de 2016, exp.
Nº 2016-02568-01, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 27 de noviembre de 2016, C.P.
Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
Corte Constitucional, sentencias SU-556 de 2016, M.P. María Victoria Calle Correa; SU-542 de
2016, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; SU-490 de 2016, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo;
SU-659 de 2015, M.P. Alberto Rojas Ríos.
8
Radicación número: 110010315000202107259 00
Accionante: Red de Salud del Centro E.S.E.
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
La Corte Constitucional ha definido los siguientes criterios orientadores con el
propósito de determinar, en cada caso, si se cumplió o no con el requisito de
inmediatez: i) la situación personal del peticionario; ii) el momento en el que se
produce la vulneración; iii) la naturaleza de la misma; iv) la actuación contra la que
se dirige la tutela y v) los efectos de la tutela6.
Por otra parte, en relación con la inmediatez para la interposición de demandas de
tutela contra providencias judiciales, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo de esta Corporación ha considerado:
Es de la esencia de este medio de defensa judicial la urgencia en la protección
de las garantías constitucionales y el respeto a la seguridad jurídica y los
derechos de terceros afectados.
(…) De ahí que la reacción inmediata o pronta frente a la situación que vulnera
o amenaza vulnerar un derecho fundamental sea un elemento consustancial
para la protección que se ofrece.
Este requisito que opera de forma general frente a todas las acciones de
tutela, es más estricto cuando se interpone contra providencias judiciales, por
lo que, como lo ha sostenido la Corte Constitucional, ‘si se deja pasar un
tiempo significativo desde el hecho vulneratorio de los derechos, ‘resulta
claramente desproporcionado el control constitucional de una providencia
judicial por la vía de tutela’7’8.
Por tal razón, debe mediar un término razonable entre la ejecutoria de la
decisión judicial que se aduce como violatoria de los derechos fundamentales
del accionante y la presentación de la acción de tutela para buscar su amparo9
.
Tal aseveración es razonable toda vez que, ‘de permitir que la acción de tutela
proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las
desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos’10.
(…) Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional para la
protección pronta y eficaz de tales derechos, se requiere que la acción se
ejerza en un tiempo razonable, prudencial, requisito que garantiza la
realización del principio de seguridad jurídica y, por ende, el de la cosa
6
Corte Constitucional, sentencia SU-391 del 27 de junio de 2016, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
7
Original de la cita: “En la sentencia se cita la providencia SU-961 de 1999”.
8
Original de la cita: “Sentencia T-189 de 2009”.
9
Original de la cita: “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, contemplado en el literal c) del fundamento jurídico 24 de la
sentencia C-590 de 2005”.
10
Original de la cita: “Ibíd”.
9
Radicación número: 110010315000202107259 00
Accionante: Red de Salud del Centro E.S.E.
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
juzgada, al asegurar que la decisión judicial alcance el grado de certeza
material, que la hace definitiva e inmutable.
Anótase que el término o plazo de inmediatez no es único. Eso explica que las
diversas secciones del Consejo de Estado hayan fijado pautas diferentes
sobre este aspecto11.
Por eso, la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses,
contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso,
para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce
oportunamente12 (negrillas y subrayado del original).
Así pues, esta Corporación ha establecido que para efectos de establecer si la
acción de tutela contra providencia judicial se ejerció oportunamente, que se
cumple con el requisito de la inmediatez, se debe verificar que se hubiese
presentado dentro de los 6 meses siguientes a la notificación o ejecutoria de la
providencia cuestionada, según sea el caso.
Esta Subsección ha precisado que, en principio, el plazo de 6 meses se debe
contabilizar desde la notificación de la providencia que se cuestiona, por cuanto es
a partir de que se conoce la decisión que se puede advertir la posible vulneración
de derechos fundamentales por la configuración de uno o varios de los defectos
que hacen procedente la acción de tutela contra providencia judicial –defecto
orgánico, defecto procedimental, defecto fáctico, defecto sustantivo, error inducido,
decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y/o la violación directa de
la Constitución Política–.
En ese sentido, para la Sala, solo procede contabilizar el término de 6 meses
desde la ejecutoria de la decisión en los casos se hubiese realizado un trámite
adicional con ocasión del fallo, como lo sería una solicitud de aclaración, de
corrección o de adición de sentencia o, incluso, una solicitud de nulidad, por
cuanto los pronunciamientos que se dicten con ocasión de esas solicitudes
11
Original de la cita: “La Sección Primera en algunas ocasiones ha tomado un término equivalente
al previsto para ejercer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, esto es, de cuatro
meses y, en otras, ha manifestado que es de seis meses. La Sección Segunda ha sostenido que el
término razonable para interponer la acción de tutela contra providencias judiciales no puede
exceder de un año. Por su parte, las Secciones Cuarta y Quinta han fijado como razonable para su
interposición un plazo de seis meses”.
12
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado
número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
10
Radicación número: 110010315000202107259 00
Accionante: Red de Salud del Centro E.S.E.
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
podrían tener incidencia en la decisión que se cuestiona por vía de tutela y, por
tanto, en principio, también tendrían que ser objeto de cuestionamiento13.
En el presente asunto, la Sala considera que el término establecido como
razonable para presentar la se debe computar desde la notificación de la decisión
cuestionada –providencia dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca el 7 de abril de 2021–, porque ese fue el momento en que se evidenció la
supuesta configuración de los defectos alegados en sede de tutela.
Así las cosas, la Subsección estima que no se cumple con el requisito de la
inmediatez, habida cuenta de que, según constancia suscrita por la Secretaría del
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 24 de junio de 202114, el correo
electrónico para notificar la mencionada decisión se remitió el 14 de abril de 2021,
por lo que según lo establecido en el artículo 5215 del Decreto 2080 de 2021, se
debe entender notificada el 19 de abril de 2021 y la demanda de tutela se presentó
el 26 de octubre de 202116.
13
En sentencia de 11 de abril de 2019, radicado número: 110010315000201803905-01.
14
En la constancia se lee:
La sentencia emitida en el proceso de la referencia fue notificada a las partes a través del buzón de
correo electrónico el día 14 de abril de 2021 a las 8:18 PM, entiéndase notificada el día 15 de abril de
2021. De conformidad con lo establecido en el artículo 52 del decreto 2080 de 2021 que modificó el
artículo 205 del CPACA, el término de dos días transcurrió durante los días 16 y 20 de abril de 2021. El
término de ejecutoria del fallo precitado transcurrió para los interesados durante los días 21, 22 y 23 de
abril de 2021 (No corren términos sábados, domingos festivos y vacancia judicial).
Dentro de dicho término el apoderado de la parte demandada allego memorial con recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia.
La sentencia quedó debidamente notificada.
El 12 de mayo de 2021, se profirió auto interlocutorio No. 105 que rechazó recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia, el cual fue notificado por estado el día 18 de mayo de 2021, y su
ejecutoria finalizo el día 21 de mayo de 2021.
El auto quedó debidamente notificado y ejecutoriado. La sentencia quedó debidamente ejecutoriada.
15
“ARTÍCULO 52. Modifíquese el artículo 205 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:
ARTÍCULO 205. Notificación por medios electrónicos. La notificación electrónica de las
providencias se someterá a las siguientes reglas:
1. La providencia a ser notificada se remitirá por el Secretario al canal digital registrado y para su
envío se deberán utilizar los mecanismos que garanticen la autenticidad e integridad del mensaje.
2. La notificación de la providencia se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días
hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente
al de la notificación.
Se presumirá que el destinatario ha recibido la notificación cuando el iniciador recepcione acuse de
recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje. El Secretario
hará constar este hecho en el expediente.
De las notificaciones realizadas electrónicamente se conservarán los registros para consulta
permanente en línea por cualquier interesado”.
16
Remitida por correo electrónico.
11
Radicación número: 110010315000202107259 00
Accionante: Red de Salud del Centro E.S.E.
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
Conviene mencionar que la parte demandada formuló recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia, el cual se rechazó mediante auto de mayo de 2021
–según constancia secretarial del 24 de junio de 2021–.
Ahora bien, el mencionado recurso se presentó sin “citar el precedente unificado
presuntamente vulnerado” 17, desconociendo que el artículo 258 del C.P.A.C.A.,
prevé que “habrá lugar al recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
cuando la sentencia impugnada contraríe o se oponga a una sentencia de
unificación del Consejo de Estado” y que el artículo 26218 de la misma norma
dispone que ese recurso debe contener, entre otras cosas, “la indicación precisa
de la sentencia de unificación jurisprudencial que se estima contrariada y las
razones que le sirven de fundamento”.
En ese sentido, era evidente que el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia sería rechazado de plano y, por ende, para la Subsección, su
interposición no prolonga el término considerado como razonable para cuestionar
la decisión del 7 de abril de 2021, sino que, tal como lo ha establecido el Consejo
de Estado “… lo propio era que presentaran la acción de tutela tan pronto tuvo
conocimiento de esa providencia”19, porque en ese momento pudo advertirse la
configuración del defecto alegado, el que se fundamentó en el hecho de efectuar
“una interpretación extensiva y excesiva al dictamen pericial rendido por la
17
Como fundamento de la decisión de 12 de mayo de 2021, se expuso:
La norma señala como única causal para conceder el recurso, que la sentencia impugnada contraríe o
se oponga a una sentencia de unificación del Consejo de Estado.
En el presente asunto los apoderados de los recurrentes a pesar de su obligación legal no sustentaron
el recurso interpuesto, se limitaron a señalar que la Sala de Decisión de esta Corporación, al proferir la
sentencia de segunda instancia, no dio aplicación al artículo 256 del CPACA, sin mencionar cual es la
sentencia o sentencias de unificación que considera incumplidas por el Tribunal.
Al respecto debe indicarse que, con anterioridad a la Ley 2080 de 2021 se permitía la concesión del
recurso sin sustentarse, porque así establecida la ley 1437 de 2011 interpretada por el auto de
unificación del H Consejo de Estado de fecha 28 de marzo de 2019: (…)
En este momento procesal, la ley exige la interposición y sustentación del recurso dentro de los diez
(10) días siguientes a la ejecutoria de la sentencia recurrida; se concluye que la omisión de los
apoderados judiciales de la RED DE SALUD CENTRO E.S.E y CLÍNICA FABILU S.A.S antes LTDA, de
citar el precedente unificado presuntamente vulnerado no permite cumplir los requisitos legales y por
ello debe rechazarse de plano el recurso interpuesto.
18
“ARTÍCULO 262. REQUISITOS DEL RECURSO. El recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia deberá contener.
1. La designación de las partes.
2. La indicación de la providencia impugnada.
3. La relación concreta, breve y sucinta de los hechos en litigio.
4. La indicación precisa de la sentencia de unificación jurisprudencial que se estima contrariada y
las razones que le sirven de fundamento”.
19
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 3 de septiembre de 2020, radicado número:
110010315000202003496 00.
12
Radicación número: 110010315000202107259 00
Accionante: Red de Salud del Centro E.S.E.
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
Universidad CES de Medellín con el propósito de buscar que la parte actora
obtenga indemnización”.
En definitiva, dado que la demanda de tutela se presentó después de que se
cumplieron los 6 meses previstos por el Consejo de Estado como término
razonable, la Sala estima que se debe declarar la improcedencia del amparo
solicitado. Al respecto, esta Subsección ha sostenido:
… en esta actuación se cuestionan las providencias del 7 de febrero de 2019 y
del 16 de septiembre de ese mismo año, dictadas por el (…) a través de las
cuales no se accedió a la declaratoria de nulidad de la resolución 2016-67394
del 8 de octubre de 2016 y, como consecuencia, a la reliquidación de la
asignación de retiro del aquí demandante. No obstante, para la Sala la
demanda de tutela no cumple con el requisito de inmediatez, toda vez que la
providencia que puso fin al proceso -la del 16 de septiembre de 2019- se
notificó por correo electrónico al apoderado del señor (…) el 4 de octubre de
2019, mientras que la demanda de tutela se presentó el 16 de julio de 2020,
es decir, tres (3) meses y doce (12) días por fuera del plazo que se ha
establecido como razonable para la formulación de las acciones de esta
naturaleza.
Lo anterior, se acompasa con el hecho de que no se observa explicación ni
circunstancia alguna que justifique la tardanza en la presentación de la
demanda de tutela, a partir de la notificación del fallo del 16 de septiembre de
2019, por lo que no es posible flexibilizar la exigencia del requisito de la
inmediatez, tal como en se ha hecho en otras oportunidades, cuando se han
encontrado satisfechos los requisitos establecidos por la Corte Constitucional
para tal efecto20.
Se indica, además, que en el expediente no obra prueba de circunstancia
fáctica, personal o de otra índole que justificara la presentación de la acción
de tutela en la fecha indicada, y no dentro de término que prudencialmente ha
fijado la jurisprudencia para acudir a los jueces de tutela21.
20
Original de la cita: “La Corte Constitucional ha identificado dos clases de criterios al momento de
valorar el cumplimiento del requisito de inmediatez, unos denominados como valorativos del plazo
y, los otros, justificantes de conducta del accionante (Al respecto, ver: Corte Constitucional,
sentencias SU-499 de 2016 y T-038 de 2017).
“En cuanto a los criterios valorativos del plazo, se encuentran: (i) la pertenencia del actor a un
grupo vulnerable, (ii) las circunstancias que hayan impedido acudir de forma inmediata al juez de
tutela, (iii) el aislamiento geográfico, (iv) vulnerabilidad económica, (v) la eventual afectación de
derechos de terceros, (vi) la diligencia (o falta de ella) por parte del accionante, y (vii) la posibilidad
de que el amparo represente una serie afectación a la seguridad jurídica (Al respecto, ver: Corte
Constitucional, sentencia T-069 de 20159.
“Por su parte, los criterios justificantes de la conducta del accionante, son (i) que se demuestre que
la vulneración es permanente, pese a que el hecho que la originó es «muy antiguo» respecto de la
presentación de la tutela, y (ii) que la especial situación del accionante haga desproporcionado
adjudicarle la carga de acudir al juez (Al respecto, ver: Corte Constitucional, sentencia SU-499 de
2016)”.
21
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, C.P.: José Roberto Sáchica Méndez,
sentencia de 10 de septiembre de 2020, radicación No. 11001-03-15-000-2020-03207-00.
13
Radicación número: 110010315000202107259 00
Accionante: Red de Salud del Centro E.S.E.
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
Por lo expuesto, se declarará la improcedencia de la acción de tutela de la
referencia por no cumplirse con el requisito de la inmediatez.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, por las
razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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