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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-07384-00

Fecha
2 de diciembre de 2021
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-07384-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Amparar el derecho al debido proceso del señor Luis Ariel Rodríguez Ferreira, por lo expuesto en esta providencia. 2. En consecuencia, ordenar a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta providencia, realice el nombramiento del magistrado para la Seccional de Magdalena, de no haberlo efectuado aún, tal como lo prevé el artículo 167 de la Ley 270 de 1996. Gestión que debe efectuarse con sujeción a la lista de candidatos contenida en el Acuerdo Nro. PCSJA21-11809 de 30 de junio de 2021 y a lo dispuesto en la Ley 270 de 1996 en materia de concurso de méritos y nombramientos. 3. Ordenar a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la notificación de esta sentencia, informe al Consejo Superior de la Judicatura si existe vacante disponible en la Seccional de Antioquia por la renuncia del magistrado Luis Fernando Zapata Arrubla; y le esclarezca si en la vacante nombró a una persona que no hace parte del registro de elegibles del cargo de magistrado seccional de disciplina judicial. 4. Ordenar a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial cumplir con los términos dispuestos en el artículo 167 de la Ley 270 de 1996, relativos a la comunicación de vacantes disponibles y realización de nombramientos. 13 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2021-07384-00 Demandante: Luis Ariel Rodríguez Ferreira 5. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 6. Publicar la presente decisión en las páginas web del Consejo de Estado y de la Rama Judicial. 7. De no ser impugnada, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2021-07384-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

2 de diciembre de 2021

Radicado: 11001-03-15-000-2021-07384-00
Demandante: Luis Ariel Rodríguez Ferreira

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., dos (2) de diciembre de dos mil veintiuno (2021)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2021-07384-00
Demandante LUIS ARIEL RODRÍGUEZ FERREIRA
Demandado CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL Y COMISIÓN NACIONAL DE
DISCIPLINA JUDICIAL

Temas Acción de tutela. Derecho al debido proceso en concurso de méritos.
Mora administrativa. Convocatoria Nro. 22 de la Rama Judicial.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por el señor Luis Ariel Rodríguez Ferreira, de conformidad con lo
dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 2 de noviembre de 20211, el señor Luis Ariel Rodríguez Ferreira interpuso acción
de tutela, en nombre propio, contra el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de
Carrera Judicial y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, por considerar
vulnerados sus derechos al debido proceso y al acceso a cargos públicos. En
consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“PRIMERA: Tutelar mis de derechos fundamentales, AL DEBIDO PROCESO y el ACCESO
A CARGOS PÚBLICOS MEDIANTE EL MÉRITO, así como los demás que el/la Honorable
Magistrado/a encuentre afectados dentro del trámite de la presente acción constitucional de
amparo.
SEGUNDA: Que, en consecuencia, se ordene a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial,
que en el término MÁXIMO DE CUARENTA Y OCHO (48) HORAS, proceda al nombramiento
del primero de la lista de candidatos para el cargo de Magistrado de la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial del Magdalena, ordenando, además, la comunicación inmediata al
beneficiario de esa decisión.
TERCERA: Que se ordene a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a la Unidad de
ministración de Carrera Judicial, el reporte y publicación para opción de sede del cargo de
Magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial de Antioquia, que ocupare hasta el
mes de septiembre el doctor LUIS FERNANDO ZAPATA ARRUBLA.
CUARTA De no ser aceptado el cargo por el primero en la lista de candidatos, se proceda al
nombramiento del segundo y así consecutivamente, respetando los términos establecidos en
los artículos (133 y 167 de la Ley 220 de 1996”2.

1 Información obtenida de Samai.
2 Escrito de tutela. Fl. 12. Índice 1 en Samai.
1

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Demandante: Luis Ariel Rodríguez Ferreira

2. Hechos

En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. Mediante el Acuerdo Nro. PSAA13-9939 de 25 de junio de 2013 (Convocatoria
Nro. 22), el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa convocó a
concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama
Judicial.

2.2. El accionante participó en tal convocatoria, en su momento, para el cargo de
magistrado de la sala disciplinaria de los consejos seccionales de la judicatura,
hoy, comisiones seccionales de disciplina judicial.

2.3. En el año 2021, el Consejo Superior de la Judicatura publicó el registro de
elegibles actualizado con posesiones y reclasificación para el cargo de
magistrado de comisión seccional de disciplina judicial. El tutelante ocupó el
quinto puesto con un puntaje de 633,06.

3. Fundamentos de la acción de tutela

3.1. La parte actora reprochó que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ha
dilatado el procedimiento administrativo y no ha cumplido ni los términos para
los nombramientos dispuestos en el artículo 167 de la Ley 270 de 19963 ni las
reglas contenidas en las Sentencias T-735 de 1999, T-066 de 2001, T-077 de
2005.

Narró que en abril de 2021 la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no le
informó oportunamente a la Unidad de Carrera Judicial del Consejo Superior
de la Judicatura la existencia de una vacante para el cargo de magistrado de
la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Magdalena. Aseguró que tal
gestión solo se efectuó hasta mediados de mayo mediante el Oficio Nro.
PCNDJ21-211, pese a que según el artículo 167 de la Ley 270 de 1996 la
comunicación de las vacantes disponibles se debe realizar dentro de los tres
días a que aquella se presenta. Por lo anterior, la publicación para optar a esta
se retardó hasta junio de 2021.

Además, sostuvo que no se ha efectuado el nombramiento del magistrado
para dicha Seccional, pese a que la lista de candidatos para esa sede se
publicó en junio de 2021.

De otra parte, censuró que la vacante que se produjo en septiembre de 2021
en la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia, dada la renuncia
del magistrado Luis Fernando Zapata Arrubla, no fue publicada en el mes de
octubre de 2021.

3 Ley 270 de 1996. Artículo 167: “NOMBRAMIENTO. Cada vez que se presente una vacante en cargo de
funcionario, la entidad nominadora comunicará la novedad, a más tardar dentro de los tres días siguientes,
a la correspondiente Sala Administrativa del Consejo Superior o Seccional de la Judicatura, según el caso.
Recibida la lista de candidatos, procederá al nombramiento dentro de los diez días siguientes.
Tratándose de vacantes de empleados, el nominador, a más tardar dentro de los tres días siguientes,
solicitará a la Sala Administrativa del Consejo Superior o Seccional que corresponda, el envío de la lista de
elegibles que se integrará con quienes ocupen los primeros cinco lugares en el correspondiente registro de
elegibles, previa verificación de su disponibilidad. La Sala remitirá la lista dentro de los tres (3) días siguientes
y el nombramiento se hará a más tardar dentro de los diez (10) días siguientes.”
2

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Demandante: Luis Ariel Rodríguez Ferreira

El tutelante manifestó que desconoce si dicha omisión se produjo “ porque la
CNDJ no la ha reportado o si es la Unidad de carrera Judicial la que no la publicó.
Indistintamente de a quien atribuirle la omisión, el hecho es que se sigue dilatando el
procedimiento y desconociendo el Estado de derecho”4.

Y censuró que en dicha vacante se nombró en provisionalidad a una persona
no integrante del registro de elegibles. Hecho que en criterio del actor
corrobora “la vía de hecho que viene cometiendo esa Corporación de Disciplina Judicial, en
contra de todos y cada uno de quienes hacemos parte de la lista de elegibles, afectando con
ello el derecho a ser designado en un cargo de carrera”.

En suma, la parte actora afirmó que la dilación en el actuar de las autoridades
accionadas lo afecta directamente, no solo porque lo priva de acceder al cargo
al que tiene derecho por mérito; sino porque ese retardo le puede generar un
daño inminente, dado que el registro de elegibles pierde vigencia el 19 de
marzo de 2022.

3.2. En escrito adicional, el actor aclaró que está legitimado en la causa por activa,
ya que persigue la protección de sus derechos fundamentales. Así lo indicó:

“no pretendo fungir como agente oficioso de ninguno de los ciudadanos que hacen parte
de la lista de elegibles y que hoy ocupan los primeros lugares de la misma. Lo que
pretendo, es que se amparen mis derechos fundamentales, pues me considero, y así
debe tenérseme, como afectado colateral de la negativa de la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial a cumplir estrictamente con el mandato legal, ya que en la medida en
que se dilate no solo la publicación de las vacantes, y en dicho lapso se abuse del
derecho y se designen magistrados en provisionalidad, sino el trámite subsiguiente para
poder aspirar y ser nombrado en el cargo ofertado por quienes consideren tienen
derecho a ello, en forma lógica, me ubica en el sitial de quienes directamente se les
conculcan sus derechos fundamentales al DEBIDO PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO y ACCESO A LOS CARGOS PÚBLICOS MEDIANTE EL MERITO,
Pues si bien no ocupo el primero ni segundo lugar en la relación de elegibles, es claro,
lógico y jurídico, que en la medida en que se permita a quienes sí lo están, acceder a
los cargos que se encuentran Vacantes (Magdalena y Antioquia), ello me permite, antes
del mes de marzo de 2022 que vence el registro, estar en los primeros lugares de la
relación de elegibles y optar por un nombramiento en la medida en que se vayan
presentando”5.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. En auto de 8 de noviembre de 2021, se admitió la tutela presentada por Luis
Ariel Rodríguez Ferreira, quien actúa en nombre propio, contra el Consejo
Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de la Carrera Judicial y la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial; y se ordenó efectuar las
notificaciones pertinentes, así como la publicación de un aviso sobre la
existencia de la presente tutela, en la página web de esta Corporación.

4.2. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial argumentó que el tutelante
carece de legitimación en la causa por activa, ya que aquel no pretende la
protección de sus derechos fundamentales, tanto así que lo solicitado en la
tutela es que se nombre al primero en la lista de elegibles.

4 Escrito de tutela. Fl. 2. Índice 1 en Samai.
5 Adición de la tutela. Índice 2 en Samai.
3

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Asimismo, el actor no acreditó actuar en representación del primero en la lista
de elegibles, de la Defensoría del Pueblo o Personería, así como tampoco se
cumplen los requisitos para fungir como agente oficioso.

De otra parte, manifestó que de acuerdo con la jurisprudencia constitucional
“la consolidación del derecho que otorga el haber sido incluido en una lista de elegibles, se
encuentra indisolublemente determinado por el lugar que se ocupó dentro de la lista y el
número de plazas o vacantes a proveer.”6 Por lo tanto, sostuvo que en virtud del lugar
que ocupó en la lista de elegibles, “el accionante solo posee una mera expectativa de
resultar nombrado en eventuales vacantes de cargos de magistrado”7.

De hecho, informó que el accionante no hace parte de la lista de elegibles
contenida en el Acuerdo PCSJA21-11809 del 30 de junio de 2021, “Por medio
del cual se formula ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la lista de candidatos a
proveer una vacante del cargo de magistrado de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial
del Magdalena, vacante dejada por el doctor Luis Wilson Laureano Báez Salcedo.”

Finalmente, la autoridad sostuvo que el actor no alegó la existencia de un
perjuicio irremediable.

Por los motivos expuestos solicitó la declaratoria de improcedencia de la
acción de tutela.

4.3. El Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de
Carrera Judicial explicó que, según el artículo 167 de la Ley 270 de 1996,
cada vez que se presente una vacante, la entidad nominadora comunicará la
novedad al Consejo Superior de la Judicatura, a más tardar dentro de los tres
días siguientes del surgimiento de la vacante. Una vez se realiza tal gestión,
la Unidad de Administración de la Carrera Judicial publicará la vacante, a
través de la página web de la Rama Judicial, durante los cinco (5) primeros
días hábiles de cada mes, tal como lo establece el Acuerdo PSAA08-4536 de
2008.

Efectuada la publicación de las sedes vacantes, los integrantes del registro de
elegibles podrán optar hasta por dos vacantes para cargos de la misma
especialidad y categoría.

Seguido, el Consejo Superior de la Judicatura integrará en estricto orden del
registro de elegibles vigente al momento en que se presenten las vacantes las
listas de candidatos para los despachos que dieron origen a la publicación de
sedes. Las listas de candidatos destinadas a la provisión en propiedad de los
cargos vacantes se deberán remitir a la correspondiente autoridad
nominadora, a fin de que esta última realice el nombramiento en los términos
señalados en los artículos 133 y 167 de la Ley 270 de 1996.

Explicado el procedimiento sobre la publicación de vacantes y nombramientos,
informó que en el caso realizó todas las actuaciones de su competencia. Con
relación a la vacante de la Seccional Magdalena, efectuó la respectiva
publicación, integró la lista de candidatos mediante Acuerdo PCSJA21-11809
de 30 de junio de 2021 y se la envió a la autoridad nominadora para la provisión
del cargo.

6 Informe de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Fl. 9. Índice 17 en Samai.
7 Informe de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Fl. 9. Índice 17 en Samai.
4

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Y en lo que respecta a la vacante de la Seccional Antioquia, indicó que
mediante Oficio de 12 de noviembre de 2021 le solicitó a la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial informarle si existía vacante en la referida seccional. Esto
producto de un derecho de petición remitido por uno de los integrantes del
registro de elegibles, en el que aquel indicaba que allí existía una vacante no
reportada al Consejo Superior de la Judicatura para la respectiva publicación
en la página web.

En consecuencia, aseguró que no tiene legitimación en la causa por pasiva,
pues “carece de competencia para efectuar el reporte de la presunta vacante de Antioquia, y
de la otra parte, porque mucho menos tenemos facultad para efectuar el nombramiento de la
lista de candidatos enviada para proveer el cargo de magistrado en el departamento del
Magdalena”8.

Insistió en que el reporte de vacantes y la decisión final sobre el nombramiento
en propiedad corresponden exclusivamente a la autoridad nominadora.

Por lo expuesto, concluyó que de su parte no ha existido vulneración a los
derechos del tutelante, pues ha cumplido con sus competencias de ley.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19919, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. Planteamiento del problema jurídico

De acuerdo con los antecedentes expuestos, en primer lugar, la Sala establecerá si
la parte actora cuenta con legitimación en la causa por activa, pese a no encontrarse
en los primeros lugares del registro de elegibles para el cargo de magistrado de
comisiones seccionales de disciplina judicial.

De ser positiva la respuesta a tal cuestionamiento, en segundo lugar, se determinará
si la acción de tutela presentada es procedente, a la luz del requisito de
subsidiariedad.

Finalmente, superado el anterior análisis, se estudiará si las autoridades accionadas
vulneraron el derecho al debido proceso del actor, dada la presunta dilación
injustificada en la comunicación de vacantes y realización de nombramientos.

8 Informe de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Fl. 4. Índice 17 en Samai.
9 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
5

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3. Legitimación en la causa en materia de tutela y análisis del caso concreto

3.1. El inciso primero del artículo 86 de la Constitución Política establece que toda
persona, sin necesidad de ninguna cualificación especial como la de ser
abogado, podrá ejercer la acción de tutela en nombre propio o mediante
apoderado para obtener la protección inmediata de sus derechos
fundamentales10.

En armonía con lo dispuesto en la Constitución Política, el artículo 10 del
Decreto 2591 de 199111 establece que cualquier persona que considere
amenazados o vulnerados sus derechos fundamentales podrá interponer
acción de tutela “por sí misma o a través de representante”. Y a su vez, faculta a
que terceros, denominados agentes oficiosos, defiendan los derechos de
quienes estén imposibilitados de ejercer su propia defensa; e igualmente,
permite que el defensor del pueblo y los personeros municipales ejerzan dicha
defensa.

En consecuencia, la acción de tutela puede ejercerse de las siguientes
maneras: (i) en forma directa; (ii) por intermedio de un representante legal,
caso de los menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas
jurídicas; (iii) mediante apoderado judicial, abogado titulado con poder judicial
o mandato expreso; o (iv) a través de agente oficioso, cuando el titular del
derecho no está en condiciones de promover su propia defensa. Asimismo,
dicha norma señala que tanto el defensor del pueblo como los personeros
municipales estarán legitimados para ejercer la acción de tutela.

Lo anterior supone que el actor de tutela debe estar legitimado en la causa por
activa, en la medida que solo podrá ejercer esta acción constitucional ante la
vulneración de sus propios derechos fundamentales, sin perjuicio de la
agencia oficiosa de derechos. No sujetarse a esas reglas acarrea la falta de
cumplimiento del requisito denominado legitimación en la causa por activa, ya
que no existiría identidad entre el titular del derecho fundamental
presuntamente vulnerado y quien presenta la acción de tutela.

Asimismo, la Corte Constitucional ha indicado que, so pretexto de ejercer la
acción de tutela, no puede asumirse de forma indeterminada o ilimitada la
representación de otra persona; y que la informalidad propia de este
mecanismo de protección constitucional no supone que la inexistencia de
requisitos mínimos de procedibilidad como la legitimación en la causa por
activa12.

Por su parte, la legitimación en la causa por pasiva refiere a “la aptitud legal de la
persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder por la
vulneración o amenaza del derecho fundamental”13 (Negrillas propias). Así, para la Corte

10 Constitución Política. Artículo 86: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. (…)”.
11 Decreto 2591 de 1991. Artículo 10: “Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo

momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales,
quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de
promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud”.
12 Corte Constitucional. Sentencia T-417 de 2013.
13 Corte Constitucional. Sentencia T-1015 de 2006.

6

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Constitucional “la ‘legitimación por pasiva’, como presupuesto procesal de esta acción,
supone que la persona contra quien se incoa la demanda sea la autoridad o el
particular que efectivamente vulneró o amenaza vulnerar el derecho fundamental
cuya protección se solicita; dicha persona, además, debe estar plenamente
determinada” (Negrillas propias).
De ahí que, aunque la tutela es una acción sumaria e informal, es
imprescindible que se aseguren ciertas garantías procesales mínimas, tal
como lo es la identificación de quien amenazó o vulneró el derecho
fundamental de la parte actora.
En síntesis, “la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación
con el interés sustancial que se discute en el proceso” 14.

3.2. Con fundamento en lo anterior, la Sala considera que en el asunto analizado
el accionante sí está legitimado en la causa por activa, pues tiene un interés
directo y propio en que los nombramientos de las personas que lo anteceden
en el registro de elegibles se realicen de forma célere, a fin de ir subiendo su
posición en este y así incrementar sus posibilidades de ser nombrado en el
cargo para el cual concursó, antes del vencimiento del registro.

Por ende, la Sala desestima la argumentación de la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial referente a la supuesta falta de legitimación por activa del
actor, pues contrario a su razonamiento aquel no interpuso la acción de tutela
con la finalidad de proteger derechos de quienes se encuentran antes que él
en la lista. El accionante fue claro al manifestar que lo pretendido es proteger
sus derechos fundamentales, que en su criterio han sido vulnerados producto
de la dilación en los nombramientos y en la comunicación de vacantes
disponibles

Ahora bien, es cierto que la Corte Constitucional ha reiterado que “Quienes se
encuentran en (…) los primeros lugares según las plazas ofertadas (…) se encuentran en una
mejor situación jurídica que los participantes que si bien están en la lista no alcanzan a ocupar
una de las vacantes ofertadas, pues estos, solo tienen una mera expectativa de ser
nombrados”15.

Sin embargo, que el derecho a acceder a cargos públicos mediante mérito esté
supeditado a la inclusión y posición en el registro de elegibles, así como al
número de vacantes disponibles, no significa que los integrantes de este que
se encuentran en peldaños menos favorecidos estén vedados para solicitar la
protección de sus derechos fundamentales. Y aún menos que carezcan de un
interés legítimo cuando acuden a la acción de tutela por irregularidades o
dilaciones en el concurso del cual participaron, pues más allá de la posición
alcanzada en el registro, lo cierto es que por sus méritos aún tienen la
posibilidad de ser nombrados.

Así entonces, que el actor se encuentre en la posición Nro. 5 y por ende su
eventual nombramiento esté condicionado a la posesión previa o renuncia de
quienes lo anteceden en la lista no desvirtúa su interés directo ni mucho menos
significa que lo realmente pretendido por el actor sea proteger los derechos de
terceros.

14 Corte Constitucional. Sentencia T- 416 de 1997.
15 Corte Constitucional. Sentencia T-081 de 2021.
7

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Por consiguiente, la Sala considera, como se esbozó previamente, que en el
caso el tutelante sí cuenta con legitimación en la causa por activa. De ahí que
se continuará con el análisis del segundo problema jurídico planteado.

4. Procedibilidad de la acción de tutela en materia de concurso de méritos
y su análisis en el caso

4.1. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que la tutela “ solo procederá
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.

Dada su naturaleza subsidiaria, esta acción solo procede cuando no existen
otros medios de defensa para amparar los derechos fundamentales invocados.
O en su defecto, siempre que sea necesario para evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio
de protección.

4.2. En materia de concursos de mérito, la jurisprudencia constitucional ha
diferenciado entre dos situaciones: cuando se controvierte un acto
administrativo definitivo y cuando se busca que la entidad encargada efectúe
los nombramientos de las personas incluidas en la lista de elegibles.

En el primer supuesto, se ha indicado que por regla general este mecanismo
constitucional no procede, debido a la existencia de otros medios de defensa
judicial. Análisis que, en todo caso, dependerá de las situaciones particulares
del caso. En el segundo evento, la Corte Constitucional ha manifestado que la
acción de tutela procede para la protección de los participantes que, teniendo
derecho a ser nombrados, por hacer parte de la lista de elegibles, no son
designados.

Ya desde la Sentencia SU-133 del 2 de abril de 1998, el tribunal constitucional
indicó lo siguiente:

“las personas acreedoras a un nombramiento en un cargo de carrera cuando no son
designadas pese al hecho de haber obtenido el primer lugar en el correspondiente
concurso, no encuentran solución efectiva ni oportuna en un proceso ordinario que
supone unos trámites más dispendiosos y demorados que los de la acción de tutela y
por lo mismo dilatan y mantienen en el tiempo la violación de un derecho fundamental
que requiere protección inmediata”.

Asimismo, en la Sentencia SU-613 del 6 de agosto de 2002, se explicó que:

“existe una clara línea jurisprudencial según la cual la acción de tutela es el mecanismo
idóneo para controvertir la negativa a proveer cargos de carrera en la administración
judicial de conformidad con los resultados de los concursos de méritos, pues con ello
se garantizan no sólo los derechos a la igualdad, al debido proceso y al trabajo, sino
también el acceso a los cargos públicos, y se asegura la correcta aplicación del artículo
125 de la Constitución”.

Es cierto que cuando el elegible busca su nombramiento podría acudir a la
acción de cumplimiento o al medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho en el evento de existir acto administrativo que lo niega. No obstante,

8

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en casos similares esta Sala ha habilitado la procedencia del mecanismo
constitucional como una medida para proteger los derechos fundamentales16.

4.3. En el caso, la Sala aplicará la línea que sobre el tema ha expuesto en otras
ocasiones, al considerar que en la situación del accionante la tutela es el
mecanismo judicial idóneo de protección. Es así debido a que no se está
controvirtiendo un acto administrativo, sino, más bien, lo pretendido es obtener
una solución por la presunta dilación en que han incurrido las autoridades
accionadas frente a ciertos nombramientos y a la comunicación de algunas
vacantes disponibles, ante el inminente vencimiento de la lista de elegibles que
ocupa la atención de la Sala17.

De ahí que la tutela presentada por Luis Ariel Rodríguez Ferreira sea
procedente, para la protección de sus derechos fundamentales invocados,
presuntamente vulnerados por la mora incurrida por las accionadas.

En consecuencia, se proseguirá a resolver el tercer problema jurídico
planteado.

5. La mora administrativa en concursos de méritos y su análisis en el caso

5.1. El artículo 29 de la Constitución Política establece que el derecho fundamental
al debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y
administrativas. Así, al momento de determinar su alcance tal disposición
constitucional prevé que toda persona tiene derecho a “un debido proceso
público sin dilaciones injustificadas”.

La Corte Constitucional ha indicado que la vulneración de este elemento del
derecho al debido proceso, trátese de un proceso judicial o administrativo, se
configura cuando: “(i) el incumplimiento de los términos señalados en la ley para
adelantar alguna actuación por parte del funcionario competente; (ii) que la mora
desborde el concepto de plazo razonable que involucra análisis sobre la complejidad
del asunto, la actividad procesal del interesado, la conducta de la autoridad
competente y el análisis global de procedimiento; (iii) la falta de motivo o
justificación razonable en la demora”.

Con base en lo anterior, se puede afirmar que el simple incumplimiento de un
término establecido en la ley no implica per se la vulneración del derecho al
debido proceso, pues para ello es necesario que tal dilación sea injustificada.
En otras palabras, “cuando la tardanza no es imputable al actuar del juez o cuando
existe una justificación que explique el retardo, no se entienden vulnerados los
derechos al debido proceso (…)”.

Aunque la jurisprudencia transcrita refiere a los procesos judiciales, es
plenamente aplicable en los casos de mora administrativa debido a que el
artículo 29 constitucional establece la procedencia de este derecho
fundamental en ambos escenarios.

16 Ver al respecto, entre otras: sentencia de 6 de agosto de 2017, Exp. N.º 2017-00265-01, sentencias de 6 de
diciembre de 2017 Exp. N° 2017-01847-01 y 2017-01956-01, sentencia de 13 de diciembre de 2017, Exp.
N.º 2017-00736-01, sentencia el 28 de noviembre de 2018, Exp. N° 2018-01537-01, sentencia del 8 de
agosto de 2019, Exp. N° 2019-00730-01.
17 El registro vence el 19 de marzo de 2022.
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De igual forma, la ausencia de términos legales no exime de responsabilidad
a las autoridades de resolver los asuntos que les son planteados dentro de
términos razonables, puesto que se tratan de actuaciones regidas por los
principios de eficacia, economía y celeridad previstos en el artículo 209 de la
Constitución. En estos eventos el juez deberá examinar las particularidades
de cada caso para determinar si la complejidad del asunto, el estado del
procedimiento, el impulso del interesado y la actividad de la entidad justifican
o no la dilación.

Ahora bien, en materia de concurso de méritos el artículo 16418 de la Ley 270
de 1996 dispone que la convocatoria es la norma que regula todo proceso de
selección en la Rama Judicial. Allí se fijan las condiciones que deben cumplir
los participantes y las reglas que auto vinculan y controlan el actuar de la
Administración, a fin de garantizar el principio del mérito como base fundante
del sistema de la carrera judicial.

En virtud de lo anterior, la Corte Constitucional ha dispuesto que “Se trata de
reglas [haciendo alusión a la convocatoria] que son inmodificables, por cuanto se
afectan principios básicos de nuestra organización, como derechos fundamentales de
los asociados en general y de los participantes en particular” (Corchetes fuera de texto
original). Es por lo que cualquier incumplimiento de las etapas y procedimientos
consignados en la convocatoria vulnera el derecho fundamental del debido
proceso de los participantes.

No obstante, en el precedente constitucional se precisó que existen ocasiones
en las que por factores exógenos es necesario efectuar algunas
modificaciones a lo inicialmente previsto en la convocatoria. Estas, sin
embargo, deben ser plenamente publicitadas para que los participantes
conozcan las nuevas reglas que rigen el concurso. En palabras de la Corte:
“(…) si por factores exógenos las reglas del concurso varían levemente en alguna de
sus etapas, las modificaciones que hacen parte integral de la convocatoria inicial,
deben ser plenamente conocidas por los partícipes para que de esta forma se
satisfagan los principios de transparencia y publicidad que deben regir las actuaciones
de la administración y no se menoscabe la confianza legítima que los participantes han
depositado en los parámetros fijados para acceder a un cargo de carrera
administrativa”.

Entonces, si bien la convocatoria tiene una vocación de inmodificabilidad
como regla general, excepcionalmente hay lugar a efectuar ciertos cambios,
siempre que estos se publiciten y comuniquen debidamente a todos los
participantes.

5.2. Explicado lo anterior, la Sala considera que en el asunto bajo análisis la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial transgredió el derecho al debido
proceso del accionante, ya que ha incurrido en dilaciones injustificadas
referentes a los nombramientos de magistrados seccionales que le
corresponde efectuar.

Lo anterior obedece a que en el Acuerdo Nro. PSAA13-9939 del 25 de junio
de 2013, que contiene la convocatoria del concurso en el que participó el
accionante, se dispuso que “Una vez recibida la lista de candidatos por parte del

18 Ley 270 de 1996. Artículo 164: “2. La convocatoria es norma obligatoria que regula todo proceso de selección
mediante concurso de méritos.”
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nominador, éste procederá a realizar el nombramiento y su confirmación en la forma
y términos señalados en los artículos 133 y 167 de la Ley 270 de 1996”19.

Como es notorio, en materia de nombramientos el Acuerdo Nro. PSAA13-9939
del 25 de junio de 2013 (convocatoria del concurso) remite a la Ley 270 de
1996. Esta última, por su parte, establece en el artículo 167 el término en que
la entidad nominadora debe efectuar el nombramiento:
“Cada vez que se presente una vacante en cargo de funcionario, la entidad nominadora
comunicará la novedad, a más tardar dentro de los tres días siguientes, a la
correspondiente Sala Administrativa del Consejo Superior o Seccional de la Judicatura,
según el caso. Recibida la lista de candidatos, procederá al nombramiento dentro de
los diez días siguientes.
Tratándose de vacantes de empleados, el nominador, a más tardar dentro de los tres
días siguientes, solicitará a la Sala Administrativa del Consejo Superior o Seccional que
corresponda, el envío de la lista de elegibles que se integrará con quienes ocupen los
primeros cinco lugares en el correspondiente registro de elegibles, previa verificación
de su disponibilidad. La Sala remitirá la lista dentro de los tres (3) días siguientes y el
nombramiento se hará a más tardar dentro de los diez (10) días siguientes.”
(Negrillas propias)

La regla transcrita es clara: la entidad nominadora cuenta con diez (10) días
para efectuar el nombramiento, una vez recibe la lista de candidatos.

En el caso, el 30 de junio de 2021 el Consejo Superior de la Judicatura expidió
el Acuerdo PCSJA21-11809, mediante el cual "se formula ante la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial, la lista de candidatos para proveer una vacante del cargo de magistrado
de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Magdalena, vacante dejada por el doctor
Luis Wilson Laureano Báez Salcedo". Lista recibida satisfactoriamente por la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial, tal como se desprende de lo indicado
en el curso de la tutela.

La referida Comisión no acreditó haber efectuado el nombramiento de esa
plaza, que en últimas fue lo reprochado por el actor. De hecho, su única
mención referente a la vacante de la Seccional Magdalena, además de la
alusión a la lista de candidatos para dicha sede contenida en el Acuerdo
PCSJA21-11809 de 30 de junio de 2021, fue la siguiente:
“Y es que de entender que el promotor del amparo pretende su nombramiento en la
Seccional del Magdalena, habría que entender, entonces, que de esta manera se
estaría vulnerando el derecho a la igualdad de quienes se encuentran por encima suyo”.

Lo anterior significa que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no
desvirtuó lo manifestado por el actor, pues no comprobó haber efectuado el
nombramiento de la primera persona que aparece en la lista conformada en
junio de 2021 para suplir la vacante del Magdalena, pese a que su obligación
de ley era haberlo efectuado dentro de los diez (10) días siguientes a la
recepción de la lista de candidatos.

Ahora bien, respecto al otro cargo expuesto por la parte actora, es decir la
vacante de Antioquia aun no informada al Consejo Superior de la Judicatura,
la Comisión guardó silencio en el informe presentado.

19 Acuerdo Nro. PSAA13-9939 del 25 de junio de 2013. Artículo 3. Numeral 9: Nombramiento y confirmación.
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Se recuerda que, en el trámite de la tutela, el Consejo Superior de la Judicatura
informó que uno de los integrantes del registro de elegibles para magistrados
de seccional le remitió un derecho de petición en el que le manifestaba que en
la Seccional de Antioquia existía una vacante.

En virtud de esto, el Consejo Superior de la Judicatura acreditó que mediante
Oficio CJO21-4896 de 12 de noviembre de 2021 le informó a la Comisión de
la existencia del referido derecho de petición y le solicitó que informara si en
la Seccional de Antioquia existía o no la vacante:
“Doctor
EMILIANO RIVERA BRAVO
Secretario Judicial
Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
Doctor Rivera:
Con esta comunicación le envío la solicitud presentada por el Dr. Wilson René González
Cortés, integrante del registro de elegibles para los cargos de magistrado de sala
disciplinaria de los consejos seccionales de la judicatura, hoy, comisiones seccionales
de disciplina judicial, conformado como resultado de la convocatoria 22, Acuerdo
PSAA13- 9939 DE 2013.
Lo anterior, en razón a que se nos solicita la publicación de la vacante de magistrado
de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia, la cual no ha sido
reportada.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 167 de la Ley 270 de 1996, cada vez que se
presente una vacante en cargo de funcionario, la entidad nominadora comunicará la
novedad, a más tardar dentro de los tres días siguientes, en este caso, al Consejo
Superior de la Judicatura.
Por tanto, quedo atenta a su respuesta, para publicar la vacante de Antioquia en
el mes de diciembre, si legalmente hay lugar a ello” (Negrillas fuera de texto original).

Asimismo, el Consejo Superior de la Judicatura comprobó que mediante Oficio
CJO21-4895 de 12 de noviembre de 2021 le informó al remitente de la petición,
integrante del registro de elegibles, que la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial no le había informado la existencia de vacante alguna en la Seccional
de Antioquia y que por esa razón dicha sede no había sido publicada.

Frente a esta circunstancia, se insiste que la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial, no acreditó haber dado respuesta al requerimiento del Consejo
Superior de la Judicatura sobre la existencia o no de la vacante en la Seccional
de Antioquia, ni hubo mención a lo afirmado por el tutelante, referente a
que se nombró en provisionalidad a una persona que no hace parte del
registro de elegibles para el cargo de magistrado seccional en la sede de
Antioquia.

De lo expuesto hasta el momento, la Sala no encuentra un actuar diligente por
parte de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en lo que respecta al
nombramiento del magistrado para la sede del Magdalena y en el reporte de
la vacante en la Seccional Antioquia.

Lo anterior supone la vulneración al debido proceso del accionante, ya que
aquel tiene derecho, dada su calidad de integrante en el registro de elegibles
e independientemente de su posición en este, a que los nombramientos y el
reporte de las vacantes disponibles se efectúen oportunamente. Y esto es así,
porque el derecho al debido proceso abarca que los procedimientos de distinta
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índole, incluyendo los enmarcados en concursos de méritos, se realicen sin
dilaciones injustificadas.

Por ende, tales gestiones deben llevarse a cabo en los términos dispuestos en
la convocatoria del concurso, que para el caso son los de ley, es decir, diez
(10) días para efectuar el nombramiento, luego de recibida la lista de
candidatos para determinada sede; y tres (3) días para comunicar al
Consejo Superior de la Judicatura la existencia de una vacante
disponible.

Así las cosas, en razón a que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no
acreditó el cumplimiento de estos términos (aquella se limitó a aseverar que la
parte actora carecía de legitimación en la causa por activa), la Sala amparará
el derecho al debido proceso del señor Luis Ariel Rodríguez Ferreira.

5.3. En consecuencia, le ordenará a tal autoridad (i) realizar el nombramiento del
magistrado para la Seccional de Magdalena, de no haberlo efectuado aún; (ii)
informarle al Consejo Superior de la Judicatura si existe vacante disponible en
la Seccional de Antioquia por la renuncia del magistrado Luis Fernando Zapata
Arrubla y esclarezca si en esa vacante nombró a una persona que no hace
parte del registro de elegibles para el cargo de magistrado seccional de
disciplina judicial; y (iii) cumplir con los términos dispuestos en el artículo 167
de la Ley 270 de 1996.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Amparar el derecho al debido proceso del señor Luis Ariel Rodríguez Ferreira,
por lo expuesto en esta providencia.

2. En consecuencia, ordenar a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que
dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta providencia,
realice el nombramiento del magistrado para la Seccional de Magdalena, de
no haberlo efectuado aún, tal como lo prevé el artículo 167 de la Ley 270 de
1996. Gestión que debe efectuarse con sujeción a la lista de candidatos
contenida en el Acuerdo Nro. PCSJA21-11809 de 30 de junio de 2021 y a lo
dispuesto en la Ley 270 de 1996 en materia de concurso de méritos y
nombramientos.

3. Ordenar a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que dentro de los dos
(2) días hábiles siguientes a la notificación de esta sentencia, informe al
Consejo Superior de la Judicatura si existe vacante disponible en la Seccional
de Antioquia por la renuncia del magistrado Luis Fernando Zapata Arrubla; y
le esclarezca si en la vacante nombró a una persona que no hace parte del
registro de elegibles del cargo de magistrado seccional de disciplina judicial.

4. Ordenar a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial cumplir con los términos
dispuestos en el artículo 167 de la Ley 270 de 1996, relativos a la
comunicación de vacantes disponibles y realización de nombramientos.
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Demandante: Luis Ariel Rodríguez Ferreira

5. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

6. Publicar la presente decisión en las páginas web del Consejo de Estado y de
la Rama Judicial.

7. De no ser impugnada, enviar a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ

14

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