Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-07308-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-07308-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2021-07308-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
14 de mayo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA 8 ESPECIAL DE DECISIÓN
Bogotá, D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Número único de radicación: 11001031500020210730800
Actora: LA NACIÓN - RAMA JUDICIAL
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por
LA NACIÓN - RAMA JUDICIAL, contra el numeral tercero1 de la
sentencia de 28 de agosto de 2020, proferida por la Subsección
“B” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, a través de las
cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto contra el fallo
de 15 de noviembre de 2017, que revocó el fallo de primera
instancia y, en su lugar, ordenó, entre otras, que la recurrente
presentara disculpas públicas a los accionantes por la privación
injusta de la libertad del señor YAMIL ANTONIO BOLÍVAR
CERVANTES.
1
“[….] TERCERO: A título de reparación no pecuniaria de los derechos al buen nombre y dignidad
humana, la NACIÓN-FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y NACIÓN-RAMA JUDICIAL, a través
de una misiva personal dirigida al señor Yamil Antonio Bolívar Cervantes, y su familia le ofrecerá
disculpas por la detención injusta de la que fueron objeto. Dichas entidades deberán coordinar con
el aquí demandante si es suficiente con que el documento le sea entregado personalmente a él o si,
además, debe publicarse en las plataformas de comunicación y difusión de la entidad […]”
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Número único de radicación: 11001 03 15 000 2021 07308 00
Actor: LA NACIÓN - RAMA JUDICIAL
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
I. ANTECEDENTES
1.1. El señor YAMIL ANTONIO BOLÍVAR CERVANTES promovió
demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa,
por conducto de apoderado, en la que alegó que se le privó
injustamente de la libertad en el proceso penal que se siguió en su
contra por los delitos de concierto para delinquir, falsedad material
en documento público y cohecho propio.
1.2. La solicitud de reparación se tramitó ante el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca bajo el número de radicado
25000232600020110054400, proceso que se decidió mediante
sentencia de 13 de febrero de 2014, en el sentido de: i) declarar la
falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación - Rama
Judicial y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y ii)
denegó las pretensiones de la demanda.
1.3. La parte accionante interpuso el recurso de apelación y solicitó
que se revocara la sentencia y se accediera a las pretensiones de
la demanda.
1.4. Surtido el trámite de segunda instancia, el Consejo de Estado
accedió a las pretensiones de la demanda mediante sentencia de
28 de agosto de 20202, en la que dispuso lo siguiente:
2
Esta decisión se notificó por edicto fijado el 21 de octubre y desfijado el 23 de octubre de 2020.
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Actor: LA NACIÓN - RAMA JUDICIAL
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
“[…] REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, el 13 de febrero de
2014, y, en su lugar, se dispone lo siguiente:
PRIMERO: DECLARAR patrimonial y administrativamente
responsable a la NACIÓN-FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y
NACIÓN-RAMA JUDICIAL por los daños antijurídicos causados por
la privación injusta de la libertad del señor Yamil Antonio Bolívar
Cervantes.
SEGUNDO: Como consecuencia, condénese a la NACIÓN-FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN y NACIÓN-RAMA JUDICIAL, a pagar
por concepto de indemnización lo siguiente:
A) Por perjuicios morales, las siguientes sumas: (i) Para Yamil
Antonio Bolívar Cervantes, Bertha Lucía Medina Figueroa, Luis
Enrique Bolívar Medina, Sebastián Medina Bolívar, Yamila de Jesús
Bolívar Cueto y Luis Francisco Bolívar Valencia el valor equivalente a
100 s.m.l.m.v. para cada uno, de los cuales a la Nación-Fiscalía
General de la Nación le corresponde pagar el valor equivalente a
88.17 s.m.l.m.v. y a la Nación-Rama Judicial le corresponde pagar el
valor equivalente a 11.83 s.m.l.m.v.; (ii) para Elsy Judith Bolívar
Cervantes, Antonio Luis Bolívar Cervantes, Lidia Bolívar Cervantes de
Crespo, Arnaldo Enrique Bolívar Cervantes, Lidbed del Socorro Bolívar
Cervantes, Yomaira Bolívar Cervantes, Andrés Felipe Navarro Medina
y Tatiana Lucía Navarro Medina el valor equivalente a 50 s.m.l.m.v.
para cada uno, de los cuales a la Nación-Fiscalía General de la Nación
le corresponde pagar el valor equivalente a 44.08 s.m.l.m.v. y a la
Nación-Rama Judicial le corresponde pagar el valor equivalente a 5.92
s.m.l.m.v.
B) Por daño a la salud para Sebastián Medina Bolívar el valor
equivalente a 20 s.m.l.m.v., de los cuales 17.63 s.m.l.m.v. le
corresponden a la Nación-Fiscalía General de la Nación, mientras que
2.37 s.m.l.m.v. le corresponden a la Nación-Rama Judicial.
TERCERO: A título de reparación no pecuniaria de los derechos al
buen nombre y dignidad humana, la NACIÓN-FISCALÍA GENERAL
DE LA NACIÓN y NACIÓN-RAMA JUDICIAL, a través de una
misiva personal dirigida al señor Yamil Antonio Bolívar Cervantes, y
su familia le ofrecerá disculpas por la detención injusta de la que
fueron objeto. Dichas entidades deberán coordinar con el aquí
demandante si es suficiente con que el documento le sea entregado
personalmente a él o si, además, debe publicarse en las plataformas
de comunicación y difusión de la entidad.
CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda […]”.
1.5. Afirmó que contra esta decisión también instauró acción de
tutela por considerar que se vulneraron los derechos fundamentales
al debido proceso, a la defensa, a la contradicción e igualdad, en
razón a que la condena fue arbitraria.
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II. PROVIDENCIA RECURRIDA EN REVISIÓN
2.1 Corresponde a la sentencia de 28 de agosto de 2020,
proferida por la Subsección “B” de la Sección Tercera de esta
Corporación, por la cual se resolvió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante, en la que se revocó el fallo
de primera instancia que había denegado las pretensiones.
El problema jurídico que delimitó el ad quem se circunscribió a
determinar si la privación de la libertad que soportó el señor YAMIL
ANTONIO BOLÍVAR CERVANTES era responsabilidad de la
Nación, a través de las entidades vinculadas al proceso, y si, como
consecuencia de ello, debían indemnizarse los perjuicios
reclamados.
Para abordar este planteamiento, se ocupó en primer lugar de
examinar la legitimación de la entidad aquí recurrente, para luego
revocar la decisión del a quo3 por considerar que el daño invocado
provenía de actuaciones y decisiones que correspondieron tanto a
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, a la Nación -
Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial, lo cual habilitaba el
análisis de fondo.
3
El fallo de primera instancia declaró probada la excepción de falta de legitimación de la Rama
Judicial.
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Examinado lo anterior, aludió a los hechos probados y examinó el
estudio de responsabilidad y determinó sobre sus elementos, lo
siguiente:
Refirió que la existencia del daño se acreditó, por cuanto el señor
YAMIL ANTONIO BOLÍVAR CERVANTES fue privado de su
libertad a órdenes de la Unidad Nacional contra el Terrorismo de la
Fiscalía General de la Nación 4, desde el 24 de julio de 2006 y hasta
el 13 de noviembre de 2008, momento para el cual fue puesto en
libertad por el Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de
Bogotá5.
En cuanto al análisis de la legalidad de la medida, indicó que en la
privación de la libertad a la que fue sometido el señor Bolívar
Cervantes existió una falla en el servicio, por cuanto: i) la
actuación desplegada por la Fiscalía General de la Nación fue injusta
e ilegal, pues se promovió sin sujetarse a los requisitos fijados en
la Ley 600 del 2000, y ii) las pruebas a las que se le dio el alcance
de indicio grave, no lo tuvieron.
En relación con este último punto, aludió a que probatoriamente se
desvirtuó la calificación de indicio grave que la Fiscalía le otorgó a
4
Según la investigación penal al señor Yamil Antonio Bolívar Cervantes fue capturado por orden de
la Unidad Nacional contra el Terrorismo de la Fiscalía General de la Nación.
5
Según la sentencia recurrida al folio 371 obra la certificación expedida por el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario en la que consta que el tiempo por el cual el señor Yamil Antonio Bolívar
Cervantes permaneció privado de la libertad.
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las pruebas en las que basó la decisión adoptada mediante la
Resolución de 8 de agosto de 2006, por la cual se impuso la medida
de aseguramiento, en razón a que: i) el informe de policía judicial
tan solo describió la información que se obtuvo a través de un
tercero, y por lo mismo carecía de valor probatorio; ii) en los
archivos encontrados en los computadores de la empresa Ortiz y
Martínez, desde los que presuntamente se cometían las
irregularidades, solo se halló el nombre del señor YAMIL
ANTONIO BOLÍVAR CERVANTES, por lo que de este hallazgo no
se podía deducir o inferir que en efecto el actor participó en los
hechos investigado; iii) no se encontró el nombre del señor
BOLÍVAR CERVANTES en la agenda personal del señor Henry
Alejandro Álvarez, vinculado a la investigación; y iv) tampoco se
acreditó lo manifestado en la indagatoria de la señora Acevedo,
frente a que los nombres en la mencionada agenda eran de
funcionarios de la DIAN, por cuanto finalmente no se halló dicho
registro.
Asimismo, el a quo consideró que en el proceso de reparación los
indicios graves de responsabilidad aducidos por la Fiscalía
General de la Nación fueron inexistentes, pues se establecieron
apenas como una serie de conjeturas y aseveraciones generales,
sin que se especificaran las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
conclusión a la que, precisamente, también arribó el Juzgado
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Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, al proferir
sentencia absolutoria a favor del actor el 12 de noviembre de 2008.
Bajo este entendimiento, en el proceso ordinario se imputó
responsabilidad por el daño antijurídico a la Nación - Rama
Judicial, como consecuencia de la medida de aseguramiento dictada
bajo la vigencia del Código de Procedimiento Penal contenido en la
Ley 600 de 2000, por la privación injusta de la libertad del señor
YAMIL ANTONIO BOLÍVAR CERVANTES.
Indicó que dicha responsabilidad le es imputable a la Nación - Rama
Judicial desde el momento en que avocó el conocimiento del
proceso, instante en el que adquirió competencia para revocar la
medida de aseguramiento, por no reunir los requisitos de necesidad
para mantenerla vigente, hasta el momento en que el actor
recuperó su libertad. Así, delimitó la responsabilidad a cargo de la
recurrente desde el 21 de diciembre de 2007 6 y hasta el 13 de
noviembre de 20087.
Frente a la liquidación de perjuicios morales dio aplicación a la
sentencia de unificación de jurisprudencia8, en la que se concluyó
que era suficiente la acreditación del parentesco para los eventos
6
Momento en el que el juzgado avocó el conocimiento del proceso.
7
Momento en el que el señor YAMIL ANTONIO BOLÍVAR CERVANTES recuperó su libertad.
8
Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera, sentencia de
unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014. Exp. No. 36149. M.P. Hernán Andrade Rincón
(E).
8
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de perjuicios morales reclamados por los padres, hijos, hermanos
y compañeros permanentes en relación con una persona que fue
privada de la libertad injustamente9.
Agregó que el señor YAMIL ANTONIO BOLÍVAR CERVANTES al
ser privado de la libertad, estaba legitimado para reclamar los
perjuicios derivados de ésta, al igual que sus familiares10, toda vez
que con los registros civiles de nacimiento y declaraciones,
respectivamente, acreditaron la relación de parentesco con la
víctima directa11.
En atención a que el período de detención del señor BOLÍVAR
CERVANTES fue de 2 años, 3 meses y 18 días, y a que ésta se
declaró injusta, se dispuso la indemnización de los perjuicios
morales en los siguientes términos:
9
La sentencia concluyó: “[…] Si la privación de la libertad fue superior a 18 meses, para la persona
que la sufrió, su cónyuge, compañero permanente y parientes en el primer grado de consanguinidad
les corresponderá una indemnización por daño moral equivalente a 100 salarios mínimos legales
mensuales vigentes, mientras que para sus parientes en segundo grado el monto será de 50 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
55. Respecto de lo anterior la Sala ha considerado que el máximo de 100 salarios mínimos legales
mensuales vigentes se otorga cuando la persona estuvo privada de la libertad durante un tiempo
superior a 18 meses y, cuando la detención fue menor, la indemnización se otorgará en forma
proporcional al tiempo de detención […]”.
10
Bertha Lucía Medina Figueroa, Luis Enrique Bolívar Medina, Sebastián Medina Bolívar, Luis
Francisco Bolívar Valencia, Elsy Judith Bolívar Cervantes, Antonio Luis Bolívar Cervantes, Lidia Bolívar
Cervantes de Crespo, Arnaldo Enrique Bolívar Cervantes, Lidbed del Socorro Bolívar Cervantes,
Yomaira Bolívar Cervantes, Andrés Felipe Navarro Medina, Tatiana Lucía Navarro Medina y Yamila de
Jesús Bolívar Cueto.
11
Bertha Lucía Medina Figueroa es su compañera permanente (f. 241-246, c. 1, declaración de los
señores Nelly de Arco Soto y Víctor Manuel de la Hoz); Luis Enrique Bolívar Medina, Sebastián Medina
Bolívar y Yamila de Jesús Bolívar Cueto son sus hijos (f. 59 y 60, c. 1); Luis Francisco Bolívar Valencia
es su padre (f. 54, c. 1); Elsy Judith Bolívar Cervantes, Antonio Luis Bolívar Cervantes, Lidia Bolívar
Cervantes de Crespo, Arnaldo Enrique Bolívar Cervantes, Lidbed del Socorro Bolívar Cervantes y
Yomaira Bolívar Cervantes son sus hermanos (f. 68, 71, 74, 77, 80 y 83, c. 1); Andrés Felipe Navarro
Medina y Tatiana Lucía Navarro Medina son sus hijos de crianza (f. 241-246, c. 1, declaración de los
señores Nelly de Arco Soto y Víctor Manuel de la Hoz).
9
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• Al señor BOLÍVAR CERVANTES y sus parientes en primer
grado de consanguinidad, le fue reconocido el valor de 100 SMLVM
por concepto de perjuicio moral para cada uno, los cuales se
pagarían en la siguiente proporción: 88.17 SMLMV a cargo de la
Fiscalía General de la Nación y el resto, 11.83, los asumiría la
Nación - Rama Judicial.
• A los parientes en segundo grado de consanguinidad, la suma
de 50 SMLMV para cada uno, de los cuales a la Nación - Fiscalía
General de la Nación pagará el equivalente a 44.08 y los 5.92
restantes a la Nación-Rama Judicial.
Por afectación al buen nombre y a la dignidad ordenó una
reparación no pecuniaria, consistente en que la NACIÓN -
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y NACIÓN - RAMA
JUDICIAL expresaran disculpas al señor YAMIL ANTONIO
BOLÍVAR CERVANTES y su familia, por la privación injusta de la
libertad de la que fue objeto, a través de una misiva dirigida al
demandante, que debía entregarse personalmente y, además,
publicarse en las plataformas de comunicación y difusión de la
entidad.
Finalmente, se condenó por daños en la salud del menor
Sebastián Medina Bolívar, indemnizables por 20 SMLMV a su favor,
10
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de los cuales 17.63 asumiría la Nación - Fiscalía General de la
Nación, mientras que el 2.37 le corresponderían a la Nación - Rama
Judicial.
III. EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
3.1. La NACIÓN - RAMA JUDICIAL, por conducto de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial presentó escrito ante esta
Corporación, en ejercicio del recurso extraordinario de revisión,
previsto en el artículo 248 del CPACA.
La decisión objeto del recurso es la sentencia de segunda instancia
de 28 de agosto de 2020, proferida por la Subsección “B” de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro del expediente de
reparación directa núm. 25000232600020110054401.
Como causal del recurso extraordinario invocó la prevista en el
numeral 5 del artículo 250 del CPACA, la que, a su juicio, se
configuró por la violación al debido proceso y por constituir la
sentencia una decisión incongruente, con fundamento en la
siguiente argumentación:
De acuerdo con la Jurisprudencia 12 del Consejo de Estado la
declaratoria de los perjuicios de afectación relevante a bienes o
12
Al respecto indicó las siguientes: i) Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo
Sección Tercera Subsección A. Sentencia de 8 de mayo de 2020. Radicación núm.:
11
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derechos convencional y constitucionalmente amparados,
requieren para su condena: i) la acuciosa valoración probatoria; ii)
no pueden inferirse o presumirse; y iii) deben solicitarse por la
parte presuntamente afectada, pues el reconocimiento extra
petita de dichos perjuicios implica el desconocimiento del principio
de congruencia y el desconocimiento del derecho de defensa.
En el asunto bajo examen, alega la entidad recurrente que se
incurre en esta causal, por cuanto la declaratoria de “disculpas
públicas” no tuvo oportunidad de esgrimir ningún argumento de
defensa; además, de que este es un elemento propio de la justicia
transicional, entendido como una forma de “reparación simbólica, una
disculpa es un reconocimiento formal, solemne y, en la mayoría de los
casos público de que se cometieron violaciones a los derechos humanos
en el pasado, de que estas causaron daño grave y a menudo irreparable
a las víctimas, y de que el Estado, el grupo o el individuo que pide
disculpas acepta parte o toda la responsabilidad por lo ocurrido”,
diferente al revestimiento económico que se aprecia del daño que
se repara a través de la acción de responsabilidad.
76001233100020100163001 (51227) Actor: Nelson Bonilla Garzón y Otros Demandado: Nación –
Fiscalía General de la Nación y Otro. C.P. Marta Nubia Velásquez Rico (E); ii)Consejo de Estado Sala
de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera. Subsección A. Sentencia de 13 de agosto de dos
2020. Radicación núm.: 76001-23-31-000-2011-01421-01 (52.571)Actor: Marco Tulio Herrera
Ramírez y otros. C.P. José Roberto Sáchica Méndez y, iii) Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Tercera Subsección A. Sentencia de 9 de marzo de 2016. Radicación núm.:
25000-23-26-000-2005-02453-01(34554) Actor: Servando Pardo Reyes y Otros Demandado:
Nación-Consejo Superior de la Judicatura y Fiscalía General de la Nación. CP. Marta Nubia Velásquez
Rico.
12
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Así las cosas, estima que en este asunto se desatendió el principio
de congruencia y de legalidad, pues, a su juicio, el fallo cuestionado
es incoherente entre lo pretendido, lo probado y aquello que debe
resarcirse como consecuencia del resultado de un daño antijurídico.
Destacó que la petición de excusas por decisiones judiciales, en la
forma ordenada en la sentencia objeto del recurso, deslegitima la
actividad judicial, desnaturaliza y atenta contra el principio de
autonomía e independencia judicial, regulada en el artículo 228 de
la Constitución Política, en tanto que se descalifican públicamente
las providencias judiciales, lo que afecta la credibilidad del
ciudadano frente a la Rama Judicial.
Agregó que el principio de congruencia en la decisión judicial se
erige como una verdadera garantía del derecho fundamental al
debido proceso de las partes en el proceso judicial, en el sentido de
que al juez de la causa solo le resulta permitido emitir
pronunciamientos con base en lo pretendido, lo probado y lo
excepcionado dentro del mismo, sin que sea dable dictar sentencias
extra y ultra petita.
Afirmó que en caso de omitir pronunciarse sobre lo solicitado como
pretensión tiene el deber de explicar de forma clara las razones de
tal omisión.
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Aludió a que el asunto se decidió en aplicación de un régimen
objetivo 13 ; y que la falta de pruebas que impiden estudiar la
legalidad o ilegalidad de la medida de aseguramiento no puede
modificar el examen para aplicar una responsabilidad por daño
especial, pues ello contraría los preceptos del artículo 70 de la Ley
270 de 1996, actualmente vigente, lo que a su juicio conllevó un
análisis que resultó desproporcionado y violatorio de los
procedimientos legales14.
Por todo lo expuesto solicitó y restringió su reclamación a la
siguiente pretensión:
“[...] Que se revoque el numeral tercero de la sentencia de
fecha 28 de agosto de 2020, proferida por la Sección Tercera
Subsección B del Consejo de Estado [...]”.
IV. TRÁMITE DEL RECURSO EXTRAORDINARIO
4.1. Mediante proveído de 18 de enero de 2022, el Despacho
admitió el recurso15 y ordenó notificar a la FISCALÍA GENERAL
13
Para explicar este argumento transcribió lo siguiente: “[…] únicamente se allegaron al proceso las
actas de las audiencias realizadas en el proceso y la sentencia absolutoria escrita de fecha 12 de
agosto de 2010, en las cuales no se exponen las razones que se tuvieron en cuenta para
imponer la medida de aseguramiento. Por ende, la Sala carece de elementos de juicio para
determinar la legalidad de la medida […]“
14
Al respecto citó la siguiente providencia: “[…] quien solicita indemnización de perjuicios porque
considera que su privación de la libertad fue injusta no sólo debe probar que se restringió el derecho
a la libertad y que el proceso penal culminó con sentencia absolutoria o con resolución de preclusión
de la investigación, sino que debe acreditar su detención y que las condiciones en que ésta
se presentó se realizaron de forma ilegal, para acreditar que el daño que alega tiene el
carácter de antijurídico […]“ CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C. Sentencia de 28 de febrero de 2020. Referencia: REPARACIÓN
DIRECTA, Radicación:25000232600020120016201 (50520). Demandante: NELSON DE JESÚS ISAZA
DELGADO Y OTROS Demandado: Nación – Rama Judicial y Otro. C.P. Nicolás Yepes Corrales.
15
En esa ocasión se estableció que el recurso interpuesto fue oportuno. El fallo cuestionado data del
28 de agosto de 2020 y se notificó por edicto electrónico fijado el 21 de octubre y desfijado el 23 de
octubre de 2020, por lo que adquirió ejecutoria el 29 de octubre de 2020, según el proceso ordinario
25000232600020110054401. A su turno, el escrito del recurso se radicó el 28 de octubre de
14
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DE LA NACIÓN, al señor YAMIL ANTONIO BOLÍVAR
CERVANTES y a los demás accionantes del medio de control de
reparación directa16.
4.2. Para adelantar la notificación de las personas que integraron
la parte demandante en el proceso ordinario, la Secretaría en
cumplimiento del auto admisorio requirió en diferentes
oportunidades al Tribunal a quo para que informará la dirección
electrónica en la que éstos recibirían notificaciones.
Luego de agotar varios requerimientos, se logró la notificación del
auto admisorio a los accionantes del proceso ordinario a excepción
de la señora ADA LUZ CUETO MORALES, lo que motivó que por auto
de 20 de mayo de 202217 se oficiara a la parte actora para que
informara la dirección electrónica de notificación; y que de resultar
fallida tal diligencia, se hiciera por conducto de curador ad litem,
como finalmente ocurrió.
4.3. Durante el término de traslado, de todas los vinculados al
trámite, únicamente la Fiscalía General de la Nación acudió, por
2021, esto es dentro del plazo previsto para el efecto. Cfr. Expediente Digital REPARTO Y
RADICACION DEL PROCESO REALIZADAS EL jueves, 28 de octubre de 2021 con secuencia: 10468.
Índice 1 SAMAI,
16
Se trata de los señores: BERTHA LUCÍA MEDINA FIGUEROA, LUIS FRANCISCO BOLÍVAR VALENCIA,
ELSY JUDITH, ARNALDO ENRIQUE, LIDBED DEL SOCORRO, YOMAIRA, ANTONIO LUIS BOLÍVAR
CERVANTES, LIDIA BOLÍVAR CERVANTES DE CRESPO, ANDRÉS FELIPE y TATIANA LUCÍA NAVARRO
MEDINA y ADA LUZ CUETO MORALES.
17
En atención a la constancia secretarial obrante en el índice 29 del expediente digital, el Despacho
conductor advirtió que no se había podido notificar el auto admisorio de la demanda a la señora ADA
LUZ CUETO MORALES,
15
Número único de radicación: 11001 03 15 000 2021 07308 00
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conducto de apoderada judicial, a pronunciarse sobre las
pretensiones del recurso.
En su escrito de contestación refirió con apoyo en la
jurisprudencia18 que: “[…] el daño a la honra y buen nombre, por
tratarse de bienes convencional y constitucionalmente amparados
(i) corresponde a una categoría autónoma, lo que implica que no
se subsume en otra tipología del daño; (ii) es de carácter
dispositivo; (iii) requiere de declaración expresa de
responsabilidad; y (iv) debe estar debidamente acreditado […]”.
De este modo, con apoyo en este pronunciamiento afirmó que debe
acreditarse probatoriamente la existencia de este tipo de perjuicios
denominados de afectación relevante a bienes o derechos
convencional y constitucionalmente amparados, por lo que el
fallo que los reconozca debe hacer una acuciosa valoración
probatoria, de ahí que no puedan inferirse o presumirse.
Agregó que el reconocimiento extra petita de dichos perjuicios no
solamente implica el desconocimiento del principio de congruencia
sino la flagrante violación del derecho de defensa que le asiste a la
Rama Judicial, pues frente a este daño no se tuvo oportunidad de
esgrimir ningún argumento a su favor.
18
Transcribe este apartado haciendo alusión a la decisión de unificación de la Sección Tercera, pero
sin identificarla.
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En ese sentido, solicitó acceder a la pretensión de la recurrente y
que se le tuviera como coadyuvante de la parte accionante,
extendiéndole los efectos del fallo.
4.4. La Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado19,
precisó que el recurso extraordinario debía denegarse.
Para tal efecto, adujo que la pretensión de la recurrente desconoce
la afectación que encontró probada el Consejo de Estado por cuanto
al señor YAMIL ANTONIO BOLÍVAR CERVANTES se le privó
injustamente de la libertad, lo que devino en un daño al buen
nombre, el cual se materializó ipso facto, pues se puso al
demandante en una situación en la que no debió haber estado, lo
que explica la orden de reparación.
De este modo, para el Ministerio Público cuando la medida privativa
de la libertad en contra de un individuo es injusta se aprecia un
daño inmediato al buen nombre, por lo que es obligación del Estado
reparar dicha afectación.
Por lo anterior, el Ministerio Público no comparte los argumentos de
presuntas vulneraciones a los derechos de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, pues al declararse la privación injusta de la
19
Según da cuenta el informe rendido por la PGN y registrado en el índice 12 del aplicativo SAMAI
17
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libertad a la que se sometió al señor Bolívar Cervantes el juez
determinó el mecanismo por medio del cual se deben reparar los
daños generados.
Estima que no es “descabellado, ilícito o ilegal” que la Sección
Tercera del Consejo de Estado haya optado como mecanismo para
reparar un daño el ofrecimiento de excusas formales a los
demandantes por parte de los demandados, de ahí que procedía la
condena impuesta.
4.3. Agotado el trámite correspondiente, el expediente ingresó al
Despacho para proferir sentencia.
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
5.1 Competencia de la Sala
En los términos del artículo 248 del CPACA, el recurso
extraordinario de revisión procede contra las sentencias
ejecutoriadas20, dictadas por el Consejo de Estado, los tribunales y
los jueces administrativos.
20
Y también contra providencias que terminan el proceso. Esta posición es jurisprudencial. Respecto
de su procedencia excepcional esta Corporación refirió lo siguiente en auto de 25 de marzo de 2021,
el Presidente de la Sala Especial de Decisión núm. 17. Radicación número: 11001-03-15-000-2021-
01122-00(A). Actor: Isaac Escobar Romero. C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas, refirió: “[…] Sin
embargo, la Corte Constitucional - en sentencia T-519 del 19 de mayo de 2005- y esta Corporación
• Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 25 de junio de 2015 Radicación número: 68001-23-
33-000-2014-00319-01(4194-14) - han aceptado de manera excepcional que algunos autos
interlocutorios que ponen fin al proceso hacen tránsito a cosa juzgada cuando tienen
18
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Frente a la competencia asignada a esta Corporación, el artículo
249 del CPACA dispone que la Sala Plena conocerá del recurso
extraordinario de revisión contra las sentencias dictadas por las
secciones o subsecciones del Consejo de Estado, sin exclusión de
aquella sección que profirió la decisión que se cuestiona.
En armonía con la anterior disposición, es preciso destacar que el
artículo 10721 del CPACA creó las Salas Especiales de Decisión para
resolver los procesos asignados por competencia a la Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo, o aquellos que ésta les encomiende.
De este modo, la Sala Plena del Consejo de Estado, a través de los
Acuerdos 321 de 2 de diciembre de 2014 y 080 de 2019,
reglamentó la integración 22 y funcionamiento de las Salas
fuerza de sentencia, como ocurre con la providencia que rechaza la demanda porque se demostró
la estructuración de la caducidad del medio de control. Se ha considerado, entonces, que tales
providencias son susceptibles del recurso extraordinario de revisión […]” (Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Veinticinco Especial de Decisión, Sentencia del 1 de
octubre de 2019, Radicación número: 11001-03-15-000-2018-01979-00(REV); Sección Quinta, 25
de mayo de 2017, Radicación número: 11001-03-28-000-2017-00013-00).
21
“[…] ARTÍCULO 107. INTEGRACIÓN Y COMPOSICIÓN. […]
Créanse en el Consejo de Estado las salas especiales de decisión, además de las reguladas en este
Código, encargadas de decidir los procesos sometidos a la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, que esta les encomiende, salvo de los procesos de pérdida de investidura y de
nulidad por inconstitucionalidad. Estas Salas estarán integradas por cuatro (4) Magistrados, uno por
cada una de las secciones que la conforman, con exclusión de la que hubiere conocido del asunto, si
fuere el caso.
La integración y funcionamiento de dichas salas especiales, se hará de conformidad con lo
que al respecto establezca el reglamento interno […]”
22
“ARTÍCULO 28.- SALAS ESPECIALES DE DECISIÓN. Las Salas Especiales de Decisión creadas
por el artículo 107 de la Ley 1437 de 2011 estarán integradas por un (1) magistrado de cada una de
las Secciones de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. La designación de un nuevo
magistrado no modificará la integración de las Salas Especiales de Decisión. El nuevo Magistrado
entrará a formar parte de la Sala a que pertenecía quien se retiró. La conformación o modificación
de la integración de cada una de estas Salas será publicada en el sitio web del Consejo de Estado.
La Sala Plena podrá variar la conformación de las Salas Especiales de Decisión, previa publicación en
el sitio web del Consejo de Estado. PARÁGRAFO TRANSITORIO. Para la integración inicial de las Salas
Especiales de Decisión cada uno de los magistrados de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
hará Sala Especial de Decisión con los magistrados de las otras Secciones, en orden alfabético por
apellido […]”.
19
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Especiales y les asignó, entre otras, la competencia para resolver 23
los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las
sentencias de las secciones o subsecciones del Consejo de Estado.
5.2 Generalidades del recurso extraordinario
Este recurso es un medio judicial de carácter extraordinario
establecido por el legislador como excepción al principio de
inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas, que hacen tránsito a
cosa juzgada24.
Su propósito se orienta a cuestionar la decisión judicial que ha
adquirido firmeza, bajo el entendido que su controversia se
sustenta en la ocurrencia de alguna de las causales taxativas
previstas en los artículos 250 del CPACA y 20 de la Ley 797 de 2003
que se tramitan bajo este procedimiento especial.
El objeto del recurso extraordinario es el restablecimiento de la
justicia material y su procedencia se supedita a demostrar que la
decisión cuestionada es contraria a derecho. Ello ocurre cuando se
prueba que las circunstancias que surgieron con la sentencia se
encuadran en alguna de las causales delimitadas por el legislador
23
“ARTÍCULO 29.- Las Salas Especiales de Decisión decidirán los siguientes asuntos de competencia
de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo:
1. Los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las
Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado.
2. […]”
24
Y excepcionalmente de algunos autos que finalizan el proceso.
20
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con lo cual procede la infirmación 25 , tanto para “enmendar los
errores o ilicitudes cometidos en su expedición, así como [para]
restituir el derecho del afectado a través de una nueva providencia
fundada en razones de justicia material, que resulte acorde con el
ordenamiento jurídico”26.
En estos términos, la Corte Constitucional precisó:
“[…] La revisión, que no es un recurso sino una acción,
pretende, como lo ha señalado la doctrina y la
jurisprudencia, un examen detallado de ciertos
hechos nuevos que afectan la decisión adoptada y el
sentido de justicia que de ella emana. La acción de
revisión, en la medida en que afecta la certeza brindada por
la cosa juzgada, es no sólo extraordinaria, sino que además
procede por las causales taxativamente señaladas por
la ley, y no es posible aducir otras distintas. Y esta
taxatividad es razonable, pues se trata de una figura que
modifica providencias amparadas en el principio de cosa
juzgada, y por ello las causales previstas para la revisión
deben ser aplicadas e interpretadas en sentido
restringido”27.
Además, es oportuno destacar que su objeto y la naturaleza de
constituir un nuevo trámite ajeno al proceso en el que se dictó la
decisión cuestionada, torna en improcedente su uso como medio
para plantear reproches a modo de una instancia adicional, en
razón a que está vedado cuestionar la interpretación normativa y
la valoración probatoria que sustentó la decisión del juez natural;
es decir, que en este trámite únicamente pueden ventilarse
25
El artículo 255 del CPACA, modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021 prevé la manera
en que el fallador debe proceder atendiendo la causal alegada que se encuentre fundada.
26
Corte Constitucional, Sentencia C-520 de 2009. M.P María Victoria Calle.
27
Corte Constitucional. Sentencia C-450 de 2015. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
21
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aspectos que encuadren en alguna de las causales taxativas28 que
habilitan su procedencia.
5.3 De la causal invocada
En el asunto bajo examen se invocó la causal 5ª del artículo 250 de
la Ley 1437 de 201129, cuyo texto es del siguiente tenor:
“[…] Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de
lo previsto en el artículo 20 de la ley 797 de 2003, son
causales de revisión:
[...]
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin
al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación. […].”
En lo que respecta al entendimiento de esta causal, la Sala precisa
que su ocurrencia ha sido examinada por la jurisprudencia de esta
Corporación, aclarando que puede provenir de una nulidad procesal
en los términos del artículo 133 del CGP, o de una de carácter
constitucional, fundada en el artículo 29 Superior 30.
28
En Efecto, la taxatividad deviene de lo restrictivo y específico de su examen. Al respecto la
jurisprudencia destacó: “Las causales que pueden proponerse como fundamento de este recurso,
enlistadas de manera taxativa en el artículo 188 del Código Contencioso Administrativo, dan cuenta
de la naturaleza eminentemente procedimental de los vicios o errores que, de conformidad
con la ley procesal, son los únicos que permiten la revisión de la sentencia por la vía del recurso
extraordinario que se analiza […]” Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 1° de
diciembre de 2010. Radicación número: 11001-03-15-000-2008-00480-00 (REV). Actor: Municipio
de Belmira y Otros. Demandado: Ministerio de Hacienda y Crédito Público. C.P. Susana Buitrago
Valencia.
29
En vigencia del CCA correspondía a la enlistada en el numeral 6° del artículo 188, por lo tanto, cuando
se haga mención a esta como consecuencia de decisiones judiciales dictadas en su vigencia ha de
entenderse que se trata de la prevista ahora en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA.
30
Sobre el particular esta Corporación precisó: “[…] las causales de nulidad de la sentencia son las
previstas en el estatuto procesal civil, en las condiciones que establece el art. 142 del mismo y las
que se originen en la sentencia por violación del debido proceso constitucional, contemplado en el
artículo 29 […]”. CONSEJO DE ESTADO. Sala Especial núm. 26. Expediente: 11001-03-15-000-2011-
01639-00 Demandante: Vehivalle S.A. Referencia: Recurso extraordinario de revisión. C.P. Olga
Melida Valle de De la Hoz
22
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En uno u otro caso, los requisitos para su formulación se concretan
así:
1. Debe existir una sentencia que ponga fin al proceso ordinario
y contra la que no procede recurso de apelación.
2. El vicio de nulidad debe configurarse en el momento de la
expedición de la sentencia. De este modo, no es procedente
controvertir circunstancias que acaecieron con anterioridad a ésta,
y que, por oportunidad, debieron ser alegadas cuando ocurrieron,
según el artículo 13431 del CGP.
3. En su alegación debe identificarse la irregularidad o el vicio
grave y su influencia sobre la decisión, con la cual se acredite que
de no haber acaecido el resultado sería distinto. De lo anterior se
evidencia que no resultan aceptables errores en la aplicación de la
ley o in iudicando.
Ahora, para acreditar la ocurrencia de alguna de las causales de
nulidad es posible recurrir a las previstas en el Código General del
Proceso como constitutivas de este vicio, en los términos de artículo
133, restringido, como se dijo atrás, a la expedición de la sentencia.
31
“ARTÍCULO 134. OPORTUNIDAD Y TRÁMITE. Las nulidades podrán alegarse en cualquiera de
las instancias antes de que se dicte sentencia o con posteridad a esta, si ocurrieren en ella. […]”
23
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En este primer escenario 32 , la jurisprudencia se decantó por
identificar que para la interpretación de la causal invocada debía
acudirse al artículo 140 del CPC, hoy 133 del CGP, a fin de delimitar
las circunstancias en las cuales se podría encuadrar la nulidad
invocada, y para ello ejemplarizó algunas situaciones que podrían
dar lugar a su configuración. Al respecto, es del caso traer a
colación el siguiente pronunciamiento33:
“[…] De forma más clara expresó la sentencia del 4 de
noviembre de 1999 - exp. 2185 - que las nulidades a las
que remite el recurso extraordinario de revisión, por la
causal sexta, son las previstas en el artículo 140 del
CPC34. El razonamiento fue el siguiente: i) la sentencia hace
parte del proceso, y lo concluye; ii) como lo señala el artículo
140, el proceso solamente es nulo por las causales allí
señaladas; por tanto iii) la nulidad que se origina en la
sentencia se configura solo por las causales previstas en la
disposición referida.
A partir del razonamiento precedente, se destacaron
algunos eventos que configurarían la nulidad originada
en la sentencia, los cuales no se aducen como causales
de nulidad propiamente dicha, sino eventos,
circunstancias, ejemplos, que se desprenden de las
causales del artículo 140, cuya abstracción se concretiza. La
providencia señaló:
“La sentencia, que es la providencia mediante la cual se
decide sobre las pretensiones de la demanda y las
excepciones de fondo y con la cual, de ordinario, concluye el
proceso, es, obviamente, parte del proceso en que se
dicta. Y el proceso es nulo, en todo o en parte, solo por
las causas establecidas en el artículo 140 del Código
de Procedimiento Civil.
32
El consejo de Estado desde la previsión de este recurso extraordinario y en específico, para esta
causal de nulidad originada en la sentencia ha transitado por diversas posturas de interpretación de
las cuales se identificaron 3 etapas según se lee en la providencia 3 de febrero de 2015. Radicación
número: 11001-03-15-000-1998-00157-01(REV). Actor: Sociedad de Mejoras Públicas de Cali C.P.
Olga Mélida Valle de De La Hoz (E), que las recoge así: i) Las causales de nulidad de la sentencia
son las que define la jurisprudencia, ii) Las causales de nulidad de la sentencia son las que expresa
y taxativamente define el artículo 140 del CPC –art. 133 CGP, y iii) Las causales de nulidad de la
sentencia son las previstas tanto en la jurisprudencia como en el artículo 140 del CPC.
33
Consejo de Estado - Sala Plena de lo Contencioso Administrativo - Sala Veintiséis Especial de
Decisión. Sentencia de 3 de febrero de 2015. Radicación número: 11001-03-15-000-1998-00157-
01(REV). Actor: Sociedad de Mejoras Públicas de Cali C.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz (E)
34
Debe entenderse que en la normativa vigente se entiende el artículo 133 del CGP.
24
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“Así, por ejemplo, la nulidad que tiene origen en la
sentencia puede ocurrir, según el artículo 140 referido, (i)
cuando se provee sobre aspectos para los que el juez no
tiene jurisdicción o competencia (numerales 1 y 2); cuando,
(ii) sin ninguna otra actuación, se dicta nueva sentencia en
proceso terminado normalmente por sentencia firme, o (iii)
sin más actuación se dicta sentencia después de
ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado el
desistimiento, aprobada la transacción o declarada la
perención del proceso, porque así se revive un proceso
legalmente concluido, o (iv) cuando se dicta sentencia
como única actuación, sin el previo trámite correspondiente,
porque así se pretermite íntegramente la instancia; o cuando
(v) se condena al demandado por cantidad superior o por
objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa
diferente de la invocada en esta, o (vi) se condena a quien
no ha sido parte en el proceso, porque con ello, en lo
concerniente, también (vii) se pretermite íntegramente la
instancia (numeral 3); o cuando, (viii) sin más actuación,
se profiere sentencia después de ocurrida cualquiera de las
causas legales de interrupción o de suspensión o, en estos
casos, antes de la oportunidad debida (numeral 5), entre
otros eventos. (…)
“Ninguna de las causas de nulidad establecidas en el artículo
140 del Código de Procedimiento Civil alegó el recurrente en
apoyo del cargo de nulidad de la sentencia, lo cual sería
bastante para desestimar el recurso […]”. (Cursiva fuera de
texto)”
A esta remisión normativa se sumó la interpretación contenida en
la sentencia de exequibilidad35 de la Corte Constitucional C-491-95.
Allí, la Corte manifestó que además de las causales del artículo 140
del CPC36 debía comprender la de violación al debido proceso, bajo
el entendido de que es una garantía que debe observarse en el
trámite procesal y que su previsión está en la Constitución Política.
Al respecto precisó:
35
En el proceso de control de constitucionalidad se cuestionó el inciso 1° del artículo 140 del Código
de Procedimiento Civil, subrogado por el art. 1, numeral 80, del decreto 2282 de 1989,
específicamente la expresión “solamente” de la frase “Causales de nulidad: El proceso es nulo en
todo o en parte, solamente en los siguientes casos: […]". Del examen de constitucionalidad la Corte
concluyó “Declarar EXEQUIBLE la expresión acusada del inciso 1° del artículo 140 del Código de
Procedimiento Civil, subrogado por el art. 1, numeral 80, del decreto 2282 de 1989, con la
advertencia expresa de que dicho artículo reguló las causales de nulidad legales en los procesos
civiles. En consecuencia, además de dichas causales, es viable y puede invocarse la prevista
en el art. 29 de la Constitución, según el cual, "es nula de pleno derecho, la prueba obtenida con
violación del debido proceso", que es aplicable en toda clase de procesos […]”
36
Actualmente está previsto en el artículo 133 del CGP.
25
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“[…] Al examinar las causales de nulidad previstas en el art.
140, claramente se advierte que allí no aparece enlistada
la referida nulidad de carácter constitucional. Sin
embargo, esta omisión obedece a la circunstancia de que
dicha norma es anterior a la Constitución de 1991.
• No se opone a la norma del art. 29 de la Constitución la
circunstancia de que el legislador señale taxativamente
las causales o motivos de nulidad, por las siguientes
razones:
La Constitución en el art. 29 señala los fundamentos básicos
que rigen el debido proceso; pero corresponde al legislador
dentro de su facultad discrecional, aunque con arreglo a
criterios objetivos, razonables y racionales, desarrollar a través
de las correspondientes fórmulas normativas las formas o actos
procesales que deben ser cumplidos para asegurar su vigencia
y respeto. En tal virtud, la regulación del régimen de las
nulidades, es un asunto que atañe en principio al
legislador, el cual puede señalar, con arreglo a dichos
criterios y obedeciendo al principio de la
proporcionalidad normativa, las causales o motivos que
generan nulidad, a efecto de garantizar la regularidad de las
actuaciones procesales y consecuentemente el debido proceso.
Conforme a lo anterior no corresponde, en principio, al
Constituyente señalar las causales de nulidad en los procesos.
La aludida nulidad constitucional que consagra el art. 29,
constituye una excepción a dicha regla. […]
Es el legislador, como se advirtió antes, quien tiene la facultad
para determinar los casos en los cuales un acto procesal
es nulo por carencia de los requisitos formales y
sustanciales requeridos para su formación o
constitución. Por consiguiente, es válido, siempre que se
respete la Constitución, el señalamiento taxativo de las
nulidades por el legislador. […]
Con fundamento en lo anterior, estima la Corte que se ajusta a
los preceptos de la Constitución, porque garantiza el debido
proceso, el acceso a la justicia y los derechos procesales de las
partes, la expresión "solamente" que emplea el art. 140 del
C.P.C., para indicar que en los casos allí previstos es posible
declarar la nulidad, previo el trámite incidental
correspondiente, pero advirtiendo, que además de dichas
causales legales de nulidad es viable y puede ser
invocada la consagrada en el art. 29 de la Constitución,
según el cual "es nula, de pleno derecho, la prueba
obtenida con violación del debido proceso", esto es, sin
la observancia de las formalidades legales esenciales
requeridas para la producción de la prueba, especialmente
en lo que atañe con el derecho de contradicción por la parte a
26
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la cual se opone ésta. Por lo tanto, se declarará exequible la
expresión demandada, con la referida advertencia.
Al mantener la Corte la expresión "solamente" dentro de la
referida regulación normativa, respeta la voluntad política del
legislador, en cuanto reguló de manera taxativa o
específicamente las causales legales de nulidad en los procesos
civiles, las cuales ahora con el cambio constitucional se
encuentran adicionadas con la prevista en la norma del
art. 29, a la cual se hizo referencia. […]”37.
Bajo este análisis, la Corporación 38 ha delimitado que la causal
examinada se predica, entre otras, cuando la sentencia: i) no
cuenta con el número de votos necesarios para su aprobación; ii)
se profiere dentro de un proceso culminado por desistimiento,
transacción o perención; iii) se dicta en un proceso que se
encuentra suspendido o interrumpido; iv) se profiere fallo
condenatorio contra un tercero que no fue vinculado al proceso; v)
se profiere sentencia con falta de competencia o de jurisdicción;
vi) el fallo carece de motivación formal y material, vii) se aprecia
incongruencia39; viii) se profiere un fallo inhibitorio injustificado 40;
y ix) se dicta con violación al principio de la non reformatio in pejus.
Este examen, sobre el alcance y contenido de la causal invocada,
impone que el recurrente en ejercicio de su derecho de acción
37
Corte Constitucional. Sentencia C-491-95 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
38
En una inicial etapa, la jurisprudencia identificó que ocurriría cuando: i) la sentencia hubiera sido
firmada por un número diferente de magistrados al que ordena la ley; ii) que la sentencia se hubiera
proferido dentro de un proceso que había culminado por desistimiento, transacción o perención; iii)
que se profiera en un proceso que se encuentre suspendido o interrumpido. (Sentencia de Sala Plena
del 08 de septiembre de 1992. Exp. 039. Tesis reiterada por la Sección Segunda en la sentencia del
18 de mayo de 1993. Exp. 4092. Tesis reiterada en sentencia de la Sala Plena del Consejo de Estado,
el 1 de diciembre de 1997. Exp. 080.) Y luego se agregaron las siguientes: i) Cuando se condena a
quien no es parte; ii) cuando la sentencia se profiere con falta de competencia o de jurisdicción, y
iii) cuando carezca completamente de motivación.
39
Consejo de Estado – Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 2 de febrero de
2016. Expediente núm. 11001-03-15-000-2015-02342-00. C.P. Alberto Yepes Barreiro.
40
Sentencia de 8 de mayo de 2018 dictado por la Sala Plena del Consejo de Estado C.P. Alberto
Yepes Barreiro. Radicación número: 11001-03-15-000-1998-00153-01(REV).
27
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precise la razón que invoca como constitutiva de nulidad y que ella
obedezca bien a las causales taxativas que prevé el artículo 133 del
CGP o a la invocación de transgresión del derecho fundamental del
debido proceso, en una de las circunstancias identificadas por la
jurisprudencia.
Aclarado este contexto, la Sala se ocupará de examinar el reproche
invocado por la parte actora a fin de identificar si se configura la
causal invocada.
5.4 Cuestión previa
Previo a resolver sobre el cuestionamiento que la NACIÓN - RAMA
JUDICIAL realizó en contra del numeral tercero de fallo de
segunda instancia de 28 de agosto de 2020, corresponde establecer
si en este proceso es procedente tramitar la solicitud de
coadyuvancia y, en consecuencia, si el fallo le es extensible a la
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
De acuerdo con el artículo 253 del CPACA el trámite del recurso
extraordinario de revisión es de carácter especial pues no se
establece su adelantamiento por audiencias41, según se encuentra
dispuesto para los procesos de carácter ordinario y, además,
41
En los términos del artículo 179 del CPACA
28
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porque los artículos 223, 224 y 228 ibidem prevén que la
coadyuvancia al demandante o al demandado únicamente
procede para los medios de control ordinarios de: i) nulidad, ii)
nulidad y restablecimiento del derecho, iii) controversias
contractuales, iv) de reparación directa y, el especial de v) nulidad
de contenido electoral.
En ese orden, la solicitud planteada por la Fiscalía General de la
Nación desconoce que la intervención solicitada como coadyuvante
no está permitida en el recurso extraordinario de revisión.
Además, si lo que pretendía era ser cobijada con la decisión
adoptada en este trámite y, en caso de ser favorable las
pretensiones de la recurrente, que la orden de infirmación le fueran
ampliada, la Sala le recuerda a la entidad que el ejercicio de este
recurso está sometido a un término de oportunidad, lo que tornaría
en extemporánea la pretensión de anulación del numeral 3 de la
sentencia de 28 de agosto de 2020, en relación con la orden que la
cobijó.
Por lo expuesto, se denegará la solicitud de coadyuvancia.
5.5. Del caso concreto
Ahora bien, le correspondería a la Sala examinar la existencia de la
supuesta incongruencia entre lo pedido y lo decidido en el proceso
ordinario por el fallador de segunda instancia, si no fuera porque
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consultado el sistema SAMAI se advierte que el fallo objeto de
recurso extraordinario de revisión fue REVOCADO en ejercicio de
la acción de tutela que la entidad aquí recurrente promovió contra
la Sección Tercera, Subsección “B” de esta Corporación, lo que
impide proferir una decisión de fondo.
En efecto, mediante fallo de 10 de marzo de 2022, la Sección
Quinta del Consejo de Estado, al resolver la impugnación contra el
fallo de 22 de octubre de 2021, proferido por la Subsección “C” de
la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró
improcedente el mecanismo Constitucional, dispuso:
“[…] PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 22 de octubre de
2021 a través de la cual la Subsección “C” de la Sección Tercera
del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción.
SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela en lo
relativo a la incongruencia y decisión extra petita, de
conformidad con la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NEGAR el amparo respecto al defecto sustantivo.
CUARTO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad, a la defensa y la contradicción invocados
por la Rama Judicial, y la Fiscalía General de la Nación en
calidad de coadyuvante, respecto de los defectos fácticos y
desconocimiento del precedente, en lo relativo a la tipología de
la afectación relevante a bienes o derechos convencional y
constitucionalmente protegidos.
QUINTO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de 28 de agosto
de 2020, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección “B” en el marco de la demanda de reparación
directa identificada con el radicado N.º 25000-23-26-000-
2011-00544-01 (50.932), en lo referente al
reconocimiento del perjuicio inmaterial, como tipología
de la afectación relevante a bienes o derechos
convencional y constitucionalmente amparados; en
consecuencia, ORDENAR que, en el término de 20 días,
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contados a partir de la notificación de esta providencia,
profiera una nueva decisión en la que analice de fondo y
en el marco de sus competencias, si hay lugar a que la
Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación PIDAN
DISCULPAS de acuerdo con los criterios fijados en las
sentencias de unificación del 14 de septiembre de 2011
y 28 de agosto de 2014, de esta Corporación.
SEXTO: NOTIFICAR a las partes y terceros intervinientes, en
la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de
1991 […]” (Resaltas y Subrayas fuera de texto)
En cumplimiento de esta orden y atendiendo a que la Corte
Constitucional no escogió el fallo para su eventual revisión, la
Sección Tercera, Subsección “B”, del Consejo de Estado profirió
sentencia el 7 de abril de 2022, en cumplimiento del amparo de
tutela, en la que resolvió:
“[…] Procede la Sala a dar cumplimiento al fallo del 10 de marzo
de 2022 proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado
dentro de la acción de tutela número 11001-03-15-000-2021-
01847-01 que dejó sin efectos el numeral tercero de la
sentencia emitida el 28 de agosto de 2020 por esta
Subsección dentro del expediente de reparación directa de la
referencia y, en la cual se condenó a la Nación-Rama Judicial y
Fiscalía General de la Nación a pedir disculpas al señor Yamil
Antonio Bolívar luego de haber sido afectado su buen nombre.
Por lo anterior, la Sala se pronunciará nuevamente sobre
la medida de restablecimiento del derecho al buen
nombre.
[…]
6) La Sección Quinta en la sentencia de tutela del 10 de marzo
de 2022 como argumentos de su decisión señaló que en la
providencia del 28 de agosto de 2020 dictada en el
proceso de reparación directa número 2011-00544-01:
i) se ordenó pedir disculpas públicas por la afectación al buen
nombre de quien sufrió la privación de la libertad; sin
embargo, no se analizaron los presupuestos de las
sentencias de unificación del 14 de septiembre de 201142
42
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación del 14 de septiembre de 2011,
expediente 19.031, MP Enrique Gil Botero.
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y del 28 de agosto de 2014 43 para que se reconociera
dicha afectación, en la sentencia objeto de tutela no se
identificó la relevancia del caso ni la gravedad de los
hechos, ii) no se explicó de qué manera la vulneración al buen
nombre fue de tal magnitud que requería de una medida
restaurativa diferente a la indemnización de los perjuicios que
ya habían sido reconocidos, iii) la medida de reparación no
pecuniaria no fue correlativa, oportuna, pertinente ni adecuada
al daño generado y iv) no se revelaron los elementos
materiales probatorios que acreditaran la necesidad de
expedir un comunicado de disculpas por la afectación del
daño al buen nombre de la víctima directa. 7) La sentencia
de tutela del 10 de marzo de 2022 fue notificada el 16 de marzo
de 2022 mediante correo electrónico (índice 10 SAMAI
expediente electrónico 11001031500020210184701).
[…]
2. Análisis del caso concreto
La presente providencia se limitará al cumplimiento de la
orden de tutela y, por ende, declarará configurado el
“perjuicio inmaterial a bienes o derechos convencional y
constitucionalmente amparados” por la afectación del buen
nombre derivado de la privación injusta de la libertad padecida
por el señor Yamil Antonio Bolívar Cervantes y ordenará su
reparación como corresponde según la jurisprudencia de esta
Corporación.
[…]
En ese sentido, la Sala primero expondrá que la afectación al
buen nombre, en los casos de privación injusta de la libertad
es un perjuicio derivado de la misma y, por ende, la
prueba del mismo se encuentra en la detención injusta,
en segundo lugar se explicará que en el caso objeto de estudio
la afectación al buen nombre resultó probado mediante
indicios por lo que procede su reparación con las
disculpas de las entidades responsables, reparación que
no corresponde a ninguna otra tipología de
indemnización de perjuicios.
2.1 La afectación al buen nombre es un perjuicio
derivado de la privación injusta de la libertad
La Sala en diversos pronunciamientos 44 ha considerado que la
privación injusta de la libertad por la supuesta comisión de una
43
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia e unificación del 28 de agosto de 2014, expediente
32.988, MP Ramiro Pazos Guerrero.
44
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 20 de septiembre de 2021,
expediente 45.085, MP. Martín Bermúdez Muñoz; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia del 20 de septiembre de 2021, expediente 50.418, MP. Alberto Montaña Plata.
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conducta punible produce necesariamente una afectación
al derecho al buen nombre pues, la sola medida tiene la
potencialidad suficiente para generar descredito,
señalamiento o estigmatización.
En ese sentido, en los casos de privación injusta de la libertad
la afectación al buen nombre no es un daño autónomo sino
un perjuicio derivado de la detención injusta por lo que
si la privación es imputable a una de las entidades
demandadas “no hace falta probar otra relación de
causalidad entre su actuación y el impacto en el buen
nombre de la víctima, y tampoco activar un título de
imputación que permita declarar la responsabilidad de la
demandada por ese daño antijurídico. La afectación al buen
nombre -se repite- no es un daño autónomo sino un
perjuicio derivado del daño ya declarado” 45.
Luego entonces, si se acredita la responsabilidad de la entidad
demandada por la privación injusta de la libertad el juez en
principio debe analizar todos los perjuicios que se deriven de
aquella siempre que hayan sido solicitados; sin embargo, hay
una excepción a lo anterior y se trata de los llamados
bienes constitucional y convencionalmente protegidos
pues si el juez encuentra que unos de estos “bienes” fue
afectado debe, incluso de oficio, ordenar su indemnización
a través de una de las medidas señaladas por la jurisprudencia.
2.2 La afectación al buen nombre se probó en el caso
objeto de análisis
[…]
Así las cosas, la decisión que restringe la privación de un
individuo acredita el perjuicio de la vulneración al buen nombre
y la honra pues una vez este es despojado de su libertad, el
entorno social que lo rodea altera la concepción que tienen del
mismo en tanto que conlleva a suponer que en su contra
existieron serios indicios de responsabilidad penal.
En el caso objeto de estudio, se encuentra probado que el
el señor Yamil Antonio Bolívar Cervantes estuvo privado
injustamente de su libertad entre el 24 de julio de 2006
al 13 de noviembre de 2008, tiempo en el cual estuvo
detenido primero a órdenes de la Unidad Nacional contra el
Terrorismo de la Fiscalía General de la Nación y luego a
disposición del Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado
de Bogotá.
En el proceso se probó que la detención del actor fue injusta
pues su situación jurídica se resolvió con una medida de
45
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia del 15 de octubre de 2021,
expediente 45.973, MP. Alberto Montaña Plata.
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aseguramiento de detención preventiva en establecimiento
carcelario por los delitos de concierto para delinquir, falsedad
material en documento público y cohecho propio, en la cual no
existían indicios de responsabilidad en su contra ni se justificó
los requisitos de necesidad para mantenerla vigente de
conformidad con los artículos 3 y 356 de la Ley 600 del 2000.
En ese orden, la medida de aseguramiento y el hecho de
que se mantuviera vigente hasta la absolución del señor
Yamil Antonio Bolívar no solo prueba la existencia de la
decisión, sino que también sirve como prueba indirecta
de la afectación del buen nombre del demandante por lo
que resulta relevante garantizar su protección en la
medida que sufrió un menoscabo.
El haber sido privado de la libertad sin el cumplimiento de los
requisitos legales afectó gravemente su imagen ante la
sociedad, es decir, se trató de un asunto intrínsecamente
relacionado con la acción derivada de las entidades
demandadas pues estas dieron a conocer a la sociedad que en
contra el señor Yamil Antonio Bolívar existían serios y
razonables indicios, cuando ello no era así.
El buen nombre del actor resultó afectado al punto que
incluso aquel en la demanda solicitó de manera expresa
que se le indemnizará por el perjuicio causado46.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos en aquellos
casos en los que se evidencia que la víctima ha sido ilegal y
arbitrariamente privada de su libertad ha ordenado como
garantía destinada a restituir el derecho al buen nombre, que
se hagan publicaciones en las que se indique que el afectado
es ajeno a todos los cargos que se le imputaron47 .
[…]
46
En la pretensión tercera de la demanda de reparación directa se solicitó lo siguiente: “TERCERO.
Que igualmente se condene a la NACIÓN-FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN-RAMA JUDICIAL DIAN,
a pagarle a los accionantes los daños y perjuicios causados desde la órbita inmaterial, esto es, los
clásicos perjuicios morales, así como los relativos al daño de la vida en relación y alteración a las
condiciones de existencia, la salud y los causados a sus derechos constitucionales de carácter
fundamental al buen nombre, honor, honra y dignidad, por lo mínimo, en sumas equivalentes
a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada concepto para el demandante principal
y cada uno de los miembros de su núcleo familiar; lo anterior como consecuencia lógica de la aflicción
y la separación que estos tuvieron que soportar interna y externamente como individuos de una
sociedad, familia, entre otros caracteres constitutivos de la fisionomía humana, que resultan
comúnmente afectados en situaciones como las que describen en los hechos de esta demanda”
(subrayado fuera de texto).
47
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador,
sentencia de 21 de noviembre de 2007. En esta oportunidad, la Corte Interamericana se ocupó de
decidir el caso de dos personas que habían sido investigadas y privadas ilegalmente de su libertad
por supuestamente pertenecer a una organización dedicada al tráfico internacional de narcóticos. La
detención de las víctimas fue ilegal y se prolongó injustificadamente. Aunque el Estado ecuatoriano
ordenó que se quitaran las publicaciones y registros que hacían alusión a los ilícitos por los cuales las
víctimas fueron investigadas, la Corte señaló que si bien con ello se buscaba restituir del buen nombre
de los actores, como medida de reparación integral de las víctimas se debía realizar una publicación
en la cual se señalara específicamente que fueron ilegal y arbitrariamente privadas de su libertad, lo
anterior, con la finalidad de restituir el buen nombre y como garantías de no repetición
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Finalmente es preciso advertir que no se incurre en una doble
reparación porque para restaurar este perjuicio autónomo no
se ordena una indemnización excepcionalsino que se hace a
través de una medida de reparación no pecuniaria; además, el
contenido de este perjuicio no coincide con el del perjuicio
moral que fue reconocido en la providencia tutelada a favor del
señor Yamil Antonio Bolívar Cervantes toda vez que el deterioro
de su imagen no se equipara a la angustia, dolor, desasosiego
y temor que padeció mientras permaneció privado
injustamente de la libertad.
La reparación por el daño al buen nombre asegura la
recuperación de su honra dado que las disculpas permiten que
se esclarezca que su conducta no fue delictiva mientras que la
indemnización por el perjuicio moral compensa el sufrimiento
que padeció mientras estuvo detenido.
Además, cada uno de dichos perjuicios ocurrió en ámbitos
distintos dado que uno aconteció en el entorno social del
imputado y el otro en la esfera interna del individuo.
Conclusión
En consecuencia, por estar demostrado que con ocasión de la
privación injusta de la libertad del señor Yamil Antonio Bolívar
Cervantes se vulneraron sus derechos al buen nombre y
a la honra hay lugar a repararlos a través de una medida
de reparación no pecuniaria.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
1°) En cumplimiento del fallo de tutela del 10 de marzo de 2022
proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado,
modificase la sentencia proferida el 28 de agosto de
2020 por esta Sala en relación con la medida de
restablecimiento del derecho al buen nombre y dignidad
humana, por las razones expuestas en esta providencia.
En consecuencia, en numeral tercero de la parte resolutiva
queda así: TERCERO: A título de reparación no pecuniaria de
los derechos al buen nombre y dignidad humana la Fiscalía
General de la Nación y la Nación Rama Judicial a través de una
misiva personal dirigida al señor Yamil Antonio Bolívar
Cervantes. El actor en un plazo de un mes a la ejecutoriade la
presente providencia deberá informarles si requiere que la
misiva de disculpas públicas a raíz de la privación de la que fue
objeto le sea entregada en forma personal o si además debe
publicarse en las plataformas de comunicación y difusión de las
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entidades. Esta medida deberá cumplirse una vez así sea
comunicado […]”. (Resaltas y subrayas fuera de texto)
Entonces, para la Sala el examen que correspondía realizar en
virtud de la causal de nulidad de la sentencia por presunta violación
al principio de congruencia, bajo la interpretación de la causal
prevista en el artículo 250, numeral 5, del CPACA, ha perdido su
finalidad, habida cuenta que el juez de tutela dejó sin efecto el
fallo recurrido, específicamente el numeral que solicitaba la
recurrente se infirmara, lo que deviene en que se declare la
CARENCIA DE OBJETO, por este motivo.
Tal determinación no equivale a que se declare infundado o fundado
el recurso extraordinario de revisión, pues en estricto sentido no se
estudió la ocurrencia de la causal invocada. Contrario a ello, acaeció
una situación sui generis que impide la decisión de fondo y, en
consecuencia, pronunciarse sobre la condena en costas.
Finalmente, cabe resaltar que la acción de tutela y el recurso
extraordinario de revisión se radicaron en fechas diferentes, si se
tiene en cuenta que el escrito de tutela se presentó el 22 de abril
de 2021, mientras que el recurso extraordinario de revisión se
ejercitó el 28 de octubre de ese año, lo que descarta el trámite
paralelo.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo, Sala 8 Especial de
decisión, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: DENEGAR la solicitud de coadyuvancia elevada por la
apoderada de la NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, por
lo expuesto en esta decisión.
SEGUNDO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO para
resolver el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la
sentencia de 28 de agosto de 2020, proferida por la Subsección “B”
de la Sección Tercera del Consejo de Estado, atendiendo a las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: ABSTENERSE de fijar costas por lo expuesto en la
parte motiva.
CUARTO: RECONOCER PERSONERÍA a la doctora SANDRA
PATRICIA LESMES COGOLLOS, en su condición de apoderada
judicial de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, según el poder
presentado al contestar este recurso.
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QUINTO: En firme esta providencia, archívese la actuación.
Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta Con aclaración de voto
(Firmado electrónicamente)
OMAR JOAQUIN BARRETO SÚAREZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Ausente en comisión
(Firmado electrónicamente)
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
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