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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-07346-00

Fecha
27 de enero de 2022
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-07346-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: Primero.- RECONÓCESE personería a la abogada Ivonn Alexandra García Beltrán, como apoderada de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Armenia. Segundo.- NIÉGANSE las pretensiones de la acción de tutela en relación con el derecho fundamental al descanso del señor Humberto Ardila Téllez y de la señora Maribel Marín Rendón. 17 Sentencia de 9 de diciembre de 2021, exp. Nº. 11001-03-15-000-2021-06822-00, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez. 18 Ver, entre otras: sentencia de 26 de febrero de 2020, exp. Nº 11001-03-15-000-2020-00143-00, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez; sentencia de 12 de diciembre de 2018, exp. Nº 08001-23-33- 000-2018-00756-01, C.P. Milton Chaves García. 14 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001-03-15-000-2021-07346-00 Demandante: Nohora Linda Angulo García y otros Tercero.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela en cuanto a los derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo en condiciones dignas y a la salud de los demás accionantes. Cuarto.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2021-07346-00

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

27 de enero de 2022

Radicación: 11001-03-15-000-2021-07346-00
Demandante: Nohora Linda Angulo García y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., veintisiete (27) de enero de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-07346-00
Demandante: NOHORA LINDA ANGULO GARCÍA, HUMBERTO ARDILA
TÉLLEZ, MARIBEL MARÍN RENDÓN Y LUIS ERNESTO
BOTERO CÁRDENAS
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, CONSEJO
SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL QUINDÍO Y
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
DE ARMENIA

Temas: Tutela contra autoridad administrativa. Negativa a expedir
certificado de disponibilidad presupuestal que permita nombrar
reemplazo de empleado judicial por el tiempo que disfrute de
las vacaciones

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
interpuesta, en nombre propio, por Nohora Linda Angulo García, Humberto Ardila
Téllez, Maribel Marín Rendón y Luis Ernesto Botero Cárdenas, contra el Consejo
Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, el
Consejo Seccional de la Judicatura del Quindío y la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Armenia, en la que piden el amparo constitucional de
los derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo en condiciones dignas, al
descanso y a la salud, vulnerados, supuestamente, como consecuencia de la falta
de asignación presupuestal para nombrar el reemplazo del señor Humberto Ardila
Téllez y la señora Maribel Marín Rendón en el Juzgado Primero de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Calarcá, durante el disfrute de sus vacaciones.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

Los accionantes manifestaron que actualmente laboran en el Juzgado Primero de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Calarcá, en los siguientes cargos:
Nohora Linda Angulo García, como Jueza de la República, Humberto Ardila Téllez,
como asistente jurídico, Maribel Marín Rendón como oficial mayor y Luis Ernesto
Botero Cárdenas, como asistente administrativo.

Sostuvieron que el 11 de octubre de 2021, el señor Humberto Ardila Téllez
presentó solicitud de vacaciones por haber laborado un (1) año, entre el 21 de
agosto de 2019 y el 20 de agosto de 2020, anexando (i) el certificado de
vacaciones expedido por la Jefe de Área de Talento Humano en donde se indica
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que tiene causados dos periodos de vacaciones y (ii) el certificado de
disponibilidad presupuestal expedido por la coordinadora de ejecución
presupuestal el 6 de octubre de 2021, según el cual existe disponibilidad
presupuestal para atender el pago de las vacaciones y la prima de vacaciones,
pero no para “atender la remuneración de reemplazo por estas vacaciones”.

Indicaron que aunque la titular del despacho judicial le concedió vacaciones
mediante Resolución No. 009 de 11 de octubre de 2021, disfrutables a partir del
16 de noviembre de 2021, aun no cuenta con la disponibilidad presupuestal para
nombrar un funcionario en su reemplazo, por lo que sus compañeros se ven
abocados a suplir sus funciones.

Por otro lado, sostuvieron que la señora Maribel Marín Rendón tiene causado un
periodo de vacaciones por el lapso comprendido entre el 1 de octubre de 2020 y el
30 de septiembre de 2021, y que solicitó a la Coordinadora de Ejecución
Presupuestal de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Armenia el certificado de disponibilidad presupuestal, quien le indicó que existe
disponibilidad presupuestal para el pago de sus vacaciones y la prima de
vacaciones pero no para nombrar a un funcionario de reemplazo.

Por último, refirieron que el volumen de trabajo que actualmente maneja el
Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad es alto, situación que se
agrava por la restricción de acceso a las sedes judiciales con ocasión a la
pandemia por el Covid-19 y por la falta de cargos de descongestión.

2. Fundamentos de la acción

Los accionantes interpusieron acción de tutela contra el Consejo Superior de la
Judicatura, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, el Consejo Seccional
de la Judicatura del Quindío y la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Armenia, al considerar que vulneraron sus derechos fundamentales a la igualdad,
a la salud, al trabajo en condiciones dignas y al descanso, dado que “no existe
disponibilidad presupuestal para la presente vigencia fiscal en esta seccional, para
atender la remuneración de los reemplazos por vacaciones, lo cual debió preverse
constituyendo una gran falencia de la parte administrativa de la Rama Judicial en
este Distrito, que no puede utilizarse injustificadamente para sacrificar a los
servidores de este tipo de despachos y particularmente del estrado judicial por el
cual se invoca amparo a los derechos fundamentales indicados”.

Al respecto, manifestaron que el derecho a las vacaciones para los empleados de
la Rama Judicial está contemplado en el artículo 146 de la Ley 270 de 1996 y que
debe garantizarse la disponibilidad presupuestal para nombrar el reemplazo de
quien este disfrutando de ellas, pues al no hacerlo se obliga a los demás
funcionarios del despacho a asumir las funciones del cargo vacante.

Lo anterior, en su sentir, pone en riesgo la salud física y mental de los funcionarios
y empleados del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Calarcá, dado que “puede afectar su tranquilidad, su salud física y mental en el
trabajo, a lo que se le debe incrementar la situación de conmoción que vivimos
actualmente en virtud del virus Covid-19, no siendo admisible desde ningún punto
de vista legal que el hecho de que no se prevea ni se incluya en el presupuesto el
rubro para asumir el reemplazo de quienes disfrutan de sus vacaciones dentro del
régimen individual, tengan que ser los funcionarios y servidores judiciales quienes
tengan que asumir las consecuencias para las falencias de una no debida
programación y elaboración del presupuesto para el año subsiguiente, omisiones
que son evidentemente vulneradoras de los derechos fundamentales de los
servidores judiciales”.
2

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Enseguida hicieron referencia a las sentencias proferidas por las Secciones
Cuarta1 y Quinta del Consejo de Estado el 12 de diciembre de 2018 y el 14 de
mayo de 20202, respectivamente, en las que se ordenó realizar las actuaciones
necesarias para poder emitir los certificados de disponibilidad presupuestal para
nombrar el reemplazo de los funcionarios judiciales que salen de vacaciones.

Advirtieron que con anterioridad presentaron una acción de tutela bajo el radicado
No. 63001-23-33-000-2021-00047-00, en la que se pretendía que se expidieran
certificados de disponibilidad presupuestal para el pago de los reemplazos por las
vacaciones causadas a los servidores Humberto Ardila Téllez y Luis Ernesto
Botero Cárdenas, para el primero por el periodo comprendido entre el 21 de
agosto de 2018 y el 20 de agosto de 2019 y para el segundo por el periodo
comprendido entre el 29 de diciembre de 2019 y el 28 de diciembre de 2020.

Aseguraron que mediante sentencia de 15 de abril de 2021, proferida por el
Tribunal Administrativo del Quindío se accedió parcialmente al amparo pretendido
por la parte accionante, ordenando la expedición de certificados de disponibilidad
presupuestal para las vacaciones causadas a los servidores Humberto Ardila
Téllez y Luis Ernesto Botero Cárdenas en los periodos indicados en precedencia.
Respecto a la señora Maribel Marín Rendón indicó que en ese momento no tenía
periodos vacacionales causados.

Manifestó que en cumplimiento de lo anterior, la autoridad demandada expidió el
certificado de disponibilidad para los reemplazos de dichas vacaciones las cuales
ya se concedieron y disfrutaron y se nombraron los respectivos reemplazos.

Sostuvieron que la sentencia fue revocada en segunda instancia por la Sección
Segunda del Consejo de Estado mediante providencia de 6 de mayo de 2021 y, en
su lugar, declaró la carencia actual de objeto por hecho superado, teniendo en
cuenta que ya se habían expedido los respectivos certificados de disponibilidad
presupuestal para garantizar el pago de los referidos reemplazos por vacaciones.

Por último, indicaron que en esta ocasión lo que se busca es que se otorgue
disponibilidad presupuestal para los reemplazos por vacaciones de periodos
vacacionales diferentes, por lo que no se trata de una acción de tutela temeraria.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formulan las siguientes:

“PRIMERA: Se tutelen los derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo en
condiciones dignas, al descanso y a la salud de NOHORA LINDA ANGULO GARCIA,
HUMBERTO ARDILA TELLEZ, MARIBEL MARIN RENDON y LUIS ERNESTO
BOTERO CARDENAS.

SEGUNDA: En consecuencia ordenar a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Armenia, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
Consejo Seccional de la Judicatura y Consejo Superior de la Judicatura, que de
acuerdo con sus competencias, adelanten todas las gestiones administrativas y
presupuestales que correspondan, para que se disponga asignación presupuestal para
nombrar reemplazo del doctor HUMBERTO ARDILA TELLEZ, durante el disfrute de sus
vacaciones, por el periodo comprendido entre el 21 de agosto de 2019 y el 20 de
agosto de 2020, y de la señora MARIBEL MARIN RENDON, por el lapso comprendido
entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, ya que la misma se
encuentra pendiente de solicitar su disfrute”.

1
Exp. No. 08001-23-33-000-2018- 00756-01, C.P. Milton Chaves García
2
Exp. No. 11001-03-15-000-2020-00143-01, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. 3

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4. Pruebas relevantes

Con el escrito de tutela los actores allegaron los siguientes documentos:

• Certificación No. DESAJARCER21-76 de 6 de octubre de 2021, suscrita por
la Coordinadora del Área de Ejecución Presupuestal de la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Armenia, Quindío, en la
que se indica que no existe disponibilidad presupuestal para nombrar un
reemplazo durante el periodo de vacaciones del 21 de agosto de 2019 y el
20 de agosto de 2020, del señor Humberto Ardila Téllez.
• Certificación No. DESAJARCER21-88 de 21 de octubre de 2021, suscrita
por la coordinadora del Área de Ejecución Presupuestal de la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Armenia, Quindío, en la
que señala que no existe disponibilidad presupuestal para nombrar un
reemplazo durante el periodo de vacaciones del 1 de octubre de 2020 al 30
de septiembre de 2021 de la señora Maribel Marín Rendón.

5. Trámite procesal

Por auto de 10 de noviembre de 2021, el despacho admitió la solicitud de tutela y
ordenó notificar al accionante, a las autoridades accionadas, así como a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, como terceros interesados en el
resultado del proceso.

La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones electrónicas Nº
116707 a 116711, todas de 16 de noviembre de 2021, con el fin de darle
cumplimiento a la referida decisión3.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Consejo Seccional de la Judicatura del Quindío

Por escrito de 17 de noviembre de 2021, el Presidente de la Corporación pidió que
se desvincule del trámite constitucional, al considerar que se configuró la falta de
legitimación en la causa por pasiva, dado que la inconformidad de los
demandantes está relacionada con la actuación de la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Armenia frente a la expedición de los certificados de
disponibilidad presupuestal para el reemplazo por las vacaciones de los
empleados vinculados al Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Calarcá.

Refirió que la función de actuar como ordenador del gasto para el cumplimiento de
las obligaciones le fue asignada a las Direcciones Seccionales de Administración
Judicial, de conformidad con lo previsto en el artículo 103 de la Ley 270 de 1996,
por lo que, en su sentir, no existe razón alguna para que continúe vinculado al
trámite constitucional.

6.2. Respuesta de la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Armenia

Mediante memorial de 17 de noviembre de 2021, la apoderada de la entidad
solicitó que se nieguen las pretensiones de la acción de tutela, al considerar que

3
La notificación se efectuó a las siguientes direcciones electrónicas:
j01ctoepmscalarca@cendoj.ramajudicial.gov.co; tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co;
procesosnacionales@defensajuridica.gov.co; desdirdesajarm@cendoj.ramajudicial.gov.co;
ssacsarm@cendoj.ramajudicial.gov.co; medeaj@cendoj.ramajudicial.gov.co;
mecsjquindio@cendoj.ramajudicial.gov.co. 4

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no vulneró los derechos fundamentales invocados por los accionantes, dado que
su actuación se encuentra acorde con los lineamientos establecidos en el Decreto
No. 1805 de 31 de diciembre de 2020, “Por el cual se liquida el presupuesto
general de la nación para la vigencia 2021, se detallan las apropiaciones, se
clasifican y definen los gastos”, y en la Resolución No. 4117 de la misma fecha, en
la que el Director Ejecutivo de Administración Judicial efectuó la apropiación inicial
del presupuesto de funcionamiento de la Rama Judicial en las cuentas de gastos
de personal y transferencias.

Sostuvo que ha acatado la Circular No. PSAC11-44 de 23 de noviembre de 2011,
emitida por el Consejo Superior de la Judicatura, mediante la cual se estableció el
reglamento para el nombramiento de reemplazos durante las vacaciones
individuales de los jueces y magistrados y de los empleados judiciales de
despachos judiciales que cuentan con tres (3) o menos servidores judiciales. Así
como el concepto emitido por la Unidad de Recursos Humanos de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial mediante Oficio No. DEAJRHO18-74,
expedido en virtud de una consulta frente al tema específico elevada por la
Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá.

Manifestó que de conformidad con la Circular y el Concepto antes mencionado es
claro que “la facultad de conceder las vacaciones causadas por servidores
judiciales es del resorte del respectivo nominador”. A lo que agregó que “la
reglamentación que hasta el momento ha sido expedida por el Consejo Superior
de la Judicatura ha previsto de manera expresa la expedición de CDPs
[Certificados de Disponibilidad Presupuestal] para remplazos de vacaciones
personal titular, SÓLO PARA FUNCIONARIOS [es decir, jueces y magistrados] y
excepcionalmente, en aras de no afectar la normal prestación del servicio, en el
caso de empleados para los Despachos Judiciales con plantas de personal que
cuenten con 3 o menos cargos”.

Al respecto, sostuvo que la planta de personal de los Juzgados de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad, como en el que laboran los accionantes cuenta
con 4 cargos, pues mediante el Acuerdo No. PSAA15-10402 de 2015 se creó el
cargo de sustanciador, lo que supera la cantidad mínima de cargos para que haya
lugar al nombramiento de reemplazos externos al despacho para el caso de los
empleados.

Adujo que en cuanto a la jueza Nohora Linda Angulo García se expidió la
Certificación No. DESAJARCER21-21 de 7 de abril de 2021, suscrita por la
Coordinadora de Ejecución Presupuestal de la Dirección Seccional de
Administración Judicial, en donde se hace constar que “en la presente vigencia, sí
existen recursos presupuestales para atender el pago de reemplazos por
vacaciones individuales de los jueces, previa solicitud enviada por el nominador
(Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia Quindío), recursos asignados
mediante Resolución No. 4106 del 31 de diciembre de 2020 de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial”.

Además, indicó que hasta la fecha el nominador de la funcionaria judicial Nohora
Linda Angulo García no ha elevado solicitud de expedición de certificado de
disponibilidad presupuestal para atender el pago del reemplazo de la misma, ni
tampoco se advierte que haya solicitado a su nominador el disfrute de su periodo
de vacaciones.

Afirmó que en cualquier caso no desconoce que el derecho al disfrute de las
vacaciones es un derecho fundamental irrenunciable del cual gozan los servidores
judiciales, de conformidad con lo establecido en el artículo 146 de la Ley
Estatutaria de Administración de Justicia.
5

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Aseveró que el hecho de que los empleados del despacho hagan uso del tiempo
de sus vacaciones no conlleva un perjuicio irremediable para sus compañeros al
redistribuir las funciones del cargo, ni tampoco afecta la eficacia de la
administración de justicia.

Al respecto, mencionó que la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de
Estado, en sentencia de 31 de agosto de 20204, en un caso de similares contornos
fácticos, resolvió que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Valle del
Cauca no vulneró el derecho al descanso de la accionante dado que las
vacaciones le fueron debidamente autorizadas por su nominador, por lo que la
emisión de la partida presupuestal para nombrar su reemplazo no tiene relación
con el derecho fundamental invocado. A lo que agregó que de conformidad con la
sentencia 28 de enero de 2021, de la Sección Segunda, Subsección “A” del
Consejo de Estado5, la acción de tutela no es procedente para ordenar a las
autoridades adelantar las acciones correspondientes para garantizar la provisión
de recursos, es decir, la expedición de un certificado de disponibilidad
presupuestal, con el fin de cubrir vacantes provisionales por vacaciones
individuales, ya que al juez de tutela no le está permitido inmiscuirse en las
decisiones administrativas ni quebrantar las competencias asignadas a la
Dirección Ejecutiva de Administración de Justicia y a las Seccionales.

Por último, expresó que los demandantes han interpuesto múltiples acciones de
tutela por los mismos hechos y bajo las mismas pretensiones, las cuales fueron
radicadas bajo los números 63001-23-33-000-2021-00047-01 y 11001-03-15-000-
2021-06248-00. En cuanto a las pretensiones, sostuvo que se centran en impulsar
la apropiación presupuestal para proveer reemplazos, por lo que aun cuando
aseguraron que se trata de otros periodos vacacionales, en realidad se configuró
una actuación temeraria.

6.3. Respuesta de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

En memorial de 18 de noviembre de 2021, el abogado de la División de Procesos
de la Unidad de Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial pidió, en primer lugar, que se declare la falta de legitimación en la causa
por pasiva, dado que de conformidad con los artículos 98 y 103, numerales 2 y 6
de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, la entidad no está llamada ni
obligada a la disposición de recursos que permitan la contratación del reemplazo
de los accionantes para la concesión del periodo de vacaciones que se ha
solicitado ante el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Calarcá, pues dicha función corresponde a la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Armenia, Quindío.

En segundo lugar, solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela
dado que se dirige contra un acto administrativo de carácter general y abstracto,
como es la Circular No. PSAC11-44 de 23 de noviembre de 2011, mediante la cual
se reglamenta lo relacionado con la asignación de recursos para el disfrute de las
vacaciones de los funcionarios judiciales que pertenezcan al régimen de
vacaciones individuales, excluyendo a los empleados judiciales.

Agregó que dicha situación también es reglamentada por la Circular No. 89 de
2005, del Consejo Superior de la Judicatura, que determina la imposibilidad de
disponer recursos de la Rama Judicial para la concesión de vacaciones de los
empleados judiciales, debiendo redistribuir de manera temporal las funciones entre
los demás empleados de los despachos judiciales durante el periodo de
vacaciones.
4
C.P. Martín Bermúdez Muñoz.
5
Exp. No. 11001-03-15-000-2020-04490-01, C.P. William Hernández Gómez. 6

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Sostuvo que, en cualquier caso, el nominador debe conceder las vacaciones del
empleado judicial que las solicite sin condicionarlas a la expedición del certificado
de disponibilidad presupuestal. Así mismo, resaltó que de conformidad con los
principios de planeación, presupuesto y garantía del servicio público esencial de
administración de justicia la titular del despacho judicial debió realizar las
gestiones previas, estableciendo un cronograma de trabajo que permitiera suplir la
vacancia de los accionantes o buscar apoyo en judicantes.

En cuanto a la improcedencia de la acción de tutela para solicitar que se ordene la
apropiación presupuestal para proveer reemplazos en razón a las vacaciones de
empleados judiciales, mencionó la sentencia de 25 de febrero de 2021, emitida por
la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado6, en la que se
menciona que los jueces de tutela no pueden inmiscuirse en asuntos
administrativos como es el caso de las asignaciones presupuestales.

Por último, refirió que tampoco se advierte la existencia de un perjuicio
irremediable que haga procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.

2. Cuestión previa

Como quiera que fue puesto de presente por los accionantes y por la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Armenia, la Sala constatará de manera
previa si la acción de tutela presentada por la demandante es temeraria.

Cabe resaltar que conforme con lo establecido en el artículo 38 del Decreto 2591
de 1991, “cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela
sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o
tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes
(…)”.

En armonía con aquel precepto, se prevé que quien acude a este mecanismo de
protección constitucional, efectúe el juramento de no haber presentado otra
petición idéntica. De esta manera, se busca salvaguardar el principio de seguridad
jurídica que resguarda las decisiones adoptadas por los jueces de la República,
así como mantener los efectos de la cosa juzgada que implica “que las partes no
puedan discutir de nuevo sus pretensiones cuando ellas fueron resueltas, toda vez
que dicho principio concede a las sentencias el carácter de inmutables, definitivas,
vinculantes y coercitivas7”.

La Corte Constitucional ha definido la temeridad que deriva de lo establecido en el
artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 como “el resultado de un ejercicio abusivo
del derecho, y de un comportamiento opuesto a la lealtad procesal, tendiente a
satisfacer intereses individuales sin fundamento legal o constitucional, y en

6
Exp. No. 11001-03-15-000-2021-02107-01, C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
7
Sentencia T-644 de 2014. M.P. (E) Martha Victoria Sáchica Méndez. 7

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desmedro de los derechos de los demás ciudadanos, en relación con el acceso
efectivo de la jurisdicción8”.

También ha señalado que hay temeridad “al emplear irrazonablemente el
mecanismo constitucional, en procura de una nueva decisión, a sabiendas de que
el asunto ya fue decidido previamente9”. En ese orden ha señalado los siguientes
elementos que corresponde verificar al juez de tutela para evidenciar la
configuración de la temeridad: (i) identidad de hechos; (ii) identidad de
demandante; (iii) identidad de sujeto accionado; y (iv) falta de justificación para
interponer la nueva acción.

En el asunto bajo examen, de conformidad con el Sistema de Gestión Judicial
SAMAI se observa que la titular del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Calarcá ha interpuesto dos (2) acciones de tutela cuyas
pretensiones guardan similitud con las formuladas en esta ocasión.

En primer lugar, se encontró la acción de tutela radicada bajo el No. 6300-12-333-
000-2021-00047-00, la cual versa sobre la falta de asignación presupuestal para el
nombramiento de los reemplazos durante el disfrute de las vacaciones de los
empleados judiciales Luis Ernesto Botero Cárdenas y Humberto Ardila Téllez
correspondientes a los periodos causados entre el 29 de diciembre de 2019 al 28
de diciembre de 2020 y el 21 de octubre de 2019 y el 20 de octubre de 2020,
respectivamente. Así como de la jueza Nohora Linda Angulo García por el periodo
comprendido entre el 21 de octubre de 2019 al 20 de octubre de 2020.

En segundo lugar, la acción de tutela No. 11001-03-15-000-2021-06248-00, frente
a la que se encontró que esta fue iniciada por la señora Nohora Linda Angulo
García, junto con empleados que laboran en el Centro de Servicios
Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas de Calarcá, con los
siguientes cargos: Juliana María Sabogal Beltrán, secretaria, Campo Elías Torres
Bernal, notificador, Laura Juliana Giraldo Celis, notificadora, Julián Antonio
Delgado Romero, escribiente, Idalí Brijalba Llanos Llanos, escribiente, Leonardo
Grisales Riveros, escribiente, Stefanía Arenas Sepulveda, escribiente, Jesús
Hernán López Gallego, asistente social y Beatriz Eugenia Murillo Aguirre, técnica
en sistemas grado 11, con el fin de obtener la certificación de asignación
presupuestal para nombrar el reemplazo durante sus vacaciones.

En este orden de ideas, se observa que aun cuando la titular del Juzgado Primero
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Calarcá ha interpuesto dos (2)
acciones de tutela en las que se formularon pretensiones similares a las de la
acción de tutela objeto de análisis, no se advierte que se haya incurrido en
conducta temeraria, pues no existe identidad entre quienes integran la parte
demandante ni tampoco se propusieron los mismos hechos, dado que allí se
discutieron periodos de vacaciones diferentes e incluso respecto de servidores
judiciales con calidades y regímenes distintos (funcionarios y empleados
judiciales).

3. Delimitación del debate y planteamiento del problema jurídico

3.1. Previo a exponer el problema jurídico, la Sala advierte que el debate
propuesto por los actores gira en torno a dos aspectos: Por un lado, a la
afectación del derecho al descanso del señor Humberto Ardila Téllez y la señora
Maribel Marín Rendón y, por el otro, la afectación de los derechos fundamentales
a la igualdad, a la salud, al trabajo en condiciones dignas de los servidores
judiciales que ante la negativa de la Dirección Seccional de Administración Judicial
8
Sentencia SU-377 de 2014 M.P. María Victoria Calle Correa.
9
Sentencia T-147 de 2016 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. 8

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de Armenia de expedir el certificado de disponibilidad presupuestal, para nombrar
el reemplazo durante el disfrute de las vacaciones, deben asumir las funciones del
cargo vacante aumentando de forma desmedida la carga laboral.

3.1. Así las cosas, corresponde a la Sala determinar si la negativa de las
autoridades accionadas de expedir el certificado de disponibilidad presupuestal
para proveer los reemplazos durante el periodo de vacaciones de los empleados
judiciales Humberto Ardila Téllez y Maribel Marín Rendón desconoce el derecho al
descanso. Así mismo, se debe establecer si la acción de tutela resulta procedente
para amparar los derechos fundamentales a la igualdad, a la salud, al trabajo en
condiciones dignas de los demás accionantes, al tener que asumir las funciones
de sus compañeros durante el disfrute de las vacaciones.

4. Generalidades de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición que
dicha solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable.”

Dada su naturaleza subsidiaria, esta acción sólo procede cuando no existen otros
medios de defensa judicial para amparar los derechos fundamentales invocados o,
en su defecto, siempre que ello sea necesario para evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio de
protección.

A su turno, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de
tutela es improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial, a menos
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, en
los siguientes términos:

“(..) La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el
solicitante”.

Tanto la Constitución Política como el Decreto 2591 de 1991, dan la posibilidad al
juez de tutela de valorar las circunstancias particulares de cada caso y determinar
si la acción de tutela es procedente o, si por el contrario, existen otros medios
jurídicos que permiten satisfacer los derechos fundamentales del interesado.

Siguiendo estos parámetros, la jurisprudencia constitucional ha extendido los
efectos del requisito de subsidiariedad, al considerar que el sólo hecho de que
existan otros medios de defensa judicial, no hace que automáticamente la acción
de tutela se torne improcedente, ya que bajo ciertas circunstancias el carácter
subsidiario y residual de la misma puede llegar a tener algunas excepciones. Así
lo precisó la Sala Plena de la Corte Constitucional en sentencia SU- 263 de
201510:
10
Véase al respecto: Corte Constitucional, sentencia T-656 de 2006, M.P. María Victoria Calle
Correa, sentencia T-435 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-768 de 2005 M.P. Jaime
Araújo Rentería, sentencia T-651 de 2004 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, y T-1012 de 2003
M.P. Eduardo Montealegre Lynett. 9

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“(i) Cuando los medios ordinarios de defensa judicial no son lo
suficientemente idóneos y eficaces para proteger los derechos presuntamente
conculcados;

(ii) Aun cuando tales medios de defensa judicial sean idóneos, de no
concederse la tutela como mecanismo transitorio de protección, se produciría
un perjuicio irremediable a los derechos fundamentales.

(iii) Cuando el accionante es un sujeto de especial protección constitucional
(personas de la tercera edad, personas discapacitadas, mujeres cabeza de
familia, población desplazada, niños y niñas, etc.), y por tanto su situación
requiere de particular consideración por parte del juez de tutela."11 (Negrilla
por fuera del texto).

De esta forma, el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela ha servido
para restringir su procedencia, como quiera que el sistema judicial permite a las
personas valerse de diversas acciones ordinarias y extraordinarias que pueden ser
eficaces para la defensa de sus derechos12, ya que, si bien la regla de la
subsidiariedad debe aplicarse de forma general para determinar la procedencia de
la acción de tutela, el juez constitucional puede llegar a intervenir en algunos
casos en los que se demuestre que no existe otro medio de defensa judicial o que
a pesar de existir no es idóneo ni eficaz, cuando se pretenda evitar un perjuicio
irremediable o cuando el accionante es un sujeto de especial protección
constitucional, lo anterior, teniendo en cuenta que la finalidad de la acción de
amparo es la protección de los derechos fundamentales.

En conclusión, para la procedencia de la acción de tutela cuando exista otro medio
de defensa judicial, el juez constitucional debe tener en cuenta la eficacia e
idoneidad del otro medio, o si se encuentra frente a un perjuicio irremediable,
circunstancias que son determinantes a fin de valorar la procedencia formal del
amparo constitucional.

5. El régimen de vacaciones de los servidores judiciales

El artículo 146 de la Ley 270 de 1996 regula las vacaciones de los servidores
judiciales de la siguiente forma:

“VACACIONES. Las vacaciones de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial
serán colectivas, salvo las de los de la Sala Administrativa de los Consejos Superiores
y Seccionales de la Judicatura, las del Tribunal Nacional, las de los Juzgados
Regionales mientras existan, de Menores, Promiscuos de Familia, Penales Municipales
y de Ejecución de Penas; y las de los de la Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina
Legal y Ciencias Forenses.

Las vacaciones individuales serán concedidas de acuerdo con las necesidades del
servicio por la Sala Administrativa del Consejo Superior y Seccionales de la Judicatura
por la Sala de Gobierno del respectivo Tribunal a los Jueces y por el respectivo
nominador en los demás casos, por un término de veintidós días continuos por cada
año de servicio”.

En lo relativo al disfrute de las vacaciones individuales para los servidores
mencionados en dicha norma, el Consejo Superior de la Judicatura, Sala
Administrativa, expidió la Circular Nº PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011, en
la que dispuso el procedimiento para el nombramiento de reemplazos en
provisionalidad de los funcionarios que soliciten el disfrute de vacaciones
individuales, con el fin de eliminar “condicionamientos para el nombramiento de
reemplazos en provisionalidad de los funcionarios judiciales, que se encuentran

11
Corte Constitucional, sentencia SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
12
Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-301 de 2009, M.P. Mauricio González Cuervo. 10

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sujetos al régimen de vacaciones individuales cuando pretendan hacer uso de
este derecho”.

En dicha circular, como único condicionamiento para acceder a la programación
de un periodo de vacaciones causado, simplemente se le impuso el deber al
funcionario de reportar antes del mes de marzo la programación de vacaciones
ante el Consejo Seccional de la Judicatura y Dirección Seccional del respectivo
distrito judicial.

6. Estudio y solución del caso concreto13

6.1. De la presunta vulneración al derecho al descanso el señor Humberto
Ardila Téllez y la señora Maribel Marín Rendón

6.1.1. En el presente caso, el señor Humberto Ardila Téllez y la señora Maribel
Marín Rendón indicaron que tienen pendientes por disfrutar los siguientes
periodos de vacaciones:

SERVIDOR JUDICIAL TIEMPO DE SERVICIO
Humberto Ardila Téllez 21 de agosto de 2019 al 21 de
agosto de 2020.
Maribel Marín Rendón 10 de octubre de 202 al 30 de
septiembre de 2021.

Ambos solicitaron a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Armenia, Quindío, que se expidiera el certificado de disponibilidad presupuestal
para disfrutar de las vacaciones y para atender la remuneración de reemplazo por
dichas vacaciones.

Las solicitudes fueron atendidas por la Coordinadora del Área de Ejecución
Presupuestal de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Armenia, mediante los oficios No. DESAJARCER21-76 de 6 de octubre de 2021 y
No. DESAJARCER21-88 de 21 de octubre de 2021, indicando que existe
disponibilidad presupuestal de la vigencia fiscal de 2021 para atender el pago de
vacaciones y prima de vacaciones, pero no para atender la remuneración de
reemplazo por dichas vacaciones.

6.1.2. Al respecto, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Armenia,
manifestó en el informe rendido dentro del trámite de tutela que no es posible
ordenar la apropiación presupuestal para el reemplazo durante las vacaciones
judiciales para empleados judiciales, pues dicha posibilidad únicamente está
habilitada para los funcionarios judiciales (jueces y magistrados) y para empleados
de despachos judiciales que cuenten con tres (3) o menos servidores judiciales,
caso que no es el del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Calarcá, pues cuenta con cuatro (4) servidores judiciales.

6.1.3. Ahora bien, según lo manifestado por los accionantes en el escrito de tutela
la Juez Primera de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Calarcá
concedió las vacaciones al señor Humberto Ardila Téllez, a través de la
Resolución No. 009 de 11 de octubre de 2021, disfrutables a partir del 16 de
noviembre de 2021. En el caso de la señora Maribel Marín Rendón no se indicó ni
se probó que se hubiera expedido acto administrativo alguno negando o
concediendo las vacaciones.

13
La Sala reiterará las consideraciones expuestas en la sentencia de 9 de diciembre de 2021, en
donde se abordó un caso de similares contornos fácticos (exp. Nº. 11001-03-15-000-2021-06822-
00, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez). 11

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6.1.4. En este contexto, la Sala encuentra que si bien la vulneración radicaría
según lo expuesto en el escrito de tutela en la negativa por parte de la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Armenia de otorgar la disponibilidad
presupuestal para el nombramiento de los reemplazos, en realidad no existe
prueba de que dicha negativa hubiese implicado la suspensión de las vacaciones
concedidas al señor Humberto Ardila Téllez o la negación de las mismas a la
señora Maribel Marín Rendón.

Lo anterior, desvirtúa la vulneración del derecho fundamental al descanso, pues
como se dijo, en el caso del señor Humberto Ardila Téllez las vacaciones le fueron
concedidas por la titular del despacho judicial y no existe prueba que las mismas
hayan sido suspendidas, y en el caso de la señora Maribel Marín Rendón tampoco
se comprobó que le hubiesen sido negadas, solo se limitó en el escrito de tutela a
indicar que están causadas, pero las mismas no han sido solicitadas.

6.1.5. Cabe resaltar que si bien esta Sala en anteriores pronunciamientos14 ha
ordenado a diferentes Direcciones Seccionales de Administración Judicial que
adelanten las gestiones administrativas necesarias para obtener el nombramiento
de reemplazos de empleados judiciales durante sus vacaciones, lo cierto es que
se ha tratado de casos en los que en atención a las necesidades del servicio y en
razón de la ausencia de expedición del certificado de disponibilidad para el
nombramiento de un reemplazo se han negado sus vacaciones, afectando su
derecho al descanso. Circunstancia que no se observa en este caso dado que a
ninguno de los empleados antes mencionados les ha sido negado o suspendido el
disfrute de dicha garantía iusfundamental.

6.1.6. En consecuencia, la Sala negará las pretensiones de la acción de tutela en
cuanto a dicho aspecto, pues no se comprobó la existencia de una situación que
impida la materialización del derecho al descanso del señor Humberto Ardila
Téllez y de la señora Maribel Marín Rendón.

6.2. De la procedibilidad de la acción de tutela para obtener el amparo de los
derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo en condiciones dignas y a
la salud

6.2.1. El artículo 86 de la Constitución y el artículo 6º, numeral 1º del Decreto 2591
de 1991 contemplan la subsidiariedad como requisito de procedibilidad de la
acción de tutela, condición sobre la que la Corte Constitucional ha precisado que,
pese a la existencia de otro medio de defensa judicial, si en el caso concreto se
evidencia que este no es idóneo, la acción de tutela es procedente como
mecanismo principal, supuesto de aplicación para el caso concreto.

Sobre el carácter residual y subsidiario de la acción de tutela, la Corte
Constitucional en sentencia T-417 de 201715, indicó:

“Ahora bien, en virtud de lo dispuesto en los artículos 86 Superior y 6º del
Decreto 2591 de 1991, aunque exista un mecanismo ordinario que permita la
protección de los derechos que se consideran vulnerados, existen algunas
excepciones al principio de subsidiariedad que harían procedente la acción de
tutela. La primera de ellas es que se compruebe que el mecanismo judicial
ordinario diseñado por el Legislador no es idóneo ni eficaz para proteger los
derechos fundamentales vulnerados o amenazados; y la segunda; que

14
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 21 de enero de 2021, exp. No. 11001-03-15-
000-2020-05050-00, C.P. Milton Chaves García, sentencia de 10 de junio de 2021, exp. No. 11001-
03-15-000-2020-05050-00, C.P. Milton Chaves García, sentencia de 28 de octubre de 2021, exp.
Nº 19001-23-33-000-2021-00192-01, CP. Julio Roberto Piza Rodríguez, sentencia de 15 de
octubre de 2021, exp. Nº 11001-03-15-000-2021-03365-01, CP. Julio Roberto Piza Rodríguez.
15
M.P. Cristina Pardo Schlesinger. 12

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“siendo apto para conseguir la protección, en razón a la inminencia de un
perjuicio irremediable, pierde su idoneidad para garantizar la eficacia de los
postulados constitucionales, caso en el cual la Carta prevé la procedencia
excepcional de la tutela”.

6.2.2. En el caso bajo examen, los accionantes manifestaron que sus derechos
fundamentales a la igualdad, al trabajo en condiciones dignas y a la salud se
encuentran vulnerados con la emisión de los oficios No. DESAJARCER21-76 de 6
de octubre de 2021 y No. DESAJARCER21-88 de 21 de octubre de 2021,
mediante los cuales la coordinadora del Área de Ejecución Presupuestal de la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Armenia, negó la
disponibilidad presupuestal para atender la remuneración de reemplazo por las
vacaciones a las que tienen derecho el señor Humberto Ardila Téllez y la señora
Maribel Marín Rendón, pues aducen que “puede afectar su tranquilidad, su salud
física y mental en el trabajo”, al aumentar la carga laboral de manera desmedida
por tener que asumir las funciones de quienes se encuentren disfrutando de las
vacaciones.

6.2.2. Al respecto, esta Sala en reciente sentencia de 9 de diciembre de 202116,
cuyo debate fue similar al que ahora se aborda, sostuvo que el medio de control
procedente era el de nulidad simple previsto en el artículo 137 de la Ley 1437 de
2011, mecanismo idóneo y eficaz en el que con la demanda procede pedir el
decreto de medidas cautelares, como la suspensión provisional, en concreto, la
suspensión provisional de la Circular No. PSAC11-44 de 23 de noviembre de
2011, proferida por el Consejo Superior de la Judicatura, en la que se estableció el
programa de vacaciones individuales del sistema penal acusatorio, y que fue el
fundamento de los oficios No. DESAJARCER21-76 de 6 de octubre de 2021 y No.
DESAJARCER21-88 de 21 de octubre de 2021, en los que se negó la
disponibilidad presupuestal para el nombramiento del remplazo de Humberto
Ardila Téllez y Maribel Marín Rendón.

Cabe resaltar que el capítulo XI de la Ley 1437 de 2011 dispone las medidas
cautelares como un mecanismo de defensa provisional, idóneo y eficaz si lo que
se pretende es evitar un perjuicio irremediable. Dichas medidas son procedentes
en los procesos declarativos, tanto en el nulidad y restablecimiento del derecho
como en el de simple nulidad, con el fin de proteger y garantizar, provisionalmente,
el objeto del proceso y la efectividad de la respectiva sentencia.

Según el artículo 230, las medidas cautelares, podrán ser: i) preventivas, cuando
se ordene la adopción de una decisión administrativa con el fin de evitar un
perjuicio irremediable o la agravación de los efectos; ii) conservativas, cuando el
juez ordena mantener la situación o que se restablezca al estado en que se
encontraba antes de la conducta vulneradora o amenazadora; iii) anticipativas,
cuando se ordene la adopción de una decisión administrativa; iv) suspensivas,
cuando se ordene suspender provisionalmente los efectos de un acto
administrativo.

6.2.3. En este sentido, es deber de la parte actora agotar dicho medio debido a la
naturaleza residual y subsidiaria de la acción de tutela. Máxime si se tiene en
cuenta que no se demostró la existencia de un verdadero perjuicio irremediable
que habilitara la procedencia excepcional de la acción de tutela como mecanismo
transitorio.

En efecto, aun cuando la Sala no desconoce la carga laboral de los despachos
judiciales del país ni la carga laboral adicional que los demás empleados del
Juzgado tendrían que asumir, como consecuencia de la falta de reemplazo

16
Exp. 2021-06822-00, M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez. 13

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durante las vacaciones, dicho argumento por si solo no es suficiente para advertir
un perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela como
mecanismo transitorio.

6.2.4. En otras palabras, no basta con mencionar la existencia de un perjuicio
irremediable, sino que se requiere exponer de manera clara en qué consiste la
amenaza o vulneración de derecho fundamentales. Los demandantes, sin
embargo, no explicaron razonadamente el perjuicio irremediable que se causaría
ni aportaron pruebas que soportaran la afectación de los derechos fundamentales
a la igualdad, al trabajo en condiciones dignas y a la salud.

Además, como lo ha advertido esta Sala “el perjuicio irremediable que hace
procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio de protección no debe
verse solamente desde la perspectiva de las consecuencias nocivas, adversas,
perjudiciales, que puede producir las decisiones de la administración. Esas
decisiones pueden estar revestidas de legalidad y, por ende, las consecuencias
perjudiciales de quienes las sufren no son ilegítimas o ilícitas. No porque una
decisión de la administración resulte desfavorable a los intereses de los
administrados debe asumirse que existe un perjuicio irremediable que deba
evitarse mediante la acción de tutela. De lo contrario, todos los actos
administrativos que establecen situaciones desfavorables a los destinatarios
tendrían que ser suspendidos por vía de tutela”17.

6.2.5. Por último, es preciso aclarar que aun cuando en otras oportunidades esta
Sala18 amparó los derechos fundamentales (i) al descanso al encontrarse probado
que se presentaron barreras administrativas que impidieron al trabajador disfrutar
de las vacaciones y (ii) al trabajo en condiciones dignas del titular del despacho,
pues se encontró que el juzgado solo cuenta con 2 colaboradores, esas
particularidades concretas difieren del caso bajo estudio.

6.2.6. En este orden de ideas, la Sala declarará improcedente la acción de tutela
en cuanto a la protección de los derechos fundamentales a la salud, al trabajo en
condiciones dignas y a la salud.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
RESUELVE:

Primero.- RECONÓCESE personería a la abogada Ivonn Alexandra García
Beltrán, como apoderada de la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Armenia.

Segundo.- NIÉGANSE las pretensiones de la acción de tutela en relación con el
derecho fundamental al descanso del señor Humberto Ardila Téllez y de la señora
Maribel Marín Rendón.

17
Sentencia de 9 de diciembre de 2021, exp. Nº. 11001-03-15-000-2021-06822-00, C.P. Julio
Roberto Piza Rodríguez.
18
Ver, entre otras: sentencia de 26 de febrero de 2020, exp. Nº 11001-03-15-000-2020-00143-00,
C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez; sentencia de 12 de diciembre de 2018, exp. Nº 08001-23-33-
000-2018-00756-01, C.P. Milton Chaves García. 14

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Tercero.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela en cuanto a los
derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo en condiciones dignas y a la
salud de los demás accionantes.

Cuarto.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible,
como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Quinto.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.

Sexto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el expediente
de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión
previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sección

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

15

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