Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-07471-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Acción de tutela: improcedencia
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-07471-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2021-07471-00
Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico
4 de febrero de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Bogotá D.C., cuatro (4) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Radicación número: 110010315000202107471 00
Accionante: MARIBEL MAESTRE CUJIA
Accionado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA (SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA)
ACCIÓN DE TUTELA – Improcedencia / REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD –
Incumplimiento / LEGALIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO – Debe discutirse a través del
medio de control respectivo.
Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la demanda de tutela
instaurada por la señora Maribel Maestre Cujia, de conformidad con el Decreto
333 de 2021.
I. A N T E C E D E N T E S
1. La demanda
La señora Maribel Maestre Cujia instauró demanda de tutela contra la Presidencia
de la República, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la
Procuraduría General de la Nación, la empresa de energía Air-E S.A.S. E.S.P. y el
departamento de la Guajira, por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales de petición, al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la
administración de justicia. La tutelante elevó las siguientes pretensiones
(trascripción literal con posibles errores incluidos):
1
Radicación número: 110010315000202107471 00
Accionante: Maribel Maestre Cujia.
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
PRIMERO pretendo con esta ACCIÓN DE TUTELA como mecanismo
definitivo y excepcional para evitar un perjuicio irremediables, a mí que soy
desplazados sujetos de protección constitucional, para que el juez
constitucional tutele mis derechos fundamentales AL NÚCLEO ESENCIAL
DEL DERECHO DE PETICIÓN, AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO,
PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA Y DE IGUALDAD, A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIAS, DEBIDO QUE YO SOY SUJETO DE
PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL AL SER DESPLAZADOS PARA QUE EL
JUEZ ORDENE AL gerente general de AIR-E, el ingeniero JOHN JAIRO
TORO, y al gerente encargado de la guajira el ingeniero JUAN DIEGO
NARVÁEZ LAVERDE Y, garantizarme el derecho esencial de petición y al
debido proceso e igualdad, administración de justicia y decrete el rompimiento
de la solidaridad, del periodo contractual 01 DE FEBRERO DEL 2016, hasta
15 DE FEBRERO DEL 2021, ordenando archivar el proceso administrativo sin
necesidad a esperar el fallo de la superservicios, de conformidad con los
precedente y la jurisprudencia de la cortes constitucional que es de estricto
cumplimiento para este juez constitucional y para la empresa de energía que
administras funciones pública prevaleciendo el derecho sustancia que el
procedimental, debido que fue un derecho que yo me gane es un derecho
adquirido conforme AL ARTÍCULO 130 DE LA LEY 142 DE 1994 Y a la
sentencia T-230 DEL 2021, ASÍ MISMO se investiguen por prevaricato por
acción conforme a la sentencias C-335/08 (…)
SEGUNDO QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL LE DÉ CUMPLIMIENTO A
LOS PRECEDENTES Y LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTES
CONSTITUCIONAL QUE HAN ordenado a estas empresa conceder el
derecho de petición y al debido proceso ordenando el rompimiento de la
solidaridad, en las siguientes sentencias donde son casos idénticos iguales,
semejantes, análogo, homogéneo, gemelo exacto que son los mismos caso,
por lo que el juez debe conceder los principios de seguridad jurídica y de
igualdad y hacer extensiva dichas sentencias CONFORME AL ARTÍCULO 10
DE LA LEY 1437 DEL 2011 en este caso idéntico, donde la cortes declaró
exequible los artículos 128, 129, y 130 de la ley 142 de 1994 y el artículo 18
de la ley 689 de 2001 en las siguientes sentencias: C-150/2003, C-1162/00,
EXEQUIBLE, 129 de la Ley 142 de 1994: Sentencia C-636 de 2000, artículo
18 de la ley 689 de 2001, declarado exequibles por las sentencias C-493 de
1997, C-690/02, Sentencia TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA SECCIÓN PRIMERA SUBSECCIÓN B Bogotá DC,
veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), T-230 DEL 2020,
sentencias T-927/99, T-1016/99, T-1432/00, T-334/01, T-1225/01, T-798/02,
T-953/02 y T-011/03, T-490 del 2003 T-581/08 T-019/02 T-636 /06 T-1016 de
1999 T-500/03, T-525 de 2005 T-1432/00, T-723 de 2005, T- 1006706 T-227/07
T-270/07 Y QUE HAN ORDENADOS A LAS EMPRESA CONCEDER EL
DERECHO DE PETICIÓN ORDENANDO SOLO COBRAR LAS LA
PRIMERAS FACTURA DEJADAS DE PAGAR por Los Usuarios.
TERCERO QUE juez constitucional prevenga de acuerdo al artículo 24 del
decreto 2591 de 1991 al gerente general de AIR-E, el ingeniero JOHN JAIRO
TORO, y al gerente encargado de la guajira el ingeniero JUAN DIEGO
NARVÁEZ LAVERDE, Y A LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS
PÚBLICOS DOMICILIARIOS LA DOCTORA NATACHA GRACIA, y a la
superintendencia zona norte barranquilla CONFORME AL ARTÍCULO 10 de la
ley 1437 del 2011, haga extensiva los precedente y la jurisprudencia y el
procedimiento que has establecido la cortes constitucional ante de suspender
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Radicación número: 110010315000202107471 00
Accionante: Maribel Maestre Cujia.
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
el servicios de energía, prohibiendo la suspensión de forma unilateral y mucho
menos si en la vivienda donde habitan hay persona sujeta de protección
constitucional, como son niños, anciano, discapacitados, desplazados,
minusválidos, colegio, hospitales, cárceles mujeres embarazadas, en
lactancias, donde esta empresa lo vienen haciendo diariamente en todas las
costa y durante 26 años violando los artículos 130,140,141, y 154 de la ley
142 de 1994 (…).
TERCERO QUE juez constitucional ordene al presidente Ivan Duque y a la
superintendencia de servicios públicos la doctora Natacha García que
conforme a los artículos 365 al 370 de la constitución desarrollado por los
artículos 75, , 79, y el artículo 159 de la ley 142 de 1994 Y LA SENTENCIAS
C-263 DE 1996, cumplan sus funciones, debido que durante 26 años no lo
vienen haciendo, permitiendo que las empresas de servicios públicos violen
los artículos 128,129,130,140,141,154,155,159 de la ley 142 de 1994 y los
precedente y la jurisprudencia en las sentencias C-150 DEL 2003, Y C-389/02
y la reconexión del servicios, y estas sentencias que prohíben suspender los
servicios de forma unilateral (…)
CUARTO Que el Juez Constitucional ordene a la Superintendencia de
Servicios Públicos la doctora Natacha García que se abstenga de seguir
durando hasta 430 días para fallas un recurso de apelación ocasionándole a
los suscriptores y usuarios un perjuicio irremediable, debido a que cuando
quiera fallar la Superservicios, ya los arrendadores se han ido y dejado la
deuda (…) como sucede en mi caso que ya van 193 días y no hay respuesta
alguna, por lo que el juez de constitucional declare que el recurso de
apelación que se encuentra ante la superservicios hace 197 días bajo el
radicado 20218200183082 fecha 2021-03-15 trascurrido este plazo se
entiende que la decisión es negativa, por no fallarse en 60 días según los
artículos 77 y 86 de la Ley 1437 de 2011 y por no existir prueba que se
encuentra en periodo probatorio de acuerdo al artículo 159 de la Ley 142 de
1994 y la Ley 1437 del 2011 (…)
QUINTO Que el juez constitucional ordene a la doctora Natacha García,
Superintendencia de Servicios Públicos, para que imparta funciones a las
superintendencias zona norte de Barranquilla y a la empresa Air-e y cumplan
los mandamientos constitucionales consagrados en el artículo 84 de la
Constitución, Ley 1755 de 2015, Decreto 019 de 2012 (…) y se abstenga de
seguir exigiendo requisito no autorizado por la ley para conceder el derecho
de petición y decretar el rompimiento de la solidaridad, como es el certificado
de libertad y tradición (…)
SEXTO Que el juez constitucional ordene a la Procuraduría si lo cree
conveniente investigue disciplinariamente al presidente Iván Duque y a la
doctora Natacha García por no ejercer las funciones constitucionales
establecida en los artículos 365 al 370 de la Constitución desarrollados por los
artículos 75 y 79 , 159 de la ley 142 de 1994(…)exigiéndole, que en adelante a
sumas sus competencias, como es la vigilancia control obligando a las
empresa cumplir la constitución los precedente y los artículos 128, 129, 130,
140, 141, 152, 153, 154, 155 y 159 de la ley 142 de 1994, prohibiéndole
suspender el servicio de forma unilateral, negar la instalación del servido
exigiendo y decretar el rompimiento de la solidaridad (…)
SÉPTIMO Que el Consejo Superior de la Judicatura ordene a este juez
constitucional y demás jueces y magistrados (…) que cumpla dichos
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Radicación número: 110010315000202107471 00
Accionante: Maribel Maestre Cujia.
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
precedentes y jurisprudencias que han ordenado a las empresas conceder el
derecho de petición y decretar el rompimiento de la solidaridad y la reconexión
del servicio así mismo que se abstengan de suspender el servicio de forma
unilateral (…).
OCTAVO Que el juez constitucional si decide NO tutelar mis derechos
fundamentales de petición y debido proceso administrativo y los precedentes y
la jurisprudencia de igualdad debe motivar las razones que se aparta de los
precedentes (…)
NOVENO que el juez constitucional ordene al presidente y a la
superintendencia de acuerdo a los artículos 365 al 370 de la constitución y los
artículos 75 y 79 de la ley 142 de 1994 ¿cuáles son las funciones que deben
ejercer? si entre ellas están ordenarles a la empresas de servicios públicos
que ante de suspender el servicio de energías o aguas deben expedir un acto
administrativo conforme a los artículos 130,140,141 y 154 de la ley 142 de
1994? (…)
DÉCIMO Que el juez constitucional ordene a la empresa AIR-E haga
extensiva de acuerdo al artículo 10 (…) ordenando a la empresa de energía
eléctrica decretar el rompimiento de la solidaridad y garanticen mis derechos
fundamentales de petición, la administración de justicia, debido proceso
administrativo e igualdad, principio de seguridad jurídica y así cumplir un
deber constitucional o legal; reconocido mi derecho como propietario de este
inmueble consagrado en el artículo 18 de la Ley 689 del 2001 que modificó el
artículo 130 de la Ley 142, así mismo se abstenga de seguir exigiendo
certificado de nomenclatura, certificado de tradición y libertad NO
CONTEMPLADO EN LOS ARTÍCULOS 15, 16, Y 17 DE LA LEY 1755 DEL
2015 Y EL ARTÍCULO 23 DE LA CONSTITUCIÓN exigiendo requisito no
autorizado por el artículo 84 de la constitución y el decreto 019 del 2012,
conforme a las sentencias T-636 /2006, T-281/2012 para así negar el derecho
de petición Y DECRETE EL ROMPIMIENTO DE LA SOLIDARIDAD.
DÉCIMO PRIMERO Que el juez constitucional ordene al gerente general de
AIR-E y hacer extensiva los precedente de la cortes constitucional en las
siguientes sentencias de tutelas, donde han reiterado que las empresas de
servicios públicos no suspendieron el servicios conforme al artículo 140 y 141
de la ley 142 de 1994, por lo que deben de garantizar el derecho de petición
decretando el rompimiento de la solidaridad (…)
DÉCIMO SEGUNDO Que el juez constitucional ordene al gerente general de
AIR-E que antes de tomar la decisión de suspenderme el servicios debe
expedir una acto administrativo conforme a los artículos 130, 140, 141, 154 de
la ley 142 de 1994 y las SENTENCIAS T-636/06,T-
485/01,1108/02,T-1020/02,1150/2001,T-793/2012,C-150/2003,C-389/2002
T-013/18, SU- 1010 DEL 2008 (…)
DÉCIMO TERCERO Que el juez constitucional de acuerdo al artículo 10 de la
ley 1437 del 2011 y el artículos 4, 13 de la constitución inaplique el contrato de
condiciones uniforme y decrete el rompimiento de la solidaridad (…)
DÉCIMO CUARTO Que el juez constitucional declare que el recurso de
apelación que se encuentra ante la superservicios hace 182 días bajo el
radicado No 20218200183082 fecha 2021-03-15 es declarado negado por no
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Radicación número: 110010315000202107471 00
Accionante: Maribel Maestre Cujia.
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
fallarse en 60 días según los artículos 77 y 86 de la ley 1437 del 2011 el
recurso de apelación es declarado negando al no resolverlo en 60 días y por
no existir prueba que se encuentra en periodo probatorios de acuerdo al
artículo 159 de la ley 142 de 1994 y la ley 1437 del 2011.
DÉCIMO QUINTO Que el juez constitucional ordene al gerente general de
Afina (…) conceda el derecho de petición el derecho, a la administración de
justicia, debido proceso administrativo y me conceda el derecho esencial de
petición consagrado en el artículo 23 de la constitución ,decretando el
rompimiento de la solidaridad, y así cumplir un deber constitucional o legal;
reconocido mi derecho como propietario de este inmueble consagrado en el
artículo 18 de la ley 689 del 2001 que modificó el artículo 130 de la ley 142
(…)
2. Hechos relevantes
Mediante petición del 27 de enero de 2021, radicada bajo el número
RE3110202106714, la señora Maribel Maestre Cujia le solicitó a Caribemar de la
Costa S.A.S. ESP – Afinia Grupo EPM que reliquidara el consumo exagerado de
las últimas 5 facturas, el “monto pendiente reflejado en la factura de enero de 2021
estando en reclamo por ruptura de solidaridad” y que no se le suspendiera la
prestación del servicio.
Mediante decisión No. 202170031530 del 3 de febrero de 2021, Caribemar de la
Costa S.A.S. ESP – Afinia Grupo EPM negó lo solicitado por la ahora tutelante.
Contra esa decisión, la señora Maestre Cujia interpuso el recurso de reposición y,
en subsidio, el de apelación.
Por medio de Resolución No, 2021170043872 del 15 de febrero de 2021
Caribemar de la Costa S.A.S. ESP – Afinia Grupo EPM confirmó la decisión inicial
y concedió el recurso de apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, trámite al que le correspondió el radicado No. 20218200183082, sin
que a la fecha de interposición de la demanda de tutela se hubiere resuelto el
mencionado recurso.
Manifestó la tutelante que (trascripción literal con posibles errores incluidos):
… desde que la empresa envío el expediente según el radicado No
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Radicación número: 110010315000202107471 00
Accionante: Maribel Maestre Cujia.
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
20218200183082 fecha 2021-03-15 ya van mas 182 días y no hay respuestas
al algunas, violando los artículos 77 y 86 de la ley 1437 del 2011, debido que
ya es costumbre que la superservicios se demores hasta 24 meses para fallar
un recurso de apelación cuando el artículo 77 de la ley 1437 del 2011 concede
un término máximo de dos meses a sí mismo lo reitero el concepto unificado
sspd-oju-2010-15 expedido por la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios sobre término para resolver el recurso de apelación inciso
término para resolver el recurso de apelación por parte de la superintendencia.
Agregó que (trascripción literal con posibles errores incluidos):
… denuncio en esta acción de tutela que la empresa electricaribe y
ahora AIR-E y AFINIA de forma unilateral viene suspendiendo el
servicio de energía hace mas de 26 años desde que se expidió la Ley
142 de 1994 donde los únicos culpables son las autoridades que le
corresponden vigilar el cumplimiento de l constitución, en sus artículos
365 al 370 y la ley 124 de 1994 en sus artículos 130, 140, 141 y 154 y
los precedente de la Corte Constitucional, como son el Presidente,
Procuraduría, Defensoría, la superintendente de Servicios Públicos, los
jueces y magistrados de Colombia son los únicos culpables de que
estas empresas atropellen diariamente a los usuarios de los servicios
públicos domiciliarios …
3. La admisión y el trámite de la demanda de tutela
3.1. Mediante providencia de 9 de noviembre de 2021, se remitió el asunto de la
referencia al despacho del consejero Martín Bermúdez Muñoz, para que estudiara
su posible acumulación al proceso identificado con el radicado
11001031500020210745600.
Por proveído de 17 de noviembre de 2021, el mencionado consejero devolvió el
expediente “por no ser procedente la acumulación de procesos”.
En atención de lo anterior, por auto de 7 de diciembre de 2021, se admitió la
demanda de tutela y se ordenó notificar a las entidades accionadas.
3.2. La Presidencia de la República sostuvo que la acción de tutela es
improcedente porque no se cumple con el requisito de la subsidiariedad, toda vez
que existe un mecanismo idóneo para obtener el fin perseguido por la tutelante, el
medio de control de nulidad, el que le permite solicitar medidas cautelares como la
suspensión del acto administrativo que ataca.
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Radicación número: 110010315000202107471 00
Accionante: Maribel Maestre Cujia.
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
De otra parte, hizo un recuento de las funciones tanto del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República como del Presidente de la
República y concluyó que ninguno de los dos tiene funciones o competencias
relacionadas con la suspensión o reconexión de los servicios públicos domiciliarios
ni con los procesos de cobro de dichos servicios y, en ese sentido, afirmó que se
configura la falta de legitimación en la causa por pasiva, pues “cualquier actuación
tendiente a acceder a lo solicitado por la accionante, constituiría una
extralimitación en el ejercicio de las funciones del señor presidente de la República
y de la Presidencia de la República”.
3.3. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios indicó, en primer
lugar, que se debe declarar la falta de competencia para conocer el presente
asunto, toda vez que, “para el caso objeto de estudio el factor territorial judicial por
‘competencia a prevención’, debe ser atendido en el Municipio de Urumita, puesto
que tanto la ocurrencia de los hechos como los efectos del mismo causados en
dicho municipio”.
Sin perjuicio de lo anterior, advirtió que carece de legitimación en la causa por
pasiva, habida cuenta de que “las órdenes de corte, financiación y la vinculación
de un reclamo a la facturación es una actuación de exclusiva competencia de la
empresa CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. – AFINIA GRUPO EPM- y no
es del resorte de la superintendencia”.
De otra parte, informó que el recurso de apelación interpuesto contra la decisión
adoptada por la empresa prestadora del servicio –radicado bajo el número
20218200183082 el 11 de marzo de 2021–, se encuentra en sustanciación.
En ese sentido, consideró que la acción de tutela es improcedente, dado que,
según el artículo 3 del Decreto 306 de 1992, “Se entenderá que no se encuentra
amenazado un derecho constitucional fundamental por el sólo hecho de que se
abra o adelante una investigación o averiguación administrativa por la autoridad
competente con sujeción al procedimiento correspondiente regulado por la ley”.
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Radicación número: 110010315000202107471 00
Accionante: Maribel Maestre Cujia.
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
Por lo expuesto, solicitó que se negara el amparo solicitado, al no haberse
vulnerado los derechos fundamentales de la accionante.
3.4. La Procuraduría General de la Nación indicó que no tiene competencia para
pronunciarse respecto de la situación de la accionante, dado que ello le
corresponde a la Superintendencia de Servicios Públicos, tal y como lo prevé el
artículo 66 de la Ley 489 de 1998.
Agregó que “… no ha incumplido con obligación de velar por el correcto ejercicio
de las funciones encomendadas en la Constitución y la Ley a servidores públicos,
lo cual hace a través de sus tres funciones misionales principales”, la preventiva,
la disciplinaria y la de intervención.
En ese sentido, pidió que se rechazara la acción de tutela frente a esa entidad.
3.5. La empresa de energía AIR-E S.A.S. E.S.P. solicitó que se le desvinculara del
trámite de la referencia, dado que “… no presta el servicio de energía en el
departamento de Cesar, ello en cuanto a la segmentación de los usuarios que se
hizo entre las empresas AFINIA y Air-e. El servicio en este departamento es
prestado por AFINIA”.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es
un mecanismo de defensa judicial al cual puede acudir toda persona para obtener
la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de las autoridades públicas o
de los particulares en los casos que señale la ley.
El inciso 3 del artículo 86 de la Constitución Política prevé que la acción de tutela
“sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
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Radicación número: 110010315000202107471 00
Accionante: Maribel Maestre Cujia.
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
judicial”, precepto reglamentado por el numeral 1 del artículo 6 del Decreto Ley
2591 de 1991.
En ese sentido, se ha considerado de manera reiterada que existiendo otros
mecanismos de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la
protección de los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe
recurrir a estos y no a la acción de tutela.
Al respecto, la Corte Constitucional ha sostenido:
Esta exigencia constitucional responde al principio de subsidiariedad del
amparo, que pretende asegurar que no sea considerado en sí mismo una
instancia más en el trámite jurisdiccional, un mecanismo de defensa que
reemplace aquellos otros diseñados por el legislador y mucho menos, como
se pretende en este caso, un camino excepcional para solucionar errores u
omisiones de las partes para corregir oportunidades vencidas en los procesos
jurisdiccionales ordinarios1.
Revisada la demanda de tutela, la Subsección estima que, en suma, lo pretendido
por la señora Maribel Maestre Cujia es que se “decrete el rompimiento de la
solidaridad, del periodo contractual 01 de febrero del 2016, hasta 15 de febrero del
2021”, solicitud que le fue negada por Caribemar de la Costa S.A.S. ESP – Afinia
Grupo EPM mediante decisión de 3 de febrero de 2021, confirmada el 15 del
mismo mes y año, actuación que para la fecha de presentación de la demanda de
tutela se encontraba pendiente de resolver por parte de la Superintendencia de
Servicios Públicos, en sede de apelación.
Para efectos de establecer el estado actual del trámite en cuestión, se procedió a
consultar la página web de la Superintendencia accionada2 y se estableció lo
siguiente:
● Por petición verbal del 27 de enero de 2021, radicada con el número
RE3110202106714, la ahora tutelante solicitó: “1. Se reliquide el exagerado
consumo cobrado en las últimas cinco (5) facturas (septiembre de 2020 a enero
1
Sentencia T-735 de 17 de octubre de 2013, M.P. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.
2
https://orfeoii.superservicios.gov.co/orfeo/bodega/2021/820/docs/120218200183082_00002.pdf.
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Radicación número: 110010315000202107471 00
Accionante: Maribel Maestre Cujia.
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
de 2021). 2. Monto pendiente reflejado en la factura de enero de 2021 estando
en reclamación por ruptura de solidaridad. 3. No se le suspenda el servicio”.
● Mediante decisión No. 202170031530 del 03 de febrero de 2021, Caribemar
de la Costa S.A.S. ESP. negó la anterior solicitud, tras considerar que “el
suministro se encuentra normalizado con un equipo de medida donde se toman
las lecturas, por lo cual los consumos en el mes de enero de 2021, fue
establecido por estricta diferencia de lecturas sin incurrir en desviación
significativa. Respecto a la solicitud de no suspensión del servicio mientras las
facturas se encuentren en estado reclamado, el sistema no emitirá suspensiones,
por lo cual se dará el trámite requerido para que se efectúe un debido proceso”.
● Contra la anterior decisión, la señora Maestre Cujia interpuso el recurso de
reposición y, en subsidio, el de apelación.
● Por medio de Resolución No. 202170043872 del 15 de febrero de 2021,
Caribemar de la Costa S.A.S. ESP. confirmo la decisión recurrida y concedió el
recurso de apelación ante esta Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, expediente radicado bajo el número 20218200183082.
● Mediante Resolución No. SSPD–20218600823435 del 15 de diciembre de
2021 –proferida luego de que se interpuso la acción de tutela de la referencia– la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios resolvió el recurso de
apelación en los siguientes términos (trascripción literal con posibles errores
incluidos):
… este Despacho procede a realizar el siguiente análisis, así:
El despacho solo se pronunciara sobre lo solicitado por el usuario en su
escrito de petición ‘alto consumo ultimas 5 facturas (septiembre de 2020
a enero de 2021), monto pendiente por pagar reflejado en la factura de
enero de 2021 y no suspensión del servicio’.
Primero analizaremos el consumo facturado en el mes de enero de 2021,
por desviación significativa.
Para dar aplicación a lo señalado en el régimen de los servicios públicos
domiciliarios, se tendrá en cuenta el consumo promedio histórico del predio
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Radicación número: 110010315000202107471 00
Accionante: Maribel Maestre Cujia.
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
objeto de reclamación, antes destacando que el consumo en el periodo
reclamado se dio por estricta diferencia de lectura registrada por el medidor
instalado en el inmueble, con clara secuencia en los ciclos de medidas en las
facturas anteriores, como bien se observa en los (folios 30-31).
(…)
Del anterior análisis se deduce que bajo la fórmula o porcentaje expuesta por
la empresa dentro de su Contrato de Condiciones Uniformes, no se presentó
una desviación significativa del consumo para el periodo de enero de 2021,
toda vez que los consumos no superan los límites (370%) establecidos en el
Contrato de Condiciones Uniformes de la empresa Caribemar de la Costa
S.A.S. ESP.
Teniendo en cuenta lo anterior y conforme al artículo 149 de la Ley 142 de
1.994, la empresa solo estará obligada a realizar una visita previa en los
eventos que se configure una desviación significativa, en los casos de energía
conforme a lo señalado por el Contrato de Condiciones Uniformes, por tanto y
de acuerdo al análisis anterior la Caribemar de la Costa S.A.S. ESP., no se
encontraba obligada a realizar una revisión previa conforme lo establecido en
el artículo 149 de la Ley 142 de 1.994, ni a modificar el consumo facturado en
los periodos reclamados.
Segundo analizaremos las facturas de septiembre, octubre, noviembre y
diciembre de 2020, y el monto pendiente por pagar reflejado en la factura
de enero de 2021.
Después de observar las pruebas aportadas en el expediente, argumentos del
usuario y decisiones de la empresa. Esta superintendencia observa que la
empresa no se pronunció de fondo sobre la petición del usuario identificado
con NIC.5325251, razón por la cual se abrirá investigación para determinar la
posible ocurrencia de un silencio administrativo, investigación que deberá ser
adelantada por la superintendencia delegada de atención al usuario.
Respecto a la solicitud de no suspensión del servicio.
Conforme el artículo 155 de la ley 142 de 1994, las empresas de servicios
público no podrán suspender, terminar o cortar el servicio, hasta tanto haya
notificado al suscriptor o usuario la decisión sobre los recursos procedentes
que hubiesen sido interpuestos en forma oportuna.
En mérito de lo expuesto, este Despacho CONFIRMAR la decisión impugnada
por encontrarse ajustada a derecho, de conformidad con la normatividad
señala.
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR la decisión empresarial No.
202170031530 del 03 de febrero de 2021, proferida por Caribemar de la Costa
S.A.S. ESP., de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente
decisión.
ARTÍCULO SEGUNDO: dar traslado a la superintendencia delegada de
atención al usuario para que investigue la posible ocurrencia de un silencio
administrativo.
11
Radicación número: 110010315000202107471 00
Accionante: Maribel Maestre Cujia.
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el contenido de esta
resolución al señor (a) MARIBEL MAESTRE CUJIA (…).
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el contenido de esta
resolución al Representante Legal de la empresa Caribemar de la Costa
S.A.S. ESP (…).
ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su
notificación y contra ella no proceden recursos por encontrarse agotada la vía
administrativa.
Así las cosas, la Sala considera que la señora Maribel Maestre Cujia cuenta con
otro medio de defensa judicial idóneo para obtener el fin perseguido mediante la
acción de tutela, pues según el artículo 1383 del CPACA, los cuestionamientos que
tiene respecto de la negativa frente a la reliquidación del “exagerado consumo
cobrado en las últimas cinco (5) facturas (septiembre de 2020 a enero de 2021), al
“monto pendiente reflejado en la factura de enero de 2021 estando en reclamación
por ruptura de solidaridad” y a la no suspensión del servicio, deben plantearse a
través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en el que,
incluso, tiene la posibilidad de solicitar el decreto de medidas cautelares, lo que
incluye la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos
contrarios a sus intereses, de conformidad con lo normado el numeral 3 del
artículo 230 de la Ley 1437 de 20114.
3
“Artículo 138. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Toda persona que se crea
lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la
nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho;
también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales
establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.
“Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el
restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la
reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se
presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe
un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a
partir de la notificación de aquel”.
4
“Artículo 230. CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS MEDIDAS CAUTELARES. Las medidas
cautelares podrán ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, y deberán
tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda. Para el efecto, el
Juez o Magistrado Ponente podrá decretar una o varias de las siguientes medidas:
“1. Ordenar que se mantenga la situación, o que se restablezca al estado en que se encontraba
antes de la conducta vulnerante o amenazante, cuando fuere posible.
“2. Suspender un procedimiento o actuación administrativa, inclusive de carácter contractual. A
esta medida solo acudirá el Juez o Magistrado Ponente cuando no exista otra posibilidad de
conjurar o superar la situación que dé lugar a su adopción y, en todo caso, en cuanto ello fuere
posible el Juez o Magistrado Ponente indicará las condiciones o señalará las pautas que deba
observar la parte demandada para que pueda reanudar el procedimiento o actuación sobre la cual
recaiga la medida.
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Radicación número: 110010315000202107471 00
Accionante: Maribel Maestre Cujia.
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
A lo anterior se adiciona, que en caso de que la situación de la accionante lo
amerite, se pueden adoptar las medidas cautelares de urgencia, las que, según el
artículo 234 del CPACA, son procedentes cuando “… se evidencie que por su
urgencia, no es posible agotar el trámite previsto en el artículo anterior”5.
Frente a un caso similar, esta Corporación sostuvo:
11.- Tras analizar las pruebas que obran en el expediente digital, la Sala
observa que el 11 de octubre de 2021 el señor Díaz Guerra interpuso un
recurso de queja contra el comunicado No. 202170277547 del 30 de
septiembre de 2021, mediante el cual Afinia rechazó por extemporáneo el
recurso de reposición y, en subsidio, de apelación que el actor presentó contra
la decisión que negó la ruptura de la solidaridad de la deuda. En virtud del
numeral 3 del artículo 74 del CPACA, dicho recurso de queja le correspondió a
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y, hasta el momento,
continúa en trámite.
11.1.- Con base en lo anterior, la Sala advierte que el proceso administrativo
aún no ha culminado. En su informe de contestación la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios explicó que para resolver de fondo el recurso
“3. Suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo.
“4. Ordenar la adopción de una decisión administrativa, o la realización o demolición de una obra
con el objeto de evitar o prevenir un perjuicio o la agravación de sus efectos.
“5. Impartir órdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no
hacer.
“PARÁGRAFO. Si la medida cautelar implica el ejercicio de una facultad que comporte elementos
de índole discrecional, el Juez o Magistrado Ponente no podrá sustituir a la autoridad competente
en la adopción de la decisión correspondiente, sino que deberá limitarse a ordenar su adopción
dentro del plazo que fije para el efecto en atención a la urgencia o necesidad de la medida y
siempre con arreglo a los límites y criterios establecidos para ello en el ordenamiento vigente” (se
destaca).
5
El artículo 233 del CPACA establece: “PROCEDIMIENTO PARA LA ADOPCIÓN DE LAS
MEDIDAS CAUTELARES. La medida cautelar podrá ser solicitada desde la presentación de la
demanda y en cualquier estado del proceso.
“El Juez o Magistrado Ponente al admitir la demanda, en auto separado, ordenará correr traslado
de la solicitud de medida cautelar para que el demandado se pronuncie sobre ella en escrito
separado dentro del término de cinco (5) días, plazo que correrá en forma independiente al de la
contestación de la demanda.
“Esta decisión, que se notificará simultáneamente con el auto admisorio de la demanda, no será
objeto de recursos. De la solicitud presentada en el curso del proceso, se dará traslado a la otra
parte al día siguiente de su recepción en la forma establecida en el artículo 108 del Código de
Procedimiento Civil.
“El auto que decida las medidas cautelares deberá proferirse dentro de los diez (10) días siguientes
al vencimiento del término de que dispone el demandado para pronunciarse sobre ella. En este
mismo auto el Juez o Magistrado Ponente deberá fijar la caución. La medida cautelar solo podrá
hacerse efectiva a partir de la ejecutoria del auto que acepte la caución prestada.
“Con todo, si la medida cautelar se solicita en audiencia se correrá traslado durante la misma a la
otra parte para que se pronuncie sobre ella y una vez evaluada por el Juez o Magistrado Ponente
podrá ser decretada en la misma audiencia.
“Cuando la medida haya sido negada, podrá solicitarse nuevamente si se han presentado hechos
sobrevinientes y en virtud de ellos se cumplen las condiciones requeridas para su decreto. Contra
el auto que resuelva esta solicitud no procederá ningún recurso”.
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Radicación número: 110010315000202107471 00
Accionante: Maribel Maestre Cujia.
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
de queja, su Dirección Territorial Nororiente abrió un periodo probatorio y
solicitó a Afinia la totalidad del expediente del señor Díaz Guerra. Teniendo en
cuenta que la empresa comercializadora respondió a dicha solicitud el 25 de
octubre de 2021, ha transcurrido tan solo un mes desde que la autoridad
accionada pudo empezar a estudiar el recurso de queja.
11.2.- Teniendo en cuenta que el señor Díaz Guerra aún cuenta con una
instancia administrativa ordinaria para ventilar sus pretensiones y hacer valer
sus derechos fundamentales, la acción resulta a todas luces improcedente. Al
accionante no le asiste razón en que el juez constitucional puede declarar el
rompimiento de la solidaridad y archivar el proceso administrativo sin
necesidad de esperar a que la superintendencia accionada resuelva el recurso
de queja, por cuanto (i) emitir tales órdenes escapa a su competencia y (ii) la
tutela es un mecanismo residual y subsidiario que impone al accionante la
carga de acudir previamente a los mecanismos ordinarios para solucionar sus
controversias con la administración y con los particulares.
11.3.- Asimismo, en caso de que la Dirección Territorial Nororiente de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios niegue de forma
definitiva el rompimiento de la solidaridad de la deuda, el señor Díaz
Guerra podrá atacar la decisión por las vías jurisdiccionales ordinarias.
En consecuencia, para la Sala resulta evidente que la presente solicitud
de amparo no satisface el principio de subsidiaridad que rige la acción
de tutela6 (se destaca).
Por lo expuesto, la Subsección declarará la improcedencia del amparo solicitado
por la señora Maribel Maestre Cujia, porque no se cumple el requisito de
subsidiariedad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley.
FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por la señora
Maribel Maestre Cujia, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
6
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, C.P.: Martín Bermúdez Muñoz, sentencia de
29 de noviembre de 2021, radicado: 11001-03-15-000-2021-07456-00.
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Radicación número: 110010315000202107471 00
Accionante: Maribel Maestre Cujia.
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
TERCERO: de no ser impugnada esta providencia, ENVIAR el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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