Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-07328-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-07328-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2021-07328-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
24 de enero de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 24 de enero de 2022
Radicación: 11001-03-15-000-2021- 07328-00
Demandante: Alfredo Ramírez Rivera
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA POR ACCIÓN U OMISIÓN DE AUTORIDAD PÚBLICA /
Reconocimiento pensional / subsidiariedad - improcedencia por existencia de otro
mecanismo de defensa / Derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia pronta y oportuna - No se encuentra configurada la mora
judicial.
Síntesis del caso: La parte actora instauró acción de tutela para que, en amparo de sus
derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia y derecho de petición,
la autoridad judicial demandada resolviera, en segunda instancia, el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho o, en su defecto, se le reconociera provisionalmente la
pensión de jubilación solicitada.
De acuerdo con la competencia asignada 1, procede la Sala a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela de Alfredo Ramírez Rivera contra el
Tribunal Administrativo de Santander.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Posición de la parte demandada y
los terceros.
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 28 de octubre de 2021, Alfredo Ramírez Rivera instauró acción de
tutela contra el Tribunal Administrativo de Santander, por la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales al mínimo vital, seguridad
social, igualdad, acceso a una administración de justicia pronta y
oportuna, debido proceso e igualdad, con ocasión de una presunta mora
judicial injustificada en la resolución del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho No. 68679-33-33-001-2013-00194-02, en el cual
reclama el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación.
2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se
trascribe):
1Artículo 86 de la Constitución Política, los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015 , 1983 de 2017 y 333
de 2021 y el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación: 11001-03-15-000-2021- 07328-00
Demandante: Alfredo Ramírez Rivera
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Declara improcedencia y niega
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“1. Se amparen mis derechos fundamentales al mínimo vital, seguridad social
en pensiones, Igualdad, acceso a una justicia pronta y oportuna, debido
proceso e igualdad.
2. Se de aplicación a la línea jurisprudencia definida para estos efectos por la
Corte Constitucional (sentencias C-249 de 1999, T-432 de 2005, T-567de 2007, T-
529 de 2007, T-486 de 2010, T-230 de 2013, T-441 de 2015, SU 349 de 2016, T-187
de 2017, T-052 de 2018, T-346-2018, T-608 de 2019)
3. Y en consecuencia, ordenar el reconocimiento y pago provisional de mi
pensión de jubilación (T-230 de 201321 y SU-394 de 2016), conforme a lo
ordenado a través de fallo de primera instancia fechado 06 de septiembre de
2017 proferido por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de
San Gil, radicación 68679333300120130019400
4. En su lugar, ordenar al H. Tribunal Administrativo Oral de Santander, M.P. Dr.
Iván Fernando Prada Macias (nulidad y restablecimiento Rad
68679333300120130019402) y la ESE Hospital Integrado San Bernardo de
Barbosa, que en forma INMEDIATA dispongan el reconocimiento y pago
provisional mi pensional de jubilación (T-230 de 201322 y SU-394 de 2016),
conforme a lo ordenado a través de fallo de primera instancia fechado 06 de
septiembre de 2017 proferido por el Juzgado Tercero Administrativo del
Circuito Judicial de San Gil, radicación 68679333300120130019400.
5. En su defecto, ordenar al Tribunal resolver en forma inmediata el recurso de
apelación, o alterar a turno, conforme a las alternativas previstas en las
sentencias T-230 de 2013 y SU-394 de 2016.”
3. Como hechos relevantes fueron narrados los siguientes:
4. 1) El 29 de abril de 1949 nació Alfredo Ramírez Rivera, quien trabajó
en varias entidades públicas entre el 19 de agosto de 1964 y el 17 de julio
de 1986.
5. 2) El 14 de junio de 2012, el señor Ramírez Rivera solicitó a la ESE
Hospital Integrado San Bernardo de Barbosa, entidad a la cual prestó sus
últimos servicios, el reconocimiento y pago de su pensión de jubilación.
6. 3) A través de Oficio de 21 de agosto de 2012, fue negada la
prestación solicitada, (se trascribe) “por pérdida parcial de información de
historia laboral”, como consecuencia del incendio del edificio de la
Alcaldía de Bucaramanga y la incineración de archivos en 2002.
7. 4) Inconforme con lo anterior, el 3 de julio de 2013, el actor presentó
demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, con el fin de obtener lo solicitado.
8. 5) El 6 de septiembre de 2017, el Juzgado 3 Administrativo de San Gil
accedió a las pretensiones, tras considerar que las pruebas supletorias
allegadas al proceso daban cuenta del tiempo de la prestación de
servicios. En consecuencia, ordenó reconocer y pagar la pensión de
jubilación a favor del señor Ramírez Rivera, en una cuota equivalente al
75% del salario promedio devengado en el último año, (se trascribe) “a
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Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Declara improcedencia y niega
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partir del 29 de noviembre de 1999; no obstante las sumas deben
reconocerse de manera retroactiva, desde el 14 de junio de 2009 hasta la
fecha de esta providencia, y periódicamente de ahí en adelante, de
manera indexada por haber operado la prescripción respecto de las
mesadas causadas con anterioridad al 14 de junio de 2009”.
9. 6) La anterior decisión fue apelada por la ESE, por lo que, el 21 de
noviembre de 2017, el Tribunal Administrativo de Santander recibió el
expediente en segunda instancia, por lo el 24 de julio de 2019 corrió
traslado para alegar de conclusión y el 22 de enero de 2020 negó una
solicitud de nulidad.
10. 7) El actor indicó que la anterior autoridad judicial no ha proferido
fallo, pese a que ha presentado 4 solicitudes de impulso procesal, con
fecha de 2 de marzo de 2020, 19 de enero de 2021, 28 de enero de 2021 y
26 de abril de 2021.
11. El fundamento de la vulneración radicó en la presunta mora judicial
injustificada por parte del Tribunal Administrativo de Santander para
resolver el recurso de apelación, comoquiera que, según el accionante,
han trascurrido 8 años, desde la presentación de la demanda, y no se ha
proferido decisión de segunda instancia. En esa medida, adujo que se
violó la regla sobre resolución de asuntos judiciales, contenida en el
artículo 18 de la Ley 446 de 1998.
12. Precisó que, en el proceso ordinario, reclamó el reconocimiento de
una pensión de jubilación, ya que estaba desprovisto de la cobertura del
riesgo de vejez. Además, afirmó que tenía 71 años y que, como sujeto de
especial protección constitucional, se encontraba en un perjuicio
irremediable por la no obtención de recursos adicionales para su
subsistencia, por lo que, a su juicio, el remedio constitucional adecuado
era ordenar la alteración de turno y/o conceder un amparo transitorio
hasta que se resolviera el asunto de manera definitiva, tal como lo hizo la
Corte Constitucional en las Sentencias T-230 de 2013 y SU-394 de 2016.
1.2. Posición de la parte demandada y terceros2
13. El Tribunal Administrativo de Santander presentó informe en el que,
luego de hacer un recuento las actuaciones procesales, señaló que, el 3
de febrero de 2020, el proceso ordinario ingresó al despacho para elaborar
el proyecto de fallo, momento a partir del cual inicia su turno
correspondiente.
2 Mediante Auto de 2 de noviembre de 2021, el despacho ponente resolvió (1) admitir la acción de tutela de la
referencia, y (2) tener como demandados al Tribunal Administrativo de Santander y a la ESE Hospital Integrado
San Bernardo de Barbosa, Santander.
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Decisión: Declara improcedencia y niega
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14. En ese orden, informó que, respecto del proceso No. 68679-33-33-001-
2013-00194-02, había un total de 74 procesos que ingresaron en una fecha
anterior al 3 de febrero de 2020. No obstante, precisó que, si bien dicho
turno podía modificarse, en atención a la naturaleza del asunto, por
tratarse de un reconocimiento pensional, lo cierto era que dentro de dicho
turno existían 3 procesos más del mismo tema que ingresaron con
anterioridad y que debían ser resueltos primero.
15. Por lo anterior, afirmó que la fecha de ingreso al despacho no era un
factor determinante para asumir la existencia de la mora en la resolución
de un determinado asunto, ya que debía analizarse las condiciones
particulares del despacho o situaciones como la declaratoria del Estado
de Emergencia Económica, Social y Ecológica con el Decreto 417 de 17
de marzo de 2020, que impidió el trámite de procesos durante la
suspensión de términos judiciales hasta el 30 de junio de 2020 y, en
consecuencia, solicitó se negara el amparo solicitado.
16. La ESE Hospital Integrado San Bernardo se opuso a las pretensiones,
con fundamento en que no se indicó con rigor ni precisión las acciones u
omisiones en las que incurrió dicha entidad, por lo que no estaba llamada
a responder por la supuesta vulneración o amenaza de derechos
fundamentales. En consecuencia, solicitó su desvinculación por falta de
legitimación pasiva en la causa.
17. Además, sostuvo que la acción de tutela no era procedente, ni
siquiera como instrumento transitorio, para el reconocimiento y pago
provisional de la pensión del actor, toda vez que ya se había acudido al
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y no existía
perjuicio irremediable.
18. En ese sentido, adujo que (se trascribe) “hasta tanto no se produzca
un fallo definitivo, en segunda instancia y este cobre firmeza, no se le
pueden imponer cargas provisionales, las que a todas luces resultaría
excesivas y desproporcionadas; máxime cuando el objeto del litigio es
determinar si hay o no lugar al reconocimiento y pago de la pensión de
vejez pretendida”.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Solicitud de desvinculación. 2.2. Fijación de la controversia. 2.3.
Procedencia de la acción de tutela. 2.4. Verificación de afectación de derechos. 2.5.
Conclusiones.
2.1. Solicitud de desvinculación
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Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Declara improcedencia y niega
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19. En relación con la solicitud de desvinculación efectuada por la ESE
Hospital Integrado San Bernardo, bajo el argumento de que no estaba
llamada a responder por la supuesta vulneración o amenaza de derechos
fundamentales, la Sala la despachará desfavorablemente, en la medida
que la misma ostenta la calidad de accionada dentro del presente trámite
constitucional y respecto de esta, expresamente, el actor planteó
pretensiones tendientes al reconocimiento y pago provisional de su
pensión de jubilación.
2.2. Fijación de la controversia
20. Corresponde determinar, luego de verificados los requisitos generales
de procedencia de la acción de tutela, si el Tribunal Administrativo de
Santander vulneró los derechos fundamentales del actor, por el hecho de
que no ha proferido la sentencia de segunda instancia del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho No. 68679-33-33-001-2013-00194-02.
Adicionalmente, si dicha situación permite que, a través de esta acción
constitucional, se ordene el reconocimiento y pago provisional de la
pensión de jubilación solicitada.
2.3. Procedencia de la acción de tutela
21. Frente al requisito de subsidiariedad3, la Sala evidencia que el mismo
no se satisface respecto de la pretensión de (se trascribe) “ordenar el
reconocimiento y pago provisional de mi pensión de jubilación”.
22. En concordancia con lo anterior, resulta preciso recordar que el
artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, que desarrolló el artículo 86
Constitucional, señaló que la tutela resulta improcedente cuando existan
otros recursos o medios de defensa judicial, salvo que aquella se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
23. La Corte Constitucional4 ha sostenido que es un deber del actor
desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico
le otorga para la defensa de sus derechos, pues de no ser así, se correría el
riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales.
24. En ese orden de ideas, para la Sala, en el presente caso, no se
configuró el mencionado requisito (subsidiariedad) porque, pese a que ya
se ejerció el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, este se encuentra
aún en curso, bajo el radicado No. 68679-33-33-001-2013-00194-02.
3 Decreto 2591 de 1991. Artículo 6 (numeral 1).
4 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005.
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25. Es preciso indicar que una de las pretensiones del medio de control
aludido recae en el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación,
por lo que, al encontrarse en trámite5, imposibilita la superación del
requisito de subsidiariedad, pues, para ello, se requiere que las
providencias que decidan de fondo el caso puesto en conocimiento del
juez ordinario se encuentren ejecutoriadas, salvo que se demuestre un
perjuicio irremediable, el cual, como se explicará, más adelante, no se
acreditó.
26. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que, al interior de ese
mecanismo ordinario, podía solicitarse el decreto de medidas cautelares,
tal como lo dispone el artículo 229 del CPACA6, las cuales pueden ser
preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión. En el mismo
sentido, podía hacer uso de la figura de medidas cautelares de urgencia,
contemplada, igualmente, en el CPACA7. Sin embargo, del expediente
ordinario remitido como prueba a esta acción, se evidenció que la parte
demandante no acudió a esa figura.
27. Tampoco resulta procedente la tutela como mecanismo transitorio,
en la medida que no se acreditó un perjuicio irremediable.
28. Si bien el accionante solicitó la intervención del juez de tutela para
evitar que se consumara un perjuicio irremediable, consistente en no
contar con recursos adicionales para su subsistencia, la Sala considera que
el perjuicio irremediable alegado no cuenta con soporte probatorio. En
otras palabras, no logró advertirse una situación de urgencia o gravedad
ligadas a factores económicos o de salud, que implique la intervención del
juez de tutela.
29. Así las cosas, no es factible que el juez constitucional invada la órbita
de competencia del juez natural y desconozca la naturaleza subsidiaria de
la acción de tutela, para así pronunciarse sobre aspectos que no son de su
competencia.
30. Ahora bien, respecto de la pretensión relacionada con la presunta
mora judicial, habida consideración de que lo pretendido por el actor no
es que se le indemnice por la causación de ese daño, sino que se le de
impulso a su proceso, como consecuencia de ella, la Sala considera que sí
5 Pendiente de decisión de segunda instancia.
6 “Artículo 229. En todos los procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser
notificado, el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, a petición de parte
debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente decretar, en providencia motivada, las medidas
cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la
efectividad de la sentencia, de acuerdo con lo regulado en el presente capítulo.// La decisión sobre la medida
cautelar no implica prejuzgamiento. (…)”.
7 “Artículo 234. Desde la presentación de la solicitud y sin previa notificación a la otra parte, el Juez o Magistrado
Ponente podrá adoptar una medida cautelar, cuando cumplidos los requisitos para su adopción, se evidencie
que por su urgencia, no es posible agotar el trámite previsto en el artículo anterior. Esta decisión será susceptible
de los recursos a que haya lugar. // La medida así adoptada deberá comunicarse y cumplirse inmediatamente,
previa la constitución de la caución señalada en el auto que la decrete”.
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se superó el requisito de subsidiariedad por no existir recurso, ordinario o
extraordinario idóneo y eficaz que permitiera a la parte demandante
alegar los reparos planteados vía tutela y procurar la defensa de los
derechos presuntamente vulnerados.
31. Igualmente, se cumplieron los demás requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela porque esta se orientó a obtener la
protección de los derechos fundamentales8 al mínimo vital, seguridad
social, igualdad, acceso a una administración de justicia pronta y
oportuna, debido proceso e igualdad. El señor Ramírez Rivera es el titular
de los derechos invocados como violados, por lo cual, se tiene por
acreditada la legitimación activa en la causa9; de igual manera, el Tribunal
demandado tiene legitimación pasiva en la causa10, porque de este se
predica la vulneración y de sus competencias se desprende la relación
con el presente asunto.
32. En relación con el requisito de inmediatez11, este se satisface,
comoquiera que se está ante una situación actual y continua, como lo es
la resolución de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en
segunda instancia, del cual se predica una presunta mora judicial
injustificada.
2.4. Verificación de afectación de derechos
33. La Sala negará el amparo solicitado frente a la mora judicial
injustificada alegada, por las razones que se explican a continuación:
34. Sobre este particular, es preciso señalar que (se trascribe) “la mora
judicial es un fenómeno multicausal, muchas veces estructural, que impide
el disfrute efectivo del derecho de acceso a la administración de justicia, y
que se presenta como resultado de acumulaciones procesales
estructurales que superan la capacidad humana de los funcionarios a
cuyo cargo se encuentra la solución de los procesos.”12. Asimismo, esa
Corporación ha precisado13 que la mora judicial no se configura por el solo
transcurso del tiempo, sino que ella debe ser injustificada, esto es, (se
transcribe):
“(i) se presenta un incumplimiento de los términos señalados en la ley para
adelantar alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo razonable que
justifique dicha demora, como lo es la congestión judicial o el volumen de
trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento de las
funciones por parte de una autoridad judicial”.
8 Decreto 2591 de 1991. Artículo 2, en concordancia con el artículo 5 y los numerales 2 y 3 del artículo 6 ibídem.
9 Decreto 2591 de 1991. Artículos 10 y 13, en concordancia con el artículo 1 ibídem.
10 Ídem
11 Decreto 2591 de 1991. Artículo 6 (numeral 4).
12 Corte Constitucional. Sentencia T-052 de 2018.
13 Sentencia T-230 de 2013, reiterada en la T-186 de 2017 y T-052 de 2018.
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35. En ese sentido, la Sala encuentra que, en el caso concreto, no se
configuró la mora judicial injustificada. Lo anterior puesto que, tal y como
se extrae del acervo probatorio allegado, no se logra evidenciar que la
tardanza sea imputable a la omisión en el cumplimiento de las funciones
por parte de la autoridad demandada, pues desde el 2020 se han
presentado suspensiones de términos y cierres de despachos judiciales
como consecuencia de la emergencia sanitaria declarada por la
pandemia por Covid-19.
36. Asimismo, no puede perderse de vista que la necesidad de
digitalización de un gran número de procesos como consecuencia de la
implementación del trabajo remoto promovido por el Consejo Superior de
la Judicatura y la prelación para la resolución de ciertos asuntos,
constituyen factores que impiden concluir que el Tribunal Administrativo de
Santander hubiese actuado con negligencia o retardo deliberado e
injustificado.
37. La Sala no desconoce que los trámites y las decisiones que se
adoptan en los procesos judiciales deben observar los plazos legalmente
previstos. Sin embargo, se pone de presente la existencia de diferentes
aspectos que deben analizarse de manera particular, pues temas como el
de la congestión actual y sistemática del aparato jurisdiccional o la
complejidad del asunto a resolver, sugieren motivos razonables que
impiden que se le dé el alcance de mora judicial injustificada a casos
como el que aquí se analiza.
38. Así las cosas, para la Sala, la tardanza alegada no se originó en una
conducta negligente o dilatoria, necesaria para la configuración de una
mora judicial injustificada, más aún, cuando la autoridad judicial
demandada informó que el proceso aquí analizado sería fallado con
posterioridad a la resolución de otros 3 que habían ingresado antes.
39. Cabe advertir que la Sala no pasa por alto el hecho de que el
demandante afirmó que posee la condición de sujeto de especial
protección, por tratarse de una persona de la tercera edad con 71 años.
En ese orden, se exhortará al Tribunal Administrativo de Santander para
que imprima celeridad en la resolución del presente caso. Debe aclararse
que ello no necesariamente implica que se desconozca el sistema de
turnos, sino que se tomen en consideraciones las circunstancias fácticas de
este asunto de cara a los procesos que se encuentran por delante para
fallo.
2.5. Conclusiones
40. Con fundamento en las razones expuestas, esta Sala procederá a 1)
declarar improcedente la acción de tutela en relación con la pretensión
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de reconocimiento y pago provisional de pensión de jubilación, por no
acreditarse el requisito de subsidiariedad y 2) negar el amparo respecto de
la presunta mora judicial, tras considerar que no se configuró la vulneración
alegada frente al derecho del debido proceso y acceso a la
administración de justicia. Asimismo, se exhortará a la autoridad judicial
accionada.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación de la ESE Hospital
Integrado San Bernardo.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada en
relación con la pretensión de reconocimiento y pago provisional de una
pensión de jubilación, por los motivos expuestos.
TERCERO: NEGAR el amparo solicitado respecto de la pretensión de
existencia de una mora judicial injustificada, por las razones dadas.
CUARTO: EXHORTAR al Tribunal Administrativo de Santander para que
imprima celeridad en la resolución de proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho No. 68679-33-33-001-2013-00194-02. Debe
aclararse que ello no necesariamente implica que se desconozca el
sistema de turnos, sino que se tomen en consideraciones las circunstancias
fácticas de este asunto de cara a los procesos que se encuentran por
delante para fallo.
QUINTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitudes contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal
fin.14
SEXTO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretaría, REMITIR
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
14 secgeneral@consejodeestado.gov.co.
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SEPTIMO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
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