Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2021-07321-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2021-07321-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2021-07321-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
17 de febrero de 2022
Demandante: Ecopetrol S.A.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
Radicado: 11001-03-15-000-2021-07321-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-07321-01
Demandante: ECOPETROL S. A.
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN CUARTA
Temas: Tutela contra providencia judicial. Defecto sustantivo. Análisis
interpretativo razonable por parte del órgano judicial de cierre.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve la impugnación interpuesta por el apoderado judicial de la parte
actora contra la sentencia del 15 de diciembre de 2021, dictada por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección A, que declaró improcedente la acción de
tutela interpuesta por Ecopetrol S.A. en contra del Consejo de Estado, Sección
Cuarta, en cuanto a las inconformidades relativas al defecto sustantivo y fáctico, y
se negó el amparo constitucional, respecto a la ausencia de los demás defectos
invocados.
1. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. El 27 de octubre de 2021, Ecopetrol S.A., por medio de apoderado judicial1,
ejerció acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Cuarta, con el fin de
obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
defensa, y los principios a las situaciones jurídicas consolidadas y a la seguridad
jurídica.
2. En sentir de la parte accionante, la trasgresión de las citadas garantías
constitucionales encontró sustento en la sentencia dictada por la referida autoridad
judicial el 13 de mayo de 2021, por medio de la cual revocó el fallo del 19 de julio
de 2018, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección
B, que había accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda.
1 La entidad accionante confirió poder especial al abogado Juan Manuel Ríos Osorio, con el lleno de
los requisitos legales.
1
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Demandante: Ecopetrol S.A.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
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1.2. Pretensión
3. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó:
1. Conceder el amparo de los derechos al debido proceso, a la defensa, a las
situaciones jurídicas consolidadas, a la seguridad jurídica y los demás que ese H.
despacho considere vulnerados, de los que es titular ECOPETROL S.A., y en
consecuencia, se DEJE SIN EFECTO la sentencia del 13 de mayo de 2021, proferida
por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Cuarta,
dentro del proceso 25000-23-37-000-2016-00909-01, pues en ella se adoptan una
serie de consideraciones y decisiones erróneas que afectan a mi representada y la
legitiman en la causa para interponer la presente acción.
1.3. Hechos probados y/o admitidos
La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:
4. Ecopetrol S.A. instauró demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (en
adelante DIAN). En esta solicitó la nulidad de las resoluciones de determinación
de la contribución por contratos de obra pública y los actos administrativos,
mediante los cuales la entidad mencionada resolvió negativamente los recursos
de reconsideración interpuestos en contra de las primeras decisiones.
5. Las resoluciones que determinaron el tributo y las resoluciones que
resolvieron el recurso de reconsideración son las siguientes:
Resolución que resuelve recurso
Id Resolución de determinación
de reconsideración
312412014000156 del 9 de 312412015000010 del 02 de febrero
1
diciembre de 2014 de 2015
312412015000033 del 25 de 312362015000050 del 27 de
2
febrero de 2015 noviembre de 2015
312412015000037 del 24 de marzo 312362015000056 del 09 de
3
de 2015 diciembre de 2015
312412015000010 del 02 de
4
febrero de 2015 12682 del 23 de diciembre de 2015
312412015000006 del 02 de
5
febrero de 2015 12679 del 23 de diciembre de 2015
312412015000034 del 25 de
6
febrero de 2015 355 del 25 de enero de 2016
312412015000026 del 25 de 312412015000026 del 25 de febrero
7
febrero de 2015 de 2015
312412015000015 del 13 de
8
febrero de 2015 586 del 03 de febrero de 2016
312412015000013 del 25 de
9
febrero de 2015 1090 del 03 de febrero de 2016
2
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6. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordenara a la DIAN
que la declarara a paz y salvo, por concepto de las sumas de dinero objeto de cobro
de la contribución de obra pública.
7. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B,
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda al anular 7 de las 9
resoluciones de determinación en sentencia dictada el 19 de julio de 2018. Este juez
colegiado consideró que el artículo 76 de la Ley 80 de 1993 estableció una exención
a la contribución de obra pública para los contratos relacionados con la exploración
y/o explotación de hidrocarburos y minerales, por cuanto los mismos se rigen por
disposiciones especiales y no por la Ley 80 de 1993. Por lo tanto, para el Tribunal,
no generan la contribución.
8. Contra la decisión anterior, ambas partes interpusieron recurso de apelación,
el cual fue resuelto por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, en sentencia dictada
el 13 de mayo de 2021. En esta providencia se revocó el fallo de primera instancia
para, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.
9. Para fundamentar su solicitud, la autoridad accionada planteó como primer
problema jurídico determinar si los actos administrativos demandados fueron
expedidos por la DIAN en forma oportuna. En torno a ello, precisó que el
ordenamiento tributario y el contencioso administrativo carecen de normas que rijan
la caducidad de la competencia de la “Administración tributaria para la
determinación oficial de la contribución de contratos de obra pública”.
10. Sobre el punto, aclaró que el Estatuto Tributario estableció las oportunidades
para expedir liquidaciones oficiales (de revisión, de aforo o de corrección aritmética)
pero que estos tienen como presupuesto necesario el deber de declarar, carga que
no se impuso a los obligados tributarios de la contribución de obra pública.
11. Agregó que no está prevista en esa codificación un plazo para liquidar
oficialmente aquellos tributos para los cuales no se ha establecido una
autoliquidación, como fase inicial del procedimiento administrativo. En
consecuencia, en ausencia de normas se debe aplicar el término general de
prescripción de la acción declarativa, previsto en el artículo 2536 del Código Civil
(10 años para las acciones ordinarias), el cual se debe contabilizar a partir de la
fecha en que se hizo exigible la obligación.
12. Indicó que, por disposición del artículo 121 de la Ley 418 de 19972
(prorrogado, entre otras, por la Ley 1106 de 2006), el valor causado por concepto
2 La Ley 418 de 1997 “Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la
convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones”, en el artículo 121, reguló lo
relacionado con la forma de recaudar la contribución de obra creada por el artículo 120, modificado
por el artículo 6º de la Ley 1106 de 2006. La norma establece que, para los efectos de la contribución
especial de obra pública, la entidad contratante descontará el cinco por ciento (5%) del valor del
anticipo, si lo hubiere y de cada cuenta que cancele al contratista. El valor retenido por la entidad
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del impuesto analizado debe ser descontado de los pagos que la entidad contratante
efectúe a sus contratistas, de manera que solo hasta la fecha del pago se hará
exigible la obligación tributaria.
13. Al aplicar la disposición al caso concreto, concluyó que los nueve contratos
gravados con el tributo fueron suscritos entre el mes de diciembre de 2009 y abril
de 2010, los pagos a los que ellos dieron lugar, conforme se deriva de algunas actas
de liquidación, ocurrieron entre el 25 de febrero de 2010 y el 30 de noviembre de
2010, y la Administración notificó entre los años 2014 y 2015 los actos de
determinación del tributo. De tal manera que, la actuación administrativa fue
proferida de manera oportuna, antes de que culminara el plazo de prescripción
ordinaria de 10 años, establecido en el artículo 2536 del Código Civil.
14. Con respecto a la configuración del hecho generador de la contribución, la
autoridad judicial accionada precisó que daría aplicación a las reglas
jurisprudenciales establecidas en la sentencia de unificación proferida por la Sala
Plena de lo contencioso Administrativo de esta Corporación el 25 de febrero de
20203.
15. Aclaró que, en la citada sentencia se indicó que el artículo 6º de la Ley 1106
de 2006 establece la contribución sobre los contratos de obra que se celebren con
entidades de derecho público, en virtud del cual, el contratista tiene la calidad de
contribuyente y la entidad de derecho público contratante de agente retenedor,
siendo la responsable del tributo, esto es, quien se encarga de retenerlo y
consignarlo.
16. A partir de lo anterior, en la sentencia de unificación se determinó que el
hecho generador de la contribución de obra pública se configura sobre aquellos
contratos que celebren entidades de derecho público, independientemente de su
régimen contractual, que puedan ser clasificados como de obra de conformidad con
el artículo 32 de la Ley 80 de 1993.
pública contratante deberá ser consignado inmediatamente en la institución que señale, según sea
el caso, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público o la entidad territorial correspondiente.
3 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 25 de febrero de
2020, M.P. William Hernández Gómez, Rad. No. 25000-23-37-000-2014-00721- 01. En esta
providencia se unificó la posición de la Corporación sobre los siguientes criterios: «1. Para determinar
si se realiza el hecho generador de la contribución de los contratos de obra pública no es
determinante el régimen contractual de la entidad que celebre el contrato de obra pública, sea el
general de la Ley 80 de 1993 o un régimen exceptuado. El elemento de la obligación tributaria se
define en función del contrato celebrado, y no de la actividad o régimen jurídico de la entidad de
derecho público. 2. Los contratos de obra pública y los contratos de que trata el artículo 76 de la Ley
80 de 1993 –contratos de exploración y explotación de recursos naturales, y las actividades
comerciales e industriales son dos categorías de contratos diferentes, en tanto tienen características
y finalidades propias, que impiden que se trate de un mismo contrato. 3. La contribución no grava
los contratos referidos en el artículo 76 de la Ley 80 de 1993, por cuanto no corresponden a los
contratos de obra pública que son objeto de gravamen en el artículo 6 de la Ley 1106 de 2006».
4
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17. En la referida sentencia se advirtió que el hecho de que algunas entidades
de derecho público tengan un régimen especial para la celebración de ciertos tipos
de contratos –como los de exploración y explotación de recursos naturales
renovables y no renovables– no impide que cuando celebren los de obra, estos
queden gravados con el tributo.
18. La sentencia de unificación de jurisprudencia, que fue aplicada al caso
concreto, fijó el criterio general que debe tenerse en cuenta para determinar si un
contrato está gravado o no con el tributo. En este sentido, precisó que en cada
proceso se debe examinar que el objeto encuadre en la definición de “contrato de
obra”, lo que implica analizar aspectos como el objeto, las cláusulas contractuales
y las reglas de interpretación.
19. Al aplicar las reglas de unificación al caso concreto, en la providencia
cuestionada se examinó la naturaleza jurídica de Ecopetrol, se reseñaron los actos
administrativos censurados y se hizo referencia al objeto de cada uno de los
contratos.
20. Con fundamento en el análisis realizado, concluyó que no corresponden a los
de exploración y explotación de hidrocarburos, por cuanto si bien se relacionan con
esas actividades, no tienen por finalidad su búsqueda y producción sino la
realización de un conjunto de obras encaminadas a la construcción, reparación y
mantenimiento de unos bienes inmuebles, que son propias de los contratos de obra,
por lo que le asistía razón a la DIAN cuando consideró que corresponden a esta
modalidad y, por ende, están gravados con el tributo.
21. La sentencia fue notificada por estado fijado el 28 de mayo de 2021, según
constancia obrante en el índice 21 del SAMAI.
1.4. Sustento de la vulneración
22. La parte actora argumentó que, en reiteradas oportunidades, se había
reconocido por la jurisprudencia de la Sección Cuarta del Consejo de Estado que
todos los contratos celebrados por Ecopetrol, en desarrollo de su objeto social,
carecen de cláusulas exorbitantes, por lo que no hay lugar a que se cause la
contribución de obra pública4.
23. Consideró que la sentencia censurada incurrió en un defecto sustantivo al
desatender el contenido del artículo 76 de la Ley 80 de 1993, que prevé que las
entidades públicas que suscriban contratos de exploración y explotación de
4 Para el efecto, hizo referencia a las siguientes sentencias dictadas por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado: (i) 22 de febrero de 2018, M. P. Stella Jeannette Carvajal Basto, expediente
25000-23-37-000-2014-00994-01; (ii) 24 de mayo de 2018, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto,
expediente 25000-23-37-000-2015-00771-01 y (iii) 31 de mayo de 2018, M.P. Milton Chaves García,
expediente 25000-23-37-000-2014-00616-01.
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recursos naturales no están sujetas al régimen general de contratación, por ende,
los pactos afines con esas actividades no pueden considerarse de obra pública, por
lo que no comportan la carga fiscal de que trata el artículo 6 de la Ley 1106 de 2006.
24. Aseveró que, según el Decreto 3461 de 2007, los contratos celebrados por
Ecopetrol se encuentran excluidos de la contribución de obra pública, toda vez que,
aquellos son necesarios para el desarrollo de actividades de exploración,
explotación, transporte y refinación de hidrocarburos.
25. Argumentó que en la sentencia acusada no se debió aplicar los artículos
2535 y 25366 del Código Civil. Sostiene que para determinar si operó la
5
prescripción de las obligaciones tributarias, debe aplicarse el término de caducidad
establecido en los artículos 7177 y 8178 del Estatuto Tributario.
26. Afirmó que la sentencia desconoció el Concepto 0638332 de 2008 de la
DIAN. En este se indicó que la contribución de obra pública no es aplicable a los
contratos relacionados con la exploración y explotación de recursos naturales no
renovables ni a los conexos.
27. A juicio de la accionante, la autoridad judicial no realizó una valoración
probatoria adecuada, en la medida en que se limitó a relacionar las reglas de
unificación establecidas en la sentencia del 25 de febrero del 2020, a transcribir los
objetos contractuales y a afirmar que se referían a trabajos materiales sobre bienes
inmuebles, de tal manera que omitió verificar que no se trataba de contratos cuyo
5 “ARTICULO 2535. <PRESCRIPCION EXTINTIVA>. La prescripción que extingue las acciones y
derechos ajenos exige solamente cierto lapso de tiempo durante el cual no se hayan ejercido dichas
acciones. Se cuenta este tiempo desde que la obligación se haya hecho exigible”.
6 “ARTICULO 2536. <PRESCRIPCION DE LA ACCION EJECUTIVA Y ORDINARIA>. <Artículo
modificado por el artículo 8 de la Ley 791 de 2002. El nuevo texto es el siguiente:> La acción
ejecutiva se prescribe por cinco (5) años. Y la ordinaria por diez (10).
La acción ejecutiva se convierte en ordinaria por el lapso de cinco (5) años, y convertida en ordinaria
durará solamente otros cinco (5).
Una vez interrumpida o renunciada una prescripción, comenzará a contarse nuevamente el
respectivo término”.
7 “ARTICULO 717. LIQUIDACIÓN DE AFORO. Agotado el procedimiento previsto en los
artículos 643, 715 y 716, la Administración podrá, dentro de los cinco (5) años siguientes al
vencimiento del plazo señalado para declarar, determinar mediante una liquidación de aforo, la
obligación tributaria al contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, que no haya
declarado”.
8 “ARTÍCULO 817. TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE COBRO. <Artículo
modificado por el artículo 53 de la Ley 1739 de 2014. El nuevo texto es el siguiente:> La acción de
cobro de las obligaciones fiscales, prescribe en el término de cinco (5) años, contados a partir de:
1. La fecha de vencimiento del término para declarar, fijado por el Gobierno Nacional, para las
declaraciones presentadas oportunamente.
2. La fecha de presentación de la declaración, en el caso de las presentadas en forma extemporánea.
3. La fecha de presentación de la declaración de corrección, en relación con los mayores valores.
4. La fecha de ejecutoria del respectivo acto administrativo de determinación o discusión.
La competencia para decretar la prescripción de la acción de cobro será de los Administradores de
Impuestos o de Impuestos y Aduanas Nacionales respectivos, o de los servidores públicos de la
respectiva administración en quien estos deleguen dicha facultad y será decretada de oficio o a
petición de parte”.
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objeto estuviese relacionado con actividades de exploración y producción de
hidrocarburos o conexos, como lo precisa la misma sentencia de unificación. Este
argumento lo enmarcó en un defecto procedimental.
28. Manifestó que se desconoció el precedente judicial que ampara la actuación
de Ecopetrol, contenido en la sentencia SU-406 de 2016 de la Corte Constitucional,
en la que se hace referencia a los requisitos necesarios para realizar un cambio
jurisprudencial y no incurrir con ello en arbitrariedad.
29. Consideró como desconocidas igualmente las siguientes sentencias dictadas
por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, relacionadas con los objetos
contractuales que no generan la contribución de obra pública:
(i) 22 de febrero de 2018, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto,
expediente 25000-23-37-000-2014-00994-01;
(ii) 24 de mayo de 2018, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, expediente
25000-23-37-000-2015-00771-01 y;
(iii) 31 de mayo de 2018, M.P. Milton Chaves García, expediente 25000-
23-37-000-2014-00616-01.
30. Alegó el desconocimiento de las reglas establecidas en la sentencia de
unificación dictada el 25 de febrero de 2020, por la Sala Plena del Consejo de
Estado, respecto del análisis que se debe realizar en relación con cada uno de los
contratos.
31. Para sustentar este cargo, afirmó que, en las consideraciones del fallo de
unificación de jurisprudencia se indicó que en cada caso se debe verificar el objeto
del contrato que se celebra y no el régimen jurídico de la entidad. Para la actora la
Sección Cuarta del Consejo de Estado se limitó a enlistar los objetos contractuales
y a considerar que se trataba de actividades materiales sobre bienes inmuebles,
con lo cual desconoció que los mismos están encaminados al desarrollo,
producción, determinación de reservas y comercialización de hidrocarburos, como
lo establece el artículo 76 de la Ley 80 de 1993.
32. Adujo que el cambio intempestivo y sin fundamento de la línea
jurisprudencial, al darse aplicación a las reglas dispuestas en la sentencia de
unificación del 25 de febrero de 2020, trajo como consecuencia una carga fiscal que
Ecopetrol no debía soportar.
33. Finalmente, transcribió las consideraciones efectuadas en la sentencia
censurada sobre la oportunidad con la que contaba la DIAN para expedir los actos
administrativos por medio de los cuales liquidó el tributo a cargo de Ecopetrol y
afirmó que la providencia confunde el concepto de caducidad con el de prescripción
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y que las normas que se debieron aplicar con respecto a este fenómeno son las
consagradas en el Estatuto Tributario (E.T.).
34. Destacó el contenido del artículo 817 del citado ordenamiento, que se refiere
a la prescripción de la acción de cobro. Así mismo, señaló como desconocido el
artículo 717 E.T., para concluir que la DIAN contaba con el plazo de cinco (5) años
para determinar el tributo, mediante una liquidación de determinación, para los
casos en que el agente retenedor, que es la calidad que tiene frente a los contratos,
no haya consignado y declarado los valores correspondientes a la contribución de
obra pública. Con base en ello, alegó que la indebida aplicación de las normas del
Código Civil.
1.5. Actuaciones procesales relevantes
1.5.1. Auto admisorio de la demanda
35. Mediante auto de ponente, dictado el 25 de noviembre de 2021, se admitió la
demanda de tutela y se ordenó notificar a la accionante y al Consejo de Estado,
Sección Cuarta, como autoridad judicial accionada.
36. Asimismo, se dispuso la vinculación de la DIAN, como tercero con interés
jurídico en el resultado del proceso.
1.5.2. Intervenciones
37. Remitidos los oficios del caso, por correo electrónico, se recibieron, las
siguientes:
1.5.2.1. Consejo de Estado, Sección Cuarta
38. La magistrada ponente de la decisión censurada se opuso a la prosperidad
de las pretensiones de la demanda. Sostuvo que la acción de tutela es improcedente
porque no cumple con el requisito de relevancia constitucional, pues la entidad
demandante pretende constituir una instancia adicional del proceso, al proponer
argumentos que fueron resueltos por el juez ordinario.
39. En cuanto al fondo del asunto, indicó que la sentencia no incurrió en defecto
sustantivo, porque la decisión obedeció a la interpretación de las disposiciones
normativas aplicables al caso debatido y se ajustó a las reglas jurisprudenciales
establecidas en la sentencia de unificación del 25 de febrero de 2020, dictada por
la Sala Plena del Consejo de Estado, la cual determinó el alcance del hecho
generador de la contribución de los contratos de obra pública celebrados con
entidades de derecho público.
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40. Afirmó que en la sentencia enjuiciada resultó irrelevante determinar si el
objeto contractual de los contratos discutidos se relaciona directamente o no con
actividades de exploración, explotación, o con actividades complementarias a
aquellas. Esto por cuanto conforme con su objeto contractual, los contratos
debatidos en el proceso son de obra pública y sobre los mismos se causa la
contribución, pues ninguno tiene por objeto “la asignación de un área, para efectos
y como su nombre lo indica determinar aspectos como la existencia, ubicación,
reservas, calidad, etc. de los recursos naturales, y el posterior desarrollo, producción
y venta de los recursos encontrados” para ser considerados de exploración o
exploración de recursos naturales excluidos de la contribución.
41. Finalmente indicó que, frente a la prescripción para proferir el acto de
determinación planteada por Ecopetrol S. A., se reiteró que “ante la falta de
regulación especial del plazo para liquidar la contribución de obra pública, son
aplicables los artículos 2536 del Código Civil -que fija el término de prescripción de
actuaciones no reguladas-, y 121 de la Ley 418 de 1997, el cual prevé que la
obligación nace con la realización del pago al contratista”, y se confrontó la fecha
de pago de los contratos con la de expedición de los actos de determinación, para
establecer que estos últimos son oportunos.
42. Por todo ello concluyó que la decisión adoptada no fue caprichosa ni
arbitraria, puesto que se sustentó en el análisis integral del ordenamiento jurídico
vigente hecho mediante sentencia de unificación, de manera que no es del caso
redundar en argumentos en esta respuesta para explicar la razón o motivación de
la decisión adoptada y que es objeto de acción de tutela, pues la propia providencia
cuestionada, simplemente, los soporta.
1.5.2.2. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN
43. La subdirectora de Representación Externa de la UAE Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN indicó que es evidente que la pretensión
de la sociedad accionante es reabrir la discusión jurídica que fue objeto del proceso
ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho, que fue resuelta de manera
desfavorable.
44. Advirtió que la tutelante cuestionó en el proceso ordinario la interpretación
que hizo la administración de los contratos que celebró y que motivaron que se
causara la contribución de obra, bajo el entendido que, por versar sobre contratos
de exploración y explotación de hidrocarburos no se encontraban sujetos a la
contribución, tesis que rechazó el Consejo de Estado, previa conclusión que se
trataba de contratos de obra, entendidos como aquellos relacionados con trabajos
materiales sobre inmuebles.
45. Resaltó que no es cierto que se hubiera omitido realizar la valoración de los
contratos desde el punto de vista del objeto contractual, pues fue precisamente este
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examen el que condujo a la autoridad judicial a concluir que se trataba de contratos
de obra pública.
46. Puso de presente que, en la sentencia objeto de la presente acción, la
Sección Cuarta del Consejo de Estado discriminó de manera detallada los contratos
que fueron materia de determinación de la contribución por contrato de obra pública
y señaló en cada uno de ellos su objeto, lo cual contrastó con las definiciones
efectuadas en la sentencia de unificación, precisando los elementos definitorios.
47. Consideró que no se configuran los requisitos especiales de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales.
1.5.3. Sentencia de primera instancia
48. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, dictó sentencia el 15
de diciembre de 2021. En esta providencia declaró improcedente la acción de tutela
interpuesta por Ecopetrol S.A. en contra del Consejo de Estado, Sección Cuarta, en
cuanto a las inconformidades relativas a los defectos sustantivo y fáctico. A su vez,
negó el amparo constitucional respecto a la ausencia de los demás defectos
invocados.
49. En lo que respecta a los argumentos referidos a la interpretación de las
normas sobre el contrato de obra pública (defecto sustantivo) y de la indebida
valoración probatoria (alegada como defecto procedimental), encontró que este no
cumplió el presupuesto de la relevancia constitucional, pues, como lo ha explicado
en diferentes ocasiones, este no se satisface por el simple hecho de señalar los
derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen o califiquen unos defectos
contra la providencia.
50. Por tanto expuso que las razones de la demanda y de la tutela son idénticas
y ya fueron examinadas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, en primera y segunda instancia por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y la Sección Cuarta del Consejo de Estado, respectivamente, solo
que las autoridades judiciales arribaron a conclusiones parcialmente diferentes: el
tribunal avaló la interpretación de la accionante respecto de siete de los nueve
contratos contribución y la Sección Cuarta consideró que ninguno de los nueve
contratos estaba exento de la contribución en aplicación de una sentencia de
unificación jurisprudencial.
51. Respecto del desconocimiento del precedente mencionó que no es viable
cuestionar por vía indirecta los contenidos de la sentencia de unificación
jurisprudencial cuando son aplicados por la autoridad en un caso concreto, ya que,
contrario a lo que se afirmó en la tutela, cuando una autoridad procede de esa
manera y acoge un precedente, lejos de violar la Constitución, está aplicando los
principios constitucionales de igualdad ante la ley y seguridad jurídica.
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52. Con todo, señaló que distinto es que no se comparta la decisión unificada o
no le sea favorable a uno de los extremos procesales, pero esa circunstancia, por
sí sola, no autoriza a cuestionar de manera indirecta la sentencia de unificación ni
a atacar el raciocinio y las reglas o subreglas que allí se fijaron.
53. Esta decisión fue notificada el 11 de enero de 2022.
1.5.4. Impugnación
54. Mediante escrito remitido por correo electrónico 14 de enero de 2022 a la
Secretaría General del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la parte
accionante impugnó el fallo de primera instancia, con el fin de que se revocara y se
accediera a la petición de amparo constitucional.
55. La parte recurrente manifestó que algunos de los cargos formulados por
Ecopetrol no fueron resueltos en la sentencia de primera instancia, la cual omitió
pronunciarse sobre los siguientes aspectos:
a. El Consejo de Estado, al acudir retroactivamente a lo dispuesto en la sentencia de
unificación del 25 de febrero del año anterior, trasgredió los derechos al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia y el principio de confianza legítima.
b. El Consejo de Estado pasó por alto los salvamentos de voto y no tuvo en cuenta
que operó la prescripción.
c. El Consejo de Estado interpretó equivocadamente el artículo 76 de la Ley 80 de
1993.
56. Reiteró en el escrito de impugnación los argumentos expuestos en la
demanda. Insistió en la vulneración del derecho al debido proceso por falta de
valoración probatoria, lo que, a su juicio, constituye uno de los defectos
procedimentales.
57. Señaló que en una sentencia de primera instancia dictada en una acción de
tutela instaurada por Ecopetrol por el mismo tema se reconoció que le asistía la
razón, en cuanto a que se confundió el fenómeno de la caducidad con el de la
prescripción, aclarándose que el primero corresponde a un término preclusivo que
extingue el derecho de acción, mientras que el segundo se prevé para consolidar la
adquisición o extinción de un derecho por el transcurso del tiempo.
58. En esa oportunidad se consideró que no era dable, como lo hizo la autoridad
judicial demandada, aplicar el artículo 2536 del Código Civil, pues no se trata de la
extinción del derecho de acción para la DIAN, sino de la oportunidad que tiene la
entidad para determinar la obligación a cargo del contribuyente.
59. Finalmente, citó la sentencia emitida por la Sección Quinta del Consejo de
Estado el 21 de octubre de 2021, bajo el radicado No. 11001-03-15-000-2021-
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06065-00, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. De esta providencia transcribió lo
siguiente:
(…) la providencia acusada confundió el fenómeno de la caducidad con el de la
prescripción. El primero corresponde a un término preclusivo que extingue el derecho
de acción, mientras que el segundo, se prevé para para consolidar la adquisición o
extinción de un derecho por el transcurso del tiempo. (…) En ese orden de ideas, no
era dable, como lo hizo la autoridad judicial demandada, aplicar el artículo 2536 del
Código Civil pues no se trata de la extinción del derecho del “fisco”, sino de la
oportunidad que tiene la entidad para determinar la obligación a cargo del
contribuyente. (…) tal como lo manifestó la compañía accionante, en este caso
resultaban aplicables los términos del artículo 717 del Estatuto Tributario en cuanto al
plazo de cinco años y no el artículo 2536 del Código Civil.
(…) tal como lo manifestó la compañía accionante, en este caso resultaban aplicables
los términos del artículo 717 del Estatuto Tributario en cuanto al plazo de cinco años
y no el artículo 2536 del Código Civil. Así las cosas, se concederá la tutela de los
derechos fundamentales al debido proceso y de defensa de Ecopetrol S.A.
únicamente respecto al cargo relativo a la caducidad de la potestad de la DIAN y se
negará respecto de los demás defectos invocados.
En consecuencia, se dejará sin efectos la providencia del 4 de marzo de 2021
únicamente en lo relativo al cargo de la caducidad de la potestad de la DIAN para
exigir el pago de la contribución de obra pública, en el entendido que, en el análisis
que lleve a cabo de cada acto demandado deberá aplicar el término de caducidad
previsto por el Estatuto Tributario en el artículo 717, sin perjuicio de que, después de
realizado dicho estudio llegue a la conclusión de que algunas actuaciones se
encontraban caducadas y otras no, de manera que, deberá proferir una providencia
de reemplazo dentro de los 30 días siguientes a la notificación de este proveído, con
fundamento en lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
2. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
60. Esta Sala es competente para resolver la impugnación interpuesta por la
parte actora en contra de la sentencia del 15 de diciembre de 2021, dictada por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A; de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, 37 de los Decretos 2591 de
1991 y 1069 de 2015, este último modificado por el Decreto 333 de 2021, así como
en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Legitimación en la causa
61. El inciso 1 del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene toda
persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe a su nombre,
la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten
amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento preferente y sumario.
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62. En el mismo sentido, el Decreto 2591 de 19919, en los artículos 1, 10, 46 y
49, precisa que el mecanismo de amparo puede ser presentado por cualquier
persona que encuentre vulnerados sus derechos fundamentales, bien sea i) por sí
misma; ii) a través de representante; iii) apoderado; o iv) por medio de la agencia
oficiosa, cuando el titular de los derechos fundamentales no esté en condiciones de
promover su defensa. También pueden interponer acción de tutela los defensores
del pueblo y los personeros municipales10.
63. Con fundamento en el marco conceptual expuesto11, la Sala advierte que
Ecopetrol, es la titular de los derechos fundamentales que reclama, en razón a que
es la parte demandante dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho en el que se cuestiona la providencia aquí enjuiciada.
64. En consecuencia, la entidad accionante goza de legitimación en la causa por
activa, presupuesto procesal que al superarse permite el estudio sobre los requisitos
de procedibilidad y la supuesta vulneración de los derechos invocados.
65. Asimismo, la demanda se dirigió contra el Consejo de Estado, Sección
Cuarta, entidad que profirió la providencia objeto de censura, razón por la cual, se
encuentra legitimada por pasiva.
2.3. Problemas jurídicos
66. Corresponde a la Sala determinar si procede a confirmar, modificar o revocar
la providencia del 15 de diciembre de 2021, proferida en la acción de tutela del
vocativo de la referencia, instaurada por la entidad accionante con el fin de reclamar
el amparo de su derecho fundamental al debido proceso.
67. En consecuencia, con fundamento en el examen de la situación fáctica
expuesta por la parte actora, de la valoración del material probatorio recaudado, de
las causales de procedibilidad de la acción de tutela invocadas y de los argumentos
expuestos en el libelo introductorio y en la impugnación, el primer problema jurídico
que subyace al caso concreto consiste en determinar si concurren en el caso
concreto los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela.
68. De encontrarse superados los mismos, la Sala analizará lo siguiente:
• ¿La Sección Cuarta del Consejo de Estado vulneró los derechos invocados,
por presuntamente incurrir en los defectos de desconocimiento del precedente,
fáctico y sustantivo, al proferir la sentencia del 13 mayo de 2021, mediante la
9 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.
10 Corte Constitucional, Sentencia T-793 de 2007.
11 Cabe destacar que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,
ha venido aplicando la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, estudiando en las acciones
de tutela la legitimación en la causa por activa y por pasiva. Al respecto, véase, entre otras, sentencia
de 10.02.22. M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil, Rad. 11001-03-15-000-2022-00332-00.
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cual se revocó la emanada de la Subsección B, Sección Cuarta del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que había accedido parcialmente a lo
pretendido por Ecopetrol, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho que promovió contra la DIAN?
2.4. Razones jurídicas de la decisión
69. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencia judicial; ii) el estudio de los requisitos de procedibilidad
adjetiva; iii) las nociones generales de los defectos invocados y reiterados en la
impugnación y; iv) el análisis del caso concreto con fundamento en los cargos
propuestos en la demanda de tutela y en el escrito de impugnación.
2.5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
70. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 201212. Lo anterior, porque hasta ese momento,
las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este
tema13. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias
judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y
excepcionales14.
71. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 201415. En esta sentencia se
establecieron seis requisitos adjetivos de procedencia16 y ocho defectos especiales
en los que puede incurrir una providencia judicial17.
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012,
M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
13 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
14 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”.
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
16 Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del 2014
son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que se hayan
agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable;
iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. iv); Cuando se trate
de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
17 Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
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72. Es importante resaltar que esta Sección, en aras de una metodología más
clara para las personas que acceden a la administración de justicia vía amparo
constitucional, determinó que los requisitos generales de procedencia cuarto y
quinto de la sentencia de unificación del 2014 serán estudiados de manera conjunta
con los requisitos especiales.
73. Por tanto, de manera reiterada se han analizado los siguientes requisitos
generales de procedencia i) relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela
contra tutela; iii) inmediatez y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los
requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no
observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara improcedente
la acción de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
74. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura
uno o más de los defectos materiales o especiales de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial. Justamente en este estudio la Sección analizará
la carga argumental alegada por la parte actora. A su vez, cuando se invoca el
defecto procedimental absoluto se estudiará que la irregularidad procesal tenga un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna.
75. En este mismo sentido, la sala ha establecido que, para la prosperidad o
negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la
que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el
sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
76. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo
las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́ completamente al
margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; iv) Defecto
material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por
parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; vii). Desconocimiento
del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el
alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa
de la Constitución.
15
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2.6. Estudio de los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.6.1. Relevancia constitucional
77. Para la Sala es necesario precisar que, este requisito se encuentra superado
por cuanto en primer lugar, la parte actora cuestiona la razonabilidad de la
providencia del 13 de mayo de 2021 comoquiera que, a su juicio, incurrió en los
defectos de desconocimiento del precedente, fáctico y sustantivo. Por tanto,
considera que se debía mantener la nulidad de los actos administrativos proferidos
por la DIAN, tal como lo hizo la Subsección B, Sección Cuarta del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, en la sentencia de primera instancia del proceso
ordinario.
78. En segundo lugar, se observa que no se trata de un debate de orden
exclusivamente legal, el cual basado en la tutela judicial efectiva no admite que el
titular del derecho o el interesado legítimo quede en un estado de indefensión, pues
en efecto, la parte actora considera vulnerados sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la defensa, a las situaciones jurídicas consolidadas y a la
seguridad jurídica.
79. Luego, es de relevancia constitucional cuando subsiste la presunta violación
o amenaza a unos derechos fundamentales, pilares del sistema judicial, como lo
son los invocados en la presente acción de amparo.
80. Ello quiere significar que el asunto de la acción de tutela de la referencia tiene
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación, para su
eficacia y para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales y libertades públicas.
81. En consecuencia, se revocará la decisión del fallo de tutela de primera
instancia que declaró que los cargos invocados respecto de los defectos sustantivo
y fáctico no superaban el presente requisito adjetivo. En su lugar, la Sala realizará
un estudio de fondo de los mencionados presupuestos.
2.6.2. Tutela contra sentencia de tutela
82. La Sala observa que no existe reparo alguno en relación con este juicio de
procedibilidad, toda vez que no se trata de una tutela contra decisión de la misma
naturaleza, pues la providencia judicial demandada fue proferida en el trámite del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió Ecopetrol
contra la DIAN.
2.6.3. Inmediatez
83. En relación con el acatamiento del requisito de inmediatez, no se advierte
ningún reproche, toda vez que la parte actora considera vulnerados sus derechos
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fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la
igualdad y a la reparación integral, con ocasión de la sentencia de 13 de mayo de
2021, notificada por correo electrónico el 28 siguiente, proferida al interior del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, así que la Sala considera que la
acción de tutela contra providencia judicial radicada el 27 de octubre de 2021, se
presentó dentro de un término razonable.
84. Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201418,
en la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
adoptó los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de
200519, para determinar la procedencia de la acción constitucional contra
providencia judicial, y reiteró que seis (6) meses es el término prudente para acudir
y solicitar el amparo de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con
ocasión de providencias judiciales.
2.6.4. Subsidiariedad
85. En lo referente a la existencia de otro mecanismo de defensa judicial para
obtener la protección de los derechos fundamentales que la parte actora considera
vulnerados, la Sala precisa que la sentencia censurada resolvió el recurso de
apelación que era el único que procedía contra el fallo de primera instancia que
negó las pretensiones de la demanda.
86. Asimismo, frente a los argumentos de la accionante, se advierte que no es
procedente, por un lado, el recurso extraordinario de revisión, pues los motivos que
lo sustentan no encuadran en los requisitos y causales establecidos en la ley, y por
otro, el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, en la medida que en
la situación bajo estudio no se cumplen los presupuestos previstos en los artículos
258 y 270 de la Ley 1437 de 2011.
87. Analizados los requisitos adjetivos de procedencia de la tutela contra
providencias judiciales, la Sala advierte que los mismos han sido superados,
máxime si se tiene que todos los argumentos planteados en esta sede constitucional
también fueron puestos de presente en el trámite ordinario, motivo por el cual se
pasará, en un primer momento, a realizar una explicación general de los defectos
invocados, y posteriormente, el estudio del caso concreto.
18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 5 de agosto de
2014, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios. M.P.
Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
19 c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto
es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión,
se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones
judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
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2.7. Nociones de los defectos invocados
2.7.1. Desconocimiento del precedente
88. Resulta importante precisar la posición de la Sala sobre el concepto de
precedente20. Este se sinteriza en los siguientes términos:
(…) es la decisión, o el conjunto de decisiones, que sirven de referente al juez que
debe pronunciarse respecto de un asunto determinado, por guardar una similitud en
sus presupuestos fácticos y jurídicos, y respecto de los cuales la ratio decidendi
constituye la regla… que obliga al operador jurídico a fallar en determinado sentido
(…).21 (Negrilla y subrayado fuera de texto).
89. En otras palabras, por regla general, se entiende como precedente aquella
sentencia o conjunto de sentencias que presentan similitudes con un caso nuevo
objeto de escrutinio en materia de patrones fácticos, problemas jurídicos y ratio
decidendi que fija una regla para resolver la controversia, que sirve también para
solucionar el caso reciente22.
90. Aunado a ello, esta Sección en reiterados pronunciamientos23 explicó que el
concepto de precedente hace referencia a la regla de derecho determinante del
sentido de la decisión y su contenido específico. Es decir, la ratio decidendi, la cual
no está atada al número de decisiones, dado que solo basta una providencia en
donde se especifique una regla o sub-regla de derecho.
91. La Sala analiza el asunto de la referencia, teniendo en cuenta la
caracterización dada por la Corte Constitucional y esta Sección al mencionado
defecto.
2.7.2. Defecto fáctico
92. Esta Sala en decisión del 12 de noviembre del 201524, precisó los alcances
y requisitos que deben atenderse al momento de alegarse la ocurrencia de un
defecto fáctico en una providencia judicial, los cuales son traídos a colación en la
presente decisión:
93. Los eventos de configuración del defecto fáctico son: i) omisión de decretar
o practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii) desconocimiento del
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 15 de
julio de 2021. Rad. No. 11001-03-15-000-2021-01626-01, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 19 de
febrero de 2015. Rad. No. 11001-03-15-2013-02690-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
22 Corte Constitucional. Sentencias T-292 de 2006 y T-794 de 2011.
23 Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.
Sentencia de 6 de mayo de 2021, Rad. No. 11001-03-15-000-2021-00281-01, M.P. Rocío Araújo
Oñate.
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta Sentencia del
12.11.15., M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. No. 11001-03-15-000-2015-01471-01.
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acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos alegados
por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las pruebas aportadas; y iv)
dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con violación del debido
proceso, los cuales tienen las siguientes características:
Evento Características
Se da cuando la parte, con el fin de probar los hechos
que alega, solicitó al juez el decreto de una prueba
relevante para resolver el problema jurídico sometido a
consideración, y ésta fue negada; ello sin desconocer la
facultad del juez ordinario de negar pruebas que no
atiendan los requisitos de conducencia, pertinencia e
idoneidad. Así las cosas, es importante considerar que
no toda negativa a un decreto de pruebas abre la
Omisión de decreto posibilidad a la configuración del defecto, ya que éste
y práctica de procederá cuando se rechace el decreto y práctica de
pruebas la prueba que, solicitada oportunamente, no cumpla con
indispensables para los parámetros arriba señalados.
fallar el asunto
De esta manera, se requiere que la parte:
a) Identifique el elemento probatorio que solicitó
b) Demuestre que lo solicitó en oportunidad legal
c) Exponga las razones por las cuales la prueba
solicitada era conducente, pertinente o idónea.
d) Señale de manera razonada la razón por la cual, de
haberse decretado la prueba, el sentido de la
decisión hubiere sido otro.
Se presenta cuando, obrando los elementos de
convicción en el expediente, y estos resultan
decisivos frente a los hechos que se pretenden
probar, éstos no son tenidos en cuenta por el fallador
ordinario. En este punto, se requiere que, de forma
específica, se concrete en el escrito de amparo, cuales
Desconocimiento pruebas, aportadas oportuna y legalmente, fueron
del acervo desconocidas por el juez.
probatorio
determinante para Así las cosas, se configura siempre que el interesado:
identificar la
veracidad de los a) Identifique los elementos de prueba no valorados
hechos alegados por el juez.
por las partes b) Demuestre que estos fueron aportados en forma
legal y oportunamente al proceso
c) Señale las razones por las cuales eran relevantes
para la decisión
d) Precise, razonadamente, la incidencia de estos
para variar el sentido del fallo.
Procede cuando, a la luz de los postulados de la sana
Valoración
crítica, la apreciación efectuada por el fallador
irracional o
resulta manifiestamente equivocada o arbitraria, y
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Evento Características
arbitraria de las por ello, el peso otorgado a la prueba se entiende
pruebas aportadas alterado.
Se requiere entonces que la parte:
a) Precise cuál o cuáles de las pruebas fueron objeto
de indebida valoración por el juez
b) Identifique la razón del por qué, en cada caso en
particular, la consideración del operador judicial se
aleja de las reglas de la lógica, la experiencia y la
sana crítica.
El segundo de los elementos señalados resulta de
vital importancia, pues es claro que un sencillo
desacuerdo en relación con la conclusión a la cual
arribó el juez de instancia, en ninguna manera
puede ser razón para ordenar el amparo
constitucional por este aspecto. Aceptar lo
contrario, implicaría una sustitución arbitraria
del juez natural.
c) Refiera la incidencia de la prueba en el fallo
atacado
Refiere al supuesto cuando el fallador de instancia
decide el asunto con base en pruebas que no
observaron los requisitos legales para su producción o
introducción al proceso. Así las cosas, el juez no ignora
la prueba ni se equivoca en su apreciación, pero yerra
al haberla tenido en cuenta para decidir el problema
Dictar sentencia jurídico que le fue planteado, al ser ésta una prueba que
con fundamento desconoce el debido proceso de las partes.
en pruebas
obtenidas con Para su configuración corresponde:
violación del
debido proceso a) Señalar con claridad los elementos probatorios
aportados con violación al artículo 29
constitucional.
b) Exponer las razones que sustentan dicha
vulneración.
c) Demostrar que estos elementos de convicción
fueron el sustento de la decisión.
94. Como se ve en los elementos señalados, la parte accionante debe precisar
en su escrito el cargo que plantea, para demostrar no solo la configuración del
defecto, sino también, su incidencia en la decisión judicial.
95. Lo anterior se suma a la exigencia de una carga argumentativa razonable
para lograr la prosperidad del cargo, toda vez que, en el caso de una tutela contra
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una providencia judicial, están en juego valores importantes para el ordenamiento
jurídico, como lo son la cosa juzgada, los derechos de terceros, la seguridad, la
buena fe y los derivados de los artículos 1, 2, 4, 5 y 6 de la Constitución Política.
96. Asimismo, debe ser cuidadoso el interesado al formular el cargo, en la
medida en que los supuestos de hecho hasta aquí mencionados se excluyen entre
sí, de tal manera que no será posible alegar uno y otro respecto de una misma
prueba, como suele ocurrir, pues además de ser desacertado, genera confusión.
2.7.3. Defecto sustantivo
97. La Corte Constitucional ha explicado que el defecto sustantivo se presenta
cuando “la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja
de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraríe
los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica”25.
98. Este concepto se fue desarrollando, y posteriormente el Alto Tribunal precisó
que este se configura cuando “en ejercicio de su autonomía e independencia, [el
juez] desborda la Constitución o la ley en desconocimiento de los principios,
derechos y deberes superiores. Lo cual puede ocurrir, entre otros, por la errónea
interpretación o aplicación de la norma. Como puede suceder, por ejemplo, cuando
se desborda el contenido de la norma y se imponen mayores barreras a las exigidas
por el legislador para conceder el derecho o se desconocen normas que debían
aplicarse” 26.
99. Puntualmente, lo configuran los siguientes supuestos:
a) El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable
al caso concreto, por impertinente o porque ha sido derogada, es inexistente,
inexequible o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el
legislador.
b) No se hace una interpretación razonable de la norma.
c) La disposición aplicada es regresiva o contraria a la Constitución.
d) El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no
previstos en la disposición.
e) La decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma.
f) Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial
sustentó o justificó de manera insuficiente su actuación.
25 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-159 de 2002.
26 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-573 de 2017.
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100. Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la
existencia de un defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han
presentado anteriormente, siempre que la parte accionante cumpla con la carga
argumentativa.
2.8. Caso concreto27
2.8.1. Desconocimiento del precedente28
2.8.1.1. Desconocimiento del precedente contenido en la sentencia SU-406
de 2016 de la Corte Constitucional
101. El primer argumento expuesto por la parte actora para sustentar este cargo
hace referencia al desconocimiento del precedente contenido en la sentencia SU-
406 de 2016, dictada por la Corte Constitucional con ponencia del Magistrado Luis
Guillermo Guerrero Pérez, relacionada con los requisitos necesarios para realizar
un cambio jurisprudencial y no incurrir con ello en arbitrariedad.
102. Al respecto, la Sala precisa que, ante la necesidad de unificar la
jurisprudencia sobre si los contratos relacionados con la realización de trabajos
materiales sobre inmuebles que celebran las entidades estatales sujetas a un
régimen especial de contratación son o no de obra pública, según el artículo 32 de
la Ley 80 de 1993 y, en consecuencia, si se genera o no la contribución prevista en
el artículo 6º de la Ley 1106 de 200629, la Sala Plena de esta Corporación –en auto
del 27 de agosto de 2019– avocó el conocimiento de un asunto que guarda identidad
con el sub examine, teniendo igualmente en cuenta motivos de importancia jurídica
y trascendencia económica.
103. La unificación de jurisprudencia sobre el tema debatido quedó finalmente
consignada en la sentencia dictada por la Sala Plena del Consejo de Estado el 25
de febrero de 2020, en la cual se fijaron reglas de obligatorio cumplimiento
aplicables a todos aquellos casos que se encontraran en debate judicial, esto es, en
los que no existiera sentencia que hubiera hecho tránsito a cosa juzgada, tal como
se advierte en el numeral segundo de la parte resolutiva del fallo en el que se señaló
que “los casos respecto de los cuales ya ha operado la cosa juzgada, en virtud del
principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables”.
27 La Sala procede a reiterar, en su mayoría, lo resuelto en la providencia de 3 de febrero de 2022,
expediente No. 11001-03-15-000-2021-06064-01, M.P. Rocío Araújo Oñate, comoquiera que existe
identidad de: i) partes y tercero con interés; ii) pretensiones y; iii) argumentos del escrito inicial y del
de impugnación.
28 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-027 de 2021.
29 Teniendo en cuenta la diversidad de los criterios que sostuvieron los magistrados que integran la
Sección Cuarta del Consejo de Estado y los conjueces designados para dirimir el empate en el caso
sometido en esa oportunidad a consideración de la Sala que guarda identidad con el que es objeto
de análisis en esta ocasión.
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104. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 189 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que regula los
efectos de las sentencias y la cosa juzgada. En consideración a que en el asunto
debatido no se había dictado sentencia definitiva para el momento en que se profirió
el precedente de unificación, resultaba imperativo para la autoridad judicial aplicarlo.
105. Las anteriores precisiones tienen, igualmente, como finalidad señalar que la
sentencia censurada en el presente caso, esto es la dictada el 13 de mayo de 2021
por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, no contiene un cambio jurisprudencial
arbitrario o injustificado, pues las reglas de decisión quedaron consignadas en el
fallo dictado por la Sala Plena de esta Corporación el 25 de febrero de 2020, que no
ha sido infirmado ni retirado del ordenamiento jurídico y en el mismo se realizó el
juicio de trasparencia y de suficiencia argumentativa que permitió modificar la línea
jurisprudencial que se encontraba vigente hasta ese momento.
106. En consecuencia, al no haberse efectuado un cambio de posición
jurisprudencial en la decisión censurada sino en una sentencia de unificación previa,
dictada con fundamento en las potestades conferidas por el artículo 271 al Consejo
de Estado como corporación de cierre en materia contencioso-administrativa, es
claro que el cargo no está llamado a prosperar, pues no se desconocieron los
criterios establecidos por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-406 de 2016.
2.8.1.2. Desconocimiento de las sentencias dictadas por la Sección Cuarta
del Consejo de Estado
107. La entidad tutelante consideró como desconocidas igualmente las siguientes
sentencias dictadas por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, relacionadas con
los objetos contractuales que no generan la contribución de obra pública:
• 22 de febrero de 2018, M. P. Stella Jeannette Carvajal Basto, expediente
25000-23-37-000-2014-00994-01;
• 24 de mayo de 2018, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, expediente
25000-23-37-000-2015-00771-01 y;
• 31 de mayo de 2018, M.P. Milton Chaves García, expediente 25000-23-
37-000-2014-00616-01.
108. Cabe destacar que las providencias señaladas como desconocidas por la
demandante hacen parte de la línea jurisprudencial anterior a la sentencia de
unificación de la Sala Plena Contenciosa Administrativa del Consejo de Estado30, la
que fue expresamente recogida cumpliendo para ello con las cargas de
30 Sentencia del 25 de febrero de 2020, proferida dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho No. 25000-23-37-000-2014-00721-01, actor: Ecopetrol S.A. y
demandado: la DIAN, M. P. William Hernández Gómez.
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transparencia y suficiencia exigidas frente a la fijación de nuevas reglas de
unificación.
109. Al haber sido precisada y unificada la posición jurisprudencial sobre la
materia, por el máximo órgano del Consejo de Estado, esta postura (modificada) no
podía ser utilizada en la sentencia que se dictó más de un año después de haberse
proferido, esto es, con fundamento en la jurisprudencia vigente.
110. A la misma conclusión arribó esta Sección en las sentencias de tutela
dictadas el 21 de octubre y el 2 de diciembre de 2021. En esta última, señaló que:
En el fallo censurado, mediante la presente acción de tutela, no se podía utilizar la
línea jurisprudencial previa a la sentencia de unificación, pues se desnaturalizaría la
figura del precedente y los cambios jurisprudenciales que se presentan con las
sentencias de unificación. Sobre este punto la Corte Constitucional, en la sentencia
C-634 de 201131, ordenó a las autoridades aplicar de manera uniforme los criterios
establecidos en este tipo de providencias a los casos posteriores que resuelvan,
siempre que tengan similares supuestos fácticos y jurídicos. Efectivamente, en el
presente caso se debía aplicar el precedente establecido por la identidad fáctica y
jurídica que guarda este con el resuelto en la pluricitada sentencia de unificación.
111. Al encontrarnos frente al mismo argumento, la Sala reitera la imposibilidad
de aplicar un precedente que no se encuentra vigente a los casos sometidos a
consideración de esta Sección.
2.8.2. Defecto fáctico
112. Este defecto, que la parte actora denominó “procedimental” y que es abordado
por la Sala desde la perspectiva del defecto fáctico, se estructuró sobre la base de
considerar que la autoridad judicial no realizó un juicio de valoración de las pruebas
obrantes en el proceso, en la medida en que se limitó a relacionar las reglas de
unificación, a transcribir los objetos contractuales y a afirmar que se trataba de
trabajos materiales sobre bienes inmuebles, de tal manera que omitió justificar que
no eran contratos cuyo objeto estuviese relacionado con actividades de exploración
y producción de hidrocarburos o conexos, como lo precisa la misma sentencia de
unificación.
113. Contario a lo aseverado por Ecopetrol, en la parte motiva de la decisión se
valoraron los contratos sobre los cuales se realizó el requerimiento por parte de la
DIAN.
114. Del examen realizado, la autoridad accionada concluyó que los pactos se
celebraron para la ejecución de un conjunto de obras materiales sobre bienes
inmuebles y que tenían como propósito la realización de actividades de
construcción, reparación y mantenimiento sobre unos bienes inmuebles,
31 Ref. D-8413. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 10 (parcial) de la Ley 1437 de
2011 «por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo». Actor: Francisco Javier Lara Sabogal. M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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corresponden a contratos de obra y no de explotación y explotación de
hidrocarburos y, adicionalmente, la entidad contratante es de derecho público del
tipo de sociedad de economía mixta.
115. En consecuencia, la Sección Cuarta del Consejo de Estado no se apartó de
la regla establecida en la sentencia de unificación, por lo que el cargo tampoco está
llamado a prosperar.
2.8.3. Análisis del defecto sustantivo
2.8.3.1. Indebida aplicación del artículo 76 de la Ley 80 de 1993
116. La parte actora consideró que la sentencia censurada incurrió en defecto
sustantivo, por inaplicación del artículo 76 de la Ley 80 de 1993, el cual dispone:
ARTÍCULO 76. DE LOS CONTRATOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE
LOS RECURSOS NATURALES. Los contratos de exploración y explotación de
recursos naturales renovables y no renovables, así como los concernientes a la
comercialización y demás actividades comerciales e industriales propias de las
entidades estatales a las que correspondan las competencias para estos asuntos,
continuarán rigiéndose por la legislación especial que les sea aplicable. Las entidades
estatales dedicadas a dichas actividades determinarán en sus reglamentos internos
el procedimiento de selección de los contratistas, las cláusulas excepcionales que
podrán pactarse, las cuantías y los trámites a que deben sujetarse (…).
117. Al respecto, se advierte que, contrario a lo afirmado por la parte actora, la
autoridad accionada no desconoció ni inaplicó el artículo citado. En efecto, lo que
concluyó en la sentencia censurada es que no eran de exploración y explotación de
recursos naturales sino de obra pública.
118. Tal categorización se realizó con fundamento en las precisiones expuestas
por la Sala Plena de esta Corporación sobre la naturaleza jurídica y las
características especiales que diferencian cada uno de esos contratos,
determinándose que los que eran materia del tributo en el caso concreto
pertenecían a la segunda categoría.
119. En efecto, en la sentencia de unificación aplicada por la autoridad accionada,
se diferenciaron las dos modalidades contractuales, para concluir que únicamente
en los contratos de obra pública se causaba la contribución, mientras que en los
que tuvieran como objeto la exploración y explotación de recursos naturales, ella no
se generaba. Estos argumentos fueron expuestos en la sentencia censura de la
siguiente manera:
(…) el artículo 76 de la Ley 80 de 1993 se refiere a un tipo de contrato diferente al
que es objeto del gravamen.
Por tanto, en el supuesto contemplado en el citado artículo 76 no se configura el hecho
generador. En conclusión, para efectos del tributo analizado, debe entenderse que,
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en términos generales, el contrato de obra pública es el celebrado con entidades de
derecho público para la realización de trabajos materiales sobre bienes inmuebles,
advirtiéndose que en cada caso en concreto, corresponderá al juez definir si se
configura el contrato de obra pública, atendiendo aspectos tales como, el objeto, las
cláusulas contractuales, y las reglas de interpretación de los contratos.
Agréguese que los contratos de exploración y explotación, comercialización e
industrialización de recursos naturales renovables y no renovables, son típicos y
tienen ciertas particularidades que los distinguen del contrato de obra pública objeto
del tributo.
120. En la motivación del fallo de unificación, la Corporación precisó que las
especificidades del contrato de exploración y explotación de recursos naturales
surgen de las regulaciones contenidas en el Código de Petróleos, en el Código de
Minas y en algunas disposiciones de la Agencia General de Hidrocarburos, en virtud
de las cuales su celebración tiene por objeto, fundamentalmente, la asignación de
un área para determinar aspectos como la existencia, ubicación, reservas, calidad,
entre otros, de los referidos recursos y el posterior desarrollo, producción y venta de
los que efectivamente sean encontrados.
121. Se destacaron como elementos propios de la modalidad contractual regulada
en el precepto citado como desconocido la “realización de actividades materiales
para construir, reparar o mejorar ciertos bienes –como los contratos de obra
pública”. Se precisó que “su finalidad es la de determinar la existencia, ubicación,
calidad, reservas, extracción, producción, y comercialización de recursos naturales,
previa asignación de un área territorial”.
122. En consecuencia, al haberse establecido que los contratos de exploración y
explotación de recursos naturales gozan de una naturaleza jurídica diferente a los
de obra pública y haberse encuadrado –los que fueron objeto de análisis en la
sentencia– en esta segunda categoría y no en la prevista en el artículo 76 de la Ley
80 de 1993, no es posible concluir que el precepto fue inaplicado, solo que el mismo
no regulaba el caso concreto, pues se refería a una modalidad contractual diferente.
123. Adicional a lo anterior, la parte actora no acreditó que los nueve (9) contratos
involucrados en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho resuelto por
el Consejo de Estado, Sección Cuarta bajo el radicado 2016-00909-01
correspondieran a la categoría descrita en el artículo 76 de la Ley 80 de 1993 y que,
por dicha razón, ese fuera el precepto aplicable.
124. En efecto, en sede de tutela Ecopetrol no desvirtuó los elementos que
llevaron a la autoridad accionada a concluir que se trataba de contratos de obra
pública, pues se limitó a aseverar que la norma fue inaplicada y ningún examen
realizó sobre el objeto de cada uno de los negocios jurídicos.
125. En consecuencia, en esta oportunidad la Sala no encuentra configurado ni
demostrado el defecto sustantivo alegado en relación con la inaplicación del artículo
76 de la Ley 80 de 1993 y reitera la conclusión a la que ha arribado en casos que
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tienen similitud fáctica y jurídica con el que ahora resuelve, en los que Ecopetrol,
presentó la misma alegación, frente a la cual esta Sección, luego de transcribir las
consideraciones del fallo cuestionado, ha concluido que:
No existió el defecto sustantivo alegado por Ecopetrol por la indebida interpretación
del artículo 76 de la Ley 80 de 1993, que regula los contratos de exploración y
explotación de los recursos naturales, pues la Sección Cuarta con fundamento en la
sentencia de unificación del 25 de febrero de 2020, explicó que los contratos
cuestionados no son de exploración y explotación de recursos naturales (normativa
alegada como desconocida), por lo que resultaba irrelevante determinar si el objeto
contractual de los mismos se relacionaba directamente o no con actividades de
exploración, explotación, o con actividades complementarias a aquellas32.
126. En igual sentido se había pronunciado esta Sección en sentencia dictada el
21 de octubre de 202133, en la que, sobre el defecto alegado, consideró que, en
ejercicio de su actividad contractual, las entidades de derecho público pueden
celebrar diferentes tipos de contratos, sin que cada uno de ellos pierda su identidad,
pues uno es el objeto social o actividad principal de la entidad y otra su actividad
contractual que puede variar y que le permite celebrar contratos de obra pública.
127. Las anteriores consideraciones resultan igualmente aplicables para
desvirtuar la alegación de la parte actora, según la cual en la sentencia se
desconoció el Concepto 0638332 de 2008 de la DIAN. En este se había indicado
que la contribución de obra pública no se predica de los contratos relacionados con
la exploración y explotación de recursos naturales no renovables ni a los conexos,
en la medida en que los que fueron revisados en sede de nulidad y restablecimiento
no gozaban de tal naturaleza jurídica.
128. Ello, por cuanto la sentencia precisó que los contratos sobre los cuales se
realizó la liquidación de la contribución son de obra y no de exploración y explotación
de recursos naturales y por esa razón se causa el tributo. Por lo expuesto, se
rechazará el cargo de defecto material o sustantivo respecto de la indebida
aplicación del artículo 76 de la Ley 80 de 1993.
2.8.3.2. Indebida aplicación de lo dispuesto por los artículos 2535 y 2536 del
Código Civil
2.8.3.2.1. Argumentos de la Sección Cuarta del Consejo de Estado para aplicar
el término de prescripción del Código Civil
129. La Sección Cuarta del Consejo de Estado en el fallo censurado mediante la
presente acción de tutela argumentó que el término de caducidad de la potestad de
la Administración para determinar y liquidar la contribución de obra pública es el
establecido en el artículo 2536 del Código Civil. En concreto, sostuvo:
32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del
2.12.2021, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil. Rad. 11001-03-15-000-2021-07279-00.
33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del
21.10.2021, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Rad. 11001-03-15-000-2021-06065-00.
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En este caso, está demostrado que los contratos que originaron la controversia se
suscribieron entre el 3 de diciembre de 2009 y el 22 de abril de 2010, y que los pagos
respectivos se realizaron entre el 25 de febrero de 2010 y el 30 de noviembre de
2010, lo cual indica que las resoluciones notificadas entre el 12 de diciembre de
2014 y el 27 de marzo de 2015, son oportunas, pues se encuentran dentro del
término establecido por el artículo 2536 del Código Civil.
130. Para arribar a esta conclusión, en la sentencia cuestionada se reiteró el
criterio establecido por la Sección Cuarta en la sentencia de 26 de noviembre de
2020, expediente No. 22937, M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez, y además precisó:
Sobre este punto, en un caso similar al que se discute, la Sección precisó que, ante
la falta de regulación especial del plazo para liquidar la contribución de obra pública,
son aplicables los artículos 2536 del Código Civil -que fija el término de prescripción
de actuaciones no reguladas-, y 121 de la Ley 418 de 1997 , el cual prevé que la
obligación nace con la realización del pago al contratista.
131. En ese orden de ideas, de acuerdo con los criterios establecidos por la
autoridad accionada, los artículos 717 y 817 del Estatuto Tributarios no son
aplicables a la contribución de obra pública. En efecto, para la Sección de cierre en
materia tributaria el artículo 717 no puede ser extensivo al caso porque esa
disposición regula la caducidad de la liquidación de aforo de las personas
obligadas a declarar, obligación no prevista para la contribución de obra pública.
Asimismo, el artículo 817 regula el término de caducidad de la acción de cobro de
declaraciones presentadas. Comoquiera que la contribución de obra pública no fue
declarada, ni liquidada, no podría la Administración ejercer la acción de cobro.
132. Ante la ausencia de disposición normativa específica respecto de la
competencia de la administración tributaria para la determinación oficial de la
contribución de obra pública, para la Sección Cuarta debe acudirse al término
general fijado en el artículo 2536 del Código Civil, el cual es de 10 años.
2.8.3.2.2. Argumentos de inconformidad de la parte actora
133. La parte actora alegó que, en la providencia judicial acusada, se confundieron
los conceptos de caducidad y prescripción en lo relativo a la posibilidad de
determinar y liquidar la contribución de obra pública por parte de la DIAN.
Igualmente, sostuvo que en el Estatuto Tributario existen normas que permiten
inferir que la Administración cuenta con el término general de caducidad de cinco
años para ejercer su potestad sancionatoria.
134. Indicó que, según el artículo 717 del Estatuto Tributario, la DIAN cuenta con
5 años para determinar el tributo mediante una liquidación de aforo al contribuyente,
responsable, agente retenedor o declarante, que no haya declarado. En este caso,
sostiene que Ecopetrol es agente retenedor de la contribución de obra pública, por
lo que es aplicable el artículo 717. Igualmente, sostuvo que el artículo 817 del
Estatuto Tributario establece que las obligaciones fiscales, prescribe en el término
de cinco años, los cuales deben ser contados a partir de la fecha de ejecutoria del
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acto de determinación.
135. De una interpretación sistemática de las anteriores disposiciones, la parte
actora considera que el Estatuto Tributario establece un término general de
caducidad de 5 años para ejercer la potestad sancionatoria. En consecuencia,
consideró que se aplicaron indebidamente las normas del Código Civil (artículos
2535 y 2536) que regulan la prescripción y se dejaron de utilizar claros preceptos
del Estatuto Tributario (artículos 717 y 817). Estos últimos, contrario a lo afirmado
en la sentencia censurada, regulaban la caducidad, de tal manera que no había
lugar a la integración normativa realizada.
2.8.3.2.3. Posición de la Sala
136. Esta Sala, en sentencias del 21 de octubre de 2021 (expediente No. 2021-
06065-00) y del 3 de febrero de 2022 (expediente No. 2021-06064-01), en el estudio
de casos similares al presente, decidió amparar el derecho fundamental al debido
proceso de Ecopetrol S.A. respecto del cargo relativo a la caducidad de la potestad
de la DIAN. En esos fallos se sostuvo que la Sección Cuarta incurrió en un defecto
sustantivo o material porque no aplicó las disposiciones especiales que en materia
tributaria regula la caducidad de la potestad sancionatoria de la DIAN.
137. Expresamente la Sala sostuvo:
[n]o es posible para esta Sala considerar como razonable la integración normativa
propuesta con los preceptos que regulan la prescripción de las acciones ordinarias,
por cuanto, contrario a lo afirmado en la sentencia, el Estatuto Tributario que se rige
por el principio de especialidad, regula expresamente lo relacionado con la
liquidación de aforo en relación con el agente retenedor, calidad que tenía Ecopetrol
con respecto a la contribución de obra, objeto de examen.
111. Tal error interpretativo que, sin lugar a duda, vulnera el derecho al debido
proceso de la parte actora, fue expuesto por esta Sección, con agotamiento de
suficiente carga argumentativa (…)34.
138. En síntesis, para la Sala en decisiones antecedentes, el defecto material se
configuraba porque, en su momento, encontró que el artículo 717 del Estatuto
Tributario era aplicable al caso concreto dado que Ecopetrol tendría el carácter de
agente retenedor.
2.8.3.2.4. Motivos de la rectificación de la postura de la Sala
139. Como se indicó en la primera parte de esta providencia, según los
lineamientos establecidos por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-573 de
2013, la configuración del defecto sustantivo resultará aplicable si “en ejercicio de
su autonomía e independencia, [el juez] desborda la Constitución o la ley en
34 Consejo de Estado, Sala Contenciosa, Sección Quinta, Sentencia de 03 de febrero de 2022, M.P.
Rocío Araujo Oñate, Rad. No. 11001-03-15-000-2021-06064-01.
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desconocimiento de los principios, derechos y deberes superiores. Lo cual puede
ocurrir, entre otros, por la errónea interpretación o aplicación de la norma”35.
140. Sobre este punto, el Tribunal Constitucional ha sostenido que “no cualquier
diferencia en la interpretación en que se funda una decisión judicial configura un
defecto sustantivo o material, solo aquellas que se consideren irrazonables,
desproporcionadas, arbitrarias o caprichosas”, pues “la irregularidad señalada debe
ser de tal importancia y gravedad que por su causa se haya proferido una
decisión que obstaculice o lesione la efectividad de los derechos fundamentales”36.
141. En la misma línea que la Corte Constitucional, la Sección Quinta ha negado
la solicitud de amparo ante situaciones en los que la Sala evidenció que el juez
ordinario interpretó razonablemente las normas aplicables al caso concreto. Sobre
el particular se sostuvo:
Por lo tanto, para esta Corporación la sentencia censurada no incurrió en los defectos
sustantivo y violación directa de la Constitución, en la medida en que en ella se
efectuó una interpretación razonable de las normas aplicables al caso y obedeció a
un criterio de interpretación legítimo por parte del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, sobre los hechos y fundamentos jurídicos, fruto de la autonomía judicial
consagrada en el artículo 228 de la Constitución Política. En consecuencia, las
pretensiones elevadas por el actor a través de la presente acción constitucional no
están llamadas a prosperar y así se determinará en la parte resolutiva de esta
providencia37.
142. En ese orden de ideas, aunque la mayoría de la Sala no comparta la
interpretación realizada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado respecto de la
integración normativa entre el Estatuto Tributario y el Código Civil, la misma no es
irracional, desproporcionada, arbitraria o caprichosa. Por lo tanto, no se configura el
defecto material o sustantivo.
143. Al respecto es importante resaltar que la autoridad accionada –como
intérprete de cierra en la jurisdicción de lo contencioso administrativo de las normas
de carácter tributario– llegó a la conclusión de que, en el caso de la contribución de
obra pública, los artículos 717 y 817 del Estatuto Tributario no son aplicables. Los
argumentos de esa Sección se pueden sintetizar de la siguiente manera:
i) El artículo 717 no es aplicable porque los supuestos de hecho fijados
en esa disposición son para casos en los que la Administración puede expedir
liquidaciones oficiales (de revisión o de aforo), cuando existe el deber de
declarar. El deber de declarar es un presupuesto necesario de la disposición.
En consecuencia, comoquiera que para el caso de la contribución especial
de obra pública no existe el mencionado deber, la norma no es aplicable.
35 Corte Constitucional, Sentencia SU-573 de 2017.
36 Ídem.
37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del
15.07.2021, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra. Rad. No. 11001-03-15-000-2021-01626-00.
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ii) El requisito sine qua non del artículo 817 implica que la declaración
haya sido presentada. Supuesto que no se puede aplicar al caso que estudió
la Sala porque la contribución especial de obra pública en los contratos
estudiados no fue declarada ni mucho menos liquidada.
144. Es importante resaltar que la anterior postura ha sido reiterada por la Sección
Cuarta de esta Corporación en una línea pacífica y reiterada. Al respecto, pueden
consultarse las siguientes sentencias:
Fecha de la decisión
Magistrado Ponente Radicado
(DD/MM/AA)
25000-23-37-000-2014- 26.11.20
00184-01
25000-23-37-000-2015- 03.12.20
01319-01
25000-23-37-000-2014- 03.12.20
01204-01
25000-23-37-000-2013- 11.03.21
01247-01
Julio Roberto Piza 25000-23-37-000-2016- 25.03.21
Rodríguez 01219-01
25000-23-37-000-2016- 25.03.21
01022-01
25000-23-37-000-2015- 22.04.21
01159-01
25000-23-37-000-2014- 22.04.21
00730-01
25000-23-37-000-2015- 15.07.21
00789-01
25000-23-37-000-2016- 11.02.21
00391-01
25000-23-37-000-2015- 04.03.21
Milton Chaves García
00493-01
25000-23-37-000-2016- 15.04.21
00459-01
25000-23-37-000-2015- 11.02.21
00498-01
25000-23-37-000-2015- 04.03.21
01073-01
Stella Jeannette
25000-23-37-000-2016- 13.05.21
Carvajal Basto
00909-01
(Sentencia cuestionada
en la presente acción
de tutela)
25000-23-37-000-2014- 18.02.21
01288-01
Myriam Stella Gutiérrez 25000-23-37-000-2013- 04.03.21
Argüello 01249-01
25000-23-37-000-2015- 11.03.21
00758-01
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Fecha de la decisión
Magistrado Ponente Radicado
(DD/MM/AA)
25000-23-37-000-2015- 11.03.21
00046-01
25000-23-37-000-2014- 11.03.21
00210-01
25000-23-37-000-2014- 11.03.21
00023-01
25000-23-37-000-2015- 25.03.21
02290-01
25000-23-37-000-2016- 15.04.21
00353-01
25000-23-37-000-2016- 15.04.21
00984-01
145. En definitiva, para la Sección Cuarta de esta Corporación, el artículo 717 del
Estatuto Tributario no es aplicable porque no se cumple con un requisito sine qua
non establecido en dicha disposición. Este requisito consiste en que exista el deber
de declarar el tributo. Comoquiera que el ordenamiento jurídico no establece la
obligación de declaración para la contribución especial de obra pública, no se puede
aplicar esta norma al caso concreto. Por su parte, se reitera, hasta el momento para
esta Sala de decisión el artículo 717 sí es aplicable al caso concreto, pues Ecopetrol
S.A. debe ser considerado agente retenedor de la contribución de obra pública.
146. Teniendo en cuenta el escenario expuesto, la Sala advierte que existen dos
interpretaciones razonables del alcance del artículo 717 del Estatuto Tributario, la
sostenida por esta Sala de Decisión y la que defiende la Sección Cuarta de esta
Corporación. Así las cosas, es necesario que la Sala rectifique su postura porque la
interpretación realizada en los fallos censurados no es abiertamente irracional,
desproporcionada, arbitraria o caprichosa. Esta interpretación parte de un criterio
que hasta el momento no había sido analizado por esta Sala de Decisión. Dicho
criterio es que es necesario que el ordenamiento imponga el deber de declarar para
poder aplicar el término de caducidad establecido en el artículo 717 del Estatuto
Tributario. Comoquiera que para la Sección Cuarta no existe el deber declarar
respecto de la contribución de obra pública, el artículo 717 no se puede aplicar para
los casos objeto de debate en el proceso ordinario contra el cual se interpuso la
presente acción de tutela.
147. Así las cosas, la Sala considera necesario rectificar su postura de acceder al
amparo solicitado por Ecopetrol S.A. en los casos que se ha discutido la
interpretación del artículo 717 del Estatuto Tributario. En efecto, esta Sección en su
papel de juez de tutela debe ser especialmente cuidadosa de las interpretaciones
que realicen las otras secciones de esta Corporación, en su papel de intérpretes de
cierre en sus respectivas materias. En este sentido, el juez de tutela no está llamado
a establecer la verdadera interpretación de las normas de contenido legal, pues
desbordaría su competencia e interfería en la órbita del juez natural. En
consecuencia, el juez de tutela únicamente puede establecer que se configura un
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defecto material o sustantivo cuando la interpretación de la norma realizada por los
jueces ordinarios es abiertamente irracional, desproporcionada, arbitraria o
caprichosa.
148. En este sentido, el hecho de que el juez de tutela tenga una interpretación
diferente de la realizada por el juez ordinario no da lugar a que se configure el
defecto material o sustantivo, pues en estos casos debe prevalecer la interpretación
de juez natural, sobre todo si ese juez es el órgano de cierre en la materia.
149. Es importante resaltar que, no obstante las amplias facultades que el
ordenamiento jurídico le ha otorgado a los jueces de tutela para que cumplan con
su papel de garantes de los derechos fundamentales, existen límites. Estos son más
marcados cuando lo pretendido por el accionante es cuestionar una providencia
judicial. Así, existe un mandato constitucional, legal y jurisprudencial de respetar la
interpretación y aplicación normativa realizada por la corporación judicial de cierre
cuando dicha interpretación no sea irracional o desproporcionada. Sobre este punto,
la Corte Constitucional sostiene:
es un supuesto particularmente restringido de procedencia de la tutela. De acuerdo
con la jurisprudencia constitucional, la interpretación de la ley es un campo en el que
se manifiestan con especial intensidad los principios de independencia y autonomía
judicial.
En efecto, en la tarea de aplicación de las normas, el juez se enfrenta a diversas
posibilidades hermenéuticas que derivan de la interpretación de las disposiciones
normativas, y no corresponde al juez constitucional señalar cuál es la “correcta”, o
la más conveniente para la resolución de un caso específico, porque con
fundamento en el artículo 230 de la Constitución Política, el funcionario judicial al
administrar justicia goza de una libertad interpretativa, producto del respeto de la
independencia y la autonomía judicial, que lo ponen a salvo de injerencias indebidas
que afecten su imparcialidad y la sujeción al orden jurídico, y que únicamente
encuentran límite en la desviación caprichosa y arbitraria de la ley38.
150. En ese sentido, el juez de tutela está en la obligación de respetar y privilegiar
el criterio interpretativo del juez de conocimiento ordinario. Al respecto, el Tribunal
Constitucional ha recalcado que en estos casos debe tenerse en cuenta que
i) el juez constitucional no puede suplantar al juez ordinario;
ii) el juez de conocimiento tiene amplia libertad interpretativa en materia
de valoración probatoria conforme al artículo 187 del Código de
Procedimiento Civil, hoy artículo 176 del Código General del Proceso, y
en el análisis y determinación de los efectos de las disposiciones
normativas aplicables al caso concreto;
38 Corte Constitucional, Sentencia SU-949 de 2014.
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iii) la discrecionalidad judicial nunca puede confundirse con la
arbitrariedad judicial y;
iv) las interpretaciones razonables y proporcionadas del juez de
conocimiento deben primar sobre las que consideraría viables el juez de
tutela39.
151. Por tanto, como lo sostiene el Alto Tribunal Constitucional, en el caso del
defecto material o sustantivo, este únicamente procede cuando el juez se aparta de
la interpretación de la ley y la Constitución de forma irracional, desproporcional,
arbitraria o caprichosa. Por ende, cuando existan distintas interpretaciones
razonables deberá prevalecer la del juez de conocimiento. Lo anterior, en aras de
preservar los principios constitucionales de independencia, autonomía y
especialidad de la labor judicial.
152. Aunque el juez de tutela no comparta la interpretación realizada por el juez
ordinario, si esta última no es irracional, desproporcionada o caprichosa, no puede
establecer vía amparo constitucional su particular interpretación de la ley. En efecto,
una interpretación razonable de la norma por parte del juez ordinario no da lugar a
que se vulnere ningún derecho fundamental. No existe en nuestro ordenamiento
jurídico, ni en ninguno conocido por la Sala, el derecho fundamental a la mejor
interpretación de la norma. El derecho fundamental al acceso a la administración de
justicia y las garantías judiciales establecidas tanto en la Constitución como en la
Convención Americana de Derechos Humanos se satisfacen con un fallo en el que
las normas sean interpretadas de manera racional y de conformidad con los
estándares jurisprudenciales establecidos por los órganos judiciales de cierre del
ordenamiento jurídico.
153. Es importante tener en cuenta que la función del juez de tutela es la
protección de los derechos fundamentales y una interpretación razonable de la
norma no vulnera ningún derecho fundamental. Por ende, en estos casos le está
vedado al juez constitucional conceder el amparo y establecer su particular
interpretación de las normas objeto de controversia.
154. Comoquiera que en el presente caso la interpretación realizada por la
Sección Cuarta no fue irracional, desproporcionada ni caprichosa; la Sala debe
rectificar su postura y negar el amparo solicitado. Lo anterior porque no se configura
el defecto invocado.
155. Para finalizar, es importante resaltar que no pasa desapercibido para esta
Sala de Decisión que otras secciones de esta Corporación, que han conocido vía
acción de tutelas casos similares al presente, han rechazado el amparo solicitado
porque han considerado que se discuten un asunto de mera legalidad como es la
39 Ibidem.
34
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interpretación de los artículos 717 y 817 del Estatuto Tributario. Así, por, ejemplo,
en la Sección Segunda sostuvo:
la controversia se limita a un aspecto de mera legalidad, ya que esta versa sobre la
forma en la que el Consejo de Estado, Sección Cuarta, interpretó y aplicó las referidas
normas, para efectos de definir si la autoridad judicial debía anular los actos
administrativos demandados y declararlo no responsable de la contribución por obra
pública. Por consiguiente, resulta evidente que el propósito de Ecopetrol S.A. es que
se acoja la exegesis que estima es la adecuada, para resolver su caso, a pesar de
que este no tiene transcendencia desde el punto de vista constitucional, lo cual impide
la satisfacción de esta primera finalidad40.
156. En igual sentido, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha arribado a la
conclusión de que lo pretendido es un cuestionamiento de mera legalidad. Por ende,
decreto improcedente el amparo constitucional invocado por Ecopetrol S.A.. En
concreto, una de las subsecciones de la Sección Tercera indicó:
En lo concerniente a los defectos sustantivo y procedimental (fáctico, en realidad),
en primer lugar, la demanda de tutela no satisface una mínima carga argumentativa
con potencialidad para derruir una sentencia proferida por una alta corte y, segundo,
es evidente que se pretende convertir este mecanismo constitucional en una
instancia adicional al proceso contencioso administrativo, simplemente porque no
se está de acuerdo con la interpretación del juez de segunda instancia y no porque
la providencia contenga una anomalía que exija la intervención del juez
constitucional41.
157. Asimismo, otra de las subsecciones de la Sección Tercera señaló:
Como puede advertirse si bien la autoridad accionante pretende darle el cariz de
vicio o defecto a dicha situación es evidente que los fundamentos que soportan la
interposición de la acción de tutela no solo son una reproducción de los
planteamientos que fueron resueltos en la segunda instancia del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho, sino que corresponden a una discusión
eminentemente legal sobre la interpretación de la norma que con base en la
jurisprudencia de unificación y con base en los principios de independencia y
hermenéutica judicial realizó el juez ordinario quien luego de un riguroso análisis
concluyó que Ecopetrol sí llevó a cabo el hecho generador de la contribución42.
158. Como se observa, existe una postura casi unánime al interior del Consejo de
Estado en la que se ha respetado la interpretación efectuada por el juez natural,
evidenciando que lo pretendido por la parte actora es reabrir un debate legal. Por
ende, es necesario que esta Sala de Decisión replantee la postura al encontrar que
lo resuelto por la autoridad accionada fue razonable. Por lo tanto, debe privilegiarse
40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
Sentencia del 25.11.2021, M.P. William Hernández Gómez. Rad. No. 11001-03-15-000-2021-07187-
00.
41 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
Sentencia del 15.12.2021, M.P. María Adriana Marín. Rad. No. 11001-03-15-000-2021-07321-00.
42 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
Sentencia del 23.11.2021, M.P. Fredy Ibarra Martínez. Rad. No. 11001-03-15-000-2021-07186-00.
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el análisis del órgano de cierre en materia tributaria dentro de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo.
2.9. Conclusiones
159. En cuanto al presunto desconocimiento del precedente se evidencia que
Ecopetrol trajo a colación la línea jurisprudencial anterior a la sentencia de
unificación de la Sala Plena Contenciosa Administrativa del Consejo de Estado, la
que prohijaba la tesis que sostuvo la entidad tutelante tanto en el proceso ordinario
como en el presente mecanismo constitucional. Sin embargo, esta postura no podía
ser utilizada porque la Sección Cuarta del Consejo de Estado cambió el criterio en
sentencia de unificación del 25 de febrero del 2020.
160. Debe la Sala resaltar que, en el fallo censurado, mediante la presente acción
de tutela, no se podía utilizar la línea jurisprudencial previa a la sentencia de
unificación, pues se desnaturalizaría la figura del precedente y los cambios
jurisprudenciales que se presentan con las sentencias de unificación. Sobre este
punto la Corte Constitucional, en la sentencia C-634 de 2011, ordenó a las
autoridades aplicar de manera uniforme los criterios establecidos en este tipo de
providencias a los casos posteriores que resuelvan, siempre que tengan similares
supuestos fácticos y jurídicos. Efectivamente, en el presente caso se debía aplicar
el precedente establecido por la identidad fáctica y jurídica que guarda este con el
resuelto en la multicitada sentencia de unificación.
161. Ahora bien, en cuanto al defecto fáctico, en los términos que se planteó no
permite su estructuración. Lo anterior, en atención a que, si bien Ecopetrol sostuvo
que se incurrió en este, por cuanto la Sección Cuarta del Consejo de Estado no
analizó el objeto de cada uno de los 9 contratos motivo de discusión dentro del
proceso ordinario, lo cierto es que en la sentencia cuestionada sí se refirió a ellos.
162. Por consiguiente, lo alegado por la parte actora no tiene vocación de
prosperidad, por cuanto como se observa en la providencia censurada, dicha
judicatura se refirió expresamente a los 9 contratos celebrados por Ecopetrol.
Asimismo, como se vio en precedencia, fueron analizados los objetos contractuales
de cada uno de estos, los cuales se circunscriben, entre otros, a la construcción,
mantenimiento, instalación y, en general, la realización de cualquier otro trabajo
material sobre inmuebles.
163. En ese orden, no se evidencia la omisión de valoración probatoria que arguyó
Ecopetrol, pues lejos de omitir el análisis del objeto contractual, partió de este para
concluir que la entidad tutelante estaba obligada a retener y consignar a la Nación
los valores correspondientes al tributo por obra pública.
164. Ahora bien, en cuanto al defecto sustantivo, esta Sección señala que el
mismo no existió. Frente a la presunta indebida interpretación del artículo 76 de la
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Ley 80 de 1993, que regula los contratos de exploración y explotación de los
recursos naturales, la autoridad accionada, con fundamento en la sentencia de
unificación del 25 de febrero de 2020, explicó que los contratos cuestionados no son
de exploración y explotación de recursos naturales (normativa alegada como
desconocida), por lo que resultaba irrelevante determinar si el objeto contractual de
los mismos se relacionaba directamente o no con actividades de exploración,
explotación, o con actividades complementarias a aquellas.
165. Aunado a ello, tampoco quedó acreditado un análisis contradictorio con la
línea jurisprudencial manejado por la Sección Cuarta del Consejo de Estado
respecto de los preceptos regulatorios de la caducidad de la competencia de la
administración tributaria para la determinación oficial de la contribución de obra
pública y la prescripción de actuaciones administrativas carentes de regulación
específica. Ello por cuanto, desde el año 2020, existe una postura razonable sobre
la integración normativa entre el Estatuto Tributario y el Código Civil en la
mencionada situación. Entonces, dado que este estudio no resulta desconocedor
de derechos fundamentales, y en aras de garantizar la autonomía judicial de la sala
especializada en materia tributaria, se niega la configuración del mentado
presupuesto constitucional.
166. Así las cosas, para la Sala no existe una trasgresión a los postulados del
debido proceso, la seguridad jurídica y la confianza legítima, como lo alegó la
sociedad tutelante.
167. Con todo este panorama, esta Magistratura concluye que no se configuraron
los defectos alegados. Por lo tanto, no se afectaron las garantías constitucionales
invocadas por la sociedad actora. Lo anterior porque la providencia objeto de
cuestionamiento fue razonable y atendió a las normas, la sentencia de unificación
aplicable, así como a las pruebas recaudadas en el expediente, razón por la cual,
más allá de configurarse los yerros planteados, lo que se advierte es una
inconformidad de la parte actora con el fallo adverso a sus pretensiones.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
3. FALLA:
PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE la sentencia del 15 de diciembre de
2021, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, en la que
declaró improcedente la acción de tutela de la referencia respecto de los defectos
fáctico y sustantivo por no superar el requisito de la relevancia constitucional. En su
lugar, negar el amparo solicitado con relación a estos defectos.
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Demandante: Ecopetrol S.A.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
Radicado: 11001-03-15-000-2021-07321-01
SEGUNDO: En lo demás, CONFIRMAR el fallo impugnado, de conformidad con la
parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, en los términos previstos en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
“Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012”.
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