República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2021-07344-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
10 de febrero de 2022
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Radicación:11001-03-15-000-2021-07344-01
Demandante: Hilda Úrsula Palencia Morales
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., diez (10) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-07344-01
Demandante: Hilda Úrsula Palencia Morales
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A y otros
Temas: Reliquidación de pensión gracia por retiro definitivo del servicio /
ausencia de defecto sustantivo o material / independencia y
autonomía del juez natural
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala la impugnación presentada por la parte accionante contra la sentencia
del 19 de noviembre de 2021 proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera,
que declaró improcedente la solicitud de tutela interpuesta por la señora Hilda Úrsula
Palencia Morales contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A, el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Bogotá y
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP (en adelante UGPP).
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
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Demandante: Hilda Úrsula Palencia Morales
En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, la señora Hilda Úrsula Palencia Morales, quien actúa en nombre propio,
promovió demanda en orden a que se tutelen sus derechos fundamentales al debido
proceso, igualdad y de petición.
Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se deje sin efectos la sentencia del 29
de julio de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicación 11001-33-35-010-2014-00535-02 y, en su lugar, que se
ordene a la autoridad judicial expedir sentencia de reemplazo en la que se acceda a
las pretensiones de la demanda y, por ende, la UGPP reliquide la pensión gracia con
los factores devengados al momento del retiro definitivo del servicio.
1.1.2. Los hechos
La accionante narró como hechos de tutela, los siguientes:
i) Nació en enero de 1949 e inició su vida laboral, prestando servicios docentes
en una escuela rural de Pesca (Boyacá) y desde el 11 de mayo de 1971 en Bogotá
D.C. hasta el 31 de diciembre de 2013.
ii) A través de la Resolución 13867 del 29 de noviembre de 1999, Cajanal le
reconoció pensión de jubilación gracia. Posteriormente, mediante la Resolución
08343 del 4 de marzo de 2004, le fue reliquidada con la inclusión de todos los
factores salariales.
iii) El 27 de febrero de 2014 solicitó la reliquidación de la pensión gracia por retiro
definitivo del servicio; sin embargo, la UGPP negó la petición a través de las
Resoluciones RDP 008109 del 10 de marzo, RDP 012486 del 16 de abril y RDP
012653, todas expedidas en el año 2014.
iv) Por intermedio de apoderado interpuso demanda contra los actos
administrativos antes mencionados, cuyas pretensiones fueron negadas en primera
instancia el 13 de noviembre de 2020 por el Juzgado Décimo Administrativo del
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Radicación:11001-03-15-000-2021-07344-01
Demandante: Hilda Úrsula Palencia Morales
Circuito de Bogotá; decisión que fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca mediante sentencia del 29 de julio de 2021.
1.1.3. Los defectos invocados
La accionante señala que el fallo del 29 de julio de 2021, proferido por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda Subsección A, desconoció sus
derechos fundamentales, en atención a las siguientes circunstancias:
i) Con ocasión de reuniones sociales con excompañeros de estudio y de trabajo,
que prestaron servicios docentes en condiciones similares a las suyas, se enteró que
después del retiro definitivo, la pensión gracia que devengaban fue objeto de
reliquidación acorde a lo percibido en el último año de servicio.
ii) El Consejo de Estado a través de sus decisiones, ha garantizado el derecho
de la reliquidación de la pensión gracia para los docentes vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1980, siempre que, como en su caso, se cumplieran los requisitos
previstos en la ley para el efecto
iii) El Tribunal Administrativo de Cundinamarca no tuvo en cuenta que de acuerdo
con el artículo 5 de la Ley 171 de 1961, las pensiones oficiales debían liquidarse con
base en el promedio de lo devengado en el último año de servicios; también pasó por
alto los derechos adquiridos, pese a que conoció sentencias del Consejo de Estado
que avalaban esa reliquidación.
1.2. Actuación Procesal
Mediante auto del 25 de octubre de 2021, la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Laboral, remitió por competencia la presente acción de tutela, cuyo
conocimiento correspondió al Consejo de Estado, Sección Primera; el 2 de
noviembre de 2021 se profirió el auto admisorio en el cual se dispuso notificar al
Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Bogotá, al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, al director de la UGPP y al agente
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del Ministerio Público, para que rindieran informe sobre los hechos que originaron la
acción de tutela.
Igualmente, se solicitó al Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Bogotá que
remitiera preferiblemente, por correo electrónico y, en su defecto, en medio físico, el
expediente contentivo del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, radicación 11001-33-35-010-2014-00535-00.
1.3. Contestación de la demanda
1.3.1. Del Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Bogotá
El Juez Décimo Administrativo del Circuito de Bogotá intervino en la actuación y
manifestó que en el trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho objeto de la acción de tutela, se garantizó el debido proceso representado
en que se cumplieron todas y cada una de las etapas con sujeción al citado derecho
fundamental.
1.3.2. De la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP.
El subdirector de defensa judicial solicitó que se declare improcedente la acción de
tutela, con fundamento en los siguientes argumentos:
i) La decisión adoptada por el despacho accionado no incurrió en los defectos
material o sustantivo ni fáctico, comoquiera que se ajustó al ordenamiento legal y
jurisprudencial que regula el tema de la pensión gracia, así como al acervo probatorio
aportado al proceso, donde se discutió dicho reconocimiento prestacional.
ii) La parte actora no puede pretender utilizar la acción de tutela como una
tercera instancia para revisar las decisiones adoptadas por el juez competente,
máxime si se tiene en cuenta que se agotó el procedimiento establecido en la ley
para el efecto.
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iii) En este caso, la parte accionante pasa por alto que sobre lo reclamado existe
cosa juzgada, pues en la sentencia se resolvió y discutió el reconocimiento pensional
gracia con base en las pruebas allegadas.
iv) No existe violación al debido proceso, en razón a que las autoridades
judiciales accionadas, le garantizaron a la tutelante sus derechos de contradicción y
defensa.
1.3.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
pese a haber sido notificado en debida forma, dejó transcurrir el término de traslado
en silencio.
1.4. La sentencia impugnada
La Sección Primera del Consejo de Estado declaró improcedente el amparo
solicitado y para el efecto, expuso los siguientes argumentos:
i) La acción de tutela contiene serias deficiencias argumentativas que
imposibilitan el estudio de fondo, pues lo que se observa es la simple discrepancia de
la parte accionante con las decisiones adoptadas en el proceso 11001-33-35-010-
2014-00535-02 que cursó en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A, sin que formule un cargo concreto, a partir del cual se
pueda verificar la supuesta vulneración o causal de procedibilidad en la que funda la
solicitud de amparo.
ii) Esta falencia argumentativa no puede ser suplida por el juez de tutela, pues
pese a la flexibilización de formalidades para garantizar los derechos fundamentales,
cuando se trata de reprochar providencias judiciales, es exigible un mínimo de
argumentación que facilite el examen de fondo sobre actuaciones que han hecho
tránsito a cosa juzgada.
iii) Si bien es cierto la actora atribuye la vulneración de sus derechos
fundamentales a la UGPP, debe resaltarse que los actos administrativos fueron
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objeto de pronunciamiento por parte de las autoridades judiciales accionadas, motivo
por el cual el juez constitucional no puede revivir esa actuación.
iv) Así las cosas, la acción de tutela carece de relevancia constitucional,
comoquiera que no cumple con los elementos que la Sala Plena del Consejo de
Estado en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 proferida dentro del
expediente 2012-02201-01 estableció, en lo que respecta a la carga argumentativa,
necesaria para evitar que el mecanismo de amparo se convierta en una tercera
instancia.
1.5. La impugnación
La accionante en el escrito de impugnación indica los siguientes aspectos:
i) Lo afirmado por el juez constitucional de primera instancia sobre la falta de
argumentación es inexacto, pues de manera reiterada se solicitó que se tutele el
derecho a la igualdad, teniendo en cuenta el trato diferenciado que le fue dado
respecto de sus compañeros de estudio y de trabajo, a quienes sí les fue reconocido
el derecho por ella reclamado.
ii) Los magistrados al analizar el caso omitieron tener en cuenta que cumplió con
los requisitos para acceder a la reliquidación de la pensión gracia al momento del
retiro del servicio, sin que el derecho haya dejado de existir, en atención a que:
a) El fallo no se ajusta a los hechos que motivaron la tutela, ni al derecho
impetrado, por error de hecho y de derecho al examinar la petición.
b) Incumple el mandato legal de garantizar el pleno goce del derecho en
condiciones de igualdad respecto de sus compañeros de trabajo que iniciaron la
labor en el año 1969 en condición de docentes.
c) Inaplicó el principio de favorabilidad, frente a posibles dudas de interpretación
jurídica «disponible para la época de mi vida laboral» y, por ende, el objeto de la
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tutela y de la impugnación busca que se reconozca la discriminación a la que ha sido
sometida.
iii) Se acude a la acción de tutela para que sea restituido el derecho a la
reliquidación de la pensión gracia con un porcentaje del 75% del salario devengado
en el último año de trabajo, es decir el 2013.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
De acuerdo con el numeral 5.º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015,
modificado por el artículo 1.° del Decreto 333 de 2021, según el cual «[l]as acciones
de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su
conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad
jurisdiccional accionada», esta Sala es competente para conocer de la impugnación
del fallo de primera instancia proferido el 19 de noviembre de 2021, por la Sección
Primera de esta Corporación, que declaró improcedente el amparo solicitado.
2.2. Problema jurídico
Consiste en dilucidar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con los
requisitos de procedibilidad para controvertir la providencia del 29 de julio de 2021,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicación 11001-33-35-010-2014-00535-02. En caso afirmativo, se analizará, en
segundo lugar, si con la adopción de la referida providencia se vulneraron los
derechos fundamentales de igualdad y petición.
2.3. Cuestión previa
Si bien el presente asunto se dirige también contra la decisión proferida en primera
instancia por el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Bogotá, dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por la
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accionante contra la UGPP, que se tramitó bajo el radicado 11001-33-35-010-2014-
00535-00, resulta innecesario el análisis frente a aquel, toda vez que la eventual
prosperidad de la acción de tutela implica por parte del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, dejar sin efectos la decisión del a
quo.
2.4. De la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política como un
medio a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la
protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad
pública».
El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y estableció en sus artículos 11, 12
y 40 la posibilidad de utilizar la acción de tutela para controvertir sentencias judiciales
ejecutoriadas. Estos artículos, posteriormente fueron declarados inexequibles por la
Corte Constitucional, en sentencia C-543 de 1992, al considerarse que atentaban
contra los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, además de trasgredir la
autonomía e independencia judicial, así como las normas de competencia fijadas por
la Constitución.
Sin embargo, dentro de la ratio decidendi de dicha sentencia, se abrió la posibilidad
de manera excepcional y como mecanismo transitorio de protección, de utilizar la
acción de tutela en casos en que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas,
actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la
decisión pueda causar un perjuicio irremediable», hipótesis frente a las que, señaló la
Corte, no puede hablarse de atentado contra la seguridad jurídica de los asociados.
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En este entendido, la jurisprudencia constitucional1 ha evolucionado en torno a la
consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial, desarrollando diferentes reglas para su estudio, consolidadas en
la sentencia C-590 de 20052, en la que se hace distinción entre causales genéricas,
aquellas que hacen referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la
acción, y causales específicas de procedibilidad, que persiguen verificar su
procedencia una vez cotejada la validez de su interposición.
De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedibilidad las
siguientes: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio irremediable; (iii) que se cumpla el
requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
que cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale de manera clara que
esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora; (v) que la parte actora
identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como
los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela.
Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser
precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza
«excepcional».
En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad, aquellas
que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes: (i)
defecto orgánico, (ii) defecto procedimental absoluto, (iii) defecto fáctico, (iv) defecto
material o sustantivo, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii)
desconocimiento del precedente, (viii) violación directa de la Constitución. La Corte
hizo hincapié en el hecho de que para que proceda el amparo, debe estar
plenamente demostrada al menos una de las anteriores causales, vicios o defectos.
1
T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492 de 1995, T-
567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003, T-462 de 2003, T-589
de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
2 Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.
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El Consejo de Estado en sentencia del 31 de julio de 20123, unificó su
jurisprudencia en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales, admitiendo que debe acometerse el estudio de fondo, cuando
se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos
fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el
debido proceso y el derecho de defensa, observando para ello los parámetros
fijados por la ley y la jurisprudencia.
Asimismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia de 5 de
agosto de 20144 se acogió un plazo seis meses, contados a partir de la notificación
o ejecutoria de la sentencia, según el caso, como tiempo razonable para determinar
si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente, término
de inmediatez que debe considerarse en cada caso concreto, de acuerdo con los
parámetros señalados para el efecto por la Corte Constitucional.
2.5. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad
de la acción de tutela contra la sentencia expedida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, del 29 de
julio de 2021 en el medio de control nulidad y restablecimiento del derecho.
2.5.1. Se agotaron los medios de defensa judicial, comoquiera que contra la
providencia objeto de la acción de tutela no proceden otros medios ordinarios de
defensa ni las causales especiales para la instauración del recurso extraordinario de
revisión.
2.5.2. Los hechos y los argumentos en que se fundamenta la acción de tutela
guardan coherencia lógica y temporal.
2.5.3. La presente demanda no se dirige a controvertir una sentencia de tutela,
en tanto que la providencia censurada fue proferida en segunda instancia en un
proceso en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
3 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García
González. Expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ).
4
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Jorge Octavio Ramírez.
Expediente radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
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2.5.4. El asunto tiene relevancia constitucional. En ese sentido y a diferencia de lo
señalado por la primera instancia, la invocada protección de los derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad y petición permite considerar que se
cumple con este presupuesto.
2.5.5. Se presentó con inmediatez porque la sentencia cuestionada es del 29 de
julio de 2021, y la acción de tutela se instauró el 22 de noviembre de ese año, a
través de correo electrónico, con lo cual se satisfacen los parámetros fijados por la
Sala Plena del Consejo de Estado, sobre el término para su ejercicio, que no debe
sobrepasar los seis meses.
2.6. Hechos probados
2.6.1. El Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Bogotá conoció el medio de
control nulidad y restablecimiento del derecho radicado 11001.33.35.010-2014-
00535-00, instaurado por la señora Hilda Úrsula Palencia Morales, con la finalidad de
que se declarara la nulidad de las Resoluciones RDP 008109 del 10 de marzo de
2014, RDP 012486 y RDP 012653 del 16 y 21 de abril de igual año, respectivamente,
a través de las cuales la UGPP le negó la reliquidación de la pensión gracia por retiro
definitivo del servicio.
2.6.2. La demanda se fundamentó en que lo reclamado por la demandante es un
derecho adquirido que se encuentra respaldado por los artículos 58 y 336 de la
Constitución Política, 2 de la Ley 4 de 1992 y 1 del Decreto 1440 de 1992; por tanto,
la pensión de jubilación gracia debe reliquidarse teniendo en cuenta todos los
factores que devengó durante el último año de servicio.
2.6.3. El 11 de septiembre de 2017, durante la continuación de la audiencia inicial, el
Juzgado Décimo Administrativo de Bogotá profirió sentencia mediante la cual negó
las pretensiones de la demanda al considerar que los actos administrativos
demandados fueron expedidos conforme lo disponen las leyes pertinentes y la
jurisprudencia, toda vez que no procede reliquidar la pensión gracia con los factores
salariales devengados en el último año de prestación de servicios.
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2.6.4. Inconforme con la anterior decisión, la parte actora interpuso el recurso de
apelación y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, en decisión del 29 de julio de 2021 confirmó la sentencia de primera
instancia.
2.7. Causales especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales
Además del cumplimiento de los requisitos general de procedibilidad de la acción de
tutela, el accionante debe demostrar que la vulneración que imputa a la
providencia judicial se adecúa, al menos, a una de las causales específicas de
procedibilidad del amparo5 contra providencias judiciales, es decir, que la
actuación judicial se encuentre inmersa en alguno de los siguientes vicios o defectos:
a) el defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; b) el
defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido; c) el defecto fáctico, que
surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión; d) el defecto material o
sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión; e) el error inducido, que ocurre cuando el juez o tribunal
fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de
una decisión que afecta derechos fundamentales; f) la decisión sin motivación, que
implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los
fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) el
desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando
la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado; y, h) la violación
5
Mediante sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional reunió las causales genéricas y
específicas de procedibilidad del amparo contra providencias judiciales, estableciendo un total de ocho
causales.
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directa de la Constitución, que se predica cuando, de manera ostensible y
flagrante, la decisión del órgano judicial contradice los postulados recogidos en la
carta política.
Como se observa, a pesar de que en cada caso se confirme la procedencia general
de la acción de tutela, es necesario verificar la presencia de alguno de los defectos y
vicios mencionados, pues lo que subyace en la acción es la censura de una decisión
judicial, cuya modificación implicaría alterar el principio constitucional de la seguridad
jurídica.
En el presente asunto, pese a que la parte accionante se abstiene de formular alguna
de las causales de procedibilidad antes referidas, como lo advirtió la Sección Primera
de esta Corporación, la Sala considera, en aras de garantizar la prevalencia del
derecho sustancial sobre las formalidades, que los argumentos de la parte actora se
adecuan, por un lado, al defecto sustantivo o material en tanto que se cuestiona la
aplicación de las normas señaladas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A y por el otro, a la violación directa de la Constitución
por desconocimiento de los derechos a la igualdad y de petición.
Conforme a lo expuesto y con la finalidad de determinar la procedibilidad del amparo
y la consiguiente tutela o no de los derechos fundamentales citados, la Sala hará un
examen del marco normativo y jurisprudencial de dichas causales.
2.8. Marco normativo y jurisprudencial de las causales de procedibilidad
defecto material o sustantivo y violación directa de la Constitución.
2.8.1. Defecto material o sustantivo
Ha señalado la jurisprudencia, que se incurre en defecto sustantivo cuando la
autoridad jurisdiccional (i) aplica una disposición en el caso que perdió vigencia por
cualquiera de la razones previstas por la normativa, por ejemplo, su inexequibilidad;
(ii) aplica un precepto manifiestamente inaplicable al caso, por ejemplo porque el
supuesto de hecho del que se ocupa no tiene conexidad material con los
presupuestos del caso; (iii) a pesar del amplio margen hermenéutico que la
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Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, realiza una interpretación
contraevidente —interpretación contra legem— o claramente irrazonable o
desproporcionada.
En decisión de la Corte Constitucional —sentencia SU 495 de 20206— se examina el
defecto sustantivo bajo el siguiente razonamiento:
75. Defecto sustantivo. La sentencia SU-399 de 2012 delimitó el campo de aplicación
del defecto sustantivo, al concluir que el mismo se puede presentar en los eventos en
los cuales: (i) la decisión judicial se basa en una norma inaplicable porque “a) no es
pertinente, b) ha sido derogada y por tanto perdió vigencia, c) es inexistente, d) ha sido
declarada contraria a la Constitución, e) a pesar de que la norma cuestionada está
vigente y es constitucional, no se adecua a la situación fáctica a la cual se aplicó,
porque la norma utilizada, por ejemplo, se le dan efectos distintos a los señalados
expresamente por el legislador”; (ii) cuando a pesar de la autonomía judicial, la
interpretación o aplicación de la norma al caso concreto, no se encuentra, en términos
generales, dentro del margen de interpretación razonable o “la aplicación final de la
regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente o claramente
perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes” o cuando se aplica una
norma jurídica de forma manifiestamente errada, por fuera de los parámetros de la
juridicidad y de la interpretación jurídica aceptable la decisión judicial.7
76. Asimismo, según la providencia referida, dicho defecto se configura (iii) en
aquellos supuestos en los que no se toma en consideración la parte resolutiva de una
sentencia de constitucionalidad; (iv) cuando la disposición aplicada es contraria a la
Constitución; (v) se utiliza un poder concedido al juez por el ordenamiento jurídico
“para un fin no previsto en la disposición”; (vi) cuando la decisión se funda en una
hermenéutica no sistémica de la norma, con omisión del análisis de otras disposiciones
que regulan el caso; (vii) cuando se desconoce la norma constitucional o legal aplicable
al caso concreto; o (viii) cuando el juez no aplica la excepción de inconstitucionalidad
frente a una manifiesta violación de la Constitución, entre otros.8
77. No obstante, en dicha providencia se aclara que la autonomía judicial
“(…) no autoriza al funcionario judicial para que se aparte de la Constitución y de la ley,
pues la justicia se administra siguiendo los contenidos y postulados constitucionales de
forzosa aplicación, tales como, la dignidad humana, la eficacia de los principios,
derechos y deberes, la favorabilidad, y, la prevalencia del derecho sustancial sobre las
formas (arts. 1º, 2º, 6º, 228 y 230 C.P.)”. Así, no cualquier divergencia con la
6 Sentencia del 27 de noviembre de 2020, Referencia: Expediente T.7.783.646, acción de tutela
interpuesta por Dorian Jaime Mejía Galeano contra la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas y la
Sección de Apelación del Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz, magistrado
ponente: Alejandro Linares Cantillo.
7
Corte Constitucional SU 399 de 2012
8
En la sentencia SU-399 de 2012 se contemplan, además, como supuestos del defecto sustantivo
aquellos eventos en los que (i) la decisión no está justificada en forma suficiente de tal manera que se
afectan derechos fundamentales y (ii) cuando sin un mínimo de argumentación se desconoce el
precedente judicial. No obstante, ellos no son incluidos en el presente análisis por considerar que tales
categorías pueden obedecer, en la actualidad, a otros defectos específicos de procedencia de tutelas
contra providenciales judiciales.
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interpretación del funcionario judicial autoriza al juez constitucional para declarar este
defecto, sino que ella debe ser, de forma flagrante, contraria a derecho.9
“(…) para que la interpretación o aplicación de la norma al caso concreto
constituya defecto sustantivo, se requiere que el funcionario judicial en
su labor hermenéutica, desconozca o se aparte abierta y
arbitrariamente de los lineamientos constitucionales y legales, de
forma tal que vulnere o amenace derechos fundamentales de las
partes. Es decir, el juez en forma arbitraria y caprichosa, con base
únicamente en su voluntad, actúa franca y absolutamente en
desconexión con la voluntad del ordenamiento jurídico.
En todo caso, la interpretación resultante de la norma y su aplicación al
asunto sometido a consideración del juez, no puede ser plausible,
constitucionalmente admisible o razonable para que proceda efectivamente
su enjuiciamiento mediante acción de tutela, pues ello equivaldría a aceptar
que podrían dejarse sin efectos providencias judiciales contentivas de
interpretaciones acertadas de las normas jurídicas, porque el criterio del
juez de tutela no coincide con el del juez natural del caso, lo que no puede
permitirse sencillamente porque el juez constitucional asumiría funciones
que no le corresponden, con el consecuente vaciamiento de las
competencias atribuidas por el ordenamiento jurídico a los distintos jueces
de la República y por demás, con total anulación de los principios de
autonomía e independencia judicial”10 (Negrillas fuera de texto original).
2.8.2. Violación directa de la Constitución
En la sentencia SU 495 de 2020,11 la Corte Constitucional señaló los parámetros
para la configuración de la mentada causal en los siguientes términos:
78. Violación directa de la Constitución. El defecto específico de violación de la
Constitución se entendía subsumido como una de las variantes del defecto sustantivo.
Sin embargo, la sentencia T-084 de 2010 empezó a dotarlo de autonomía al considerar
que la inaplicación de la “norma de normas” merece un lugar particular en la acción de
tutela contra providencias judiciales. En tal sentido, destacó lo dispuesto en el artículo
4° de la Carta y el poder normativo directo de ella:
“7.2.8. Violación directa de la Constitución, causal de procedencia de la acción de
tutela que se estructura cuando el juez ordinario adopta una decisión que
desconoce, de forma específica, postulados de la Carta Política. A este respecto,
9
En tal dirección se indicó que “(…) en materia de interpretación judicial los criterios para determinar
la existencia de una irregularidad son restrictivos, pues se supeditan a la actuación abusiva del juez y
flagrantemente contraria a derecho. De allí que la simple discrepancia o la no coincidencia respecto de
la hermenéutica del operador jurídico por parte de los sujetos procesales, los particulares y las
distintas autoridades judiciales, no invalida la actuación judicial, debido a que se trata de una vía
jurídica distinta para resolver el caso concreto, pero en todo caso compatible con las garantías y
derechos fundamentales y particularmente deja a salvo la autonomía funcional del juez como
fundamento de la aplicación razonable de las normas jurídicas”. Corte Constitucional, sentencia SU-
399 de 2012
10 ibidem
11 Ibidem pie de página 6.
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debe insistirse en que el actual modelo de ordenamiento constitucional reconoce
valor normativo a los preceptos superiores, de modo tal que contienen mandatos y
previsiones de aplicación directa por las distintas autoridades y, en determinados
eventos, por los particulares. Por ende, resulta plenamente factible que una
decisión judicial pueda cuestionarse a través de la acción de tutela cuando
desconoce o aplica indebida e irrazonablemente tales postulados”.
79. Con sustento en lo expuesto la jurisprudencia ha afirmado que, aunque se
produce la misma distorsión, el desconocimiento de la Constitución puede darse, al
menos, por dos vías. De un lado, cuando las reglas o principios que deben ser
extraídos de su texto son, por completo, desobedecidos o no son tomados en
cuenta en el razonamiento jurídico explicita, ni implícitamente. De otra parte, cuando
las reglas y los principios son tomados en consideración, al menos implícitamente, pero
se les da un alcance insuficiente, como así quedó planteado en la sentencia T-084 de
2010.
80. Sin embargo, ellos no son los únicos supuestos en los cuales las decisiones
jurisdiccionales terminan por violar la Constitución, pues también se ha reconocido que
el hecho de no acudir a la excepción de inconstitucionalidad también puede dar lugar a
ello. En efecto, “(…) siempre que un juez se encuentra ante una norma que contraría lo
estipulado por la Constitución, éste tiene el deber de inaplicar dicha norma bajo la
excepción de inconstitucionalidad realizando un trabajo argumentativo en el cual
determine claramente que el contenido normativo de la regla resulta contrario a la
Constitución Política”.
81. En consecuencia, el hecho de que una providencia incurra en violación
directa de la Constitución es un defecto autónomo y específico, que determina la
procedencia de la acción de tutela. Puede darse, entre otros, cuando (i) se ignora por
completo principios o reglas constitucionales; (ii) se le da un alcance insuficiente a
determinada disposición de la Constitución; o (iii) se omite aplicar la excepción de
inconstitucionalidad, en aquellos eventos en los cuales ello sea procedente.
3. Análisis de la Sala. Caso concreto
3.1. Defecto sustantivo o material
El fundamento de esta causal estriba, según la accionante, en que el fallo
cuestionado, desconoce el derecho que le asiste para que la pensión gracia que le
fue reconocida, sea reliquidada con la inclusión de los factores salariales
devengados en el último año de prestación del servicio docente.
Al analizar la sentencia cuestionada, en aras de establecer si se configura el defecto
sustantivo o material, se observa que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A, se ocupó de establecer si de acuerdo con lo
acreditado en el trámite procesal, resultaba viable reliquidarle la pensión gracia a la
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señora Hilda Úrsula Palencia Morales con la inclusión de todos los factores salariales
devengados en el año inmediatamente anterior al retiro del servicio docente.
Para el efecto, expuso el siguiente marco normativo:
i) El fundamento de la pensión gracia es compensar los bajos niveles salariales
que recibían los profesores territoriales de primaria en comparación con los
vinculados a la Nación.
ii) A través de la Ley 114 de 1913, se estableció como requisitos para acceder a
la prestación: 20 años de servicio, contar con 50 años de edad y no estar percibiendo
pensión u otro emolumento de carácter nacional. Posteriormente, con las Leyes 116
de 1928 y 37 de 1933 se amplió el beneficio a los maestros de secundaria, normales
e inspectores.
iii) Las Leyes 43 de 1975 y 91 de 1989, permiten concluir que el legislador
culminó el reconocimiento de la pensión gracia y consagró un régimen de transición
para los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980.
iv) Respecto a la liquidación de esta prestación, las normas que regulan su
cuantía son la Ley 4 de 1966 y el Decreto 1743 de 1966, sin que sea aplicable la Ley
33 de 1985; por tanto, dicha pensión debe liquidarse con base en los factores
salariales devengados por el trabajador estatal en el último año de servicio anterior a
cuando se consolidó el derecho.
v) Como para el reconocimiento y pago de la pensión gracia no se exige el retiro
definitivo de la actividad docente, resulta inviable toda pretensión tendiente a obtener
la reliquidación para la fecha del retiro del servicio docente.
vi) En sustento de lo anterior, se cita la sentencia del Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, del 16 de agosto de 2018, proferida dentro del proceso
radicado 54001233300020130004701.12
12 En la referida sentencia se expuso que las pensiones de régimen especial, como la de gracia, no
pueden ser liquidadas al tenor de lo establecido en la Ley 33 de 1985 porque dicha norma solamente
regula las pensiones ordinarias, así como tampoco puede aplicarse lo dispuesto en la Ley 62 de 1985
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Bajo este panorama y atendiendo los lineamientos antes descritos sobre el defecto
sustantivo, la Sala observa que las normas con fundamento en las cuales el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, negó las
pretensiones de la demanda, son las que en reiteradas oportunidades han sido
invocadas por la jurisprudencia del Consejo de Estado para determinar el
reconocimiento, pago y liquidación de la mentada pensión, las cuales han permitido
concluir, que la reliquidación de la prestación una vez se produzca el retiro resulta
improcedente.
Lo anterior se sustenta en que como el docente puede continuar desempeñando su
labor, es el momento en el que se adquiere el estatus el que se toma en cuenta para
efectos de determinar el monto pensional, el cual se reajusta anualmente mediante
decretos gubernamentales.13
En efecto, el análisis de la normatividad invocada en la sentencia cuestionada
también permitía deducir, como lo hizo el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A, que la compatibilidad entre la pensión gracia y el
salario imposibilita su reliquidación con los factores devengados para la fecha del
retiro y, en ese orden, su monto, como se ha indicado es el liquidado para el
momento en que se consolida el estatus.14.
Así las cosas, la Sala encuentra que la decisión judicial objeto de censura no adolece
del defecto sustantivo alegado, en la medida en que el juicio interpretativo que realizó
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, para
confirmar el fallo denegatorio emitido por el a quo, responde a su autonomía judicial
que mantuvo esta excepción. Por ese motivo, es improcedente la pretensión tendiente a obtener la
reliquidación de la mencionada prestación para la fecha del retiro.
13 Ver sentencia del Consejo de Estado Sección Segunda, Subsección A: consejero ponente: William
Hernández Gómez del 14 de abril de 2016, radicación 66001-23-33-000-2012-00160-02 (0633-14).
14 Ver sentencias del Consejo de Estado Sección Segunda, Subsección B: consejero ponente: César
Palomino Cortés del 26 de agosto de 2021, radicación 52001-33-33-000-2015-00291-02 (5746-19);
consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter del 20 de noviembre de 2020, radicación 73001-23-33-
000-2017-00342-01 (2348-19); consejero ponente: César Palomino Cortés del 19 de octubre de 2017,
radicación 25000-23-42-000-2014-00890-01(4284-15) y de la Subsección A: sentencia del consejero
ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas del 12 de noviembre de 2020, radicación 41001-23-33-000-
2013-90282-01(4102-18) y del 29 de octubre de 2020, radicación: 05001-23-33-000-2013-01630-
01(5062-16).
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y, por ende, no resulta irrazonable, desproporcionado, arbitrario o caprichoso. En ese
orden de ideas, lo que se evidencia es que la parte actora pretende convertir la
acción de tutela en una tercera instancia, instrumento para el cual no está instituida
por cuanto se desnaturalizaría la independencia del juez ordinario.
3.2. Violación directa de la Constitución por desconocimiento del derecho de
igualdad y de petición
Sobre el particular, cabe anotar que la accionante argumenta ser objeto de
discriminación, teniendo en cuenta que a compañeros de estudio y de trabajo que
prestaron servicios docentes en condiciones similares a la suya les fue reliquidada la
pensión gracia cuando se retiraron de manera definitiva del servicio.
No obstante, la Sala advierte que la actora se abstiene de aportar elementos de juicio
que permitan realizar un análisis comparativo, a efectos de determinar el trato
inequitativo. Además, lo que se aprecia, es que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, se sujetó a la normatividad que rige
la materia a través de la pauta trazada por el Consejo de Estado aplicable a los
docentes que pretendan el reconocimiento deprecado por la actora.
Por último, la accionante no acreditó que formuló el derecho de petición y, en ese
orden de ideas, no se avizora la transgresión del citado derecho fundamental.
4. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado en casos análogos fáctica y
jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, se
concluye que la sentencia del 19 de noviembre de 2021 proferida por el Consejo de
Estado, Sección Primera, debe ser revocada, para en su lugar denegar el amparo
solicitado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
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de la República y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero: Revocar la sentencia del 19 de noviembre de 2021 proferida por el
Consejo de Estado, Sección Primera que declaró improcedente la acción de tutela
instaurada por la señora Hilda Úrsula Palencia Morales. En su lugar, negar el amparo
solicitado de acuerdo con lo expuesto en este proveído.
Segundo: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
M.E.C.G
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