Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-07342-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-07342-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2021-07342-01
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
24 de febrero de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2021-07342-01
Accionante: Maricielo Zuluaga Urrea
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Bogotá D. C., veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2021-07342-01
Accionante: MARICIELO ZULUAGA URREA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA
Tema: Tutela contra providencia judicial. Caducidad del
medio de control de reparación directa en casos
relacionados con delitos de lesa humanidad.
Desconocimiento de precedente jurisprudencial y
violación directa de la Constitución
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala de Subsección decide la impugnación presentada por la parte
accionante en contra de la sentencia del 23 de noviembre de 2021
proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado mediante la cual negó el amparo solicitado.
I. ANTECEDENTES
La solicitud de protección de los derechos fundamentales al debido
proceso, tutela judicial efectiva y reparación integral tiene sustento
en los siguientes:
1
Radicado: 11001-03-15-000-2021-07342-01
Accionante: Maricielo Zuluaga Urrea
1. HECHOS
La señora Maricielo Zuluaga Urrea presentó demanda de reparación
directa cuyo conocimiento le correspondió al Juzgado Veinticinco
Administrativo Oral del Circuito de Medellín bajo el radicado número
05001-33-33-025-2021-00137-00.
El despacho judicial referido, a través de auto del 29 de abril de
2021, resolvió rechazarla por encontrar acreditado que operó la
caducidad del medio de control.
Contra la decisión anterior, la demandante interpuso recurso de
apelación, sin embargo, el Tribunal Administrativo de Antioquia
mediante providencia del 4 de junio de 2021, la confirmó.
2. PRETENSIONES
La parte accionante pidió lo siguiente:
«PRETENSIONES PRINCIPALES
1- Decretar que EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA
MAGISTRADO PONENTE: JORGE IVAN DUQUE GUTIERREZ, ha violado
los derechos constitucionales fundamentales enunciados en el
concepto de violación y, en consecuencia;
2- Revocar la decisión del Tribunal donde se confirmó el auto
proferido por el Juzgado Veinticinco Administrativo Oral de circuito de
Medellín el día 29 de abril de 2021 que rechazó la demanda de
Reparación Directa con Radicado 05001 33 33 025 2021 00137 00
por haber operado la caducidad.
PRETENSIÓN SUBSIDIARIA
Ordenar al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA
MAGISTRADO PONENTE: JORGE IVAN DUQUE GUTIERREZ surtir lo
pedido por la parte demandante y que revoque la providencia que
confirmó el auto proferido por el Juzgado Veinticinco Administrativo
Oral de circuito de Medellín el día 29 de abril de 2021 que rechazó la
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Accionante: Maricielo Zuluaga Urrea
demanda de Reparación Directa con Radicado 05001 33 33 025 2021
00137 00 por haber operado la caducidad».
3. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN
De acuerdo con los argumentos expuestos por la parte accionante
contra el auto del 19 de abril de 2021 proferido por el Tribunal
Administrativo de Antioquia se entiende que alega la existencia de un
defecto por violación directa de la Constitución por vulneración al
debido proceso en tanto manifestó:
«Se trata de una falta de estudio preciso; la decisión estuvo por fuera
de la posición mantenida por la corte interamericana de derechos
humanos, pues en este caso en particular fueron VICTIMAS DE
DESAPARICION FORZADA Y POSTERIOR ASESINATO cargos que
fueron aceptados por PARMENIO DE JESUS USME GARCIA alias
PARMENIO, donde LA SALA DE JUSTICIA Y PAZ, TRIBUNAL SUPERIOR
DE MEDELLÍN profirió sentencia anticipada el 21 de febrero de 2019
según sentencia bajo el radicado 110016000253 2009 83846.
La caducidad no es un presupuesto que, en casos como este, es
decir, donde se presume que se produjo un falso positivo, ejecución
extrajudicial u homicidio en persona protegida, pueda analizarse al
momento de la admisión del medio de puede desvirtuarse en el
transcurso de proceso administrativo, si no hay fallo penal, y solo al
momento de dictarse el respectivo fallo será posible establecer la
realidad de los hechos con base en los cuales se demanda la
responsabilidad del Estado». (sic en toda la cita)
Además, adujo un desconocimiento del precedente, por cuanto no
se tuvo en cuenta la posición de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos de acuerdo con la cual los delitos de lesa humanidad son
imprescriptibles, criterio que acogió la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado en sentencia del 4 de junio de 2021
dentro del proceso 11001-03-15-000-2021-00186-01, cuando
aseguró que la caducidad no se puede declarar sin agotar el debate
probatorio pertinente con el fin de determinar (i) si el hecho se
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Accionante: Maricielo Zuluaga Urrea
enmarcó dentro de los denominados crímenes atroces por la CIDH y
(ii) si el hecho era imputable al Estado.
De igual manera, indicó que el Tribunal Administrativo de Antioquia
en el proceso de reparación directa radicado
05001233300020150072600, señaló que en relación con delitos de
lesa humanidad no se puede atender al término de caducidad del
artículo 164 del CPACA, porque según el ius cogens el paso del
tiempo no puede impedir el acceso a la administración de justicia de
los afectados.
4. TRÁMITE PROCESAL
Mediante auto del 3 de noviembre de 2021, la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado admitió la acción de la
referencia y ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Antioquia,
como accionado y a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional y al
Ministerio Público, como terceros interesados, para que en el término
de dos (2) días siguientes a la respectiva notificación de dicha
providencia, se pronunciaran sobre los hechos que originaron la
solicitud constitucional.
5. INTERVENCIONES
La parte accionada y los terceros interesados guardaron silencio.
6. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA
La Sección Primera del Consejo de Estado, a través de sentencia del
23 de noviembre de 2021, negó el amparo solicitado, porque
consideró que la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia de
declarar la caducidad del medio de control se ajustó a la posición
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Accionante: Maricielo Zuluaga Urrea
adoptada por el Consejo de Estado en sentencia de unificación del 29
de enero de 2020.
En ese sentido, destacó que la regla de imprescriptibilidad de la
acción penal en casos de delitos de lesa humanidad y graves
violaciones de derechos humanos no es aplicable a la responsabilidad
patrimonial del Estado, de tal manera que si los interesados dejaron
vencer el término para presentar el medio de control hay lugar a
declarar su caducidad.
Por último, aseguró «que dentro del proceso ordinario la accionante
no cumplió con la carga probatoria de demostrar cuándo tuvo
conocimiento de la participación del Estado en la muerte de su
compañero permanente. Aunque se quiso ligar la sentencia
condenatoria proferida el 21 de febrero de 2019 por la Sala de
Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín a la responsabilidad
del Estado, no explicó de qué manera esa decisión le permitió
conocer hechos desconocidos previamente».
7. IMPUGNACIÓN
La parte accionante impugnó la decisión de primera instancia, pues
señaló que tratándose de crímenes de lesa humanidad no se puede
declarar la caducidad sin antes analizar las pruebas aportadas al
proceso a fin de determinar si efectivamente se configuró como lo
sostuvo el Consejo de Estado en sentencia del 30 de agosto de 2021
dentro del proceso radicado 11001-03-15-000-2021-00097-01 (AC),
criterio que se encuentra en armonía con la posición de la CIDH
respecto al tema.
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Accionante: Maricielo Zuluaga Urrea
II. CONSIDERACIONES
1. COMPETENCIA
Corresponde a esta Sala de Subsección conocer la presente acción de
tutela, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 080 de 20191,
en cuanto dispone que «las tutelas que sean de competencia del
Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se
someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala
de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o
subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya
correspondido el reparto».
2. PROBLEMAS JURÍDICOS
De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que
el problema jurídico se circunscribe a responder si:
• ¿La presente acción de tutela cumple con los requisitos
generales de procedibilidad?
De resultar afirmativo el anterior interrogante, se resolverá si:
• ¿El Tribunal Administrativo de Antioquia, al expedir el auto del 4
de junio de 2021, incurrió en una violación directa de la
Constitución y en un desconocimiento del precedente, por
consiguiente, vulneró los derechos fundamentales al debido
proceso, tutela judicial efectiva y reparación integral de la
accionante?
Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a
analizar: i) la acción de tutela contra las providencias judiciales, ii) los
1 Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.
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Accionante: Maricielo Zuluaga Urrea
requisitos generales de procedibilidad, iii) la violación directa de la
Constitución y el desconocimiento del precedente y iv) el caso
concreto.
3. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL APLICABLE AL
CASO
3.1. LA PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL
En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional
vigente2 aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta
Corporación3, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la
protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos
resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello,
atendiendo a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del
poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los
valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y
en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de
administrar justicia, sin importar su linaje, es susceptible de ser
controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda
los límites que la carta le impone.
Ahora bien, al ser la tutela una acción de carácter excepcional y
residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de
quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el
ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de
procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa
medida las controversias que allí surjan, son subsanables en el
contexto del proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara
después de años de elaboración jurisprudencial, los requisitos
2Corte Constitucional. Sentencia C-590-05.
3Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-15-000-
2009-01328-01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.
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Radicado: 11001-03-15-000-2021-07342-01
Accionante: Maricielo Zuluaga Urrea
generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el
delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la
autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la
necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los derechos
constitucionales fundamentales.
Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la
tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su
interposición, como son:
i. Que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente
relevancia constitucional. Sobre este punto, corresponde al juez
de tutela, señalar de forma clara y precisa las razones por las
cuales el asunto a resolver tiene tal entidad que afecta derechos
fundamentales de alguna de las partes.
ii. Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se
encuentren al alcance de quien demande el amparo, salvo, claro
está, que se busque evitar un perjuicio irremediable.
iii. Que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez. Esto significa que el término de interposición de la
tutela sea “razonable y proporcionado” entre el momento en
que se presentó la presunta vulneración y el tiempo de
presentación de la acción de tutela. Lo anterior, con el fin de
velar por los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica.
iv. Que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la
misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia
que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la
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Accionante: Maricielo Zuluaga Urrea
parte actora. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en
la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave
lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los
casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como
crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se
genera independientemente de la incidencia que tengan en el
litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.
v. Identificación de la situación fáctica que devino en la
vulneración de derechos: que quien acciona identifique de
manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere
alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto
hubiere sido posible.
vi. Que no se trate sentencias de tutela.
3.2. VIOLACIÓN DIRECTA A LA CONSTITUCIÓN
Frente a este defecto, la Corte Constitucional en repetidas ocasiones
ha referido que se origina en la obligación que les asiste a todas las
autoridades de velar por el cumplimiento del mandato consagrado en
el artículo 4° de la carta política, según el cual «la Constitución es
norma de normas. En todo caso de incompatibilidad
entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las
disposiciones constitucionales.»4
La jurisprudencia constitucional también ha sostenido
que procede la tutela contra providencias judiciales
por violación directa de la Constitución en dos casos: (i) cuando se
deja de aplicar una disposición ius fundamental a un caso concreto; o
(ii) aplica la ley al margen de los dictados de la carta:
4 SU-336 de 2017, Corte Constitucional
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Accionante: Maricielo Zuluaga Urrea
«En el primer evento (inaplicación ius fundamental), la Corte ha
dispuesto que procede la tutela: (i) cuando en la solución del caso se
dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el
precedente constitucional; (ii) cuando se trata de un derecho
fundamental de aplicación inmediata; y (iii) cuando el juez en sus
resoluciones vulneró derechos fundamentales y no tuvo en cuenta el
principio de interpretación conforme con la Constitución. En el segundo,
la jurisprudencia ha afirmado que el juez debe tener en cuenta en sus
fallos que la Constitución es norma de normas y, por lo tanto, debe
aplicar las disposiciones constitucionales con preferencia a las legales
mediante el ejercicio de la excepción de inconstitucionalidad»5.
Aunque, en principio, la violación directa de la Constitución puede
tener una relación directa con otras causales especiales de
procedencia, como los defectos sustantivos o el desconocimiento del
precedente, la fuerza normativa de la Constitución (art. 4) implica
que esta sea reconocida como una causal independiente.
3.3. DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE
En materia de decisiones judiciales, se destaca el respeto por el
principio de igualdad (artículo 13 de la C.P.) el cual implica no
solamente la igualdad ante la ley sino también la igualdad de
protección y trato por parte de las autoridades y específicamente la
igualdad en la interpretación y aplicación de la ley por parte de las
autoridades judiciales, preservándose de esta manera la seguridad
jurídica y con ella la certeza en los jueces van a decidir los casos
iguales de la misma forma6.
En ese sentido, el precedente judicial7 es la figura jurídica que sirve
como dispositivo de preservación de la confianza de la ciudadanía en
el ordenamiento, pues no solo hace previsibles las consecuencias
5
Sentencia T-094 de 2013, T-209 de 2015 y SU-542 de 2016, Corte Constitucional.
6 Ver entre otras las sentencias C-836 de 2001, T-1130 de 2003, T-698 de 2004, T-731 de 2006, T-571
de 2007, T-808 de 2007, T-766 de 2008 y T-014 de 2009.
7 En la sentencia SU-053 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado., la Corte Constitucional precisó que
precedente judicial se concibe como “la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso
determinado, que, por su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe
necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo”.
10
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Accionante: Maricielo Zuluaga Urrea
jurídicas de sus actos sino también materializa la igualdad en la
aplicación del derecho8.
En ese orden la Corte Constitucional ha diferenciado lo que constituye
un antecedente jurisprudencial y el precedente en estricto sentido9.
Por una parte, ha aclarado que antecedente es una decisión de una
controversia anterior a la que se estudia, que puede tener o no
algunas similitudes desde el punto de vista fáctico, pero lo más
importante es que contiene algunos puntos de Derecho que guían al
juez para resolver el caso objeto de estudio y por tanto, tiene un
carácter orientador, lo que no significa que (a) no deba ser tenido en
cuenta por el juez al momento de fallar y (b) que lo exima del deber
de argumentar las razones para apartarse, en virtud de los principios
de transparencia e igualdad”10.
Por otra parte, ha precisado que puede predicarse la existencia de un
precedente, cuando “(i) los hechos relevantes que definen el asunto
pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que
enmarcan un caso del pasado; (ii) la consecuencia jurídica aplicada a
los supuestos del caso pasado constituye la pretensión del caso
presente; y (iii) la regla jurisprudencial no ha sido cambiada en una
distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para
su aplicación”11.
No obstante lo anterior, el sometimiento al precedente no puede
convertirse en una camisa de fuerza para el juzgador, por lo que la
jurisprudencia constitucional ha sostenido que las autoridades
judiciales pueden apartarse válidamente de precedentes previos, bien
sean estos verticales u horizontales12, siempre y cuando cumplan con
8
MARINON, Luiz Guilherme. El precedente en la dimensión de la seguridad jurídica. Ius et Praxis, 2012,
vol. 18, no 1, p. 249-266.
9 Sentencia T-109 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
10 Sentencias T-830 de 2012 y T-714 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
11 Sentencia T-794 de 2011. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
12 Se entiende por precedente vertical aquellas decisiones previas promulgadas por un superior jerárquico
y que resultan pertinentes para resolver el caso concreto, y por el horizontal aquellas decisiones fijadas
11
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Accionante: Maricielo Zuluaga Urrea
(i) la carga de transparencia, de hacer referencia al precedente del
que se va a apartar, y (ii) la carga de argumentación que les
impone el deber de señalar una justificación razonable, seria,
suficiente y proporcionada, en la que manifiesten las razones por las
cuales se apartan de la regla jurisprudencial; elementos con los que,
en palabras de la misma Corte, se protege el carácter dinámico del
derecho y los principios de autonomía e independencia que
caracterizan la labor judicial13.
4. CASO CONCRETO
De conformidad con el marco normativo y jurisprudencial expuesto y
orientados por el primer problema jurídico planteado, la Sala de
Subsección evidencia de las pruebas obrantes en el plenario que:
(i) La pretensión de amparo constitucional es de marcada relevancia
constitucional, en la medida en que se contrae a establecer de
manera central si el Tribunal Administrativo de Antioquia, con la
providencia del 4 de junio de 2021, incurrió en la violación de los
derechos fundamentales al debido proceso, tutela judicial efectiva y
reparación integral de la accionante;
(ii) se agotaron todos los medios de defensa porque contra el auto del
Tribunal no procedía recurso alguno,
(iii) cumplió con el requisito de inmediatez toda vez que la
interposición de la acción se dio en un lapso «razonable y
proporcionado» por cuanto la providencia reprochada se profirió el 4
de junio de 2021 y la tutela se presentó el 28 de octubre de 2021,
(iv) de encontrarse probados los defectos alegados estos tienen la
vocación de vulnerar las garantías fundamentales invocadas en
por una autoridad judicial de la misma jerarquía y que resultan relevantes para resolver un caso
concreto. Al respecto ver la Sentencias T- 589 de 2007.
13 Sentencia T-109 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
12
Radicado: 11001-03-15-000-2021-07342-01
Accionante: Maricielo Zuluaga Urrea
protección;
(v) se identificaron los hechos que sustentan la acción y los derechos
que se consideran vulnerados en razón a la actuación de la parte
accionada, motivo por el cual este requisito se encuentra cumplido, y
(vi) no se trata de una tutela contra tutela toda vez que la decisión
reprochada fue proferida por la jurisdicción contencioso administrativa
dentro de un proceso de reparación directa.
De acuerdo con lo expuesto, la acción de la referencia cumple con
todos los requisitos de la tutela contra providencia, de tal forma que a
continuación se resolverá el segundo problema jurídico propuesto.
Al respecto, se advierte que la decisión judicial reprochada fue
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia en el trámite del
recurso de apelación presentado por la señora Maricielo Zuluaga Urrea
contra el auto del 29 de abril de 2021 expedido por el Juzgado
Veinticinco Administrativo del Circuito de Medellín que rechazó por
caducidad la demanda de reparación directa que presentó contra la
Nación – Ministerio de Defensa.
El Tribunal Administrativo de Antioquia mediante providencia del 4 de
junio de 2021, resolvió confirmar el auto recurrido con fundamento
en la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 proferida por
la Sección Tercera del Consejo de Estado sobre la forma cómo debe
contabilizarse el término de caducidad de las pretensiones de
reparación directa por daños derivados de delitos de lesa humanidad
y crímenes de guerra. A propósito sostuvo:
«[…]
Aplicando la jurisprudencia al caso concreto, se tiene que en este
asunto la parte actora pretende de la Nación – Ministerio de Defensa,
el reconocimiento y pago de los daños y perjuicios que se les ocasiónó
por la muerte del Señor WALTER EDILIO GONZÁLEZ GALEANO,
13
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Accionante: Maricielo Zuluaga Urrea
acaecida el 31 de agosto de 2002, con ocasión de la actuación del
Bloque Héroes de Granada de las Autodefensas y por omisión de las
fuerzas armadas de Colombia.
Obra prueba en el expediente de que la muerte de la Señor WALTER
EDILIO GONZÁLEZ GALEANO, ocurrió el 31 de agosto de 2002 y que el
Registro Civil de Defunción fue proferido el 1 de septiembre de 2002
(folio 43).
Ahora, en el expediente no hay manifestación sobre la fecha en que la
parte actora tuvo conocimiento de que el Estado podría estar
involucrado en esos hechos y que era susceptible de ser demandado a
través del medio de control de reparación directa, sin embargo, en el
expediente es posible verificar que los demandantes en los años 2012
y 2013, confirieron poder a un abogado, y en los mismos se señala lo
siguiente:
“Lo anterior, con ocasión del Daño Antijurídico generado en el hecho
ocurrido el día 31 de agosto de 2002 en Jurisdicción del Municipio de
San Rafael, Antioquia, en el que resultó muerto WALTER EDILIO
GONZÁLEZ GALEANO, producto de un ataque de las Autodefensas
Unidas de Córdoba y Urabá , situación que se traduce en una FALLA
EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO en la que incurrió LA NACION
COLOMBIANA – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL”.
Así, tal como lo consideró la juez de primera Instancia, en el
expediente es posible verificar que los demandantes para los años
2012 y 2013, ya tenían conocimiento de que el Estado podría estar
involucrado en esos hechos y que era susceptible de ser demandado
en ejercicio de la acción de reparación directa, además, esta Sala no
evidencia ninguna circunstancia especial o impedimento material, para
que los hoy demandantes no hubieran ejercido la acción judicial en
forma oportuna.
[…]»
De acuerdo con lo anterior, la Sala advierte que no existió una
violación directa de la Constitución, ni se configuró el
desconocimiento del precedente alegados por la parte accionante,
por cuanto la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia tuvo
fundamento en (i) el examen de las piezas procesales aportadas con
la demanda y (ii) la sentencia de unificación de la Sección Tercera de
esta corporación del 29 de enero de 2020, la cual se encontraba
vigente para el momento en que se presentó el medio de control de
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Accionante: Maricielo Zuluaga Urrea
reparación directa, el 26 de abril de 202114 y según la cual el término
de caducidad se computa «desde cuando los afectados conocieron o
debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado y
advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial».
En ese sentido, encontró acreditado que los demandantes habían
conferido poder al abogado para iniciar la demanda de reparación
directa contra la Nación – Ministerio de Defensa, por la muerte del
señor Walter Edilio González Galeano, en 2012 y 201315 - la señora
Maricielo Zuluaga Urrea lo confirió el 25 de abril de 2013 - lo que
quiere decir que desde ese instante advirtieron la posibilidad de
imputarle responsabilidad al Estado.
A partir de esa fecha y en consonancia con la sentencia de unificación
referida, el Tribunal contó el término de caducidad del medio de
control, lo que dio lugar a rechazarlo, porque evidenció que
transcurrieron más de 6 años desde el momento que se advirtió la
posibilidad de imputarle la responsabilidad al Estado y la presentación
de la demanda, sin que se evidenciara alguna justificación para no
ejercer el derecho de acción.
En conclusión, con fundamento en las consideraciones manifestadas,
la Sala de Decisión confirmará la decisión impugnada que negó el
amparo solicitado.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto la Sección Segunda, Subsección “A” de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
14 De acuerdo con el acta de reparto al Juzgado Veinticinco Administrativo Oral de Medellín.
15 Según consta en los poderes aportados con la demanda y visibles en el sistema SAMAI.
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Accionante: Maricielo Zuluaga Urrea
IV. FALLA
PRIMERO. – CONFIRMAR la sentencia del 23 de noviembre de
2021 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado mediante la cual negó el amparo solicitado por la señora
Maricielo Zuluaga Urrea mediante la presente acción de tutela contra
el Tribunal Administrativo de Antioquia, por las razones expuestas en
la parte considerativa de esta providencia.
SEGUNDO.- LIBRAR las comunicaciones de que trata el artículo 30
del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados.
TERCERO.- Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de
esta providencia, REMITIR el expediente a la Honorable Corte
Constitucional para su eventual revisión.
CUARTO.- REGISTRAR la presente providencia en la plataforma
SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en
sesión celebrada en la fecha.
GABR IEL VALBUENA HERNÁNDEZ
FI R MA D O E L E C T R Ó N I C A ME N TE
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
FI R MA D O E LE C TR ÓN I C A ME N TE FI R MA D O E LE C TR ÓN I C A M E N TE
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