Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-07533-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-07533-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2021-07533-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
27 de enero de 2022
Demandante: Consorcio La Línea
Demandado: Tribunal de Arbitramento de la
Cámara de Comercio de Bogotá
Radicado: 11001-03-15-000-2021-07533-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D. C., veintisiete (27) de enero de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2021-07533-00
Demandante: CONSORCIO LA LÍNEA
Demandado: TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO DE LA CÁMARA DE
COMERCIO DE BOGOTÁ
Temas: Acción de tutela contra laudo arbitral – improcedencia por no
cumplir con el requisito de la subsidiariedad - idoneidad del
recurso extraordinario de anulación.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Procede la Sala a resolver la acción de tutela formulada por el Consorcio La Línea
contra el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá, de
conformidad con los Decretos 2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2015, modificado
por el Decreto 333 de 2021, y con el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de
esta Corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud
El representante legal del Consorcio La Línea, a través de apoderado judicial,
presentó acción de tutela1 con el fin de que se amparen sus derechos
fundamentales “al debido proceso y a la igualdad” .
Las mencionadas garantías las estimó vulneradas por el Tribunal de Arbitramento
de la Cámara de Comercio de Bogotá, con ocasión del laudo arbitral proferido el
22 de octubre de 2021, a través del cual se resolvieron las controversias
suscitadas entre el Consorcio La Línea (CLL) y el Instituto Nacional de Vías
(INVIAS) por la ejecución del contrato de obra No. 806 de 2017, suscrito por las
partes el 19 de julio de 2017.
1.2. Pretensiones
La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido
proceso y a la igualdad y, en consecuencia pidió:
“PRIMERA. Dejar sin efectos el Laudo Arbitral proferido el pasado 22 de octubre de
2021 proferido por el Tribunal de Arbitramento integrado por los doctores CAMILO
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Con escrito del 5 de noviembre de 2021, a través del buzón electrónico de la Secretaría General
del Consejo de Estado.
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CALDERON RIVERA (P), CATALINA BOTERO MARINO y NESTOR OSUNA
PATIÑO.
SEGUNDA. Como consecuencia de la petición anterior, y en aras de que no se
vulnere el derecho al acceso a la administración de justicia, el Juez Constitucional
PRESERVE a las Partes el derecho de acción para iniciar un nuevo Tribunal de
Arbitramento que resuelva las controversias que fueron sometidas al Tribunal de
Arbitramento integrado por los doctores CAMILO CALDERON RIVERA (P),
CATALINA BOTERO MARINO y NESTOR OSUNA PATIÑO.”
1.3. Hechos
De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes hechos que, a juicio de la
Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:
1.3.1 Relacionados con la celebración del contrato de concesión
El 24 de diciembre de 2008 se suscribió entre la Unión Temporal Segundo
Centenario (UTSC) y el INVIAS, el contrato de obra No. 3460 de 2008 cuyo objeto
era la realización de los estudios y diseños, construcción y operación del proyecto
Cruce de la Cordillera Central. El plazo del contrato finalizó el 30 de noviembre de
2016.
El 28 de diciembre de 2016, se suscribió entre el INVIAS y la Interventoría del
contrato de obra No. 3460 de 2008, el Acta de Entrega y Recibo Definitivo del
mismo, donde se consignaron las obras que habían sido ejecutadas por parte de
la UTSC (88%), así como las faltantes por ejecutar (12%).
El 19 de julio de 2017, el INVIAS, previa adjudicación de la selección abreviada
No. SA-GO- GTL-013-2017 suscribió con el consorcio La Línea (CLL) el contrato
de obra No. 806 de 2017, el cual tenía prevista su ejecución desde el 31 de julio
de 2017 hasta el 31 de julio de 2018, y cuyo objeto fue la terminación del túnel de
La Línea y segunda calzada Calarcá – Cajamarca – Proyecto Cruce de la
Cordillera Central, en síntesis, terminar las obras del contrato de obra No. 3460 de
2008.
El 30 de noviembre de 2017, las partes suscribieron el Modificatorio No. 1 al
contrato de obra No. 806 de 2017, en donde se determinó que debido a los
hallazgos encontrados durante la etapa de revisión de los estudios y diseños
elaborados por el anterior contratista, se debía modificar el plazo de la entrega de
los informes de estudios y diseños sin alterar el inicio de la etapa de
construcción. En dicho Modificatorio se consignó la siguiente renuncia:
“PARÁGRAFO TERCERO: La presente modificación se concede por solicitud del
CONTRATISTA y no implica adición en valor ni sobrecostos para EL INSTITUTO,
por lo que EL CONTRATISTA efectuará la redistribución de los recursos existentes
del contrato y no presentará reclamación alguna por mayor permanencia en el
sitio de las actividades objeto de este contrato que tenga como causa el
tiempo adicional otorgado para la presentación de informes.” (Negrillas fuera
del texto).
El 28 de marzo de 2018, el CLL y el INVIAS suscribieron el Modificatorio No. 2 al
contrato de obra No. 806 de 2017 en el cual se estableció un nuevo plazo para la
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entrega de informes por parte del contratista y se pactaron como fechas límites de
entrega los días 22 de diciembre de 2017 y 5 de mayo de 2018. En dicho
Modificatorio se consignó la siguiente renuncia:
“PARAGRAFO TERCERO. La presente modificación del contrato se concede por
solicitud del CONTRATISTA y no implica adición en valor ni sobrecostos para
EL INSTITUTO, por lo que EL CONTRATISTA efectuará la redistribución de los
recursos existentes del contrato y no presentará reclamación alguna por
mayor permanencia en el sitio de las actividades objeto de este contrato que
tenga como causa el tiempo adicional otorgado para la presentación de
informes.” (Resaltado fuera del texto).
El 31 de julio de 2018, las partes acordaron suscribir la Adición No. 1 al contrato
de obra No. 806 de 2017, con el fin de ampliar el plazo de la etapa de construcción
hasta el 31 de diciembre de 2018. En el referido documento se estipuló:
“PARAGRAFO PRIMERO: La presente ampliación del plazo del contrato se
concede por solicitud del CONTRATISTA y no implica adición en valor ni
sobrecostos para EL INSTITUTO, por lo que EL CONTRATISTA efectuará la
reprogramación con los recursos existentes del contrato. El presente documento
se suscribe bajo el estricto e inminente respeto de los derechos contractuales
de las partes.” (Negrillas fuera del texto)
El 4 de diciembre de 2018 se suscribió el Modificatorio No. 3 al contrato de obra
No. 806 de 2017, cuyo objetivo fue cambiar las partidas presupuestales e
incrementar el rubro de Estudios y Diseños. El 29 de diciembre de 2018, con el
Adicional No. 2/Modificatorio No. 46, se pactó una adición en el valor2.
Finalmente, las partes suscribieron el Modificatorio No. 5 el 26 de junio de 2019,
en donde se precisaron las obras que se continuarían ejecutando, así como
aquellas que se excluían.
El 30 de noviembre de 2019, finalizó el plazo del contrato de obra No. 806 de
2017.
1.3.2. Relacionados con la cláusula compromisoria y convocatoria del
tribunal de arbitramento
En el Adicional No. 2/Modificatorio No. 4, se pactó una cláusula compromisoria,
referida a que las partes de común acuerdo someterían las controversias relativas
a la mayor permanencia en obra a un tribunal de arbitramento.
El 4 de febrero de 2020, el CLL presentó demanda arbitral en contra del INVIAS,
pretendiendo el reconocimiento y pago de los sobrecostos y perjuicios en los que
incurrió como consecuencia de la mayor permanencia en obra.
2
Por ciento dieciocho mil ochocientos veintitrés millones novecientos ochenta mil doscientos un
pesos M/CTE ($118.823.980.201). Asimismo, en dicho modificatorio, las Partes precisaron las
obras que no se continuarían ejecutando dentro del alcance del Contrato de Obra No. 806 de 2017,
debido a que los recursos no eran suficientes para la ejecución total del Proyecto.
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Surtido el trámite procesal, el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio
de Bogotá dictó Laudo el 22 de octubre de 2021, desestimando las pretensiones
del Consorcio, así:
“Primero. Declarar, dentro del alcance de su competencia, que el 19 de julio de
2017, se suscribió el Contrato de Obra No. 806 de 2017 entre el CONSORCIO LA
LINEA y el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS, cuyo objeto fue: “ejecutar
para el INSTITUTO, por el sistema de precios unitarios con ajustes, la
TERMINACIÓN DEL TÚNEL DE LA LÍNEA Y SEGUNDA CALZADA CALARCÁ-
CAJAMARCA- PROYECTO CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL, de acuerdo
con el Pliego de Condiciones de la respectiva selección abreviada, la propuesta del
CONTRATISTA aceptada por el INSTITUTO y bajo las condiciones estipuladas en
el presente contrato”.
Segundo. Declarar, dentro del alcance de su competencia y en los términos
expresados en la parte motiva de este laudo, que el plazo de finalización del
Contrato de Obra No. 806 de 2017 era el 31 de julio de 2018.
Tercero. Declarar, dentro del alcance de su competencia y en los términos
expresados en la parte motiva de este laudo, que en virtud de la Adición No. 1 del
31 de julio de 2018, se amplió el plazo contractual hasta el 31 de diciembre de
2018.
Cuarto. Declarar, dentro del alcance de su competencia y en los términos
expresados en la parte motiva de este laudo, que en virtud de la Adición No. 2 y
Modificatorio No. 4 del 29 de diciembre de 2018, se amplió el plazo contractual
hasta el 30 de noviembre de 2019.
Quinto. Declarar, dentro del alcance de su competencia, que el 30 de noviembre de
2019, atendiendo a lo dispuesto en la Adición No. 2 y el Modificatorio No. 4 al
Contrato de Obra No. 806 de 2017, venció el plazo contractual.
Sexto. Declarar, dentro del alcance de su competencia, que en la ejecución del
contrato de Obra Pública No. 806 de 2017, suscrito con el CONSORCIO LA LINEA,
el 19 de julio de 2017, y cuyo objeto consistió en “ejecutar a precios unitarios con
ajustes, la TERMINACIÓN DEL TÚNEL DE LA LÍNEA Y SEGUNDA CALZADA
CALARCÁ – CAJAMARCA – PROYECTO CRUCE DE LA CORDILLERA
CENTRAL”, el Contratista a través del Consultor INGETEC realizó el diagnóstico de
patologías.
Séptimo. Declarar que, producto de lo anterior, el CONSORCIO LA LINEA, detectó
múltiples inconsistencias en los Estudios y Diseños que fueron suministrados por
parte del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS, generándose la necesidad de
ejecutar actividades adicionales a las inicialmente previstas.
Octavo. Declarar que en la ejecución del contrato de Obra Pública No. 806 de
2017, suscrito con el CONSORCIO LA LINEA el 19 de julio de 2017, y cuyo objeto
consiste en “ejecutar a precios unitarios con ajustes, la TERMINACIÓN DEL TÚNEL
DE LA LÍNEA Y SEGUNDA CALZADA CALARCÁ – CAJAMARCA – PROYECTO
CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL”, el Contratista ejecutó por solicitud del
INVIAS y previa aprobación de la Interventoría, actividades adicionales a las
inicialmente previstas.
Noveno. Abstenerse de hacer pronunciamiento sobre las pretensiones declarativas
décima subsidiaria y décima segunda principal, en los términos expresados en la
parte motiva de este laudo, en tanto exceden los límites de su competencia, según
lo resuelto en la primera audiencia de trámite.
Décimo. Negar las pretensiones de condena primera y segunda y sus subsidiarias,
relacionadas con la presunta mayor permanencia en obra.
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Undécimo. Abstenerse de hacer pronunciamiento sobre las pretensiones de
condena primera y segunda y sus subsidiarias, no vinculadas con una mayor
permanencia en obra, en tanto exceden los límites de su competencia, según lo
resuelto en la primera audiencia de trámite.
Duodécimo. Declarar probadas las excepciones propuestas por el INSTITUTO
NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS, denominadas “Inexistencia de materialización del
riesgo 31 sobre mayor permanencia”, “Ausencia de prueba de mayor permanencia
de maquinaria para configuración del riesgo 31”, “Inexistencia de mayor
permanencia en la ejecución del contrato” y “Respeto por el acto propio ‘venire
contra factum proprium non valet’", no así la “genérica”.
Decimotercero. Negar las demás pretensiones de la demanda.
Decimocuarto. Condenar a CONSORCIO LA LÍNEA a pagar al INSTITUTO
NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS la suma de mil quinientos noventa y un millones
doscientos veinte mil pesos ($1.591.220.000) moneda corriente, por concepto de
costas.
Decimoquinto. Disponer que por Secretaría se expidan copias auténticas de este
laudo a cada una de las partes y al señor agente del Ministerio Público con las
constancias de ley.
Decimosexto. Disponer que por Secretaría se remita el expediente al Centro de
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá para su archivo.”
El tribunal fundamentó su decisión en la renuncia del CLL consignada en los
Modificatorios No. 1 y 2, referida exclusivamente a la presentación de informes de
los estudios y diseños, así:
“Ahora bien, observa el Tribunal que las razones que dieron origen a los
modificatorios 1 y 2 y posteriormente a los adicionales 1 y 2 (en los que se prorrogó
el plazo del contrato), fueron en primer lugar, el desarrollo de actividades de
intervención de estudios y diseños, incluso dentro de la fase de construcción, es
decir, en un término superior al inicialmente previsto, pero que no implicó
desplazamiento del periodo de ejecución, porque así lo acordaron las partes.
En segundo lugar, como resultado de lo anterior se produce un rezago de las
labores de construcción y por esa razón se hace necesario ampliar el plazo para
ejecutar los recursos existentes, y posteriormente se extiende nuevamente con el
fin de desarrollar las actividades identificadas en esa fase de intervención de
diseños.
En ese orden de ideas, como resultado de la realización de labores de intervención
de estudios y diseños y la necesidad de tener un mayor plazo para entregar los
informes sobre los mismos, se hizo imperativo prorrogar en dos oportunidades el
contrato, a fin de ejecutar tanto las obras requeridas para terminar las que se
encontraban inconclusas, como los recursos asociados al presupuesto del
contrato”.
Así mismo, el tribunal acusado concluyó que, dado que en los Modificatorios y
Adicionales suscritos entre las partes no se consignó ningún tipo de salvedad por
el CLL, esta omisión equivalía a una renuncia a presentar reclamaciones
posteriores y por lo mismo, carecía de derecho a cualquier tipo de reconocimiento
por la mayor permanencia en obra, así:
“En ese orden de ideas, conforme a las constancias dejadas por el Contratista en
los modificatorios 1 y 2 en la Adición No. 1, así como a la ausencia de salvedad
alguna en cuanto a mayor permanencia en obra en aquéllas y en el adicional No. 2,
en virtud de la aquí tantas veces señalada “teoría de los actos propios”, que en
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Colombia se desarrolla bajo el principio de la buena fe contractual, no es posible
para la Convocante obtener la prosperidad de las pretensiones que busquen
desconocer el efecto vinculante del consentimiento depositado al suscribir dichos
otrosíes.”
1.4. Fundamentos de la solicitud
La parte actora, en primer lugar, afirmó que en el caso concreto concurren los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, los cuales sustentó así:
En relación con la relevancia constitucional, consideró que se acredita por la
vulneración de los derechos fundamentales cuya protección solicitó y por cuanto la
autoridad accionada incurrió en varios defectos que afectan directamente sus
garantías constitucionales al debido proceso y a la igualdad.
Afirmó que concurría el requisito de subsidiariedad, comoquiera que el recurso de
anulación no resulta idóneo para la protección de los derechos fundamentales
vulnerados por el Tribunal de Arbitramento, toda vez que las causales habilitantes
del mismo son taxativas y limitan la protección a los aspectos expresamente
consignados en las normas que lo consagran.
Al punto, refirió que, el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 establece las causales
de anulación del Laudo Arbitral y ninguno de los fundamentos de la presente
acción de tutela se compadece con ellas, sino que “la acción va encaminada a dejar
sin efectos el Laudo Arbitral por existir un defecto sustantivo, defecto fáctico y la violación
al precedente jurisprudencial, cuyas definiciones y fundamentos, bajo ninguna óptica,
pueden encausarse en las causales previstas en el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 ”.
Advirtió que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha reconocido que en
algunos eventos el recurso de anulación no es el medio eficaz para proteger
derechos fundamentales vulnerados con un Laudo Arbitral, en sustento de lo
anterior transcribió apartes del fallo del 11 de abril de 2019, con ponencia del
Magistrado Oswaldo Giraldo López, Rad. 11001-03-15-000-2018-01610-01.
Respecto al requisito de inmediatez, argumentó que se encuentra cumplido si se
tiene en cuenta que el laudo arbitral objeto de la tutela fue proferido el 22 de
octubre de 2021, quedó ejecutoriado el 29 de octubre siguiente y la acción de
tutela se presentó antes de cumplirse 6 meses (5 de noviembre de 2021).
En segundo lugar, frente a los requisitos especiales de procedencia de la acción
de tutela, adujo que en el laudo arbitral acusado se configuraron los defectos
fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente bajo los siguientes
argumentos:
(i) Defecto fáctico. Aseveró que “los árbitros, desconocieron las pruebas
documentales practicadas en el trámite arbitral, y precisamente por el desconocimiento de
lo que emerge con claridad de dichas pruebas, decidió sin mayor reparo, que el
Contratista no había efectuado salvedades en los documentos modificatorios del Contrato
de Obra 806 de 2017, calificando su actuar de incoherente y constitutivo de mala fe ”.
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Manifestó que el tribunal “acomodó” la realidad procesal que emana de la prueba
documental obrante en el expediente, en la cual se evidenció que las renuncias
expresadas en los modificatorios 1 y 2, únicamente comprendían la entrega de
estudios e informes en las fechas allí establecidas.
Para sustentar lo anterior explicó que, el contrato de obra No. 806 de 2017 se
dividió en dos etapas: un periodo de preconstrucción y uno de construcción; que
durante la etapa de preconstrucción, las partes concurrieron a la celebración de
dos documentos modificatorios con la finalidad de reprogramar las fechas de
entrega y diseños por parte del contratista, dado que los resultados de la labor de
diseños arrojaron la necesidad de ejecutar “actividades no previstas, como nuevas
pruebas, ensayos y trabajo de campo, todas necesarias para determinar la calidad de las
obras existentes y definir el tipo de soluciones necesarias ”.
Referenció que en el documento Modificatorio No. 1 del 30 de noviembre de 2017,
se pactó entre las partes:
“fijar como fechas máximas para la entrega de los estudios y diseños de las
obras prioritarias y de las otras obras descritas por el Interventor en el Oficio No.
133-11- 17/853-2017, con radicado INVIAS No. 226224 del 27 de noviembre de
2017, los días 22 de diciembre de 2017 y 30 de marzo de 2018, respectivamente,
sin que ello implique afectación alguna para el inicio de la etapa de
construcción en el plazo establecido en el contrato”. (Negrillas del texto
original).
Y que, la labor de revisión de diseños, fue objeto de una nueva reprogramación
recogida en el modificatorio No. 2 del 28 de marzo de 2018, en el que las partes
acordaron:
“PARÁGRAFO PRIMERO: Las partes acuerdan por este documento fijar como
fechas máximas para la entrega de los estudios y diseños de las obras
prioritarias y de las otras obras descritas por el Interventor en el Oficio No. 133-
11-17/853-2017, con radicado INVIAS No. 226224 del 27 de noviembre de 2017 y
No 221-03-18/853-2017 del 26 de marzo de 2018 los días 22 de diciembre de
2017 y 5 de mayo respectivamente sin que ello implique afectación alguna
para el inicio de la etapa de construcción en el plazo establecido en el
contrato.
(…)
PARÁGRAFO TERCERO: La presente modificación del contrato se concede por
solicitud del CONTRATISTA y no implica adición en valor ni sobrecostos para EL
INSTITUTO, por lo que EL CONTRATISTA efectuará la redistribución de los
recursos existentes del contrato y NO PRESENTARÁ RECLAMACIÓN ALGUNA
POR MAYOR PERMANENCIA EN EL SITIO DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DE
ESTE CONTRATO QUE TENGA COMO CAUSA EL TIEMPO ADICIONAL
OTORGADO PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMES.
PARÁGRAFO CUARTO. El tiempo adicional otorgado para la presentación de
informes se concede sin perjuicio de las acciones que EL INSTITUTO pueda
adelantar por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra EL
CONTRATISTA”. (Resaltado fuera del texto)
Con base en lo anterior destacó que la suscripción de los dos documentos
adicionales: (i) tuvieron como única finalidad reprogramar las fechas de entrega de
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los informes de estudios y diseños, (ii) no afectaron el inicio de la etapa de
construcción del proyecto, (iii) no produjeron la ampliación del plazo del contrato y,
(iv) no implicaron adición ni sobrecostos al INVIAS, en la medida en que a través
de las modificaciones no se incluyeron recursos nuevos, ni se pactaron adiciones
en valor al contrato sino que, para solventar la mayor labor de diseños, se hicieron
traslados entre las partidas existentes al interior del proyecto.
Precisado lo anterior, reprochó que el Tribunal de Arbitramento en el Laudo
Arbitral objeto de la presente acción de tutela, haya concluido lo siguiente:
“Si bien como lo manifiesta la convocante en los modificatorios 1 y 2 y en el
Adicional 1, no se hizo adición de recursos, lo que se desprende del contenido de
estos documentos es que se dejó constancia de la inexistencia de sobrecostos para
la entidad, pero además el contratista renunció, en los dos primeros, a presentar
reclamaciones que tuvieran que ver con el mayor plazo concedido para presentar
informes de revisión de estudios y diseños, hecho que a la postre fue el que generó
posteriormente la necesidad de ampliar el plazo del contrato, tal y como consta en
los documentos de justificación de los mismos”.
Al punto adujó que se evidenciaba en el laudo la errónea e injustificada
interpretación, pero sobre todo una decisión “sin ningún soporte probatorio” para
considerar que el mayor plazo para la presentación de informes “a la postre fue el
que generó posteriormente la necesidad de ampliar el plazo del contrato ”.
De otra parte afirmó que, no se valoró en debida forma la Comunicación Rad. No.
CLL-INT-2051-18 del 21 de junio de 2018, por medio de la cual el consorcio La
Línea presentó a la interventoría la solicitud de adición y prórroga, en la cual puso
de presente que:
• La prolongación del plazo se debía a la ejecución de actividades de carácter
constructivo, no a la realización de actividades de estudios y diseños,
siendo las constructivas las que correspondían a reparaciones
extraordinarias, motivo por el cual, informa acerca de la materialización del
riesgo No. 31 contemplado en la matriz de riesgos.
• Advirtió de los perjuicios correspondientes al concepto de mayor
permanencia en obra y solicitó que en el escenario de la prórroga se
estableciera un mecanismo de compensación por el valor originado por esa
mayor permanencia.
• Pidió incluir dentro de las consideraciones del documento modificatorio que
el consorcio la línea ha reclamado oportunamente el pago de los perjuicios
por mayor permanencia en obra y que, se reserva el derecho de acudir a
los mecanismos de solución previstos en el contrato.
Así mismo, hizo hincapié en que, al suscribir el Adicional No. 1, se acordó
prorrogar el plazo del contrato de obra No. 806 de 2017 por cinco meses, periodo
considerado como el necesario para el agotamiento de los recursos hasta ese
entonces destinados para su ejecución3.
3
Cuyó texto fue: “CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO.- PRORROGAR el plazo del Contrato No. 806
de 2017 desde el 31 de julio de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018.
PARÁGRAFO PRIMERO: La presente ampliación del plazo del contrato se concede por solicitud
del CONTRATISTA y no implica adición en valor ni sobrecostos para EL INSTITUTO, por lo que EL
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Reprochó que el tribunal no haya analizado el contenido del Adicional No.1, ni de
los documentos que le antecedieron; lo hizo en los siguientes términos:
“Los árbitros no señalan en su decisión – más que de manera simplista y genérica –
que los plazos del Contrato son preclusivos y que en ese sentido, debió el
Consorcio La Línea plasmar una salvedad clara en el documento modificatorio
identificando cuáles eran los perjuicios que se le causan con la suscripción del
documento.
El Tribunal desconoció los antecedentes del pacto contractual, desconoció la
dinámica propia del Contrato y sencillamente se limitó a citar una línea
jurisprudencial – no pacífica, por cierto – sin analizar si lo plasmado por el
contratista en efecto constituía o no una salvedad y ni siquiera se esmeró por
explicar cuáles son los motivos que lo lleva a desechar un aspecto trascendental en
la Litis.
Con una simple lectura de las comunicaciones reseñadas, resulta evidente que el
Consorcio La Línea SÍ plasmó una salvedad en el documento Adicional No.1, pues
no era otra la controversia que hasta ese momento tenían las partes que estuviera
relacionada con el objeto del documento de prórroga, esto es, la extensión del plazo
del Contrato de Obra 806 de 2017 ”.
De lo anterior concluyó que el tribunal de arbitramento se limitó en la parte
considerativa de su providencia a realizar una serie de afirmaciones y citas de
sentencias del Consejo de Estado referentes a la obligatoriedad de los contratistas
de dejar salvedades en los documentos modificatorios de los contratos estatales,
pero en ningún momento, se detuvo a analizar las pruebas citadas que
demostraban que el consorcio La Línea sí consignó reservas en los documentos
modificatorios, y que el interventor y el INVIAS tenían pleno conocimiento de los
reclamos del contratista relacionados con la mayor permanencia en obra.
Finalmente, expresó que también se efectuó una errada interpretación de la
Modificación No. 5 al contrato de obra, a través de la cual se precisó el alcance de
las actividades que se continuarían ejecutando, pues no era de ninguna manera la
intención de las partes adicionar o modificar el acta de entrega y recibo del
contratista anterior.
En resumen, consideró que el tribunal de arbitramento actuando en contra de la
evidencia probatoria allegada al proceso, desestimó ilegal e inconstitucionalmente
los pedimentos del Consorcio La Línea, pues no se encuentra en la providencia
objeto de amparo que se haya efectuado análisis alguno acerca de las suscripción
de prorrogas, modificarios y adicionales del contrato, mucho menos de los efectos
que tuvo la inclusión de la cláusula compromisoria, la cual, además de incluir un
mecanismo de solución de controversias no contemplado inicialmente en el
CONTRATISTA efectuará la reprogramación con los recursos existentes del contrato. El presente
documento se suscribe bajo el estricto e inminente apego de los derechos contractuales de
las partes.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente prórroga se concede sin perjuicio de las acciones que EL
INSTITUTO pueda adelantar por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra EL
CONTRATISTA.”
9
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contrato, evidenciaba que ni para el consorcio, ni para la interventoría, la
controversia relativa a la mayor permanencia había sido objeto de renuncia;
(ii) Defecto sustantivo. El cual cimentó en el desconocimiento del Panel Arbitral
de las siguientes normas:
• Artículo 27 de la Ley 80 de 1993 que establece que en los contratos con las
entidades públicas se mantendrá la igualdad o equivalencia entre derechos
y obligaciones surgidos al momento de proponer o contratar.
Por lo tanto, para el asunto debe proceder un restablecimiento de la
ecuación contractual, teniendo en cuenta que las prestaciones no
mantuvieron su equivalencia o igualdad y que tanto el contratista y la
entidad pública han padecido sobrecostos y perjuicios como consecuencia
de la ejecución contractual.
Adujo que la mencionada disposición en manera alguna establece un
requisito de procedibilidad previo -como lo ha pretendido el tribunal- según
el cual, al suscribirse documentos modificatorios al contrato y no dejar
ningún tipo de salvedad, le impide entonces al contratista pretenderla en
proceso judicial.
Por lo anterior, afirmó que el tribunal acusado, con fundamento en su solo
criterio y violando la ley, fungió como legislador de facto y determinó que la
no presentación de reclamaciones, constancias o salvedades en los
documentos modificatorios implicaba que las partes transigían sus
diferencias con la suscripción del mismo y por ende el consorcio no tenía
ningún tipo de derecho a reclamar por concepto de mayor permanencia en
obra, transacción que nunca ocurrió.
• Artículos 871 del Código de Comercio y 1603 del Código Civil4 que preveen
el principio de la buena fe y, llevado a la ejecución del contrato, impone al
panel estudiar cuál fue el comportamiento de las partes frente a la ejecución
de sus obligaciones, desentrañar, según el tipo de contrato, qué
corresponde a cada parte de acuerdo con la naturaleza de la obligación y
definir, dados esos comportamientos, cuál es la responsabilidad que
corresponde a cada cual con ocasión de la ejecución del contrato, aspecto
que ignoró, ya que para tomar la decisión restó importancia a las pruebas
que obraban en el proceso que contienen las reclamaciones presentadas
por el consorcio durante la ejecución contractual e incluso, el texto mismo
del contrato y sus documentos modificatorios.
4
“ARTÍCULO 871. <PRINCIPIO DE BUENA FE>. Los contratos deberán celebrarse y ejecutarse
de buena fe y, en consecuencia, obligarán no sólo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo
lo que corresponda a la naturaleza de los mismos, según la ley, la costumbre o la equidad natural.”
“ARTICULO 1603. <EJECUCION DE BUENA FE>. Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y
por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan
precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por ley pertenecen a ella.”
10
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• Artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), toda vez que es en éste, donde se
consagra la debida oportunidad del contratista de presentar sus
reclamaciones y demandas, bien sea ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo o bien sea ante la Justicia Arbitral, y en “NINGUNO se
establece la existencia previa de salvedades o reclamaciones anteriores para la
consecución y análisis de las pretensiones de la demanda”.
En este punto destacó que, las normas procesales son de orden público y
por ende deben ser acatadas por todas las autoridades del país, entiéndase
judicial o administrativa.
(iii) Desconocimiento del precedente judicial. Luego de exponer el marco
conceptual del mismo, adujó que el Tribunal de Arbitramento para despachar
desfavorablemente las pretensiones formuladas por el consorcio en el marco del
trámite arbitral acudió a jurisprudencia5 que señala una postura distinta a la
vigente.
Aseveró igualmente que, el tribunal soportó su teoría en la sentencia del 19 de
junio de 2020 (Rad. No. 40.289); pero manipuló dicha jurisprudencia, pues
únicamente utilizó los apartes que resultaban acordes a su decisión, sin abordar lo
que concluye la misma; para sustentar su dicho transcribió aquello que a su juicio,
si atiende sus intereses y que fue omitido por la autoridad accionada, así:
“Debe precisarse, no obstante, que la ausencia de salvedades o reclamaciones
en los documentos suscritos por las partes durante la vigencia del contrato
no impide, per se, su estudio de fondo. La ausencia de salvedades no
constituye argumento suficiente para desechar de plano todas las
pretensiones, siempre y cuando se demuestre con fundamentos que las
mismas no fueron resueltas por las partes conforme con lo establecido en el
inciso segundo del artículo 27 de la Ley 80 de 1993 y que la actuación del
demandante no constituyó una vulneración de la buena fe y lealtad con la que
se debe actuar en la actividad contractual.
A contrario sensu, lo que justifica la denegatoria de tales pretensiones es el hecho
de que en las actas u otrosíes suscritos por las partes ya se hayan
solucionado las reclamaciones manifestadas por el contratista.
La Sala debe concentrarse en determinar conforme con lo probado en el proceso si
las reclamaciones económicas del demandante se sustentaron en situaciones no
resueltas con la suscripción de las diferentes actas u otrosíes al contrato y que las
5
Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 8 de febrero de 2017 (Rad.
No. 54.614). C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; Consejo de Estado. Sección Tercera.
Subsección B. Sentencia del 29 de noviembre de 2017 (Rad. No. 33.613). C.P. Ramiro Pazos
Guerrero: Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 18 de mayo de 2017
(Rad. No. 44.286). C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; Consejo de Estado. Sección Tercera.
Subsección C. Sentencia del 29 de enero de 2018 (Rad. No. 52.666). C.P. Jaime Orlando
Santofimio Gamboa; Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia del 31 de
agosto de 2011 (Rad. No. 18.080). C.P. Ruth Stella Correa Palacio; Consejo de Estado. Sección
Tercera. Subsección A. Sentencia del 19 de junio de 2020 (Rad. No. 25000232600020020179002).
C.P. María Adriana Marín; Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 6 de
febrero de 2020 (Rad. No. 63.123). C.P. Martha Nubia Velásquez.
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mismas representaron una alteración grave de las condiciones económicas del
mismo.”6 (Resaltado y negrillas fuera del texto).
Del aparte jurisprudencial concluyó que era claro que por la ausencia de
salvedades o reclamaciones no se puede impedir el estudio de fondo de la
controversia y lo que debe analizarse es si las partes, con la suscripción de los
documentos modificatorios, solucionaron las reclamaciones manifestadas por el
contratista, situación que no se presentó en su caso.
De otra parte, fundó dicho defecto en el desconocimiento de la sentencia del 20 de
noviembre de 2020 (Rad. No. 38.097) de la cual destacó:
“La buena fe, entonces, no habilita la juez para, vía jurisprudencia, crear
“requisitos de procedibilidad” o, a la manera de presupuestos procesales
para dictar sentencia de mérito, implantar exigencias generales y
abstractas, no establecidas en la ley (art 17 CC), que impidan estudiar el
fondo de los conflictos de la ejecución del contrato y, por ende escuchar a
las partes, valorar las pruebas y averiguar el alcance de las modificaciones
pactadas para determinar así, las responsabilidades que a cada una de
ellas les atañen. Si no se resuelve de fondo la controversia, so pretexto de un
silencio indeterminado derivado de la firma de acuerdos posteriores, se olvidaría
que el deber fundamental del juez del contrato es desentrañar la intención de las
partes y estudiar de fondo las pretensiones.
De manera que cuando se llegue a acuerdos durante su ejecución, el juez del
contrato debe resolver de fondo la controversia, aunque la parte no haya
elevado una reclamación específica o no haya formulado una salvedad. El
deber del juez, de acuerdo con las reglas de interpretación de los contratos, la
normas supletivas aplicables a los tipos contractuales contenidas en las reglas
civiles y comerciales y, por supuesto, la ejecución de buena fe del contrato, será
desentrañar, en cada caso, cuál fue el acuerdo de las partes y su alcance y así
establecer si las partes pretendieron, con ese acuerdo, regular los asuntos cuya
reclamación ahora se le formula y los términos de esa regulación.”7 (Resaltado
fuera del texto).
Todo lo anterior para sintetizar que, como deviene de la argumentación del defecto
fáctico, en el presente asunto, previo a la suscripción de los documentos
Modificatorios, el CLL fue enfático en resaltar la existencia de perjuicios y
sobrecostos como consecuencia de la mayor permanencia en obra, por lo que “si
el Tribunal hubiera realizado el estudio del caso en concreto, como lo dictamina la
jurisprudencia, la decisión proferida hubiera sido diametralmente opuesta a la contenida
en el Laudo Arbitral del 22 de octubre de 2021 ”.
1.5. Trámite de la acción
Por auto de 11 de noviembre de 2021, el magistrado ponente ordenó remitir el
expediente de la referencia a la Sección Tercera del Consejo de Estado, de
6
Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 19 de junio de 2020 (Rad. No. 40.289). C.P.
María Adriana Marín.
7
Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 20 de noviembre de 2020
(Rad. No. 38.097). C.P. Guillermo Sánchez Luque.
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conformidad con las reglas de reparto contenidas en el Decreto 333 de 20218, toda
vez que, de la lectura del escrito de tutela se advirtió que la acción se dirigía
contra el laudo de 22 de octubre de 2021, proferido por el Tribunal de Arbitramento
de la Cámara de Comercio de Bogotá.
Por lo tanto, se consideró que la autoridad a la que, por reglas de reparto,
correspondía conocer del asunto de la referencia era aquella que conoce del
recurso de anulación, es decir, la Sección Tercera del Consejo de Estado, tal y
como lo dispone el artículo 139 del Acuerdo 080 de 201910.
No obstante, mediante auto de 23 de noviembre de 2021, la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Nicolás
Yepes Corrales ordenó la devolución del expediente, en atención a que “no puede
acudirse a las reglas de reparto para rechazar el conocimiento de una acción de tutela; y
que las materias que se distribuyen entre las diferentes secciones que integran el Consejo
de Estado no son un criterio para definir la competencia frente a la acción de tutela ”.
Mediante auto del 30 de noviembre de 2021, se admitió la demanda de tutela y se
dispuso notificar el auto admisorio a la parte actora y al Tribunal de Arbitramento
de la Cámara de Comercio de Bogotá, convocado para dirimir la controversia
suscitada entre el Consorcio La Línea y el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) con
ocasión a la ejecución del contrato de obra No. 806 de 2017, conformado por los
señores Camilo Calderón Rivera, Catalina Botero Marino y Néstor Osuna Patiño,
como autoridad accionada.
En la misma providencia, se ordenó en calidad de terceros con interés jurídico en
el resultado del proceso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del
Decreto Ley 2591 de 1991, la vinculación del Instituto Nacional de Vías (INVIAS)
[parte demandada en el laudo arbitral], y del Procurador 132 Judicial II Para Asuntos
Administrativos y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
8
El numeral 9 del artículo 1º del Decreto 333 de 2021, “Por el cual se modifican los artículos
2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector
Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela” dispone:
“ARTÍCULO 2.2.3.1.2.1. Reparto de la acción de tutela. Para los efectos previstos en el artículo 37
del Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con
jurisdicción donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o
donde se produjeren sus efectos, conforme a las siguientes reglas:
(…)
9. Las acciones de tutela dirigidas contra los Tribunales de Arbitraje serán repartidas, para
su conocimiento en primera instancia, a la autoridad judicial que conoce del recurso de
anulación.” (Negrillas fuera de texto).
9
ARTÍCULO 13.- DISTRIBUCIÓN DE LOS PROCESOS ENTRE LAS SECCIONES. Para efectos
de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se
distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo,
así:
(…)
Sección Tercera:
(…)
9. Los procesos de nulidad de los laudos arbitrales proferidos en conflictos originados en contratos
estatales.
10
Reglamento Interno del Consejo de Estado.
13
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1.6. Intervenciones
Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
contestaciones:
1.6.1 Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá
1.6.1.1 Informe presentado por Catalina Botero Marino y Néstor Iván Osuna
Patiño
Con escrito enviado el 6 de diciembre de 2021 al correo de la Secretaría General
del Consejo de Estado, los mencionados árbitros como miembros del Tribunal de
Arbitramento accionado presentaron el informe requerido en el cual solicitaron
declarar improcedente la acción de tutela por no satisfacer el requisito de la
subsidiariedad, sustentado en el recurso extraordinario de anulación consagrado
en el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012.
Señalaron que para que la acción de tutela prospere es necesario que no exista
otro recurso o que esta sea indispensable para evitar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable y trajeron a colación el siguiente aparte jurisprudencial de la Corte
Constitucional en sentencia SU-081 de 2020:
“El carácter subsidiario de la acción de tutela se manifiesta con especial
intensidad respecto de los laudos arbitrales, ya que el amparo solo procede
cuando se ha hecho uso de los recursos provistos por el ordenamiento jurídico
para asegurar su legalidad, ya sea a través del agotamiento de los medios de
defensa que brinda el proceso arbitral, o mediante los recursos extraordinarios de
impugnación, y a pesar de ello persiste la irregularidad que configura la
vulneración de un derecho fundamental, a menos que se invoque y se acredite la
existencia de un perjuicio irremediable.”
Luego concluyeron que la hipótesis del perjuicio irremediable no se daba en el
presente caso y que, por el contrario, las alegaciones de la demanda de tutela
permiten apreciar que, de ser ciertos los hechos allí narrados, se estaría ante dos
causales de anulación de laudos arbitrales contempladas en el artículo 41 de la
Ley 1563 de 2012.
De una parte, la causal 7ª referida a: “Haberse fallado en conciencia o equidad,
debiendo ser en derecho, siempre que esta circunstancia aparezca manifiesta en el
laudo”, puesto que “la accionante afirma que el Laudo Arbitral desconoció totalmente las
pruebas existentes en el proceso; señala que la decisión arbitral hizo caso omiso de la
legislación aplicable; y afirma, que dicha decisión desconoció el precedente del
Honorable Consejo de Estado. Esas afirmaciones conducirían, de ser ciertas, a la
constatación de que el laudo no estaría fundado en derecho ”, luego entonces, “todos
sus alegatos buscan persuadir al juez constitucional de que, de manera manifiesta, la
decisión de los árbitros no se fundó en las pruebas, las normas y el precedente aplicable,
es decir, que manifiestamente no se adoptó una decisión en derecho. Si esto fuera cierto,
la decisión habría incurrido en la causal de anulación antes mencionada y correspondería
al juez natural evaluar la solicitud. En efecto, tal y como se pone de presente incluso en la
jurisprudencia citada por la accionante, el Consejo de Estado ha considerado que la
decisión en conciencia es, entre otras cosas, aquella que “se aparta del marco jurídico”,
14
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que prescinde “totalmente del acervo probatorio o de las normas jurídicas”, es decir, todo
aquello por lo cual la accionante cuestiona la decisión arbitral de la referencia ”.
De otra parte, consideran que también procede el recurso de anulación invocando
la causal 9ª del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 que dispone “Haber recaído el
laudo sobre aspectos no sujetos a la decisión de los árbitros, haber concedido más de lo
pedido o no haber decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento ”, habida cuenta de
que “la alegada falta de valoración de las pruebas o la inaplicación de las normas que
regulan la materia, se traduce en que el Tribunal no habría decidido sobre todas las
cuestiones sujetas a arbitramento ”.
Con base en lo anterior enfatiza que de estudiarse la presente solicitud de
amparo, el juez de tutela tendría que revisar las cientos de pruebas, identificar la
forma como fueron valoradas por el tribunal en un laudo y “esta tarea
correspondería ciertamente al juez natural y para ello existe el recurso de anulación
mencionado destinado a salvaguardar el debido proceso frente a los presuntos defectos
alegados por la actora ”.
1.6.1.2 Informe presentado por el señor Camilo Calderón Rivera integrante
del Tribunal de Arbitramento
Como miembro del Tribunal de Arbitramento accionado rindió informe11 en el cual
solicitó declarar improcedente la presente acción de tutela al considerar que: (i) no
se cumple con el requisito de la subsidiariedad comoquiera que el consorcio
tutelante contó con otro mecanismo de defensa judicial idóneo, esto es, el recurso
extraordinario de anulación, consagrado en el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012,
y (ii) el juez de tutela no está habilitado para pronunciarse sobre el fondo de un
asunto sometido al trámite arbitral.
Adujo que, diferente a lo manifestado por la parte actora, los argumentos con los
cuales cimentó los defectos fáctico y sustantivo, en síntesis, se enmarcan en la
causal 9ª ibídem que señala “Haber recaído el laudo en aspectos no sujetos a la
decisión de los árbitros, haber concedido más de lo pedido o no haber decidido sobre
cuestiones sujetas al arbitramento ” (subrayas del escrito de contestación).
En el mismo sentido, manifestó que los supuestos vicios del laudo arbitral se
podrían enmarcar en una violación al principio de congruencia, ya que según el
consorcio tutelante se tomó una decisión que desconoció lo efectivamente
demostrado en el proceso, enmarcándose tal supuesto en la causal 8ª del artículo
41 de la Ley 1563 de 2012, en la medida que la decisión arbitral tendría
disposiciones contradictorias.
Aclaró que es el juez del recurso de anulación quien puede llegar a determinar si
el laudo se expidió ajustado a derecho y sin vicio alguno; transcribió apartes de la
sentencia del Consejo de Estado de 19 de junio de 2020, con ponencia de la
doctora Marta Nubia Velásquez Rico, Rad: 11001031500020190508301 para
destacar que el juez de la anulación tiene la competencia para estudiar si se
11
Mediante correo electrónico enviado el 6 de diciembre de 2021 a la Secretaría General del
Consejo de Estado.
15
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realizó un debido análisis probatorio, que es aquello que en resumen reprocha la
parte actora.
Recapituló sus argumentos de improcedencia en el sentido de resaltar que los
argumentos de la tutela se enmarcan en las causales 8ª y 9ª del artículo 41 de la
Ley 1563 de 2012 y, lo que se pretende es que “ el juez de tutela se pronuncie sobre
el fondo del asunto, es decir, crear una segunda instancia que no está contemplada ni
permitida en la Ley”.
Finalmente, explicó que no se incurrió en ninguno de los defectos alegados
comoquiera que se valoró en debida forma las pruebas allegadas, se aplicó el
precedente judicial que rige la materia y tampoco se desconoció el artículo 27 de
la Ley 80 de 1993 porque las pretensiones de la demanda arbitral no se dirigieron
a declarar un desequilibrio contractual, sino que el INVIAS no había dado
cumplimiento a las disposiciones contractuales respecto del reconocimiento de
una mayor permanencia en la obra.
1.6.2. Procuraduría 132 Judicial II Para Asuntos Administrativos
El representante del Ministerio Público, con escrito radicado el 6 de diciembre
2021, adujo que si bien no comparte la decisión adoptada en el laudo arbitral en
cuanto a los efectos que se pretenden derivar del silencio de las partes al
momento de la celebración de modificaciones contractuales, reconoce que el
asunto sometido al tribunal de arbitramento no es pacífico y que actualmente no
existe jurisprudencia unificada por parte del Consejo de Estado.
Aseveró que las dicotómicas posiciones jurisprudenciales sobre la materia
evidencian, tanto la falta o ausencia de una regulación normativa expresa y clara
en la materia, así como la imposibilidad de alegar una violación del precedente.
En relación con lo anterior, puso de presente que la misma sentencia referida
tanto en el laudo como en la acción de tutela, evidencia la existencia de diversas
posiciones al interior de la Sección Tercera del Consejo de Estado e, incluso, de
sus mismas subsecciones12. Al punto destacó que, en dicha providencia se
señaló:
“10. Esta Subsección ha sostenido que toda reclamación o salvedad relativa al
equilibrio económico del contrato al momento de suscribir las suspensiones,
adiciones o prórrogas del plazo contractual, contratos adicionales, otrosíes, etc.,
supone que quien esté afectado con la alteración de las condiciones económicas
del contrato no solo consigne en el acta o documento respectivo la reclamación o
salvedad sino, también, que exprese de forma clara y expresa cuáles son las
condiciones o circunstancias que en la ejecución están afectando la economía del
contrato y en qué forma. Este criterio se apoya en una interpretación del artículo 27
de la Ley 80 de 1993 y del principio de la buena fe objetiva”.
Posteriormente, sin embargo, precisó:
12
Sentencia de 20 de noviembre de 2020 del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C,
Exp: 38097.
16
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(...) la Sala estima necesario volver a estudiar el asunto, con el fin de analizar con
mayor detenimiento cuál es el efecto que produce la firma de acuerdos entre las
partes durante la ejecución del contrato.” (Se destaca)
Aseguro que, de hecho, existen sentencias de la misma Subsección C que
sustentan el criterio opuesto, esto es, que son necesarias las salvedades o
advertencias del contratante al momento de realizar modificaciones contractuales
para abrir paso a futuras reclamaciones, tales como las sentencias del 24 de abril
de 2017 y del 29 de enero de 2018, expedientes 55836 y 52666, respectivamente.
Todo lo anterior para destacar que, en todo caso, al revisar la posición asumida
por el tribunal arbitral, resulta ser razonable dado el estado actual de cosas,
supondría, además, afectar la voluntad de las partes en el sentido de desplazar la
justicia estatal por la arbitral, en cuyo refugió consideraron las partes igual o mayor
protección a sus derechos.
Por lo anterior concluyó que “Bajo tal temperamento jurisprudencial, mal puede la
tutelante asegurar que ha visto afectados sus derechos fundamentales por un defecto
material o sustantivo o por violación del precedente, pues, por una parte, ninguna de las
disposiciones cuya omisión alega previenen las consecuencias normativas buscadas en la
acción de tutela y, por otra parte, no existe jurisprudencia univoca sobre la materia objeto
de análisis por el tribunal arbitral, tal como lo indica CLL en su acción de tutela ”.
De otra parte, en relación con el cargo relativo al defecto fáctico, el procurador
puso de presente que el tribunal arbitral no cifró su decisión, exclusivamente, en el
silencio del consorcio La Línea sobre posibles alteraciones en la economía del
contrato. En este sentido, destacó que el tribunal también expreso, por ejemplo:
“En ese sentido, la causa que originó las prórrogas fue algo que el INVÍAS puso
de presente al contratista desde la etapa precontractual, es decir, que la
convocante tuvo conocimiento de tales circunstancias incluso desde el momento
en que estaba formulando su propuesta, y aun así fue la voluntad de las partes
suscribir el contrato de obra bajo esas condiciones.
(…)
La convocante no puede beneficiarse de su propia culpa consistente en el
desconocimiento del deber de planeación, lo cual hace que la causa de las
prórrogas no le sea extraña a su voluntad y, en razón a las renuncias que de
manera libre y expresa consignó en las modificaciones 1 y 2 y en el Adicional 1,
así como por la ausencia de reparo alguno por mayor permanencia en el
denominado Adicional No. 2- Modificación No. 4”.
Asimismo destacó que el tribunal arbitral consideró que la entonces convocante no
acreditó el nexo causal entre los rubros reclamados y la mayor permanencia en
obra alegada y, por lo mismo, no acreditó el daño cuyo reconocimiento perseguía
en las pretensiones de condena. Para estos efectos, acogió integralmente el
concepto que, sobre ese particular, presentó el Ministerio Público y, con tal
sustentó consideró improcedente las pretensiones de condena formuladas por la
convocante.
En suma, la procuraduría judicial no observa procedente acoger la peticiones de
amparo deprecadas por el consorcio La Línea.
17
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1.6.3. El INVIAS y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, a pesar
de ser notificados en debida forma, guardaron silencio en esta instancia.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de tutela
presentada por el Consorcio La Línea contra el Tribunal de Arbitramento de la
Cámara de Comercio de Bogotá, de conformidad con lo establecido en el Decreto
1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019,
artículo 25, de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si, en el caso concreto, se presenta una
vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, por
parte del Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá, con
ocasión del laudo arbitral proferido el 22 de octubre de 2021, a través del cual se
resolvieron las controversias suscitadas entre el consorcio La Línea (CLL) y el
Instituto Nacional de Vías (INVIAS) en la ejecución del contrato de obra No. 806
de 2017.
Para el efecto se estudiará i) la acción de tutela contra providencias judiciales; ii)
naturaleza jurídica del laudo arbitral; iii) estudio de los requisitos de procedibilidad
adjetiva y, de encontrase superados; iv) el análisis del caso concreto.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 201213
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas
Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el
tema14.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales15.
13 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
14 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena
antes reseñada.
15 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia”.
18
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Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el
momento jurisprudencialmente”.
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201416, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Naturaleza jurídica del laudo arbitral
El artículo 116 de la Constitución Política establece que los particulares pueden
ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición
de árbitros habilitados por las partes.
La Corte Constitucional ha reiterado que “no obstante sus características especiales,
atinentes a su naturaleza voluntaria y transitoria, la justicia arbitral constituye en realidad
una modalidad constitucionalmente legítima de administración de justicia y, por tanto, más
allá de sus diferencias evidentes con la justicia estatal, las providencias que se emitan por
aquella están también amparadas, en principio, por la intangibilidad que se deriva de los
principios de cosa juzgada, seguridad jurídica y autonomía judicial .”17
De las normas y jurisprudencia referidas se desprende la naturaleza jurisdiccional
del proceso arbitral, en virtud de la cual el laudo tiene la esencia y características
propias de las providencias judiciales, que gozan de la doble presunción de
legalidad y acierto, por lo que corresponde abordar el análisis de cara a los
requisitos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
2.5. Análisis de los requisitos adjetivos de procedibilidad
2.5.1. Sobre el particular, la Sala destaca que este asunto es relevante
constitucionalmente pues, conforme con los argumentos esgrimidos en el escrito
de tutela, se trata de la presunta lesión de los derechos fundamentales al debido
proceso y a la igualdad, ante la posible configuración de los defectos fáctico,
sustantivo y desconocimiento del precedente.
En tales condiciones, se observa que existen suficientes motivos para resolver de
fondo los reparos expuestos por la parte tutelante ante la notoria tensión entre los
derechos fundamentales invocados y la decisión arbitral objeto de reproche, por lo
que la Sala superará esta causal, y pasará a verificar si se cumplen los demás
presupuestos generales de procedibilidad.
2.5.2. De igual manera, en el presente asunto se cumple el requisito de
inmediatez pues la decisión en cuestión se profirió el 22 de octubre de 2021 y
16 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
17
Corte Constitucional, T.225 de 2010. M.P. Dr. Mauricio González Cuervo.
19
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quedó ejecutoriada el 29 de octubre siguiente, mientras que la acción de tutela fue
radicada el 5 de noviembre del mismo año, es decir, dentro de los seis meses que
esta Sección considera como plazo prudencial para acudir a esta instancia
constitucional.
Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 18, en la
que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó
los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200519,
para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencias
judiciales y reiteró que seis (6) meses es el término prudente para acudir y solicitar
el amparo de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con estas.
2.5.3. Asimismo, se establece que la acción de tutela de la referencia no se
dirige contra una de la misma naturaleza, puesto que la solicitud de amparo no
se dirige a cuestionar una decisión dictada de una acción de tutela, sino que las
censuras se dirigen contra la proferida por el Tribunal de Arbitramento de la
Cámara de Comercio de Bogotá constituida para dirimir el conflicto suscitado entre
entre el Consorcio La Línea y el Instituto Nacional de Vías con ocasión a la
ejecución del contrato de obra No. 806 de 201, suscrito por las partes el 19 de julio
de 2017.
2.5.4. Respecto al agotamiento de todos los medios de defensa judicial, la
Sala advierte que los cargos invocados al ser dirigidos contra un laudo arbitral
implican examinar la procedencia del recurso de anulación como medio eficaz de
protección de derechos como el debido proceso y a la igualdad, lo que se hará a
la luz de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de esta Corporación.
El legislador consagró el recurso de anulación como instrumento de impugnación
de laudos arbitrales. Es así como, cuando ellos han sido convocados para dirimir
conflictos originados en contratos estatales, como en el caso que ocupa la
atención de la Sala, al ser lo debatido el incumplimiento del contrato de obra No.
806 de 2017, el artículo 40 de la Ley 1563 de 2012, lo consagra, en los siguientes
términos:
“Contra el laudo arbitral procede el recurso extraordinario de anulación, que
deberá interponerse debidamente sustentado, ante el tribunal arbitral, con
indicación de las causales invocadas, dentro de los treinta (30) días
siguientes a su notificación o la de la providencia que resuelva sobre su
aclaración, corrección o adición”.
Por su parte, las causales de anulación, están consagradas en el artículo 41 de la
ley en cita, destacándose que este mecanismo, a diferencia de los medios
ordinarios de impugnación, como el recurso de apelación, procede para proteger
18
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
19
“c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en
un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario,
esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como
mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.”
20
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el derecho constitucional de defensa, por errores en el trámite arbitral que
constituyan vicios procesales, por violación del principio de la congruencia, por
errores aritméticos o por decisiones contradictorias20.
Ante la existencia del recurso extraordinario de anulación, el tema de la
procedencia de la acción de tutela contra las laudos arbitrales ha sido
ampliamente debatido por la Corte Constitucional, entre otras, en la sentencia T-
972 de 2007, en la que se resolvió sobre una acción de tutela promovida contra un
laudo arbitral en el que el tutelante no había interpuesto el recurso de anulación,
oportunidad en la cual se consideró que la idoneidad de este recurso debe
analizarse en cada caso, “ya que puede prosperar únicamente por las causales
previstas en la ley y que se relacionan con asuntos estrictamente procesales .”
La Corte ha venido fijando los lineamientos para la procedencia de la acción de
tutela contra laudo arbitral, en especial en la sentencia de unificación de
jurisprudencia SU-033 de 201821, en la que se reiteraron las consideraciones
expuestas en la sentencia SU-500 de 201522, al advertir que el carácter especial
de la justicia arbitral implica que se deba hacer un examen de procedibilidad -tanto
de los requisitos generales, como especiales-, más riguroso que aquel a realizar
en las tutelas contra providencia judicial, por tratarse de “un escenario en el cual se
ha expresado la voluntad de las partes de apartarse de la jurisdicción ordinaria y
someterse a la decisión que adopte un tribunal de arbitramento”.23
En ese mismo fallo, la Corte consideró que si la excepcionalidad y taxatividad de
las causales restringe el análisis de los recursos mencionados al aspecto
meramente procesal, con el fin de que en todo momento se respete la voluntad de
las partes, quienes han pactado que su controversia sea resuelta por la justicia
arbitral, con mayor razón, la procedibilidad frente al procedimiento de tutela se
hace más restringido todavía, en consideración a que “cualquier intervención de una
jurisdicción exógena resulta, en principio, ajena a la voluntad de las partes y excepcional
frente a la obligatoriedad del fallo arbitral ”.24
En virtud de lo expuesto, es claro que solo es posible entender superado el
requisito de subsidiariedad cuando: i) se han agotado los recursos previstos por el
20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B.
Sentencia de del 12 de mayo de 2011, M. P. Stella Conto Díaz del Castillo
21
Corte Constitucional, M.P. Alberto Rojas Ríos
22
A su vez reiteró el contenido de la sentencia SU- 174 de 2007 en la que la Corte fue enfática en
reafirmar que el carácter excepcional de la acción de tutela contra laudos arbitrales exige tener en
cuenta el respeto por: “(i) La estabilidad jurídica de los laudos arbitrales; (ii) el carácter excepcional
y transitorio de la resolución de conflictos mediante el arbitraje; (iii) la voluntad de las partes de
someter sus controversias a un particular específicamente habilitado para ello y no a los jueces
estatales y (iv) el margen de decisión autónoma de los árbitros, que no debe ser invadido por el
juez de tutela y le impide a éste, pronunciarse directamente sobre el fondo del asunto sometido a
arbitramento”.
23
Sobre este tema, se consideró que la decisión de las partes de marginarse de la justicia ordinaria
constituye un elemento esencial que implica procurar al máximo la permanencia de la decisión
adoptada por la jurisdicción arbitral, la cual no debe condicionarse a una posterior ratificación o
cuestionamiento por parte de la jurisdicción a la cual las partes expresamente renunciaron. En
palabras de esta Corporación: “(…) acudir a la justicia arbitral implica una derogación específica,
excepcional y transitoria de la administración de justicia estatal, derivada de la voluntad de las
partes en un conflicto transigible”.
24
Ob.Cit. cita 62.
21
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ordenamiento jurídico para controlar los laudos, y a pesar de ello persiste la vía de
hecho, mediante la cual se configura la vulneración de un derecho fundamental, y
ii) respecto de las aquellas materias que se encuentren excluidas de ese recurso,
esto es, que no encuadran en alguna de las causales consagradas en el artículo
41 de la Ley 1563 de 2012.
En los dos eventos señalados, la acción de tutela no puede convertirse en una
instancia adicional y la actuación del juez de tutela se limita a examinar las
posibles vulneraciones directas a los derechos fundamentales. Es decir, que la
actuación del juez de amparo debe restringirse a determinar si el derecho al
debido proceso se ha protegido en la sentencia de anulación, guardando distancia
con los aspectos concretos del laudo. En palabras de la Corte: “(…) la sede de
tutela no puede convertirse en un nuevo espacio procesal para reexaminar las cuestiones
jurídicas y fácticas que fueron objeto del proceso arbitral .”
En consecuencia, considera la Sección que en los casos excepcionalísimos en
donde pudiera ser viable la acción de tutela contra un laudo arbitral, lo primero que
ha de determinarse es la idoneidad y eficacia del recurso de anulación, que de
encontrarse acreditada se debe declarar improcedente por la existencia de otro
mecanismo de defensa judicial en los términos del artículo 6º del Decreto 2591 de
1991, salvo que se demuestre la existencia de un perjuicio irremediable.
Para esta verificación se debe precisar que no puede el juez de tutela ahondar en
el contenido de las causales de anulación, por ello, el análisis del alcance del
recurso de anulación es general y se realiza bajo la regla de que es un medio
eficaz para cuestionar los asuntos allí cobijados.
Bajo ese orden, la Sala observa que los cargos presentados por el Consorcio La
Línea, esto es, los defectos fáctico, sustantivo, y desconocimiento del precedente,
describen reproches referidos a la indebida valoración de las pruebas, el
apartamiento de la ley imperativa supuestamente aplicable al caso concreto, (artículo
27 de la Ley 80 de 1993, artículos 871 del Código de Comercio, 1603 del Código
Civil y 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo), la manipulación de algunas citas jurisprudenciales para apartarse de
lo que, a su juicio, constituye el precedente aplicable y que se acompasa a sus
intereses, todo lo cual, de ser probado, podría enmarcarse en las causales del
recurso extraordinario de anulación, como la referida a proferir fallo en conciencia o
equidad, debiendo ser en derecho, (causal 7ª del artículo 41 de la Ley 1563 de
2012), amén de que, si se le diera una interpretación sobre el cuestionamiento de la
valoración probatoria, que es el eje central de la acción de tutela y que emerge de
manera directa en el sustento de los demás reproches, la tutela no resulta el medio
idóneo para rebatir un análisis de las pruebas.
Nótese de lo descrito en los antecedentes de la tutela que, en la exposición de los
fundamentos, el consorcio realiza aseveraciones como: “los árbitros, desconocieron
las pruebas documentales practicadas en el trámite arbitral, y precisamente por el
desconocimiento de lo que emerge con claridad de dichas pruebas, decidió sin mayor
reparo, que el Contratista no había efectuado salvedades en los documentos
modificatorios del Contrato de Obra 806 de 2017, calificando su actuar de incoherente y
constitutivo de mala fe ”; que el tribunal acomodó la realidad procesal que emana de
22
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la prueba documental obrante en el expediente, en la cual se evidenció que las
renuncias de los modificatorios 1 y 2, únicamente comprendían el objeto de los
mismos, consistente en la entrega de estudios e informes en las fechas allí
expresamente establecidas; que en el Laudo se evidencia la errónea e injustificada
interpretación, pero sobre todo “sin ningún soporte probatorio”; igualmente, aseguró
“en lo que refiere al defecto fáctico, se encuentran varios aspectos en los que el Tribunal
desconoce groseramente el contenido de las pruebas ”, circunstancias que determinan
que a critero del CLL no se produjo un fallo en derecho.
Con todo, se advierte igualmente que el debido proceso también fue protegido en el
recurso de anulación y no corresponde a la parte actora escoger o clasificar un
mecanismo como pertinente o no a través del alcance de los argumentos sobre la
valoración de la prueba o la interpretación de la ley y jurisprudencia.
Como consecuencia, la Sección debe concluir que la lectura y análisis de los cargos
presentados por el consorcio tutelante no permite considerar que en el sub examine
se superó el requisito de la subsidiariedad.
Finalmente, sobre la materia valga traer a colación el estudio que sobre el requisito
de la subsidiariedad en tutela contra laudo arbitral, realizó la Corte Constitucional en
sentencia T-131 de 2021, M.P. Magistrada ponente: Cristina Pardo Schlesinger en la
cual señaló:
“2.5.2. Incumplimiento del requisito general de subsidiariedad
La acción de tutela incoada por Reficar SAS contra el laudo arbitral no satisface el
requisito general de subsidiariedad, por las razones que se explican a continuación.
En el escrito de solicitud de amparo, Reficar SAS precisó que no instauró el recurso
extraordinario de anulación contra el laudo arbitral, antes de acudir a la acción de tutela.
Justificó esta omisión en que los supuestos defectos fáctico y sustantivo en que incurrió
ese fallo no encuadran en ninguna de las causales de procedencia del mencionado
recurso. Particularmente, sobre la causal séptima relativa a «[h]aberse fallado [el laudo
arbitral] en conciencia o equidad, debiendo ser en derecho», argumentó que esta no es
procedente en el presente caso. Lo anterior, pues la acción de tutela está encaminada a
controvertir «la valoración manifiestamente irrazonable de algunos elementos de prueba
determinantes para la resolución del caso, o la aplicación manifiestamente irrazonable de
las normas que debían regir el caso»
La Sala constata que la «valoración manifiestamente irrazonable» de las cláusulas cuarta
y sexta del Contrato y «la aplicación manifiestamente irrazonable» de las normas
correspondientes, a la que se refiere Reficar SAS, se sustenta, en el fondo, en la
comprensión que hace la entidad sobre el fundamento de la decisión adoptada por el
Tribunal. En varios apartados de la acción de tutela, Reficar SAS mencionó que el Tribunal
falló al margen de las pruebas aportadas, en particular, del Contrato, y que, por
tanto, construyó o creó un plazo para el cumplimiento de las obligaciones que no existía en
el Contrato. El resultado de esta creación, dijo esa entidad, fue, justamente, la condena al
pago de intereses moratorios desde el momento en que se debió liquidar el Contrato de
manera bilateral.
Para demostrar esta situación, enseguida se transcriben in extenso los argumentos de
Reficar SAS:«Al inicio de este cargo [defecto fáctico] se dijo que fallar al margen de la
prueba implica fallar al margen de los hechos. En este caso, al apartarse de la prueba que
contenía los términos claros y expresos sobre la obligación condicional de pagar el 10%
final del valor del Contrato, el Tribunal construyó en el laudo un “plazo” que no existía, y
dentro del cual consideró —ex post— que debía haberse pagado la obligación aludida.
(…)
23
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En relación con la supuesta configuración del defecto sustantivo, en su acción de tutela,
Reficar SAS explicó:«Según fue expuesto en el acápite correspondiente al defecto fáctico,
el Tribunal confundió e igualó dos obligaciones distintas: la obligación bilateral de concurrir
a la liquidación y la obligación a cargo de REFINERÍA DE CARTAGENA de pagar el 10%
final del Contrato, para deducir, al margen de la prueba y de los hechos, que esta última
obligación estaba sujeta al mismo plazo que la primera.
De suyo, la confusión de las dos obligaciones no se limitó a una interpretación
manifiestamente equivocada del Contrato —que expresamente las definía como dos
obligaciones diferentes, en dos cláusulas diferentes—, sino que implicó un grave error
jurídico-sustancial.
(…)
Las referencias a la creación o construcción de un plazo por parte del Tribunal para
condenar a Reficar SAS al pago de intereses de mora desde el momento en que debió
liquidarse el contrato no son un tema secundario en la acción de tutela. Aquellas se
repiten, al menos, en las páginas 23 y 31 del escrito. Tampoco lo es la mención a la
presunta falta de aplicación de las normas que rigen la materia. La misma se reitera en las
páginas 34, 38 y 39. De hecho, para fundamentar la supuesta vulneración de sus derecho
a la igualdad ante la ley, en la página 45 de la tutela Reficar SAS expresó: «la inaplicación
injustificada en casos concretos de las normas generales y abstractas que gobiernan los
hechos sometidos a conocimiento de un juez conlleva la directa violación del principio
constitucional de igualdad, dado que la Constitución NO tolera que una norma deje de ser
aplicada a un caso concreto por mera discrecionalidad de un determinado juez» (negrilla
fuera del texto).
Para la Sala es claro que la supuesta decisión del caso al margen de las pruebas
aportadas al proceso y sin consideración de las normas que gobiernan la materia,
en los términos propuestos por la accionante, son dos situaciones que
perfectamente pueden subsumirse en la causal séptima del recurso extraordinario
de anulación. Ya se dijo que esta causal habilita la procedencia de dicho recurso cuando
el laudo arbitral se falló en conciencia o equidad, debiendo ser fallado en derecho. De
conformidad con el fundamento jurídico 2.3.1. de esta sentencia, un laudo arbitral en
conciencia es aquel que i) no lleva a cabo un razonamiento soportado en el ordenamiento
jurídico vigente, entre otras razones, porque apela a la mera invocación de una norma que
carece de total incidencia respecto de las consideraciones de la decisión; o ii) decide el
caso con pretermisión de las pruebas que obran en el proceso.
A pesar de lo anterior, la entidad se abstuvo de interponer el recurso extraordinario
de anulación contra el laudo arbitral que ahora cuestiona en sede de tutela. De ahí
que solo reste concluir que la acción de tutela incumple el requisito de
subsidiariedad, por cuanto Reficar SAS omitió el agotamiento del medio de defensa
judicial dispuesto por el Legislador para atacar el laudo arbitral. En el caso concreto,
este medio era idóneo y eficaz porque, como se explicó, los presuntos defectos en
que el laudo incurrió eran subsumibles en la causal séptima de dicho recurso.
Ahora bien, en las consideraciones de esta sentencia se advirtió que en virtud de lo
dispuesto en el artículo 86 superior, la acción de tutela puede ser concedida como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, mientras se resuelve el caso
en la vía ordinaria.
Sin embargo, en el presente caso no se observan circunstancias que evidencien la
configuración de un perjuicio irremediable que habilite la intervención del juez
constitucional. En efecto, no se probó la existencia de un peligro grave, cierto e inminente
sobre los derechos fundamentales de Reficar SAS, que requiera la adopción de «medidas
impostergables que lo neutralicen». De hecho, en la sección anterior se indicó que de
acuerdo con lo manifestado tanto por la entidad accionante como por los doctores Néstor
Osuna Patiño y Jorge Gabriel Taboada, miembros del Tribunal de Arbitramento, Reficar
SAS ya realizó el pago de la condena impuesta en el laudo arbitral.
Por lo anterior, la Sala concluye que la acción es improcedente por incumplimiento
del requisito de subsidiariedad y, por tanto, confirmará las sentencias de instancia
que así lo declararon”. (Resaltas fuera del texto original).
24
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Por último, cabe destacar que la parte actora no acreditó, nisiquiera alegó la
existencia de un perjuicio irremediable, no expuso argumentos sobre una
afectación grave e inminente de sus derechos de rango constitucional. Por su
parte, este juez tampoco lo encuentra acreditado en la actuación.
En suma, la Corte Constitucional y esta Sala han reiterado que la acción de tutela
no puede emplearse con el fin de reemplazar los procedimientos establecidos para
obtener la satisfacción de sus derechos, ni puede subsanar la incuria o negligencia
en hacer uso de ellos dentro de los términos previstos legalmente.
En efecto, la Corte Constitucional, en la sentencia T-472 de 2008, estableció:
“La acción de tutela tiene un carácter subsidiario y no fue instaurada para
remediar los errores en que incurren los ciudadanos en lo relacionado con la
defensa de sus derechos. Si se llegara a admitir la posición contraria, pasaría la
tutela a sustituir todos los demás medios judiciales y la jurisdicción constitucional
entraría a asumir responsabilidades que no le corresponden, todo ello en
detrimento de los demás órganos judiciales.”
En virtud de los razonamientos expuestos, considera la Sección Quinta del
Consejo de Estado que en el caso concreto la acción de tutela es improcedente
porque no se satisface el requisito adjetivo de procedibilidad referido a la
subsidiariedad.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela formulada por el
Consorcio La Línea contra el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio
de Bogotá, por no cumplir con el requisito de procedibilidad referido a la
subsidiariedad, conforme se expuso en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su
notificación, REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
25
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Radicado: 11001-03-15-000-2021-07533-00
(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081 ”
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