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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-07328-01

Fecha
25 de marzo de 2022
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-07328-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR el fallo de 24 de enero de 2022, proferido por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en su lugar, DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado de la presente acción de tutela, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta decisión. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria, de conformidad con el artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 de 1991. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2021-07328-01

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes

25 de marzo de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Radicación: 11001-03-15-000-2021-07328-01
Accionante: ALFREDO RAMÍREZ RIVERA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA – se revoca el fallo impugnado para, en su
lugar, declarar carencia actual de objeto por hecho superado

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante en contra de la
sentencia de 24 de enero de 2022, proferida por la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, que resolvió: i) declarar improcedente el amparo
en relación con el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, y ii) negar las
pretensiones por la supuesta mora judicial.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. El ciudadano Alfredo Ramírez Rivera presentó acción de tutela con miras a
obtener el amparo de sus derechos fundamentales «al mínimo vital, seguridad
social, igualdad, acceso a una administración de justicia pronta y oportuna, al debido
proceso, e igualdad», cuya vulneración le atribuyó al Tribunal Administrativo de
Santander, por la presunta dilación injustificada en que ha incurrido la citada
autoridad judicial en proferir sentencia dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicación número 68679-33-33-001-2013-00194-
02.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado por el extremo accionante, los hechos y razones
que motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Indicó
que promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en
contra de la E.S.E. Hospital Integrado San Bernardo de Barbosa (Santander), con
el propósito que se le reconociera su pensión de jubilación.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicación: 11001-03-15-000-2021-7328-01
Accionante: Alfredo Ramírez Rivera

2.2. Señaló que el conocimiento de referido proceso le correspondió al Juzgado
Tercero Administrativo del Circuito Judicial de San Gil, despacho judicial que, en
sentencia de 6 de septiembre de 2017, accedió a las pretensiones de la demanda
y, en tal sentido, ordenó reconocer a su favor la pensión de jubilación.

2.3. Expuso que la E.S.E. Hospital Integrado San Bernardo de Barbosa (Santander),
presentó escrito de apelación, el cual se encuentra pendiente de resolución por
parte del Tribunal Administrativo de Santander.

2.4. Comentó que, pese a que en varias ocasiones presentó solicitudes de impulso
procesal, el Tribunal accionado no ha proferido la decisión a que hubiere lugar
dentro del proceso en el que funge como parte demandante.

2.5. Manifestó que la autoridad accionada ha incurrido en mora judicial, ya que ha
transcurrido más de ocho (8) años desde que radicó la demanda.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

[…] 1. Se amparen mis derechos fundamentales al mínimo vital, seguridad
social en pensiones, Igualdad, acceso a una justicia pronta y oportuna, debido
proceso e igualdad.

2. Se de aplicación a la línea jurisprudencia definida para estos efectos por la
Corte Constitucional (sentencias C-249 de 1999, T-432 de 2005, T-567de 2007,
T529 de 2007, T-486 de 2010, T-230 de 2013, T-441 de 2015, SU 349 de 2016,
T-187 de 2017, T-052 de 2018, T-346-2018, T-608 de 2019)

3. Y en consecuencia, ordenar el reconocimiento y pago provisional de mi
pensión de jubilación (T-230 de 201321 y SU-394 de 2016), conforme a lo
ordenado a través de fallo de primera instancia fechado 06 de septiembre de
2017 proferido por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de
San Gil, radicación 68679333300120130019400

4. En su lugar, ordenar al H. Tribunal Administrativo Oral de Santander, M.P.
Dr. Iván Fernando Prada Macias (nulidad y restablecimiento Rad
68679333300120130019402) y la ESE Hospital Integrado San Bernardo de
Barbosa, que en forma INMEDIATA dispongan el reconocimiento y pago
provisional mi pensional de jubilación (T-230 de 201322 y SU-394 de 2016),
conforme a lo ordenado a través de fallo de primera instancia fechado 06 de
septiembre de 2017 proferido por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito
Judicial de San Gil, radicación 68679333300120130019400.

5. En su defecto, ordenar al Tribunal resolver en forma inmediata el recurso de
apelación, o alterar a turno, conforme a las alternativas previstas en las
sentencias T-230 de 2013 y SU-394 de 2016. […].

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. El
magistrado de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado a cargo de la sustanciación del proceso, mediante auto de 2 de noviembre

3

Radicación: 11001-03-15-000-2021-7328-01
Accionante: Alfredo Ramírez Rivera

de 2021, admitió la acción de tutela de la referencia en contra del Tribunal
Administrativo de Santander y de la E.S.E. Hospital Integrado San Bernardo de
Barbosa (Santander).

V. INTERVENCIONES

5. Realizadas las comunicaciones a las autoridades accionadas y al vinculado, se
produjeron las siguientes intervenciones:

5.1. El Tribunal Administrativo de Santander, por conducto del magistrado a cargo
de la sustanciación del proceso en el que se alega la supuesta mora judicial,
presentó informe en el que se opuso a la prosperidad del mecanismo amparo, en
atención a que ha adelantado de manera oportuna las actuaciones procesales
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
número 68679-33-33-001-2013-00194-02.

5.2. Argumentó que, con fecha 3 de febrero de 2020, el proceso ordinario ingresó al
despacho para elaborar el proyecto de fallo, momento a partir del cual inicia su turno
correspondiente.

5.3. Informó que antes del ingreso para fallo del proceso número 68679-33-33-001-
2013-00194-02, había un total de 74 procesos con fecha de ingreso anterior al 3 de
febrero de 2020.

5.4. La E.S.E. Hospital Integrado San Bernardo de Barbosa (Santander), a través
del gerente de la entidad, rindió informe en el que manifestó que de la lectura del
escrito de tutela no se advierten las razones por las que supuestamente vulneró los
derechos fundamentales del accionante, por lo que considera que la citada entidad
no está llamada a responder por las pretensiones de amparo. En tal sentido, solicitó
su desvinculación del presente trámite.

5.5. Resaltó que, actualmente, se encuentra en curso una demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho promovida por el aquí actor y que, hasta tanto, se
produzca un fallo de segunda instancia y el mismo cobre firmeza, no se le pueden
imponer cargas provisionales.

VI. EL FALLO IMPUGNADO

6. Mediante sentencia de tutela de 24 de enero de 2022, la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado resolvió: i) declarar improcedente el
amparo en relación con el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, y ii)
negar las pretensiones por la supuesta mora judicial.

7. En relación con la declaratoria de improcedencia de la acción de tutela para
obtener el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, el a quo consideró lo
siguiente:

4

Radicación: 11001-03-15-000-2021-7328-01
Accionante: Alfredo Ramírez Rivera

[…] Es preciso indicar que una de las pretensiones del medio de control aludido
recae en el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación, por lo que, al
encontrarse en trámite, imposibilita la superación del requisito de
subsidiariedad, pues, para ello, se requiere que las providencias que decidan
de fondo el caso puesto en conocimiento del juez ordinario se encuentren
ejecutoriadas, salvo que se demuestre un perjuicio irremediable, el cual, como
se explicará, más adelante, no se acreditó.

26. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que, al interior de ese mecanismo
ordinario, podía solicitarse el decreto de medidas cautelares, tal como lo
dispone el artículo 229 del CPACA6, las cuales pueden ser preventivas,
conservativas, anticipativas o de suspensión. En el mismo sentido, podía hacer
uso de la figura de medidas cautelares de urgencia, contemplada, igualmente,
en el CPACA7. Sin embargo, del expediente ordinario remitido como prueba a
esta acción, se evidenció que la parte demandante no acudió a esa figura. […].

8. Respecto de los argumentos asociados con la presunta mora judicial, el a quo
sostuvo lo siguiente:

[…] 30. Ahora bien, respecto de la pretensión relacionada con la presunta mora
judicial, habida consideración de que lo pretendido por el actor no es que se le
indemnice por la causación de ese daño, sino que se le de impulso a su
proceso, como consecuencia de ella, la Sala considera que sí se superó el
requisito de subsidiariedad por no existir recurso, ordinario o extraordinario
idóneo y eficaz que permitiera a la parte demandante alegar los reparos
planteados vía tutela y procurar la defensa de los derechos presuntamente
vulnerados.

[…]

35. En ese sentido, la Sala encuentra que, en el caso concreto, no se configuró
la mora judicial injustificada. Lo anterior puesto que, tal y como se extrae del
acervo probatorio allegado, no se logra evidenciar que la tardanza sea
imputable a la omisión en el cumplimiento de las funciones por parte de la
autoridad demandada, pues desde el 2020 se han presentado suspensiones
de términos y cierres de despachos judiciales como consecuencia de la
emergencia sanitaria declarada por la pandemia por Covid-19.

36. Asimismo, no puede perderse de vista que la necesidad de digitalización
de un gran número de procesos como consecuencia de la implementación del
trabajo remoto promovido por el Consejo Superior de la Judicatura y la
prelación para la resolución de ciertos asuntos, constituyen factores que
impiden concluir que el Tribunal Administrativo de Santander hubiese actuado
con negligencia o retardo deliberado e injustificado. […].

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

9. La parte accionante impugnó la sentencia de tutela de primera instancia, al reiterar
e insistir en los argumentos consignados en el escrito inicial de la tutela.

10. Además de ello, sustentó su escrito de impugnación con base en los siguientes
argumentos:

5

Radicación: 11001-03-15-000-2021-7328-01
Accionante: Alfredo Ramírez Rivera

[...] La denegación de justicia frente al reconocimiento judicial de una
pensión es evidente, abrumante y sorprendente. Vengo solicitando ante la
Rama Judicial el amparo de mi acción judicial desde el 03 de julio de 2013.

No estoy solicitando la reliquidación de una pensión, ni la declaración de una
responsabilidad contractual o extracontractual, ni la resolución de un tema
tributario, como controversias que actualmente conoce, en lo ordinario, el
Tribunal accionado, sin distinción de secciones en materia contenciosa
administrativa; todo lo contrario, estoy solicitando es el reconocimiento de
un derecho fundamental, amparado por normas internacionales y por la
jurisprudencia constitucional, por tratarse de la cobertura del riesgo de
vejez.

La administración de justicia, a mi edad, me estaciona en iguales
condiciones respecto de una controversia contractual, extracontractual, de
reliquidación pensional, laboral administrativa, tributaria, y demás ordinarias, al
informar el Tribunal accionado que hay 74 procesos antes que el mío para
fallo. Y 3 procesos antes que el mío relacionados con temas pensionales,
pero sin precisar sin corresponden a reliquidación o a reconocimiento, lo
cual marca, en conjunto, una diferencia representativa para el
administrador de justicia. Es decir, estoy sin protección de una medida que
haga efectivo el derecho material a la igualdad.

En una línea de tiempo, no se puede justificar la mora judicial por la emergencia
de salud producida por SARS-CoV-2, pues el Covid en Colombia inició en el
año 2020, pero no hubo Covid desde el 2013 al 2020; como lo pretende
justificar el juez de primera instancia, para denegar el amparo.

A mis 72 años de edad, he sido víctima de 2 negligencias Estatales: la
primera, por parte de la rama ejecutiva-local por no haber dado trámite a la
reconstrucción de historia laboral por destrucción o pérdida de expediente
laboral (Art. 8º de la Ley 50 de 1886, que debe ser conjurada conforme a la
regla 8ª de unificación SU 182 de 2019); y la segunda, por la denegación
injustificada por no resolver en forma definitiva y oportuna mi derecho de
acceso a la pensión de jubilación desde el año 2013.

Para la sección tercera del H. Consejo de Estado, es regular y normal que
un proceso ordinario que ingresa a turno para fallo tarde hasta 10 años para
fallo de segunda instancia; pero echa de menos que no estoy solicitando la
resolución de un conflicto de naturaleza contractual o extracontractual (que no
tiene naturaleza fundamental), sino el reconocimiento o la declaración de un
derecho pensional, que a voces de la Sala Plena de la Corte Constitucional sí
se avizora como fundamental.

La medida indirecta dictada por el juez de primera instancia es paliativa por
no decir que nula, porque ni siquiera ordena al Consejo Superior de la
Judicatura, la aplicación de una medida de descongestión, en el marco de la
Ley 270 de 1996.

Como administrado y ciudadano, y sujeto de especial protección constitucional,
no debo soportar esa negligencia concurrida-estatal (Rama Ejecutiva y
Judicial). [...].

11. Finalmente, y con fundamento en los anteriores argumentos, solicitó revocar el
fallo impugnado y que, como consecuencia de ello, se amparen sus derechos
fundamentales invocados.

6

Radicación: 11001-03-15-000-2021-7328-01
Accionante: Alfredo Ramírez Rivera

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

12. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la impugnación presentada
por la parte actora en contra de la sentencia de 24 de enero de 2022, proferida por
la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, de conformidad
con lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de
19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 26 de mayo
de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre de
20173.

VIII.2. Problemas jurídicos

13. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado o revocado4, la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales.

b) Si ello es así, determinar si el Tribunal Administrativo de Santander
vulneró los derechos fundamentales invocados por el actor, al haber incurrido
supuestamente en dilación injustificada dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicación número 68679-33-33-
001-2013-00194-02.

VIII.3. El caso concreto

14. El ciudadano Alfredo Ramírez Rivera presentó acción de tutela con miras a
obtener el amparo de sus derechos fundamentales «al mínimo vital, seguridad
social, igualdad, acceso a una administración de justicia pronta y oportuna, al debido
proceso, e igualdad», cuya vulneración le atribuyó al Tribunal Administrativo de
Santander, por la presunta dilación injustificada en que ha incurrido la citada
autoridad judicial en proferir sentencia dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicación número 68679-33-33-001-2013-00194-
02.

15. Ela quo resolvió: i) declarar improcedente el amparo en relación con el
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, y ii) negar las pretensiones por
la supuesta mora judicial.

1
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
2
"Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho".
3
“Por la cual se modifican os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

7

Radicación: 11001-03-15-000-2021-7328-01
Accionante: Alfredo Ramírez Rivera

16. Ahora bien, en el trámite de la impugnación, esta Sala de Decisión procedió a
consultar en el aplicativo Samai el estado del proceso 68679-33-33-001-2013-
00194-02, encontrándose que, mediante sentencia de 10 de marzo de 2022, el
Tribunal Administrativo de Santander resolvió lo siguiente:

[…] PRIMERO. Confirmar parcialmente la sentencia proferida el por el Juzgado
Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de San Gil, el día 06 de
septiembre de 2017, conforme a los argumentos expuestos en la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO. Modificar el numeral tercero de la sentencia recurrida y en su lugar
se dispone lo siguiente: “Tercero: ORDENAR a título de restablecimiento del
derecho, a la ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN BERNARDO DE BARBOSA
SANTANDER, a RECONOCER Y PAGAR la pensión de jubilación a favor del
señor ALFREDO RAMÍREZ RIVERA, identificado con la c.c. No. 13.808.328,
tomando como base para la liquidación lo dispuesto en la sentencia de
unificación, esto es el 75% del promedio de los últimos 10 años cotizados y
actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE, con la inclusión de los
factores salariales sobre los cuales se realizaron las cotizaciones.

TERCERO. Sin condena en costas de segunda instancia, de conformidad con
las consideraciones expuestas en la parte motiva […].

17. Visto lo anterior, y teniendo en cuenta que lo pretendido por la parte actora a
través de la presente solicitud de amparo consistía en que se profiriera fallo de
segunda instancia dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicación número 68679-33-33-001-2013-00194-02 y se le
reconociera la pensión de jubilación, la Sala concluye que, en el curso del presente
trámite, se satisfizo en su integridad el objeto del mecanismo de amparo de la
referencia, bajo la premisa consistente en que el juez natural de la causa ya dictó la
decisión en la que ordenó el reconocimiento de la prestación económica solicitada
por el señor Ramírez Rivera.

18. Significa lo anterior que, en el caso que nos ocupa, se configuró el fenómeno
jurídico denominado carencia actual de objeto por hecho superado. Es de
resaltar que la Corte Constitucional ha entendido el concepto en mención como «la
imposibilidad material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna
orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han sido
encomendados»5. Ahora bien, el fenómeno previamente descrito puede
materializarse a través de las siguientes figuras:

[…] (i) Daño consumado (…)

(ii) Hecho superado, comprende el supuesto de hecho en el que, entre el
momento en que se interpone la demanda de amparo y el fallo se
evidencia que, como producto del obrar de la entidad accionada, se
eliminó la vulneración a los derechos fundamentales del actor, esto es,
tuvo lugar la conducta solicitada (ya sea por acción o abstención) y, por tanto,
5
Ver sentencia T-653 de 2017.

8

Radicación: 11001-03-15-000-2021-7328-01
Accionante: Alfredo Ramírez Rivera

se superó la afectación y resulta inocua cualquier intervención que pueda
realizar el juez de tutela para lograr la protección de unos derechos que, en la
actualidad, no se encuentran afectados ni amenazados (regulada en el artículo
26 del decreto 2591 de 1991) . Y,

(iii) Acaecimiento de una situación sobreviniente […]6. (Negrillas de la Sala)

19. En
ese contexto, la Sala declarará la carencia actual de objeto por hecho
superado, motivo por el cual se revocará el fallo impugnado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR el fallo de 24 de enero de 2022, proferido por la Subsección
B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en su lugar, DECLARAR la
carencia actual de objeto por hecho superado de la presente acción de tutela, por
las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la H. Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria, de conformidad con
el artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 de 1991.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente decisión fue firmada electrónicamente por todos los integrantes de la Sala de Decisión de la
Sección Primera del Consejo de Estado en la sede electrónica para la gestión judicial Samai. En consecuencia, se garantiza
la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
P 16

6
Ibidem

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