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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-07419-00

Fecha
3 de febrero de 2022
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-07419-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela promovida por la señora Doralba Plata Duarte contra el Tribunal Administrativo de Santander por no superar el requisito adjetivo de subsidiariedad, de conformidad con la parte motiva de la presente decisión. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: En caso de no ser impugnada la presente decisión, enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo establecido por el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2021-07419-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

3 de febrero de 2022

Demandante: Doralba Plata Duarte
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Rad: 11001-03-15-000-2021-07419-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

Bogotá D.C., tres (3) de febrero de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-07419-00
Demandante: Doralba Plata Duarte
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Temas: Declaratoria de improcedencia. Requisito de subsidiariedad.
Recurso extraordinario de revisión como mecanismo idóneo.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la acción de tutela ejercida por la
señora Doralba Plata Duarte mediante apoderada judicial contra el Tribunal
Administrativo de Santander, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución
Política y los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333
de 2021.

1. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

1. La señora Doralba Plata Duarte, actuando por medio de apoderada judicial1,
presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Santander, en procura
de que se le protejan sus derechos fundamentales de acceso a la administración de
justicia, a la igualdad, a la seguridad social y al mínimo vital.

2. En sentir de la parte accionante, la trasgresión de las citadas garantías
constitucionales encontró sustento en la sentencia del 6 de mayo de 2021, dictada
por la autoridad judicial accionada, al interior del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con número de radicado 68001-33-33-010-2014-
00260-012 por medio de la cual se denegó las súplicas de la demanda atinentes al
reconocimiento de la pensión de sobreviviente.

1 El escrito constitucional se radicó el 3 de noviembre de 2021 a través del aplicativo dispuesto por

el Consejo Superior de la Judicatura para la recepción de tutelas y habeas corpus.
2 El citado proceso ordinario fue interpuesto por la señora Martha Elena Gómez Correa contra la

Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social – en adelante UGPP– y las señoras Doralba Plata Duarte y Gilma Durán de Gómez.
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Demandante: Doralba Plata Duarte
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Rad: 11001-03-15-000-2021-07419-00

1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, solicitó el amparo de los derechos fundamentales
invocados y, en consecuencia, pidió:

PRIMERO: Solicito señor magistrado se ampare los derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad, a la defensa, al mínimo vital, al acceso a la
administración de justicia, a la seguridad social y no discriminación de mi poderdante
Doralba Plata Duarte, y consecuencialmente, de deje sin efectos la sentencia de
fecha 06 de mayo de 2021 y se ordene al Tribunal Administrativo de Santander emitir
un nuevo pronunciamiento concediendo el derecho a la señora Doralba Plata Duarte
de recibir la sustitución pensional al cumplir todos los requisitos como compañera
permanente del causante HERMES SANDOVAL JAIMES. (Sic para la cita).

1.3. Hechos

La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan, los
cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia3:

4. El señor Hermes Sandoval Jaimes (q.e.p.d.) era beneficiario de la pensión de
jubilación, reconocida por CAJANAL, hoy UGPP, mediante la Resolución No. 27899
del 24 de diciembre de 2001.

5. La señora Doralba Plata Duarte y el señor Hermes Sandoval Jaimes (q.e.p.d)
tuvieron una relación sentimental desde el año 1984 y como fruto de ésta nació
Sergio Fabián Sandoval Plata el día 29 de mayo de 1986.

6. El causante se separó de su cónyuge Martha Elena Gómez Correa desde el
año 1984.

7. Aduce la actora que, desde el mes de diciembre de 1986, convivió con el
señor Sandoval Jaimes bajo el mismo techo, lecho y mesa hasta el año 1996.
Posteriormente lo hicieron desde el año 1999 hasta el año 2000, y entre octubre de
2006 y agosto de 2012 (en este periodo, señala, de manera ininterrumpida).

8. El señor Sandoval Jaimes fallece el 4 de agosto 2012, según registro civil de
defunción.

9. Por medio de derecho de petición de 3 de abril de 2013, la señora Martha
Elena Gómez Duarte solicitó que le fuera reconocida la pensión de supervivencia,
la cual la UGPP mediante Resolución RDP 019865 de 30 de abril de 2013, se la
negó, por no demostrar haber tenido vida marital con el causante no menor a cinco
años de su muerte.

3 La información que se consigna en este acápite recopila tanto lo señalado en el escrito de tutela,

en lo referido en la sentencia reprochada y en la providencia de 7 de diciembre de 2021, expediente
2021-07422, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil, donde se estudió la solicitud de amparo de la señora
Martha Elena Gómez Correa, quien, como se expuso en el pie de página No. 2, fue la promotora del
medio de control que produjo el fallo aquí enjuiciado.
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10. Frente a ello interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto en
Resolución RDP 031925 de 15 de julio de 2013, confirmando en todas sus partes lo
emitido previamente.

11. A su turno, la señora Doralba Plata Duarte presentó ante la UGPP solicitud
de reconocimiento de la sustitución pensional, recibiendo respuesta negativa a
través de las Resoluciones RDP 033002 del 22 de julio de 2013, RDP 035759 del
05 de agosto de 2013 y RDP 037344 del 14 de agosto de 2013.

12. Con ocasión a la negativa de su petición, la señora Gómez Correa decidió
presentar demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, cuyo radicado es el
68001-33-33-010-2014-00260-00/01. Este medio de control fue resuelto, en primera
instancia, por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de
Bucaramanga, mediante sentencia de 4 de septiembre de 2018.

12.1. En este fallo judicial se declaró la nulidad de las resoluciones en las que la
UGPP negó a las señoras Martha Elena Gómez Correa y Doralba Plata Duarte la
pensión de sobreviviente con ocasión del fallecimiento del pensionado, señor
Hermes Sandoval Jaimes. En su lugar, se reconoció dicho derecho en partes
iguales, a partir del 4 de agosto de 2012.

12.2. En lo concerniente a la actora indicó que surge de la convivencia que sostuvo
con el causante por más de 15 años, el cual, de acuerdo con las pruebas
testimoniales aportadas, hacía vida en común con el causante para la fecha de su
fallecimiento, relación que se caracterizaba por el afecto, solidaridad y apoyo mutuo,
circunstancia que constituye el fundamento esencial del derecho que se solicita.

13. Inconforme con esta decisión, la UGPP presentó recurso de apelación, el
cual fue resuelto el 6 de mayo de 2021 por el Tribunal Administrativo de Santander.
Esta Corporación judicial decidió revocar la anterior providencia y, en su lugar, negó
las pretensiones de la demanda.

13.1. Para arribar a esta conclusión, en lo atinente a la tutelante, mencionó que no
quedó probada una comunidad de vida con vocación de estabilidad y permanencia
no menor a los cinco años continuos inmediatamente anteriores al fallecimiento del
causante.

13.2. Lo referido lo sostuvo, entre otras, basado en la incongruencia del acervo
probatorio pues, por ejemplo, la actora en una declaración extra juicio adujo que
convivió con el señor Hermes Sandoval Jaime desde 2009 hasta 2012, y en el
interrogatorio de parte cambió su versión para señalar que ocurrió desde el 2006
hasta su deceso.

1.4. Sustento de la vulneración

14. La señora Doralba Plata Duarte manifestó que, en la providencia judicial que
se cuestiona, el tribunal demandado incurrió en los defectos fáctico,
desconocimiento del precedente y de decisión sin motivación.

15. En cuanto al defecto fáctico, afirmó que el Tribunal Administrativo de
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Santander no valoró correctamente los testimonios rendidos en el proceso y las
pruebas documentales allegadas, basando su decisión exclusivamente en una
declaración extra juicio “bajo una conclusión sin argumento alguno”.

16. Respecto al desconocimiento del precedente invocó las siguientes
decisiones:
• Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, expediente 1997-
03631-01, M.P. Gustavo Gómez Aranguren.
• Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, expediente 1999-
01453-01, M.P. Jesús María Lemos Bustamante.

16.1. Esto, por cuanto bajo su criterio, el Tribunal Administrativo de Santander, pese
al material probatorio y la explicación dada por el Consejo de Estado sobre
sustitución pensional, “[le] negó el derecho [como] compañera permanente sin
explicación alguna”.

17. Frente a la decisión sin motivación, acotó que la parte accionada “obvia
argumentar la decisión final para negar”, aduciendo que el tribunal, aun con las
pruebas obrantes en el expediente, deniega lo pretendido sin sustento alguno.

1.5. Actuaciones relevantes

1.5.1. Admisión de la acción de tutela

18. Mediante auto de 8 de noviembre de 2021, el magistrado Hernando Sánchez
Sánchez admitió la demanda de tutela, dispuso notificar a la señora Doralba Plata
Duarte como parte accionante y a los magistrados del Tribunal Administrativo de
Santander como parte accionada.

19. A su turno, ordenó la vinculación, en calidad de terceros con interés, de
conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Decreto Ley 2591 de 1991, al
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga como
autoridad que profirió la providencia de primera instancia, a la señora Martha Elena
Gómez Correa como parte demandante del proceso ordinario, y a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP y a la señora Gilma Durán de Gómez por haber sido los
extremos demandados en el medio de control objeto de estudio en esta instancia,
respectivamente.

1.5.2. Intervenciones

20. Remitidos los oficios del caso, únicamente la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social, presentó su intervención en los siguientes términos:

21. Una vez hecho el recuento de los antecedentes que motivaron la acción de
tutela, solicitó declarar improcedente el mecanismo constitucional por cuanto, a su
juicio, este no cumple el requisito de demostrar la existencia de los presupuestos
generales y específicos para incoarlo contra providencia judicial.

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22. De igual manera refirió que este medio judicial no puede ser empleado para
reclamar prestaciones económicas, y ante la inexistencia de los perjuicios
planteados por la tutelante, solicitó “el archivo” del presente expediente.

1.5.3. Remisión del expediente

23. Mediante auto de 18 de noviembre de 2021, dicho consejero dispuso la
remisión del expediente de la referencia a este despacho para establecer la
posibilidad de acumularlo al proceso No. 2021-07422-00.

24. No obstante, esta decisión solo fue puesta en conocimiento, por Secretaría
General, al actual ponente el 13 diciembre siguiente.

1.5.4. Decisión de avocar conocimiento

25. El 5 de noviembre de 2021, el magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil admitió
la acción de tutela identificada con el radicado No. 11001-03-15-000-2021-07422-
00, accionante Martha Elena Gómez Correa, situación resuelta en primera instancia
por la Sección Quinta del Consejo de Estado en Sala de 7 de diciembre siguiente.

26. Teniendo en cuenta que el consejero ponente fue el primero en admitir y fallar
una tutela con similitud fáctica y jurídica, de conformidad con las reglas de reparto
de acciones de tutela masivas previstas en el Decreto 1834 de 2015, ordenó, con
auto de 16 de diciembre, avocar el conocimiento del presente trámite constitucional
pues ya no era posible la acumulación.

27. Con la referida disposición, se ordenó notificar a la parte actora, a la autoridad
accionada y a los terceros con interés vinculados en este trámite constitucional.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

28. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela ejercida por la
señora Doralba Plata Duarte contra el Tribunal Administrativo de Santander, de
conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, el
artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015, modificado
por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 20194 de la Sala Plena
de esta Corporación.

2.2. Cuestión previa

29. Con la decisión de avocar conocimiento, el Tribunal Administrativo de
Santander remitió correo electrónico indicando que no le había sido enviada copia
de la presente solicitud de amparo.

30. Al respecto, la Sala encuentra que, distinto a lo acotado por la autoridad
accionada, tanto el escrito de tutela como el auto admisorio de la demanda, fueron

4 Reglamento interno de la Corporación.

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enviados el 12 de noviembre de 2021 por la Secretaría General del Consejo de
Estado al realizar el trámite de notificación ordenado en la referida providencia
judicial, tal como se puede observar en las siguientes imágenes:

2.3. Legitimación en la causa

31. El inciso 1 del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene toda
persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe a su nombre,
la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten
amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento preferente y sumario.
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32. En el mismo sentido, el Decreto 2591 de 19915, en los artículos 1, 10, 46 y
49, precisa que el mecanismo de amparo puede ser presentado por cualquier
persona que encuentre vulnerados sus derechos fundamentales, bien sea i) por sí
misma; ii) a través de representante; iii) apoderado; o iv) por medio de la agencia
oficiosa, cuando el titular de los derechos fundamentales no esté en condiciones de
promover su defensa. También pueden interponer acción de tutela los defensores
del pueblo y los personeros municipales6.

33. Con fundamento en el marco conceptual expuesto7, la Sala advierte que la
señora Doralba Plata Duarte, es la titular de los derechos fundamentales que
reclama, en razón a que fungió como interviniente ad excludendum8 dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se profirió la
providencia aquí enjuiciada.

34. En consecuencia, la accionante goza de legitimación en la causa por activa,
presupuesto procesal que al superarse permite el estudio sobre los requisitos de
procedibilidad y del núcleo esencial de los derechos presuntamente vulnerados.

35. Asimismo, la demanda se dirigió contra el Tribunal Administrativo de
Santander, entidad que profirió la providencia objeto de censura, razón por la cual,
se encuentra legitimada por pasiva.

2.4. Problemas jurídicos

36. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, los
defectos formulados, el material probatorio recaudado y el informe presentado, los
problemas jurídicos que subyacen al caso concreto son los siguientes:

• ¿Se superan en el sub lite los requisitos de procedibilidad adjetiva de la
acción de tutela contra providencia judicial?
37. De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo
siguiente:

• El Tribunal Administrativo de Santander, ¿vulneró los derechos
invocados, por presuntamente incurrir en los defectos fáctico, de
desconocimiento del precedente y de decisión sin motivación, al proferir
la sentencia del 6 mayo de 2021, mediante la cual se revocó la emanada
del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de
Bucaramanga, que había accedido a lo pretendido por las señoras Martha

5 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política”.
6 Corte Constitucional, Sentencia T-793 del 27 de septiembre de 2007, M. P. Clara Inés Vargas

Hernández
7 Cabe destacar que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta,

ha venido aplicando la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, estudiando en las acciones
de tutela la legitimación en la causa por activa y por pasiva. Sentencia 27.02.20., M.P. Rocío Araújo
Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05083-00.
8 La Sala precisa que inicialmente fue vinculada como parte demandada. Sin embargo, tanto el

Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial como el Tribunal Administrativo de Santander
la incluyeron como interviniente ad excludendum.
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Elena Gómez Correa y Doralba Plata Duarte, dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho promovido contra la UGPP?
38. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencia judicial; ii) el estudio de los requisitos de procedibilidad
adjetiva y de superarse lo anterior; iii) nociones de los defectos invocados y; iv) el
análisis del caso concreto.

2.5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

39. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de
20129 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción
de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la
misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 10 y declaró su
procedencia11.

40. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros
para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) relevancia
constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez y; iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que
se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se
analice el fondo del asunto.

41. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos
en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en
donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que
la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir
el debate de instancia.

42. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo
las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.6. Estudio de los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.6.1. Relevancia constitucional

43. Para la Sala es necesario precisar que, este requisito se encuentra superado
por cuanto en primer lugar, la parte actora cuestiona la razonabilidad de la

9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María

Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
10 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
11 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
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providencia del 6 de mayo de 2021 comoquiera que, a su juicio, se incurrió en los
defectos fáctico, de desconocimiento del precedente y de decisión sin motivación,
ante el análisis parcializado por parte de la autoridad accionada respecto de los
requisitos necesarios para el otorgamiento de la pensión de sobreviviente, donde, a
juicio de la tutelante, no tuvo en cuenta los presupuestos que permitirían demostrar
que tiene derecho al reconocimiento de dicha prestación económica.

44. En segundo lugar, se observa que no se trata de un debate de orden
exclusivamente legal, el cual basado en la tutela judicial efectiva no admite que el
titular del derecho o el interesado legítimo quede en un estado de indefensión, pues
en efecto, la parte actora considera vulnerados sus derechos fundamentales a la
administración de justicia, a la igualdad, a la seguridad social y al mínimo vital.

45. Luego, es de relevancia constitucional cuando subsiste la presunta violación
o amenaza a unos derechos fundamentales, pilares del sistema judicial, como lo
son los invocados en la presente acción de amparo.

46. Ello quiere significar que el asunto de la acción de tutela de la referencia tiene
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación, para su
eficacia y para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales y libertades públicas.

2.6.2. Tutela contra sentencia de tutela

47. La Sala observa que no existe reparo alguno en relación con este juicio de
procedibilidad, toda vez que no se trata de una tutela contra decisión de la misma
naturaleza, pues la providencia judicial demandada fue proferida en el trámite del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió la señora
Martha Elena Gómez Correa contra la UGPP y las señoras Doralba Plata Duarte y
Gilma Durán de Gómez.

2.6.3. Inmediatez

48. En relación con el acatamiento del requisito de inmediatez, no se advierte
ningún reproche, toda vez que la parte actora considera vulnerados sus derechos
fundamentales a la administración de justicia, a la igualdad, a la seguridad social y
al mínimo vital, con ocasión de la sentencia de 6 de mayo de 2021, proferida al
interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, así que la Sala
considera que la acción de tutela contra providencia judicial radicada el 3 de
noviembre de 2021, se presentó dentro de un término razonable, sin que sea
necesario determinar la fecha en que cobró ejecutoria.

49. Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201412,
en la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
adoptó los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de

12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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200513, para determinar la procedencia de la acción constitucional contra
providencia judicial, y reiteró que seis (6) meses es el término prudente para acudir
y solicitar el amparo de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con
ocasión de providencias judiciales.

2.6.4. Subsidiariedad

50. En lo referente a la existencia de otro mecanismo de defensa judicial para
obtener la protección de los derechos fundamentales que la parte actora considera
vulnerados, la Sala precisa que la sentencia censurada resolvió el recurso de
apelación que era el único que procedía contra el fallo de primera instancia que
accedió a las pretensiones de la demanda.

51. No obstante, de la lectura de los reproches frente a la posible incursión de la
parte accionada en los defectos fáctico, de desconocimiento del precedente y de
decisión sin motivación, los mismos se centran en el último al indicar que la
providencia aquí cuestionada adolece de argumentación dado que, bajo su criterio,
denegó lo pretendido sin sustento alguno.

52. Así las cosas, se advierte que la parte accionante cuenta con el recurso
extraordinario de revisión, bajo la causal “existir nulidad originada en la sentencia que
puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”, prevista en el
artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, para exponer los motivos por los cuales
considera que el Tribunal adoptó una decisión sin argumentos probatorios y
jurídicos.

53. Lo anterior, por cuanto esta Corporación ha considerado que la nulidad
originada en la sentencia ocurre al “[p]retermitir la instancia, por ejemplo: (i) al proferir
una sentencia sin motivación; (ii) violar el principio de la non reformatio in pejus (como
cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto al pretendido
en la demanda o por causa distinta a la invocada) o (iii) proferir sentencia condenatoria
contra un tercero que no fue vinculado al proceso.”14 (Destacado por la Sala)

54. Por consiguiente, dicho reparo debe ser formulado por la actora ante el juez
competente para conocer del recurso extraordinario de revisión y haciendo uso de
tal mecanismo procesal.

55. En consecuencia, la Sala declarará la improcedencia de la solicitud de tutela
por no cumplir el requisito de la subsidiariedad, pues se observa que la demandante
cuenta con otro mecanismo de defensa de los derechos que pretende sean

13 c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un

término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto
es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión,
se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones
judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
14 Sala Veintisiete Especial de Decisión del Consejo de Estado, radicación: 11001-03-15-000-2017-

02091-00 (REV), actor: Carlos Ossa Escobar, demandado: Contraloría General de la República,
magistrada ponente Rocío Araújo Oñate, en la que se cita, a su vez, la decisión de la Sala Catorce
Especial de Decisión del Consejo de Estado, Radicación: 110010315000 2008 00320 00, Actor: José
Joaquín Palma Vengoechea, Demandado: Nación-Procuraduría General de la Nación, M.P. Danilo
Rojas Betancourth.
10

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Demandante: Doralba Plata Duarte
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Rad: 11001-03-15-000-2021-07419-00

protegidos a través de la acción de tutela, como lo es el recurso extraordinario de
revisión.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

3. FALLA

PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela promovida
por la señora Doralba Plata Duarte contra el Tribunal Administrativo de Santander
por no superar el requisito adjetivo de subsidiariedad, de conformidad con la parte
motiva de la presente decisión.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: En caso de no ser impugnada la presente decisión, enviar el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo
establecido por el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
Aclara voto

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

“Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012”.

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