Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-07375-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2021-07375-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-07375-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2021-07375-01
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
5 de mayo de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2021-07375-01
Demandante: Hugo Hernán Vega Parra
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-07375-01
Demandante: HUGO HERNÁN VEGA PARRA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN “D”
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Topes indemnizatorios. Violación
directa de la Constitución. Principio de la Non reformatio in pejus
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por el señor Hugo Hernán Vega Parra contra la sentencia de 19 de
noviembre de 2021, dictada por el Consejo de Estado, Sección Primera, dentro de
la acción de tutela en la que declaró su improcedencia.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
De acuerdo con los expedientes de tutela y ordinario se tienen como hechos
relevantes los siguientes:
Mediante Resolución No. 348 de 16 de junio de 2009, los Registradores Distritales
del Estado Civil nombraron en provisionalidad al señor Hugo Hernán Vega Parra
para el cargo de Profesional Universitario, código 3020-01, de la Planta Global de
la Registraduría Distrital, señalando que la provisionalidad podía ser terminada en
cualquier momento. Por Resolución No. 0729 de 29 de mayo de 2013, se modificó
y adicionó el acto administrativo anterior, en el sentido de señalar que el tiempo de
duración del nombramiento sería de seis (6) meses contados a partir del 30 de
mayo de 2013, fecha en la que el empleo se convertiría en vacante definitiva.
Al vencimiento de los seis (6) meses, la entidad demandada continuó nombrando
al señor Hugo Hernán Vega Parra, para lo cual profirió las Resoluciones Nos.
1455 de 5 de noviembre de 2013, 0569 de 29 de mayo de 2014, 1363 de 2 de
diciembre de 2014, 0484 de 3 de junio de 2015 y 1112 de 30 de noviembre de
2015. En este último acto administrativo se dispuso que “la duración de estos
nombramientos provisionales y en encargo serán por el término de seis (6) meses
contados a partir de la fecha de posesión y finaliza al término del mismo, sin que
para ello se requiera acto administrativo ni comunicación alguna”.
Por medio de comunicación GGTH del 27 de abril de 2016, el Coordinador del
Grupo de Gestión de Talento Humano de la Registraduría Nacional del Estado
Civil le informó al actor lo siguiente: “le recuerdo que a partir del 1º de junio de
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2021-07375-01
Demandante: Hugo Hernán Vega Parra
2016, finalizaba su nombramiento como Profesional Universitario 3020-01- Planta
Global Registraduría Distrital”.
Por lo anterior, el señor Hugo Hernán Vega Parra interpuso demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Registraduría Nacional del Estado Civil con
el fin de que se ordenara la nulidad de la Resolución No. 1112 de 30 de noviembre
de 2015 y, en consecuencia, se dispusiera: (i) su reintegro al cargo que
desempeñaba o a uno de igual o superior categoría; (ii) el pago de salarios y
prestaciones sociales dejadas de percibir desde la fecha en que fue retirado hasta
que se produzca el reintegro, (iii) se declare que no existió solución de continuidad
en la prestación del servicio del demandante; (iv) se reconozcan los intereses
comerciales y moratorios por el no pago oportuno de la condena y se indexen las
sumas a las que tenga derecho.
El proceso correspondió por reparto administrativo al Juzgado Cincuenta y Tres
Administrativo del Circuito de Bogotá, que mediante sentencia de 23 de noviembre
de 2020 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al considerar
que la Resolución No. 1112 de 30 de noviembre de 2015, debió ser debidamente
motivada a efectos de que el actor conociera las razones de la desvinculación del
cargo que ocupaba en provisionalidad y, de esa manera, poder ejercer el derecho
de contradicción que le asistía. Por lo anterior, ordenó el reintegro del señor Hugo
Hernán Vega Parra a la entidad a uno de los 281 cargos de Profesional
Universitario, Código 3020-01, así como el reconocimiento y pago de los salarios,
prestaciones sociales, reajustes y demás emolumentos dejados de percibir desde
la fecha de su retiro y hasta que se produjera su reingreso, con los ajustes de ley,
declarando para todos los efectos legales que no ha existido solución de
continuidad.
La Registraduría Nacional del Estado Civil presentó recurso de apelación en
contra de la sentencia de primera instancia, en el que indicó que el acto
administrativo demandado no incurrió en ninguna causal de ilegalidad pues no
existió alguna actuación oculta en la decisión de terminar el nombramiento en
provisionalidad del demandante, dado que allí se señaló claramente que el término
del nombramiento de seis (6) meses era el establecido en el literal c) del artículo
20 de la Ley 1350 de 2009, norma que es aplicable a los empleados de dicha
entidad y que, además, contempla la posibilidad de disponer en cualquier
momento el retiro los empleados nombrados en provisionalidad.
A través de providencia de 31 de agosto de 2021, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D”, resolvió confirmar parcialmente
la sentencia objeto de apelación, en tanto modificó el ordinal segundo de la
decisión en el sentido de precisar que el reconocimiento de los salarios,
prestaciones sociales, reajustes y demás emolumentos dejados de percibir, se
pagarán al actor desde la fecha en que fue retirado del servicio hasta el término de
veinticuatro (24) meses, pues aun cuando no fue un aspecto apelado por la
entidad demandada, consideró que se debe acoger lo dispuesto en la sentencia
SU-556 de 2014 de la Corte Constitucional, que contempla un tope indemnizatorio
de veinticuatro (24) meses en casos de empleados públicos que fueron
desvinculados de forma ilegal.
2. Fundamentos de la acción
El actor presentó acción de tutela con el objeto de que se amparen sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de
justicia, así como los principios de la non reformatio in pejus, buena fe y
prevalencia del derecho sustancial, supuestamente vulnerados por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D”, con la
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2021-07375-01
Demandante: Hugo Hernán Vega Parra
expedición de la sentencia de 31 de agosto de 2021, en la que se modificó el fallo
de primera instancia y se ordenó limitar el pago de los salarios dejados de percibir
durante su desvinculación a la Registraduría Nacional del Estado Civil, hasta por
el término de veinticuatro (24) meses.
Indicó que la acción de tutela cumple con los requisitos de procedencia por cuanto
se debate (i) la vulneración de los derechos fundamentales invocados; (ii) se
agotaron todos los medios de defensa ordinarios y extraordinarios para obtener la
defensa de sus intereses, pues la providencia demandada fue proferida en el
marco del recurso de apelación y el recurso extraordinario de revisión no es
procedente por no configurarse ninguno de los supuestos contemplados en el
artículo 250 de la Ley 1437 de 2011; (iii) cumple con el requisito de la inmediatez
teniendo en cuenta que la providencia fue notificada el 21 de septiembre de 2021
y la solicitud de amparo se radicó el 29 de octubre de 2021, es decir, antes de los
seis meses; (iv) la irregularidad que se debate tiene un efecto decisivo en la
decisión, pues se trata de la extralimitación de la competencia del fallador de
segunda instancia que desconoce los principios de non reformatio in pejus y de
congruencia y, por último, (v) no se controvierte una sentencia proferida en un
trámite de la misma naturaleza.
Enseguida afirmó que la autoridad judicial accionada incurrió en los siguientes
defectos:
Violación directa de la Constitución, al desconocer el principio constitucional de
la non reformatio in pejus contenido en el artículo 31 de la Carta Política, según el
cual “El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea
apelante único”, dado que falló más allá de lo solicitado por la Registraduría
Nacional de Estado Civil en el recurso de apelación al limitar el pago de los
salarios dejados de percibir al termino de veinticuatro (24) meses.
Defecto sustantivo, por vulnerar el principio de congruencia de la sentencia al
“revisar temas del fallo de primera instancia que no fueron objeto de impugnación,
como quiera que los mismos quedan excluidos del siguiente debate y, por lo tanto,
debe decirse que, frente a dichos aspectos, termina por completo la controversia”.
Además, sostuvo que se desconoció la regla de competencia del superior
contemplada en el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, según la cual el
superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del
recurso.
Defecto fáctico, ya que hizo un análisis errado de las pruebas obrantes en el
expediente al apartarse de lo expuesto en el recurso de apelación y los alegatos
de conclusión de segunda instancia, dado que en ninguna de esas etapas del
proceso se solicitó limitar a veinticuatro (24) meses el pago de los salarios dejados
de percibir por el señor Hugo Hernán Vega Parra. Agregó que la sentencia a la
que acudió para resolver el caso, la SU-556 de 2014, no era aplicable ni vinculante
dado que no fue proferida por el órgano de cierre de la jurisdicción contencioso
administrativa, es decir, por el Consejo de Estado.
3. Pretensiones
En el escrito de tutela se formularon las siguientes:
“PRIMERA: Que se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA – ORAL (Sección Segunda – Subsección D) Magistrada
Ponente Dra. ALBA LUCÍA BECERRA AVELLA, incurrió en vías de hecho en el
fallo de segunda instancia que profirió el 31 de agosto de 2021 dentro del
expediente Radicado No. 11001-33-42-053-2017-00292-00 Demandante: Hugo
Hernán Vega Parra, Demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil –
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2021-07375-01
Demandante: Hugo Hernán Vega Parra
Registraduría Distrital, lo que implicó una Violación directa de Derechos
Fundamentales al Debido Proceso, Igualdad, Principio de Reformatio in pejus, la
Buena Fe, Prevalencia del Derecho Sustancial, Acceso a la Administración de
Justicia y algunos tratados internacionales ratificados por Colombia.
SEGUNDA. Que como consecuencia de la anterior declaración, se confirme en su
totalidad la sentencia del 23 de noviembre de 2020 proferida por el Juzgado
Cincuenta y Tres (53) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C., y que
arbitrariamente modificara parcialmente el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA – ORAL (Sección Segunda – Subsección D) Magistrada
Ponente DRA. ALBA LUCÍA BECERRA AVELLA, Radicado No. 11001-33-42-
053-2017-00292-00 en el fallo de segunda instancia del 31 de agosto de 2021, por
haber incurrido esta Subsección en vías de hecho por (i) defecto fáctico al
haberse efectuado una valoración probatoria arbitraria al dejar de valorar las
pruebas aportadas o practicadas en debida forma en el proceso, las cuales eran
determinantes para la resolución del caso, (ii) por cuanto se apartó del fallo de
primera instancia y el recurso de apelación, los alegatos de conclusión
presentados por la Registraduría Nacional del Estado Civil – Registraduría
Distrital, pues como lo ha indicado el H. Consejo de Estado, la competencia
funcional del juez de segunda instancia está limitada por las razones de
inconformidad expresadas por el recurrente en el recurso de apelación. Lo anterior
significa que las competencias del juez de la apelación, cuando el apelante es
único, no son irrestrictas, pues están limitadas, en primer lugar, por el principio de
la non reformatio in pejus (art. 31 de la Constitución Política y 328 del CGP), y en
segundo, por el objeto mismo del recurso, cuyo marco está definido, a su vez, por
los juicios de reproche esbozados por el apelante, en relación con la situación
creada por el fallo de primera instancia. Así pues, al ad quem le está vedado, en
principio y salvo las excepciones hechas por el legislador, revisar temas del fallo
de primera instancia que no fueron objeto de impugnación, como quiera que los
mismos quedan excluidos del siguiente debate (iii) por Defecto Sustantivo o
material, VIOLACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DISPOSITIVO Y DE CONGRUENCIA
DE LA SENTENCIA al haber [resuelto] “CONFIRMAR PARCIALMENTE la
sentencia del 23 de noviembre de 2020 del Juzgado Cincuenta y Tres (53)
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C., desconociendo el artículo 31
de la Constitución Política y los Artículos 132, 328 del CGP y el artículo 25 de la
Ley 1285 de 2009, normas claramente aplicables al caso concreto, y al haber
decretado de oficio la aplicación de una sentencia que en ningunas de las etapas
procesales, recursos o alegatos fue solicitado por el demandante como apelante
único reconocido en el proceso (iv) por violación directa de la Constitución
Política, al desatenderlos mandatos contenidos en los artículos constitucionales
83 y 90.
TERCERA. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, y ante las
evidentes vías de hecho en que incurrió la Succión Segunda – Subsección D del
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – ORAL Magistrada
Ponente DRA. ALBA LUCÍA BECERRA AVELLA, para alcanzar la protección
efectiva de los derechos fundamentales que se solicita tutelar, solicito que el juez
constitucional ordene que el fallo de primera instancia, la sentencia del 23 de
noviembre de 2020 del Juzgado Cincuenta y Tres (53) Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá D.C, sea confirmado conforme la parte motiva el resuelva de
esta providencia.
CUARTO: Tutelar los derechos fundamentales (…) a la dignidad humana, el
Debido Proceso a la defensa art. 29, Principio de la Igualdad art. 13, principio de
la non reformatio in pejus art. 31, Buena Fe art. 83, Prevalencia Del Derecho
Sustancial art. 228 y acceder a la Administración de Justicia art. 229 de la
Constitución Política. Sentencia calificada como vía de hecho por soportarse en
los vicios o defectos protuberantes: Defecto Fáctico, Defecto sustantivo”.
4. Pruebas relevantes
Mediante correo electrónico de 16 de noviembre de 2021, el Juzgado Cincuenta y
Tres Administrativo del Circuito de Bogotá allegó copia digital del expediente que
contiene el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2021-07375-01
Demandante: Hugo Hernán Vega Parra
bajo el No. 11001-33-42-053-2017-00292-02, iniciado por el señor Hugo Hernán
Vega Parra contra la Registraduría Nacional del Estado Civil.
5. Trámite procesal
Por auto de 4 de noviembre de 2021, la Sección Primera del Consejo de Estado
admitió la acción de tutela y ordenó notificar a la parte demandante, a la autoridad
judicial demandada, así como a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al
Juzgado Cincuenta y Tres Administrativo del Circuito de Bogotá, en calidad de
terceros con interés.
La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios Nº 113377 a 113381
de 5 de noviembre de 2021, con el fin de dar cumplimiento a la referida decisión.
6. Intervenciones
6.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección “D”
Mediante memorial de 9 de noviembre de 2021, la Magistrada Ponente de la
decisión demandada solicitó que se declare improcedente la acción de tutela y, de
forma subsidiaria, que se nieguen las pretensiones del accionante, pues considera
que no se vulneró derecho fundamental alguno.
Indicó que en la providencia objeto de reproche constitucional, proferida el 31 de
agosto de 2021, resolvió confirmar parcialmente la sentencia de primera instancia
de 23 de noviembre de 2020, emitida por el Juzgado Cincuenta y Tres
Administrativo del Circuito de Bogotá, que había declarado la nulidad del acto
administrativo que dio por terminada la vinculación del actor con la entidad
demandada y había ordenado su reintegro y el pago de los salarios y prestaciones
sociales dejadas de percibir desde la fecha de su retiro y hasta que se produjera
su reingreso.
Aseguró que la decisión se sustentó en que si bien la entidad demandada invocó
el literal c) del artículo 20 de la Ley 1350 de 2009, para dar por terminado el
nombramiento del señor Vega Parra, al expirar el plazo al cual se encontraba
sometido, lo cierto es que no cumplió con los demás supuestos contenidos en la
misma disposición, en tanto que desconoció la obligación de proveer los cargos en
carrera administrativa y más aún si se tiene en cuenta que al trabajador le fueron
prorrogados sus nombramientos por años consecutivos. Además, aseguró que se
tuvo en cuenta la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional
relativa a que el vencimiento del término no exime a la entidad empleadora de
proferir de manera motivada el acto de desvinculación.
Sin embargo, manifestó que al advertir que la providencia objeto de apelación
había ordenado a la Registraduría Nacional del Estado Civil, pagar los salarios y
prestaciones sociales dejadas de percibir por el demandante desde la fecha del
retiro hasta que se produzca el reintegro, sin tener en cuenta las directrices dadas
por la Corte Constitucional en sentencia SU-556 de 2014, por lo que se hacía
necesario modificar la orden dada por el juez de primera instancia, en el sentido
de señalar que el pago por concepto de salarios y prestaciones sociales dejados
de percibir como consecuencia de la desvinculación ilegal, no podía ser superior a
veinticuatro (24) meses. Agregó que si bien ese aspecto no fue apelado por la
parte demandada, es de aquellos que debe analizarse de manera oficiosa en
virtud del principio de sostenibilidad fiscal.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2021-07375-01
Demandante: Hugo Hernán Vega Parra
En este orden de ideas, concluyó que la providencia acusada no incurrió en
ninguno de los defectos indicados, teniendo en cuenta que “fue proferida por i)
funcionarios competentes, ii) con acatamiento al procedimiento establecido para
esta clase de actuaciones, iii) aplicando el supuesto legal que sirvió de
fundamento a la decisión, de acuerdo al acervo probatorio allegado al expediente,
iv) sin que haya contradicción entre los fundamentos de la decisión y la parte
resolutiva de la misma, v) no se está frente a un error inducido, vi) la decisión fue
ampliamente motivada con fundamentos de hecho y de derecho y vi) no hubo
desconocimiento del precedente constitucional”.
En cualquier caso, manifestó que la acción de tutela es improcedente dado que
fue presentada como una instancia adicional.
6.2. Respuesta de la Registraduría Nacional del Estado Civil
En escrito de 9 de noviembre de 2021, el jefe de la Oficina Jurídica solicitó que se
desvincule a la entidad por configurarse la falta de legitimación en la causa por
pasiva, dado que no es responsable de la afectación o lesión de los derechos
fundamentales invocados por el accionante, toda vez que no fungió como juez
natural dentro del proceso administrativo en el que se profirió la decisión
demandada.
Además, indicó que la acción de tutela no resulta procedente dado que los
despachos judiciales que conocieron el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho garantizaron el debido proceso.
6.3. El Juzgado Cincuenta y Tres Administrativo del Circuito de Bogotá
remitió copia digital del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho. Sin
embargo, no emitió respuesta alguna en cuanto los hechos narrados en el escrito
de tutela.
7. Sentencia de tutela impugnada
El Consejo de Estado, Sección Primera, en sentencia de 19 de noviembre de
2021, declaró la improcedencia de la acción de tutela por considerar que no se
cumple el requisito de la subsidiariedad dado que el demandante cuenta con otro
medio de defensa judicial para obtener la protección de los derechos
fundamentales invocados.
Señaló que los argumentos del actor se dirigen atacar la decisión demandada por
haber vulnerado “la prohibición constitucional de la reformatio in pejus y el deber
de congruencia”, por lo que cualquier pronunciamiento que se emita en el trámite
constitucional estaría dirigido a determinar si la autoridad judicial accionada se
extralimitó al pronunciarse sobre aspectos no consignados en el recurso de
apelación, cuestión que puede ventilarse en el recurso extraordinario de revisión
bajo el amparo de la causal contenida en el ordinal 5º del artículo 250 de la Ley
1437 de 2011, relacionada con la nulidad originada en la sentencia.
Por lo anterior, concluyó que la solicitud de amparo resulta improcedente pues
existe otro mecanismo para la defensa de los intereses del accionante, por lo que
de efectuarse un estudio de fondo se estaría reemplazando al juez natural, a lo
que agregó, que no se demostró la configuración de un perjuicio irremediable que
habilitara la procedencia del amparo como mecanismo transitorio.
Por último, negó la solicitud de desvinculación de la Registraduría Nacional del
Estado Civil, teniendo en cuenta que al haber sido parte del proceso de nulidad y
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2021-07375-01
Demandante: Hugo Hernán Vega Parra
restablecimiento del derecho es claro su interés en el resultado del trámite
constitucional.
8. Escrito de impugnación
Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, el
accionante impugnó la anterior decisión, por lo que solicitó que se revocara y se
accediera a las pretensiones de la acción de tutela.
Manifestó que el juez de primera instancia no tuvo en cuenta para su estudio los
argumentos presentados en el escrito de tutela en torno a las causales de
violación directa de la Constitución, el defecto fáctico y el defecto sustantivo, los
cuales se dirigían a evidenciar el desconocimiento del principio de congruencia
con la emisión de la sentencia de 31 de agosto de 2021, por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D”, en la que se
tomó una decisión contraria a lo indicado por el juez de primera instancia.
Aseveró que el recurso extraordinario de revisión no es procedente en el caso bajo
examen, porque no se configura la causal de revisión del ordinal 5º del artículo
250 de la Ley 1437 de 2011, toda vez que “no están dadas las causales del
artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, hoy artículo 133 del Código
General del Proceso, son las que pueden dar origen a la nulidad de la providencia,
y las derivadas de la violación del debido proceso constitucional, previsto en el
artículo 29 de la Carta Política”. Además, señaló que en la solicitud de amparo no
se cuestiona el desconocimiento de las formas propias del juicio ni la falta de
competencia de la autoridad judicial a cargo del proceso, sino la falta de similitud
de la decisión de segunda instancia al pronunciarse sobre un aspecto que no fue
objeto de impugnación y que no fue contemplado en el fallo de primera instancia.
Reiteró que la acción de tutela goza de relevancia constitucional por debatirse la
vulneración del principio de non reformatio in pejus consagrado en el artículo 31
de la Constitución Política, con lo cual, en su sentir, es clara la configuración de la
causal de violación directa de la Constitución.
Enseguida insistió en que la providencia demandada incurrió en defecto sustantivo
al desconocer la regla de competencia del superior contemplada en el artículo 357
del Código de Procedimiento Civil, pues falló por fuera de lo planteado por las
partes en el recurso de apelación y en los alegatos de conclusión.
Refirió que también se configuró el defecto fáctico por haberse apartado de las
pruebas que soportarían la sentencia, concretamente, el recurso de apelación y
los alegatos de conclusión, pues dejó de lado “lo debatido y lo probado en el
proceso y su justificación se limitó a lo meramente subjetivo”.
En este orden de ideas, solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia y
se acceda a las pretensiones formuladas en el escrito de amparo.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2021-07375-01
Demandante: Hugo Hernán Vega Parra
2. Delimitación del debate y planteamiento del problema jurídico
2.1. Para la Sala, aun cuando el accionante manifestó que la providencia
demandada incurrió en violación directa de la Constitución, en defecto sustantivo y
en defecto fáctico, en realidad sus argumentos se dirigen a controvertir la decisión
demandada por no haber fallado de conformidad con lo expuesto en el recurso de
apelación, lo cual está relacionado con la vulneración del principio non reformatio
in pejus y el principio de congruencia, por lo que de encontrarse procedente la
acción de tutela, el asunto se abordará únicamente a la luz del defecto de
violación directa de la Constitución. Máxime si se tiene en cuenta que el actor no
cumplió con la carga argumentativa mínima para hacer estudio de fondo en cuanto
a los demás defectos invocados en el escrito de tutela dado que no indicó la
norma que en su sentir fue desconocida, ni especificó cuáles pruebas se dejaron
de valorar o que se valoraron de forma indebida.
2.2. Con esa precisión, le corresponde a la Sala determinar, en los términos del
escrito de impugnación, si se debe confirmar la sentencia de 19 de noviembre de
2021, dictada por el Consejo de Estado, Sección Primera, en la que se declaró la
improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con el requisito de
subsidiariedad o, en su defecto, si la decisión emanada del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D”, vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de
justicia, así como los principios de la non reformatio in pejus, buena fe y
prevalencia del derecho sustancial, al incurrir en violación directa de la
Constitución, con la decisión que dispuso modificar el fallo favorable apelado y
limitó el reconocimiento y pago de salarios y prestaciones sociales dejados de
percibir durante la desvinculación del demandante en la Registraduría Nacional del
Estado Civil hasta el término de veinticuatro (24) meses.
3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las
obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos1 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos
Civiles y Políticos2, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud
del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).
Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 20123, acogió la tesis de admitir
la procedencia excepcionalísima de la solicitud de tutela contra providencias
judiciales, cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.
Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de
20144, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias
judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también,
respecto “de sus máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas
que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”.
En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación
1 Aprobada por medio de la Ley 16 de 1972.
2 Aprobado por medio de la Ley 74 de 1968.
3 Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
4 Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2021-07375-01
Demandante: Hugo Hernán Vega Parra
que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20055.
Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial
al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la
inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable
y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique
de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de
tutela.
Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los
siguientes: (i) Defecto orgánico6; (ii) Defecto procedimental absoluto7; (iii) Defecto
fáctico8; (iv) Defecto material o sustantivo9; (v) Error inducido10; (vi) Decisión sin
motivación11; (vii) Desconocimiento del precedente12 y (viii) Violación directa de la
Constitución.
Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los
requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese
examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el
interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo13 y de la Corte
Constitucional14.
En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo
excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa
juzgada y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez
5 M. P. Jaime Córdoba Triviño.
6 Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
7 Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
8 Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión.
9 Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
10 Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese
engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
11 Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa
la legitimidad de su órbita funcional.
12 Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el
juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela
procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
13 Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016
00134-01), Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº
2016-02213-01), Sentencia del 24 de noviembre de 2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01, Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto
Augusto Serrato Valdés, entre otras.
14 Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P.
Gloria Stella Ortíz Delgado, SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de
2015, M. P. Alberto Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre
otras.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2021-07375-01
Demandante: Hugo Hernán Vega Parra
natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al
momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.
4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. El recurso extraordinario de revisión no es un medio de defensa judicial
idóneo para resolver la controversia propuesta por la parte actora
4.1.1. La Sección Primera del Consejo de Estado en sentencia de 19 de
noviembre de 2021, declaró la improcedencia de la acción de tutela, al considerar
que no se cumplió con el requisito de la subsidiariedad, en razón a que el debate
planteado corresponde a la falta de congruencia en el fallo objetado, lo cual el
accionante puede debatir a través de la causal del numeral 5º del artículo 250 de
la Ley 1437 de 2011, consistente en “existir una nulidad originada en la sentencia
que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”.
4.1.2. El demandante impugnó la anterior decisión, al considerar que el recurso
extraordinario de revisión no es procedente en su caso dado que su inconformidad
no está relacionada con el desconocimiento de las reglas del proceso ni con la
falta de competencia de la autoridad judicial, sino con la falta de similitud de la
decisión de segunda instancia con la proferida por el juez de primera instancia,
dado que se incluyó un aspecto que no fue objeto de impugnación.
4.1.3. Contrario a lo sostenido por el a quo, para la Sala el recurso extraordinario
de revisión no es un medio de defensa judicial idóneo para cuestionar la decisión
proferida el 31 de agosto de 2021 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección “D”, por cuanto la inconformidad de la parte actora
recae en la modificación de la orden judicial en lo relativo al pago de salarios,
prestaciones sociales, reajustes y demás emolumentos dejados de percibir, ya que
lo limitó al término de veinticuatro (24) meses, con el fin de acoger lo dispuesto en
la sentencia SU-556 de 2014 de la Corte Constitucional, a pesar de que dicho
límite no había sido impuesto por el juez de primera instancia.
Para la Sala, aun cuando el actor mencionó que la modificación de la sentencia
desconoció los principios de congruencia y de non reformatio in pejus, lo que en
principio pudiera alegarse a través del recurso extraordinario de revisión, en
realidad no se dan las condiciones para dicho medio de control proceda, por las
razones que se exponen a continuación:
En primer lugar, en cuanto al principio de congruencia procesal, esta
Corporación ha precisado que puede tener dos dimensiones: interna y externa. La
primera, “obedece a la correspondencia que debe existir entre la parte motiva y
resolutiva de la sentencia”. La segunda, “que la decisión contenida en la resolutiva
se encuentre en concordancia con lo pedido en la demanda como en su
contestación”15.
En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado expresó:
“El petitum, entonces deberá expresar claramente la modificación o reforma que se
pretende de los actos acusados, y a él atañe la observancia por parte del juzgador del
principio de la congruencia de las sentencias, que debe ser tanto interna como
externa. La externa, se traduce en la concordancia debida entre el pedido de la (sic)
partes en la demanda y su corrección, junto con las excepciones, con lo decidido en la
sentencia y encuentra su fundamento en los artículos 55 de la Ley 270 de 1996 y 170
del C.C.A. en concordancia con el 305 del C.P.C., que señala que el juez en la
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia de 1 de marzo de 2018, C.P.
César Palomino Cortés, exp. Nº 11001-03-25-000-2013-00838-00.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2021-07375-01
Demandante: Hugo Hernán Vega Parra
sentencia debe analizar “los hechos en que se funda la controversia, las pruebas, las
normas jurídicas pertinentes, con el objeto de resolver todas las peticiones”. No debe
olvidarse además, que conforme al artículo 304 del C.P.C. la parte resolutiva “deberá
contener decisión expresa y clara sobre cada una de las pretensiones de la
demanda...”. Dado que con la definición del proceso se busca la certeza jurídica, la
norma le impone al juez el deber de claridad respecto de la sentencia, noción que se
opone a las decisiones oscuras, ambiguas o dudosas. La congruencia interna, está
referida a la armonía y concordancia que debe existir entre las conclusiones judiciales
derivadas de las valoraciones fácticas, probatorias y jurídicas contenidas en la parte
considerativa, con la decisión plasmada en la parte resolutiva de la sentencia” 16.
Con base en lo expuesto, para la Sala el reproche formulado por el demandante
no se encuadra en una incongruencia interna porque su alegato no se refiere a la
falta de correspondencia entre la parte motiva y resolutiva de la sentencia, ni
tampoco se trata de una incongruencia externa porque no está relacionado con la
falta de concordancia entre la parte resolutiva y lo pedido en la demanda y su
contestación. Es más, es claro que el debate en torno a la legalidad del acto
administrativo demandado se abordó suficientemente por la autoridad judicial
demandada.
El reparo que plantea el actor en esta ocasión no se relaciona con la legalidad del
acto administrativo, sino con el restablecimiento del derecho, pues se modificó la
sentencia de primera instancia para imponer el tope de los veinticuatro (24) meses
para el pago de los salarios, prestaciones sociales, reajustes y demás
emolumentos dejados de percibir por cuenta de su desvinculación de la
Registraduría Nacional del Estado Civil, a pesar de que la imposición de dicho
límite no fue solicitado expresamente por la mencionada entidad en el escrito de
apelación y de que no había sido contemplado en la sentencia de primera
instancia, lo que a juicio del demandante, vulnera los derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, así como
los principios de la non reformatio in pejus, buena fe y prevalencia del derecho
sustancial.
Por otro lado, en lo relacionado con el desconocimiento del principio de non
reformatio in pejus el Consejo de Estado ha indicado que se encuentra dentro de
las situaciones procesales que pueden alegarse a través de la causal de nulidad
originada en la sentencia17 y que se configura cuando se agrava para el apelante
único la situación jurídica que había sido definida en la sentencia de primera
instancia. Además, ha advertido que “la finalidad de este principio reside en el libre
ejercicio de los recursos, sin que por el hecho de la impugnación se deriven
efectos nocivos para el apelante único, respecto de las situaciones ventajosas
reconocidas por el juez de primera instancia”18.
No obstante, en el asunto bajo examen el accionante no fungió como apelante
único sino la Registraduría Nacional del Estado Civil, por lo que no puede
predicarse una afectación a su situación jurídica con la decisión del ad quem que
pueda ser susceptible de controversia a través del recurso extraordinario de
revisión. Además, como tampoco se configura un supuesto de falta de
congruencia interna o externa, es posible concluir que está cumplido el requisito
de la subsidiariedad pues el actor no cuenta con otro medio de defensa judicial
para la protección de los derechos fundamentales invocados.
16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 16 de agosto de
2002, exp. Nº 12668, C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié.
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia de 28 de febrero de 2018, exp.
No. 11001-03-25-000-2014-00485-00, C.P. César Palomino Cortés.
18 Cfr. Consejo de Estado, Sala Catorce Especial de Decisión, sentencia de 13 de octubre de 2020,
exp. No. 11001-03-15-000-2019-00119-00, C.P. Alberto Montaña Plata.
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2021-07375-01
Demandante: Hugo Hernán Vega Parra
4.1.4. La Sala también encuentra que los restantes requisitos de procedencia de la
acción de tutela se encuentran satisfechos, en tanto (i) el asunto goza de
relevancia constitucional porque el debate se propone en relación con el
restablecimiento del derecho, en el que se dispuso imponer el tope indemnizatorio
de veinticuatro (24) meses lo que en sentir del actor tiene un impacto en sus
derechos fundamentales; (ii) cumple el requisito de la inmediatez porque la
providencia cuestionada se profirió el 31 de agosto de 2021, se notificó el 21 de
septiembre del mismo año y la acción de tutela se presentó el 29 de octubre de
2021, es decir, dentro de los seis (6) meses siguientes que han sido fijados por
esta Corporación y la Corte Constitucional como plazo razonable, cuando se
cuestionan providencias judiciales19; (iii) los hechos y las pretensiones fueron
desarrollados de manera clara y, (iv) la acción no es contra un fallo de la misma
naturaleza.
4.2. La autoridad judicial accionada no incurrió en violación directa de la
Constitución
4.2.1. El actor cuestiona la sentencia de 31 de agosto de 2021, proferí por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D”, que
resolvió confirmar la decisión de primera instancia que había declarado la nulidad
de la Resolución No. 1112 de 30 de noviembre de 2015, mediante la cual se
dispuso su desvinculación en el cargo que ocupaba en provisionalidad y modificó
lo resuelto por el a quo en cuanto al pago de los salarios, prestaciones sociales,
reajustes y demás emolumentos dejados de percibir, en el sentido de indicar que
se pagarían desde la fecha en que fue retirado del servicio hasta el término de
veinticuatro (24) meses.
La decisión, en sentir del actor, desconoce los derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, así como los
principios de la non reformatio in pejus, buena fe y prevalencia del derecho
sustancial, pues la imposición de topes indemnizatorios no fue un aspecto
solicitado en el recurso de apelación ni se contempló en la sentencia de primera
instancia.
4.2.2. Como se advirtió en la delimitación del problema jurídico, la Sala abordará
las inconformidades del actor, las cuales fueron reiteradas en el escrito de
impugnación, bajo la caracterización de la violación directa de la Constitución,
la cual se materializa cuando el juez en la decisión desconoce la Carta Política.
Ello puede ocurrir, primero, porque no se aplica una norma fundamental al caso en
estudio, lo cual se presenta cuando: (a) al resolver el asunto se dejó de interpretar
y aplicar una disposición legal de conformidad con el precedente constitucional; (b)
se trata de un derecho fundamental de aplicación inmediata; y (c) en las
decisiones se vulneraron derechos fundamentales y no se tuvo en cuenta el
principio de interpretación conforme a la Constitución.
Dicha causal también se presenta, porque se aplica la ley al margen de los
preceptos consagrados en la Constitución. En este evento, se ha señalado que
los jueces, en sus fallos, deben tener en cuenta la excepción de
inconstitucionalidad contenida en el artículo 4º Superior, en tanto la Carta es
norma de normas, y cuando existe incompatibilidad con las disposiciones legales,
debe aplicarse de preferencia las constitucionales20.
19 Expediente: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Demandante: Alpina Productos Alimenticios
S.A. Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez y
sentencia T-619 de 2019, Corte Constitucional, M.P.: Antonio José Lizarazo Ocampo.
20 Sentencia SU-069 de 2018, M.P: José Fernando Reyes Cuartas.
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2021-07375-01
Demandante: Hugo Hernán Vega Parra
4.2.3. En el caso bajo estudio, el señor Hugo Hernán Vega Parra interpuso
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Registraduría
Nacional del Estado Civil con el fin de que se ordenara la nulidad de la Resolución
No. 1112 de 30 de noviembre d 2015 y, en consecuencia, se dispusiera (i) su
reintegro al cargo que desempeñaba o a uno de igual o superior categoría; (ii) el
pago de salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir desde la fecha en que
fue retirado hasta que se produzca el reintegro, (iii) se declare que no existió
solución de continuidad en la prestación del servicio del demandante; (iv) se
reconozcan los intereses comerciales y moratorios por el no pago oportuno de la
condena y se indexen las sumas a las que tenga derecho.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D”,
en sentencia de 31 de agosto de 2021, resolvió confirmar parcialmente la decisión
de 23 de noviembre de 2020, proferida por el Juzgado Cincuenta y Tres
Administrativo del Circuito de Bogotá que accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda, teniendo en cuenta que la Registraduría Nacional del Estado Civil
debió motivar el acto administrativo que desvinculó de la entidad al señor Hugo
Hernán Vega Parra, pues aun cuando se invocó lo dispuesto en el literal c) del
artículo 20 de la Ley 1350 de 2009, que permite efectuar nombramientos en
provisionalidad de manera excepcional y por razones del servicio por el término de
seis (6) meses, término después del cual se abrirá concurso para proveer el cargo
de manera definitiva, en este caso no se cumplió con los presupuestos de dicha
norma, en tanto se desconoció la obligación de proveer los cargos en carrera
administrativa y no se trató de una vinculación excepcional ya que al trabajador le
fueron prorrogados sus nombramientos por años consecutivos.
Además, resaltó que, al margen de la norma invocada, de conformidad con la
jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional los actos que
desvinculen empleados nombrados en provisionalidad deben ser motivados
atendiendo el principio de la razón suficiente, sin que pueda aceptarse el
vencimiento del término. Por consiguiente, resolvió confirmar la sentencia apelada
en cuanto al debate en torno al vencimiento del término de seis (6) meses para
retirar del servicio al señor Hugo Hernán Vega Parra.
Ahora bien, en relación con el restablecimiento del derecho resolvió modificar la
decisión del a quo, al advertir que no había dado aplicación a lo establecido en la
sentencia SU-354 de 2017 de la Corte Constitucional, pues el pago de salarios y
prestaciones dejadas de percibir no puede ordenarse desde el retiro hasta la
materialización del reintegro, sino que debe contemplar el límite temporal de
veinticuatro (24) meses. Así se expuso en la providencia demandada:
“En ese estado de cosas, una vez determinada la procedencia de la declaratoria de
nulidad del acto administrativo demandado, se advierte que en la sentencia de primera
instancia se ordenó a la Registraduría Nacional del Estado Civil, reintegrar al
demandante y pagar los salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir desde la
fecha del retiro hasta que se produzca el reintegro; sin embargo, no se tuvo en cuenta
las directrices dadas por la Corte Constitucional en sentencia SU-354 de 2017 para el
restablecimiento del derecho:
“8. El precedente constitucional sobre el reintegro y la devolución de
salarios y prestaciones dejadas de percibir como consecuencia de la
nulidad de un acto de retiro del servicio, se aplica con independencia de
la designación en provisionalidad o en propiedad respecto de un cargo
de carrera.
(…)
(i) La esencia del restablecimiento del derecho es retrotraer las cosas a
su estado inicial, luego de hacer cesar los efectos jurídicos del acto
administrativo que lesionó los derechos del ciudadano. Es por esa razón
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2021-07375-01
Demandante: Hugo Hernán Vega Parra
que ese tipo de condenas están dirigidas a reintegrar al funcionario al
cargo que venía desempeñando y al pago de los salarios y las
prestaciones dejados de percibir, creando una ficción jurídica de que
aquel nunca fue retirado del servicio.
Bajo ese entendido, no puede concluirse que las sumas que se ordenan
a título de restablecimiento del derecho, que en todo caso se reconocen
indexadas, tengan además un carácter indemnizatorio, porque se estaría
desnaturalizando la finalidad de la decisión de restablecimiento. De ahí la
diferencia con la acción de reparación directa, la cual supone el
resarcimiento de los daños causados al empleado que fue desvinculado,
lo que quiere decir que, una cosa es la condena por restablecimiento del
derecho en donde las sumas reconocidas serán a título de salarios y
prestaciones dejados de percibir y otras distintas la que corresponda a
los daños y perjuicios causados por el acto ilegal de la desvinculación.
Frente al período en que debe operar dicho reconocimiento y pago, se debe precisar
que este va desde la fecha del retiro de la institución y hasta por el término de
veinticuatro (24) meses, conforme a lo indicado en la Sentencia SU-556 de 2014,
proferida por la H. Corte Constitucional, en la cual se dispuso lo siguiente:
“3.6.13.4. Ahora bien, siendo consecuente con el propósito de que la
reparación debe corresponder al daño que se presentó cuando, de
manera injusta, se frustró la expectativa de estabilidad relativa en el
cargo, se dispondrá que, en todo caso, la indemnización a ser
reconocida no podrá ser inferior a los seis (6) meses que según la Ley
909 de 2004 es el término máximo de duración de la provisionalidad,
estableciéndose, a su vez, un límite superior a la suma indemnizatoria de
hasta veinticuatro (24) meses, atribuible a la ruptura del nexo causal
entre la ausencia de ingresos o el nivel de los mismos y la
desvinculación del servicio”.
En este orden de ideas, debe decirse que, si bien no fue un aspecto apelado por
la entidad demandada, la Sala acogiendo la Sentencia SU-556 de 2014,
modificará la orden dada por el A-quo, en el sentido de señalar que el pago por
concepto de salarios y prestaciones sociales dejados de percibir como
consecuencia de la desvinculación ilegal no puede ser superior a veinticuatro
(24) meses” (negrillas de la Sala).
De lo anterior, se observa que a pesar de que el recurso de apelación presentado
por la Registraduría Nacional del Estado Civil no contempló la aplicación del límite
indemnizatorio de los veinticuatro (24) meses, contemplado en la jurisprudencia de
la Corte Constitucional, sino que se dirigió únicamente a defender la legalidad del
acto administrativo demandado y obtener la revocatoria de la sentencia de primera
instancia en su totalidad, la autoridad judicial demandada en aras de dar
aplicación al precedente constitucional de unificación contenido en la sentencia
SU-556 de 2014, resolvió modificar la sentencia objeto de apelación con el fin de
adecuar la orden judicial incluyendo el mencionado límite.
4.2.4. A juicio de la Sala, la decisión adoptada por la autoridad judicial demandada
no incurrió en vulneración iusfundamental alguna, dado que se justificó de forma
suficiente en la necesidad de dar aplicación al precedente constitucional contenido
en la sentencia de tutela en mención.
La observancia del precedente de unificación en el caso concreto no desborda el
marco judicial de competencia del Tribunal demandado como juez de segunda
instancia, todo lo contrario, encuentra pleno respaldo en la garantía de los
derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, al debido
proceso y a la igualdad, así como en el principio de la seguridad jurídica.
En efecto, la ratio decidendi de las sentencias de la Corte Constitucional, tanto en
materia de acciones de tutela como en ejercicio del control de constitucionalidad
tienen fuerza vinculante y valor de precedente “para todos los jueces en sus
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2021-07375-01
Demandante: Hugo Hernán Vega Parra
decisiones, por lo que puede ser considerada una fuente de derecho que integra la
norma constitucional”21, cuya observancia no depende, como lo sugiere el
demandante, de que haya sido mencionada por las partes en la demanda o en
recurso de apelación.
Además, en el asunto bajo examen no es posible predicar una afectación del
principio de la non reformatio in pejus contemplado en el artículo 31 de la
Constitución Política, como quiera que el actor no fungió como apelante único -
quien presentó el recurso de apelación fue la Registraduría Nacional del Estado
Civil- y, por lo tanto, no es posible afirmar que su situación jurídica se hubiese
visto afectada al acudir al juez de segunda instancia.
En este orden de ideas, lo que se puede advertir es que la providencia objeto de
reproche constitucional realizó un estudio ponderado del marco normativo
aplicable frente a la legalidad del acto administrativo demandado, así como del
criterio de la Corte Constitucional en cuanto al restablecimiento del derecho, esto
es, del pago de salarios y prestaciones sociales dejados de percibir en casos en
los que se había desvinculado a empleados públicos en provisionalidad sin justa
causa, accediendo a confirmar el pago de los mismos, pero introduciendo
razonablemente el límite de los veinticuatro (24) meses que no había sido
contemplado por el juez de primera instancia.
Dicho en otras palabras, en el asunto bajo examen, el juez contencioso
administrativo en sede de segunda instancia estaba habilitado para modificar la
orden dada por el a quo, pues encontró que resultaba contrario al precedente
constitucional de obligatoria observancia para todas las autoridades judiciales, lo
que en modo alguno supone el desconocimiento de normas de rango superior,
sino que, por el contrario, se insiste, está respaldada en la garantía de los
derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, al debido
proceso y a la igualdad, así como el principio de seguridad jurídica.
En esas condiciones, la decisión objeto de tutela no vulneró los derechos
fundamentales invocados por el accionante, lo que permite concluir que no incurrió
en violación directa de la Constitución.
Por las consideraciones expuestas, la Sala revocará el fallo de 19 de noviembre
de 2021, proferido por la Sección Primera del Consejo de Estado que declaró
improcedente la acción de tutela y, en su lugar, negará las pretensiones de la
demanda promovida por el señor Hugo Hernán Vega Parra.
Por último, en atención al memorial allegado por el actor el 21 de enero de 2022,
mediante correo electrónico en el que el actor solicitó la corrección de la anotación
de archivo efectuada en el trámite de primera instancia de la presente acción de
tutela (rad. No. 11001-03-15-000-2021-07375-00), la Sala ordenará a la Secretaría
General de esta Corporación que le brinde la información que corresponda.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
21 Sentencia SU-068 de 2019, M.P. Alberto Rojas Ríos.
15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2021-07375-01
Demandante: Hugo Hernán Vega Parra
RESUELVE:
Primero.- REVÓCASE la sentencia de 19 de noviembre de 2021, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Primera. En su lugar,
Segundo.- NIÉGANSE las pretensiones de la acción de tutela promovida por el
señor Hugo Hernán Vega Parra contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D”, por las razones expuestas.
Tercero.- Por la Secretaría General de esta Corporación INFÓRMESE al
demandante lo que corresponda en relación con la solicitud presentada el 21 de
enero de 2022.
Cuarto.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible,
como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Quinto.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Sexto.- REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que
surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución
Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
16
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.