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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-07300-00

Fecha
27 de enero de 2022
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2021-07300-00

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

27 de enero de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá D.C., veintisiete (27) de enero de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCION DE TUTELA
Radicación: 11001031500020210730000
Demandante: Jairo Cucaita Tovar
Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda

Temas: Tutela contra tutela

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por el señor Jairo Cucaita Tovar en contra
del Tribunal Administrativo de Risaralda por la expedición del fallo de tutela del 8 de
octubre de 2021, mediante el cual se revocó el fallo proferido por el Juez Quinto
Administrativo del Circuito de Pereira el 3 de septiembre de 20211 y, en su lugar, se
dispuso, rechazar por improcedente la vía de amparo.

1. La acción de tutela

El señor Jairo Cucaita Tovar promueve acción de tutela en contra del Tribunal
Administrativo de Risaralda por la expedición del fallo de tutela del 8 de octubre de
2021, mediante el cual se revocó la sentencia favorable a las pretensiones formuladas
por el accionante emitida por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Pereira
del 3 de septiembre de 2021 que protegió el derecho fundamental al debido proceso.

1.1. Pretensiones

En el escrito de tutela se formulan las siguientes pretensiones:

Tutelar el derecho al DEBIDO PROCESO, ORDENANDO AL TRIBUNAL EN LO
CONTENCIOSO AMINISTRATIVO DE RISARALDA, vuelva a expedir su fallo abarcando
en su análisis el segundo aspecto de la acción de tutela, que es la falta de efectos
jurídicos de los actos administrativos de la EMPRESA y la SUPERINTENDENCIA que
responden a la reclamación presentada y a los recursos interpuestos.

1 En la referida sentencia se tuteló el derecho fundamental al debido proceso del accionante

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Radicado: 11001031500020210730000
Accionante: Jairo Cucaita Tovar

Lo anterior porque como dejó las cosas, la Noble Corporación Judicial no sólo me
desprotegió en este magno derecho constitucional al quedar totalmente despojado del
ejercicio a mi defensa ante la SUPERINTENDENCIA, sino que ahondó su vulneración
ya que la EMPRESA se dispone a ejecutoriar su acto de respuesta a mi reclamación sin
tener efectos jurídicos. (sic en todo el texto transcrito).

1.2. Hechos de la solicitud

El accionante señala los siguientes hechos:

i) Es suscriptor y/o usuario de la Empresa de Energía de Pereira —EEP—
respecto del servicio de energía recibido en el predio ubicado en la calle 65 No. 25ª-
03. Presentó reclamación contra la facturación de octubre y noviembre de 2020 y
obtuvo respuesta desfavorable. Contra la reclamación interpuso los recursos de
reposición y en subsidio de apelación.

ii) El recurso de reposición fue resuelto por la —EEP— de forma desfavorable y
en la alzada, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios lo rechazó por
considerar que no existía por parte del accionante legitimación en la causa por activa
en tanto no acreditó su calidad de suscriptor del contrato de prestación del servicio y/o
usuario.

iii) Como su legitimidad para actuar ya estaba reconocida en la actuación
administrativa, solicitó la tutela de sus derechos al debido proceso y a la defensa por
considerar que el acto de rechazo del recurso es un «adefesio jurídico».

iv) Con la interposición del recurso de apelación, advirtió la ocurrencia del silencio
administrativo positivo y, por ende, todas las actuaciones que se surtieron ante las
entidades accionadas son «inocuas», es decir, no tienen efectos jurídicos.

v) En la acción de tutela que formuló solicitó como medida provisional que las
entidades accionadas se abstuvieran de facturar, todo cobro de la obligación de pago;
el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Pereira la decretó, y posteriormente,
emitió fallo a su favor el 3 de septiembre de 2021 en el que, no obstante, se abstuvo
de pronunciarse sobre los efectos jurídicos de los actos administrativos.

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Accionante: Jairo Cucaita Tovar

vi) Con motivo de la impugnación, el Tribunal Administrativo de Risaralda el 8 de
octubre de 2021 revocó la decisión del a quo, para en su lugar, rechazar por
improcedente la acción de tutela. Para el efecto, indicó que existe otro mecanismo de
defensa judicial, esto es, el medio de control nulidad y restablecimiento del derecho.

1.3. Fundamentos jurídicos de la solicitud

En el escrito de tutela se invocan los siguientes fundamentos jurídicos:

i) El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Pereira solamente abordó la
legitimación en la causa por activa y fundamentó su decisión en el hecho de que se
presentó a la actuación administrativa (reclamación) con el mandato otorgado al señor
Antonio José López Patiño, usuario del servicio, pero no se pronunció sobre los efectos
jurídicos de las decisiones administrativas entuteladas.

ii) Con la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, en
segunda instancia, que rechazó la acción de tutela, el acto administrativo quedó
gozando de su presunción de legalidad, y por ello, debió notificarse a la persona que
considerara suscriptor y/o usuario del servicio y desvincularlo del proceso de
reclamación y de los recursos.

iii) Al no procederse de esa forma, el acto administrativo que rechazó el recurso de
apelación emitido por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, quedó
notificado a una persona que fue declarada no legitimada en la causa lo cual acarrea
la no producción de los efectos jurídicos conforme a lo previsto en el artículo 72 del
CPACA.

iv) Al interponer los recursos manifestó la configuración del silencio administrativo
positivo acorde a lo previsto en la Circular SSPD 005 de 2005 y, en ese sentido,
correspondía suspender el trámite de la apelación para dar curso a la actuación
administrativa contemplada en el artículo 123 del Decreto-Ley 2150 de 1995 que
subroga el artículo 158 de la Ley 142 de 1994.2

2 La actuación se recopiló mediante expediente electrónico

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1.3. Trámite procesal

Mediante auto del 4 de noviembre de 2021, se inadmitió la acción de tutela en orden
a que el accionante allegara memorial aclaratorio en el que indicara cuáles son las
causales de procedibilidad en que incurrió el Tribunal Administrativo de Risaralda con
la expedición de la sentencia cuestionada.

En el escrito de subsanación, el accionante expone los siguientes aspectos:

i) En la demanda de tutela está demostrada la irregularidad procesal que
denomina «adefesio jurídico», planteada a la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios y a la Empresa de Energía de Pereira —EEP—, porque dichas entidades
pretenden darle efectos jurídicos a los actos administrativos que expidieron, que se
originaron en la petición que presentó y que no pueden ser atacados mediante el medio
de control nulidad y restablecimiento del derecho.

ii) Se presenta la causal desconocimiento del precedente jurisprudencial por
cuanto es «nutrida» la jurisprudencia que examina la ineficacia de los actos
administrativos y sus consecuencias legales, a manera de ejemplo, trae a colación la
sentencia del 23 de septiembre de 1994, expediente T-38881, magistrado ponente:
Eduardo Cifuentes Muñoz, que considera afectado el derecho al debido proceso
cuando se aplican actos administrativos ineficaces.

iii) Igualmente, se desatiende la jurisprudencia plasmada en la sentencia del
Consejo de Estado, Sección Tercera, del 5 de febrero de 1998, AC-5436, consejero
ponente: Ricardo Hoyos Duque, en la cual se reconoce que el silencio administrativo
positivo produce un verdadero acto administrativo y, por ello, no constituye una
actuación inocua sino eficaz en la producción de efectos jurídicos.

Mediante auto del 26 de noviembre de 2021, se admitió la acción de tutela y se dispuso
notificar como demandados a los magistrados del Tribunal Administrativo de Risaralda,
Sala Tercera de Decisión, quienes conocieron de la acción de tutela que se tramitó
con el radicado 66001-33-33-005-2021-00187 (01) que dio origen al trámite
constitucional, y en condición de terceros interesados a la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios y a la Empresa de Energía de Pereira —EEP— .

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Accionante: Jairo Cucaita Tovar

1.4. Intervención del Tribunal Administrativo de Risaralda

El magistrado Juan Carlos Hincapié Mejía, en el escrito de intervención, solicitó sea
rechazada la acción de tutela o en su defecto, denegado el amparo con fundamento
en los siguientes aspectos:

i) El accionante presentó demanda tendiente a que se declare sin ningún valor la
sentencia de segunda instancia proferida el 8 de octubre de 2021 por esa Corporación
dentro de la acción de tutela, radicación 66001-33-33-005-2020-00187-01 (J-0752-
2021), por haberse vulnerado, según lo afirmó, su derecho fundamental al debido
proceso.

ii) Como hecho constitutivo de la aludida vulneración, se indicó en el libelo que con
la revocatoria de la sentencia de primera instancia para considerar que el accionante
tiene la posibilidad de acudir directamente al medio de control nulidad y
restablecimiento del derecho, se inobservó examinar que los actos administrativos no
tienen efectos jurídicos, ni fuerza ejecutoria, dado que se tuvo al accionante no
legitimado en la causa por activa lo que hace que también sean inoponibles las
decisiones adoptadas.

iii) Entre los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales se encuentra que no se trate de una sentencia de tutela, y
menos aun cuando los argumentos que la sustentan versan sobre elementos
inescindibles del fallo, es decir, no se trata de actuaciones del juez de tutela diferentes
a la sentencia misma.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 Constitucional y el artículo 25 del Acuerdo
080 de 20193, según el cual «[l]as tutelas que sean de competencia del Consejo de
Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual

3 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.

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entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán
resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le
haya correspondido el reparto», esta Sala es competente para conocer de la acción
de tutela interpuesta contra el Tribunal Administrativo de Risaralda, por la expedición
de la sentencia del 8 de octubre de 2021.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala conocer la acción de tutela interpuesta contra el Tribunal
Administrativo de Risaralda, por la expedición de la sentencia del 8 de octubre de 2021
proferida en la acción de tutela promovida por el señor Jairo Cucaita Tovar contra la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Empresa de Energía de
Pereira —EEP— .

El problema jurídico consiste en establecer si se configura la causal de improcedencia
que no se interponga la acción de tutela contra otro fallo de tutela por cuanto la
sentencia del 8 de octubre de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de
Risaralda, objeto de la acción de tutela de la referencia, resolvió en segunda instancia
una acción de tutela interpuesta por el accionante ante el Juzgado Quinto
Administrativo del Circuito de Pereira.

2.2.1. Marco conceptual y jurisprudencial de la acción de tutela contra otra
sentencia de tutela

De acuerdo con lo señalado en la sentencia de unificación SU-627 de 2015, cuando la
acción de tutela se dirige contra una sentencia de tutela, proferida por un juez o tribunal
de la República, diferente a la Corte Constitucional, procede de manera excepcional
cuando existan situaciones fraudulentas y graves y, por tanto, se esté ante el fenómeno
de la cosa juzgada fraudulenta.4

Para analizar dicha situación, el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los
siguientes supuestos: i) que la acción de tutela presentada no comparta identidad

4 Sentencia SU-627 de 2015. «En este contexto, es posible que se configure el fenómeno de la cosa juzgada

fraudulenta, que “se predica de un proceso que ha cumplido formalmente con todos los requisitos procesales y que
materializa en esencia un negocio fraudulento a través de medios procesales, que implica un perjuicio ilícito a
terceros y a la comunidad. Este fenómeno es más grave cuando el fraude es cometido directamente por el juez o
con su anuencia». Esta providencia remite a la Sentencia T- 218 de 2012.

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procesal con la solicitud de amparo cuestionada; ii) que se demuestre de manera clara
y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una
situación de fraude; y iii) que no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz
para resolver la situación.5

Acorde a los parámetros de la línea jurisprudencial reiterada en la sentencia T-322 de
2019,6 relativos a la cosa juzgada constitucional fraudulenta, se tiene que dicha
situación de fraude debe tener soporte argumentativo en hechos como: i) la decisión
de autoridad competente que declare la conducta dolosa del juez,7 ii) la apertura de
investigaciones disciplinarias o penales acerca de la configuración del delito;8 iii) la
materialización del dolo en la sentencia judicial;9 iv) la existencia de una interpretación
normativa abiertamente contraria a los postulados constitucionales y a la buena fe;10
v) la afectación al patrimonio público;11 vi) la ausencia de certeza del derecho
reconocido;12 vii) la protección de un elevado número de peticionarios, cuya situación
individual no alcanza a ser debidamente examinada dentro del término de diez días
del que dispone el juez para decidir;13 viii) cuando se presenta acción de tutela contra
una entidad que, por estar sumida en un estado de cosas inconstitucional, presenta
una limitada capacidad para ofrecer respuesta oportuna a las demandas de sus
afiliados y beneficiarios y amenaza el goce efectivo de derechos fundamentales de
terceros;14 y ix) el reconocimiento de una prestación de forma manifiestamente ilegal.

Ahora bien, la Corte Constitucional señaló que se comparte identidad procesal cuando
en dos procesos diferentes, uno posterior al otro, existe concurrencia de partes
(identidad de partes), de hechos (identidad de causa petendi) y de pretensiones
(identidad de objeto).15

5 La Sentencia T-093 de 2018 reitera la línea fijada en la SU- 627 de 2015.
6 M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
7 T-218 de 2012 M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
8 T-393 de 2013 M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
9 T-218 de 2012 M. P. Juan Carlos Henao Pérez; T.951 de 2013 M. P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-373 de 2014

M. P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-427 de 2017 M. P Alejandro Linares Cantillo; y T-470 de 2018 M. P. Alberto
Rojas Ríos.
10 T-073 de 2019 M. P. Carlos Bernal Pulido.
11 T-218 de 2012 M. P. Juan Carlos Henao Pérez; T-399 de 2013 M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-272 de

2014 M. P. María Victoria Calle Correa y T-073 de 2019 M.P. Carlos Bernal Pulido.
12 T-218 de 2012 M. P. Juan C Arlos Henao Pérez; T-399 de 2013 M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
13 T-272 de 2014 M. P. María Victoria Calle Correa.
14 T-272 de 2014 M. P. María Victoria Calle Correa.
15 En la sentencia C-774 de 2001, la Corte Constitucional señaló que se comparte identidad procesal cuando en

dos procesos diferentes, uno posterior al otro, existe concurrencia de partes (identidad de partes), de hechos
(identidad de causa petendi) y de pretensiones (identidad de objeto).

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2.2.1.1. Hechos probados

Con la finalidad de establecer si en el sub-lite, se presenta la carencia del requisito de
procedibilidad que la acción de tutela no se promueva contra otra sentencia de tutela,
la Sala recopila los siguientes elementos probatorios:

2.2.1.1.1. Ante el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Pereira el señor Jairo
Cucaita Tovar presentó acción de tutela contra la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios y la Empresa de Energía de Pereira —EEP— mediante la cual
solicitó la protección del derecho fundamental al debido proceso y deprecó las
siguientes pretensiones:

1. Eliminado el ADEFESIO JURIDICO expuesto, de modo que yo, O ESTÉ
DESLEGITIMADO EN TODA LA ACTUACION sobre el reclamo presentado sobre la
facturación de octubre y noviembre de 2020, con el consecuente derrumbamiento de
todo el proceso o QUEDE LEGITIMADO EN TODA LA ACTUACIÓN, de tal suerte que
la SUPERINTENDENCIA deberá resolver de fondo el recurso de apelación.
2. Lo anterior sin perjuicio de antes la SUPERINTENDENCIA verificar si se
configuró el SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO en este segundo proceso de
reclamación, pues de encontrar la producción del respectivo ACTO ADMINITRATIVO
PRESUNTO, deberá proceder a procurar su ejecutoriedad conforme le ordena el artículo
123 del Decreto 2150 de 1995.
3. Ordenando a la EMPRESA la alzada del expediente del primer proceso de
reclamación (contra facturación de septiembre de 2020, para que la
SUPERINTENDENCIA entre a resolver el recurso de apelación de modo que se surtan
a cabalidad las etapas del procedimiento establecido en el Capítulo VII del Título VIII de
la Ley 142 de 1994.
4. También lo anterior, sin detrimento de la ejecutoriedad del ACTO
ADMINISTRATIVO PRESUNTO que se habría configurado en este primer reclamo.
5. Como quiera que la SUPERINTENDENCIA no me avaló como SUSCRIPTOR
a pesar de estar registrado como tal en la EMPRESA y figurar en la facturación, lo que
es una ostensible VIA DE HECHO, solicito al H Juez Constitucional compulsar copia a
la autoridad o dependencia competente para que se investigue la posible conducta
disciplinable en tan irregular y extraña actuación de la funcionaria de la
SUPERINTENDENCIA que suscribió el acto de rechazo del recurso de apelación que
nos ocupa.
6. Advertir a la Sra. Representante legal de la EMPRESA, quien es profesional del
derecho, que habiendo sido yo declarado como no legitimado en la causa, sus
decisiones administrativas, así como el que desata el recurso de apelación, al serme
notificados bajo esa circunstancia, no producen sus efectos jurídicos y por ende no me
son oponibles
Y, de conformidad con el artículo 2591 de 1991, prevenir a las demandadas para que en
ningún caso vuelvan a incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para
conceder la tutela, o para que en otros casos eviten su repetición. (sic en todo el texto
transcrito)

Los fundamentos de la acción de tutela se resumen de la siguiente manera:

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i) Mediante mandato otorgado al señor Antonio José López, presentó reclamó
contra la facturación de los meses de octubre y noviembre del 2020. Las sumas
reclamadas quedaron suspendidas en su obligación de pago, mientras se produjo la
respuesta a través de la decisión empresarial 6496093.

ii) Como no se accedió al ajuste de la facturación interpuso los recursos de
reposición y apelación. La Empresa de Energía de Pereira —EEP— resolvió el recurso
de reposición en virtud del cual se confirmó la anterior decisión empresarial.

iii) La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios rechazó el recurso de
apelación por considerar que no se demostró la calidad con la que se presentó el
accionante sobre el predio objeto de reclamo, toda vez que como este es de categoría
industrial y comercial el titular del contrato de condiciones uniformes es distinto al
reclamante.

iv) El recurso de apelación fue rechazado por falta de legitimación en la causa por
activa y se le notificó la decisión a través de su mandatario, pero como la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios no lo desvinculó de la actuación
administrativa resulta contradictorio que se encuentre legitimado para promover el
recurso de reposición y deslegitimado para ejercer su defensa en la segunda instancia.

2.2.1.1.2. El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Pereira mediante sentencia
del 3 de septiembre de 2021 amparó el derecho fundamental al debido proceso del
accionante y emitió las siguientes órdenes:

(…) 4. Ordenar a la señora Efigenia Suescún Vega como Directora Territorial Occidente
de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, o quien haga sus veces, que
resuelva de fondo el recurso de apelación presentado por el señor Jairo Cucaita Tovar
por intermedio de mandatario dentro del proceso radicado 6496093 del 25 de noviembre
de 2020 bajo el contrato número 986661, atendiendo a lo dispuesto en esta providencia.
(…)

En sustento de la decisión se expusieron los siguientes aspectos:

i) El demandante pretende que se declare la nulidad de la actuación de segunda
instancia surtida ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y se
resuelva de fondo el recurso de apelación; o en su defecto, se anule todo lo actuado
por carecer de legitimación en la causa por activa.

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ii) Revisadas las etapas del proceso, se observa que con la expedición de los
actos administrativos que resolvieron los recursos de reposición y en subsidio de
apelación —decisión empresarial 6542962 del 21 de enero de 2021 y Resolución
SSPD 20218300297575 del 9 de julio de 2021— respecto de las reclamaciones por los
períodos octubre y noviembre de 2020 se garantizó el derecho a la defensa y el debido
proceso.

iii) De forma extraña la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
impone al reclamante únicamente acreditar la calidad de suscriptor cuando el inciso
primero del artículo 154 de la Ley 142 de 1994 faculta a los usuarios para interponer
los recursos, sin que sea exigible allegar, documental alguna, que acredite esa
condición.

iv) El ente regulador incurre en el yerro de no admitir que el mandatario obró en
virtud de la facultad que le otorgó el suscriptor y/o usuario y, en ese sentido, como el
vicio resulta palmario, se debe dejar sin efectos la Resolución SSPD 20218300297575
del 9 de julio de 2021 y ordenar resolver de fondo el recurso impetrado.

v) En lo atinente al silencio administrativo positivo, aun en gracia de discusión, si
se aceptase la configuración de las condiciones necesarias para su existencia, no
puede el juzgador pasar por alto la vigencia de los actos administrativos emitidos
dentro del trámite administrativo.

2.2.1.1.3. Interpuesta la impugnación por parte de la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios, la Empresa de Energía de Pereira —EEP— y la parte actora,
el Tribunal Administrativo de Risaralda mediante fallo del 8 de octubre de 2021, revocó
la decisión del a quo y rechazó por improcedente la acción de tutela.

En sustento de la decisión, expuso los siguientes aspectos:

i) El accionante puede acudir a la acción judicial instituida para procurar la defensa
de los derechos que considera vulnerados durante el trámite administrativo surtido en
contra de las entidades accionadas, esto es, a través del medio de control nulidad y
restablecimiento del derecho, para exponer las presuntas irregularidades que se

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presentan en el proceso, en especial el motivo por el cual se rechazó el recurso de
apelación interpuesto por el actor al considerar que no acreditó la calidad de usuario.

ii) La acción de tutela resulta improcedente por existir otros medios de defensa
ordinario y por no acreditarse que se genera un perjuicio irremediable que amerite
declarar la nulidad del proceso, tener al accionante como legitimado por activa desde
el inicio del proceso o en su defecto, hacer inoponibles las decisiones adoptadas por
no haberse notificado a quien estaba legitimado en el presente asunto.

3. Análisis de la Sala. Caso concreto

En el análisis del presupuesto de procedibilidad de la acción de tutela «que no se
interponga contra otra sentencia de tutela», la Sala hará las siguientes reflexiones:

3.1. Identidad de partes

La Sala observa que se configura la identidad de parte demandante y demandada
porque tanto en la acción de tutela que decidió el Juzgado Quinto Administrativo del
Circuito de Pereira el 3 de septiembre de 2021 revocada por el Tribunal Administrativo
de Risaralda mediante sentencia del 8 de octubre de 2021, como en la acción de tutela
de la referencia, actuaron como parte demandante el señor Jairo Cucaita Tovar y como
demandadas la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Empresa de
Energía de Pereira —EEP—.

3.2. Identidad de hechos (de causa petendi)

Sobre el particular, la Sala aprecia que existe identidad de causa petendi toda vez que
los hechos que conoció el Tribunal Administrativo de Risaralda en segunda instancia
de la acción de tutela que se tramitó en el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito
de Pereira, versaron sobre la actuación administrativa que se llevó a cabo con motivo
de la reclamación por la facturación del servicio de energía eléctrica por los meses de
octubre y noviembre de 2020, la que fue resuelta mediante la decisión empresarial
6496093. Contra este último pronunciamiento se presentó el recurso de reposición el
que fue desatado mediante decisión empresarial 6542962, y dentro del trámite del
recurso de apelación, se solicitó al señor Jairo Cucaita Tovar, aportar elemento

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material o físico que demostrara la calidad que ostentaba sobre el predio objeto de
reclamo. Como esa documentación no fue allegada el recurso se rechazó.

El accionante en la interposición del recurso de reposición y en subsidio apelación que
promovió contra los actos proferidos por la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios y la Empresa de Energía de Pereira —EEP— se refirió a la ineficacia de
estas decisiones emitidas en el curso de la actuación administrativa, lo cual, a su juicio,
implicaba que eran inoponibles, aspecto que resulta idéntico al que se pretende en la
acción de tutela de la referencia y que fue examinado por el Tribunal Administrativo de
Risaralda en el fallo proferido el 8 de octubre de 2021.

3.3. Identidad de pretensiones (identidad de objeto)

La Sala observa que existe identidad de objeto porque en la acción de tutela que
conoció el Tribunal Administrativo de Risaralda, en segunda instancia, del 8 de octubre
de 2021, se ordenó rechazar el recurso de apelación interpuesto contra la decisión
empresarial 6496093, sobre la base de la falta de legitimación en la causa por activa
del solicitante y, en esta oportunidad, se pretende por el accionante, cuestionar las
apreciaciones efectuadas por ese órgano colegiado, para inferir, que como los actos
fueron notificados a quien no correspondía carecen de efectos jurídicos, vale decir, de
eficacia y ejecutoriedad.

En ese orden de ideas, lo que pretende el accionante es controvertir los argumentos
expuestos por el Tribunal Administrativo de Risaralda en el fallo del 8 de octubre de
2021 los cuales revocaron el fallo de primera instancia emitido por el Juzgado Quinto
Administrativo del Circuito de Pereira del 3 de septiembre de 2021, porque se tuvo en
cuenta la existencia de otro instrumento de defensa judicial contra los actos emitidos
por la Empresa de Energía de Pereira —EEP— y la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios, esto es, el medio de control nulidad y restablecimiento del
derecho.

Resulta evidente que lo pretendido por la parte actora es someter nuevamente a
examen constitucional la actuación administrativa y los actos administrativos que se
profirieron respecto de la reclamación por la prestación del servicio de energía de los
meses de octubre y noviembre de 2020, insistiendo en que la falta de legitimación en

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Radicado: 11001031500020210730000
Accionante: Jairo Cucaita Tovar

la causa por activa con la que culminó la reclamación en sede del recurso de apelación
y que dio lugar a su rechazo, da lugar a la inoponibilidad de las decisiones; ello por
notificarse a quien no correspondía, aspecto que fue expuesto en el escrito inicial de
tutela y examinado tanto por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Pereira
como por el Tribunal Administrativo de Risaralda.

3.4. No existe una situación de fraude

Igualmente, se observa que en el presente asunto no existe una situación de fraude
comoquiera que no se presenta ninguno de los eventos previstos por la Corte
Constitucional, señalados en esta providencia, que hagan posible su examen y, por
esa razón, se aprecia con nitidez la improcedencia de la acción de tutela por carecer
de un requisito de procedibilidad, esto es, que no se interponga una acción de tutela
contra otro fallo de tutela.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado en casos análogos fáctica y
jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, se declarará
la improcedencia de la acción de tutela por cuanto (i) se trata de hechos conocidos en
otra instancia de tutela y ii) no se configuran las situaciones de fraude previstas por la
Corte Constitucional para su estudio excepcional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

Falla:

PRIMERO: Rechazar por improcedencia la acción de tutela promovida por el señor
Jairo Cucaita Tovar con fundamento en las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

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Radicado: 11001031500020210730000
Accionante: Jairo Cucaita Tovar

SEGUNDO: Si no fuere impugnada, dentro de los diez (10) días siguientes a la
ejecutoria de esta providencia, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.

MECG

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