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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-07435-00

Fecha
27 de enero de 2022
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-07435-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: Primero.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por el señor Eduardo Antonio Vásquez Méndez, por las razones expuestas. Segundo.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2021-07435-00

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

27 de enero de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2021-07435-00
Demandante: Eduardo Antonio Vásquez Méndez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., veintisiete (27) de enero de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-07435-00
Demandante: EDUARDO ANTONIO VÁSQUEZ MÉNDEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS Y JUZGADO
OCTAVO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MANIZALES

Temas: Tutela contra autoridades judiciales. Medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho. Defectos sustantivo, fáctico y
procedimental absoluto y desconocimiento del precedente
judicial. Requisito general de la relevancia constitucional

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor Eduardo Antonio Vásquez Méndez contra el Tribunal
Administrativo de Caldas y el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de
Manizales, a través de apoderado judicial, con el objeto de que se amparen los
derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, de acceso a la administración
de justicia, a la vida y el principio de confianza legítima, los cuales consideró
vulnerados con las sentencias de 20 de septiembre de 2021 y 1 de abril de 2019,
en su orden, proferidas en el trámite del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido contra el Fondo de Prestaciones Sociales
del Magisterio (en adelante FOMAG), con el fin de acceder al reconocimiento de la
pensión de sobrevivientes con ocasión a la muerte de su cónyuge la señora María
Adalgiza Díaz de Vásquez el 7 de septiembre de 2006.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

El actor relató que con ocasión a la muerte de la señora María Adalgiza Díaz de
Vásquez el 7 de septiembre de 2006, solicitó al FOMAG el reconocimiento de la
pensión de sobrevivientes, en calidad de cónyuge supérstite. Sin embargo,
mediante Resolución No. 5048 de 25 de agosto de 2010, la entidad negó dicha
solicitud.

Afirmó que presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con el
objeto de que se declarara la nulidad del acto administrativo que negó el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, y a título de restablecimiento del
derecho se reconociera en su favor dicha prestación.

Indicó que por medio de la sentencia de 1 de abril de 2019, el Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito de Manizales negó las pretensiones de la demanda, al
encontrar que el actor no demostró la convivencia durante los últimos cinco años de
vida de la causante, de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 100
de 1993.

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Demandante: Eduardo Antonio Vásquez Méndez

Por último, señaló que interpuso recurso de apelación contra esa decisión y que
mediante sentencia de 20 de septiembre de 2021, el Tribunal Administrativo de
Caldas confirmó la decisión recurrida bajo los mismos argumentos.

2. Fundamentos de la acción

El actor promovió acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Caldas y el
Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Manizales, con el objeto de que se
amparen los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, de acceso a la
administración de justicia, a la vida y el principio de confianza legítima, los cuales
consideró vulnerados con las sentencias de 20 de septiembre de 2021 y 1 de abril
de 2019, respectivamente, proferidas en el trámite del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho que promovió el actor contra el FOMAG, con el fin
de acceder al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes con ocasión a la
muerte de la señora María Adalgiza Díaz de Vásquez el 7 de septiembre de 2006,
en calidad de cónyuge supérstite. A su juicio, las referidas autoridades judiciales
incurrieron en los siguientes defectos:

2.1. Sustantivo. Señaló que se desconoció el artículo 13 de la Ley 797 de 2003
que, a su juicio, establece que para el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes es suficiente con demostrar que el vínculo matrimonial y la sociedad
conyugal estaban vigentes al momento del fallecimiento y que de acuerdo con “la
jurisprudencia de las Altas Cortes”, la convivencia de al menos cinco años puede
ser en cualquier tiempo y no necesariamente en los últimos años de vida de la
causante.

También hizo referencia a que no se tuvo en cuenta que el FOMAG aplicó lo
dispuesto en el artículo 7 del Decreto 1160 de 1989 que fue declarado
inconstitucional por el Consejo de Estado por medio de la sentencia de 12 de
octubre de 20061.

2.2. Defecto fáctico. Indicó que las autoridades judiciales accionadas
desconocieron el hecho de que el actor y la causante procrearon cinco hijos y que
al momento de su muerte el vínculo matrimonial y la sociedad conyugal estaban
vigentes. Agregó que dentro del trámite del proceso se acreditaron las siguientes
circunstancias frente a las cuales no hubo oposición:

• Que desde el 14 de mayo de 1987, luego de su retiro como agente de la
Policía Nacional integró un grupo musical que ejecutaba sus actividades artísticas
en la ciudad de Pereira, sin embargo, mantuvo su residencia principal en La Dorada,
Caldas, junto a su esposa la señora María Adalgiza Díaz de Vásquez, por lo que
nunca interrumpieron la convivencia.

• Que su esposa usó el apellido de casada desde el día de su boda el 24 de
enero de 1972.

• Que la causante prestó sus servicios como docente en el municipio de la
Dorada desde el 1 de noviembre de 1978 hasta el día de su fallecimiento -7 de
septiembre de 2006-, y que para ese momento percibía la pensión de jubilación
reconocida mediante Resolución No. 300 de 29 de abril de 2004, a partir de 1 de
noviembre de 2003.

• Que sus hijos reclamaron ante el FOMAG el pago del seguro de vida y en
ese momento radicaron un documento en el que manifestaron que el actor no vivía
con la causante desde hacía quince años el cual no pudo ser controvertido por el
actor. Señaló que esa circunstancia constituye el argumento principal en que se
fundamenta la decisión de negar el reconocimiento pensional, sin embargo, es un
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M.P. Alberto Arango Mantilla.
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documento que no puede tenerse en cuenta porque no se ha comprobado su
autenticidad y porque no pudo controvertirlo.

2.3. Defecto procedimental absoluto. Al respecto manifestó que este se configuró
“toda vez que el memorial presentado por los hijos de los esposos VÁSQUEZ –
DIAZ, para un fin diferente no fue valorado ni tuvo la oportunidad de ser
controvertido por el actor en el caso presente”.

2.4. Desconocimiento del precedente judicial. Indicó que se desconoció lo
establecido por la Corte Constitucional en torno a la aplicación del principio de
favorabilidad en materia de reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. Al
respecto, efectuó la transcripción de la sentencia T-547 de 2012.

3. Pretensiones

El actor formuló las siguientes:

“PRIMERA: SE TUTELEN los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO,
IGUALDAD, ACCESO A LA JUSTICIA, A LA VIDA DIGNA, AL PRINCIPIO DE LA
CONFIANZA LEGÍTIMA del señor EDUARDO ANTONIO VÁSQUEZ MÉNDEZ.

SEGUNDA: Que, como consecuencia de la protección solicitada, se ordene a los
Despachos accionados, proferir una nueva sentencia donde se reconozca a favor del
señor EDUARDO VÁSQUEZ MÉNDEZ, la sustitución de la pensión de jubilación que
devengaba su esposa la señora MARÍA ADALGIZA DIAZ DE VÁSQUEZ (Q.E.P.D.), la
cual era pagada por el FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO
(FOMAG), seccional Caldas.

TERCERO: Las demás que su señoría en su sano y respetuoso criterio considere
pertinentes”.

4. Pruebas relevantes

Obra copia de la sentencia de 20 de septiembre de 2021, emanada del Tribunal
Administrativo de Caldas.

Del mismo modo, fue allegada copia digitalizada del expediente No. 17001-33-39-
754-2015-00126-02, correspondiente al medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido por el señor Eduardo Antonio Vásquez
Méndez contra el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio -FOMAG-.

5. Trámite procesal

Por auto de 10 de noviembre de 2021, el despacho admitió la demanda de tutela y
ordenó notificar a la parte demandante, a las autoridades judiciales demandadas,
así como al Ministerio de Educación Nacional y al Fondo de Prestaciones Sociales
del Magisterio -FOMAG-, como terceros interesados en el resultado del proceso.

Asimismo, solicitó al Tribunal Administrativo de Caldas y al Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito de Manizales, en el evento que el expediente hubiere
sido devuelto, que allegara copia digitalizada del proceso No. 17001-33-39-754-
2015-00126-02, demandante: Eduardo Antonio Vásquez Méndez.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios 116660 a 116667 de 16
de noviembre de 20212, con el fin de darle cumplimiento a la referida decisión.

2
La comunicación fue enviada a los siguientes correos electrónicos: leogarciaprada@hotmail.com,
eduardovasquez573@gmail.com, secadmcal@cendoj.ramajudicial.gov.co,
sgtadmincld@notificacionesrj.gov.co, tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co,
sjuridica@gobernaciondecaldas.gov.co, groupabogadosconsultores@gmail.com,
tutelas_fomag@fiduprevisora.com.co, notjudicial@fiduprevisora.com.co,
admin08ma@cendoj.ramajudicial.gov.co, secrgeneral@mineducacion.gov.co,
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6. Oposición

6.1. Respuesta del Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Manizales

La titular del despacho judicial solicitó que se desvincule del trámite constitucional
teniendo en cuenta que la decisión objeto de reproche constitucional no vulnera los
derechos fundamentales invocados por el actor.

Del mismo modo, afirmó que la acción de tutela es improcedente porque no se
cumplen los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, sin especificar las razones de ese argumento.

6.2. El Tribunal Administrativo de Caldas guardó silencio, pese a que se envió la
notificación No. 116661 de 16 de noviembre de 2021 al correo electrónico dispuesto
para tales efectos3.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo de Caldas y el
Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Manizales vulneraron los derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad, de acceso a la administración de
justicia, y el principio de confianza legítima del accionante, con la sentencia de 20
de septiembre de 2021 y 1 de abril de 2019, respectivamente, que negaron las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que
promovió con el fin de acceder al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes
con ocasión a la muerte de su cónyuge la señora María Adalgiza Díaz de Vásquez
el 7 de septiembre de 2006.

De manera previa, en tanto se trata de un requisito general de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala verificará si la discusión
propuesta en la acción de tutela cumple con el de relevancia constitucional, con el
fin de abordar el estudio de fondo.

3. El presupuesto de la relevancia constitucional

Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias judiciales,
tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que
el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras
jurisdicciones4.

ojuridica@mineducacion.gov.co, notificacionesjudiciales@mineducacion.gov.co.
tutelas_fomag@fiduprevisora.com.co; notjudicial@fiduprivisora.com.co;
mmoreno@fiduprevisora.com.co,
3
secadmcal@cendoj.ramajudicial.gov.co; sgtadmincld@notificacionesrj.gov.co;
4
Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
4
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Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas a
definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho
que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible
vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la
sentencia T-310 de 20055, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de
amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin que
se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría frente
a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la improcedencia
de la tutela.

En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los
lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005
sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las
condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción
de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional6.

Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como criterio
de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como requisito de
procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de la acción de
amparo se convierta en una instancia adicional.

Esta Sala7, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de
procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:

i. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela
no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir
asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de
discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

ii. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales.
Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es necesario que
el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera
que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

iii. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la
demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión
cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda
abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la
propia decisión cuestionada.

iv. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en
el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no
está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar,
completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o
proponerse ante el juez natural.

v. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del
proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por

5
Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María
Victoria Calle Correa.
6
la Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-
01.
7
Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda
de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer
la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de
los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados
y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir
las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso
ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se
ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces
competentes.

Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si
en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que, en
últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la
autonomía judicial.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. El señor Eduardo Antonio Vásquez Méndez presentó acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo de Caldas y el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito
de Manizales, con el fin de que se protejan los derechos fundamentales al debido
proceso, igualdad, de acceso a la administración de justicia, vida y el principio de
confianza legítima, los cuales consideró vulnerados con las sentencias de 20 de
septiembre de 2021 y 1 de abril de 2019, en su orden, proferidas en el trámite del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió contra el
FOMAG, en las cuales se le negó la solicitud de reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes con ocasión a la muerte de la señora María Adalgiza Díaz de
Vásquez.

El accionante consideró que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en
defecto sustantivo por inaplicación del artículo 13 de la Ley 797 de 2003 que, en su
criterio, establece que para acceder al reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes debe acreditarse que al momento del fallecimiento el vínculo
matrimonial y la sociedad conyugal estaban vigentes y que existió una convivencia
de al menos cinco años “en cualquier tiempo”. En este sentido, expresó lo siguiente:

“El señor Juez A quo no tuvo en cuenta la jurisprudencia de las Altas Cortes, que deja
claro que la convivencia entre esposos es de cinco (5) en cualquier tiempo y no durante
toda la vida de casados. Igualmente, no tuvo en cuenta que el artículo 13 de la ley 797
de 2003, modificó el artículo 74 de la ley 100 de 1993, mientras esté vigente el matrimonio
y la sociedad conyugal no haya sido liquidada, el cónyuge sobreviviente tiene derecho a
la sustitución pensional”.

También hizo referencia a que se dejó de valorar que el Fondo de Prestaciones
Sociales del Magisterio -FOMAG-, aplicó lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto
1160 de 1989 que fue declarado inconstitucional por el Consejo de Estado por
medio de la sentencia de 12 de octubre de 20068.

Del mismo modo, el actor alegó la configuración del defecto fáctico, en tanto, en su
sentir, se omitió la valoración de circunstancias determinantes en la decisión, tales
como: (i) que el actor y la causante procrearon cinco hijos, (ii) que el actor trabajaba
en la ciudad de Pereira como integrante de un grupo musical de esa ciudad, pero
que siempre conservó la residencia principal junto a su esposa en el municipio de
La Dorada, (iii) que la causante conservó el apellido de casada hasta su muerte, (iv)
que los hijos al momento de reclamar el seguro de vida ante el FOMAG manifestaron
que él y su esposa no convivían desde hace más de quince años, pero que no se le
permitió al actor controvertir esa manifestación.

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M.P. Alberto Arango Mantilla.
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Asimismo, adujo que se configuró un defecto procedimental absoluto “toda vez que
el memorial presentado por los hijos de los esposos VÁSQUEZ – DIAZ, para un fin
diferente no fue valorado ni tuvo la oportunidad de ser controvertido por el actor en
el caso presente”.

Finalmente, consideró que se incurrió en desconocimiento del precedente judicial
relativo a la aplicación del principio de favorabilidad en materia de reconocimiento
de la pensión de sobrevivientes.

La Sala precisa que circunscribirá el análisis a la sentencia de segunda instancia
dictada por el Tribunal Administrativo de Caldas en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, por ser la decisión que resolvió de manera definitiva
la controversia propuesta.

4.2. En el asunto bajo examen, la Sala observa que no se cumple el presupuesto
de la relevancia constitucional, toda vez que el señor Eduardo Antonio Vásquez
Méndez acude a la acción de tutela como una instancia adicional, con el fin de dar
continuidad al debate que ya fue superado en el trámite del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, reiterando los argumentos expuestos en el
recurso de apelación.

4.2.1. En efecto, en la sentencia de 1° de abril de 2019 el Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito de Manizales negó las pretensiones de la demanda al
considerar que no se acreditó el requisito de convivencia, en tanto “el demandante
no aportó prueba alguna al respecto, por el contrario, a folios 56 a 58 C1, obra
documento suscrito por los hijos que se procrearon dentro del matrimonio y por otras
personas (vecinos, profesores y amigos) que conocían a la señora María Adalgiza
Díaz de Vásquez, radicado ante el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio
en el que se lee: (…) “somos testigos presenciales de que nuestra señora madre
desde hace más de (15) quince años se separó de nuestro señora Padre Eduardo
Antonio Vásquez Méndez (…) Además no le asiste el derecho con ocasión a que
nos dejó totalmente abandonados (moral y legalmente) desde el mismo momento
en que nuestra señora madre llevó a cabo la declaración ante la autoridad
competente del Municipio de Icononzo Tolima en la que consta los motivos de
separación con el señor Vásquez Méndez (se anexa copia) viéndose nuestra señora
madre en la necesidad de entablar demanda por alimentos para asegurar nuestro
sustento”.

4.2.2. Inconforme con esa decisión el demandante la apeló. Manifestó que no puede
tenerse en cuenta el documento que sus hijos radicaron ante el FOMAG porque
respecto de este “jamás se exigió constancia de haber sido presentado ante
autoridad judicial o extrajudicial para que se certifique su autenticidad. Tampoco fue
notificado, por parte de la oficina de la Secretaría de Educación del Departamento
de Caldas, sobre la presentación y el contenido del mismo, a efectos de que aquél
hiciera uso del artículo 296 [del CPC]”. Por lo tanto, aseveró que es un documento
“apócrifo” frente al cual no puedo ejercer el derecho de contradicción.

Del mismo modo, insistió en las siguientes circunstancias: (i) que desde el 25 de
enero de 1972 contrajo matrimonio con la causante y que ese vínculo estuvo vigente
hasta el momento del fallecimiento, pues no adelantaron proceso de cesación de
efectos civiles de matrimonio católico, ni de liquidación de sociedad conyugal, (ii)
que procrearon cinco hijos, (iii) que en el momento de la muerte, la causante
conservaba el apellido de casada, (iv) que las separaciones físicas se produjeron
por causa de asuntos laborales, pues aquél fue miembro de la Policía Nacional y
luego integró un grupo musical con sede en la ciudad de Pereira, y ella se
desempeñó como maestra de escuelas rurales del departamento de Caldas.

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También, aseveró que la Corte se ha pronunciado sobre el alcance del presupuesto
de convivencia, para lo cual efectuó la transcripción de apartes de una sentencia9
en la que se lee que “el cónyuge separado de hecho debe demostrar que hizo vida
en común con el causante por lo menos durante cinco (5) años en cualquier tiempo”.

4.2.3. El Tribunal Administrativo de Caldas mediante sentencia de 20 de septiembre
de 2021, confirmó el fallo de primera instancia que negó las pretensiones de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió el actor contra el
Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio -FOMAG-, con el objeto de acceder
al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes con ocasión al fallecimiento de la
señora María Adalgiza Díaz Vásquez el 7 de septiembre de 2006.

La Sala observa que, para efectos de fundamentar esa decisión, la autoridad judicial
accionada manifestó que “la parte demandante no allegó alguna prueba de la
convivencia que tuvo con la causante de la pensión, señora María Adalgiza”. En
concreto, expuso los siguientes argumentos:

• Frente a la valoración del documento suscrito por los hijos y otras personas, en el
que manifestaron que desde hacía más de quince años los esposos no convivían, el
Tribunal accionado precisó que es un documento privado que “no fue tachado, ni
desconocido expresamente por el demandante en el escrito de demanda ni durante
el proceso, además que fue aportado por el actor, por lo que se presume auténtico”,
de conformidad con lo establecido en el artículo 244 del CGP.

• Definió que el régimen aplicable para el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes era el establecido en la Ley 797 de 2003, teniendo en cuenta que el
fallecimiento se produjo en vigencia de la misma. De acuerdo con ello, precisó que el
artículo 13 de dicha normativa, “exigió para [el reconocimiento de] la pensión de
sobrevivientes que el cónyuge supérstite demostrara un plazo de convivencia de cinco
años antes de la muerte sin importar si tuvieron hijos o no. Esta circunstancia es la
que debe demostrar el actor para acceder a la prestación social que demanda”.

Al respecto, citando un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia10, el Tribunal
accionado explicó que el presupuesto de convivencia “excede la concepción
meramente formal relativa a la cohabitación en el mismo techo y se predica de
quienes además han mantenido vivo y actuante su vínculo mediante el auxilio mutuo,
entendido como acompañamiento espiritual permanente, apoyo económico y con vida
en común que se satisface cuando se comparten los recursos que se tienen, (…) aún
en la separación cuando así se impone por fuerza de las circunstancias ora por la
limitación de medios, ora por oportunidades laborales”.

En ese marco, encontró que no se acreditó el cumplimiento de dicho presupuesto, en
tanto señaló que lo que pretende el actor es que se tenga en cuenta la convivencia
en cualquier tiempo y no durante los últimos cinco años de vida de la causante, lo que
resulta contrario al ordenamiento jurídico.

• Sobre la posibilidad de acreditar el requisito de convivencia con el hecho de que el
demandante y la causante procrearon cinco hijos, el Tribunal accionado señaló que
no es posible, porque como lo expresó la Corte Suprema de Justicia en la sentencia
citada anteriormente, esa circunstancia no exime al interesado del deber de
“demostrar un tiempo mínimo de cinco años como lo prevé la norma actual, con las
reformas introducidas por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, pues la salvedad de
la procreación que tenía el antiguo artículo 47 fue eliminada en el actual texto”.

4.3. Conforme con lo expuesto, la Sala evidencia que en la acción de tutela el actor
insiste en que el vínculo matrimonial y la sociedad conyugal estaban vigentes al
momento del fallecimiento de la causante, y que, además, debe tenerse en cuenta
que tuvieron cinco hijos, lo que considera suficiente para acceder al reconocimiento

9
El actor hizo referencia a la sentencia C-1035 de 2008, sin embargo, el aparte transcrito no se
encuentra dentro del texto de la citada providencia.
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Sentencia de 16 de febrero de 2010. M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez, expediente No 34648.
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Demandante: Eduardo Antonio Vásquez Méndez

de la pensión de invalidez.

Al respecto expresó lo siguiente:

“Los despachos accionados, aunque reconocieron que dentro del expediente está
acreditado que el matrimonio VÁSQUEZ – DIAZ, procreó cinco hijos, entre el 28 de abril
de 1972 y el 1° de diciembre de 1982 (MÁS DE 10 AÑOS), no le dan el valor de la
convivencia que supera los cinco años. Además, desconocieron que la ley y la
jurisprudencia, son superiores a cualquier documento que obre en un proceso, cuando
este no puede ser acogido como prueba para negar un derecho legal y constitucional.

Igualmente, los despachos accionados, no tuvieron en cuenta que la existencia del
matrimonio y la vigencia de la sociedad conyugal no fue controvertida dentro del proceso
y se limitaron a manifestar que el actor no probó la convivencia durante toda la vida
matrimonial, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la ley 797 de 2003 que
modificó el artículo 47 de la ley 100 de 1993, desconociendo que mientras exista el
matrimonio y la vigencia de la sociedad conyugal, el cónyuge sobreviviente tiene
derecho a la pensión”.

(…)

No entendemos por qué, los despachos accionados, aceptaron que para la fecha en la
cual falleció la señora MARÍA ADALGIZA DIAZ DE VÁSQUEZ, ya estaba en vigencia los
artículos 47 y 74 de la ley 100 de 1993, modificados por el literal b) del artículo 13 de la
ley 797 de 2003 y que fue declarado exequible por la Corte Constitucional, pero le
negaron el derecho al señor VÁSQUEZ MÉNDEZ, de disfrutar de la pensión de
sobrevivientes que en vida disfrutaba su esposa la señora MARÍA ADALGIZA DIAZ DE
VÁSQUEZ.

El principal yerro del Tribunal accionado estuvo en la valoración de la norma aplicable
cuando en el numeral 2.5.2. dice: La pensión de sobrevivientes que se demanda, se
causó en vigencia de la ley 797 de 2003 y se rige por esta norma, la cual exige la prueba
de la convivencia del actor con la causante. Sin embargo, no aplica esta ley ni la
jurisprudencia, sino que llega a la conclusión que el demandante no aportó ninguna
prueba de convivencia durante todo el tiempo del vínculo matrimonial, desconociendo
que la ley exige solo cinco (5) años; que estaba vigente el matrimonio y la sociedad
conyugal, además de la procreación de cinco (5) en un período de diez (10) años.
(Negrilla fuera del texto original)

De igual forma, reiteró que el documento que radicaron sus hijos ante el Fondo de
Prestaciones del Magisterio -FOMAG-, no pudo ser controvertido por aquél, por lo
que no podía tenerse en cuenta para resolver las pretensiones de la demanda.

En ese contexto, para la Sala resulta claro que en la acción de tutela el actor reitera
lo reproches expuestos en el recurso de apelación relativos al cumplimiento del
requisito de convivencia por haber procreado cinco hijos y porque el vínculo
matrimonial y la sociedad conyugal estaban vigentes, también sobre la indebida
valoración del documento suscrito por sus hijos en el que aseveran que los esposos
no convivían hacía más de quince años. Todos ellos fueron resueltos por el Tribunal
Administrativo de Caldas, por lo que un estudio de fondo conllevaría reabrir el
debate que fue superado en el trámite del proceso ordinario y revisar como ya lo
hizo la autoridad judicial accionada, los motivos de inconformidad frente a la
negativa de la solicitud de reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.

4.4. El actor consideró que el caso reviste relevancia constitucional “porque se
busca la protección del derecho fundamental al debido proceso, derecho a la
propiedad privada y derecho a la defensa y contradicción y conexos”. Sin embargo,
para la Sala invocar la protección constitucional de los derechos fundamentales no
habilita la acción de tutela en este caso, en tanto como se evidenció en precedencia,
el propósito que persigue es dar continuidad al debate ya resuelto en el trámite del
proceso ordinario.

Al respecto, de manera reciente, la Corte Constitucional en la sentencia SU-128 de

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202111, reiteró que el requisito de la relevancia constitucional tiene como propósito
“(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces ordinarios y, por tanto,
evitar que la tutela sea utilizada para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir
el ejercicio la tutela a cuestiones que afecten los derechos fundamentales y (iii)
evitar que la tutela se convierta en una tercera instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces”.

Del mismo modo, hizo énfasis en que no resulta suficiente que la parte actora alegue
la violación del derecho fundamental al debido proceso para que el juez de tutela
pueda acreditar el cumplimiento de este presupuesto. Al respecto, explicó que
sentencia SU-573 de 2019 para indicar que “la acreditación de esta exigencia, más
allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación con
derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de una
restricción desproporcionada a un derecho fundamental, que no es lo mismo que
una simple relación con aquel”.

En razón a lo anterior, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela por
no cumplirse el presupuesto de la relevancia constitucional, en tanto el actor acude
a este mecanismo para continuar el debate de naturaleza legal concluido en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho cuya pretensión gravitaba en el
reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por el
señor Eduardo Antonio Vásquez Méndez, por las razones expuestas.

Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el expediente
de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión
previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sección

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M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
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Radicado: 11001-03-15-000-2021-07435-00
Demandante: Eduardo Antonio Vásquez Méndez

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

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