Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-07332-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-07332-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2021-07332-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
20 de enero de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2021-07332-00
Demandante: Alvarado y During Limitada, en Liquidación
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., veinte (20) de enero de dos mil veintidós (2022)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2021-07332-00
Demandante ALVARADO Y DURING LIMITADA, EN LIQUIDACIÓN
Demandado CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Requisitos generales
de procedencia de la acción de tutela: relevancia constitucional.
Defecto sustantivo. Controversias contractuales. Contrato de
obra. Pago de intereses moratorios.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta, decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por la sociedad Alvarado y During Limitada en Liquidación, de
conformidad con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 27 de octubre de 20211, la sociedad Alvarado y During Limitada en Liquidación,
interpuso acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad
y al debido proceso. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“ 3.1. Que se declare la nulidad de la sentencia complementaria de 5 de octubre de 2020 que
fue notificada el 21 de enero de 2021 en el proceso contencioso administrativo Rad.
41001233100019970980301 (47678), mediante la cual la Subsección B de la Sección
Tercera de la Sala Contencioso Administrativo del Consejo de Estado negó pretensión
cuarta de la demanda, principal y subsidiaria, en cuanto al reconocimiento de intereses
moratorios solicitados por la sociedad actora.
3.2. Que se declare la nulidad del Auto de fecha 28 de abril de 2021 notificado el 9 de junio
de 2021 en el proceso contencioso administrativo Rad. 41001233100019970980301
(47678), mediante el cual la Subsección B de la Sección Tercera de la Sala Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado negó la solicitud de aclaración presentada por la
demandante.
3.3 PETICIÓN SUBSIDIARIA A LAS PETICIONES CONTENIDAS EN LOS NUMERALES
3.1. Y 3.2 PRECEDENTES:
Que se ordene a la Subsección B de la Sección Tercera de la Sala Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado declarar la nulidad de la sentencia
complementaria de 5 de octubre de 2020 que fue notificada el 21 de enero de 2021 y
1 Fecha de radicación del escrito de tutela remitido al correo de tutelas y hábeas corpus en línea de la Rama
Judicial.
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Demandante: Alvarado y During Limitada, en Liquidación
del Auto de fecha 28 de abril de 2021 notificado el 9 de junio de 2021 en el proceso
contencioso administrativo Rad. 41001233100019970980301 (47678).
3.4 Que se resuelva la solicitud de complementación de la sentencia proferida el 3 de abril
de 2020, notificada mediante edicto fijado entre el 27 y el 29 de mayo de 2020, emitiendo
sentencia complementaria que resuelva la pretensión cuarta de la demanda (principal y
subsidiaria) en lo relativo a la condena al INVIAS al pago de intereses sobre el monto
actualizado de la condena, bien del 12% anual o bien del 6% anual, teniendo en
consideración los precedentes de condena al pago de intereses moratorios en casos
análogos resueltos por la jurisdicción contencioso administrativa con condenas al pago
de intereses moratorios por incumplimiento contractual de la entidad contratante, así
como las claras y concluyentes directrices de la H. Corte Constitucional sobre la materia.
3.5 PETICIÓN SUBSIDIARIA A LA PETICIÓN CONTENIDA EN EL NUMERAL 3.4
PRECEDENTE:
Que se ordene a la Subsección B de la Sección Tercera de la Sala Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado que resuelva la solicitud de complementación de
la sentencia proferida el 3 de abril de 2020, notificada mediante edicto fijado entre el 27
y el 29 de mayo de 2020, emitiendo sentencia complementaria que resuelva la
pretensión cuarta de la demanda (principal y subsidiaria) en lo relativo a la condena al
INVIAS al pago de intereses sobre el monto actualizado de la condena, bien del 12%
anual o bien del 6% anual, teniendo en consideración los precedentes de condena al
pago de intereses moratorios en casos análogos resueltos por la jurisdicción de lo
contencioso administrativo con condenas por incumplimiento del contrato por parte de
la entidad contratante, así como las claras y concluyentes directrices de la H. Corte
Constitucional sobre la materia”.
2. Hechos
2.1. El 30 de diciembre de 1994 el Instituto Nacional de Vías INVÍAS (en adelante
INVIAS) y la sociedad Alvarado y During Limitada en Liquidación, celebraron el
contrato de obra Nro. 1112, cuyo objeto fue la construcción de un puente sobre
el río Suaza en la carretera Altamira (Florencia), conforme los diseños, planos
y especificaciones suministradas por la entidad contratante.
2.2. Durante el desarrollo del contrato de obra, la sociedad contratista encontró que
los estudios entregados por el INVIAS no tenían la información necesaria y
suficiente para acometer la ejecución de la obra contratada y que, los planos
y diseños suministrados por la entidad contratante no eran técnicamente
idóneos para la construcción del puente sobre el río Suaza, en consideración
a las características geológicas y a las condiciones hidrológicas del río Suaza
en el sitio de las obras.
2.3. Lo anterior implicó que se llevaran a cabo una serie de consultorías para
establecer las condiciones de la obra, el estado del terreno sobre el que se
haría la obra y otra serie de especificaciones que se consideraron necesarias,
lo que llevó a que el 26 de octubre de 1995 las partes suscribieran un otrosí al
contrato Nro. 1112 de 1994, en el que se acordó el pago a cargo del INVÍAS y
en favor de la sociedad contratista, de una suma de dinero por concepto de
pago anticipado sobre el valor actualizado del contrato.
2.4. Pese a lo anterior, el INVÍAS no aprobó el programa de inversiones
presentado, toda vez que la única programación que se podía considerar como
válida era aquella presentada con la propuesta y tampoco aprobó el análisis
de precios unitarios correspondientes al nuevo diseño de construcción de la
obra, además no se pronunció en relación con una solicitud de adición del
contrato en plazo y valor.
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2.5. Al margen de lo anterior, la sociedad accionante continuó cumpliendo las
órdenes impartidas por el INVÍAS y por el interventor, y mantuvo sus equipos
en el sitio de la obra a la espera de alguna solución que hiciera posible la
conclusión del objeto contratado, pero consideró que la situación era
insostenible, el 25 de junio de 1996 remitió a la entidad contratante
comunicación en la que manifestó la decisión de suspender la obra por causas
imputables a la administración.
2.6. El 29 de agosto de 1996, el INVÍAS solicitó al contratista hacerse presente en
las instalaciones de la entidad, con el fin de iniciar los trámites
correspondientes a la liquidación del contrato, y finalmente se suscribió por la
sociedad contratista y el interventor el acta final del contrato de obra
respectivo.
2.7. La sociedad Alvarado y During Limitada en liquidación, en ejercicio del medio
de control de controversias contractuales presentó demanda en contra del
INVÍAS cuyas pretensiones fueron: (i) que se declarara el incumplimiento del
contrato de obra por parte del INVÍAS, (ii) que se declarara que en desarrollo
del contrato se presentaron circunstancias imprevistas que crearon una
situación de “excesiva onerosidad” para el cumplimiento de las prestaciones
del contratista y alteraron el equilibrio o ecuación económica del contrato y en
consecuencia, pidió el restablecimiento de los derechos de la sociedad y la
indemnización de los perjuicios y sobrecostos de todo orden en que se hubiera
incurrido, (iii) el reconocimiento de intereses legales del 6% anual sobre el
monto de perjuicios actualizado y (iv) que se liquidara judicialmente el
contrato.
2.8. Del asunto conoció en primera instancia el Tribunal Administrativo del Huila
(radicación Nro. 41001-23-31-000-1997-09803-00) que, mediante sentencia
del 12 de abril de 2013 negó las pretensiones de la demanda.
El Tribunal estimó que, si bien los planos con base en los cuales debía
ejecutarse la obra eran deficientes, la oportunidad para ventilar esta
irregularidad era la etapa precontractual, en la que pudo presentarse una
propuesta que reflejara (i) la necesidad de modificar los planos y diseños que
fundamentaron la licitación pública y (ii) su estructuración con base en la
necesidad advertida; también, que los perjuicios solicitados no fueron
acreditados por la parte actora.
Aseguró que, dentro de la etapa de ejecución del objeto contractual, la
sociedad demandante se había comprometido a no reclamar los costos
asociados a la modificación del diseño del puente y que, el concepto de
Administración, Imprevistos y Utilidades (AIU) fue pactado por un porcentaje
del 46%, lo cual era suficiente para cubrir dichos costos.
Consideró que, si bien la actora había solicitado la aprobación de unos precios
unitarios como ítems no previstos por cuenta del nuevo diseño para la
construcción del puente, dicha solicitud fue contestada negativamente por el
INVÍAS; que en el expediente no estaba demostrado alguno de los eventos
constitutivos de quebrantamiento del equilibrio económico del contrato, así
como tampoco el daño cierto y especial necesario para la prosperidad de la
pretensión.
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2.9. La decisión se apeló por la parte demandante ante el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B que, en sentencia del 3 de abril de 2020 revocó
la decisión del Tribunal y en su lugar, declaró la responsabilidad contractual
del INVÍAS por el incumplimiento del contrato de obra Nro. 1112 de 1994,
ordenó el pago de una suma de dinero y, negó las demás pretensiones de la
demanda.
Consideró que estaba acreditado dentro del expediente que la entidad
contratante incumplió la obligación a su cargo de proporcionar los estudios,
planos y diseños técnicamente adecuados para la ejecución de la obra
encomendada y, en concepto de la Sala, esa obligación incumplida estaba a
cargo del INVÍAS, sin que pudiera trasladársele al contratista, para ese
entonces Alvarado & During Ltda. 18 proponente, por el simple hecho de haber
conocido, desde ese momento, los documentos que hicieron parte de la
licitación pública.
Que el INVÍAS, a pesar de propiciar con su conducta la imposibilidad de
ejecutar el objeto contractual, siendo ello reconocido hasta tal punto de
aprobar un nuevo diseño para la construcción del puente contratado, no
cumplió con la consecuente obligación de modificar el contrato en el sentido
de ampliar el plazo, como tampoco con la de aprobar los nuevos precios
unitarios o por lo menos evaluarlos oportunamente, como era su deber según
el acta de compromiso.
Argumentó que el incumplimiento del INVÍAS generó un retraso en la iniciación
de las obras y la necesidad de aprobar un nuevo diseño y que la entidad
contratante estaba en la obligación de modificar el contrato en el sentido de
ampliar el plazo y aprobar los nuevos precios unitarios, o por lo menos
evaluarlos oportunamente y no limitarse a adoptar tardíamente la decisión de
improbarlos con el argumento de que en el contrato inicial ya se habían
pactado.
2.10. La sociedad accionante presentó solicitud de adición de la sentencia al
considerar que no había un pronunciamiento en relación con el pago de
intereses moratorios solicitados.
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B en providencia del 5 de
octubre de 2020, complementó la sentencia del 3 de abril de 2020 en el sentido
de negar la pretensión relacionada con el reconocimiento de los intereses
moratorios.
Consideró la providencia complementaria que los intereses reclamados no
estaban causados al momento de proferir la sentencia del 3 de abril de 2020,
que la obligación del INVÍAS de pagar perjuicios sólo fue declarada hasta la
sentencia de segunda instancia, razón por la cual la entidad no había incurrido
en mora y reiteró que en la sentencia se hizo un pronunciamiento completo
sobre las obligaciones dinerarias a cargo del INVÍAS.
Precisó que lo anterior no era óbice para que la condena impuesta causara
intereses moratorios, pero conforme lo dispuesto en el artículo 177 del
entonces Código Contencioso Administrativo.
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2.11. Contra esta decisión de sentencia complementaria, la sociedad demandante,
hoy accionante, presentó solicitud de aclaración. La autoridad judicial
accionada en providencia del 28 de abril de 2021, notificada el 9 de junio de
2021, negó la aclaración solicitada.
Indicó que la parte demandante no precisó cuáles eran las frases o conceptos
contenidos en la providencia judicial que ofrecían verdadero motivo de duda,
que solicitó aclarar la sentencia complementaria en el sentido de precisar la
razón por la cual el INVÍAS no fue condenado al pago de intereses moratorios,
pero que tales razones estaban expuestas en la sentencia complementaria en
la que se estableció que los intereses moratorios no estaban causados al
momento en que fue proferida la sentencia de primera instancia ya que la
obligación de pagar los perjuicios causados por el incumplimiento del INVÍAS,
esto es, la obligación de pagar los estudios contratados y la utilidad dejada de
percibir por la demandante, solo fue declarada hasta la sentencia de segunda
instancia, por lo que se consideró que la entidad no había incurrido en mora.
3. Fundamentos de la acción
La sociedad accionante consideró que el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, en las providencias del 5 de octubre de 2020 y 28 de abril de 2021
por las que se dictó sentencia complementaria y se negó la solicitud de aclaración
de la sentencia complementaria, respectivamente, emitidas en el medio de control
de controversias contractuales con radicación Nro. 41001-23-31-000-1997-09803-
00/01, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad y,
aunque no mencionó la configuración de un defecto en concreto, de los argumentos
que pasan a exponerse, se entiende que se trata de un presunto defecto sustantivo:
Consideró que el pago de intereses moratorios corresponde a un mandato expreso
en los términos de la Ley 446 de 1.998, ya que se trata de una obligación de pagar
una suma de dinero, lo que hacía que se causaran intereses moratorios por no haber
pagado en forma oportuna y que esto hacía parte del concepto de responsabilidad
del Estado por el daño antijurídico, de manera que no podía desconocerse el
derecho del contratista a que se le indemnizaran los perjuicios económicos
derivados de la mora.
Dijo que, en el caso, la parte contratante no cumplió ni con la obligación primaria, ni
con la que se derivó de su incumplimiento representado en los múltiples perjuicios
económicos sufridos por el incumplimiento que no desaparecieron. Reiteró que la
causación y pago de intereses moratorios era un efecto indemnizatorio de la
conducta antijurídica por la cual se declaró responsable al INVIAS y hacía parte de
la indemnización integral que se solicitó en el petitum de la demanda.
Que en diferentes ocasiones, tratándose de obra extra o mayores cantidades de
obra, la misma corporación accionada ha condenado al pago de intereses
moratorios por el no pago oportuno de las actividades y que lo propio ocurría en
este caso, en el que el contratista debió hacer más de lo que le correspondía en la
consultoría para poder ejecutar la obra tras el compromiso de la entidad de pagarle
esos valores, lo que debió hacer en el acto de liquidación del contrato como lo
ordena la ley, obligación legal que igualmente la contratante incumplió y que pese
a ello, en la sentencia complementaria negó la solicitud de la condena por intereses
moratorios que se había solicitado.
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Trajo a colación la sentencia C-188 de 1999 que estudió la constitucionalidad del
artículo 72 (parcial) de la Ley 446 de 1998.
En el mismo sentido, citó la Sentencia C-892 de 2001 de la Corte Constitucional,
que declaró la inconstitucionalidad del parágrafo del artículo 6 de la Ley 598 de
2000, por considerar que vulneraba el principio de responsabilidad contractual
consagrado en el artículo 90 de la Constitución Política, así como los principios de
justicia conmutativa, igualdad, respeto por los derechos adquiridos con justo título y
buena fe y recalcó que no existe ninguna justificación para que el particular deba
asumir de su peculio el detrimento patrimonial que le ocasiona el Estado por el
incumplimiento de sus obligaciones.
En la misma línea argumentativa, se refirió a la Sentencia C-965 de 2003 en la que
la Corte Constitucional que resolvió estarse a lo resuelto en las Sentencias C - 188
de 1999 y C - 428 de 2002 en relación con lo dispuesto en los incisos 5° y 6° del
derogado artículo 177 del Código Contencioso Administrativo.
Finalizó diciendo que, sin razonamiento ni justificación alguna, la Sección Tercera,
Subsección B del Consejo de Estado negó los intereses moratorios solicitados en
la demanda, a pesar de haber declarado el incumplimiento contractual del INVIAS
y de haber condenado al pago que la entidad debió haber efectuado más de 20
años atrás.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Por auto del 8 de noviembre de 2021, el despacho ponente admitió la acción
de tutela, ordenó notificar a las partes accionante y accionada y dispuso la
vinculación como terceros con interés al Instituto Nacional de Vías INVÍAS,
parte demandada en el asunto ordinario y al Tribunal Administrativo del Huila
quien emitió la sentencia de primera instancia.
4.2. Posteriormente el 24 de noviembre de 2021, el despacho resolvió la solicitud
de corrección del auto admisorio de la demanda, en el sentido de indicar que
el nombre correcto de la parte accionante era Alvarado y During Limitada en
liquidación.
4.3. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, rindió informe por
conducto del magistrado ponente de la decisión, en el que manifestó: “ Con todo
respeto me permito manifestar que no participaré en la acción de tutela de la
referencia como parte ni como tercero y acataré estrictamente las disposiciones que
se adopten en ella”.
4.4. El Instituto Nacional de Vías INVÍAS, indicó que la parte actora no manifestó
ni sustentó de qué forma el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
B actuó al margen del procedimiento o incurrió en alguno de los defectos
contra providencia judicial.
Indicó que lo que hace la parte actora es controvertir la posición de la autoridad
judicial accionada en torno al pago de los intereses moratorios, convirtiendo la
acción de tutela en una tercera instancia.
Precisó que, en todo caso, las pretensiones deben negarse, pues no era
plausible el reconocimiento de intereses moratorios porque la obligación del
INVÍAS de pagar perjuicios sólo fue declarada hasta la sentencia de segunda
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instancia y además porque no era procedente de manera concomitante el
reconocimiento y pago de los intereses moratorios y la actualización de sumas
líquidas de dinero.
4.5. El Tribunal Administrativo del Huila, pese haber sido notificado, no se
pronunció2.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19913, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales de altas corporaciones
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales.
Así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Por esto, la
jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales4 y especiales5 que
deben cumplirse de forma estricta. Si no se cumplen todos los requisitos generales
y por lo menos uno de los defectos o requisitos especiales la acción no será
procedente.
Cuando por vía de tutela se cuestiona una providencia judicial proferida por la Corte
Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, la procedencia de la acción de
amparo es más restrictiva debido a que estas corporaciones son las encargadas de
unificar la jurisprudencia en sus respectivas jurisdicciones. Por ende, los principios
de autonomía e independencia judicial adquieren mayor relevancia. Es así como, la
Corte Constitucional ha indicado que, como presupuesto adicional para admitir la
procedencia de la acción de tutela, la providencia judicial atacada debe contener un
error ostensible, manifiesto y flagrante que riña de manera directa con la
Constitución Política y que justifique la intervención del juez constitucional.
Según lo anterior, en los eventos en que por vía de tutela se cuestione una
providencia proferida por una alta corporación, corresponde al juez de tutela verificar
el cumplimiento de: i) los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales; ii) la existencia de una o varias causales especiales
de procedibilidad; y iii) la configuración de un defecto en la providencia judicial
acusada que haga que esta riña de manera abierta con la Constitución Política y
sea incompatible con la jurisprudencia constitucional.
2 La Secretaría del tribunal allegó el expediente ordinario en medio digital.
3 Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
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3. Planteamiento del problema jurídico
Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, y por tratarse de una acción de
tutela contra providencia judicial, corresponde a la Sala, de manera preliminar,
establecer si se cumplen a cabalidad los requisitos generales de procedibilidad,
específicamente el de relevancia constitucional.
De superar dicho estudio, corresponderá a la Sala establecer si el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B, al proferir las providencias del 5 de octubre
de 2020 y 28 de abril de 2021 por las que se dictó sentencia complementaria y se
negó la solicitud de aclaración de la sentencia complementaria, respectivamente,
emitidas en el medio de control de controversias contractuales con radicación Nro.
41001-23-31-000-1997-09803-00/01, incurrió en el presunto defecto sustantivo, de
acuerdo con los argumentos presentados por la parte actora.
4. El requisito de relevancia constitucional y su análisis en el caso concreto
4.1. La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y
la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para
reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su
labor, entonces, está orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados
y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento. En ningún modo aquel
puede inmiscuirse en los asuntos propios del juez natural.
Con base en esta premisa, uno de los requisitos generales para la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales es que el asunto sea de evidente
relevancia constitucional.
Y aunque no siempre es sencillo dilucidar la línea que separa aquellos casos
que son de relevancia constitucional y los que no, esta Sala de Decisión, a
partir de lo señalado por la Sala Plena del Consejo de Estado en Sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014 y por la Corte Constitucional en la
Sentencia T–248 de 2018, ha fijado algunos criterios orientadores para
determinar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este requisito:
(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no
puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos
eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones
se alejan del objeto de la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales.
Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales»4. Es necesario que el
interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la
providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la
demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión
cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda
4 Ibidem
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abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia
decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez
natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del
proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más
informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de
derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la
demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los
jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y
conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las
decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso
ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se
ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces
competentes.
La Corte Constitucional ha dicho que la relevancia constitucional es el primer
presupuesto genérico de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Su corroboración exige que el juez constitucional
evidencie de manera diáfana, que la cuestión que se presenta tiene una
marcada importancia constitucional que afecte derechos fundamentales.
Desde esta perspectiva, el presupuesto de relevancia constitucional lo que
persigue es que el juez de tutela evite inmiscuirse en asuntos que carezcan de
importancia iusfundamental y que corresponde decidir de manera exclusiva al
juez natural5.
De esta forma, conforme se indicó debe existir una coherencia lógica de los
planteamientos de las partes en relación con los asuntos puestos a
consideración del juez natural, decididos por estos, y la supuesta vulneración
de derechos fundamentales como consecuencia de lo decidido o acontecido
en el respectivo proceso, pues la acción de tutela no puede ser utilizada para
adicionar, completar, modificar los argumentos que dejaron de plantearse ante
el juez de la causa.
En palabras de la Corte Constitucional, el deber de identificar de manera
razonable los hechos que generan la vulneración que se alega a través de la
presente acción, tiene su justificación en la medida en que “sí es menester que el
actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la
decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus derechos” 6.
4.2. Del análisis del caso concreto, encuentra la Sala que no se cumple el requisito
de relevancia constitucional pues, se advierte que, a través de la presente
acción de tutela la sociedad actora busca prolongar la discusión sobre
aspectos de orden legal y asuntos de carácter económico, que escapan al
5 Al respecto se pueden consultar las siguientes providencias de la Corte Constitucional: Su-139 de 2019, T-
422 de 2018, T- 715 de 2016, C-590 de 2005.
6 Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005. Ponencia del doctor Jaime Córdoba Triviño.
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ámbito de intervención del juez de tutela, pues su labor está circunscrita a la
protección de derechos fundamentales.
En este punto, resulta pertinente recordar que la jurisprudencia constitucional
ha dicho que la acción de tutela contra providencias judiciales no se instituyó
como un análisis de las mejores razones entre las expuestas en la decisión
atacada y la interpretación sostenida por el tutelante, en tanto que no obedece
a su naturaleza y propósito. De ahí que la simple disparidad de criterio, no
constituye en sí misma una vulneración de derechos fundamentales. De
aceptar esa posibilidad, se desnaturalizaría la acción de tutela contra
providencias judiciales, como mecanismo excepcional.
Es por tal motivo, que de manera reiterada se ha sostenido que cuando se
controvierte decisiones judiciales, la procedencia del amparo está sujeto a que
el asunto sea de tal relevancia en materia constitucional, que se logre apreciar
sin mayor esfuerzo una vulneración grosera o de bulto, lo que no ocurre en
este caso.
4.3. Descendiendo al caso concreto, se observa que en las instancias
correspondientes del medio de control de controversias contractuales, el
Tribunal Administrativo del Huila y la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado resolvieron el problema jurídico relacionado con el contrato
de obra celebrado por el Instituto Nacional de Vías INVÍAS y la sociedad
Alvarado y During Limitada en Liquidación; las situaciones de incumplimiento
y pago de sumas de dinero debidas por distintas causas; así como el pago de
una serie de perjuicios descritos en detalle en la decisión del órgano de cierre.
En segunda instancia, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado mediante sentencia del 3 de abril de 2020 revocó la decisión del a quo
que negó las pretensiones de la demanda y, en su lugar, declaró la
responsabilidad contractual del INVÍAS por el incumplimiento del contrato de
obra Nro. 1112 de 1994, ordenó el pago de una suma de dinero y, negó las
demás pretensiones de la demanda.
La sociedad accionante consideró que no se había hecho un pronunciamiento
en relación con la pretensión cuarta de la demanda orientada al pago de los
intereses legales del 12% anual o del 6% sobre el monto de perjuicios
actualizado, presentó solicitud de sentencia complementaria en relación
con la providencia del 3 de abril de 2020 proferida por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B en segunda instancia; la cual fue resuelta
desfavorablemente en sentencia complementaria del 5 de octubre de 2020.
Luego, la sociedad Alvarado y During Limitada en liquidación presentó
solicitud de aclaración de la sentencia complementaria, en la que pidió
que se precisara la razón por la que no se condenó a la demandada al pago
de intereses moratorios, bien desde la fecha de la liquidación del contrato
estatal respectivo, o bien desde que ocurrió la notificación del auto admisorio
de la demanda y se refirió al deber legal del pago de intereses moratorios en
los términos de la Ley 446 de 1.998 por el no pago en forma oportuna. Esta
solicitud se negó en providencia del 28 de abril de 2021.
4.4. De esta manera, se tiene que la autoridad judicial accionada dio trámite a las
solicitudes presentadas, que coinciden con las presentadas en sede de tutela,
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insistiendo en los mismos aspectos resueltos por la autoridad judicial
demandada a través de las figuras de la sentencia complementaria y la
aclaración de la misma, buscando prolongar una discusión de orden legal que
ya fue ampliamente analizada por el juez natural, y además, planteando un
asunto eminentemente económico que es la finalidad última de la sociedad.
En ese sentido, por una parte, frente a cuestiones estrictamente
económicas, la solicitud de amparo resulta improcedente por falta de
relevancia constitucional ya que conforme la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, la cuestión objeto de análisis debe tener trascendencia ius
fundamental y no solamente legal, contractual o de otra naturaleza como sería
la exclusivamente económica7, de manera que, en casos como el presente en
los que la discusión es estrictamente dineraria, el debate no se centra en la
vulneración de garantías superiores pese a enunciarse en la demanda de
tutela una serie de derechos fundamentales, pues es necesario que el asunto
puesto a consideración del juez de tutela implique la transgresión de los
mismos por parte de la autoridad judicial.
En el presente asunto, se insiste en el reconocimiento de los intereses de mora
por el no cumplimiento oportuno de las obligaciones respectivas a las que fue
condenada la parte vencida en el proceso de controversias contractuales, lo
que apunta a un asunto netamente monetario. En esta misma línea, la Sección
ha indicado que las reclamaciones de este tipo no sólo desestiman el carácter
constitucional de la acción de tutela, sino también la urgencia e inminencia que
la caracterizan y que ameritan intervención por parte del juez constitucional8.
De otro lado, se pretende la discusión de aspectos de orden legal que, si
bien se proponen bajo la caracterización de un presunto defecto sustantivo,
obedecen es a una inconformidad con la interpretación de la norma aplicada,
en busca de obtener una decisión favorable a sus pretensiones, pues en la
sentencia complementaria del 5 de octubre de 2020, la Subsección B de la
Sección Tercera de esta Corporación analizó y decidió ese aspecto.
Como lo ha reiterado la Corte Constitucional9, las cuestiones de simple
legalidad se alejan del objeto de la acción de tutela, pues el juez de la causa
goza de libertad interpretativa producto del respeto a su independencia y
autonomía. Luego, no corresponde al juez constitucional indicar cual es la
interpretación conveniente o correcta de la ley, salvo que se evidencie
arbitrariedad o capricho en el ejercicio de interpretación del juez de instancia,
lo que no se configura en el caso concreto.
Por lo demás, se concluye que no existe un real cuestionamiento
iusfundamental en relación con una decisión judicial, sino simplemente la
exteriorización de la inconformidad de la parte accionante con la decisión del
juez de la causa, por resultar desfavorable a sus intereses. Y se tiene que las
discrepancias respecto de la apreciación del caso no ameritan, per se, la
7 Sentencia SU-282 del 20 de junio de 2019. Ponencia de la doctora Gloria Stella Ortiz Delgado.
8 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta. Sentencia de tutela del 20 de
junio de 2019. Proceso Nro. 11001-03-15-000-2019-02324-00. C.P. Milton Chaves García. Consejo de
Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta. Sentencia de tutela del 28 de octubre de
2021 Proceso Nro. 11001-03-15-000-2021-06209-00. C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
9 Corte Constitucional. Sentencia SU949 de 2014 con ponencia de la doctora María Victoria Calle Correa.
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revocación por vía de tutela de una providencia judicial, porque hacerlo llevaría
a desconocer los principios de autonomía e independencia judicial
Finalmente, es importante precisar que tratándose de providencias judiciales
proferidas por altas cortes –quienes cumplen la función de unificar la
jurisprudencia y actuar como órganos de cierre en sus respectivas
jurisdicciones–, se exige la configuración de un error en la providencia judicial
acusada que haga que esta riña de manera abierta con la Constitución Política
y que sea incompatible con la jurisprudencia constitucional. Lo cual no
acontece en el sub examine.
5. Conclusión
Por las razones expuestas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela
de la referencia, por no cumplir a cabalidad con los requisitos generales de
procedibilidad de este mecanismo contra providencias judiciales, específicamente
el de la relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por la sociedad
Alvarado y During Limitada en Liquidación, de conformidad con las
consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. De no ser impugnada la presente providencia, enviarla a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
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