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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2021-07320-00

Fecha
3 de febrero de 2022
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2021-07320-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela respecto de los defectos sustantivo y violación directa de la Constitución alegados, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DENEGAR el amparo solicitado respecto del defecto fáctico, por las razones expuestas en la parte motiva de esta 20 Ver. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de julio de 2021, CP Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001-03-15-000-2021- 03319-00. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de noviembre de 2021, CP Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001-03-15-000- 2021-04492-01 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 36 Número único de radicación: 110010315000 2021 07320 00 Actor: ECOPETROL S.A. providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2021-07320-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

3 de febrero de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., tres (3) de febrero de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 110010315000 2021 07320 00
Referencia: Acción de tutela
Actora: ECOPETROL S.A.

TESIS: DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD RESPECTO DE
LOS DEFECTOS SUSTANTIVO Y VIOLACIÓN DIRECTA DE LA
CONSTITUCIÓN ENDILGADOS, TODA VEZ QUE CARECEN DEL
REQUISITO DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. LA ACTORA
PRETENDE DEBATIR EN ESTA INSTANCIA CONSTITUCIONAL
ASPECTOS QUE YA FUERON OBJETO DE ANÁLISIS EN SEDE
ORDINARIA. SE DENIEGA EL AMPARO FRENTE AL DEFECTO
FÁCTICO. LA DECISIÓN SE FUNDAMENTÓ EN LAS PRUEBAS QUE LA
ACTORA ECHA DE MENOS.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO Y A LA
DEFENSA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la solicitud de tutela presentada por la parte actora

contra la SECCIÓN CUARTA DEL CONSEJO DE ESTADO1.

1
En adelante SECCIÓN CUARTA.

2

Número único de radicación: 110010315000 2021 07320 00
Actor: ECOPETROL S.A.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

La sociedad ECOPETROL S.A., actuando a través de apoderado,

instauró acción de tutela con el fin de obtener el amparo de sus

derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, los

cuales considera vulnerados por la SECCIÓN CUARTA al haber

proferido la sentencia de 22 de abril de 2021, dentro del medio de

control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el

número único de radicación 250002337000 2015 01159 01.

I.2.- Hechos

Indicó que, entre el 10 de marzo y el 5 de junio de 2014, la

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES –

DIAN2 expidió 25 resoluciones de determinación de la contribución

por contratos de obra pública, mediante las cuales liquidó el

presunto tributo a su cargo por contratos suscritos en 2009.

Manifestó que, inconforme con lo anterior, promovió el medio de

2
En adelante la DIAN.

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3

Número único de radicación: 110010315000 2021 07320 00
Actor: ECOPETROL S.A.

control de nulidad y restablecimiento del derecho, identificado con

número único de radicación 250002337000 2015 01159 00, con la

finalidad de discutir la legalidad de los actos administrativos

referidos, así como de aquellos mediante los cuales fueron resueltos

los recursos respectivos.

Precisó que la demanda estuvo fundamentada en que, a su juicio, las

resoluciones fueron expedidas de forma ilegal por infracción de la

Constitución Política, el Estatuto Tributario, además porque varios

de los actos administrativos fueron notificados fuera del término

previsto para tal efecto, sin actos previos y viciados de falsa

motivación.

Agregó que el proceso aludido fue atribuido para su trámite en

primera instancia a la SECCIÓN CUARTA -SUBSECCIÓN “B”-

DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA3 que,

mediante sentencia de 22 de marzo de 2018, accedió a las

pretensiones de la demanda, en razón a que los contratos origen de

la controversia estaban relacionados con actividades de

exploración, explotación y refinación de hidrocarburos, de modo

que eran beneficiarios de la excepción prevista en el artículo 76 de

3
En adelante el TRIBUNAL.

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Actor: ECOPETROL S.A.

la Ley 80 de 28 de octubre 19934.

Expuso que, con ocasión del recurso de apelación interpuesto por la

DIAN, mediante sentencia de 22 de abril de 2021, la SECCIÓN

CUARTA de esta Corporación revocó la decisión del a quo y, en su

lugar, denegó las pretensiones de la demanda, al estimar que sí se

trataba de contratos de obra pública grabados con el tributo

reprochado.

Apuntó que la sentencia aludida fue fundamentada, en las reglas

fijadas en la sentencia de unificación de 25 de febrero de 2020,

proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado, dentro del

expediente núm. 250002337 000 2014 00721 01.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Argumentó que la providencia cuestionada incurrió en el defecto

sustantivo al aplicar indebidamente el artículo 76 de la Ley 80 de

1993, toda vez que los contratos discutidos no eran de obra

pública, pues estaban directamente vinculados con las actividades

de exploración, explotación y comercialización de recursos

4
“Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”.

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Actor: ECOPETROL S.A.

naturales y renovables.

Sostuvo que también se configuró el defecto por violación directa

de la Constitución, en la medida que, a su juicio, la SECCIÓN

CUARTA “[…] desconoció preceptos constitucionales de gran

relevancia, tales como el debido proceso, la defensa, las situaciones

consolidadas y la seguridad jurídica, toda vez que se adoptan una

serie de consideraciones y órdenes erróneas que afectan a la

Compañía […]”.

Precisó que las resoluciones de determinación de la contribución

que le fue impuesta fueron notificadas por fuera del plazo previsto

en los artículos 717 y 817 del Estatuto Tributario; además que las

mismas fueron expedidas sin actos previos y con falsa motivación.

Arguyó que, al proferir la sentencia cuestionada, la autoridad

judicial accionada incurrió en defecto procedimental, por cuanto

omitió analizar el objeto y fin de cada uno de los contratos

discutidos, a fin de determinar si se trataban de contratos de obra

pública que debieran ser gravados con la contribución.

Indicó que, además, la sentencia de unificación de 25 de febrero de

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Actor: ECOPETROL S.A.

2020, en la que está fundamentada la providencia cuestionada,

“[…] incurre en vicios tales como: i) desconoce las propias reglas

establecidas en la Sentencia de Unificación respecto del análisis

propio de cada contrato, ii) desconoce el precedente que ha

amparado el actuar de Ecopetrol y en el cual se reconoce que en

efecto los contratos suscritos corresponden a actividades

relacionadas con la exploración y explotación de recursos naturales

a los cuales no se les puede aplicar la contribución de obra pública,

iii) desconoce e inaplica lo preceptuado en el artículo 76 de la Ley

80 de 1993 […]”.

Puso de presente que, en relación con los vicios que, a su juicio, se

configuran en la sentencia de unificación aludida, promovió la

acción de tutela 110010315000 2021 01138 00, sin que a la fecha

hubiese sido resuelta por trámites de impedimentos.

I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, la parte actora solicitó lo

siguiente:

“[…]1.- Conceder el amparo a los derechos al debido proceso, a

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Número único de radicación: 110010315000 2021 07320 00
Actor: ECOPETROL S.A.

la defensa, a las situaciones jurídicas consolidadas, a la
seguridad jurídica y los demás que ese H. Despacho considere
vulnerados, de los que es titular ECOPETROL S.A., y en
consecuencia, se DEJE SIN EFECTO la sentencia del 22 de abril
de 2021, proferida (sic) Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo- Sección Cuarta, dentro del proceso
25000-23-37-000-2015-1159-01 (238324) pues en ella se
adoptan una serie de consideraciones erróneas que afectan a
mi representada y la legitiman en la causa para interponer la
presente acción […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- La SECCIÓN CUARTA manifestó que la acción de tutela de

la referencia no fue sustentada de forma razonable, dado que, en

su criterio, la sociedad actora se limitó a reiterar que los contratos

de obra que celebró guardan estrecha relación con las actividades

de exploración y explotación de recursos naturales no renovables,

aspecto que fue resuelto en el curso del proceso ordinario.

Agregó que, en ese orden de ideas lo que pretende la actora es

abrir una instancia adicional para discutir los mismos argumentos

ya analizados en el proceso ordinario, por lo que la acción de tutela

carece de relevancia constitucional.

Indicó que en la providencia cuestionada después de enlistar y

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Actor: ECOPETROL S.A.

examinar cada uno de los contratos origen de la controversia con

sus respectivos objetos contractuales, encontró que ECOPETROL

realizó el hecho generador de la contribución especial en disputa,

dado que en su condición de sociedad de economía mixta de

derecho público suscribió negocios jurídicos para la realización de

trabajos materiales sobre bienes inmuebles.

I.5.2.- La DIAN, vinculada en calidad de tercera con interés

directo en las resultas del proceso, manifestó que la acción de

tutela de la referencia es improcedente, porque la actora pretende

reabrir la discusión de un asunto que ya fue resuelto por el Juez

natural conforme a derecho y a partir de las reglas previstas en la

sentencia de unificación aplicable al asunto.

Expuso que, con base en la sentencia de unificación reprochada por

la actora, el Consejo de Estado ha establecido que los contratos que

tienen como objeto actividades de construcción, reparación y

mantenimiento sobre bienes inmuebles son sujetos al gravamen de

contribución especial de obra pública.

Explicó que el hecho de que el Consejo de Estado hubiese unificado

su jurisprudencia sobre los contratos de obra pública no significa

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Actor: ECOPETROL S.A.

que se le haya violado el debido proceso, la igualdad y la confianza

jurídica a ECOPETROL, sino que, por el contrario, se garantiza la

adecuada aplicación del respectivo marco jurídico.

I.5.3.- El TRIBUNAL, vinculado en calidad de tercero con interés

directo en las resultas del proceso, indicó que la solicitud de

amparo es improcedente porque, a su juicio, las providencias

judiciales proferidas en el proceso ordinario no incurrieron en

ningún tipo de vías de hecho, máxime si se tiene en cuenta que el

ad quem atendió a la sentencia de unificación, que no era

imperativa para la decisión proferida en primera instancia, porque

no existía en su momento.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 1983 de

30 de noviembre de 2017 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo

número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del

Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de

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Actor: ECOPETROL S.A.

tutela entre las Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12

de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el

conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela contra providencia

judicial

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 20125

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez

Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González),

en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras

a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción

de tutela contra providencias judiciales, cuando se esté en

presencia de la violación de derechos constitucionales

fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros

fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó

como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la

sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte

5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P.
Dra. María Elizabeth García González, número de único de radicación 2009-01328.

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Actor: ECOPETROL S.A.

Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta

Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado

en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala

Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero

doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-

02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción

de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de

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sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se
correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas
autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción
constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de
propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las
funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6].
De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela
proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica
ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una
absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas
ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa
humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y
por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al

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momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando
el juez actuó completamente al margen del
procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del
apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en
que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos

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fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el
alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica
una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos
la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado[11].

i. Violación directa de la Constitución […]”. (Negrillas fuera
del texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que

se deje sin efecto la sentencia de 22 de abril de 2022, proferida

por la SECCIÓN CUARTA, por medio de la cual fueron denegadas

las pretensiones de la demanda promovida dentro del medio de

control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con

número único de radicación 250002337000 2015 01159 01.

A la citada providencia la actora atribuye la vulneración de sus

derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, habida

cuenta que, a su juicio, la autoridad judicial accionada incurrió en

defecto sustantivo al aplicar indebidamente el artículo 76 de la

Ley 80 de 1993, toda vez que los contratos discutidos no eran de

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obra pública, dado que estaban directamente vinculados con las

actividades de exploración, explotación y comercialización de

recursos naturales y renovables.

De igual forma, la actora estima que se configuró el defecto de

violación directa de la Constitución, por cuanto la SECCIÓN

CUARTA no tuvo en cuenta que los actos administrativos origen de

la controversia fueron notificados de forma extemporánea,

expedidos sin actos previos y con falsa motivación.

Así mismo, la sociedad actora señaló que la autoridad judicial

accionada incurrió en un defecto procedimental al omitir analizar

el objeto y fin de cada uno de los contratos discutidos, para

determinar si se trataba de contratos de obra pública que debieran

ser gravados con la contribución.

En ese orden de ideas, la Sala encuentra que aun cuando la actora

propuso el defecto procedimental, lo cierto es que la

argumentación respectiva corresponde a un defecto fáctico por

falta de valoración probatoria, por lo que dichos reproches serán

analizados bajo tal precepto.

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Actor: ECOPETROL S.A.

Precisado lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la Sala

consiste en: i) establecer si el presente caso cumple con los

presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela

contra providencia judicial y, de ser así, ii) determinar si la

SECCIÓN CUARTA vulneró los derechos deprecados e incurrió en

los defectos sustantivo, violación directa de la Constitución y

fáctico al proferir la providencia de 22 de abril de 2021, aludida.

De acuerdo con los parámetros planteados en el acápite anterior, la

Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,

especialmente, el requisito de relevancia constitucional.

La Sala advierte que frente al defecto fáctico endilgado se cumple

con el requisito de la relevancia constitucional, por cuanto la actora

plantea, con suficiente carga argumentativa, las razones por las

cuales, en su criterio, la autoridad judicial accionada vulneró sus

derechos fundamentales; contra la decisión cuestionada no

proceden recursos y tampoco se estructuran las causales de los

recursos extraordinarios de revisión (artículo 248 y ss. del CPACA) y

unificación de jurisprudencia (artículo 256 y ss., ídem); la acción de

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Número único de radicación: 110010315000 2021 07320 00
Actor: ECOPETROL S.A.

tutela se interpuso en un plazo razonable6 y, por último, la solicitud

identifica los hechos y derechos que se estiman lesionados.

Ahora bien, contrario ocurre respecto de los defectos sustantivo y

violación directa de la Constitución alegados por la actora, pues

frente a los mismos no se cumple con el requisito de la relevancia

constitucional, comoquiera que lo pretendido es revivir una

discusión que ya fue objeto de debate y resuelto por el juez natural

del asunto.

En efecto, en cuanto al defecto sustantivo, la actora alegó que la

SECCIÓN CUARTA aplicó indebidamente el artículo 76 de la Ley 80

de 1993, toda vez que los contratos discutidos no eran de obra

pública, dado que estaban directamente vinculados con las

actividades de exploración, explotación y comercialización de

recursos naturales y renovables, por lo que no era posible

atribuírseles tal contribución.

Frente a la violación directa de la Constitución, arguyó que la

SECCIÓN CUARTA desconoció los artículos 717 y 817 del Estatuto

6
Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201, Consejero ponente: doctor Jorge
Octavio Ramírez Ramírez).

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Actor: ECOPETROL S.A.

Tributario, comoquiera que las resoluciones acusadas fueron

notificadas por fuera del plazo previsto, además que fueron

expedidas sin actos previos y con falsa motivación.

De lo expuesto, se evidencia que los fundamentos que soportan

tanto el defecto sustantivo como la violación directa de la

Constitución son una reiteración de los planteamientos que fueron

resueltos en el curso del proceso de nulidad y restablecimiento del

derecho promovido por la actora contra la DIAN y se dirigen de

manera exclusiva a controvertir los actos administrativos acusados

en el proceso ordinario.

En efecto, en la providencia acusada la SECCIÓN CUARTA

dispuso:

“[…] Puntualmente, se debe establecer si los contratos
revisados estaban gravados con la contribución de obra
pública, conforme con lo prescrito en el artículo 76 de la
Ley 80 de 1993 y en la Ley 1106 de 2006, pues esta fue la
razón de la decisión adoptada por el tribunal de primer
grado. En caso afirmativo, la Sala deberá pronunciarse sobre los
demás reproches planteados por el extremo activo de la litis que
no fueron abordados por el a quo. En consecuencia,
corresponderá estudiar la Administración expidió los actos
acusados con competencia temporal y funcional; si la
ausencia de acto previo vulneró el debido proceso y
derecho de defensa de la demandante; si los actos
censurados vulneraron el elemento subjetivo del hecho
imponible objeto de la controversia, al considerar que la

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demandante estaba obligada a retener y trasladar el
tributo causado; si la decisión en tales actos fue suficiente
motivada; y si se desconoció la doctrina administrativa plasmada
en los Oficios nro. 09714 de 1993, 036803 de 2007, 063832 de
2008, 100202208-915 (48027) de 2014.

3- Frente a la primera de las cuestiones debatidas, la
demandante plantea que, como está eximida de aplicar la
Ley 80 de 1993 por disposición del artículo 76 ibídem,
ninguno de los negocios que suscribe pueden calificarse
como contrato de obra pública en los términos del artículo
32 ejusdem, en la medida en que todos ellos están
relacionados con la exploración y explotación de
hidrocarburos. Sobre esa base, niega haber realizado el hecho
generador de la contribución de obra pública y asegura que, en
cualquier caso, está cobijada por una «exclusión subjetiva» de
carácter tributario que estaría prevista en el referido artículo 76
de la Ley 80. Por su parte, la demandada y apelante única
sostiene que la actora sí realizó el hecho generador debatido y
por eso estaba sujeta al tributo, habida cuenta de que los
negocios revisados corresponden materialmente a contratos de
obra que, al haber sido celebrados por una entidad estatal,
constituyen contratos de obra pública, sin que sea relevante el
régimen negocial al que esté sujeta la actora.
De ello se desprende que el presente litigio versa sobre asuntos
de derecho que fueron decididos por la Sala Plena de esta
corporación en la sentencia de unificación 2020-CESUJ-SP-001,
del 25 de febrero de 2020, exp. 22473, CP: William Hernández
Gómez, que resolvió una disputa entre las mismas partes, relativa
a hechos afines. Por consiguiente, la Sala resolverá el caso que
aplicando las reglas de decisión fijadas en esa providencia.

[…]

4- En el escrito de la demanda, el extremo activo de la litis
alega la extemporaneidad de varios de los actos de
determinación acusados, habida cuenta de que le fueron
notificados por fuera del plazo de cinco años fijado por los
artículos 717 y 817 del ET, contados desde la suscripción
de los contratos. En contraposición, la demandada y apelante
única sostiene que el referido término se computa desde el
momento en que el tributo se hizo exigible, de conformidad con el
artículo 121 de la Ley 418 de 1997, i. e. desde la fecha en que la
demandante efectuó pagos a sus contratistas, y no desde la
suscripción de los contratos. Así, porque los enjuiciados son actos
de determinación de obligaciones tributarias y no de cobro
coactivo, lo que comporta la inaplicabilidad de las disposiciones

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invocadas por la demandante. Vista la litis planteada, debe la
Sala establecer –atendiendo a la naturaleza de las actuaciones
demandadas– cuál era el término con el que contaba la
Administración para notificarlas al extremo activo y si el mismo
fue observado.
[…]”. (Destacado fuera de texto).

Así las cosas, la Sala advierte que lo pretendido por la actora con

tales inconformidades, es reabrir un debate ya surtido dentro del

proceso ordinario, lo cual no es de recibo en esta instancia

constitucional.

De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita,

cuando la tutela se dirige contra una providencia judicial debe

discutirse una cuestión de “evidente relevancia constitucional”.

Bajo esa expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado

que la acción de tutela contra providencias judiciales no está

diseñada como una tercera instancia, ni su objeto puede ser el de

reemplazar los medios de defensa ordinarios, por lo que la solicitud

de amparo no puede encaminarse a reabrir un debate de legalidad,

sino que es necesario que se ponga de presente el desconocimiento

de garantías esenciales, propias del debido proceso constitucional7,

de manera tal que “sólo aquellas vulneraciones comprometedoras

7
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.

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de contenidos constitucionalmente protegidos de este derecho

podrán ser examinadas en sede de tutela”.8

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales,

la Sala Plena de esta Corporación9, en sentencia de unificación de 5

de agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene
dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el principio
constitucional de la autonomía funcional de los jueces
(artículos 228 y 230 de la Carta)” [10]; por otro, evita que la
acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse
en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones”
[11].

8
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez.
[10] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[11] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”

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Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [12].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [13].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo

[12] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
[13] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el
Tribunal Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la
demanda justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral
1 del artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del
Tribunal Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará
atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su
general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de
la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo
en general y, en particular, contra providencias judiciales.”

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siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión
que se pretende discutir por medio de la acción de tutela debe ser
una cuestión de evidente relevancia constitucional.
Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no
da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación
de la acción suponga el desconocimiento de un derecho
fundamental. En otras palabras, la tutela contra decisiones
judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia
constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de
mera legalidad [14]. Si bien no siempre es fácil delimitar los
asuntos de relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido particularmente
cuidadosa al intentar establecer criterios de diferenciación
razonables. Así por ejemplo, basada en los antecedentes
originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha
reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido
proceso. El primero que emerge de la propia Constitución y que
es el denominado debido proceso constitucional, y otro que es
fruto de la labor legislativa, al que se denomina simplemente
debido proceso [15].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29
CN-, aboga por la protección de las garantías esenciales o básicas
de cualquier proceso. En criterio de la Corte, tales garantías
esenciales son el derecho al juez natural [16]; el derecho a
presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que
incluye el derecho a la defensa técnica-; el derecho a la segunda
instancia en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho a la
publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición
de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte

[14] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[15] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[16] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones
judiciales impone un estudio riguroso de los requisitos de
procedibilidad y de prosperidad de la acción, más cuando
se trata de atacar las providencias de las altas Cortes, tal
como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia
SU-917 de 2013. […]”. (Resaltado fuera del texto).

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico

de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

tiene como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice

para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) impedir que la acción

de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para

controvertir las decisiones judiciales; y, (iii) preservar la

competencia y la independencia del juez ordinario.

En suma, no se advierte en tales inconformidades la existencia de

una cuestión que sea de «verdadera relevancia constitucional» que

conlleve la presunta trasgresión de los derechos fundamentales de

la actora, sino la reiteración de planteamientos que ya fueron

estudiados por el juez natural y que obedecen a un debate surtido

en sede ordinaria, en el cual el juez de tutela no puede inmiscuirse,

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so pena de otorgar a la acción de tutela el carácter de una tercera

instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones

judiciales y de paso invadir la competencia y la independencia del

juez ordinario; igualmente, se advierte que no es dable por esta vía

plantear un debate legal como si se tratara de un recurso o una

instancia adicional17.

Por lo anterior, la Sala declarará improcedente las pretensiones

frente a los defectos sustantivo y violación directa de la

Constitución, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de

la presente providencia.

Ahora bien, al encontrarse que el defecto fáctico sí cumple con los

requisitos generales de procedibilidad, se desarrollará el marco

jurídico de este, para enseguida resolver el fondo del asunto.

Del defecto fáctico

En lo que respecta al defecto fáctico la Corte Constitucional, en

17
Esta Sala ya tuvo la oportunidad de pronunciarse en un asunto similar mediante sentencia de 4 de
febrero de 2021, Expediente radicado bajo el núm. 11001 03 15 000 2020 04128 01. C.P. Nubia
Margoth Peña Garzón.

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sentencia T-362 de 201318, explicó lo siguiente:

“[…] El defecto fáctico o probatorio ocurre cuando el juez “toma
una decisión, sin que se halle plenamente comprobado el
supuesto de hecho que legalmente la determina, como
consecuencia de una omisión en el decreto o valoración de las
pruebas, de una valoración irrazonable de las mismas, de la
suposición de una prueba, o del otorgamiento de un alcance
contraevidente a los medios probatorios.

Es importante resaltar que, esta causal es una de las más
exigentes para su comprobación, debido a que la valoración de
las pruebas en un proceso judicial es uno de los ámbitos en
que el juez desarrolla en mayor medida el ejercicio de la
autonomía e independencia judicial, pues se basa en la
aplicación de las reglas de la lógica y la sana crítica. De
hecho, esta Corporación ha identificado que “el yerro en la
apreciación del material probatorio constitutivo del defecto
fáctico debe ser flagrante, protuberante y manifiesto, a tal
punto que en razón de él se desconozca “la realidad probatoria
del proceso […]”.

En esa medida, a juicio de la referida Corte:

“[…] solo es factible fundar una acción de tutela, cuando se
observa que de una manera manifiesta aparece irrazonable la
valoración probatoria hecha por el juez en la correspondiente
providencia. El error en el juicio valorativo de la prueba
debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y
manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa
en la decisión, pues el juez de tutela no puede
convertirse en una instancia revisora de la actividad de
evaluación probatoria del juez que ordinariamente
conoce de un asunto, según las reglas generales de
competencia, porque ello sería contrario al principio de que la
tutela es un medio alternativo de defensa judicial, aparte de

18
M.P Luis Ernesto Vargas Silva.

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que se invadiría la órbita de la competencia y la
autonomía de que son titulares las otras jurisdicciones
[…]”. (Negrillas del original).

De las consideraciones transcritas la Sala advierte que el defecto

fáctico debe ser manifiestamente arbitrario, esto es, que el error en

el juicio valorativo de la prueba sea ostensible y flagrante, además

con una incidencia directa en la decisión, en razón a que el Juez de

tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la

actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente

conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia.

Caso concreto

La sociedad actora alegó que la autoridad judicial accionada omitió

analizar el objeto y fin de cada uno de los contratos discutidos, con

el propósito de determinar si se trataba de contratos de obra

pública que debieran ser gravados con la contribución.

Ahora bien, mediante la sentencia de 22 de abril de 2021, la

SECCIÓN CUARTA revocó la decisión del TRIBUNAL y, en su

lugar, denegó las pretensiones de la demanda dentro del medio de

control de nulidad y restablecimiento del derecho objeto de la

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solicitud, con fundamento en el siguiente análisis:

“[…] se desprende que el presente litigio versa sobre asuntos
de derecho que fueron decididos por la Sala Plena de esta
corporación en la sentencia de unificación 2020-CESUJ-SP-001,
del 25 de febrero de 2020, exp. 22473, CP: William Hernández
Gómez, que resolvió una disputa entre las mismas partes,
relativa a hechos afines. Por consiguiente, la Sala resolverá el
caso que aplicando las reglas de decisión fijadas en esa
providencia

3.1- De conformidad con la primera regla unificada de decisión
judicial:

1. Para determinar si se realiza el hecho generador de la
contribución de los contratos de obra pública no es
determinante el régimen contractual de la entidad que
celebre el contrato de obra pública, sea el general de la Ley
80 de 1993 o un régimen exceptuado. El elemento de la
obligación tributaria se define en función del contrato
celebrado, y no de la actividad o régimen jurídico de la
entidad de derecho público.

Lo anterior porque, a juicio de la Sala Plena, el artículo 6.° de
la Ley 1106 de 2006 determinó que el hecho generador de la
contribución de contratos de obra pública se realiza
cuandoquiera que una entidad estatal celebre negocios que
tengan por objeto una de las actividades descritas en el
artículo 32 de la Ley 80 de 1993. Así, la sentencia de
unificación precisó que la formulación jurídica del hecho
generador en cuestión prescinde de consideraciones
relacionadas con el régimen negocial que vincula a la entidad
contratante, por lo que ese dato no es relevante a efectos
tributarios. Además, la segunda y tercera regla de unificación,
establecieron:

2. Los contratos de obra pública y los contratos de que trata
el artículo 76 de la Ley 80 de 1993 – contratos de
exploración y explotación de recursos naturales, y las
actividades comerciales e industriales, son dos categorías de
contratos diferentes, en tanto tienen características y
finalidades propias, que impiden que se trate de un mismo
contrato.

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3. La contribución no grava los contratos referidos en el
artículo 76 de la Ley 80 de 1993, por cuanto no
corresponden a los contratos de obra pública que son objeto
de gravamen en el artículo 6 de la Ley 1106 de 2006.

En definitiva, de acuerdo con lo decidido en la sentencia de
unificación que aquí se aplica, para que se realice el hecho
generador de la contribución de contratos de obra pública
basta con que concurran dos circunstancias: en primer lugar,
que el negocio jurídico suscrito tenga por objeto «la realización
de trabajos materiales sobre bienes inmuebles» y, en segundo
lugar, que la parte contratante sea una entidad de derecho
público. De ahí que esta Corporación haya concluido que «el
citado artículo 76 no establece una exención tributaria, sino un
régimen jurídico contractual especial sobre un determinado tipo
de contrato. Otra cosa es que la norma se refiera a una clase
de contrato que no fue gravado por el artículo 6 de la Ley 1106
de 2006, que es la razón por la cual dicho contrato no se
encuentra sujeto a la contribución».

3.2- Al respecto, están demostrados en el expediente los
siguientes hechos relevantes:

(i) La demandante es una sociedad de economía mixta, de
carácter comercial, creada por autorización de la Ley 165 de
1948, mediante el Decreto 0030 de 1951, organizada bajo la
forma de sociedad anónima, del orden nacional, vinculada al
Ministerio de Minas y Energía, de conformidad con lo
establecido en la Ley 1118 de 2006, regida por los estatutos
sociales que se encuentran contenidos en la Escritura Pública
Nro. 5314, del 14 de diciembre de 2007.

(ii) En ampliación del Requerimiento Ordinario nro. 900007 del
25 de enero de 2013, mediante el Oficio nro. 131201241-580,
del 16 de octubre de ese año, se requirió a la actora copia de
de los contratos de obra suscritos en 2009 (f.1 caa1). Al
responder el 06 de diciembre de 2013 (f. 15 caa1), esta
proporcionó la copia de los siguientes negocios:

(a) Contrato nro. 4023523 de 04 de agosto de 2009 (ff. 17 a
20 caa1), que tiene por objeto las obras civiles para el
cumplimiento de estándares en las áreas de la coordinación de
planta de proceso y gas de la Superintendencia de operaciones
de mares de la Gerencia Regional Magdalena Medio, de

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Ecopetrol SA, con sede en el centro (Santander) para la
vigencia del año 2009.

(b) Contrato nro. 4022048 de 31 de marzo de 2009 (ff. 11 a
16 caa2), que tiene por objeto las obras de adecuación de
áreas de proceso en baterías y mantenimiento de superficie de
unidades de bombeo mecánico y electro sumergible en campo
Dina y Campo Tello pertenecientes a la Superintendencia de
operaciones Huila- Tolima de Ecopetrol SA durante la vigencia
2009.

(c) Contrato nro. 4022289 de 22 de abril de 2009 (ff. 17 a 21
caa9), que tiene por objeto las obras civiles para la adecuación
de las instalaciones petroleras (planta de proceso el centro -
planta compresora Lizama - planta compresora llanito) de la
superintendencia de operaciones de mares de la Gerencia
Regional Magdalena Medio de Ecopetrol SA ubicada en el
centro (Santander).

[…]

3.3- Del anterior recuento fáctico se colige que los
contratos listados, celebrados por la actora en el 2009,
corresponden a negocios jurídicos suscritos para la
realización de trabajos materiales sobre bienes
inmuebles, que tenían por objeto la construcción,
mantenimiento, instalación y, en general, la realización
de cualquier otro trabajo material sobre inmuebles; y,
por otra parte, está probado y no se discute que la
demandante es una entidad de derecho público del tipo
sociedad de economía mixta. Al concurrir esos dos
elementos, y de conformidad con las reglas de
unificación fijadas por la Sala Plena del Consejo de
Estado, observa la Sala que los negocios examinados
pertenecen a la categoría jurídica de contratos de obra
pública que está gravada con el tributo […]” (Destacado
fuera de texto).

De los apartes trascritos de la providencia acusada, la Sala observa

que como fundamento de la decisión cuestionada, la SECCIÓN

CUARTA en primer lugar, citó las reglas previstas en la sentencia

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de unificación de 25 de febrero de 2020, conforme con las cuales:

• Para determinar si se realiza el hecho generador de la

contribución de los contratos de obra pública no es

determinante el régimen contractual de la entidad que celebre

el contrato de obra pública, sea el general de la Ley 80 de

1993 o un régimen exceptuado. El elemento de la obligación

tributaria se define en función del contrato celebrado y no de

la actividad o régimen jurídico de la entidad de derecho

público.

• Los contratos de obra pública y los contratos de que trata el

artículo 76 de la Ley 80 de 1993 -contratos de exploración y

explotación de recursos naturales-, y las actividades

comerciales e industriales, son dos categorías de contratos

diferentes, en tanto tienen características y finalidades

propias, que impiden que se trate de un mismo contrato.

• La contribución no grava los contratos referidos en el artículo

76 de la Ley 80 de 1993, por cuanto no corresponden a los

contratos de obra pública que son objeto de gravamen en el

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artículo 6 de la Ley 1106 de 200619.

En segundo lugar, a partir de dichas premisas la SECCIÓN

CUARTA analizó cada uno de los contratos discutidos, con el

propósito de determinar la función y la finalidad de estos, de lo

cual pudo concluir que correspondían a negocios jurídicos suscritos

para la realización de trabajos materiales sobre bienes inmuebles,

con el objeto de construcción, mantenimiento, instalación y en

general, la realización de cualquier trabajo material sobre

inmuebles; además, que la actora es una entidad de derecho

público del tipo de sociedad de economía mixta, por lo que al

concurrir esos elementos, de acuerdo con las reglas de unificación

fijadas por la Sala Plena, tales negocios pertenecían a la categoría

jurídica de contratos de obra pública gravados con el tributo

cuestionado.

La SECCIÓN CUARTA sostuvo en la providencia acusada que

cuando una entidad estatal celebre negocios que tengan por objeto

una de las actividades previstas en el artículo 32 de la Ley 80 de

1993, el hecho generador de la contribución de contratos de obra

pública estaba determinado.

19
“Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 de 1997 prorrogada y modificada por
las Leyes 548 de 1999 y 782 de 2002 y se modifican algunas de sus disposiciones”.

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Número único de radicación: 110010315000 2021 07320 00
Actor: ECOPETROL S.A.

Verificado el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, se evidencia que el

contrato de obra hace parte de los contratos estatales descritos en

la normativa, de la siguiente manera:

“[…] 1o. Contrato de Obra.

Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales
para la construcción, mantenimiento, instalación y, en
general, para la realización de cualquier otro trabajo
material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la
modalidad de ejecución y pago […]”.( Destacado fuera de
texto)

De tal forma que la autoridad judicial accionada, al analizar los

contratos discutidos encontró que los mismos tenían como objeto la

construcción y mantenimiento, así como cualquier trabajo material

sobre inmuebles, por lo que de conformidad con el artículo 32 de la

Ley 80 de 1993 y las reglas jurisprudenciales establecidas por la

sentencia de unificación de 25 de febrero de 2020, estaba

determinado el hecho generador de la contribución de contratos de

obra pública impuesto.

Así las cosas, la Sala evidencia que la providencia cuestionada no

incurrió en el defecto fáctico endilgado, toda vez que la SECCIÓN

CUARTA precisamente tuvo como prueba para proferir la decisión

cuestionada, los contratos jurídicos que la actora echa de menos.

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Actor: ECOPETROL S.A.

De lo expuesto en precedencia, la Sala advierte que la autoridad

judicial accionada no incurrió en el defecto estudiado, toda vez que

la providencia cuestionada está debidamente motivada, con

fundamento en las pruebas y la jurisprudencia aplicable al asunto,

por lo que el hecho de que la actora no comparta la tesis allí

dispuesta, no significa que la decisión sea arbitraria, sino que de

conformidad con la autonomía judicial de la que goza el juez de

conocimiento, revocó la decisión del a quo y denegó las

pretensiones de la demanda.

Por otro lado, la Sala advierte que no hay lugar a pronunciarse

respecto de los defectos en los cuales, a juicio de la actora, incurrió

la sentencia de unificación de 25 de febrero de 2020, toda vez que

de la revisión de las pretensiones de la tutela se desprende que

dicha providencia no es el objeto de la presente solicitud de amparo

y, en particular, porque incluso como fue informado en el escrito

introductorio contra dicha providencia se encuentra en curso una

acción de tutela interpuesta por la misma parte.

Cabe precisar, que esta Sala ya había tenido la oportunidad de

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Actor: ECOPETROL S.A.

resolver asuntos similares al presente20, razón por la cual se reitera

la posición respecto de los aspectos comunes a dichos asuntos.

Consecuente con lo anterior, la Sala denegará el amparo solicitado

en relación con el defecto fáctico, como en efecto se dispondrá en

la parte resolutiva de la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela

respecto de los defectos sustantivo y violación directa de la

Constitución alegados, por las razones expuestas en la parte motiva

de esta providencia.

SEGUNDO: DENEGAR el amparo solicitado respecto del defecto

fáctico, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
20
Ver. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de
julio de 2021, CP Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-
03319-00.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de
noviembre de 2021, CP Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001-03-15-000-
2021-04492-01

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Número único de radicación: 110010315000 2021 07320 00
Actor: ECOPETROL S.A.

providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

CÓPIESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,

discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 3 de febrero de

2022.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Salva voto

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

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