Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-07364-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-07364-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2021-07364-00
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
16 de junio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A”
Consejero Ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Bogotá D.C., dieciséis (16) de junio de dos mil veintidós (2022)
Radicado: 11001-03-15-000-2021-07364-00
Accionante: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
Accionado: TRIBUNAL DE ARBITRAJE PARA LA CONTROVERSIA
“PROMOVALLE S.A. E.S.P. Y PROMOCALI S.A. E.S.P. VS.
EMSIRVA E.S.P. EN LIQUIDACIÓN”
Tema: Acción de tutela contra laudo arbitral
Acción de tutela - sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela promovida por el municipio de
Santiago de Cali contra el laudo arbitral del 3 de agosto de 2021
proferido por el Tribunal de Arbitraje constituido para la controversia
“PROMOVALLE S.A. E.S.P. y PROMOCALI S.A. E.S.P. vs. EMSIRVA
E.S.P. EN LIQUIDACIÓN”, de conformidad con lo dispuesto en el
Decreto 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
El municipio de Santiago de Cali interpone acción de tutela contra el
Tribunal de Arbitraje conformado para la controversia “PROMOVALLE
S.A. E.S.P. y PROMOCALI S.A. E.S.P. vs. EMSIRVA E.S.P. EN
LIQUIDACIÓN”, por la presunta vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, defensa y acceso a la administración
de justicia, con fundamento en los siguientes:
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1. HECHOS
1.1. Mediante Acuerdo Municipal n.º 101 del 29 de octubre de 1966
se creó la Empresa de Servicios Varios Municipales de Cali “EMSIRVA”
como organismo autónomo con carácter legal de establecimiento
público descentralizado, con el objeto de prestar servicios públicos de
barrida y limpieza de vías públicas; mantenimiento y mejoramiento de
parques, jardines y zonas verdes; de arborización; de recolección
domiciliar y disposición y aprovechamiento de basuras, entre otros. En
el artículo 3.º del acuerdo, se dispuso que en caso de disolución del
establecimiento, todos sus bienes pasarán al dominio del municipio de
Cali y este asumirá el servicio y pago de todas sus obligaciones.
1.2. En el año 2005, la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios ordenó la toma de posesión con fines de liquidación de
EMSIRVA, para lo cual dispuso el término de 2 años contados a partir
de la fecha de publicación del acto administrativo. Este término ha sido
ampliado en varias ocasiones, estando previsto que finalice el 5 de
agosto de 2024, por lo que, a fin de garantizar la prestación del servicio
de aseo, la empresa ha suscrito contratos transitorios de operación del
mismo.
1.3. En el marco de dichos procesos de selección, en audiencia pública
EMSIRVA adjudicó el Contrato de Concesión n.º 089-2008 suscrito con
PROMOAMBIENTAL VALLE S.A. E.S.P., hoy PROMOVALLE S.A. E.S.P.,
con el objeto de operar y explotar el servicio de aseo en los
componentes de recolección de los residuos sólidos, barrido y limpieza
de vías y áreas públicas, gestión comercial y otras actividades en la
Zona n.º 3 del área de prestación de EMSIRVA E.S.P. y el Contrato de
Concesión n.º 005-2010 con la empresa PROMOAMBIENTAL CALI S.A.
E.S.P., hoy PROMOCALI S.A. E.S.P. con el mismo objeto pero para la
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Zona n.º 1 del área de prestación de EMSIRVA en Santiago de Cali,
Valle del Cauca, en los cuales se incluyó cláusula compromisoria de
resolver las diferencias que surjan ante un tribunal arbitral.
1.4. En atención a ello, mediante Oficio n.º 130-23-0960 del 16 de
septiembre de 2021, se le informó al alcalde de Santiago de Cali sobre
el laudo arbitral proferido el 3 de agosto de 2021 por el tribunal
conformado para la controversia “PROMOVALLE S.A. E.S.P. y
PROMOCALI S.A. E.S.P. vs. EMSIRVA E.S.P. EN LIQUIDACIÓN” – que
condenó a EMSIRVA al pago a favor en las empresas convocantes de
una suma superior a los treinta mil millones de pesos –, así como el
recurso de anulación presentado el 15 de septiembre del mismo año
por el abogado de la defensa de EMSIRVA.
1.5. Expone que dicho municipio nunca fue notificado o vinculado para
manifestar su adherencia a dicho trámite arbitral, pese a que el pago
de los pasivos a cargo de EMSIRVA E.S.P. en liquidación corresponderá
al ente territorial por virtud de las responsabilidades que al efecto le
asignó el acuerdo de creación de la empresa y posteriores
modificatorios, hoy vigentes.
2. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN
Manifiesta que el laudo arbitral adolece de defecto procedimental
absoluto, toda vez que el municipio de Santiago de Cali no fue llamado
a integrar el contradictorio en el proceso arbitral, lo que quebranta sus
derechos fundamentales si se tiene en cuenta que una vez liquidada
EMSIRVA, pasará a asumir los pasivos de dicha entidad.
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Por ello, señala que el Tribunal de Arbitraje nunca tuvo competencia
para pronunciarse sobre la controversia, en tanto desconoció el artículo
36 de la Ley 1563 de 2012 que dispone:
«Artículo 36. Integración del contradictorio. Cuando por la naturaleza de la relación
jurídica debatida en el proceso, el laudo haya de generar efectos de cosa juzgada para
personas que no estipularon el pacto arbitral, el tribunal ordenará la citación personal de
todas ellas para que manifiesten si adhieren o no al pacto. La notificación personal de la
providencia que así lo ordene, se llevará a cabo dentro de los diez (10) días siguientes a la
fecha de su decreto.
(…)».
3. PRETENSIONES
Con fundamento en lo anterior, solicita:
«Dejar sin efectos el laudo arbitral proferido el 3 de agosto de 2021 por el Tribunal de
Arbitramento “PROMOVALLE S.A. E.S.P. y PROMOCALI S.A. E.S.P. vs EMSIRVA
E.S.P. EN LIQUIDACIÓN.
Garantizar el acceso a la administración de justicia del hoy categorizado Distrito Especial,
Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali, y por contera
el debido proceso y el derecho de defensa, para defender sus intereses dentro de esta
controversia contractual suscitada entre “PROMOVALLE S.A. E.S.P. y PROMOCALI
S.A. E.S.P. vs EMSIRVA E.S.P. EN LIQUIDACIÓN».
4. INFORMES
Mediante auto del 23 de mayo de 2022 se admitió la acción de tutela
de la referencia y ordenó notificar a los integrantes del Tribunal de
Arbitraje conformado para la controversia “PROMOVALLE S.A. E.S.P. Y
PROMOCALI S.A. E.S.P. VS. EMSIRVA E.S.P. EN LIQUIDACIÓN” como
accionados y a Promovalle S.A. E.S.P., a Promocali S.A. E.S.P., a la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a la Empresa de
Servicio Público de Aseo de Cali – EMSIRVA – E.S.P. en liquidación como
terceros interesados en las resultas de este proceso.
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4.1. La secretaria del Tribunal de Arbitraje conformado para la
controversia “PROMOVALLE S.A. E.S.P. Y PROMOCALI S.A. E.S.P. VS.
EMSIRVA E.S.P. EN LIQUIDACIÓN” remitió el trámite arbitral referido.
4.2. PROMOVALLE S.A. E.S.P., por conducto de apoderado,
manifestó que el municipio de Cali, con la presente demanda, aportó el
recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral interpuesto por
EMSIRVA, es decir que dicha sociedad, que aún no se encuentra
disuelta, hizo uso de los recursos que le confiere el estatuto arbitral, lo
que demuestra que el ente territorial contaba con medios ordinarios y
extraordinarios de defensa, siendo innecesario acudir al amparo
invocado.
Asimismo, sostuvo que en el trámite de la anulación resulta procedente
la solicitud de suspensión provisional de los efectos del laudo arbitral,
por lo que al realizar el análisis de lo expuesto en la demanda, lo
afirmado no resulta coherente con la norma y mucho menos con lo
establecido por la Corte Constitucional en relación con los requisitos
para la procedencia de la acción en contra de una decisión judicial y
mucho menos en torno a la subsidiaridad que caracteriza la tutela.
En todo caso, precisó que dicha empresa – EMSIRVA – aún no ha sido
liquidada, por lo que no se ha cumplido el presupuesto previsto en el
acuerdo municipal para que los pasivos y obligaciones pasen a la cabeza
del municipio de Santiago de Cali.
4.3. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
señaló que carece de legitimación en la causa por pasiva, en tanto la
acción de tutela se dirige contra un tribunal de arbitraje, frente al cual
dicha superintendencia no tiene injerencia alguna.
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4.4. La agente liquidadora de EMSIRVA describió que el recurso
extraordinario de anulación del laudo arbitral fue admitido por la
Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado mediante
providencia del 11 de enero de 2022. Asimismo, sostuvo es a esta
corporación a la que corresponde establecer si, en este asunto, se
daban los presupuestos para que procediera la vinculación del Distrito
al proceso arbitral y si tal omisión constituye, o no, la alegada “vía de
hecho” en que se sustentan las pretensiones de amparo, teniendo en
cuenta: i) la naturaleza jurídica de EMSIRVA; ii) la responsabilidad que
deberá asumir el Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico,
Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali con posterioridad a la
finalización del proceso de liquidación; y iii) la situación actual de
EMSIRVA.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico
De conformidad con los antecedentes descritos, entiende la Sala de
Subsección que el problema jurídico se circunscribe a establecer:
• ¿La presente solicitud de amparo cumple con los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales?
De resultar afirmativo el anterior interrogante, se determinará:
• ¿El Laudo Arbitral del 3 de agosto de 2021 proferido por el
Tribunal de Arbitraje constituido para la controversia
“PROMOVALLE S.A. E.S.P. y PROMOCALI S.A. E.S.P. vs. EMSIRVA
E.S.P. EN LIQUIDACIÓN” adolece de defecto procedimental
absoluto?
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2. La acción de tutela contra laudos arbitrales
La Corte Constitucional ha sostenido que la posibilidad de que un laudo
arbitral sea cuestionado a través de la acción de tutela, está
determinada por la equivalencia material que esa Corporación ha
reconocido entre los laudos arbitrales y las sentencias judiciales. Al
respecto, en la Sentencia C-242 de 1997 dicha Corporación indicó que
los laudos arbitrales también son decisiones eminentemente
jurisdiccionales1. Lo mismo se dispuso en la Sentencia T-244 de 2007,
en la que, además, se agregó que “[e]n síntesis, el proceso arbitral es
materialmente un proceso judicial, y el laudo arbitral es el equivalente
a una sentencia judicial en la medida que pone fin al proceso y desata
de manera definitiva la cuestión examinada, adicionalmente los árbitros
son investidos de manera transitoria de la función pública de
administrar justicia, la cual además legalmente ha sido calificada como
un servicio público, por tal razón no cabe duda que en sus actuaciones
y en las decisiones que adopten los tribunales arbitrales están
vinculados por los derechos fundamentales, y que la tutela es
procedente cuando estos sean vulnerados o amenazados con ocasión
de un proceso arbitral”.
En consecuencia, en virtud de tal equivalencia, así como la acción de
tutela puede, bajo ciertas circunstancias, ser un mecanismo procedente
para controvertir una providencia judicial, también lo es para proteger
los derechos fundamentales afectados por las decisiones emanadas de
los tribunales de arbitramento. En este sentido, la equivalencia también
determina que el reproche que se hace sobre un laudo por medio de la
1
En este mismo sentido, el fallo, también de constitucionalidad, C-378 de 2008, indicó: “Adicionalmente,
los árbitros son investidos de manera transitoria de la función pública de administrar justicia, la cual, ha
sido calificada legalmente como un servicio público, motivo por el cual, no cabe duda que en sus
actuaciones y en las decisiones que adopten los tribunales arbitrales están vinculados por los derechos
fundamentales, y que la acción de tutela es procedente cuando estos sean vulnerados o amenazados con
ocasión de un proceso arbitral”.
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acción de amparo esté sometido, en principio, a los mismos requisitos
de procedibilidad que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado
respecto a las providencias judiciales, porque como lo ha señalado esa
Corporación: “[e]n vista de la naturaleza jurisdiccional de los laudos
arbitrales, la Corte ha extendido la doctrina de los requisitos de
procedencia y procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales a las acciones de tutela contra decisiones arbitrales, con
atención, por supuesto, a las características propias del proceso
arbitral”2.
Lo anterior quiere decir que para que proceda una acción de tutela
contra un laudo arbitral, se deben observar los requisitos que la
jurisprudencia constitucional ha establecido en relación con las
providencias judiciales, y que, en la Sentencia C-590 de 2005 fueron
clasificados en dos grupos: (i) los requisitos de procedibilidad de
carácter general que deben ser satisfechos integralmente para habilitar
la viabilidad procesal del amparo y (ii) las causales especiales, que
determinan su prosperidad3, pues ante la presencia de una de ellas, se
configura una vulneración del derecho al debido proceso.
(i) Requisitos generales de procedibilidad:
«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones
que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de
involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones4. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa
2
Sentencia T-790 de 2010.
3
Respecto a los requisitos generales y los específicos en términos de viabilidad procesal y prosperidad de
la acción de tutela ver las Sentencias T-933 de 2012, T-1047 de 2012 y T-265 de 2014. En esta última se
indica:
“(…) en la Sentencia C-590 de 2005, siguiendo la postura de la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, se planteó que sí se cumplen ciertos y rigurosos requisitos el juez
constitucional puede analizar y decidir una causa elevada contra sentencias judiciales. Dentro de estos
requisitos pueden distinguirse unos de carácter general que habilitan la viabilidad procesal del amparo, y
otros de carácter específico que determinan su prosperidad”.
4
Sentencia 173 de 1993.
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porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia
constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación
de un perjuicio iusfundamental irremediable5. De allí que sea un deber del actor
desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le
otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción
de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de
vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la
jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un
desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó
la vulneración6. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de
cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se
cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales de la parte actora 7. No obstante, de acuerdo con la
doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave
lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales
derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y
por ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible8. Esta
exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas
exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí
es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del
proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos.
5
Sentencia T-504 de 2000.
6
Ver entre otras la reciente Sentencia T-315 de 2005.
7
Sentencias T-008 de 1998 y SU-159 de 2000.
8
Sentencia T-658 de 1998
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f. Que no se trate de sentencias de tutela 9. Esto por cuanto los debates sobre la
protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera
indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias
no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan
definitivas».
(ii) Requisitos o causales especiales de procedibilidad:
«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita
la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en
normas inexistentes o inconstitucionales10 o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión.
f. (sic) Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que
afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en
el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita
funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando
la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado 11.
i. Violación directa de la Constitución».
9
Sentencias T-088 de 1999 y SU-1219 de 2001
10
Sentencia T-522 de 2001.
11
Cfr. Sentencias T-462 de 2003; SU-1184 de 2001; T-1625 de 2000 y T-1031de 2001.
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Respecto del requisito de procedencia de la acción de tutela relacionado
con la subsidiariedad, la Corte Constitucional ha señalado:
«Como se observa, todas las causales del recurso de anulación están relacionadas con
aspectos procesales, denominadas in procedendo, lo que determina, para efectos de la
aplicación del requisito de subsidiariedad de la acción de tutela, que una aproximación en
abstracto informa que las alegaciones de tipo iusfundamental relacionadas con causales de
contenido procesal, cuentan con dos escenarios de controversia. Primero, las oportunidades
que para tal efecto concede el trámite arbitral y, luego, el recurso de anulación.
En estos términos, el examen de procedibilidad de la acción de tutela contra laudos
arbitrales debe tener en cuenta que en los casos en que se trate de reproches
iusfundamentales relacionados con aspectos in procedendo, se cuenta con una vía de
defensa adicional al trámite arbitral ante la jurisdicción ordinaria que consiste en el recurso
de anulación.
Un caso distinto se observa en aquellos reproches que desbordan las causales anteriormente
mencionadas, es decir afectaciones a derechos fundamentales que no corresponden con las
causales que la ley establece para la procedencia del recurso anulación, como sucedería, en
general, con los llamados errores sustanciales o también denominados in iudicando. En
tales eventos, al ser improcedente el recurso de anulación, cualquier alegación en tal sentido
solamente se puede realizar dentro de las oportunidades del proceso arbitral. Ello, claro
está, siempre que el reproche no se predique del contenido del mismo laudo, pues en tal
evento, no se contaría con ninguna instancia de controversia.
Sin embargo, para efectos del examen en abstracto de subsidiariedad de la acción de tutela,
debe partirse de que, en principio, el proceso arbitral, así como sucede en la jurisdicción
ordinaria, se desarrolla dentro del escenario de garantía de los derechos fundamentales que
permite a las partes solicitar su protección dentro de las etapas procesales. Sólo que,
tratándose de un reproche in procedendo, además se cuenta con el recurso de anulación.
Entonces, este es el punto de partida para abordar el examen en concreto y determinar si la
parte tutelante agotó diligentemente los medios de defensa con los que contaba y si la
autoridad arbitral cometió algún defecto en su actuación»12.
3. Del caso concreto
En el presente asunto, el municipio de Santiago de Cali cuestiona el
Laudo Arbitral del 3 de agosto de 2021 proferido por el Tribunal de
Arbitraje constituido para la controversia “PROMOVALLE S.A. E.S.P. y
12
Corte Constitucional, sentencia T-430 de 2016.
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considera, en síntesis, que dicho tribunal carecía de competencia para
pronunciarse, en tanto no vinculó a dicho distrito pese a tener interés
directo, debido a que, una vez concluya el proceso de liquidación de
EMSIRVA, deberá asumir los pasivos de dicha entidad, con lo que
desconoció el artículo 36 de la Ley 1563 de 2012.
Del contexto descrito, surge para la Sala la improcedencia de la
presente acción de tutela, por cuanto el reproche planteado en esta
sede constitucional referido a la falta de competencia del Tribunal de
Arbitraje para la resolución de la controversia surgida entre Promovalle
y Promocali vs. EMSIRVA y a la inoponibilidad del laudo por indebida
integración del contradictorio encuadra en las causales de anulación
previstas en el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, cuya finalidad es
proteger el debido proceso a fin de determinar si se incurrió en errores
in procedendo o defectos de forma durante el desarrollo del proceso
arbitral:
«Artículo 41. Causales del recurso de anulación. Son causales del recurso de anulación:
1.- La inexistencia, invalidez absoluta o inoponibilidad del pacto arbitral.
NOTA: El texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-572A de 2014.
2.- La caducidad de la acción, la falta de jurisdicción o de competencia.
3.- No haberse constituido el tribunal en forma legal.
4.- Estar el recurrente en alguno de los casos de indebida representación, o falta de
notificación o emplazamiento, siempre que no se hubiere saneado la nulidad.
5.- Haberse negado el decreto de una prueba pedida oportunamente o haberse dejado de
practicar una prueba decretada, sin fundamento legal, siempre y cuando se hubiere alegado
la omisión oportunamente mediante el recurso de reposición y aquella pudiera tener
incidencia en la decisión.
6.- Haberse proferido el laudo o la decisión sobre su aclaración, adición o corrección
después del vencimiento del término fijado para el proceso arbitral.
7.- Haberse fallado en conciencia o equidad, debiendo ser en derecho, siempre que esta
circunstancia aparezca manifiesta en el laudo.
8.- Contener el laudo disposiciones contradictorias, errores aritméticos o errores por
omisión o cambio de palabras o alteración de estas, siempre que estén comprendidas en la
parte resolutiva o influyan en ella y hubieran sido alegados oportunamente ante el tribunal
arbitral.
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9.- Haber recaído el laudo sobre aspectos no sujetos a la decisión de los árbitros, haber
concedido más de lo pedido o no haber decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento.
Las causales 1, 2 y 3 sólo podrán invocarse si el recurrente hizo valer los motivos
constitutivos de ellas mediante recurso de reposición contra el auto de asunción de
competencia.
La causal 6 no podrá ser alegada en anulación por la parte que no la hizo valer
oportunamente ante el tribunal de arbitramento, una vez expirado el término» (negrillas de
la Sala).
Asimismo, en el evento en que dicho municipio no hubiera tenido la
oportunidad de interponer el recurso de anulación del laudo arbitral por
cuanto, como lo manifiesta en la demanda, nunca fue notificado del
mismo y sólo tuvo conocimiento del proceso cuando EMSIRVA se lo
informó, podría instaurar el recurso extraordinario de revisión, se
insiste, en caso de que no haya tenido oportunidad de ejercer el recurso
de anulación, en los términos del artículo 45 ibidem.
«Artículo 45. Recurso de revisión. Tanto el laudo como la sentencia que resuelva sobre su
anulación, son susceptibles del recurso extraordinario de revisión por las causales y
mediante el trámite señalado en el Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, quien tuvo
oportunidad de interponer el recurso de anulación no podrá alegar indebida representación
o falta de notificación. Cuando prospere el recurso de revisión, la autoridad judicial dictará
la sentencia que en derecho corresponda».
Incluso, de acuerdo con los anexos aportados al proceso, se tiene que
dicho recurso de anulación del laudo arbitral fue interpuesto por
EMSIRVA E.S.P. el 15 de septiembre de 2021 y que de dicha gestión
informó al alcalde de Cali el 16 de septiembre siguiente, el cual se
encuentra en trámite, lo que indica que la acción de tutela es
improcedente por no acreditar el requisito de subsidiariedad.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
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administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,
FALLA
PRIMERO: RECHAZAR POR IMPROCEDENTE la acción de tutela
formulada por el municipio de Santiago de Cali contra el
Tribunal de Arbitraje constituido para la controversia
“PROMOVALLE S.A. E.S.P. y PROMOCALI S.A. E.S.P. vs.
EMSIRVA E.S.P. EN LIQUIDACIÓN”, por las razones
expuestas en precedencia.
SEGUNDO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma
“SAMAI”.
TERCERO: ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Notifíquese y cúmplase
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
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