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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-07287-01

Fecha
1 de junio de 2022
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-07287-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFICAR el numeral segundo del fallo de tutela de 25 de noviembre de 2021, proferido por la Sección Primera del Consejo de Estado, por las razones expuestas en esta providencia. En su lugar se dispone AMPARAR el derecho al debido proceso de María Olimpia Rojas Pabón. SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la Sentencia proferida el 29 de septiembre de 2021 por el Tribunal Administrativo de Santander, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 68001-33-33-008-2016-00102-02. En consecuencia, ORDENAR al Tribunal Administrativo de Santander que, dentro de los 10 días siguientes a la notificación de esta providencia, JOSE LUIS por cuanto, al existir SORANI LETICIA (hija extramatrimonial) accedía al derecho en la cuota parte del inmueble de la casa en Lagos II.”(Se resalta) 13 En la que el Juzgado 8 Administrativo de Bucaramanga determinó (se trascribe) “Lo antes expuesto también se encuentra respaldado por la prueba documental que obra en el expediente, a folios 27 y 28 donde obra la solicitud de conciliación radicada ante la Comisará de Familia y en la que el mismo señor José Luis Pabón Portilla manifestó que se había separado de su esposa hace año y medio -siendo tal declaración de fecha 13 de septiembre de 2013- y señalo como dirección de notificaciones la residencia que compartía con la señora Margarita Sánchez Tovar para el cuidado de su hija Sorany Leticia. Aunado a lo anterior, la señora Margarita Sánchez Tocar en su declaración manifestó que convivió con el señor José Luis Pabón Portilla desde el año 2007 hasta el 2014, existiendo contradicción con lo manifestado por los demás testigos, por lo que no se puede establecer con certeza con quien convivió en efecto el causante antes de su fallecimiento, y como quiera que ninguna de los testigos fue tachado de falso”. Páginas 10 y 11 de la Sentencia de 19 de diciembre de 2019, proferida por el juzgado referido. 10 de 11 Radicación: 11001-03-15-000-2021-07287-01 Demandante: María Olimpia Rojas de Pabón Demandado: Tribunal Administrativo de Santander y otro Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia Decisión: Modifica […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2021-07287-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

1 de junio de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D. C., 1 de junio de 2022

Radicación: 11001-03-15-000-2021-07287-01
Demandante: María Olimpia Rojas de Pabón
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL/ Requisitos generales de
procedencia/ Defecto procedimental y Desconocimiento del precedente –
subsidiariedad/ Defecto fáctico.

Síntesis del caso: La parte demandante enjuició la Sentencia de segunda instancia
confirmatoria del fallo de primer grado que negó el reconocimiento de una pensión de
sobreviviente.

De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver la
impugnación presentada por la parte actora contra la Sentencia proferida
el 25 de noviembre de 2021 por la Sección Primera del Consejo de Estado,
mediante la cual declaró improcedente el amparo respecto del defecto
sustantivo y lo negó frente a los defectos fáctico y desconocimiento del
precedente.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Fallo de primera instancia e
impugnación.

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 27 de octubre de 2021, María Olimpia Rojas de Pabón, por
intermedio de apoderado judicial, instauró acción de tutela contra el
Juzgado 8 Administrativo de Bucaramanga y el Tribunal Administrativo de
Santander, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la
seguridad social, vida e igualdad, los cuales consideró vulnerados con las
Sentencias de 19 de diciembre de 2019 y 29 de septiembre de 2021,
proferidas por las autoridades judiciales accionadas, respectivamente,
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 68001-
33-33-008-2016-00102-00/02.

1 Artículo 86 de la Constitución Política, los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333

de 2021 y el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2021-07287-01
Demandante: María Olimpia Rojas de Pabón
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Modifica
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2. A título de amparo constitucional, la parte demandante solicitó (se
trascribe):

“Acudo al juez de tutela para que se protejan los derechos fundamentales a
la seguridad social, vida e igualdad de la señora María Olimpia Rojas de
Pabón en la medida que las decisiones proferidas por los operadores
judiciales accionados incurrieron en los defectos sustantivo, fáctico y en
desconocimiento del precedente (vías de hecho).

Dejar sin efectos la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander, el 29 de septiembre de 2021, y por el Juzgado 8 Administrativo del
Circuito de Bucaramanga, del 19 de diciembre de 2019, dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado por la señora María
Olimpia Rojas de Pabón en contra de la UGPP – Sorani Leticia Pabón Sánchez
– Margarita Sánchez Tovar, y dentro del cual fue declarada la excepción de
falta de legitimación en la causa por la pasiva sobre la señora Margarita
Sánchez Tovar por considerarse que no tiene ninguna relación con la parte
accionante, ni con los hechos y pretensiones del presente medio de control
(decisión tomada en audiencia inicial del 22/01/2018).

En consecuencia, ordenar al Tribunal Administrativo de Santander que en el
término no superior a diez (10) días contados a partir de la notificación de la
sentencia, profiera un nuevo fallo en el cual:

Declare que la señora María Olimpia Rojas de Pabón convivió con el señor
José Luis Pabón Portilla de forma continua e ininterrumpida por más de 40
años desde el 29/07/1972 hasta el fallecimiento del señor Pabón acaecido el
01/02/2015.

Declare la nulidad de los actos administrativos en debate, y a título de
restablecimiento del derecho, CONDENAR a la UGPP a reconocer y pagar en
forma vitalicia a la señora MARIA OLIMPIA ROJAS DE PABÓN, la pensión de
sobrevivientes con ocasión del fallecimiento de JOSE LUIS PABON PORTILLA,
incluyendo las mesadas retroactivas a partir del 02 de febrero de 2015, con los
reajustes previstos en la Ley y las mesadas adicionales a que haya lugar, junto
con las costas y agencias en derecho, en cuantía de:

50% hasta el 7 de febrero de 2022, día anterior al cumplimiento de la mayoría
de edad de la menor SORANI LETICIA PABON SANCHEZ, o bien hasta el 7 de
febrero de 2029, día anterior al cumplimiento de 25 años siempre que acredite
escolaridad conforme a las leyes vigentes. Después de esa calenda, la
mesada pensional deberá acrecer a un 100%”.

3. Como hechos relevantes fueron narrados los siguientes:

4. 1) María Olimpia Rojas afirmó que el 29 de julio de 1972 contrajo
matrimonio con José Luis Pabón2, pero que en 1986 se separaron de
cuerpos y el 26 de septiembre de 2012 cesaron los efectos civiles de su
unión.

5. 2) El 1 de abril de 2016, María Olimpia Rojas de Pabón presentó
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales

2 Quien falleció el 1 de febrero de 2015.

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Radicación: 11001-03-15-000-2021-07287-01
Demandante: María Olimpia Rojas de Pabón
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Modifica
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de la Protección Social (UGPP), con el fin de obtener la nulidad de la
Resolución No. RDP 20423 de 22 de mayo de 2015, mediante la cual se
negó el reconocimiento y pago a su favor de la pensión de sobrevivientes
con ocasión del fallecimiento de José Luis Pabón Portilla, así como la
Resolución No. 30567 de 27 de julio de 2015 que confirmó la anterior
decisión.

6. 3) El asunto lo conoció en primera instancia el Juzgado 8
Administrativo de Bucaramanga que, mediante Sentencia de 19 de
diciembre de 2019, negó las pretensiones de la demanda, tras concluir que
no se probó una convivencia durante los 5 años anteriores al fallecimiento
del causante.

7. 4) La anterior decisión fue apelada por la señora Rojas de Pabón,
quien manifestó que la convivencia perduró por más de 40 años de forma
continua e ininterrumpida hasta que murió el señor Pabón Portilla. En esa
medida, sostuvo que hubo una apreciación errónea de las pruebas3 en
relación con ese aspecto, así como una aplicación equívoca del literal A
del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 y un desconocimiento del precedente
contenido en las Sentencias de 5 de septiembre de 2012, Rad. 2007-00482-
01 (0508-11) y 6 de mayo de 2010, Rad. 2003-00920-01 (1215-08) de las
Subsecciones A y B de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
respectivamente, sobre el derecho a la pensión de sobrevivientes.

8. 5) El Tribunal Administrativo de Santander, en Sentencia de 29 de
septiembre de 2021, confirmó la sentencia apelada, al determinar que no
se pudo establecer una convivencia en los últimos 5 años.

9. El fundamento de la vulneración radicó en la presunta configuración
de los defectos sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente.

10. Para la parte actora, el defecto sustantivo se configuró porque el
tribunal demandado vulneró el principio de congruencia al no analizar los
argumentos del escrito de apelación relacionados con la convivencia que
mantuvo la señora Rojas de Pabón con el causante dentro de los 5 años
anteriores a su fallecimiento. Además, señaló que existía una contradicción
entre los fundamentos normativos y su decisión, dado que admitió que se
probó la convivencia, pero al mismo tiempo adujo que no se pudo
establecer la convivencia en los últimos 5 años.

11. Respecto del defecto fáctico, indicó que la decisión careció de
apoyo probatorio, ya que desconoció los testimonios de Alfonso Rincón,

3 Concretamente, de (se trascribe) “la prueba documental de conciliación ante comisaría de familia” y los

testimonios de Alfonso Rincón, Teresa Silva y Margarita Sánchez.

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Radicación: 11001-03-15-000-2021-07287-01
Demandante: María Olimpia Rojas de Pabón
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Modifica
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Teresa Silva, María Antonia González y Beatriz León, los cuales, a su juicio,
demostraban la convivencia ininterrumpida con el señor Pabón Portilla.
12. Sobre el desconocimiento del precedente manifestó que se
inobservó la postura del Consejo de Estado contenida en las Sentencias de
5 de septiembre de 2012, Rad. No. 2007-00482-01 y 6 de mayo de 2010,
Rad. No. 2003-00920-01 sobre los requisitos para acceder a la pensión de
sobrevivientes ante la cesación de los efectos civiles del matrimonio, la
disolución y liquidación de la sociedad conyugal y la separación indefinida
de cuerpos, eventos que no extinguen el derecho a dicha prestación.

1.2. Fallo de primera instancia e impugnación

13. Mediante Sentencia de 25 de noviembre de 2021, la Sección Primera
del Consejo de Estado declaró improcedente el amparo solicitado frente
al defecto sustantivo alegado por falta de congruencia de la providencia
cuestionada, al determinar que no cumplió con el requisito de
subsidiariedad, pues, consideró que la parte actora tenía a su disposición
el recurso extraordinario de revisión previsto en el artículo 250 de la Ley
1437 de 2011 para alegar tal reparo, bajo la causal establecida en el
numeral 5 concerniente a la existencia de una nulidad en la sentencia.

14. Por otro lado, negó el amparo en relación con el defecto fáctico,
tras considerar que el tribunal demandado valoró debidamente las
pruebas allegadas al proceso para llegar a la conclusión de que no se
cumplieron los requisitos para acceder a la pensión de sobrevivientes, así
como también respecto del desconocimiento del precedente al concluir
que las providencias presuntamente desconocidas no compartían los
mismos supuestos de hecho de los del caso bajo estudio.

15. Inconforme con el fallo de primera instancia, la parte actora
presentó escrito de impugnación, en el que sostuvo que en dicha
providencia se determinó, de un lado, que el tribunal demandado valoró
las pruebas testimoniales, cuando lo cierto es que no lo hizo, y, de otro
lado, aseguró que la jurisprudencia invocada no tenía los mismos
presupuestos de hecho, cuando sí los tuvo, pues, en los casos hubo (se
trascribe) “separación indefinida de cuerpos, liquidación de la sociedad
conyugal y cesación de los efectos civiles de matrimonio religioso”, es
decir, insistió en el presunto defecto fáctico y en el desconocimiento del
precedente.

16. Adicionalmente, adujo que se debió analizar a fondo el defecto
sustantivo por la contradicción evidente y grosera entre los fundamentos
jurídicos y la decisión. En esa medida, señaló que el requisito de
subsidiariedad debía flexibilizarse, comoquiera que se trataba de una

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Radicación: 11001-03-15-000-2021-07287-01
Demandante: María Olimpia Rojas de Pabón
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Modifica
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mujer de la tercera edad y que someterla a otro proceso conllevaba a una
doble vulneración a sus derechos.
17. Reprochó que no se hubieran aplicado las reglas procesales del
artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, es decir, tener por ciertos los hechos
ante la ausencia de contestación por parte del tribunal demandado.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Identificación de la providencia objeto de análisis. 2.2. Identificación de
los defectos a estudiar. 2.3. Identificación de derechos presuntamente vulnerados. 2.4.
Fijación de la controversia. 2.5. Procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial. 2.6. Verificación de defectos alegados y/o vulneración de derechos
fundamentales. 2.7. Conclusiones.

2.1. Identificación de la providencia objeto de análisis

18. La Sala se centrará en analizar los reparos invocados respecto de la
Sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander el 29 de septiembre de 2021, puesto que, pese a que también
se enjuició la decisión proferida en primera instancia, por el Juzgado 8
Administrativo de Bucaramanga, lo cierto es que, con ocasión del recurso
de apelación, la decisión del tribunal fue la que resolvió el litigio. Asimismo,
no puede pasarse por alto que, ante una eventual decisión favorable a las
súplicas de amparo, será la autoridad que resolvió la controversia en
segunda instancia, la encargada de dar cumplimiento a lo que se ordene.
Por esta razón, la Sala se sustrae de su estudio.

2.2. Identificación de los defectos a estudiar

19. La Sala estima pertinente precisar que, si bien, la parte demandante,
además del presunto defecto fáctico y desconocimiento del precedente,
alegó un defecto sustantivo por la violación del principio de congruencia
porque el Tribunal demandado no se pronunció sobre los argumentos de la
apelación en relación con la convivencia, dicho reparo, de superar los
requisitos generales de procedibilidad y como en casos anteriores4, será
analizado a la luz de un presunto defecto procedimental, comoquiera que
la jurisprudencia de la Corte Constitucional5 ha dispuesto que la
afectación al principio de congruencia, respecto de las pretensiones
formuladas y lo decidido por la autoridad judicial, pueden configurar el
aludido defecto.

2.3. Identificación de derechos presuntamente vulnerados

4 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 28 de enero de 2020, Rad. 11001-03-15-000-

2019-04407-01, Sentencia de 28 de marzo de 2022, Rad. 2022-01138-00.
5 Corte Constitucional, Sentencias SU-424 de 2012 y T-152 de 2013.

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Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
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20. Pese a que, en la solicitud de amparo, la parte actora no señaló, de
manera expresa, la vulneración del derecho al debido proceso, esta Sala
lo considerará en el estudio del presente caso, debido a que en el marco
de una actuación judicial cobra relevancia estudiar si, durante el desarrollo
del trámite judicial ordinario, ese derecho fue vulnerado, pues, la
vulneración de los demás derechos y principios invocados (seguridad
social, vida e igualdad), surgen como consecuencia de la misma afrenta
al derecho al debido proceso. En consecuencia, en el evento de
encontrarlo lesionado, existirá razón suficiente para conceder el amparo.

2.4. Fijación de la controversia

21. Establecer, luego de verificados los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, si el
Tribunal Administrativo de Santander, como juez de segunda instancia,
incurrió en los defectos fáctico, procedimental y desconocimiento del
precedente6, por no tener como probada la convivencia de María Olimpia
Rojas de Pabón y José Luis Pabón Portilla. Como consecuencia de lo
anterior, se procederá a confirmar, modificar o revocar el fallo impugnado,
según sea el caso.

2.5. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial7

22. Respecto de la falta de congruencia entre los fundamentos
planteados en el recurso de apelación y lo resuelto por el juez, enmarcada
en un presunto defecto procedimental, se comparte que no supera el
requisito de subsidiariedad y, por tanto, se confirmará la improcedencia
declarada en primera instancia, pero no por la existencia del recurso
extraordinario de revisión (artículo 250 del CPACA8) bajo la configuración
de una causal de nulidad originada en la sentencia (causal 5), tal como lo
determinó el juez constitucional en primera instancia, ya que esta Sala ha
considerado9 que dicho recurso no procede sobre el aspecto reseñado,
pues las causales de nulidad son taxativas y se encuentran contempladas
en el artículo 133 del CGP10.

6 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencias de 5 de septiembre de 2012, Rad. No. 2007-00482-01 y 6 de

mayo de 2010, Rad. No. 2003-00920-01.
7 Este análisis se hace de conformidad con el orden establecido en la Sentencia T-66 de 2019 de la Corte

Constitucional.
8 “Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son

causales de revisión: (…) 5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
procede recurso de apelación. (…)”
9 Revisar, entre otras, las Sentencias proferidas dentro de los expedientes de tutela: 2019-01010-01, 2019-04407-01,

2020-04756-01, 2021-02892-01 y 2021-04048-01.
10 “Artículo 133. Causales de Nulidad. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos: 1.

Cuando el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de competencia. // 2. Cuando
el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente concluido o
pretermite íntegramente la respectiva instancia. // 3. Cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de las
causales legales de interrupción o de suspensión, o si, en estos casos, se reanuda antes de la oportunidad
debida. // 4. Cuando es indebida la representación de alguna de las partes, o cuando quien actúa como su
apoderado judicial carece íntegramente de poder. // 5. Cuando se omiten las oportunidades para solicitar,

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23. En ese orden, no resolver todos los extremos de la controversia o
cualquier otro punto que, de conformidad con la ley, debe ser objeto de
pronunciamiento, no es una causal de nulidad, sino un asunto susceptible
de ser alegado en el mismo trámite a través de la solicitud de adición de la
sentencia, reglada en el artículo 287 del CGP11, el cual dispone (se
trascribe):

“Artículo 287. Adición. Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de
los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la
ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de
sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de
parte presentada en la misma oportunidad.
(…) .”

24. Así las cosas, y ante la omisión de la parte actora consistente en no
presentar la solicitud de adición de la Sentencia de 29 de septiembre de
2021, con la finalidad de que el Tribunal Administrativo de Santander se
pronunciara sobre la acreditación de su convivencia con el señor Pabón
Portilla hasta su fallecimiento, hace improcedente la presente acción
constitucional, en la medida que tal reparo, expuesto en la apelación,
debía ser objeto de pronunciamiento.

25. Igualmente ocurre con el presunto desconocimiento del precedente
contenido en las Sentencias que la parte demandante invocó en su
recurso de apelación y que, nuevamente, puso de presente en la tutela de
la referencia, a saber, las Sentencias de 6 de mayo de 2010, Rad. No. 2003-
00920-01 y 5 de septiembre de 2012, Rad. No. 2007-00482-01, proferidas por
la Subsección B y A de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
respectivamente, debido a que, si el tribunal demandado no se pronunció
frente a las mismas, la parte actora debió alegar eso en la solicitud de
adición que se extraña.

26. Por otra parte, respecto del presunto defecto fáctico y el
desconocimiento del precedente, la Sala coincide en que la acción de
tutela es procedente porque: (1) No existe recurso, ordinario o
extraordinario idóneo y eficaz, que permitiera a la parte demandante
alegar los reparos planteados vía tutela y procurar la defensa del derecho
presuntamente vulnerado. (2) Hubo un plazo razonable entre la fecha de

decretar o practicar pruebas, o cuando se omite la práctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea
obligatoria. // 6. Cuando se omita la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso o
descorrer su traslado. // 7. Cuando la sentencia se profiera por un juez distinto del que escuchó los alegatos de
conclusión o la sustentación del recurso de apelación. // 8. Cuando no se practica en legal forma la notificación
del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas,
aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el
proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio
Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado. (…)”
11 Norma aplicable por remisión expresa del artículo 306 del CPACA, el cual establece (se trascribe): “En los

aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil [ahora, Código General
del Proceso] en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.”

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notificación de la providencia enjuiciada (30/9/2021) y la de interposición
de la presente acción de tutela (27/10/2021). (3) No se enjuició un fallo de
tutela, pues la controversia se relaciona con la Sentencia de segunda
instancia dictada en un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho. (4) Se identificaron de manera clara, detallada y comprensible
los hechos y la presunta vulneración derivada de ellos. (5) La controversia
tiene relevancia constitucional por tratarse de la presunta afectación de la
garantía fundamental al derecho al debido proceso de la parte actora
con ocasión de una providencia judicial de la cual se cuestionó la
valoración probatoria y el desconocimiento de ciertas providencias.

2.6. Verificación de defectos alegados y/o afectación a derechos
fundamentales

27. La Sala procederá a modificar el numeral segundo de la Sentencia
de tutela de 25 de noviembre de 2021, para, en su lugar, conceder el
amparo, respecto del defecto fáctico y el desconocimiento del
precedente, y confirmar en lo demás el fallo impugnado, por las siguientes
razones:

28. En relación con el defecto fáctico, la Sala advierte que el Tribunal
Administrativo de Santander adoptó la decisión de 29 de septiembre de
2021 sin un estudio de las pruebas relacionadas y obrantes en el proceso,
pues, dicha autoridad judicial determinó (se trascribe):

“IX. CASO EN CONCRETO
1) La UGPP mediante Resolución RDP020423 del 22 de mayo de 2015, dejó en
suspenso el posible derecho y el porcentaje que le pudiera corresponder
respecto a la pensión de sobreviviente, con ocasión del fallecimiento de José
Luis Pabón Portilla a la menor Sorany Leticia Pabón Sánchez y negó el
reconocimiento a la demandante. 2) El señor Pabón Portilla, señala como
dirección la Casa 49B de manzana G barrio el Cristal Alto del municipio de
Bucaramanga, siendo la misma que se indicó para la señora Margarita
Sánchez Tovar. 3) Obra en el dossier copia de recibos de pago por la suma de
$350.000 cancelados por José Luis Pabón Portilla por concepto de arriendo del
apartamento 1 piso del barrio Cristal Alto para el tiempo comprendido entre el
1 de diciembre al 1 de enero de 2014, 1 de diciembre al 1 de enero de 2015 y
de esta última fecha al 1 de febrero de 2015. 4) También se observa,
declaración extraprocesal suscrita por los señores Teresa Silva De Rueda y
Alfonso Rincón, el día 23 de febrero de 2015 en la Notaria Primera de
Floridablanca, en la cual señalaron que conocen a María Olimpia Rojas de
Pabón desde hace 25 y 40 años, e indican que les consta que era casada por
la iglesia católica el día 29 de julio de 1972,con José Luis Pabón Portilla,
conviviendo de forma permanente e ininterrumpida por un lapso de 42 años,
compartiendo lecho, techo y mesa hasta el día de su fallecimiento. 5) Registro
Civil de Nacimiento de la señora María Olimpia Rojas De Pabón, el cual tiene
como nota marginal la siguiente: ‘Mediante escritura pública No. 5947 del 26
de septiembre de 2012, de la Notaria Séptima de Bucaramanga, se autorizó la
Cesación de los Efectos Civiles del Matrimonio Religioso, de la inscrita con el
señor José Luis Pabón Portilla. Contratación, octubre 18 de 2012’. 6)
Declaración extraprocesal suscrita por María Luisa Osorio de Prieto y María
Antonia González Tarazona, en la cual señalan que conocieron a José Luis

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Radicación: 11001-03-15-000-2021-07287-01
Demandante: María Olimpia Rojas de Pabón
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Modifica
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Pabón Portilla desde hace 40 y 46 años, y les consta que contrajo matrimonio
católico con la demandante, compartiendo lecho, techo y mesa desde el 29
de julio de 1979 y en el año 2012, realizaron divorcio y liquidación de la
sociedad conyugal pero la unión marital siguió vigente ya que siguieron
conviviendo hasta el fallecimiento del señor Pabón Portilla. 7) Registro Civil del
matrimonio celebrado entre José Luis Pabón Portilla y María Olimpia Rojas de
Pabón el día 29 de julio de 1972, el cual tiene las siguientes notas marginales:
‘Por orden de Tribunal Superior de Bucaramanga mediante sentencia del 11
de diciembre de 1986, se decreta la separación indefinida de cuerpos
respecto del matrimonio católico que entre si contrajeron José Luis Pabón
Portilla y María Olimpia Rojas de Pabón, ‘Escritura pública #5947 del 26-09-
2012. Notaria Séptima de B/manga autorizo la cesación de los efectos civiles
del matrimonio religioso entre María Olimpia Rojas Camacho y/o de Pabón y
José Luis Pabón Portilla’.

Conclusiones.
Por lo anterior, está demostrado que José Luis Pabón Portilla tuvo un vínculo
matrimonial con María Olimpia Rojas de Pabón desde el año 1972.

Sin embargo, a partir de las pruebas practicadas no es factible tener por
acreditada, la convivencia del causante con la accionante hasta el día de su
fallecimiento, al menos durante los 5 años anteriores al fallecimiento del
causante, tiempo que interesa de acuerdo con la Ley 100 de 1993,
modificada en lo particular por la Ley 797 de 2003.
(…)
Finalmente, se advierte abundante prueba testimonial, quienes indicaron que
hubo convivencia con el causante, desde su matrimonio en el año 1972 hasta
su fallecimiento en el 2015, pero no se pudo establecer que la convivencia se
dio en los últimos cinco años. En este orden se confirmará la sentencia
apelada.”

29. Lo anterior, sin explicar las razones ni las pruebas que fundamentaron
la conclusión de que no era factible tener por acreditada la convivencia
de los 5 años anteriores al fallecimiento del causante -1 de febrero de 2015,
pese a que, previamente, había afirmado que hubo abundante prueba
testimonial sobre la convivencia entre 1972 y 2015, pronunciamientos que,
para la Sala, resultan contradictorios.

30. Esta Corporación denota que hubo una relación de los testimonios
de María Luisa Osorio, María Antonia González, Teresa Silva de Rueda y
Alfonso Rincón, sin ningún análisis en conjunto con las demás pruebas.
Incluso, se advirtió que no se hizo mención y/o estudio alguno sobre el
testimonio de Margarita Sánchez ni la prueba documental de conciliación
ante Comisaria, a pesar de que los mismos fueron objeto del recurso de
apelación12 y de la decisión de primera instancia13.

12 “· Apreciación errónea de la prueba testimonial de MARGARITA SÁNCHEZ al dar por demostrado sin estarlo,

que sus declaraciones impiden establecer con certeza con quién vivió el causante antes del fallecimiento.
(…)
Apreciación errónea de la prueba documental de conciliación ante comisaría de familia, al dar por demostrado
sin estarlo que la misma permite desvirtuar la convivencia entre mi poderdante y el causante.
La juez le dio peso probatorio a la documental de conciliación donde se manifiesta que el señor JOSE LUIS
PABÓN se había separado de su esposa hace año y medio, y donde registra como notificación una dirección
diferente a la que se ha sostenido con doña MARIA OLIMPIA.
Discrepo totalmente de la A QUO en la medida que el documento NO fue suscrito por el señor JOSE LUIS PABON
PORTILLA, y si bien no contiene un lenguaje suficientemente claro, cuando se refiere a “separación”, la expresión
debe ser asimilada con la separación de bienes que no es otra sino la disolución y liquidación de la sociedad
conyugal que acaeció en el 2012, decisión tomada para proteger los bienes de los hijos de MARIA OLIMPIA y

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Radicación: 11001-03-15-000-2021-07287-01
Demandante: María Olimpia Rojas de Pabón
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Modifica
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31. Por lo expuesto, se concluye que hubo una vulneración de derechos
fundamentales y, en consecuencia, se le ordenará que profiera una nueva
decisión con el análisis respectivo de los medios de prueba.

32. Lo anterior no significa que, per se, se reconozca la pensión de
sobrevivientes solicitada, pues, precisamente, del análisis y estudio
ordenado se determinará si se debe proceder así o no.

2.7. Conclusiones

33. La Sala modificará la decisión de primera instancia, concretamente
el numeral segundo, en el que se dispuso denegar el amparo solicitado, y,
en su lugar, se amparará el derecho al debido proceso por encontrar
configurado el defecto fáctico. En lo demás, la confirmará, pero por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR el numeral segundo del fallo de tutela de 25 de
noviembre de 2021, proferido por la Sección Primera del Consejo de
Estado, por las razones expuestas en esta providencia. En su lugar se
dispone AMPARAR el derecho al debido proceso de María Olimpia Rojas
Pabón.

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la Sentencia proferida el 29 de septiembre
de 2021 por el Tribunal Administrativo de Santander, dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho No. 68001-33-33-008-2016-00102-02.
En consecuencia, ORDENAR al Tribunal Administrativo de Santander que,
dentro de los 10 días siguientes a la notificación de esta providencia,

JOSE LUIS por cuanto, al existir SORANI LETICIA (hija extramatrimonial) accedía al derecho en la cuota parte del
inmueble de la casa en Lagos II.”(Se resalta)
13 En la que el Juzgado 8 Administrativo de Bucaramanga determinó (se trascribe) “Lo antes expuesto también se

encuentra respaldado por la prueba documental que obra en el expediente, a folios 27 y 28 donde obra la
solicitud de conciliación radicada ante la Comisará de Familia y en la que el mismo señor José Luis Pabón Portilla
manifestó que se había separado de su esposa hace año y medio -siendo tal declaración de fecha 13 de
septiembre de 2013- y señalo como dirección de notificaciones la residencia que compartía con la señora
Margarita Sánchez Tovar para el cuidado de su hija Sorany Leticia.
Aunado a lo anterior, la señora Margarita Sánchez Tocar en su declaración manifestó que convivió con el señor
José Luis Pabón Portilla desde el año 2007 hasta el 2014, existiendo contradicción con lo manifestado por los
demás testigos, por lo que no se puede establecer con certeza con quien convivió en efecto el causante antes
de su fallecimiento, y como quiera que ninguna de los testigos fue tachado de falso”. Páginas 10 y 11 de la
Sentencia de 19 de diciembre de 2019, proferida por el juzgado referido.

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Radicación: 11001-03-15-000-2021-07287-01
Demandante: María Olimpia Rojas de Pabón
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Modifica
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profiera Sentencia de remplazo en la cual atienda lo expresado en esta
decisión.

TERCERO: CONFIRMAR en lo demás el fallo impugnado, esto es, la
improcedencia de los reparos relacionados con la falta de congruencia,
pero por las razones expuestas.

CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al
correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin14.

QUINTO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Con salvamento parcial de voto

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

14 secgeneral@consejodeestado.gov.co.

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