Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-07532-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-07532-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2021-07532-01
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
7 de abril de 2022
Ra d ic ad o : 11 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 1- 0 7 53 2- 0 1
Ac c i o na nt e : Car l os Ar ma n d o B aró n Áv i la
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintidós (2022)
F.T: 100
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-07532-01
Accionante: CARLOS ARMANDO BARÓN ÁVILA
Accionados: MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
BOYACÁ.
Temas: Acción de tutela por mora judicial en la resolución de un recurso de
apelación interpuesto en contra de la sentencia proferida en primera instancia en
un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Incumplimiento del
requisito de subsidiariedad y ausencia de un perjuicio irremediable.
FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA
ASUNTO
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sede de
tutela, decide la impugnación presentada por la parte accionante en contra de la
sentencia proferida el 3 de diciembre de 2021 por la Subsección B de esta
Sección.
HECHOS RELEVANTES
a) Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
El señor Carlos Armando Barón Ávila instauró demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la Administradora Colombiana de
Pensiones (en adelante Colpensiones), con el fin de obtener la reliquidación de su
pensión de jubilación con la inclusión de todos los factores salariales devengados
en el último año de servicios. El 26 de febrero de 2019 el Juzgado Séptimo
Administrativo del Circuito Judicial de Tunja accedió a las pretensiones de la
demanda.
Inconforme con esta decisión, el 7 de marzo de 2019 la entidad demandada
interpuso recurso de apelación, por lo cual el 11 de abril del mismo año la
autoridad referida remitió el proceso al Tribunal Administrativo de Boyacá. El 29 de
mayo de igual anualidad el despacho del magistrado sustanciador admitió el
mencionado recurso y el 20 de junio del mismo año corrió traslado a las partes
para que presentaran sus alegatos de conclusión. El 1.° de octubre del mismo año
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el expediente ingresó a despacho para fallo. El accionante manifestó que desde
esa fecha no se ha decidido el recurso, por lo que el 12 de agosto de 2021
presentó una solicitud de impulso procesal.
b) Inconformidad
El accionante Carlos Armando Barón Ávila consideró que los magistrados del
Tribunal Administrativo de Boyacá vulneraron sus derechos fundamentales a la
vida digna, mínimo vital, seguridad social y acceso a la administración de justicia,
por no proferir la sentencia de segunda instancia en el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, a pesar de que el expediente ingresó al despacho
del magistrado sustanciador hace más de dos años.
Al respecto, manifestó que la Corte Constitucional, en la sentencia T-565 de 2016,
sostuvo que la inobservancia de los términos podía justificarse en casos en los
que (i) la complejidad del asunto impide sujetarse estrictamente al término previsto
por el legislador; (ii) existen problemas que generan congestión y excesiva carga
laboral y (iii) se acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que
impiden adelantar las actuaciones judiciales con sujeción a los términos.
Aunado a ello, resaltó que en la sentencia SU-394 de 2016 la corporación judicial
referida precisó que el derecho al debido proceso es objeto de amparo
constitucional, cuando se incurre en mora judicial injustificada y se está ante un
caso en el que puede materializarse un daño que genera perjuicios no
subsanables. Además, señaló que esa mora se presenta cuando no existe un
cumplimiento objetivo del plazo judicial ni un argumento que justifique la dilación y
esta es imputable a la falta de diligencia y omisión sistemática de los deberes del
funcionario judicial.
Ahora bien, frente a la procedibilidad de la acción de tutela, expuso que el máximo
tribunal previamente referido, en la sentencia T-262 de 1998, indicó que este
mecanismo no ha sido concebido como un instrumento para sustituir los demás
medios de defensa judicial, sino como uno que complementa los otros recursos y
acciones, en la medida en que cubre aquellos espacios que estos no abarcan o no
lo hacen de una forma eficiente. Sin embargo, precisó que la corporación referida,
con fundamento en la prevalencia del derecho sustancial y en la necesidad de dar
efectiva protección a los derechos fundamentales, señaló que el juez de tutela en
cada caso particular debe evaluar la eficacia del medio judicial que formalmente se
muestra como alternativo, para determinar si en realidad se está ante un
instrumento que garantice materialmente y con prontitud la protección de sus
derechos.
Asimismo, con respecto a la procedibilidad del mecanismo de amparo para el caso
de pensiones, afirmó que en la sentencia T-052 de 2013 la Corte Constitucional
reiteró las reglas que se han desarrollado jurisprudencialmente, las cuales son: 1.
No se cuente con otro mecanismo de defensa judicial; 2. La acción de tutela sea
necesaria para evitar la consumación de un perjuicio irremediable; 3. La falta de
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reconocimiento y/o pago de la pensión se origine en actuaciones que, en principio,
permitan desvirtuar la presunción de legalidad de que gozan las actuaciones de
las entidades administradoras del servicio público de la seguridad social; 4. Se
encuentre acreditado el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios
para el reconocimiento y/o pago de la pensión y 5. A pesar de que le asiste al
accionante el derecho pensional, este le fue negado.
PRETENSIONES
La parte accionante solicitó amparar sus derechos fundamentales previamente
citados y, en consecuencia, requirió ordenar a los magistrados del Tribunal
Administrativo de Boyacá proferir la sentencia de segunda instancia en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho con número de radicado 2018-00174-
00. Adicionalmente, en subsidio de lo anterior, peticionó ordenar todo lo que sea
pertinente para garantizar el restablecimiento de sus garantías.
CONTESTACIONES AL REQUERIMIENTO
Tribunal Administrativo de Boyacá, Despacho núm. 3.
El magistrado Fabio Iván Afanador García indicó que el proceso con número de
radicado 2018-00174-00 fue repartido a su despacho el 29 de abril de 2019, por lo
que el 29 de mayo de la misma anualidad admitió el recurso de apelación y el 20
de junio del mismo año corrió traslado a las partes para que alegaran de
conclusión. En ese orden, afirmó que el trámite del recurso ha sido adecuado, a tal
punto que desde el momento en que se recibió el expediente hasta la providencia
que ordenó correr traslado transcurrieron menos de dos meses.
Ahora bien, con respecto a la mora judicial alegada por la parte accionante, señaló
que la Corte Constitucional ha sostenido que esta es reprochable y vulnera
derechos y garantías fundamentales cuando es injustificada, con lo cual admite
ciertos eventos excepcionales a la obligatoriedad de los términos judiciales. Así,
adujo que en la sentencia SU-453 de 2020 ese máximo tribunal recordó que la
inobservancia de los plazos por parte de los funcionarios judiciales debe ser
analizada en cada caso, puesto que la mora judicial será injustificada cuando (i) se
presenta el incumplimiento de los términos previstos en la ley para adelantar
alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo razonable que justifique dicha
demora y (iii) la tardanza es atribuible a la omisión en el cumplimiento de las
funciones por parte del operador judicial. Agregó que aquella autoridad ha insistido
en que el vencimiento de los plazos legales no implica per se la afectación de
derechos fundamentales, máxime cuando en la mayoría de los casos dicho
incumplimiento se debe a los problemas estructurales de congestión que tiene la
Rama Judicial.
En esos términos, aseguró que en el presente asunto existen fundamentos
razonados que justifican que el trámite ordinario, hoy cuestionado, aún se
encuentre enlistado para proferir fallo de segunda instancia, como son: 1. Los
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procesos judiciales se evalúan conforme al orden legalmente definido, primero las
acciones constitucionales y, posteriormente, los procesos que se rigen por el
Decreto 01 de 1984 y los que se regulan por la Ley 1437 de 2011; 2. En el 2020
esa corporación dio prelación al trámite y fallo de los procesos de control
inmediato de legalidad de los actos generales que fueron dictados como desarrollo
de los decretos legislativos durante el estado de emergencia económica declarado
por el Gobierno Nacional para atender la pandemia por el COVID-19, los cuales
ascendieron a 350 procesos; 3. Por motivos de salubridad pública y fuerza mayor,
los términos judiciales se suspendieron entre el 16 de marzo y el 30 de junio,
conforme al Acuerdo PCSJA20-11517 y otros, circunstancia que no le puede ser
endilgada; 4. El Consejo Superior de la Judicatura, en el marco de las medidas
adoptadas por la pandemia, privilegió el uso de los medios tecnológicos para la
gestión judicial y administrativa, por lo cual, a través del Acuerdo No PCSJA20-
11567 del 5 de junio de 2020, previó la tarea de diseñar y operativizar un plan de
digitalización de expedientes, la cual, para esa colegiatura, abarcó gran parte del
segundo semestre del 2020; 5. Para la resolución de los procesos judiciales se
aplica lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 446 de 1998, por lo que deben
atenderse primero los 300 procesos que se encuentran antes del medio de control
del señor Carlos Armando Barón Ávila y 6. En el año 2021 asumió la presidencia
de la corporación, cargo que implica el ejercicio y la atención de funciones de
índole administrativo y el aumento del ejercicio de funciones judiciales, con
ocasión de los encargos que se efectúan al presidente del Tribunal, para
reemplazar, en condición de encargo, a los demás compañeros magistrados que
se ausentan por períodos superiores a un mes, lo que ha ocurrido dos veces.
Así las cosas, concluyó que en el caso en concreto no se configuró ningún tipo de
mora judicial, por cuanto atendió al cumplimiento de sus deberes, no se presenta
un incumplimiento de los términos señalados en la ley y existen motivos
razonables que justifican que el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
aún se encuentre al despacho. En consecuencia, solicitó resolver de forma
negativa los argumentos de inconformidad alegados por el accionante.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El 3 de diciembre de 2021 la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado negó el amparo invocado por el señor Carlos Armando Barón Ávila, al
considerar que el aparato jurisdiccional colombiano tiene problemas estructurales,
que se generan en gran medida por un excesivo volumen de trabajo que
imposibilita que los procesos se adelanten en estricto acatamiento de los plazos
previstos en las normas legales, tal y como ocurre en el caso en concreto, pues en
el despacho donde se tramita el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
2018-00174-01 se conocen varios asuntos, a los cuales también debe dárseles
impulso, frente a lo que es dable resaltar que se ha agotado el procedimiento
previsto en segunda instancia para que las diligencias ingresaran al despacho
para dictar decisión de fondo.
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Asimismo, indicó que, en atención a la pandemia originada por la propagación del
virus COVID-19, los despachos judiciales se han visto obligados a la
implementación de herramientas tecnológicas, con el propósito de garantizar el
derecho fundamental de acceso a la administración de justicia de todos los
ciudadanos, condiciones que, sumadas a la suspensión de términos judiciales
ordenada por el Consejo Superior de la Judicatura, a través del Acuerdo
PCSJA20-11517 de 15 de marzo de 2020, han contribuido a la congestión y
retraso en la expedición de decisiones judiciales.
Por lo expuesto, afirmó que, aunque han trascurrido más de dos años para
resolver el recurso de alzada interpuesto en contra de la sentencia proferida, en
primera instancia, por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de
Tunja, ese retraso encuentra su justificación en la carga laboral que tiene la
autoridad judicial accionada, aunado al hecho de que los asuntos se evacúan
según su orden de ingreso al despacho y como la cantidad de casos pendientes
es tan elevado, no ha sido posible resolver el litigio suscitado por el hoy
accionante.
En todo caso, aclaró que si el accionante pretende una alteración de turno para
proferir sentencia de segunda instancia, con base en las razones expuestas en
párrafos precedentes, puede formular ante la autoridad judicial accionada una
solicitud de prelación, tal como lo autoriza el artículo 18 de la Ley 446 de 1998,
con el fin de que se estudie su situación particular y se defina la procedencia de
decidir con prontitud su controversia.
De otra parte, frente al argumento invocado por aquel, consistente en que su
capacidad patrimonial es limitada para cubrir las obligaciones financieras a su
cargo, señaló que, a pesar de que en el fallo de primera instancia se accedió a sus
pretensiones, no se tiene certeza de que la sentencia que se dicte en segunda
instancia también le sea favorable, por lo que resulta inapropiado que cuente con
un derecho de naturaleza económica que no le ha sido reconocido definitivamente
por parte de la administración de justicia.
Bajo estas consideraciones, concluyó que la mora judicial alegada no se
encuentra injustificada, por cuanto el retardo por parte de la autoridad accionada
para resolver la apelación formulada por Colpensiones no involucra negligencia,
requisito necesario para que prospere el amparo constitucional.
IMPUGNACIÓN
El accionante impugnó la sentencia de primera instancia, para lo cual reiteró los
argumentos expuestos en el escrito de tutela. En consecuencia, solicitó revocar la
decisión adoptada y, en su lugar, amparar sus derechos fundamentales a la vida
digna, mínimo vital, seguridad social y acceso a la administración de justicia, por la
omisión de proferir el fallo de segunda instancia en el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho con radicado 2018-00174.
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CONSIDERACIONES
Competencia
La Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado es la
competente para conocer del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 25 del Acuerdo 080 de 20191, en
cuanto regula que «Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado
en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre
todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán
resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien
le haya correspondido el reparto».
Problema jurídico
El problema jurídico en esta instancia puede resumirse en las siguientes
preguntas:
1. ¿El señor Carlos Armando Barón Ávila cuenta con otro mecanismo judicial
para discutir la presunta mora en que ha incurrido el Tribunal Administrativo
de Boyacá, para resolver el recurso de apelación en el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 2018-00174-00?
2. En caso de una respuesta afirmativa al anterior interrogante, deberá
resolverse el siguiente: ¿Está demostrada la configuración de un perjuicio
irremediable?
Para resolver el problema así planteado, se abordarán las siguientes temáticas: (I)
exigencia general de subsidiariedad, (II) análisis de la existencia de otro
mecanismo de defensa judicial, (III) perjuicio irremediable y (IV) ausencia de ese
perjuicio en el caso bajo estudio. Veamos:
• Primer problema jurídico
¿El señor Carlos Armando Barón Ávila cuenta con otro mecanismo judicial para
discutir la presunta mora en que ha incurrido el Tribunal Administrativo de Boyacá,
para resolver el recurso de apelación en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 2018-00174-00?
I. Exigencia general de subsidiariedad
La jurisprudencia de la Corte Constitucional2 como de esta corporación ha
sostenido que, debido al carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, en
1 Por medio del cual se modificó el reglamento interno del Consejo de Estado.
2 Corte Constitucional, sentencia T-011 de 2007. Magistrado Ponente: Dr. Rodrigo Escobar Gil. «[…]En este
orden de ideas, si la parte afectada no interpuso en su debido momento, los recursos establecidos en el
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principio, este medio de defensa judicial resulta improcedente cuando: 1. El
accionante dejó de interponer los recursos judiciales ordinarios que estaban a su
alcance para confrontar la vulneración o amenaza de sus derechos
fundamentales; 2. El accionante acude directamente a la acción de tutela a pesar
de existir otro mecanismo de defensa judicial a su disposición o 3. El proceso o
asunto se encuentra en trámite.
Pese a lo anterior es dable reconocer que la mencionada regla general tiene
algunas excepciones. En relación con el primero de los casos la acción de tutela
resulta procedente cuando logre demostrarse que dicha acción es el único
mecanismo de defensa para proteger un daño gravísimo a un derecho
fundamental y que el accionante no utilizó los mecanismos ordinarios de defensa
por encontrarse en una situación que se lo impedía por completo. Ahora, en
cuanto a la excepción frente al segundo y tercero de los eventos, se configura
cuando los otros mecanismos no resultan idóneos para proteger el derecho
fundamental presuntamente vulnerado y/o no son expeditos para evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable.
II. Análisis de la existencia de otro mecanismo de defensa judicial
El señor Carlos Armando Barón Ávila solicitó la protección de sus derechos
fundamentales a la vida digna, mínimo vital, seguridad social y acceso a la
administración de justicia, los cuales consideró vulnerados por los magistrados del
Tribunal Administrativo de Boyacá, por la demora en resolver el recurso de
apelación que presentó Colpensiones en contra de la sentencia proferida el 26 de
febrero de 2019 por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de
Tunja, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado
bajo el número 2018-00174-00.
Pues bien, como lo pretendido por el accionante es alegar una presunta mora
judicial, esta Subsección considera que es necesario, en primer lugar, definir si se
encuentran reunidos los requisitos generales de procedibilidad, ya que solo de ese
modo podría este juez constitucional emitir un pronunciamiento de fondo sobre los
motivos de inconformidad. Así, se observa que el peticionario discute la tardanza
de la corporación judicial precitada para expedir el fallo de segunda instancia en el
proceso mencionado.
En esa medida, se repara en que la parte solicitante tiene a su alcance otro medio
de defensa, esto es, la vigilancia judicial administrativa. Ciertamente, el artículo
101-6 de la Ley 270 de 1996, reglamentado por el Acuerdo PSAA11-8113 del 4 de
mayo de 20113, de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura,
atribuyó como función a las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de
ordenamiento jurídico para salvaguardar los derechos amenazados o vulnerados, es innegable que la acción
de amparo constitucional no tiene la virtualidad de revivir los términos vencidos ni de convertirse en un recurso
adicional o supletorio de las instancias ordinarias previstas en el desarrollo de cada actuación procesal, como
de forma reiterada lo ha manifestado esta Corporación […]»
3 Que derogó el Acuerdo 088 de 1997.
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la Judicatura: «ejercer la vigilancia judicial administrativa para que la justicia se
administre oportuna y eficazmente, y cuidar del normal desempeño de las labores
de funcionarios y empleados de los despachos judiciales ubicados en el ámbito de
su circunscripción territorial», mecanismo que goza de procedimiento preferente o
sumario para su resolución.
De lo anterior se colige que las solicitudes de presunta mora judicial o demás
irregularidades que los sujetos procesales consideren se presenten en un proceso
deberán dirigirse a los Consejos Seccionales, siendo estos la autoridad
administrativa competente para realizar el trámite respectivo y así garantizar que
los funcionarios y empleados de la Rama Judicial administren una oportuna y
eficaz justicia en cada uno de los trámites adelantados en los despachos.
Así las cosas, debe reiterarse que la acción de tutela reviste un carácter de
subsidiariedad que exige el agotamiento de los mecanismos de defensa judicial
con los que cuenta el interesado antes de acudir a la misma, lo cual no ocurrió en
el caso concreto, comoquiera que el accionante no empleó el medio que tiene a su
disposición para la protección de los derechos fundamentales que estimó
vulnerados, por lo que a esta Subsección no le es posible emitir un
pronunciamiento frente a lo alegado por el solicitante de la salvaguarda, pues esta
no puede invadir las competencias que fueron atribuidas a otra autoridad, más aún
si se tiene en cuenta que la solicitud de vigilancia judicial administrativa es un
medio propicio para analizar lo que hoy se discute en esta sede.
No obstante, se examinará, en los siguientes acápites, si en el asunto bajo estudio
se evidencia la existencia de un perjuicio irremediable que amerite estudiar de
fondo el presente asunto.
• Segundo problema jurídico
¿Está demostrada la configuración de un perjuicio irremediable?
III. El perjuicio irremediable
El perjuicio que determina la procedencia de la acción de tutela de manera
transitoria es aquel que genera un daño de imposible reparación, lo cual justifica la
intervención del juez en orden a evitar el menoscabo de los derechos y garantías
constitucionales. De conformidad con lo sostenido por la Corte Constitucional4, el
perjuicio debe reunir varias características, que deben ser identificadas por la
autoridad judicial para poder conocer el fondo del asunto, estas son: 1. Inminencia,
lo cual implica que el solicitante debe demostrar que el daño está por suceder
prontamente y que no se trata de una simple posibilidad y 2. Gravedad, esto es,
que revista gran relevancia para el ordenamiento jurídico y que, por ende, amerita
la atención inmediata de las autoridades públicas.
4 Corte Constitucional. Sentencia T-1316 del 7 de diciembre de 2001. M.P: Rodrigo Uprimny Yepes.
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De igual manera, para que se acredite la existencia de un perjuicio irremediable
debe probarse que las medidas necesarias para evitar su configuración son
urgentes, pues de aplazar su adopción no podría evitarse la ocurrencia del daño.
Así las cosas, se reitera que para que la acción de tutela proceda, a pesar de la
existencia de otro medio de defensa judicial, es necesario que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar dicha afectación.
IV. Ausencia de un perjuicio irremediable en el caso bajo estudio
En el escrito inicial, el señor Carlos Armando Barón Ávila manifestó que debía
accederse al amparo invocado, puesto que por la situación económica que
atraviesa no le es posible sufragar los gastos de manutención y estudio de sus
hijos. Sin embargo, este argumento no está llamado a prosperar, comoquiera que,
primero, aquel no demostró que la mesada pensional que actualmente recibe no
sea suficiente para costear dichos gastos y, segundo, uno de sus hijos es mayor
de edad y se encuentra terminando su carrera profesional, sin que se denote
algún impedimento para que este último pueda aportar en el sostenimiento del
hogar.
En todo caso, debe precisarse que, en el mismo sentido que lo explicó el juez de
primera instancia, debido a que no se tiene certeza sobre la decisión que llegare a
adoptar la autoridad judicial accionada, al peticionario no le es dable contar con el
derecho que se discute en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
por él promovido, pues, a pesar de que el Juzgado Séptimo Administrativo del
Circuito Judicial de Tunja accedió a sus pretensiones, en el referido proceso no se
ha adoptado una decisión definitiva sobre la reliquidación de su pensión de vejez.
Por tanto, al no haberse satisfecho el requisito general de subsidiariedad, el cual
exige que se hayan agotado todos los medios de defensa dispuestos en el
ordenamiento jurídico antes de formular la acción constitucional, y no haberse
demostrado la probable ocurrencia de un perjuicio irremediable, se revocará la
sentencia dictada el 3 de diciembre de 2021 por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, mediante la cual negó el amparo solicitado por el señor
Carlos Armando Barón Ávila, a través de la acción de tutela interpuesta en contra
de los magistrados del Tribunal Administrativo de Boyacá y, en su lugar, se
rechazará por improcedente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Revocar la sentencia proferida el 3 de diciembre de 2021 por el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en la que negó el amparo solicitado
por el señor Carlos Armando Barón Ávila, a través de la acción de tutela
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instaurada en contra de los magistrados del Tribunal Administrativo de Boyacá,
para, en su lugar, rechazarla por improcedente, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.
Segundo: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991. Contra la presente decisión no procede recurso alguno.
Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
Cuarto: Registrar la presente providencia en el programa “SAMAI”.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firma electrónica
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Salvamento de voto
Firma electrónica
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firma electrónica
ARF
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