Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-07311-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-07311-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2021-07311-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
15 de mayo de 2023
Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-15-000-2021-07311-00 (10468)
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA ESPECIAL DE DECISIÓN Nro. 13
CONSEJERO PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, quince (15) de mayo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia Recurso extraordinario de revisión
Radicación 11001-03-15-000-2021-07311-00 (10468)
Demandante NACIÓN RAMA JUDICIAL DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
Procede la Sala Especial de Decisión Nro. 13 a decidir el recurso extraordinario de
revisión interpuesto por la Nación-Rama Judicial contra la sentencia del 28 de
agosto de 2020, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado dentro del proceso de radicado Nro. 11001-33-31-034-2008-00190-01
(45782), promovido por el señor Jorge Humberto Valdés Martín y otros.
ANTECEDENTES
1. Proceso penal y privación de la libertad del señor Jorge Humberto
Valdés Martín
Rodrigo Hernán Zuluaga Arango negoció un vehículo con Luis Felipe Sandoval
Mejía, y este, a su vez, lo vendió a Jorge Humberto Valdés Martín quien, con
fundamento en la opinión de miembros del C.T.I., alegó que el bien presentaba
anotaciones por hurto, razón por la que solicitó la devolución del dinero pagado y la
indemnización de los perjuicios que se le causaron.
Señalando la existencia de amenazas1, el señor Rodrigo Hernán Zuluaga Arango
denunció penalmente a Jorge Humberto Valdés Martín, quien fue capturado y
vinculado mediante indagatoria el 17 de junio de 19992, y objeto de medida de
aseguramiento de detención preventiva como presunto coautor del delito de
concusión el 24 del mismo mes y año; medida que el 28 de junio de 1999 se
sustituyó por la de detención domiciliaria.
El 15 de octubre de 1999, se concedió la libertad provisional al señor Valdés Martín.
Sin embargo, el 15 de mayo de 2000 -fecha en la que se profirió resolución de
acusación en su contra -, se revocó la libertad provisional y se ordenó nuevamente
la detención preventiva, sustituida por la medida de detención domiciliaria3.
El 19 de abril de 2001, el Juzgado 2 Penal del Circuito de Bogotá 4 concedió la
libertad provisional del señor Valdés Martín, lo que se materializó el 23 de ese
mismo mes y año. Y, el 24 de septiembre de 2004, dicha agencia judicial lo condenó
1 Consistentes en su detención administrativa y la exigencia de entrega de un carro de su propiedad a título
de compensación.
2 Por la Fiscalía Seccional 287 delegada ante la Dirección Seccional del C.T.I.
3
El 13 de junio de 2000 se declaró desierto el recurso de apelación presentado por la defensa del entonces
acusado.
4 Agencia judicial que avocó conocimiento del proceso el 27 de julio de 2000.
1
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como coautor del delito de concusión y lo condenó a la pena de 60 meses de prisión,
así como a la multa de 60 SMLMV; determinación condenatoria que fue apelada por
la defensa.
Al momento de proveer sobre el recurso de apelación interpuesto, la Sala Penal del
Tribunal Superior de Bogotá, en providencia del 22 de agosto de 2005, declaró “la
nulidad parcial de lo actuado a partir de la intervención del fiscal en la audiencia pública”, al
considerar que se presentó un yerro tanto en la fase de instrucción como en la de
juzgamiento, pues se realizó una calificación incorrecta de la conducta punible
imputada: el delito de concusión no se configuraba ante la ausencia de uno de los
elementos del tipo objetivo de la conducta -la comprobación de la utilidad indebida.
Por ello, indicó que los hechos investigados podían adecuarse al delito de abuso de
autoridad.
Teniendo en cuenta lo anterior, el Juzgado 2 Penal del Circuito de Bogotá avocó
conocimiento del proceso y el 28 de agosto de 2006 dictó sentencia absolutoria por
la atipicidad de la conducta de abuso de autoridad imputada.
2. Proceso ordinario de reparación directa
2.1. Demanda
Jorge Humberto Valdés Martín y su núcleo familiar5, mediante apoderado,
presentaron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa para que se
declarara la responsabilidad extracontractual de la Nación-Rama Judicial y Nación-
Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad de la que fue
objeto el señor Valdés Martín (i) en establecimiento carcelario del 17 al 22 de junio
de 1999, y, (ii) bajo la figura de la detención domiciliaria en los periodos del 29 de
junio al 15 de octubre de 1999, y del 15 de mayo de 2000 al 23 de abril de 2001.
En consecuencia, solicitaron el reconocimiento de (i) perjuicios materiales, en las
modalidades de daño emergente y lucro cesante, en favor del señor Valdés Martín,
y, (ii) perjuicios inmateriales, en sus modalidades moral y de daño a la vida de
relación, en favor de todos los demandantes.
2.2. Sentencia de primera instancia
El 22 de marzo de 2012, la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda al
considerar que se estructuró una culpa exclusiva de la víctima, ya que la vinculación
al proceso penal y posterior privación de la libertad del señor Valdés Martín tuvo
como causa su conducta gravemente culposa: presionó y amenazó a Rodrigo
Zuluaga Arango para que le entregara otro carro como indemnización; cuestión que
no podía dejarse de lado por la atipicidad del delito que se le imputó.
2.3. Recurso de apelación
La parte actora apeló la decisión anterior con el fin de que se revocara y, en su
lugar, se accediera a las pretensiones de la demanda. De una parte, porque no se
configuró la causal eximente de responsabilidad. De otra, porque resultaba
5 Conformado por: (i) Karen Smir Pachón Durán en calidad de cónyuge; (ii) María José y Ana Isabel Valdés
Pachón, y, Diego Felipe Valdés Moreno, en calidad de hijos; (iii) Félix Humberto Valdés Bermúdez y Ligia
Martín de Valdés, en calidad de padres; y, (iv) Juan Carlos y Ingrid Carolina Valdés Martín, en calidad de
hermanos.
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improcedente la exoneración de responsabilidad ante la privación de la libertad por
una conducta que, en últimas, se juzgó como atípica.
2.4. Sentencia de segunda instancia. Decisión objeto de revisión
El 28 de agosto de 2020, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado revocó la sentencia recurrida y, en su lugar, (i) declaró responsables a la
Nación-Rama Judicial y Nación-Fiscalía General de la Nación de los perjuicios
ocasionados con la privación de que fue objeto el señor Jorge Humberto Valdés
Martín dentro del proceso penal seguido en su contra por los delitos de concusión
y de abuso de autoridad; (ii) condenó a dichas entidades al reconocimiento y pago
de los perjuicios morales causados; (iii) ordenó “al Fiscal General de la Nación y al Director
Ejecutivo de Administración Judicial que emitan un comunicado, dentro del mes siguiente a la
ejecutoria de esta providencia, en los que se reconozca la afectación al buen nombre de Jorge
Humberto Valdés Martín con atención a las especificaciones aquí expuestas”; y, (iv) negó las
demás pretensiones de la demanda.
Para el efecto señaló que:
• Dentro del proceso se acreditó la existencia del daño antijurídico consistente
en la privación de la libertad del señor Valdés Martín por un periodo total de
458 días6, y la afectación de su derecho al buen nombre, representada en el
“menoscabo de su reputación y la afectación de su imagen en su entorno social” .
• Existió una falla en el servicio “pues la vinculación a la investigación del hoy demandante
por el delito de concusión no tenía suficientes fundamentos probatorios y jurídicos que la
respaldaran. Además, como consecuencia de dicho error en la calificación jurídica, se le
impuso al accionante una medida de aseguramiento respecto de una conducta que, además
de ser improcedente, resultó atípica”
Por demás, “el Juzgado de la causa, al examinar todas las piezas procesales recaudadas,
no advirtió el yerro en mención y mantuvo la medida de aseguramiento durante la etapa de
juicio, lo cual contribuyó a que la privación de la libertad del hoy demandante se prolongara
por un tiempo mayor, por un comportamiento que era atípico”.
• No se configuró la causal eximente de responsabilidad señalada por el a-quo,
puesto que el señor Valdés Martín no realizó “alguna actuación de la cual se pudiese
predicar que indujo en error a las entidades demandadas o que actuó de manera desleal en
el curso del proceso”.
Esto, bajo el entendido de que “los únicos hechos o conductas (de la víctima) aptos para
romper el nexo causal entre esa decisión y el daño suceden en el contexto de esa misma
actuación, no antes de ella [esto es, dentro del proceso judicial]”.
• Como ambas entidades participaron en la producción del daño, los
reconocimientos indemnizatorios efectuados a título de daño moral se
realizaron de forma proporcional, esto es, según el tiempo que cada una de
las accionadas tuvo a su cargo la decisión sobre la libertad del señor Valdés
Martín.
Por ello, se señaló que la Nación-Fiscalía General de la Nación fue
responsable de 12 días del periodo de detención intramural y 136 días de
detención domiciliaria, mientras que la Nación-Rama Judicial fue responsable
de 310 días de detención domiciliaria.
6 Discriminados así: (i) detención preventiva en las instalaciones de las salas de paso del nivel central de la
fiscalía del 17 al 28 de junio de 1999, esto es, por 12 días; y, (ii) detención domiciliaria del 29 de junio al 15
de octubre de 1999 -esto es, por 107 días-, y del 15 de mayo de 2000 al 23 de abril de 2001 -esto es, por
339 días-.
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• Al momento de examinar el perjuicio a la vida de relación reclamado se advirtió
que dicha categoría ya no se reconocía por la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, a más de que “no se demostró la alteración de las condiciones
psicofísicas de los demandantes y los argumentos presentados para alegar la causación de
los perjuicios a la vida de relación ya se [encontraban] inmersos en los perjuicios morales
reconocidos”.
Sin embargo, considerando que sí existió una afectación al buen nombre
ordenó a las “entidades demandadas que emitan un comunicado en el que se disculpen
con la víctima por el daño antijurídico que le causaron y reconozcan que adelantaron un
proceso penal que implicó su detención por varios meses, sin que se lograra desvirtuar su
presunción de inocencia. Asimismo, de acuerdo con el principio según el cual, este tipo de
reparaciones integrales debe concertarse con las víctimas, el Fiscal General de la Nación y el
Director Ejecutivo de Administración Judicial (en representación de la Rama Judicial) deberán
coordinar con el demandante si el documento solamente le será entregado en físico a él o si,
además, se publicará en las plataformas de comunicación y difusión de la entidad. Esta
medida deberá cumplirse dentro del mes siguiente a la ejecutoria de la presente providencia” .
3. Acción de tutela 7
La Nación-Rama Judicial presentó acción de tutela para que se dejara sin efectos
la sentencia que acaba de relacionarse, al considerar que se incurrió en una vía de
hecho por defecto sustantivo ante el desconocimiento del precedente
jurisprudencial aplicable, y que se configuró un defecto fáctico.
Lo primero, porque (i) no se aplicó la sentencia de unificación del 14 de noviembre
de 2011, reiterada el 28 de agosto de 2014, en la que se fijaron las condiciones para
ordenar medidas restaurativas como las dispuestas en la providencia cuestionada,
a más de que dicha orden desconoce las funciones del Director Ejecutivo de
Administración Judicial; (ii) desconoció los lineamientos de las sentencias C-037 de
1996 y SU-072 de 2018, porque no se verificó la antijuridicidad del daño ni la
ausencia de culpa grave o dolo del detenido; y (iii) no se aplicaron los artículos 70
de la Ley 270 de 1996 y 63 del Código Civil para el análisis de la causal eximente
de responsabilidad -culpa exclusiva de la víctima-.
Lo segundo, porque se realizó un reconocimiento extra-petita, ya que dentro del
proceso ordinario de reparación directa no se solicitó, mucho menos acreditó, el
reconocimiento indemnizatorio por la afectación del derecho al buen nombre. De ahí
que, en su sentir, el reconocimiento efectuado sobre tal materia desconociera el
principio de congruencia.
Mediante sentencia del 9 de junio de 2021, la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado denegó el amparo solicitado porque en la sentencia
cuestionada no se incurrió en defecto fáctico o sustantivo, ya que la condena se
soportó en el estudio razonable de las pruebas aportadas al proceso, así como en
el examen de la normativa y la jurisprudencia aplicable, aspecto este último en el
que destacó la aplicación de las sentencias de unificación del 14 de septiembre de
2011 y del 28 de agosto de 2014 expedidas por el Consejo de Estado8, así como de
los pronunciamientos pertinentes de la Corte Constitucional9.
7 Proceso identificado con el radicado Nro. 11001-03-15-000-2021-01846-00.
8 Sentencias en las que “se fijaron unos criterios generales para efecto de reparaciones no pecuniarias frente
a perjuicios derivados de la afectación de bienes o derechos convencional y constitucionalmente protegidos,
tal como lo es el derecho al buen nombre consagrado en el artículo 15 constitucional, en donde la regla
general es ordenar la reparación no pecuniaria cuando el juez encuentre demostrado el perjuicio”.
9
Precedente aplicado porque en la sentencia atacada se identificó la antijuridicidad del daño y se verificó la
ausencia de causal eximente de responsabilidad.
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Esa sentencia no fue impugnada ni seleccionada para revisión.
4. Recurso extraordinario de revisión
4.1. Demanda10
La Nación-Rama Judicial solicitó la infirmación de la sentencia del 28 de agosto de
2020, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
dentro del proceso de radicado Nro. 11001-33-31-034-2008-00190-01 (45.782), por
la configuración de la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del C.P.A.C.A.,
esto es, por “[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
procede recurso de apelación”.
Lo anterior porque, a su juicio, se desconoció el principio de congruencia, puesto
que se accedió a perjuicios que no fueron solicitados en la demanda, en la que nada
se dijo respecto de medida restaurativa por afectación a bienes o derechos
constitucional o convencionalmente afectados; reconocimiento que también
cuestionó porque la lesión del derecho al buen nombre no se acreditó en el caso
concreto11, máxime que no se precisaba de su reconocimiento para una reparación
integral, pues no se demostró que se tratara de una medida correlativa, oportuna,
pertinente y adecuada al daño generado.
Además, señaló que la orden dispuesta en la sentencia recurrida -la relativa frente
al comunicado contentivo de las disculpas- desconoce el núcleo de las
competencias del Director Ejecutivo de Administración Judicial ya que “no es
orientador, ni superior jerárquico, ni nominador, ni director de las autoridades judiciales, ni aún menos
incide en sus decisiones, pues, si lo hiciera o hiciera algún pronunciamiento frente a las providencias
judiciales transgrediría flagrantemente el principio de autonomía e independencia judicial”.
4.2. Nación-Fiscalía General de la Nación12
La entidad, a través de apoderada judicial, concurrió al proceso para coadyuvar la
pretensión infirmatoria ya que, en su sentir, la decisión cuestionada en esta sede
judicial vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la
contradicción y a la igualdad.
4.3. Jorge Humberto Valdés Martín13
El señor Jorge Humberto Valdés Martín designó apoderado para que lo
representara en el proceso de la referencia, sin embargo, no concurrió a contestar
la demanda pese a la remisión de la notificación correspondiente al canal digital
pertinente14.
10 Índice 2 del SAMAI.
11 Prueba de esto es que se presumió su existencia como consecuencia de la privación injusta de la libertad,
proceder que contrarió la jurisprudencia de esta corporación, en orden a lo cual transcribió apartes de las
siguientes sentencias dictadas por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado: del 9 de
marzo de 2016, M.P.: Marta Nubia Velásquez Rico, radicado Nro.: 25000-23-26-000-2005-02453-01
(34554); del 8 de mayo de 2020, M.P.: Marta Nubia Velásquez Rico, radicado Nro.: 76001-23-31-000-
2010-01630-01 (51227); y, del 13 de agosto de 2020, M.P.: José Roberto Sáchica Méndez, radicado Nro.:
76001-23-31-000-2011-01421-01 (52271).
12 Intervención que se presentó de acuerdo con lo dispuesto en el auto del 28 de febrero de 2023, obrante en
el índice 67 del SAMAI. Contestación obrante en el índice 74 del SAMAI.
13
Índice 24 del SAMAI.
14 Mediante auto del 11 de octubre de 2022 se reconoció personería al profesional designado por el señor
Humberto Martín y se ordenó correr el traslado del recurso (índice 55 del SAMAI). El 13 de otubre de 2022
se remitió la notificación Nro. 108824 al correo del profesional respectivo, pero el mismo no realizó
intervención alguna durante el término de traslado (índice 58 del SAMAI).
5
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Recurso extraordinario de revisión
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4.4. Intervención del Ministerio Público
Para el agente del Ministerio Público el recurso extraordinario se debe declarar
infundado porque no se reúnen los requisitos para la estructuración de la causal de
revisión invocada.
Todo, por cuanto una vez demostrada la afectación del derecho al buen nombre
como consecuencia de la privación de la libertad del señor Jorge Humberto era
competencia del juez, en ejercicio de la autonomía y la independencia que le asistía,
determinar el mecanismo para reparar la lesión de ese derecho .
CONSIDERACIONES
1. Competencia
De acuerdo con los artículos 111 y 249 del C.P.A.C.A., la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado tiene competencia para conocer
de los recursos extraordinarios de revisión contra las sentencias dictadas por las
secciones y subsecciones de esta Corporación15.
Se agrega que, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 107 del
C.P.A.C.A.16, mediante el Acuerdo 80 de 201917, que compiló, entre otros, el
Acuerdo 321 de 2014, emanado de la Sala Plena del Consejo de Estado, se
reglamentó la creación de salas especiales de decisión, encargadas de resolver los
recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las
secciones o subsecciones de la Corporación18.
Luego, la Sala Especial de Decisión Nro. 13 de este Pleno es competente para
conocer el presente recurso extraordinario de revisión.
2. Oportunidad de la acción
De acuerdo con lo previsto en el inciso primero del artículo 251 de la Ley 1437 de
2011, en casos como el de la referencia, el recurso extraordinario de revisión “podrá
interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia”.
15 “Artículo 111 CPACA. Funciones de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. La Sala de lo
Contencioso administrativo en pleno tendrá las siguientes funciones: “(…).2. Resolver los recursos
extraordinarios de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones y los demás que
sean de su competencia”.
“Artículo 248 CPACA. Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias
ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos”.
“Artículo 249 CPACA. Competencia. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las
secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
sin exclusión de la sección que profirió la decisión”.
16 “Artículo 107 C.P.A.C.A. Integración y composición. (…)”.
“Créanse en el Consejo de Estado las salas especiales de decisión, además de las reguladas en este
Código, encargadas de decidir los procesos sometidos a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
que esta les encomiende, salvo de los procesos de pérdida de investidura y de nulidad por
inconstitucionalidad. Estas Salas estarán integradas por cuatro (4) Magistrados, uno por cada una de las
secciones que la conforman, con exclusión de la que hubiere conocido del asunto, si fuere el caso.
“La integración y funcionamiento de dichas salas especiales, se hará de conformidad con lo que al respecto
establezca el reglamento interno”.
17 Publicado en el diario oficial, edición 50.913 de 1º de abril de 2019.
18
“Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019. Artículo 29.- Las Salas Especiales de Decisión decidirán los siguientes
asuntos de competencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo: 1. Los recursos extraordinarios
de revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado”.
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Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-15-000-2021-07311-00 (10468)
En el presente asunto, la sentencia cuya infirmación se pretende fue notificada por
edicto publicado, vía web, el 21 de octubre de 2020 por lo que quedó ejecutoriada
el 28 de ese mes y año, de acuerdo con la certificación suscrita por la secretaria de
la Sección Tercera del Consejo de Estado19.
Luego, como la demanda se presentó el 27 de octubre de 202120 a través de la
ventanilla virtual se concluye que lo fue de manera oportuna.
3. Problema jurídico
Le corresponde a esta Sala Especial de Decisión establecer si se configura la
causal de revisión alegada por la parte actora, esto es, si existe una nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede el
recurso de apelación.
Para el efecto, se procederá, inicialmente, con la exposición de algunos aspectos
generales del recurso extraordinario de revisión; posteriormente, se efectuarán
algunas anotaciones frente a la causal de revisión invocada en la demanda; y,
finalmente, se examinará el caso concreto a la luz de esas premisas.
4. Recurso extraordinario de revisión. Objeto y procedencia
El recurso extraordinario de revisión es, al tenor de lo previsto en el artículo 248 del
C.P.A.CA., un medio extraordinario de impugnación de sentencias, que tiene lugar,
únicamente, por la configuración de alguna de las causales especiales
contempladas en el artículo 250 de la misma codificación.
Dado que su objeto es “el rompimiento de la cosa juzgada” 21, en caso de prosperar “hay
lugar a que el sentenciador extraordinario sustituya la decisión adoptada en la sentencia que por tal
razón resulte infirmada” 22. Por tanto, su finalidad, como lo ha precisado la Sala Plena
Contenciosa de esta Corporación, es “conciliar nociones esenciales del ordenamiento legal,
como lo son la seguridad jurídica que representa el principio de inmutabilidad de las sentencias
ejecutoriadas, o la cosa juzgada material y el principio de restablecimiento de la justicia material que
persigue asegurar la vigencia de un orden justo, propuesto por el Preámbulo de la Constitución
Política” 23.
En otras palabras, el objetivo de este mecanismo excepcional es procurar el
restablecimiento de la justicia material de la decisión, cuando quiera que ésta ha
sido afectada por situaciones exógenas que no pudieron plantearse en el proceso
correspondiente, pero que, a juicio del legislador, revisten tal gravedad que
autorizan romper el principio de la cosa juzgada24. En palabras de la Corte
Constitucional25:
19 Índice 38 del SAMAI. Proceso de radicado Nro. 11001-33-31-034-2008-00190-01.
20 Índice 2 del SAMAI del proceso de la referencia.
21 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de abril 27 de 2004. Radicado:
11001-03-15-000-1999-0194-01(REV). C.P. María Inés Ortiz Barbosa. En igual sentido, Sentencia de junio
1 de 2005. Radicado: 11001-03-15-000-2002-01259-01. C.P. Ligia López Díaz.
22 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de abril febrero 26 de 2013.
Radicado: 11001-03-15-000-2009-00050-00(REV). C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
23 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de julio 12 de 2005. Expediente
REV-00143. C.P. María Claudia Rojas Lasso.
24 Cfr. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 20 de octubre de 2009.
Radicado 11001-03-15-000-2003-00133-00 (REV). C.P. Enrique Gil Botero. Sección Tercera. Subsección
B. Sentencia del 29 de agosto de 2014. Expediente 34016. C.P. Ramiro Pazos Guerrero. Sección Tercera.
Subsección B. Sentencia del 29 de abril de 2015. Radicado 25000-23-26-000-1999-00319-01(26239). C.P.
Danilo Rojas Betancourth.
25 Sentencia C-739 de 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
7
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Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-15-000-2021-07311-00 (10468)
“… la revisión, más que un recurso, es un medio para conseguir la realización de la justicia,
pero no de la justicia formal propia de las sentencias en firme contrarias a derecho, sino de
aquella verdadera que demandan el Preámbulo y los artículos 1º, 228 y 230 del estatuto
superior”.
En atención a su carácter extraordinario, este mecanismo judicial no es, en
consecuencia, una “tercera instancia”26 en la que puedan plantearse, nuevamente,
argumentos de fondo en relación con la sentencia que se pretende revisar: no es
una oportunidad para reabrir un debate propio de las instancias, ni para suplir la
deficiencia probatoria; tampoco es un medio para cuestionar los fundamentos
jurídicos de las providencias.
En ese orden de ideas, las pretensiones deben limitarse a demostrar la
configuración de alguno de los supuestos contemplados en las causales para su
procedencia. De ahí que los vicios o errores en que se deban fundamentar los
recursos extraordinarios de revisión, conforme con las causales taxativas previstas
por el legislador en el artículo 250 del C.P.A.C.A., sean eminentemente
procedimentales27, pues ninguna cuestiona la labor intelectual de juzgamiento28,
sino que involucran irregularidades procesales (numeral 5, referido a la existencia
de causal originada en la sentencia, y numeral 8, referido al desconocimiento de la
cosa juzgada), o bien aspectos relativos a la validez intrínseca o insuficiencia de
los elementos de prueba que determinaron el sentido de la decisión (numerales 1,
2, 3, 6 y 7), a excepción de la causal del numeral 4, referida a la violencia o cohecho
en que se pudo incurrir en el pronunciamiento del fallo29.
En conclusión, el recurso extraordinario de revisión busca revertir decisiones que
fueron obtenidas injustamente, esto es, por medios ilícitos o irregulares.
En esas condiciones, no es la vía judicial adecuada para tratar de enmendar la
deficiencia probatoria ni lo que, en términos legales y jurisprudenciales, se conoce
como errores judiciales, es decir, los casos de inadecuada valoración de las
pruebas (error de hecho) o falta de aplicación de la norma o la indebida aplicación
de la misma (error de derecho)30.
5. Causal de revisión invocada. Nulidad originada en la sentencia que puso
fin al proceso y contra la que no procede el recurso de apelación
En el presente asunto se invocó la causal de revisión establecida en el numeral 5
del artículo 250 del C.P.A.C.A. según el cual:
“Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797
de 2003, son causales de revisión: (…)
26 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de diciembre 1 de 1997.
Radicado: REV-117. M.P. Libardo Rodríguez. En igual sentido, Sentencia marzo 30 de 2004. Radicado:
11001-03-15-000-1997-0145-01(REV). C.P. Darío Quiñones Pinilla.
27 Los errores “in procedendo” hacen referencia a vicios en el procedimiento. Nacen de la "inejecución de la
ley procesal, en cuanto alguno de los sujetos del proceso no ejecuta lo que esta ley le impone (inejecución
in omittendo), o ejecuta lo que esta ley prohíbe (injecución in faciendo), o se comporta de un modo diverso
del que la ley prescribe”. Cfr. Corte Constitucional, sentencias C-998 de 2004 y C-252 de 2001.
28 Los errores “in iudicando” o “vicios de juicio”, son errores de derecho que se producen por falta de aplicación
o aplicación indebida de una norma sustancial o por interpretación errónea. Son, entonces, errores ocurridos
en la labor de juzgamiento propiamente dicha. Cfr. Corte Constitucional, sentencias C-998 de 2004 y C-252
de 2001.
29 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 20 de noviembre de 2013.
Radicado: 13001-33-31-005-2011-00254-01 (REV). C.P.: Lucy Jeannette Bermúdez.
30
Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia del 29 de abril de 2015. Radicado 25000-
23-26-000-1999-00319-01(26239). C.P. Danilo Rojas Betancourth.
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5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
procede el recurso de apelación (…).”
Una lectura de lo anterior permite establecer que para la estructuración de la causal
de revisión se requiere acreditar, de una parte, que contra la sentencia cuestionada
no procede el recurso de alzada -pues de hacerlo esa sería la oportunidad para
corregir la irregularidad procesal correspondiente-, y, de otra, que se configuró una
nulidad, aspecto este último que se ha entendido referido a situaciones “originadas
en la misma sentencia recurrida o en circunstancias sobrevinientes con influencia en la decisión, por
desconocimiento grave o insaneable de alguna ritualidad sustantiva propia de la actuación 31”.
Ahora bien, siguiendo la jurisprudencia de esta Corporación, es necesario tener en
cuenta los siguientes elementos para examinar la causal de revisión en comento.
Así:
• Las cuestiones que dan lugar a la estructuración de la causal de revisión se
refieren, en principio, a aquellas irregularidades que el legislador estableció
como causales de nulidad bien en el Código de Procedimiento Civil ora en el
Código General del Proceso, según el caso.
Se dice que en principio, porque también pueden dar lugar a la configuración
de la causal los vicios que puedan derivar en el desconocimiento o violación
del debido proceso, esto es, los relativos a la inobservancia de aspectos
procesales trascendentales que tengan incidencia en dicha garantía
constitucional. En esa medida, resulta improcedente la formulación de reparos
orientados a cuestionar el contenido de la motivación, la valoración probatoria
o a la forma de aplicación de una determinada norma realizada por el juez de
instancia.
Ello explica por qué la jurisprudencia, de modo enunciativo, ha considerado
que la causal de revisión en comento puede tener lugar en eventos en los que:
(i) Se dicte sentencia en un proceso que terminó por desistimiento,
transacción, perención o estando legalmente suspendido o interrumpido
y antes de la oportunidad para reanudarlo;
(ii) La sentencia sea firmada por menor o mayor número de magistrados o
cuando la decisión es adoptada con un número de votos diferente al
previsto en la ley;
(iii) Se vulnere o desconozca el principio de non reformatio in pejus;
(iv) Se dicte sentencia condenatoria respecto de quien no es parte dentro del
proceso;
(v) La sentencia sea proferida con falta de competencia o de jurisdicción;
(vi) Se dicte sentencia con pretermisión de instancias procesales previas;
(vii) La sentencia carezca totalmente de motivación;
(viii) Cuando la sentencia proferida vulnerando el principio de congruencia,
bien en su acepción interna32 o en su acepción externa33, aspecto este
31
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 7 de octubre de 2019, radicado 11001-
33-31-035-2008-00180-01.
32
Referida a la correspondencia entre las partes motiva y resolutiva de la sentencia.
33
Atinente a la concordancia entre lo decidido y el marco delimitado por la demanda, la contestación y la
apelación, sin perjuicio de las competencias oficiosas otorgadas al juez por el ordenamiento jurídico, de
9
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último que se afecta ante la existencia de decisiones ultra-petita34, extra-
petita35, o infra-petita36.
• Las causales de nulidad o de irregularidad procesal con incidencia en el
debido proceso deben acaecer en la misma sentencia, lo que impide la
proposición de aquellas cuestiones que tuvieron lugar con anterioridad a la
misma, pues para ello debió hacerse uso de las oportunidades procesales
establecidas para el efecto.
Cabe anotar que, de forma excepcional, se ha admitido la proposición de la
nulidad procesal ocurrida antes de la expedición de la sentencia, siempre y
cuando esta no haya podido ser advertida por el recurrente, evento en el que
a la parte actora le corresponde demostrar que efectivamente no tuvo la
posibilidad de proponer la nulidad en el curso del proceso .
• Por último, la anomalía debe ser de una entidad tal que la decisión adoptada
hubiera sido distinta en caso de no haberse presentado dicha irregularidad.
6. Caso concreto
Aplicando lo anterior al caso concreto, la Sala Especial de Decisión estima que no
se configura la causal de revisión invocada en la demanda, pues no se vulneró el
principio de congruencia.
En efecto, en la demanda de reparación directa se relacionó la afectación al buen
nombre y se solicitó su indemnización dentro de los perjuicios morales deprecados.
Así, en el acápite 5 -denominado PERJUICIOS MORALES-37, se señaló lo siguiente
sobre el particular:
“Es indudable que la privación de la libertad del señor Jorge Humberto Valdés Martín,
ordenada por la fiscalía general constituye una grave violación de la dignidad humana y el
sagrado derecho a la libertad, afecto (sic) en gran medida su buen nombre, su imagen,
causándole graves perjuicios morales propios de la recriminación social, la de su familia y
amigos, sin dejar de lado la imagen personal en su sitio de trabajo, al haber quedado antes
(sic) sus compañeros como funcionario corrupto, destruyendo toda una carrera judicial, sin
otra salida y frente a la persecución el repudio laboral y social de la que era víctima, por
vergüenza y sin otra salida el señor Jorge Humberto Valdés Martín se vio obligado a renunciar
a su empleo. Renuncia que le fue aceptada por el fiscal general de la nación mediante la
resolución 0102 del 20/01/2000, que lo desvinculo (sic) a partir del 27 de Enero de 2.000
(Folio 112 y 113del (sic) cuaderno de instrucción N° 5). (Resalto fuera del original)
Esa afectación se puso de presente en los alegatos de conclusión formulados por
la parte actora en la primera instancia al consignar lo siguiente: “Entonces señores
magistrados el sentimiento inminente de justicia que se impone constitucionalmente por vía de
nuestro estado social de derecho, y de manera particular frente a un ciudadano sacrificado tanto en
su libertad como en su dignidad, y en su prestigio y representación social, conlleva el deber de
reconocer el principio de reparación integral que pregona el Art. 16 de la ley 446 de 1998, para que
en efecto la totalidad de los daños y perjuicios sean reconocidos y pagados a las víctimas de un
estado que falla en la labor más alta y más delicada, cual es, precisamente, la de administrar
justicia.” (Resalto de la Sala).
acuerdo con lo contemplado en el artículo 281 del C.G.P., aplicable por la remisión consagrada en el artículo
306 del C.P.A.C.A.
34
Determinaciones que reconocen un mayor derecho al pretendido.
35 Decisiones que reconocen una cuestión no reclamada o que siendo reclamada se concedió por una causa
distinta al supuesto fáctico y jurídico enunciado en la demanda.
36
Providencia en la que no se resuelve algún asunto debidamente planteado.
37 Índice 39 del SAMAI del proceso de la referencia.
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Indemnización de perjuicios cuyo reconocimiento se deprecó en el recurso de
apelación así:
“Por lo expuesto, solicito a los honorables magistrados del Consejo de Estado se revoque el
fallo proferido por el honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca, magistrado ponente
Dr. Juan Carlos Garzón Martínez, el día 22 de marzo de 2011 que niega las pretensiones de
la demanda y en su defecto se dicte sentencia acogiendo las pretensiones de la parte
demandante en su totalidad y atendiendo los pedimentos tanto del libelo inicial como de los
recurso (sic) presentados, declarando la responsabilidad administrativa de los demandados
Nación (República de Colombia), Rama Judicial-Fiscalía General de la Nación, de los
perjuicios causados a los demandantes por motivo de la privación injusta de la libertad…”.
Siendo así las cosas, el juez de segunda instancia se encontraba habilitado para
pronunciarse sobre la afectación del buen nombre de la persona injustamente
privada de la libertad, pues, se repite, dicha lesión fue aducida por la parte actora,
quien también solicitó su reparación.
Lo anterior cobra relevancia al tener presente que el ad quem se encontraba
facultado de oficio para el reconocimiento de los perjuicios inmateriales derivados
de afectaciones relevantes a bienes o derechos convencional y constitucionalmente
amparados, “… con el propósito de restablecer la dignidad de las víctimas, reprobar las relevantes
violaciones a los derechos humanos y concretar las medidas de garantía de verdad, justicia,
reparación, no repetición y las demás definidas por el derecho internacional …” , sin que ello
significara la vulneración de derecho fundamental alguno para la parte vencida en
el juicio.
Esta Sala Especial de Decisión no pierde de vista que en la demanda de revisión
se adujo la inexistencia de las condiciones o presupuestos para el reconocimiento
de la indemnización por afectación relevante a un bien o derecho convencional y
constitucionalmente amparado, como lo es el buen nombre, porque no se acreditó
su afectación, pues se presumió dicha lesión por el juez de instancia, y, porque la
medida de reparación no era proporcional con el daño causado.
Tal argumento pretende la utilización del mecanismo extraordinario como una
instancia adicional para discutir la actividad valorativa del juez de instancia; finalidad
que resulta extraña a la causal de revisión invocada, que no se previó para
cuestionar los fundamentos jurídicos de las providencias, ni para enmendar errores
judiciales -inadecuada valoración de las pruebas (error de hecho), falta de
aplicación de la norma correspondiente, o indebida aplicación de la misma (error
de derecho)-.
Finalmente, es cierto que la parte actora señaló que la orden de pedir excusas
excede las funciones que por ley le son encomendadas al Director Ejecutivo de
Administración Judicial.
Sin embargo, no lo es menos que tal argumento se orienta, también, a discutir los
fundamentos de la decisión adoptada por el juez de instancia, lo que desconoce el
propósito de la causal.
Con todo, lo cierto es que dicha condena no se impuso con base o en consideración
de las competencias ordinarias de carácter administrativo del Director Ejecutivo de
Administración Judicial, ni porque hubiese participado en los hechos que
fundamentaron la acción. No. La condena se impuso atendiendo su calidad de
representante judicial de la entidad demandada y condenada.
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7. Costas
La demanda de la referencia se presentó el 27 de octubre 202138, razón por la que
le resultan aplicables las disposiciones procesales contenidas en el C.P.A.C.A.,
modificado por la Ley 2080 de 2021, así como las disposiciones del Código General
del Proceso.
En efecto, el artículo 86 de la Ley 2080 de 2021 dispone:
“ARTÍCULO 86. RÉGIMEN DE VIGENCIA Y TRANSICIÓN NORMATIVA. La presente ley
rige a partir de su publicación, con excepción de las normas que modifican las competencias
de los juzgados y tribunales administrativos y del Consejo de Estado, las cuales solo se
aplicarán respecto de las demandas que se presenten un año después de publicada esta ley.
Las nuevas reglas del dictamen pericial contenidas en la reforma a los artículos 218 a 222 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se aplicarán a
partir de la publicación de la presente ley para los procesos y trámites iniciados en vigencia
de la Ley 1437 de 2011 en los cuales no se hayan decretado pruebas.
De conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del
Código General del Proceso, las reformas procesales introducidas en esta ley prevalecen
sobre las anteriores normas de procedimiento desde el momento de su publicación y solo
respecto de los procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011.
En estos mismos procesos, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las
audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a
correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las
leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron
las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes
o comenzaron a surtirse las notificaciones” (Resalto fuera del original).
Por ello, resulta aplicable lo previsto en el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021, que
modificó el artículo 255 del C.P.A.C.A., e impuso el deber de condenar en costas
cuando el recurso extraordinario de revisión se declare infundado. Así se dispone
expresamente:
ARTÍCULO 255. SENTENCIA. <Artículo modificado por el artículo70 de la Ley 2080 de 2021.
El nuevo texto es el siguiente:> Vencido el período probatorio se dictará sentencia.
Si el competente encuentra fundada alguna de las causales de los numerales 1 a 4 y 6 a 8
del artículo 250 de este código, o la del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
invalidará la sentencia revisada y dictará la que en derecho corresponde.
En la sentencia que invalide la decisión revisada se resolverá sobre las restituciones,
cancelaciones, perjuicios, frutos, mejoras, deterioros y demás consecuencias de dicha
invalidación. Si en el expediente no existiere prueba para imponer la condena en concreto,
esta se hará en abstracto y se dará cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 193 de este
código.
Si halla fundada la causal del numeral 5 del señalado artículo 250, o la del literal a) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003, declarará la nulidad de la sentencia o de la actuación afectada con
la causal que dio lugar a la revisión, y devolverá el proceso a la autoridad judicial de origen
para que rehaga lo actuado o dicte sentencia de nuevo, según corresponda.
Si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al recurrente”
(se destaca).
Ahora bien, como esa previsión no contiene una regulación íntegra de la condena
en costas corresponde integrarla con lo previsto en los artículos 365 y 366 del
C.G.P., aplicables en virtud de la remisión dispuesta en el artículo 188 del
C.P.A.C.A.
38 Índice 2 del SAMAI del proceso de la referencia.
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Así, en el artículo 365 del C.G.P. resulta relevante considerar el numeral 8, al tenor
del cual “[s]ólo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la
medida de su comprobación.”. Y en el artículo 366 ibidem deben tenerse en cuenta los
numerales 1, 4 y 6, según los cuales:
“Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia,
inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el
auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas:
1. El secretario hará la liquidación y corresponderá́ al juez aprobarla o rehacerla. (…)
4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el
Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este
y un máximo, el juez tendrá́ en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la
gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del
proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas
tarifas. (…)
6. Cuando la condena se imponga en la sentencia que resuelva los recursos de casación y
revisión o se haga a favor o en contra de un tercero, la liquidación se hará́ inmediatamente
quede ejecutoriada la respectiva providencia o la notificación del auto de obedecimiento
al superior, según el caso.”
Observa la Sala, para lo que aquí interesa, que en el Acuerdo PSAA16-10554 de
2016, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, se fijaron los criterios para
la fijación de las agencias en derecho y las tarifas tratándose de recursos
extraordinarios de revisión. Fue por eso que en los artículos 2 y 5 se previó lo
siguiente:
“Artículo 2. Criterios. Para la fijación de agencias en derecho el funcionario judicial tendrá en
cuenta, dentro del rango de las tarifas mínimas y máximas establecidas por este acuerdo, la
naturaleza, la calidad y la duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que
litigó personalmente, la cuantía del proceso y demás circunstancias especiales directamente
relacionadas con dicha actividad, que permitan valorar la labor jurídica desarrollada, sin que
en ningún caso se puedan desconocer los referidos límites.
(…)
Artículo 5o. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: (…)
9. RECURSOS EXTRAORDINARIOS.
Entre 1 y 20 S.M.M.L.V.”
Aplicando lo anterior al caso concreto se tiene que no hay lugar a la condena en
costas. De una parte, porque aun cuando el señor Jorge Humberto Valdés Martín
designó apoderado para que lo representara en el proceso de la referencia, lo cierto
es que no concurrió a contestar la demanda ni a realizar alguna otra actuación
dentro del mismo. De otra, porque la Fiscalía General de la Nación intervino para
coadyuvar la pretensión de infirmación formulada por la recurrente, la cual, como se
vio, no prosperó.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Especial de Decisión Nro. 13, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
1. Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la
Nación-Rama Judicial contra la sentencia del 28 de agosto de 2020, proferida
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Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-15-000-2021-07311-00 (10468)
por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado dentro del
proceso de radicado Nro. 11001-33-31-034-2008-00190-01 (45.782).
2. No condenar en costas a la parte recurrente, de acuerdo con lo expuesto en
la parte motiva de esta providencia.
3. En los términos del poder conferido, reconocer personería para actuar en
representación de la Nación-Fiscalía General de la Nación a la abogada
Sandra Patricia Lesmos Cogollos, identificada con la cédula de ciudadanía
Nro. 51.904.206, y portadora de la tarjeta profesional Nro. 88.391 del C.S. de
la J.
4. En firme esta providencia, archívese el expediente.
Cópiese, notifíquese y cúmplase,
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala Especial Decisión
Nro. 13 en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDES
Magistrada Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
ACLARA EL VOTO
SALVA PARCIALMENTE EL VOTO
(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
SALVA PARCIALMENTE EL VOTO
14
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