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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-07373-01

Fecha
11 de agosto de 2022
Consejero ponente
Julio Roberto Piza Rodriguez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-07373-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia impugnada que declaró improcedente la acción de tutela promovida por la Empresa Colombiana de Productos Veterinarios S.A. – Vecol S.A., por las razones expuestas en esta providencia 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2021-07373-01

Consejero ponente: Julio Roberto Piza Rodriguez

11 de agosto de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2021-07373-01
Demandante: Empresa Colombiana de Productos Veterinarios S.A. – Vecol S.A.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ

Bogotá D.C., once (11) de agosto de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-07373-01
Demandante: EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S.A. –
VECOL S.A.
Demandado: TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO DEL CENTRO DE ARBITRAJE Y
CONCILIACIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

Temas: La tutela no cumple los requisitos de procedibilidad de relevancia
constitucional, inmediatez y subsidiariedad.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la Empresa Colombiana de Productos
Veterinarios S.A. (en adelante Vecol S.A.) contra la sentencia del 22 de abril de 2022,
dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, que declaró
improcedente la acción de tutela.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

1.1. En ejercicio de la acción de tutela1, Vecol S.A. pidió la protección de los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, que estimó
vulnerados por el laudo arbitral del 16 de abril de 2021 y la providencia del 30 de abril de
2021, dictados por el Tribunal de Arbitramento del Centro de Arbitraje y Conciliación de
la Cámara de Comercio de Bogotá. En concreto, formuló las siguientes pretensiones:

1. Se revoquen o se declaren sin efecto el laudo arbitral de fecha 16 de abril de 2021, y la providencia
de fecha 30 de abril de 2021 mediante la cual se negó́ una solicitud de aclaración del laudo, proferidas
por el TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO DEL CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ INSTAURADO PARA DIRIMIR LAS CONTROVERSIAS ENTRE
ENRIQUE FERNÁNDEZ ARENAS CONTRA LA EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS
VETERINARIOS S.A. VECOL S.A. INTEGRADO POR EL ÁRBITRO ÚNICO JUAN CARLOS
CARRIZOSA MANTILLA.
2. Se profiera una decisión constitucional conforme al ordenamiento legal colombiano, en la que se
protejan los recursos públicos, y por lo tanto, se acojan y despachen favorablemente las pretensiones de
la demanda de reconvención formulada por VECOL en el proceso arbitral.

3. Se le ordene al CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE
BOGOTÁ y al árbitro único JUAN CARLOS CARRIZOSA MANTILLA, reintegrar a mi poderdante los
dineros que pagó por concepto de gastos y honorarios del Tribunal de Arbitramento.

2. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

2.1. La Empresa Colombiana de Productos Veterinarios S.A. –Vecol S.A.– y el señor
Enrique Fernández Arenas suscribieron el contrato de consultoría No. 026-2017 del 5 de
mayo de 2017, cuyo objeto fue la implementación de un sistema de formulación local de

1 La demanda se radicó el 28 de julio de 2021.

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Demandante: Empresa Colombiana de Productos Veterinarios S.A. – Vecol S.A.

pesticidas o fertilizantes o cualquier otro producto requerido por la Línea Agrícola de
VECOL, mediante la viabilización del modelo de producción por maquila, determinando
una planta de formulación legalmente establecida y autorizada por el ICA. En el objeto
del contrato se incluyó la respectiva formulación y entrega efectiva de los dossiers y de
los productos del portafolio de Agroquímicos, a cambio de unos honorarios fijos más una
comisión de éxito condicionada a la obtención efectiva y verificada de la reducción de
costos en una proporción de mínimo el 30 % respecto de los costos iniciales.

2.1.1. En la cláusula vigésima del contrato, se pactó que las controversias que surgieran
entre las partes serían resueltas a través de los mecanismos de solución de conflictos
previstos en la ley, ante un Tribunal Arbitral que sesionaría en el Centro de Arbitraje y
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.

2.2. El señor Enrique Fernández Arenas presentó demanda ante el Centro de Arbitraje y
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, mediante la cual convocó a Vecol S.A.,
con el objeto de que se declarara la resolución por incumplimiento del contrato de
consultoría No. 026-2017 del 5 de mayo de 2017 y que, como consecuencia, se condenara
a la citada empresa al pago de: (i) $ 162.000.000, equivalente al 30 % del valor total del
contrato, por concepto de cláusula penal; (ii) $ 12.200.000, consistente en el valor que
pagó el convocante por concepto de arriendo de una oficina en la que funcionaría el
laboratorio; (iii) $ 100.000.000, por concepto de sumas dejadas de pagar por el periodo
del 4 de julio de 2018 al 4 de mayo de 2019; (iv) $ 33.354.015, por concepto de cuatro
cuentas de cobros que se presentaron en su oportunidad y no fueron pagadas, y (v) las
costas y agencias en derecho.

2.3. Por auto del 8 de julio de 2019, el Tribunal de Arbitramento del Centro de Arbitraje y
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá admitió la demanda.

2.4. Vecol S.A. contestó la demanda y, adicionalmente, formuló demanda de reconvención
contra Enrique Fernández Arenas, en la que pidió, entre otras pretensiones, que se
declarara el incumplimiento del contratista.

2.5. Mediante laudo arbitral del 16 de abril de 2021, el Tribunal de Arbitramento del Centro
de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá concedió varias
pretensiones formuladas en la demanda de Enrique Fernández Arenas y negó la totalidad
de las pretensiones de la demanda de reconvención. Se transcribe la parte resolutiva del
laudo:

PRIMERO: Desestimar las tachas de los testimonios de los señores Héctor León Sandoval Ávila, Andrés
Felipe Cárdenas Vásquez, Reynaldo Ríos Gutiérrez, Elba Constanza Díaz Rodríguez, Hugo Armando
Graciano Gómez y Alexandra Montenegro Contreras por las razones expuestas en la parte motiva de
este laudo.

SEGUNDO: Declarar la resolución del contrato de consultoría No. 026-2017 suscrito entre la EMPRESA
COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S.A. - VECOL S.A. y ENRIQUE FERNÁNDEZ
ARENAS de fecha 5 de mayo de 2017 por incumplimiento de la convocada Empresa Colombiana de
Productos Veterinarios S.A. – VECOL S.A. La resolución por incumplimiento del contrato que declara el
Tribunal no tendrá efectos retroactivos, sino hacia el futuro, respetando los efectos ya producidos.

TERCERO: Condenar a la Empresa Colombiana de Productos Veterinarios S.A. – VECOL S.A. a pagarle
al convocante Enrique Fernández Arenas el valor de la cláusula penal acordada que, por las razones
expuestas en la parte motiva del laudo, se liquida en setenta y dos millones de pesos ($72.000.000).

CUARTO: Condenar a la Empresa Colombiana de Productos Veterinarios S.A. – VECOL S.A. a pagarle
al convocante Enrique Fernández Arenas la suma de doce millones de pesos ($12.000.000) por
concepto del reembolso de los cánones de la oficina tomada en arrendamiento.

QUINTO: Condenar a la Empresa Colombiana de Productos Veterinarios S.A. – VECOL S.A. a pagarle
al convocante Enrique Fernández Arenas la suma de veinte millones de pesos ($20.000.000) por
concepto de los honorarios de consultoría causados y adeudados por los periodos comprendidos entre
el 4 de mayo de 2018 y el 4 de julio de 2018, inclusive.

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SEXTO: Declarar que prospera la excepción de mérito denominada ‘Cobro de lo no debido’ propuesta
en contestación de la demanda inicial por EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS
S.A. - VECOL S.A., solo con respecto de la obligación de pagar la comisión de éxito, en los términos
expuestos en las consideraciones del laudo, y negar todas las demás excepciones de mérito propuestas
por la convocada en la contestación de la demanda inicial.

SÉPTIMO: Negar el pago de la comisión de éxito y de los honorarios de consultoría posteriores al 4 de
julio de 2018, y negar todas las demás pretensiones de la demanda inicial.

OCTAVO: Negar todas las pretensiones de la demanda de reconvención.

NOVENO: Declarar que prosperan las excepciones de mérito propuestas por la convocada en
reconvención denominadas Incumplimiento del Contrato de Consultoría No. 026-2017 por parte de la
Empresa Colombiana de Productos Veterinarios VECOL S.A. y Enrique Fernández Arenas y la
excepción denominada Cobro de lo no debido, y negar todas las demás excepciones de mérito
propuestas por la convocada en reconvención.

DÉCIMO: Condenar en costas a la Empresa Colombiana de Productos Veterinarios - VECOL S.A. en
favor de Enrique Fernández Arenas una vez ejecutoriado este laudo en la suma de veintidós millones
doscientos ochenta y nueve mil novecientos cincuenta y cinco pesos ($22.289.955) más la causación
de intereses de mora a la tasa más alta autorizada, desde el vencimiento del plazo para consignar y
hasta el momento en que cancele la totalidad de las sumas debidas.

DÉCIMO PRIMERO: Declarar causados los honorarios del árbitro y del secretario por lo que se ordena
realizar el pago del saldo en poder del Árbitro Único, con la deducción correspondiente de la Contribución
Especial Arbitral.

DÉCIMO SEGUNDO: Disponer que una vez agotados los trámites propios del Tribunal, el árbitro único
deberá rendir las cuentas de las sumas puestas a su disposición para atender los gastos y expensas
que demandó el funcionamiento del Tribunal.

DÉCIMO TERCERO: Disponer que por Secretaría se expidan copias auténticas del presente laudo
arbitral con destino a cada una de las partes con las constancias de ley.
DÉCIMO CUARTO: Disponer que en su debida oportunidad se remita el expediente para su archivo al
Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá

2.6. La Procuraduría General de la Nación solicitó la aclaración del anterior auto, con
fundamento en que no existía absoluta claridad en cuanto a la obligación o no de Vecol
de sufragar intereses de mora y a qué tasa.

2.7. Por auto del 30 de abril de 2021, el tribunal negó la solicitud de aclaración.

2.8. El 28 de mayo de 2021, Vecol S.A. presentó recurso extraordinario de anulación
contra el laudo arbitral con fundamento en las causales 42 y 93 del artículo 41 de la Ley
1563 de 2012. En concreto, alegó una falta o indebida notificación del auto admisorio de
la demanda, que el Laudo recayó sobre aspectos no sujetos a la decisión del árbitro y que
se concedió más de lo pedido en la demanda.

3. Argumentos de la acción de tutela

3.1. De manera preliminar, Vecol S.A. expuso que la solicitud de amparo: (i) cumple los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales
y (ii) es viable contra un laudo arbitral, cuando vulnera derechos fundamentales, a pesar
de que se esté tramitando un recurso extraordinario de anulación. En cuanto al fondo del
asunto, alegó que el Tribunal de Arbitramento vulneró el derecho fundamental al debido
proceso, por cuanto incurrió en los siguientes defectos:

3.2. Defecto fáctico. A juicio de la parte actora, el tribunal incurrió en una errada
valoración probatoria, por cuanto desestimó la tacha de los testigos que declararon en

2
Estar el recurrente en alguno de los casos de indebida representación, o falta de notificación o emplazamiento, siempre
que no se hubiere saneado la nulidad.
3 Haber recaído el laudo sobre aspectos no sujetos a la decisión de los árbitros, haber concedido más de lo pedido o no

haber decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento.

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favor de Enrique Fernández Arenas, bajo el argumento de que todos declararon en el
mismo sentido y que no se presentaron pruebas de las tachas, cuando lo cierto era que
no aceptó las pruebas aportadas para acreditar la tacha.

3.2.1. Que, en efecto, las pruebas aportadas fueron (i) la denuncia penal contra Hugo
Armando Graciano Gómez y Héctor León Sandoval; (ii) el auto del 19 de octubre de 2020,
por el cual la Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de la investigación
disciplinaria contra los señores Héctor León Sandoval, Reinaldo Ríos y Hugo Armando
Graciano; (iii) oficio del 5 de octubre de 2020 remitido por la Procuraduría General de la
Nación a Vecol; (iv) correo electrónico del 3 de septiembre de 2020, remitido por el
abogado penalista Jorge Enrique Mateus al abogado Felipe Chalela informando que el
proceso penal contra Hugo Armando Graciano Gómez y Héctor León Sandoval se
reasignó al Fiscal 212 Seccional de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública.

3.2.2. Que, sin embargo, el tribunal negó el decreto de esas pruebas, porque se aportaron
al expediente por fuera de las oportunidades legales, sin tener en cuenta que todas tienen
fecha de creación posterior a las oportunidades legales para aportar pruebas al proceso.

3.2.3. Que, además, la autoridad demandada omitió pronunciarse respecto de: (i) la
confesión del señor Enrique Fernández Arenas en el interrogatorio de parte, pues, a su
juicio, aceptó que incumplió las obligaciones a cargo; (ii) la mala fe contractual y procesal
de Enrique Fernández Arenas, derivada del aporte incompleto de documentos,
manipulación de testimonios, pretender el pago duplicado por un mismo concepto y faltar
a la verdad en sus declaraciones; (iii) la indebida acumulación de pretensiones en la
demanda inicial; (iv) informe de la Contraloría General de la Nación, que daba cuenta de
la investigación contra Enrique Fernández Arenas y los directivos de Vecol que, en su
momento, autorizaron pagos al contratista que causaron un detrimento patrimonial a la
entidad, y (v) que Vecol propuso a Enrique Fernández Arenas continuar con la ejecución
del contrato, pero no aceptó.

3.2.4. Que el tribunal de arbitramento valoró erradamente el contrato y la propuesta u
oferta que Enrique Fernández Arenas presentó a Vecol. En ese sentido, sostuvo que el
tribunal pasó por alto que la empresa no autorizó el arriendo de una oficina para montar
un laboratorio, pues de las pruebas se podía evidenciar que no tenía las condiciones para
el desarrollo de la formulación de pesticidas.

3.2.5. Que no debió valorar la declaración del testigo Juan Manuel Morales, porque
momentos antes de la declaración, el señor Enrique Fernández Arenas lo llamó “y dijo
que le había mandado un papelito con lo que debía responder, y ese comentario fue
escuchado por todos los asistentes a la audiencia”.

3.2.6. Que, de manera inconstitucional, luego de haber corrido traslado para alegatos de
conclusión, el tribunal de arbitramento decretó nuevamente el interrogatorio al señor
Fernández Arenas.

3.2.7. Que, de manera contraria a la ley y la jurisprudencia, el tribunal de arbitramento
declaró la resolución del contrato por el supuesto incumplimiento de Vecol y también lo
condenó al cumplimiento forzado.

3.3. Defecto sustantivo. La parte actora adujo que “en este caso se presenta este
defecto toda vez que la motivación del laudo es totalmente irrazonable, desconociendo
las normas, jurisprudencia y doctrina que rigen la Acción Resolutoria”.

3.4. Violación directa de la Constitución Política. Según la parte actora, el tribunal de
arbitramento, amparado en su discrecionalidad, “interpretaron de manera equivocada las
normas sustanciales y la jurisprudencia sobre la acción resolutoria”.

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4. Intervenciones

4.1. El señor Enrique Fernández Arenas solicitó que se rechazaran las pretensiones de
Vecol S.A., porque, a su juicio, lo que pretendía era eludir las obligaciones contenidas en
el contrato que suscribieron y revivir el trámite de la demanda de reconvención que se
resolvió con la decisión emitida en el proceso arbitral, que puso fin a las actuaciones.

4.1.1. Adujo que la solicitud de aclaración del laudo fue presentada por el representante
del Ministerio Público y que el apoderado de Vecol S.A., por su parte, guardó silencio
respecto del laudo y optó por formular el recurso extraordinario de anulación ante el
Consejo de Estado, lo que, a su manera de ver, desconoce el principio de lealtad procesal.
Que, además, la presente acción de tutela se sustenta en los mismos hechos que planteó
en el mencionado recurso extraordinario de anulación, que fue decidido por la Subsección
B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, “lo que hace concluir que estamos frente
a un desgaste de jurisdicción”.

4.1.2. Que no fueron vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia de la empresa demandante, pues en el contrato que
celebraron se pactó que ante cualquier diferencia o controversia se acudiría a un árbitro
de la Cámara de Comercio de Bogotá, que fue precisamente a lo que recurrió, y cuyo
trámite ofreció todas las garantías a las partes.

4.2. El magistrado del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, rindió
informe en el que manifestó que la providencia y el expediente del respectivo trámite
arbitral contenían los argumentos y elementos necesarios para que el juez de la acción de
tutela tomara la decisión que en derecho correspondiera.

4.3. A pesar de haber sido notificado, el árbitro que conformó el Tribunal de Arbitramento
del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá para
resolver las controversias suscitadas entre Vecol S.A. y el señor Enrique Fernández
Arenas no rindió informe sobre los hechos que motivaron la interposición de la presente
acción de tutela.

5. Sentencia impugnada

5.1. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, por sentencia del 22 de abril
de 2022, declaró improcedente la acción de tutela presentada por Vecol S.A. por no
cumplir los requisitos generales de procedencia contra providencia judicial de relevancia
constitucional, inmediatez y subsidiariedad. Así fundamentó la decisión:

5.2. Sostuvo que la parte actora reiteró los argumentos que presentó en el proceso arbitral,
relacionados con un supuesto incumplimiento contractual por parte de Enrique Fernández
Arenas. No obstante, adujo que esos argumentos no se abordarían en este escenario,
porque al juez de tutela no le correspondía resolver cuestiones de legalidad propias del
proceso ordinario como lo eran las pretensiones de resolución de un contrato y la
indemnización de perjuicios, en virtud del requisito de relevancia constitucional.

5.3. Por otro lado, consideró que si en concepto del demandante, el Tribunal Arbitral se
abstuvo de emitir algún pronunciamiento frente a los argumentos que constituyeron su
defensa en la contestación de la demanda arbitral y que justificaron las pretensiones de la
demanda de reconvención, debió solicitar, en los términos del artículo 39 de la Ley 1563
de 2012 y 287 del CGP, la adición del laudo arbitral con el propósito de que fueran
resueltos. Que, siendo así, esos cargos no superaban el requisito de subsidiariedad.

5.4. En cuanto al alegato referente a la decisión del laudo de desestimar la tacha de
testigos y de declarar que no fueron aportadas pruebas de las tachas, el a quo consideró
que el reproche de la parte actora recaía, en realidad, contra el auto a través del cual se
negaron por extemporáneas las pruebas de las tachas, que eran el sustento que permitía,
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en su momento, realizar un estudio más profundo acerca de la imparcialidad de los
testigos. Que, siendo así, debió presentar recurso de reposición contra ese auto, de
manera que al no hacerlo, el cargo tampoco superaba el requisito de subsidiariedad.

5.5. Frente al reproche consistente en que el Tribunal Arbitral decretó como prueba de
oficio un interrogatorio de parte para escuchar de nuevo al señor Fernández Arenas,
advirtió que esa decisión se tomó a través de auto dictado en audiencia del 21 de agosto
de 2020. Que, siendo así, como la tutela se radicó el 29 de octubre de 2021, se superaba
el plazo establecido como razonable para controvertir esa decisión y, por ende, no
superaba el requisito de inmediatez.

5.6. Que a la misma conclusión arribaba respecto del alegato por la indebida acumulación
de pretensiones, porque la demanda inicial que contiene tales pretensiones fue admitida
por auto del 8 de julio de 2019, decisión que fue recurrida y que quedó en firme en auto
del 25 de noviembre de 2019, es decir, también se venció el plazo razonable para
interponer la tutela.

5.7. Por último, respecto de que en la parte resolutiva del Laudo se declaró la resolución
del contrato por incumplimiento y a la vez se condenó a Vicol al cumplimiento forzado del
contrato, el a quo advirtió que ese reproche recaía sobre una posible contradicción, la
cual, de acuerdo con los artículos 40 y 41, numeral 8, de la Ley 1563 de 2012, constituía
una causal de recurso de anulación, por lo que tampoco superaba el requisito de
subsidiariedad.

6. Impugnación

6.1. Sin sustentar, Vecol S.A. impugnó la sentencia de primera instancia.

CONSIDERACIONES

En orden a resolver la impugnación, la Sala se referirá, en primer lugar, a la procedencia
de la acción de tutela contra laudos arbitrales. Seguidamente, se formulará el problema
jurídico a resolver y adoptará la decisión que corresponda.

1. De la justicia arbitral y de la procedencia de la acción de tutela contra laudos
arbitrales

1.1. El artículo 116 de la Constitución Política permite que los particulares sean investidos
transitoriamente de la función pública de administrar justicia, en condición de árbitros
habilitados por las partes para que decidan, en derecho o en equidad, conflictos que
involucren derechos transigibles.

1.2. En términos generales, el arbitramento es un mecanismo alternativo de solución de
conflictos que permite a las partes sustraerse voluntaria y libremente de la función pública
de justicia que presta el Estado para que, en cambio, un particular decida el conflicto
mediante un laudo que tiene efectos definitivos y vinculantes. El arbitramento representa
un fenómeno de descentralización de una función pública que se transfiere en ciertas
condiciones a los particulares.

1.3. Ahora, la jurisprudencia y la doctrina han aceptado que las decisiones que producen
los árbitros son auténticas providencias judiciales, por cuanto se dictan en un
procedimiento de estirpe judicial reglado y por particulares que ejercen transitoriamente la
función de administrar justicia. Como proceso judicial especial que es, está sujeto a las
normas y principios que, rigen en el derecho procesal: verbigracia, las oportunidades para
presentar pruebas y ejercer los derechos de contradicción y defensa, los poderes y
deberes del juez, entre otros.

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1.4. Justamente por tratarse de providencias judiciales, la regla general es que la acción
de tutela es improcedente, salvo que se cumplan los requisitos generales y específicos
que ha fijado la Corte Constitucional para la procedencia de la tutela contra ese tipo de
decisiones. Adicionalmente, cuando se trata de acciones de tutela contra providencias
judiciales deben tenerse en cuenta las siguientes reglas4:

1.4.1. La tutela también procede como mecanismo principal cuando las inconformidades
de las partes no encajen en ninguna de las causales previstas en el artículo 41 de la Ley
1563 de 2012. Sobra decir, que en ese caso, la tutela está restringida por las llamadas
causales de procedibilidad que ha trazado la Corte Constitucional. Asimismo, la tutela
procede como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, a pesar de que
existe otro medio de defensa: los recursos de anulación y el extraordinario de revisión. En
ambos casos, el interesado debe demostrar que el laudo está viciado por algún defecto:
sustantivo, orgánico, fáctico o procedimental.

1.4.2. Por la naturaleza especial del arbitramento, la verificación de los requisitos
generales y específicos para la procedencia y prosperidad de la tutela contra las
providencias judiciales debe ser más exigente, más rigurosa, pues, de lo contrario, el juez
de tutela se convertiría en el permanente revisor de la actividad judicial de los árbitros,
circunstancia que no solo no se compadece con el carácter especial del arbitramento,
como función pública judicial al fin y al cabo, sino que desconocería el carácter excepcional
de la acción de tutela y pondría en riesgo la seguridad jurídica, valor fundante de todo
sistema judicial, incluido el que desempeña el arbitramento.

1.4.3. El juez de tutela no puede suplantar a los árbitros en su función de administrar
justicia, como si fuera el superior funcional. La tutela, se insiste, no prospera por el simple
hecho de que se invoque alguno de los defectos que la Corte Constitucional ha establecido
y que la Sala comparte. Las causales específicas para la procedencia de la tutela contra
providencias judiciales no pueden abrir la puerta para que los jueces revisen de fondo las
decisiones arbitrales, como no ocurre tampoco en relación con las sentencias de los
jueces.

1.4.4. Debe exigirse, entonces, que el interesado explique razonada y suficientemente los
hechos en que funda el defecto en que incurrieron los árbitros. La acción de tutela no
puede, por ende, convertirse en una instancia adicional para controvertir la interpretación
normativa ni la valoración probatoria que realizan los árbitros habilitados transitoriamente
para administrar justicia. Al igual que la tutela contra las providencias de los jueces de la
república, la tutela solo procede cuando el ejercicio hermenéutico o de valoración de
pruebas sea contraevidente, contrario a la razón, y ponga en grave riesgo o amenace
derechos fundamentales.

1.5. Las demás discusiones frente a las decisiones de los árbitros deben resolverse por
medio de los cauces ordinarios, mas no por medio de la tutela.

2. Planteamiento y solución del problema jurídico

2.1. Corresponde a la Sala determinar si la sentencia de tutela de primera instancia se
ajustó a derecho al declarar improcedente la acción de tutela, por no cumplir con los
requisitos de procedibilidad de subsidiariedad, inmediatez y relevancia constitucional.

2.2. La Sala anticipa que confirmará la sentencia de primera instancia, por las razones que
a continuación se explican.

4 Al respecto, esta Sala se pronunció en la sentencia del 25 de enero de 2018, Consejero Ponente: Julio Roberto Piza
Rodríguez, radicación: 11001-03-15-000-2017-02524-00.
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Radicado: 11001-03-15-000-2021-07373-01
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2.3. En el presente asunto, la parte actora alega que el Laudo del 16 de abril de 2021,
dictado por el Tribunal de Arbitramento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara
de Comercio de Bogotá, incurrió en defecto fáctico, por cuanto:

(i) Valoró erradamente el contrato y la propuesta u oferta que Enrique Fernández
Arenas presentó a Vecol;
(ii) Decretó de oficio, nuevamente, el interrogatorio del señor Fernández Arenas;
(iii) La autoridad demandada desestimó la tacha de los testigos;
(iv) No debió valorar el testimonio del señor Juan Manuel Morales;
(v) Omitió pronunciarse respecto de: la confesión en que habría incurrido el señor
Enrique Fernández Arenas, la mala fe contractual y procesal del contratista, la
indebida acumulación de pretensiones en la demanda inicial, el informe de la
Contraloría General de la Nación y que Vecol propuso al contratista que
continuara con la ejecución del contrato;
(vi) Declaró la resolución del contrato por el supuesto incumplimiento de Vecol y
también lo condenó al cumplimiento forzado.

2.4. La Sala advierte que el primer alegato no cumple el requisito de relevancia
constitucional, el segundo desatiende el de inmediatez y los demás reproches no superan
el requisito de subsidiariedad.

3. De la relevancia constitucional

3.1. El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía
e independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le
corresponde resolver a otras jurisdicciones.

3.1.1. En ese sentido, la Corte Constitucional5 ha señalado que la relevancia
constitucional tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de
los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio
de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

3.1.2. De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 6, para que un
asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes elementos:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración
de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para
plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o
de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de
tutela.

(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en
cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales»7. Es necesario que el interesado exponga de manera clara las
razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los
derechos fundamentales.

5 Al respecto, ver sentencias C-590 de 2005, T-335 de 2000, T-102 de 2006, T-1044 de 2007, T-658 de 2008, T-505

de 2009, T-610 de 2009, T-896 de 2010, T-040 de 2011, T-338 de 2012, T-512 de 2012, T-543 de 2012, T-1061 de
2012, T-931 de 2013, T-182 de 2014 y T-406 de 2014.
6 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15

000 2012 02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
7 Ibidem.

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(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones
de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe
referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación
con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa
de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar, mejorar
o modificar los argumentos propuestos ante el juez natural.

(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea
la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo
agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.
Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los
argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los
jueces competentes.

3.2. En el caso concreto, Vecol S.A. alegó que el Tribunal de Arbitramento valoró
erradamente el contrato y la propuesta u oferta que Enrique Fernández Arenas presentó
a Vecol. En ese sentido, sostuvo que el tribunal pasó por alto que la empresa no autorizó
el arriendo de una oficina para montar un laboratorio, pues de las pruebas se podía
evidenciar que no tenía las condiciones para el desarrollo de la formulación de pesticidas.

3.3. Siendo así, la Sala advierte que la parte actora reitera en la demanda de tutela los
argumentos que propuso en el trámite arbitral, tanto en la contestación de la demanda,
como en la demanda de reconvención.

3.4. En efecto, desde la contestación de la demanda, Vecol S.A. alegó que en la oficina
que arrendó el contratista, no se podían realizar actividades prohibidas para ese tipo de
inmuebles, porque podían resultar altamente tóxicas. Ese reproche fue replicado en la
demanda de reconvención

3.5. Como se ve, Vecol S.A. formuló inconformidades que coinciden con las que expuso
al interior del trámite arbitral. Evidentemente la tutela busca revivir la discusión jurídica
respecto de la falta de autorización para arrendar una oficina que, a su juicio, no reunía
las condiciones para actividades de formulación de pesticidas. No obstante, ese asunto
ya fue resuelto por el Tribunal de Arbitramento, en Laudo del 16 de abril de 2021, que, en
lo que interesa, consideró:

Quedó probado en el proceso que, a partir del 1 de junio de 2018 y con previa aprobación de Vecol
para hacerlo, el señor Enrique Fernández tomó en arrendamiento la oficina 601 del edificio ubicado
en la calle 112 No. 15-07 de Bogotá, con el fin de adecuarlo como un pequeño laboratorio para hacer
las pruebas de las fórmulas de los pesticidas agrícolas. El canon mensual se fijó en $2.000.000 y se
convino pagarlo por semestres anticipados. En su testimonio, el arrendador declaró que, como una
forma de asegurarlo, se acordó esta forma de pago anticipado “en razón a que la firma Vecol no
autorizó ser arrendataria o codeudora (…)”. Como consecuencia de este acuerdo el señor Fernández
pagó al arrendador, señor Juan Manuel Morales, la suma de $12.000.000 por el canon de
arrendamiento de los meses de junio a noviembre de 2018 más $200.000 que le cobró el arrendador
por el estudio de su solicitud. El convocante presentó a Vecol la cuenta de cobro para obtener el
respectivo reembolso, la cual no le fue cancelada.

El apoderado de la convocada argumentó que la oficina arrendada no reunía las condiciones para
hacer las “formulaciones” de los pesticidas y el Tribunal no puede menos que estar de acuerdo con
él, en el sentido -como ya se anotó en el acápite denominado en este Laudo EL OBJETO DEL

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CONTRATO- de que en el contexto del contrato 026-2017 el término “formulación” implica unos
procesos a gran escala que, por obvias razones, solo podría desarrollarse en la planta industrial del
formulador. La labor que se pretendía desarrollar en la oficina arrendada o local estaba reducida a la
práctica de pequeñas pruebas o ensayos químicos para el desarrollo de las fórmulas (no formulación)
de los pesticidas, para las cuales solo se requerían muy reducidas cantidades de ingredientes activos.

3.6. Aunque la parte actora alega la vulneración de derechos fundamentales, lo cierto es
que termina promoviendo indebidamente la acción de tutela, pues la usa para insistir en
el debate jurídico que finalizó en el proceso arbitral y no propone serios argumentos que
habiliten el análisis del juez de tutela.

3.7. Como se dijo, el estudio de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra Laudos Arbitrales es más riguroso, porque, de lo contrario, el juez de tutela
se convertiría en el permanente revisor de la actividad judicial de los árbitros y se pondría
en riesgo la seguridad jurídica.

4. De la inmediatez

4.1. La inmediatez es un requisito de procedibilidad que el juez debe examinar, antes de
pasar al estudio de las causales específicas de tutela contra providencia judicial, con el fin
de determinar si la demanda se ha presentado de manera oportuna.

4.2. La inmediatez, en todo caso, no es un término de caducidad que limite el ejercicio de
la acción de la tutela. Es más bien un requisito que busca que la acción se presente en un
término razonable, esto es, desde el mismo momento en que el afectado tiene
conocimiento de la violación o amenaza de los derechos fundamentales. Justamente, la
exigencia tiene razón de ser porque la acción de tutela es un medio excepcional para la
protección pronta y eficaz de derechos fundamentales y, por ende, se espera que el
interesado la ejerza en un tiempo razonable, prudencial, sin demora.

4.3. Ese mismo entendimiento ha sido expuesto por la Corte Constitucional, que ha
señalado que debe existir un término razonable entre la ocurrencia de la vulneración o
puesta en riesgo de los derechos fundamentales del interesado y la presentación de la
demanda8, en la medida en que la naturaleza misma de este medio de defensa judicial no
solo tiene que ver con la urgencia, sino también con el respeto a la seguridad jurídica y a
los derechos de los terceros que pudieran resultar afectados.

4.4. Ahora, la Sala Plena de esta Corporación estableció que seis meses, contados a partir
de la notificación de la providencia judicial cuestionada, es un término razonable para
ejercer la acción de tutela, en consideración a «la naturaleza del acto jurisdiccional, los
plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios
contra las mismas, el derecho a la tutela judicial efectiva y la necesidad de que las
situaciones jurídicas resueltas logren certeza y estabilidad»9.

4.5. En el presente asunto, el actor cuestiona que el Tribunal de Arbitramento decretara
de oficio el interrogatorio del señor Fernández Arenas.

4.6. Siendo así, como bien consideró el juez de primera instancia, se trata de un
cuestionamiento que, en realidad, se dirige contra el auto No. 22 que se dictó en la
audiencia del 21 de agosto de 2020, puesto que fue mediante ese proveído que el tribunal
decretó la prueba de oficio, decisión que se notificó en estrados. Por lo tanto, no se cumple
el requisito de inmediatez, dado que la acción de tutela se radicó el 29 de octubre de 2021,
lo que significa que el actor dejó transcurrir 1 año, 2 meses y 8 días para solicitar la
protección de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados por la autoridad

8 Sentencia T- 123 de 2007.
9 Sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014. Exp. Nº 11001-03-15-000-2012-02201-01, demandante: Alpina

Productos Alimenticios S.A., C P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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demandada, de modo que fue superado el término adoptado por esta Corporación en la
sentencia de Sala Plena.

5. De la subsidiariedad

5.1. La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo
restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de los
derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución y la
ley estipulan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos para
garantizar el ejercicio pleno de los derechos.

5.2. No en vano los artículos 86 de la Constitución Política y el 6, numeral 1, del Decreto
2591 de 1991 prevén como causal de improcedencia de la acción de tutela la existencia
de otros medios de defensa para la protección de los derechos invocados. De manera que
la acción de tutela sólo puede utilizarse cuando se han agotado los mecanismos de
protección que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para la protección idónea y eficaz de
los derechos fundamentales. En ese sentido, la Corte Constitucional manifestó 10:

La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a situaciones de hecho
creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o amenaza de un derecho fundamental,
respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser
invocado ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho. La tutela no puede converger
con vías judiciales diversas por cuanto no es un mecanismo que sea factible de elegir según la
discrecionalidad del interesado, para esquivar el que de modo específico ha regulado la ley; no se da
la concurrencia entre éste y la acción de tutela porque siempre prevalece —con la excepción dicha—
la acción ordinaria. La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o
complementario para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso
al alcance del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de protección,
precisamente incorporado a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca con el fin de llenar
los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una plena protección
de sus derechos esenciales (…).

5.3. Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por lo
menos, probar que se agotaron los recursos que tenía a su disposición, pues, de lo
contrario, la tutela deviene improcedente. El requisito de subsidiariedad no solo involucra
la interposición de los recursos que proceden, sino también que en éstos se cuestionen
las decisiones que, en concreto, se atacan en la acción de tutela.

5.4. En el sub lite, Vecol S.A. alegó que la autoridad demandada: (i) desestimó la tacha
de los testigos; (ii) no debió valorar el testimonio del señor Juan Manuel Morales; (iii)
omitió pronunciarse respecto de: la confesión en que habría incurrido el señor Enrique
Fernández Arenas, la mala fe contractual y procesal del contratista, la indebida
acumulación de pretensiones en la demanda inicial, el informe de la Contraloría General
de la Nación y que Vecol propuso al contratista que continuara con la ejecución del
contrato, y (iv) declaró la resolución del contrato por el supuesto incumplimiento de Vecol
y también lo condenó al cumplimiento forzado del contrato.

5.4.1. Respecto de la decisión de desestimar la tacha de los testigos, sin tener en cuenta
las pruebas que, a juicio de la actora, demostraban la procedencia de la tacha, la Sala
advierte que el cuestionamiento de la parte demandante, en últimas, se dirige contra el
auto No. 26 dictado el 23 de octubre de 2020, a través del cual el Tribunal de Arbitramento
resolvió no tener en cuenta los documentos que presentó Vecol S.A.

5.4.1.1. Entonces, la parte actora pudo controvertir la anterior decisión a través del medio
eficaz e idóneo previsto para el efecto: recurso de reposición, en los términos del artículo

10 Sentencia C-543 de 1992. Magistrado ponente: José Gregorio Hernández Galindo.

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3111 de la Ley 1563 de 2012, que dispone que “(…) las providencias que decreten pruebas
no admiten recurso alguno; las que las nieguen son susceptibles de reposición (…)”.

5.4.2. Respecto a que el tribunal no debió valorar el testimonio del señor Juan Manuel
Morales, porque en la audiencia se advirtió que fue direccionado por Enrique Fernández
Arenas, la Sala advierte que con ese sustento Vecol S.A. pudo tachar el testimonio, en los
términos del artículo 211 del CGP, que prevé:

Artículo 211. Imparcialidad del testigo. Cualquiera de las partes podrá tachar el testimonio de las
personas que se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón
de parentesco, dependencias, sentimientos o interés en relación con las partes o sus apoderados,
antecedentes personales u otras causas.

La tacha deberá formularse con expresión de las razones en que se funda. El juez analizará el
testimonio en el momento de fallar de acuerdo con las circunstancias de cada caso.

5.4.2.1. No obstante, Vecol S.A. no tachó el testimonio del señor Juan Manuel Morales,
como sí lo hizo respecto de otros testimonios. Luego, bien podía el tribunal valorarlo,
teniendo en cuenta la omisión de la parte actora en ejercer el medio pertinente para
cuestionar la parcialidad del testigo.

5.4.3. Ahora, frente a la presunta omisión en que incurrió el tribunal, al no pronunciarse
frente a varios aspectos, la Sala encuentra que tales aspectos hacían parte del debate en
el trámite arbitral, dado que fueron alegatos propios de la contestación de la demanda y
de la demanda de reconvención, relativos a: la confesión que habría realizado el señor
Enrique Fernández Arenas, la mala fe contractual y procesal del contratista, la indebida
acumulación de pretensiones en la demanda inicial, el informe de la Contraloría General
de la Nación y que Vecol propuso al contratista que continuara con la ejecución del
contrato.

5.4.3.1. Siendo así, en los términos del artículo 3912 de la Ley 1563 de 2012 y 28713 del
CPG, Vecol S.A. podía solicitar la adición del laudo, dado que esas normas prevén que la
parte interesada puede solicitar la adición cuando se omita resolver sobre cualquiera de
los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía
ser objeto de pronunciamiento y que esa solicitud debe formularse en el término de
ejecutoria.

5.4.3.2. A juicio de la Sala, ese medio de defensa era idóneo y eficaz, pues permitía que
la parte actora reclamara el pronunciamiento sobre los aspectos que, a su juicio, fueron
omitidos por el Tribunal de Arbitramento.

5.4.4. Finalmente, en cuanto a que en la parte resolutiva del Laudo se declaró la resolución
del contrato por el supuesto incumplimiento de Vecol y, a su vez, condenó a dicha empresa
al cumplimiento forzado del contrato, la Sala coincide con el juez de primera instancia, en
cuanto a que se trata de un alegato que encuadra en una causal de anulación, porque
denota disposiciones que se contraponen o contrarían. Esa causal está prevista en el
numeral 8 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 que señala:

Artículo 41. Causales del recurso de anulación. Son causales del recurso de anulación:

11 Artículo 31. Audiencias y pruebas. El tribunal en pleno realizará las audiencias que considere necesarias, con o sin

participación de las partes. Las audiencias podrán realizarse por cualquier sistema que permita la comunicación de los
participantes entre sí.
El tribunal y las partes tendrán, respecto de las pruebas, las mismas facultades y deberes previstos en el Código de
Procedimiento Civil y las normas que lo modifiquen o complementen. Las providencias que decreten pruebas no admiten
recurso alguno; las que las nieguen son susceptibles de reposición
12 Artículo 39. Aclaración, corrección y adición del laudo. Dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, el

laudo podrá ser aclarado, corregido y complementado de oficio; asimismo, podrá serlo a solicitud de parte, formulada
dentro del mismo término
13 Artículo 287. Adición. Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier

otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de
sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad.
12

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(…)
8. Contener el laudo disposiciones contradictorias, errores aritméticos o errores por omisión o
cambio de palabras o alteración de estas, siempre que estén comprendidas en la parte resolutiva o
influyan en ella y hubieran sido alegados oportunamente ante el tribunal arbitral.

5.4.4.1. De modo que en el recurso de anulación que propuso la parte actora contra el
Laudo del 16 de abril de 2021, ha debido incluir la causal antes mencionada con
fundamento en el alegato que propone en esta instancia judicial.

5.5. Por todo lo expuesto, la Sala concluye que el juez de primera instancia acertó al
concluir que la acción de tutela es improcedente, porque no cumple los requisitos
generales de procedencia de relevancia constitucional, inmediatez y subsidiariedad. En
consecuencia, la Sala confirmará la decisión impugnada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia impugnada que declaró improcedente la acción de tutela
promovida por la Empresa Colombiana de Productos Veterinarios S.A. – Vecol S.A.,
por las razones expuestas en esta providencia

2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

13

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