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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-07519-01

Fecha
17 de marzo de 2022
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-07519-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: MODIFICAR el fallo proferido el 15 de diciembre de 2021 por la Subsección A, Sección Tercera del Consejo de Estado que declaró improcedente el amparo, para en su lugar, NEGAR la acción de tutela en relación con el derecho fundamental a la seguridad social, según lo explicado en precedencia. SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás el fallo proferido el 15 de diciembre de 2021 por la Subsección A, Sección Tercera del Consejo de Estado, pero por las razones aquí expuestas. TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro del término legal. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. 33 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001 03 15 000 2021 07519 01 Accionante: Lover Lainer Suárez Santiago

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2021-07519-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

17 de marzo de 2022

Radicación: 11001 03 15 000 2021 07519 01
Accionante: Lover Lainer Suárez Santiago

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-07519-01
Accionante: LOVER LAINER SUÁREZ SANTIAGO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER Y OTRO
Tesis: No incurre en defecto sustantivo ni vulnera el derecho
fundamental a la seguridad social la providencia judicial
que negó el reajuste y pago de la diferencia de los salarios
y prestaciones sociales, así como el reajuste en el pago de
los aportes al sistema de seguridad social durante el
período de incapacidad de un ex funcionario de la Rama
Judicial.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora en contra
del fallo de tutela proferido el 15 de diciembre de 2021 por la Subsección
A, Sección Tercera, del Consejo de Estado, que declaró improcedente la
petición de amparo.

1. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Lover Lainer Suárez Santiago promovió acción de tutela en contra
de las sentencias proferidas el 16 de agosto de 2019 y el 20 de octubre
de 2021 por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de
Bucaramanga y el Tribunal Administrativo de Santander,
respectivamente, con el fin de que se amparen sus derechos
1

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Accionante: Lover Lainer Suárez Santiago

fundamentales al debido proceso, al trabajo y a la no discriminación en
situación de discapacidad; para ello formuló las siguientes pretensiones1:

“[… ] PRIMERO: Se tutele el derecho al DEBIDO PROCESO, por las
CAUSALES OBJETIVAS DE PROCEDIBILIDAD, DERECHO AL
TRABAJO Art. 25 Y A LA NO DISCRIMACION EN SITUACION DE
DISCAPACIDAD Arts. 48, 13, 47, 54 vulnerados por los tutelados por
las providencias proferidas el 16 de agosto del 2019 el JUZGADO CUARTO
ADMINISTRATIVO DE BUCARAMANGA y la sentencia del día 19 de octubre
del 2021 el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER, en proceso con
radicación; 6800123333004-2014-00150-04.

SEGUNDO: SE REVOQUE la decisión proferida el día el 16 de agosto del
2019 por el JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL
CIRCUITO DE BUCARAMANGA y que fuera confirmada el día 19 de
octubre del 2021 por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
SANTANDER, en la que se negaron las pretensiones de la demanda, por
vulnerar y ser violatoria del artículo 29 Constitucional, en particular del
debido proceso.

TERCERO: SE ORDENE al JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE
BUCARAMANGA Y AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
SANTANDER que dentro de las 48 horas siguientes a la ejecutoria de la
sentencia, proferir una nueva decisión sobre las pretensiones de la
demanda relacionadas con el reconocimiento, pago, liquidación y
reliquidación de las prestaciones sociales derivadas de la relación legal y
reglamentaria con la Fiscalía General de la Nación[… ]”.

[Mayúsculas y negrillas del accionante]

2. SITUACIÓN FÁCTICA

El accionante informó que estuvo vinculado a la Fiscalía General de la
Nación desde el 24 de septiembre de 1996 hasta el 31 de julio de 2013 y
que el último cargo que desempeñó fue el de investigador criminal l de la
Dirección del CTI de Bucaramanga.

Manifestó que en el mes de octubre de 2002 sufrió un accidente de trabajo
“cuando realizaba una serie de actividades en el ejercicio de mis

1
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2021 07519 00.
2

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funciones, como fue la caída desde un techo en unos allanamientos a
casas de paramilitares y levantamiento de cadáveres”2.

Explicó que, a raíz del accidente y durante el tiempo de prestación de
servicios, presentó incapacidades médicas y algunos períodos de
hospitalizaciones entre los años 2010 a 2013.

Sostuvo que, mediante dictamen nro. 3572013 del 12 de marzo de 2013
emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Santander,
fue calificado con una pérdida de la capacidad laboral del 51,27%.

Afirmó que se le reconoció una pensión de invalidez a partir del 1 de
agosto de 2013 por la suma de $1.111.800.

Expuso que, mediante la resolución nro. 1542 del 15 de julio de 2013, el
Director Seccional Administrativo y Financiero de la Fiscalía General de la
Nación dispuso que fuera retirado del servicio por invalidez absoluta.

Mencionó que, entre el mes de julio de 2011 y hasta septiembre de 2012,
período en el que estuvo incapacitado, no se le pagó en debida forma el
salario y las prestaciones a que tenía derecho; en ese sentido, aseguró
que no se le canceló la bonificación de servicios correspondientes a los
años 2011, 2012 y 2013; la prima de navidad de los años 2011 y 2013;
la prima de productividad de los años 2011 y 2013; la reliquidación de la
prima de navidad y productividad del año 2012; las cesantías de los años
2011 y 2013; la reliquidación del retroactivo aumento salarial del año
2013, y la bonificación judicial de los meses de junio y julio de 2013, y
que, por tal razón, la Fiscalía General de la Nación hizo aportes al sistema
de seguridad social en pensiones teniendo en cuenta un ingreso base de
cotización menor del que debía cotizar y, por ello, en la actualidad, está

2
Ibídem.
3

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recibiendo una mesada pensional por invalidez inferior a la que tiene
derecho.

Anotó que el 31 de enero de 2014 solicitó a la Fiscalía General de la Nación
la reliquidación de salarios de los años 2011, 2012 y 2013, así como el
pago de las bonificaciones, primas, cesantías, y los reajustes de aportes
al sistema de seguridad social integral.

Indicó que, mediante oficio DSAF. 202 del 12 de febrero de 2013, la
Fiscalía General de la Nación dio respuesta a la petición, en el sentido
que, a través del oficio DSAF-1603 del 13 de septiembre de 2013, se negó
lo solicitado.

Inconforme con lo resuelto, promovió demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, la cual correspondió por reparto al Juzgado
Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, que, en
sentencia del 16 de agosto de 2019 negó las pretensiones.

El accionante interpuso recurso de apelación y el Tribunal Administrativo
de Santander, en sentencia del 19 de octubre de 2021, confirmó la
decisión de primera instancia.

Argumentó que en las sentencias atacadas se configuró el “defecto
sustantivo, orgánico o procedimental” y, en este acápite del escrito de
tutela, argumentó que “el despacho de primera instancia hace un estudio
superfluo de las pruebas arrimadas al proceso judicial” y que los
despachos “incurrieron en una serie de errores al no valorar
objetivamente el acervo probatorio documental, existente dentro del
proceso, pues, allí reposan todos y cada uno de los desprendibles de pago
emitidos por la Fiscalía General de la Nación, donde se describen los
conceptos devengados, conceptos, liquidados y pagos, al igual, que los

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que liquidaron y en el mismo desprendible los debitaron, es decir, no los
pagaron3”.

También refirió a que, de acuerdo con el artículo 18 del Decreto 3135 de
1968 y el artículo 31 del Decreto 1848 de 1969, “cuando un trabajador
se encuentre incapacitado, no suspende la relación laboral, esta, por el
contrario continúa vigente, debiendo la entidad empleadora realizar el
pago de dichas acreencias laborales”4.

Adujo que “los demás conceptos indicados que no se pagara como la
prima de servicios, la prima de productividad y la bonificación judicial, por
cuanto no se encontraba en servicio el suscrito, es totalmente contrario a
la ley, porque las prestaciones sociales se derivan de la relación laboral y
lo que se encontraba percibiendo es un auxilio de incapacidad que en
ningún momento interrumpe el servicio, sino que se encuentra por un
accidente de trabajo, impedido para realizar su actividad laboral, pero que
la misma continúa vigente”5.

En el siguiente acápite del escrito de tutela, alegó que en las providencias
atacadas se configuró el defecto de decisión sin motivación por las
siguientes razones6:

“[…]En relación a la solicitud de nulidad del acto administrativo del 12 de
Febrero de 2013 sobre la omisión del pago de mis prestaciones sociales,
tales como bonificación de servicios, primas de navidad, prima de
productividad, Cesantías y Bonificación judicial y en consecuencia elusión
en los aportes a seguridad social por parte de la Fiscalía durante los años
2011, 2012, 2013, situación ésta que surgió cuando me encontraba con
incapacidades médicas por enfermedad profesional. La discusión se centra
en el pago de las acreencias laborales y que no había lugar al pago
correspondiente

De lo anterior, podemos ver que la motivación de los jueces hacen
referencia al Decreto-ley 1295 de 1994 y la misma ley 776 de 2002, que
en el trámite tanto el Juzgado como el Tribunal desconocen las normas

3
Ibídem.
4
Ibídem.
5
Ibídem.
6
Ibídem.
5

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del Sistema General de Seguridad Social y las normas de las prestaciones
sociales que para el efecto con (sic) aplicables, donde no hacen un análisis
de los conceptos, fallándose en norma irrelevante respecto a la petición
impetrada en el proceso, violando así mis derechos fundamentales,
invocados en la presente Acción en las providencias del JUZGADO
CUARTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE
BUCARAMANGA del 16 de agosto del 2019 y la providencia del 19 de
octubre del 2021 por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
SANTANDER […]”.

[Negrita y mayúscula en la tutela]

Agregó que se vulneró su derecho al trabajo toda vez que, “si bien me
encontraba incapacitado, seguía con una relación laboral vigente, de la
cual se derivaron una serie de acreencias laborales, las cuales no han sido
canceladas al momento las cuales por falta de conocimiento del Juzgado
Cuarto Administrativo de Bucaramanga y el Tribunal Administrativo de
Santander en donde niegan el reconocimiento de mis derechos laborales
y prestaciones con la Fiscalía General de La Nación, al desconocerlos,
durante el tiempo que estuve incapacitado7".

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. Por auto del 9 de noviembre de 20218, la Subsección A, Sección
Tercera, del Consejo de Estado, admitió la tutela y dispuso notificar en
calidad de accionados a los magistrados que integran el Tribunal
Administrativo de Santander y al Juez Cuarto Administrativo de
Bucaramanga y, por tener interés en el resultado del proceso, al Fiscal
General de la Nación y al Presidente de Positiva Compañía de Seguros
S.A.9

7
Ibídem.
8
Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2021 07519 00.
9
Esta orden se cumplió el 17 de noviembre de 2021. Visto en el índice 7 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2021
07519 00.
6

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Igualmente, se solicitó al Juzgado Cuarto Administrativo de Bucaramanga
que allegara en medio magnético el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho radicado con el nro. 68001 33 33 004 2014 00150 00, el cual
fue remitido10.

3.2. La Profesional Especializada de la Dirección de Asuntos Jurídicos de
la Fiscalía General de la Nación rindió informe en oportunidad vía correo
electrónico11, en el que expuso que la acción de tutela es improcedente
dado que “(i) el accionante no da cuenta de porqué a pesar de existir otro
mecanismo judicial idóneo para ventilar la controversia objeto de esta
acción, no hizo uso del mismo, (ii) no sustentó las causales específicas de
procedibilidad para que la acción de tutela sea procedente y (iii) pretende
retrotraer actuaciones procesales”.

Agregó que “en el caso sub examine, se constata que la pretensión de la
parte accionante no tiene una relevancia constitucional, que se
fundamenta en la salvaguarda de un derecho constitucional fundamental
gravemente afectado por cuanto pretende, mediante esta acción
constitucional, solicitar pagos, liquidación y liquidación de emolumentos
que contienen un resarcimiento monetario, derecho que es
eminentemente de tipo económico”.

3.3. La apoderada del Representante Legal de Positiva Compañía de
Seguros S.A. remitió informe en término vía correo electrónico 12, en el
que indicó que la tutela deviene improcedente porque “en el presente caso
el accionante no acredita ningún tipo de vulneración ni amenaza a sus
derechos fundamentales por lo tanto el amparo solicitado debe ser
considerado improcedente, teniendo en cuenta que la accionante le fue
respetado el derecho al debido proceso y que la acción de tutela no es un

10
Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2021 07519 00.
11
Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2021 07519 00.
12
Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2021 07519 00.
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mecanismo para debatir fallos proferidos por los jueces de la República
que por demás se encuentran en firme, en este sentido es absolutamente
claro que la acción de tutela fue diseñada como un mecanismo de
protección de los derechos fundamentales y no como una tercera
instancia para cuestionar los fallos proferidos en la jurisdicción ordinaria”.

3.4. El Juez Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga
rindió informe en oportunidad vía correo electrónico13, en el que manifestó
que la acción de tutela es improcedente cuando se utiliza para reabrir el
litigio por no cumplirse el requisito de subsidiariedad y para ello citó lo
señalado en la sentencia SU – 128 de 2021 proferida por la Corte
Constitucional. Acotó que la providencia proferida en primera instancia no
vulnera los derechos fundamentales al debido proceso ni de acceso
efectivo a la administración de justicia porque se fundamentó en las
normas aplicables y se tuvo en cuenta la jurisprudencia del Consejo de
Estado.

3.5. El Tribunal Administrativo de Santander guardó silencio.

4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección A, Sección Tercera de esta Corporación, mediante
sentencia del 15 de diciembre de 2021, dispuso lo siguiente14:

“[...] PRIMERO. Declarar improcedente el amparo solicitado por
el señor Lover Lainer Suárez Santiago, por lo razonado en la parte
motiva de esta providencia […]”.

Indicó que la tutela era improcedente por no cumplirse el requisito de
relevancia constitucional “por deficiencias en la construcción de la carga

13
Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2021 07519 00.
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Visto en el índice 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2021 07519 00.
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argumentativa mínima y necesaria para reprochar un fallo judicial, amén
de que las discrepancias que logran extraerse de la demanda evidencian
que lo pretendido es convertir la acción de tutela en instancia adicional
del proceso ordinario”15. Al respecto, explicó lo siguiente16:

“[…] De la simple comparación entre las razones esgrimidas en el
curso del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, esto
es, de la demanda, el recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia de primera instancia y los argumentos propuestos en la
solicitud de tutela es claro que se busca continuar con el debate
jurídico que ya fue decidido por los jueces de instancia dentro del
respectivo medio de control.
En el escenario que propone la parte actora, la Sala tendría que
examinar nueva y especialmente los motivos de reparo contenidos
en la demanda y en el recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia del 16 de agosto de 2019, proferida por el Juzgado Cuarto
Administrativo de Bucaramanga, y lo decidido por el Tribunal
Administrativo de Santander en providencia del 19 de octubre de
2021, cuando el debate fue clausurado por los jueces de instancia
con argumentos razonables que responden adecuadamente a la
controversia judicial que les fue planteada.
En la demanda de tutela, el accionante hace un esfuerzo por reseñar
los supuestos derechos fundamentales vulnerados y censura las
sentencias porque incurrieron en un «defecto sustantivo, orgánico o
procedimental», calificación que distorsiona el alcance de los
requisitos específicos de procedibilidad de tutela contra providencia
judicial, pues asimila dentro de la misma categoría situaciones que
podrían corresponder a un defecto concreto y diferente.
Si el defecto es sustantivo su configuración ha de fundarse en la
aplicación incorrecta del derecho vigente o en su interpretación
irrazonable; el orgánico, obedece a la falta de competencia de las
autoridades judiciales, mientras que el procedimental se cimienta en
la absoluta desconexión del juez con las reglas procesales aplicables;
no obstante, los motivos del demandante se contraen a señalar que
se hizo «un estudio superfluo de las pruebas arrimadas al proceso
judicial», situación que, de ser cierta, debió argumentarse bajo la
especificidad del defecto fáctico y con suficiencia argumentativa, en
el sentido de explicar en qué consistió tal análisis superficial del
material probatorio. Por igual, la aplicación incorrecta de las normas
sobre el reconocimiento salarial y prestacional debió enrutarse por
la senda del defecto sustantivo, con la consabida justificación.
(…)
En suma, el accionante hace una relación de hechos y pruebas sin
incidencia en la decisión y sin construir un embate serio que genere
dudas sobre la validez del razonamiento de los jueces de instancia

15
Ibídem.
16
Ibídem.
9

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en la valoración de las pruebas aportadas al proceso o de las cargas
que tuvieran en esa labor.
Ahora bien, los pocos argumentos que tienen conexidad con la
motivación de las sentencias objeto de la solicitud de amparo,
coinciden con el debate que fue planteado en la demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho, esto es, que el demandante tenía
derecho a que se le reconocieran los siguientes emolumentos:

• Bonificación de servicios, correspondiente al período 2011-2013.
• Prima de navidad, correspondiente al período 2011-2013.
• Prima de productividad, correspondiente al período 2011-2013.
• Reliquidación de prima de navidad y productividad de 2012.
• Cesantías de 2011 y 2013.
• Reliquidación del retroactivo y aumento salarial de 2013.
-Bonificación judicial de junio y julio de 2013.
Dichos reclamos se estudiaron suficientemente por el juez de
primera instancia, cuya decisión fue confirmada por el Tribunal
Administrativo de Santander con fundamento en que mientras el
demandante estuvo incapacitado no tenía derecho a algunas de las
prestaciones reclamadas y otras le habían sido debidamente
pagadas.
(…)
En realidad, los argumentos que cimentaron la demanda, y en
especial los de la apelación, son los que escuetamente sirvieron de
soporte para fundamentar las pretensiones de la acción de tutela,
como si se tratara de una tercera instancia o instancia adicional a
las que se surtieron de conformidad con el procedimiento previsto
por el legislador. En suma, el descontento del accionante revela una
mera inconformidad con el razonamiento de los jueces ordinarios
para prolongar en sede constitucional el debate que ya se clausuró,
hasta obtener a toda costa una alternativa de decisión en la que se
resuelva favorablemente su visión del litigio. Como se sabe, esa
intención se opone a la finalidad de la acción de tutela que,
justamente, prohíbe que se utilice en los términos que aquí se
pretende —instancia adicional—, máxime si la decisión fue
argumentada de manera razonable por los jueces de la causa.

Compártase o no la decisión de los jueces ordinarios, la Sala no
advierte que las conclusiones allí vertidas se tornen irracionales,
absurdas o caprichosas, de ahí que deba reiterarse que la acción de
tutela no puede convertirse en el único y el preferido medio de la
parte que pierde el pleito u obtiene una decisión contraria a sus
intereses, pues ello atenta contra las reglas previstas por el
legislador quien dentro de su margen de configuración normativa
elige y decide las instancias que debe tener un proceso. Tampoco se
puede ejercer este valioso mecanismo de estirpe constitucional a
manera de juicio de corrección […]”.

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5. EL MOTIVO DE LA IMPUGNACIÓN

Inconforme con el fallo de primera instancia, la parte actora lo impugnó
y para ello reiteró lo expuesto en el escrito de tutela17.

Por auto del 24 de enero de 2022 se concedió la impugnación18 y la misma
fue asignada por acta de reparto el 2 de febrero de 202219.

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación de
conformidad con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de
noviembre de 199120, en concordancia con el numeral 5 del artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 201521, modificado por
el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202122, así como con
fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro.080 del 12

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Visto en el índice 19 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2021 07519 00.
18
Visto en el índice 21 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2021 07519 00.
19
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2021 07519 01.
20
El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada
debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente. El juez que conozca de la impugnación,
estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo.
El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de
pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente.
Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará
de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
21
Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
22
"Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela".
11

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de marzo de 201923 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que
regula la distribución de negocios entre las secciones.

6.2. HECHOS RELEVANTES

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente24:

6.2.1. El señor Lover Lainer Suarez Santiago, actuando por conducto de
apoderado, promovió demanda bajo el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la Fiscalía General de la Nación,
pretendiendo lo siguiente25:

“[…] PRIMERA. Que se declare la nulidad del acto administrativo
fechado 12 de febrero de 2013 y 13 de febrero de 2013, con fecha
de entrega del 17/02/2014 en razón a la guía RN135311187CO
mediante el cual se informa por la Fiscalía General de la Nación, a
través del Director Seccional Administrativo y Financiero que se
niega la solicitud de acuerdo al oficio DSAF-1603 del 13/09/13.

SEGUNDA. Que en consecuencia de la declaratoria de nulidad
impetrada y a título de restablecimiento del derecho, se declare o
condene, que corresponde a la Fiscalía General de la Nación,
reconocer y pagar al Sr. LOVER LAINER SUAREZ SANTIAGO, las
sumas que resulten como diferencia de todos los conceptos
salariales y prestaciones relacionados en la petición efectuada
gubernativa dejado de percibir durante los años 2011,2012 y
2013, teniendo en cuenta que devengo (sic) los siguientes
salarios:

2010: $1.696.077
2011: $1.749.843
2012: $1.837.336
2013: $1.900.541 más una unificación judicial de $286.642

Sumas a que hay lugar y cuyos montos son los siguientes:

23
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
24
Lo que se desprende del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado
con el nro. 68001 33 33 004 2014 00150 04. Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2021 07519 00.
25
Las pretensiones fueron extraídas de la sentencia proferida el 16 de agosto de 2019
por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga.
12

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1. Bonificación de servicios correspondiente a los años 2011, 2012
y 2013 la suma de $1.646.316

2. Prima de Navidad años 2011 y 2013 de $3.650.383

3. Reliquidación prima de navidad año 2012, suma de $238.771

4. Reliquidación prima de productividad años 2011, 2012 y 2013,
la suma de $3.322.249

5. Cesantías años 2011 y 2013, la suma de $3.737.877

6. Indemnización por no pago de cesantías, la suma a que haya lugar
en razón a un día de salario por cada día de mora hasta la fecha del
pago. Parágrafo del artículo 5 de la Ley 1071 de 2006.

7. Retroactivo salarial año 2013, la suma de $317.482

8. Bonificación judicial mayo de 2013, la suma de $286.642

9. Reajuste del pago de incapacidades en consideración al salario
realmente devengado, la suma de $4.897.481

10. Reajuste y/o reliquidación de aportes al Sistema de Seguridad
Social Integral por los períodos de julio de 2011 a abril de 2012;
julio, agosto y septiembre de 2012 y enero a julio de 2013 […]”.

6.2.2. La demanda correspondió por reparto al Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga que, en sentencia del
16 de agosto de 2019, negó las pretensiones.

6.2.3. En contra de la precitada decisión, la parte demandante interpuso
recurso de apelación y el Tribunal Administrativo de Santander, en
providencia del 19 de octubre de 2021, la confirmó.

6.3. ANÁLISIS DE LA SALA

En el asunto bajo examen, la Subsección A, Sección Tercera, de esta
Corporación, mediante fallo del 15 de diciembre de 2021, declaró
improcedente la tutela por no cumplir el requisito de relevancia
constitucional debido a “deficiencias en la construcción de la carga
argumentativa mínima y necesaria para reprochar un fallo judicial”, dado
que el actor no identificó ni sustentó de manera adecuada las causales
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específicas de procedencia de la acción de tutela, y acotó que, de la
comparación entre la demanda, el recurso de apelación interpuesto en el
medio de control y el escrito de tutela, se desprendía que buscaba
continuar con el debate jurídico que fue decidido por los jueces de
instancia.

La Sala considera que el requisito de relevancia constitucional sí se
cumple según las razones que pasan a explicarse:

La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que un
asunto sometido al estudio del juez de tutela tiene relevancia
constitucional cuando se “plantea una confrontación de la situación
suscitada por la parte accionada con derechos de carácter constitucional
fundamental, por cuanto los debates de orden exclusivamente legal son
ajenos a esta acción pública”.

Para que el requisito de relevancia constitucional esté acreditado, la parte
interesada deberá explicar clara y expresamente las razones por cuales
estima están siendo vulnerados los derechos fundamentales invocados.

Seguidamente, debe el juez examinar si, en efecto, la vulneración del
derecho acontece en lo que se denomina su núcleo esencial, pues sólo de
esta manera el caso reviste la relevancia o trascendencia necesaria para
permitir que, por vía de este mecanismo, se logre exceptuar en un juicio
constitucional el principio de cosa juzgada que orienta todo el andamiaje
institucional en el que se funda nuestro sistema jurídico. Con este
propósito, el juez no podrá limitarse a convalidar el requisito de la
relevancia constitucional con la sola mención de un derecho fundamental,
pues deberá evaluar si, de acuerdo con los argumentos expresados en el
escrito correspondiente, hay amenaza o violación efectiva de un derecho
fundamental.

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De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el núcleo esencial de
un derecho fundamental es “esa parte del derecho que lo identifica, que
permite diferenciarlo de otros y que otorga un necesario grado de
inmunidad respecto de la intervención de las autoridades públicas. En
sentido negativo debe entenderse el núcleo esencial de un derecho
fundamental como aquel sin el cual un derecho deja de ser lo que es o lo
convierte en otro derecho diferente o lo que caracteriza o tipifica al
derecho fundamental y sin lo cual se le quita su esencia fundamental. O,
también, puede verse como la parte del derecho fundamental que no
admite restricción porque en caso de hacerlo resulta impracticable o se
desnaturaliza su ejercicio o su necesaria protección” 26.

Así las cosas, para establecer si una acción de tutela contra providencia
judicial tiene o no relevancia constitucional, deben concurrir los siguientes
elementos: (i) que el escrito invoque la vulneración de derechos
fundamentales, (ii) que se expongan las razones de vulneración de esos
derechos fundamentales, y (iii) que la transgresión suponga un atentado
contra el núcleo esencial de los derechos invocados, requisitos que exigen
del juez de tutela un examen de los motivos aducidos por la parte actora
para afirmar que hay amenaza o vulneración de un derecho fundamental,
comparadas con el núcleo esencial del mismo.

Adicionalmente, la Corte Constitucional, en la sentencia de unificación 573
del 27 de noviembre de 201927, explicó que el requisito de relevancia
constitucional tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la
independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la
constitucional y, por lo tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la tutela
a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales, e (iii) impedir que la petición de amparo se convierta en

26
Corte Constitucional, sentencia C-756 de 2008.
27
M.P.: Carlos Bernal Pulido.
15

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una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los
jueces.

En este evento, lo primero que advierte la Sala es que el accionante, quien
actúa en causa propia, es un sujeto de especial protección constitucional,
debido a que, en el escrito de tutela afirmó que tiene una pérdida de
capacidad laboral del 51,27%, y la jurisprudencia ha señalado que en
esta condición “se encuentran: los niños, los adolescentes, los ancianos,
los disminuidos físicos, síquicos y sensoriales, las mujeres cabeza de
familia, las personas desplazadas por la violencia y aquellas que se
encuentran en extrema pobreza”28. Cabe aclarar que “la especial
protección constitucional por sí sola no torna en procedente el amparo
constitucional, sino que, realmente flexibiliza el análisis de procedencia
de la acción de tutela”29.

Dicho lo anterior, la Sala observa que, aunque el accionante no invocó la
vulneración del derecho fundamental a la seguridad social, éste podría
resultar involucrado, dado que en la tutela indicó que, durante el tiempo
que estuvo incapacitado, la Fiscalía General de la Nación hizo aportes al
sistema de seguridad social en pensiones con un ingreso base de
cotización inferior y, por lo anterior, está recibiendo una mesada
pensional por invalidez en un menor valor del que tiene derecho; de
manera que el requisito de relevancia constitucional se cumple frente a
esta garantía.

Ahora bien, el actor en el escrito de tutela señaló que las sentencias
atacadas vulneran el derecho fundamental al trabajo porque, si bien para
los años 2011, 2012 y 2013 estuvo incapacitado, considera que la relación
laboral seguía vigente, por lo que se derivaron una serie de acreencias
que no han sido canceladas; sin embargo, la Sala estima que el requisito

28
Corte Constitucional. Sentencia T – 678 del 2 de diciembre de 2016. M.P.: Alejandro
Linares Cantillo.
29
Ibídem.
16

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de relevancia no se cumple en relación con esta garantía porque de la
argumentación expuesta por la parte actora no se observa la afectación
del núcleo esencial del derecho al trabajo, más aún cuando no se alegó ni
acreditó la afectación del mínimo vital. Al efecto, la Corte Constitucional
ha sostenido30:

“[…] Se desconoce el núcleo esencial del derecho al trabajo que
consiste en toda acción u omisión que impida el ejercicio de la facultad
de desarrollar una labor remunerada en un espacio y tiempo
determinado.

Se desconoce el núcleo esencial del derecho cuando se evidencia un
desconocimiento de las condiciones dignas y justas en las que el
trabajador debe realizar su labor.

Hace parte del núcleo esencial la adecuada remuneración. La
remuneración no puede ser simplemente simbólica. Ha de ser
adecuada al esfuerzo que implica la tarea cumplida por el trabajador,
a su preparación, experiencia, conocimiento y al tiempo durante el cual
vincule su potencial de trabajo a los fines que interesan al patrono. No
puede congelarse indefinidamente.

2. La vulneración de un derecho conexo que conlleve el ataque
injustificado del núcleo esencial.

No pertenece al núcleo la pretensión incondicional de ejercer un oficio
o cargo específico, en un lugar determinado ni la permanencia absoluta
en un cargo. El retiro del servicio no implica la prosperidad de la acción
de tutela, solamente hay lugar al estudio del caso, cuando existe
debilidad manifiesta o se trata una trabajadora embarazada.

3. Por el incumplimiento o retardo en la obligación de pagar el salario
más la prueba de vulneración al mínimo vital del trabajador. La
situación económica de la empresa no es óbice para dejar de pagar
durante varios meses los salarios de los empleados. Las acreencias
laborales prevalecen incluso sobre cualquier crédito concordatario.

4. El empleador da por terminado el contrato con justa causa pero faltó
en el procedimiento a los principios de buena fe al no expresar los
hechos precisos e individuales que provocan la justa causa de
terminación para que así, la otra parte tenga la oportunidad de
enterarse de los motivos que originaron el rompimiento de la relación
laboral y pueda hacer uso del derecho a la defensa y controvertir tal
decisión si está en desacuerdo.

5. Se desconoce el principio fundamental de a trabajo igual salario
igual. Un tratamiento diferente que vulnere este principio se considera

30
Corte Constitucional. Sentencia T – 611 del 8 de junio de 2011. M.P.: Jaime Córdoba
Triviño.
17

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una discriminación, es un trato diferente sin justificación racional ni
razonable […]”.

Conforme con lo explicado, el requisito de relevancia constitucional está
acreditado respecto del derecho fundamental a la seguridad social, y,
atendiendo la posición mayoritaria de la Sala, se tiene que lo mismo
ocurre frente al derecho al debido proceso, sin que por ello se
comprometa igualmente el requisito general de la subsidiariedad31.

En ese sentido, ante una eventual vulneración de las garantías señaladas
y comoquiera que el a quo analizó los demás requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, es
procedente descender al análisis del defecto alegado por el actor.

En el asunto bajo examen, la inconformidad del accionante tiene que ver
con el defecto sustantivo, puesto que aduce que, de conformidad con el
artículo 18 del Decreto 3135 de 1968 y el artículo 31 del Decreto 1848 de
1969, “cuando un trabajador se encuentre incapacitado, no suspende la
relación laboral, esta, por el contrario continúa vigente, debiendo la
entidad empleadora realizar el pago de dichas acreencias laborales”, de
modo que por ello el accionante estima que entre los años 2011 a 2013
había lugar al pago de la bonificación de servicios, prima de navidad,
prima de productividad, cesantías y bonificación judicial, agregando que
la no cancelación de estos conceptos se tradujo en que se hicieron aportes
al sistema de seguridad social respecto de un ingreso base de cotización
inferior y, de contera, en la actualidad está recibiendo una mesada
pensional por invalidez en un monto menor del que tiene derecho.

La Sala, para resolver las inconformidades del accionante y determinar si
se configuró el defecto sustantivo, estima necesario examinar, en primer
lugar, las consideraciones expuestas en la sentencia proferida el 16 de

31
El magistrado ponente advierte que no comparte la posición mayoritaria de la Sala.
18

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agosto de 2019 por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial
de Bucaramanga. Al respecto, allí de explicó32:

“[…] 1. PROBLEMA JURÍDICO.

De conformidad con la fijación del objeto del litigio efectuada en la
audiencia inicial llevada a cabo el día veintitrés (23) de abril de dos mil
diecinueve (2019), el problema jurídico central consiste en determinar
si:

¿Le asiste el derecho al señor LOVER LAINER SUAREZ SANTIAGO a
que la FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN le reajuste y pague la
diferencia de los salarios y demás prestaciones sociales y legales
así como al pago de las indemnizaciones a que haya lugar por el
pago tardío, al igual que el reajuste en el pago de los aportes al
Sistema de Seguridad Social Integral, causadas durante los años
2011, 2012 y 2013 en los períodos en los cuales estuvo
incapacitado y recibía el subsidio mensual por parte de la ARL
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.?

Para definir el anterior planteamiento, deberá́ el Despacho establecer
si:

¿Si durante el período de incapacidad por riesgo profesional se
suspende el pago de los reajustes salariales y se presenta una
interrupción en el tiempo de servicios que conlleve a que no se
causen las prestaciones sociales?

En caso de que el anterior planteamiento se defina de manera
afirmativa y conlleve a que se reajuste el Ingreso Base de Cotización
al Sistema General de Seguridad Social Integral, deberá́ entonces
precisarse si:

¿Le asiste el derecho al señor LOVER LAINER SUAREZ SANTIAGO a
que la ARL POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS le reajuste y pague
la diferencia en los períodos en los cuales estuvo incapacitado y
recibía el subsidio mensual por incapacidad por riesgo profesional,
durante los años 2011, 2012 y 2013?

(…)

2. LAS INCAPACIDADES LABORALES COMO UN SUSTITUTO DEL
SALARIO

(…)

32
Lo que se desprende del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado
con el nro. 68001 33 33 004 2014 00150 04. Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2021 07519 00.

19

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Ahora bien, entre las garantías del Sistema de Seguridad Social
Integral, se encuentra la protección a todas las contingencias
derivadas de las relaciones de trabajo sin importar el sector al que
pertenezcan, para ello, se estructuró el Sistema General de Riesgos
Laborales, el cual fue definido por el Decreto 1295 de 1994 - desarrollo
de la facultad extraordinaria conferida al Presidente de la República por
el numeral 11 del artículo 139 de la Ley 100 de 1993 -, como “el
conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos,
destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los
efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles
con ocasión o como consecuencias del trabajo que desarrollan”
(artículo 1); de tal manera que, cuando ocurre un accidente o una
enfermedad laboral, se le genera el derecho al trabajador afiliado de
recibir con cargo al sistema: i) el servicio asistencial de salud y/o ii)
las prestaciones económicas, tales como subsidios por incapacidades
temporales o por incapacidad permanente parcial, o la pensión de
invalidez; atendiendo a las secuelas de la enfermedad o el accidente,
así como de la gravedad de la pérdida de la capacidad laboral, iii)
pensión de sobreviviente y, iv) auxilio funerario.

Posteriormente, la Ley 776 de 2002 - Por la cual se dictan normas
sobre la organización, administración y prestaciones del Sistema
General de Riesgos Profesionales -, en su artículo 1 reiteró el derecho
de “Todo afiliado al Sistema General de Riesgos Profesionales que, en
los términos de la presente ley o del Decreto-ley 1295 de 1994, sufra
un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, o como
consecuencia de ellos se incapacite, se invalide o muera, tendrá́
derecho a que este Sistema General le preste los servicios asistenciales
y le reconozca las prestaciones económicas a los que se refieren el
Decreto- ley 1295 de 1994 y la presente le”; precisando en el parágrafo
segundo que las prestaciones asistenciales o económicas derivadas de
un accidente de trabajo o enfermedad laboral serán reconocidas y
pagadas por la Administradora de Riesgos Laborales -ARL- en la cual
se encuentre afiliado el trabajador al momento de ocurrir el accidente
o requerir la prestación; precisándose, que la garantía de las
prestaciones derivadas de un accidente laboral, se debe hacer “tanto
en el momento inicial como frente a sus secuelas, independientemente
de que el trabajador se encuentre o no afiliado a esa administradora”.

Así, se observa que las Administradoras de Riesgos Profesionales
tienen la obligación de garantizar todas aquellas prestaciones
asistenciales y económicas que se originen como consecuencia del
accidente o enfermedad laboral, lo que incluye el pago de
incapacidades superiores a los 180 días, según lo establece la Ley 776
de 2002.

En relación con la incapacidad temporal, el artículo 3 de la señalada
Ley establece que quien padece tal situación tiene derecho a recibir el
100% de su ingreso base de cotización, a manera de subsidio, desde
el día del accidente o de iniciada la incapacidad por enfermedad
profesional, y por un periodo de 180 días, que podrán ser prorrogados
por igual lapso, en caso de ser necesaria dicha extensión para el

20

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tratamiento del trabajador o finalizar su rehabilitación. La norma indica
también que, si no se logra la recuperación del afiliado, se deberá́
iniciar el proceso para calificar su pérdida de capacidad laboral y, hasta
tanto no se determine el porcentaje correspondiente, la entidad debe
seguir reconociendo el auxilio económico por incapacidad temporal.
Dicho pago, según el artículo, será́ reconocido hasta cuando se
obtenga la rehabilitación del trabajador o se declare su pérdida de
capacidad laboral, su invalidez o su muerte. Frente a la incapacidad
permanente parcial, el artículo 7 de la Ley 776 de 2002, establece que
el trabajador que se encuentre inmerso en esta situación tiene derecho
al reconocimiento de una indemnización, la cual debe ser proporcional
a la disminución sufrida y puede ser de 2 a 24 salarios base de
liquidación. De igual manera, de tratarse de una enfermedad
degenerativa el afiliado podrá́ ser calificado nuevamente. Finalmente,
si la calificación de pérdida de capacidad laboral arroja como resultado
una disminución superior al 50%, el trabajador tendrá́ derecho a que
se le reconozca una pensión de invalidez, monto que va a depender de
su porcentaje de afectación, siempre y cuando se cumpla con los
demás requisitos que la ley establece para ello.

(…)

De acuerdo con las consideraciones expuestas, cuando se presenta un
accidente de trabajo o deviene una enfermedad de origen laboral, al
trabajador se le estructura el derecho de recibir, con cargo al Sistema
General de Riegos Laborales, el servicio asistencial de salud o las
prestaciones económicas a que haya lugar. La Administradora de
Riesgos Laborales a la cual se encontrare afiliado el empleado al
momento de la contingencia, es la entidad encargada de reconocer o
pagar íntegramente las prestaciones derivadas del evento. Así mismo,
el servicio asistencial de salud deberá́ ser asumido por la
Administradora de Riesgos Laborales garantizando, entre otros, los
principios de calidad, accesibilidad, solidaridad, integralidad y
continuidad en la prestación del servicio […]”.

En el análisis del caso concreto, el Juzgado Cuatro Administrativo del
Circuito Judicial de Bucaramanga señaló lo siguiente33:

“[…] ANÁLISIS Y DECISIÓN DEL CASO CONCRETO.

Habiendo realizado las anteriores consideraciones, se centra el
Despacho en realizar el juicio de juridicidad respecto del acto
administrativo demandado y con ello establecer si le asiste el derecho
pretendido al señor LOVER LAINER SUAREZ SANTIAGO al reajuste y
pago de la diferencia de los salarios y demás prestaciones sociales y
legales, al pago de las indemnizaciones a que haya lugar por el pago
tardío, y al reajuste en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad
Social Integral, causadas durante los años 2011, 2012 y 2013 en los

33
Ibídem.
21

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períodos en los cuales estuvo incapacitado; para lo cual, conforme a la
fijación de litigio, es necesario dilucidar:

3.1. ¿Si durante el período de incapacidad por riesgo profesional se
suspende el pago de los reajustes salariales y se presenta una
interrupción en el tiempo de servicios que conlleve a que no se causen
las prestaciones sociales?

Al respecto debe considerarse, que el artículo 31 del Decreto 1848 de
1969 - “Por el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968” frente a
los efectos de la licencia por incapacidad para trabajar motivada por
enfermedad o accidente de trabajo, dispuso que “no interrumpe el
tiempo de servicios para el cómputo de las prestaciones establecidas
por la ley en consideración a dicho factor, como vacaciones
remuneradas, prima de navidad, cesantía y pensión de jubilación”.

Ahora bien, la anterior disposición, y en lo que corresponde a la
prestación social “Vacaciones”, debe ser analizada a partir de lo
dispuesto en el artículo 22 del Decreto 1045 de 1975, en el entendido,
que una vez el empleado supera el término de 180 días de incapacidad,
se interrumpe el tiempo de servicios; dice norma:

“Artículo 22°.- De los eventos que no interrumpen el tiempo de
servicio. Para los efectos de las vacaciones, no se considera
interrumpido el tiempo de servicio cuando la suspensión de labores
sea motivada:

a) Por incapacidad no superior a ciento ochenta días, ocasionada por
enfermedad o accidente de trabajo;
b) Por el goce de licencia de maternidad;
c) Por el disfrute de vacaciones remuneradas;
d) Por permisos obtenidos con justa causa;
e) Por el incumplimiento de funciones públicas de forzosa aceptación;
f) Por el cumplimiento de comisiones...”

Por otra parte se debe indicar, que la Ley 270 de 1996 - aplicable al
caso del señor LOVER LAINER SUAREZ SANTIAGO, dada su calidad de
ex empleado de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN -, no establece
que las incapacidades laborales, sea una de las situaciones que
generan suspensión del empleo.

(…)

Pues bien, de la apreciación material, individual y en conjunto de las
pruebas que, de acuerdo a los postulados de la sana crítica (artículo
176 del CGP), se develan en este juzgador, criterios racionales y
objetivos que permiten establecer que lo pretendido por el señor
LOVER LAINER SUAREZ SANTIAGO, no tiene vocación de éxito o
prosperidad, como pasa a explicarse:

De conformidad con el artículo 31 del Decreto 1848 de 1969, la licencia
por incapacidad para trabajar motivada por enfermedad o accidente
de trabajo no conlleva consecuencia alguna respecto del tiempo de

22

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servicios; no obstante de ello solo se pueden derivar efectos, respecto
del cómputo de las prestaciones sociales y no de aquellas que por su
naturaleza y destinación, tienen como finalidad retribuir el servicio
personal prestado; de ahí que, sea la misma norma la que precise, que
las prestaciones serían las “vacaciones remuneradas, prima de
navidad, cesantía y pensión de jubilación”; precisando, en todo
caso, que respecto de las vacaciones el artículo 22 del Decreto 1045
1975, precisa que las mismas se verían interrumpidas, cuando la
incapacidad supera 180 días.

De acuerdo con lo anterior, en tiempo de incapacidad laboral derivada
de accidente de trabajo o enfermedad profesional, no hay lugar a
efectuar reconocimiento alguno respecto de las prestaciones que
tienen carácter retributivo o remuneratorio por los servicios prestados,
esto es, de aquellas que se tornan en factor salarial, y que para el caso
concreto, esto es, para el cargo de Investigador Criminalistico I de la
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, serían: sueldo, bonificación
judicial, prima de servicios y prima de productividad; las cuales en
condiciones normales (de no haberse incapacitado), hubieran sido
percibidas por el señor LOVER LAINER SUAREZ SANTIAGO.

Lo anterior encuentra justificación, en la medida que la remuneración
o asignación básica, se encuentra íntegramente ligada a la prestación
efectiva del servicio, esto es, tienen origen en la relación laboral y
constituyen remuneración o contraprestación por la labor realizada o
lo que es lo mismo, por el cumplimento de las funciones propias del
cargo al cual fue nombrado.

Respecto del concepto de “salario” y su diferencia con las “prestaciones
sociales”, en sentencia de fecha doce (12) de octubre de dos mil once
(2011) radicado 05001 23 31 000 2005 07607 01 (1552-10), la
Subsección “A” Sección Segunda del Consejo de Estado, se pronunció
en los siguientes términos:

“Como las prestaciones sociales y el salario se derivan igualmente
de la relación de trabajo, se hace necesario distinguirlas. Constituye
salario todo lo que se paga directamente por la retribución o
contraprestación del trabajo realizado, en cambio las prestaciones
sociales se pagan para que el trabajador pueda sortear algunos
riesgos claramente identificables, como por ejemplo el de la vejez
(pensión), la enfermedad (seguridad social de salud) y el de la
capacidad para laborar (vacaciones).

Las prestaciones sociales no emergen por criterios particulares y
concretos, sino por aspectos generales en relación con todos los
trabajadores o un grupo considerable de ellos, en cambió el salario
sí se constituye frente a casos particulares y concretos, atendiendo
un factor objetivo, esto es, en razón a la naturaleza del cargo, y/o
otro factor subjetivo, por la persona que desempeña el empleo. El
primer factor depende de la responsabilidad y complejidad del
cargo o empleo, y el segundo, entre otras circunstancias, según la
capacidad, nivel académico o experiencia del empleado.

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Por lo anterior, el salario corresponde a una suma de varios valores
que corresponden a varios elementos salariales, de los cuales, de
conformidad con cada régimen prestacional aplicable, algunos de
ellos se tienen en cuenta para las prestaciones sociales, es decir,
como factores salariales”.

De acuerdo con lo anterior, el salario tiene carácter retributivo, en
la medida que se compone por todas las sumas que habitual y
periódicamente recibe el trabajador como contraprestación directa
del servicio, cualquier que sea la forma o denominación que se
adopte. En tanto que las prestaciones sociales, fueron establecidas
para “cubrir los riesgos o necesidades del trabajador que se
originan durante la relación de trabajo”, con las cuales se busca
amparar las contingencias a que suele verse sometido el
trabajador, y a diferencia del salario, las prestaciones sociales no
tienen un carácter remuneratorio por el servicio prestados.

Bajo este entendido, resulta válido afirmar que tanto la bonificación
judicial, prima de servicios y prima de productividad tiene la
naturaleza salarial, toda vez que se crearon para retribuir
directamente los servicios representando un incremento en su
remuneración, y no para cubrir una contingencia o riesgos propios
de las prestación del servicio en condiciones de subordinación y
dependencia, como lo es la salud, vida, pérdida de la capacidad de
trabajo, descanso remunerado y cesantías, las cuales tiene por
objetivo o finalidad “cubrir o prever las necesidades que se originan
para el trabajador con posterioridad al retiro de una empresa, por
lo que resulta un ahorro obligado orientado a cubrir el riesgo de
desempleo. Se trata de un objetivo acorde con los principios de una
Constitución humanista fundada en el respeto por la dignidad
humana, en este caso del trabajador” (Corte Constitucional,
Sentencia C-823 de 2006).

De esta manera, respecto de la Bonificación Judicial la misma
fue creada por el Decreto 0382 de 2013 que en su artículo 1 “se
reconocerá́ a partir del 1 de enero de 2013, se percibirá́
mensualmente, mientras el servidor público permanezca en el
servicio”, así mismo, debe indicarse que se trata del desarrollo de
la Ley Marco 4 de 1992 “por medio de la cual se señalan objetivos
y criterios que se deben tener en cuenta a la hora de fijar el régimen
salarial y prestacional de los empleados públicos y trabajadores
oficiales”, norma que, tratándose de funcionarios y empleados de
la Rama Judicial, en el parágrafo del artículo 14 de la Ley 4 de 1992
le ordenó al Gobierno (Ejecutivo) revisar el sistema de
remuneración sobre la base de la nivelación o reclasificación
atendiendo criterios de equidad.

En cuanto se refiere a la Prima de Servicios, dicha prestación fue
establecida en el artículo 22 del Decreto 717 de 1978 - norma que
fue modificado por el Decreto 1306 de 1978, indicándose en el
artículo 12 ejusdem, que la misma constituiría salario al recibirse
como retribución por los servicios.

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Así mismo, frente a la Prima de Productividad, la misma fue
creada por el Decreto 2460 de 2006 que en su artículo 2 estableció́:

“Articulo 2°. Para obtener el derecho a devengar la prima de
que trata este decreto, el empleado deberá́ haber prestado
de manera continua sus servicios durante el respectivo año.

Tendrán derecho al pago proporcional de esta prima quienes
hayan prestado sus servicios, de manera continua o
discontinua, por un lapso no inferior a seis meses durante el
respectivo año”.

Disposición que fue modificada por el Decreto 3899 de 2008 que
estableció́:

“ARTÍCULO 2. Tendrán derecho al pago proporcional de esta
prima quienes hayan prestado sus servicios, de manera
continua o discontinua, por un lapso no inferior a tres (3)
meses durante el respectivo semestre”.

Como se puede apreciar, el derecho al reconocimiento y pago de
los anteriores factores de salario opera cuando se han prestado
servicios de manera continua o discontinua, luego el criterio a
tomar en cuenta para su reconocimiento es la prestación efectiva
del servicio.

Establecido lo anterior debe entonces determinarse sobre que
salario o asignación básica debe procederse a efectuar la liquidación
de las prestaciones sociales en aquellos eventos en los que el
servidor público, se encuentra en licencia por incapacidad laboral;
lo anterior, teniendo en cuenta que la inconformidad de la PARTE
DEMANDANTE, recae en el salario base de liquidación para el pago
de las prestaciones a favor del señor LOVER LAINER SUAREZ
SANTIAGO.

Así, lo primero que se debe advertir, es que el pago de las
incapacidades laborales, conforme se determinó de las
consideraciones expuestas en el acápite precedente, se entienden
como la prestación económica que sustituye el salario, siendo ello
una consecuencia lógica pues durante dicho período (el de la
incapacidad laboral) el trabajador se encuentra imposibilitado para
el desarrollo de sus labores y, por lo mismo y tanto no recibe
remuneración como retribución de los servicios personales
prestados, configurándose la contingencia que protege el Sistema
de Seguridad Social Integral y, en el presente caso en particular, el
Sistema de Riesgos Laborales, al garantizar el derecho a la vida
digna, a la salud y al mínimo vital, durante el tiempo en que el
trabajador se encuentra imposibilitado para desarrollar las labores,
permitiéndole que durante ese periodo, reciba los ingresos
necesarios que le permitan satisfacer las necesidades más básicas,
y así lograr una congrua subsistencia; en el entendido, que el pago
de las incapacidades, además de sustituir el salario, repercuten en
la garantía del derecho a la salud, en la medida que al recibir dicha

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prestación se le permite recuperarse satisfactoriamente, sin tener
que reincorporarse a sus labores; es así como, el artículo 3 de la
Ley 776 de 2002, establece, que el monto de la incapacidad
temporal, corresponde al 100% del salario base de cotización,
calculado desde el día siguiente el que ocurrió́ el accidente de
trabajo y hasta el momento de su rehabilitación, readaptación o
curación, o de la declaración de su incapacidad permanente parcial,
invalidez o su muerte, veamos:

(…)

Ahora bien, como quiera que la incapacidad derivada de
enfermedad laboral o de accidente de trabajo no suspende el
tiempo de servicios “para el cómputo de las prestaciones
establecidas por la ley en consideración a dicho factor, como
vacaciones remuneradas, prima de navidad, cesantía y pensión de
jubilación” (artículo 31 del Decreto 1848 de 1969), y al no recibirse
la remuneración o asignación básica mensual durante tal período,
el salario sobre el cual se deben liquidar dichas prestaciones,
corresponde al último que fue percibido por el trabajador, esto es,
al último salario devengado al momento de inicio de la incapacidad,
pues debe recordarse que dado el carácter de retributivo, este se
paga como contraprestación directa por los servicios prestados y,
al no desarrollarse las funciones encomendadas durante la
incapacidad, es claro que la persona no devenga salario, sino que
recibe el sustituto de la prestación económica a cargo del Sistema
General de Riesgos Laborales.

(…)

Así, en el caso concreto de las pruebas obrantes en el plenario,
puede advertir el Despacho al señor LOVER LAINER SUAREZ
SANTIAGO no le asiste el derecho a que la FISCALIA GENERAL DE
LA NACIÓN le reajuste y pague la diferencia de los salarios y demás
prestaciones sociales y legales así como al pago de las
indemnizaciones a que haya lugar por el pago tardío, pues durante
los períodos en los cuales estuvo incapacitado, recibía el subsidio
mensual por parte de la Administradora de Riesgos Laborales, y al
no ejecutar las funciones propias de su cargo, no podía recibir
salario, pues se insiste, este solo se cancela como retribución o
contraprestación de los servicios prestados.

Y, de igual manera, el dossier probatorio da cuenta que la FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN le reconoció́ al señor LOVER LAINER
SUAREZ SANTIAGO, cada una de las prestaciones sociales que
percibe el cargo de Investigador Criminalistico I, las cuales
conforme al documento obrante a folio 337 del expediente, son:

(…)

En tal sentido, da muestra la verdad procesal contenida en el
expediente, lo siguiente:

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1. Que al señor LOVER LAINER SUAREZ SANTIAGO, la FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN le reconoció y pago el respectivo auxilio
de cesantías; así se colige de la certificación de fecha veintiuno (21)
de febrero de dos mil trece (2013) de la Sociedad Administradora
de Fondo de Pensiones y Cesantías PORVENIR S.A. obrante a folio
83, en donde se advierte que el señor LOVER LAINER SUAREZ
SANTIAGO “se encuentra afiliado(a) al FONDO DE CESANTÍAS
PORVENIR con la empresa FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
SECCIONAL BUCARAMANGA”, presentando, entre otros, los
siguientes movimientos:

(…)

Ahora, si bien no se registra el auxilio de cesantías por concepto
del año 2013, debe decirse que al producirse el retiro del servicio
el primero (1) de agosto de dos mil trece (2013) (Resolución nro.
1542 del quince (15) de julio de dos mil trece (2013)), las mismas
se le cancelaron al señor LOVER LAINER SUAREZ SANTIAGO, en la
liquidación final por la terminación del vínculo laboral
administrativo.

(…)

Finalmente, debe aclararse que el reconocimiento de la pensión de
invalidez a favor del señor LOVER LAINER SUAREZ SANTIAGO
supone, en primer término, que fue declarado inválido conforme al
manual único de calificación y por decisión de las juntas de
calificación. A su vez, los efectos del reconocimiento de la pensión
de invalidez se traducen, entre otros, en la terminación del vinculo
laboral, en tal sentido, para los empleados públicos, las normas
generales sobre retiro del servicio señalan que la cesación definitiva
de funciones se produce, entre otras, por invalidez absoluta.
Decreto 2400 de 1968, artículo 25 literal e), y de manera específica
para los empleados públicos que hacen parte de la Función
Jurisdiccional del Poder Público, la Ley 270 de 1996 artículo 149
numeral 3, dispone que la invalidez es una causal que da lugar a la
cesación definitiva de las funciones.

3.2. ¿Le asiste el derecho al señor LOVER LAINER SUAREZ
SANTIAGO a que la ARL POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS le
reajuste y pague la diferencia en los periodos en los cuales estuvo
incapacitado y recibía el subsidio mensual por incapacidad por
riesgo profesional, durante los años 2011, 2012 y 2013?

Al respecto basta con decir, que al no tener derecho el señor LOVER
LAINER SUAREZ SANTIAGO a ningún tipo de reajuste salarial,
conforme se determinó en las consideraciones expuestas en el
acápite 3.1., no hay lugar a ordenar el reajuste del Ingreso Base
de Cotización al Sistema General de Seguridad Social Integral, y
por tal motivo no se afecta el Ingreso Base de Liquidación de la
pensión de invalidez que la ARL POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS
S.A. le reconoció́.

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(…)

Finalmente, durante el tiempo de incapacidad laboral derivada de
enfermedad laboral o accidente de trabajo, las cotizaciones al
Sistema General de Seguridad Social Integral se realizan tomando
como Ingreso Base de Cotización el valor de la incapacidad; así lo
establece el Decreto 780 de 2016 en el artículo 3.2.1.10., al
establecer lo siguiente:

ARTÍCULO 3.2.1.10. INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
DURANTE LAS INCAPACIDADES O LA LICENCIA DE
MATERNIDAD. Durante los períodos de incapacidad por
riesgo común o de licencia de maternidad, habrá́ lugar al
pago de los aportes a los Sistemas de Salud y de Pensiones.
Para efectos de liquidar los aportes correspondientes al
período por el cual se reconozca al afiliado una incapacidad
por riesgo común o una licencia de maternidad, se tomará
como Ingreso Base de Cotización el valor de la incapacidad
o licencia de maternidad según sea el caso...”

Por lo expuesto, no hay lugar a ordenar el reajuste de la pensión
de invalidez; y de conformidad con el análisis efectuado en esta
providencia, considera el Despacho, respecto de los cargos de
anulación aquí́ estudiados, que el acto administrativo demandado,
no adolece de vicio que altere su juridicidad; razón por la cual, al
no lograrse desvirtuar su presunción de legalidad, se deberán negar
las pretensiones […]”.

[Negrillas en la providencia]

La decisión de primera instancia fue confirmada por el Tribunal
Administrativo de Santander mediante sentencia del 19 de octubre de
2021 con fundamento en lo siguiente34:

“[…] Ahora bien, es necesario aclarar que las prestaciones sociales han
sido establecidas para cubrir riesgos o necesidades del trabajador, que se
origen durante la relación de trabajo. En este sentido, las prestaciones
sociales solo emergen de los servicios subordinados que presta el
trabajador.

Por lo cual, la diferencia de las prestaciones sociales al salario, es que, si
bien tienen características similares, no retribuyen propiamente la

34
Ibídem.
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actividad desplegada por el trabajador, debido a que cubre los riesgos o
necesidad, tal y como expuso previamente.

Teniendo en cuenta lo anterior, durante el periodo de incapacidad laboral
derivado de un accidente de trabajo, no hay lugar al reconocimiento de
las prestaciones, debido a que no tienen carácter retributivo de la
actividad desplegada por el trabajador. En el presente caso, se observa
que la bonificación judicial, la prima de servicios y productividad,
solicitados por el demandante, tienen como finalidad la compensación
directa por los servicios prestados por el señor LOVER LAINER SUAREZ
SANTIAGO, y no para cubrir un riesgo o necesidad.

En este orden de ideas, no es procedente el reajuste de la diferencia de
los salarios y prestaciones sociales, puesto que en el período que estuvo
incapacitado, el demandante recibía un subsidio mensual por parte de la
aseguradora, ya que no era posible cancelar sumas de dinero por la
retribución directa de sus servicios, en consecuencia, la Sala confirmará
la sentencia de primera instancia de fecha 16 de agosto de 2019, proferida
por Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Bucaramanga […]”.

Conforme con lo anterior, la Sala concluye que las autoridades judiciales
accionadas no incurrieron en defecto sustantivo, toda vez que en las
sentencia atacadas se explicó de manera razonable que, durante el
tiempo de incapacidad laboral derivada de un accidente de trabajo o
enfermedad profesional, no hay lugar a efectuar reconocimiento alguno
respecto de las prestaciones que tienen carácter retributivo o
remuneratorio por los servicios prestados; esto es, de aquellas que se
tornan en factor salarial, y que, para el caso concreto, serían el sueldo, la
bonificación judicial, la prima de servicios y prima de productividad; en
relación con las cesantías, el juez de primera instancia indicó que fueron
efectivamente pagadas y, por lo anterior, concluyó que, como no era
procedente ningún tipo de reajuste salarial, tampoco había lugar a
ordenar el reajuste del ingreso base de cotización al Sistema General de
Seguridad Social.

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Por último, la Sala considera que la tutela deviene improcedente en
relación con el defecto de falta de motivación por no cumplir el requisito
de subsidiariedad, puesto que frente a este reproche el accionante puede
interponer el recurso extraordinario de revisión en contra de la
providencia proferida el 19 de octubre de 2021 por el Tribunal
Administrativo de Santander, con fundamento en la causal de nulidad
originada en la sentencia. Al respecto, esta Corporación ha señalado que
la nulidad originada en la sentencia como causal para la procedencia del
recurso extraordinario de revisión se configura en los siguientes eventos:

“[…] i) se dicta sentencia, pese a que previamente se produjo la
terminación del proceso, o se revive un proceso legalmente concluido;

ii) se dicta sentencia cuando el proceso se encuentra suspendido;

iii) la sentencia se emite sin la mayoría necesaria o con la firma de más
o menos jueces de los requeridos legalmente;

iv) se pretermite una instancia, y ello se configura en tres escenarios: a.
cuando se emite sentencia sin motivación; b. cuando se viola el
principio de la non reformatio in pejus; y c. cuando se profiere sentencia
condenatoria contra un tercero que no fue vinculado al proceso;

v) en la sentencia se deciden aspectos que no debía resolver el juez, por
carecer de jurisdicción o competencia;

vi) se profiere una sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con
violación del debido proceso;

vii) en la sentencia se incurre en violación del derecho constitucional del
debido proceso; y

viii) la sentencia está afectada por falta de congruencia interna o externa
[…]”35.

[Destacado por la Sala]

Cabe anotar, que la Sección Quinta de esta Corporación ha declarado
improcedente la acción de tutela cuando la parte actora alega que la

35
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia de 19 de marzo de 2020, radicación número 11001-03-25-000-
2013-00034-00 (0089-13), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
30

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providencia controvertida incurrió en el yerro de falta de motivación. Al
efecto, en el fallo de tutela del 12 de agosto de 2021 explicó36:

“[…] Igual ocurre con el cargo de falta de motivación formulado por la
tutelante, dado que, al margen de la razonabilidad de este reparo, la
acción de tutela se revela improcedente comoquiera que la ausencia de
motivación del fallo bien sea total o parcial se enmarca en la causal de
nulidad originada en la sentencia que da lugar a la procedencia del
recurso extraordinario de revisión.

Al respecto, esta Corporación ha considerado que la nulidad en
mención ocurre al “[p]retermitir la instancia, por ejemplo: (i) al
proferir una sentencia sin motivación; (ii) violar el principio de la non
reformatio in pejus (como cuando se condena al demandado por cantidad
superior o por objeto distinto al pretendido en la demanda o por causa
distinta a la invocada) o (iii) proferir sentencia condenatoria contra un
tercero que no fue vinculado al proceso”37.

Por consiguiente, dicho reparo debe ser formulado también ante el juez
competente para conocer del recurso extraordinario de revisión y
haciendo uso de tal mecanismo procesal.

Así las cosas, la acción de tutela de la referencia no cumple con el
requisito de procedibilidad de subsidiariedad frente a la lesión de los
principios de congruencia, non reformatio in pejus y también en relación
con la falta de motivación […]”. [Destacado por la Sala]

En otra oportunidad, la Sección Quinta indicó que38:

“[…] 67. En ese contexto, al revisar el contenido de la carga
argumentativa expuesta, para la Sala es claro que el objetivo del señor
Montaña León es demostrar la existencia de una decisión que descartó
pronunciarse frente a los reparos mencionados, es decir que la censura
del accionante radica en el desconocimiento de los principios de
congruencia y consonancia ante la falta de pronunciamiento del fallador
de segunda instancia respecto de aquellos, lo cual constituye una de las
causales de nulidad originada en la sentencia, por lo que, contra ella

36
Expediente nro. 11001 0315 000 2021 00354 01. C.P.: Carlos Enrique Moreno Rubio.
37
Sala Veintisiete Especial de Decisión del Consejo de Estado, radicación: 11001-03-15-
000-2017-02091-00 (REV), actor: Carlos Ossa Escobar, demandado: Contraloría
General de la República, magistrada ponente Rocío Araújo Oñate, en la que se cita, a su
vez, la decisión de la Sala Catorce Especial de Decisión del Consejo de Estado,
Radicación: 110010315000 2008 00320 00, Actor: José Joaquín Palma Vengoechea,
Demandado: Nación-Procuraduría General de la Nación, C.P. Danilo Rojas Betancourth.
38
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia
del 8 de abril de 2021. Expediente nro. 11001 0315 000 2020 04037 01.
31

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procede el recurso extraordinario de revisión previsto en el artículo 248
de la Ley 1437 de 2011, específicamente por la causal contenida en el
numeral 5° del artículo 250 ejusdem39; lo anterior, en atención al criterio
expuesto por esta Sección en anteriores oportunidades40 y teniendo en
cuenta la posición de la Sala Veintidós Especial de Revisión de esta
Corporación41.

68. Frente al punto, se observa que la falta de motivación da lugar
a la nulidad originada en la sentencia, que es una de las causales
que hacen procedente el recurso extraordinario de revisión, en
los términos del numeral 5° del artículo 250 de la Ley 1437 de
201142.

“[…] la carencia total de pronunciamiento del juez sobre las
razones de hecho o de derecho que le permiten arribar a una
decisión, es motivo de revisión bajo la causal quinta. De
manera que es improcedente, con fundamento en dicha causal,
alegar situaciones relacionadas con deficiencias en la motivación
[…]”43.

69. Sin perjuicio de la razonabilidad y de la prosperidad de dicho
planteamiento, lo cierto es que, a esta Colegiatura, investida como juez
constitucional, le esta vedado determinar si el proveído bajo
cuestionamiento adolece de falta de motivación y, de contera, desconoce
el principio de congruencia, ya que tal análisis corresponde al juez natural
en instancias del recurso extraordinario de revisión […]”. (Destacado por
la Sala)

39
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
procede recurso de apelación.
40
Consejo de Estado, Sentencia del 16.12.2020, Exp: 11001-03-15-000-2020-00035-
01, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra; Sentencia del 20.2.2020, Exp: 11001-03-15-000-
2019-04509-01, M.P. Rocío Araújo Oñate; Sentencia del 21.7.2016, Exp: 11001-03-15-
000-2015-03373-01 M.P. Rocío Araújo Oñate; Sentencia del 14.5.2015, Exp. 11001-03-
15-000-2014-02791-00, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
41 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Veintidós
Especial de Decisión. Providencia de dos (2) de febrero de dos mil dieciséis (2016).
Radicación número: 11001-03-15-000-2015-02342-00(REV). Consejero ponente:
Alberto Yepes Barreiro
42 Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, son causales de revisión:
(…)
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
procede recurso de apelación.
(…)”
43
Ver Sala Catorce Especial de Decisión del Consejo de Estado, sentencia de 5 de abril
de 2016, Radicación: 110010315000 2008 00320 00, Actor: José Joaquín Palma
Vengoechea, Demandado: Nación-Procuraduría General de la Nación, C.P. Danilo Rojas
Betancourt.
32

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Así las cosas, la Sala modificará el fallo de tutela proferido el 15 de
diciembre de 2021 por la Subsección A, Sección Tercera del Consejo de
Estado que declaró improcedente la acción por no cumplir el requisito de
relevancia constitucional, para en su lugar, negar el amparo en relación
con el derecho fundamental a la seguridad social y confirmará en todo lo
demás la providencia impugnada, pero por las razones aquí expuestas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: MODIFICAR el fallo proferido el 15 de diciembre de 2021 por
la Subsección A, Sección Tercera del Consejo de Estado que declaró
improcedente el amparo, para en su lugar, NEGAR la acción de tutela en
relación con el derecho fundamental a la seguridad social, según lo
explicado en precedencia.

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás el fallo proferido el 15 de
diciembre de 2021 por la Subsección A, Sección Tercera del Consejo de
Estado, pero por las razones aquí expuestas.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la
Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro del
término legal.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

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Radicación: 11001 03 15 000 2021 07519 01
Accionante: Lover Lainer Suárez Santiago

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejera de Estado Consejero de Estad0

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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