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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-07533-01

Fecha
7 de abril de 2022
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cueter

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-07533-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: 1º. Confírmase la sentencia de 27 de enero de 2022, mediante la cual el Consejo de Estado (sección quinta) declaró improcedente la acción de tutela 33 Numeral 1 del artículo 6.º del Decreto ley 2591 de 1991. 34 Artículo 86 de la Carta Política. 14 Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-07533-01 Actor: Consorcio La Línea instaurada por el Consorcio La Línea, por las razones expuestas en la motivación. 2º.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2021-07533-01

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter

7 de abril de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., siete (7) de abril de dos mil veintidós (2022)

Acción : Tutela
Expediente : 11001-03-15-000-2021-07533-011
Actor : Consorcio La Línea
Demandados : Árbitros2 del Tribunal de Arbitramento del Centro de
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá
Tema : Tutela contra laudo arbitral; derechos constitucionales
fundamentales al debido proceso e igualdad

Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por el demandante contra
la sentencia de 27 de enero de 20223, proferida por el Consejo de Estado
(sección quinta), que declaró improcedente la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1.1 La solicitud de amparo. El Consorcio La Línea, por conducto de
apoderada, presenta acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus
derechos constitucionales fundamentales al debido proceso e igualdad,
presuntamente quebrantados por las autoridades relacionadas en la referencia.

Como consecuencia de lo anterior, pide se deje sin efectos el laudo de 22 de
octubre de 2021, mediante el cual el Tribunal de Arbitramento del Centro de
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá negó las pretensiones de la
demanda arbitral instaurada contra el Instituto Nacional de Vías (Invías), por
el presunto incumplimiento del contrato de obra 806 de 19 de julio de 2017;
en su lugar, se ordene a las autoridades accionadas que emitan una nueva
decisión en la que reconozcan los perjuicios reclamados en dichas diligencias.

1.2 Hechos. Relata el accionante que el 24 de diciembre de 2008 el Invías
y la Unión Temporal Segundo Centenario celebraron el contrato de obra
3460, cuyo objeto consistía en la elaboración de estudios y diseños del
proyecto Cruce de la Cordillera Central y su construcción, en el cual se pactó
como fecha de entrega final el 30 de noviembre de 2016, día en el que el

1
Resulta oportuno precisar que las presentes diligencias reposan en el expediente digital contenido en la
herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.
2
Señores Catalina Botero Marino, Néstor Iván Osuna Patiño y Camilo Calderón Rivera, quienes dictaron en
su oportunidad el laudo aquí censurado.
3
El expediente de la referencia fue repartido, en segunda instancia, el 15 de marzo de 2022.

Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-07533-01
Actor: Consorcio La Línea

contratista había ejecutado apenas el 88% de las tareas acordadas.

Que el 28 de diciembre de 2016 el ente estatal contratante y la interventora
del negocio jurídico suscribieron el «acta de entrega y recibo», en la que se
especificaron tanto las intervenciones que se realizaron como las faltantes,
últimas sobre las cuales celebró con el Invías el contrato de obra 806 de 19 de
julio de 2017, con el propósito de culminarlas antes del 31 de julio de 2018,
plazo que el 30 de noviembre de 2017 y el 28 de marzo de 20184 se amplió,
en relación con el entrega de diseños, en razón a «unos hallazgos encontrados
por parte del consultor INGETEC»5, sin generarse adición al «valor [inicial]
y sobrecostos».

Dice que el 4 de diciembre de 2018 se pactó otra prórroga, en la que se
incrementaron los rubros destinados a estudios y diseños, y el 29 de los
mismos mes y año se acordó (i) extender el interregno de ejecución del
contrato hasta el 30 de noviembre de 2019, (ii) incrementar en
$118.823ʼ980.201 su valor, (iii) excluir algunas labores que no alcanzaban a
sufragarse con los recursos disponibles y (iv) una cláusula compromisoria.

Que (i) el 26 de junio de 2019 se aumentaron las obras que no era dable
ejecutar por falta de presupuesto, (ii) el 30 de noviembre siguiente finiquitó el
lapso fijado para la terminación de las respectivas intervenciones y (iii) el 4
de febrero de 2020 presentó demanda arbitral contra el Invías, en la que
deprecó el pago por los perjuicios que le causó «la permanencia en obra», es
decir, las obras que se realizaron en las prórrogas.

Sostiene que el 22 de octubre de 2021 el Tribunal de Arbitramento del Centro
de Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá (integrado por los
señores árbitros Catalina Botero Marino, Néstor Iván Osuna Patiño y Camilo
Calderón Rivera) desestimó las precitadas pretensiones, al considerar que los
aplazamientos en la entrega de la obra no involucraban el otorgamiento de
sumas de dinero adicionales, porque no fueron consignadas en los
correspondientes otrosíes, en los que, en cambio, sí se estipuló que renunciaba
a presentar reclamaciones que «tuvieran que ver con el mayor plazo
concedido para presentar informes de revisión de estudios y diseños».

Que el laudo censurado está incurso en defecto fáctico, en razón a que no

4
No se establece hasta qué fecha.
5
Omite determinar en qué consistieron.

2

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Actor: Consorcio La Línea

advirtió que las pruebas allegadas a las diligencias arbitrales demostraban que
las dos (2) primeras prórrogas del contrato 806 de 19 de julio de 2017
concernían a la entrega de «estudios e informes» (a los que se trasladaron
otros recursos del proyecto por incremento en los costos) y no a obras sobre
las que no se aumentó el término de ejecución. Asimismo, (i) no se tuvo en
cuenta que, a través de oficio CLL-INT-2051-18 de 21 de junio de 2018, le
comunicó al Invías que se reservaba el derecho a reclamar la reparación de los
perjuicios causados por las labores derivadas de la ampliación de los
interregnos, y (ii) la valoración de los elementos de convicción efectuada por
los señores árbitros demandados estuvo orientada a justificar su «subjetiva
opinión» y a desechar las súplicas de la demanda arbitral, pero no a decidir la
controversia de manera imparcial y en atención al ordenamiento jurídico.

Afirma que la decisión acusada también incurre en defecto sustantivo, habida
cuenta de que inobservó los artículos 27 de la Ley 80 de 1993, 871 del
Código de Comercio, 1603 del Código Civil y 164 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
los cuales prevén la facultad de los contratistas de consignar salvedades en
documentos atañederos a intervenciones adicionales a las pactadas en los
negocios jurídicos, con el fin de acceder a la reparación monetaria de
perjuicios que ellas ocasionen y así mantener o restablecer la ecuación
contractual.

Que la determinación arbitral atacada, de igual modo, involucra
desconocimiento del precedente, toda vez que desatendió el criterio
jurisprudencial vigente del Consejo de Estado6, según el cual la omisión de
establecer observaciones sobre el pago de obras que no fueron contempladas
inicialmente no impide pronunciarse de fondo sobre su reconocimiento, y
aunque las autoridades accionadas citaron algunos fallos de esta
Corporación7, los aplicaron de manera parcial.

Asevera que la acción de la referencia colma la exigencia de subsidiariedad,
comoquiera que el sistema normativo no establece otro mecanismo eficaz
para proteger los derechos constitucionales fundamentales invocados en la

6
Sección tercera, sentencias de: (i) 23 de octubre de 2020, C. P. José Roberto Sáchica Méndez, número
interno 45.190; (ii) 20 de noviembre siguiente, C. P. Guillermo Sánchez Luque, número interno 38.097; y
(iii) 7 de mayo de 2021, C. P. María Adriana Marín, número interno 43.055.
7
Sección tercera, fallos de: (i) 8 de febrero de 2017, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, número
interno 54.614; (ii) 29 de noviembre de esa anualidad, C. P. Ramiro Pazos Guerrero, número interno 33.613;
y (iii) 29 de enero de 2018, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, número interno 52.666, entre otros.

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Actor: Consorcio La Línea

solicitud de amparo, y aunque el laudo arbitral censurado es susceptible de ser
controvertido a través del recurso extraordinario de anulación, en él no es
dable plantear argumentos atañederos al fondo de la controversia, pues allí
solo es viable formular reproches relacionados con aspectos netamente
formales, tal como lo ha indicado el Consejo de Estado8. Además, aunque
podría pensarse que las aserciones expuestas en el escrito inicial atañen a la
causal de procedencia del mencionado recurso señalada en el numeral 7 del
artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, ellas no están encaminadas a demostrar
que la decisión enjuiciada carezca de fundamentos jurídicos o probatorios.

1.3 Contestaciones de la acción.

1.3.1 Los señores árbitros Catalina Botero Marino y Néstor Iván Osuna Patiño
piden declarar improcedente la presente tutela, al estimar que no satisface la
exigencia de procedibilidad de subsidiariedad, comoquiera que las
inconformidades expuestas por el actor configuran las causales previstas en
los numerales 7 y 9 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, por lo que debe
plantearlas en el recurso extraordinario de anulación, cuanto más si el análisis
de cientos de pruebas que practicaron es propia «del juez natural» y no del
constitucional.

Que el asunto debatido también carece de relevancia constitucional, por
cuanto el demandante pretende obtener un nuevo pronunciamiento sobre las
cuestiones jurídicas debatidas en el laudo censurado, es decir, que el juez de
tutela haga las veces de ad quem, lo que comporta un uso inadecuado de este
mecanismo judicial, máxime cuando no se evidencia la trasgresión de
garantías superiores. Asimismo, los argumentos expuestos en la solicitud de
amparo están encaminados a controvertir algunas razones por las que se
desestimaron las pretensiones de la demanda arbitral, pero existen otras que
no son atacadas y se ajustan al marco normativo, como la consistente en que
el actor no demostró los daños que pidió le fueran resarcidos.

Agregan que, en el eventual caso de que se concluya que esta acción resulta
procedente, debe negarse el amparo deprecado, habida cuenta de que en las
diligencias arbitrales el accionante no acreditó los perjuicios que pretendía le
fueran indemnizados y en el laudo se atendieron pronunciamientos del
Consejo de Estado relacionados con el pago de obras adicionales realizadas
8
Sección primera, sentencia de tutela de 11 de abril de 2019, C. P. Oswaldo Giraldo López, expediente
11001-03-15-000-2018-01610-01.

4

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Actor: Consorcio La Línea

por los contratistas, situación que impide atribuirle vulneración de derechos
constitucionales fundamentales.

Que las aseveraciones consignadas en el escrito de tutela distan de la
discusión del procedimiento arbitral, porque en este no se planteó la
afectación de la ecuación contractual ni los detrimentos derivados de ello,
sino que se centró en determinar el «reconocimiento de una mayor
permanencia en obra como resultado de la materialización de riesgos del
contrato».

1.3.2 El señor árbitro Camilo Calderón Rivera asevera que la acción de tutela
de la referencia no colma las exigencias de procedibilidad de subsidiariedad y
relevancia constitucional, puesto que el demandante (i) dispone del recurso
extraordinario de anulación para controvertir el laudo censurado ante la
jurisdicción contencioso-administrativa y (ii) la emplea con el propósito de
revivir una controversia desatada en debida forma.

Que la presentación de la solicitud de amparo por parte del actor contraría la
finalidad de la justicia arbitral, que es dirimir de manera expedita un litigio
sin tener que acudir al aparato jurisdiccional ordinario, máxime cuando los
argumentos empleados por aquel guardan similitud con los desestimados en la
decisión cuestionada. De igual modo, en el laudo reprochado se indicó que las
pretensiones del accionante se negaban en razón a que no se acreditaron los
daños reclamados, pero no, como él lo afirma, porque se haya omitido
consignar salvedades en los documentos contractuales sobre la ejecución de
obras adicionales.

1.3.3 El señor director del Invías, por conducto del señor subdirector de
defensa judicial del organismo que regenta9, afirma que este asunto no tiene
relevancia constitucional, por cuanto las consideraciones expuestas por las
autoridades accionadas en la determinación arbitral atacada atienden el
ordenamiento jurídico, en especial, los pronunciamientos del Consejo de
Estado sobre la concesión de sumas relacionadas con obras ejecutadas durante
«la mayor permanencia» de los negocios jurídicos.

Que de la lectura del laudo censurado se advierte que se analizaron
correctamente los elementos de convicción allegados a las diligencias

9
Vinculado en primera instancia, mediante auto de 30 de noviembre de 2021, al presente asunto
constitucional, en condición de tercero interesado.

5

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Actor: Consorcio La Línea

arbitrales, las normas que regulan el reconocimiento de agravios causados por
la ejecución de tareas adicionales y la jurisprudencia emitida sobre el
particular, situaciones de las que se infiere que las causales específicas
planteadas por el actor no concurren en el sub lite.

1.4 Providencia impugnada. El Consejo de Estado (sección quinta),
mediante sentencia de 27 de enero de 2022, declaró improcedente la acción de
tutela de la referencia, al considerar que si bien es cierto que el asunto
debatido goza de relevancia constitucional (porque se discute la presunta
transgresión de garantías superiores), también lo es que no colma la exigencia
de procedibilidad de subsidiariedad, toda vez que el demandante cuenta con la
posibilidad de controvertir el laudo cuestionado por conducto del recurso
extraordinario de anulación.

Que de los argumentos señalados en la solicitud de amparo se logra
determinar que pueden configurar la causal de procedibilidad del precitado
recurso contemplada en el numeral 7 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012,
pues la presunta indebida valoración probatoria y el supuesto
desconocimiento de normas sustanciales y del precedente, comportan una
decisión en «contra del derecho».

1.5 Impugnación. Inconforme con la anterior decisión, el tutelante la
impugnó, con fundamento en las mismas aseveraciones consignadas en el
escrito inicial, a las que agrega que los reproches formulados no configuran la
causal de procedencia del recurso extraordinario de anulación estipulada en el
numeral 7 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, porque el laudo atacado no
se apartó del sistema normativo o de los elementos probatorios adosados a las
diligencias arbitrales (requisito indispensable para que concurra, según la
jurisprudencia del Consejo de Estado10 y de la Corte Constitucional11), sino
que involucra una interpretación arbitraria de ellos, situación que no es dable
controvertir en el referido mecanismo, dado que al juez que lo conoce le está
vedado pronunciarse sobre el fondo del litigio.

Que en el fallo impugnado no se tuvo en cuenta que el lapso señalado en el
marco jurídico para formular el recurso extraordinario de anulación (30 días)

10
Sección tercera, fallos de: (i) 26 de abril de 2017, C. P. Ramiro Pazos Guerrero, número interno 55.852;
(ii) 29 de marzo de 2019, C. P. Guillermo Sánchez Luque, número interno 62.197; (iii) 3 de abril de 2020, C.
P. Alberto Montaña Plata, número interno 63.513; y (iv) 10 de septiembre siguiente, C. P. María Adriana
Marín, número interno 65.136.
11
Sentencia SU-173 de 2015, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

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Actor: Consorcio La Línea

ya expiró sin que lo hubiere presentado, situación de la que se infiere que la
tutela es el único instrumento judicial que tiene a su disposición para
salvaguardar sus derechos constitucionales fundamentales al debido proceso e
igualdad.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia. En virtud de los artículos 3212 del Decreto ley 2591 de
199113 y 2514 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 201915 expedido por la sala
plena del Consejo de Estado, esta subsección es competente para conocer de
la presente impugnación.

2.2 La acción. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de
la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992,
1382 de 2000 y 1983 de 2017, como mecanismo directo y expedito para la
protección de los derechos constitucionales fundamentales, permite a las
personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando quiera
que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

2.3 Problema jurídico. Se contrae a determinar si es dable a través de la
tutela, examinar el eventual quebranto de derechos de linaje constitucional
fundamental que pueda comportar el laudo de 22 de octubre de 2021, por
cuyo conducto el Tribunal de Arbitramento del Centro de Conciliación de la
Cámara de Comercio de Bogotá negó las pretensiones de la demanda arbitral
instaurada por el tutelante contra el Invías, relacionada con el contrato de obra
806 de 19 de julio de 2017; y, en caso afirmativo, si se han vulnerado las
garantías superiores al debido proceso e igualdad invocadas en la solicitud de
amparo.

12
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro
de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente […]».
13
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
14
«[…]
Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera y en segunda instancia se someterán
a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán
resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el
reparto.
[…]».
15
«Reglamento interno del Consejo de Estado».

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Actor: Consorcio La Línea

2.4 Requisito de subsidiariedad de la acción de tutela. El carácter
subsidiario de la acción de tutela hace referencia a que solo procede cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, sin embargo, no debe
perderse de vista que aunque el trámite de esta acción es preferente y sumario,
regido por los principios de publicidad, prevalencia del derecho sustancial,
economía, celeridad y eficacia, su carácter es eminentemente residual y
subsidiario, es decir, que únicamente procede en aquellos eventos en que no
exista un instrumento constitucional o legal diferente que permita solicitar
ante los jueces la protección de los derechos, salvo que se pretenda evitar la
causación de un perjuicio irremediable.

De acuerdo con la sentencia T-480 de 2011 de la Corte Constitucional16 y
ante la naturaleza eminentemente subsidiaria de la acción de tutela, es
menester que quien depreca el amparo de un derecho constitucional
fundamental haya agotado todos los mecanismos de defensa que el
ordenamiento jurídico pone a su disposición, previa la interposición de la
acción.

De lo anotado se puede concluir, entonces, que la acción de tutela no solo es
improcedente cuando el accionante aún cuenta (o contó) con otro medio de
defensa, sino también cuando este tiene (o tuvo) la posibilidad de acudir ante
las autoridades que presuntamente han quebrantado sus derechos
constitucionales fundamentales a efectos de solicitar de ellas una respuesta
favorable o la satisfacción de sus intereses.

De manera que la falta de diligencia del demandante, entendida como la
renuencia o el uso tardío de los medios ordinarios de defensa previstos en la
normativa legal, constituye una causal válida para declarar la improcedencia
de la acción constitucional frente al caso particular17.

La jurisprudencia constitucional ha dicho que la acción de tutela no resulta
procedente cuando el marco jurídico ofrece otro mecanismo para la
protección de los derechos, sin embargo, si el sistema normativo dispone de
otras herramientas jurídicas para el amparo de los derechos, estas deben ser
suficientemente eficaces para evitar la ocurrencia de un perjuicio

16
M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
17
En esos términos lo precisó la Corte Constitucional en sentencia T-375 de 2018, M. P. Gloria Stella Ortiz
Delgado.

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Actor: Consorcio La Línea

irremediable, pues de lo contrario la acción de tutela procede de manera
transitoria.

En otras palabras, si la situación fáctica es de tal gravedad que los recursos
ordinarios resultan ineficaces para defender los derechos fundamentales, el
juez de tutela debe adoptar las medidas necesarias que neutralicen las causas
de vulneración o amenaza con la finalidad de evitar un menoscabo o de hacer
cesar una violación a prerrogativas inalienables.

Ahora bien, el perjuicio se considera irremediable cuando concurren unas
circunstancias específicas que si bien deben ser valoradas en cada caso
concreto, deben hallarse presentes:

1) Que se produzca de manera cierta y evidente una amenaza sobre un
derecho fundamental.
2) Que de presentarse no exista forma de reparar el daño producido a ese
derecho.
3) Que su ocurrencia sea inminente.
4) Que resulte urgente la medida de protección para que el sujeto supere la
condición de amenaza en la que se encuentra.
5) Que la gravedad de los hechos sea de tal magnitud que haga evidente la
impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales18.

En consecuencia, cuando el caso bajo estudio reúna los supuestos anteriores
se hará necesaria la intervención del juez constitucional para el
restablecimiento de los derechos involucrados a través de medidas inmediatas
de protección, imponiéndose en este evento la tutela como mecanismo
transitorio mientras el juez competente decide de fondo la acción
correspondiente19.

Asimismo, la jurisprudencia constitucional20 ha precisado que el perjuicio
irremediable debe ser probado por la persona que lo alega, pues si bien no es
dable exigir el cumplimiento de una carga probatoria rigurosa en asuntos

18
Corte Constitucional, sentencia T-458 de 1994, M. P. Jorge Arango Mejía.
19
Consejo de Estado, sección segunda, sentencias AC-2010-00032 de 18 de marzo de 2010, y AC-2010-
01795-01 de 9 de diciembre de 2010.
20
Corte Constitucional, auto 164 de 21 de julio de 2011, M. P. María Victoria Calle Correa.

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donde se discute la violación de derechos fundamentales, el tutelante debe
demostrar al menos someramente los posibles perjuicios que se llegaren a
originar en los hechos que motivaron la presentación de la solicitud de
amparo, por cuanto al juez constitucional no le concierne probar las
circunstancias fácticas en que se fundamenta la acción de tutela, salvo que sea
evidente la inminencia del perjuicio.

2.5 Caso concreto. En el sub lite, en atención a lo expuesto en el escrito
inicial, la Sala evidencia que el actor controvierte el laudo de 22 de octubre de
2021, con el que el Tribunal de Arbitramento del Centro de Conciliación de la
Cámara de Comercio de Bogotá negó las pretensiones de la demanda arbitral
instaurada contra el Invías, al estimar que, a su juicio, incurre en (i) defecto
fáctico, por cuanto no advirtió que las pruebas allegadas a las diligencias
arbitrales acreditaban que las prórrogas del contrato de obra 806 de 19 de
julio de 2017 solo incluían la entrega de «estudios e informes», por lo que los
perjuicios causados por la ejecución de trabajos adicionales derivados de la
ampliación de los plazos debían indemnizarse; (ii) defecto sustantivo, en
razón a que desatendió los artículos 27 de la Ley 80 de 1993, 871 del Código
de Comercio, 1603 del Código Civil y 164 del CPACA; y (iii)
desconocimiento del precedente, dado que contrarió el criterio jurisprudencial
vigente del Consejo de Estado21, según el cual la falta de salvedades en los
documentos contractuales sobre el pago de intervenciones añadidas, no
impide pronunciarse de fondo sobre su otorgamiento.

Con la finalidad de determinar si la acción de tutela de la referencia colma o
no la exigencia de procedibilidad de subsidiariedad, cabe anotar que el
arbitraje es un mecanismo alternativo de solución de conflictos, en virtud del
cual las partes acuerdan que en caso de presentarse alguna controversia no
promoverán un proceso judicial con el propósito de dirimirla, sino que
designarán a terceros, denominados árbitros (que integran el tribunal de
arbitramento), para tal fin. A ese convenio el artículo 3º22 de la Ley 1563 de

21
Sección tercera, sentencias de: (i) 23 de octubre de 2020, C. P. José Roberto Sáchica Méndez, número
interno 45.190; (ii) 20 de noviembre siguiente, C. P. Guillermo Sánchez Luque, número interno 38.097; y
(iii) 7 de mayo de 2021, C. P. María Adriana Marín, número interno 43.055.
22
«El pacto arbitral es un negocio jurídico por virtud del cual las partes someten o se obligan a someter a
arbitraje controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas.
El pacto arbitral implica la renuncia de las partes a hacer valer sus pretensiones ante los jueces. El pacto
arbitral puede consistir en un compromiso o en una cláusula compromisoria.
[…]».

10

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Actor: Consorcio La Línea

201223 lo llama pacto arbitral y cuando se acuerda para contratos, debe
constar en una cláusula compromisoria24.

Asimismo, el laudo arbitral, que es la «[…] sentencia que profiere el tribunal
de arbitraje […]»25, puede ser en derecho, equidad o técnico, sin embargo, el
artículo 1º (inciso 3º) de la citada Ley consagra que «[e]n los tribunales en
que intervenga una entidad pública o quien desempeñe funciones
administrativas, si las controversias han surgido por causa o con ocasión de
la celebración, desarrollo, ejecución, interpretación, terminación y
liquidación de contratos estatales, incluyendo las consecuencias económicas
de los actos administrativos expedidos en ejercicio de facultades
excepcionales, el laudo deberá proferirse en derecho».

Ahora bien, el artículo 4026 de la Ley 1563 de 2012 instituye un mecanismo
judicial para controvertir laudos denominado recurso extraordinario de
anulación, cuya procedencia está condicionada a la configuración de alguna
de las causales expresamente estipuladas en el artículo 41 ibidem, dado que,
en principio, el juez que asume su conocimiento carece de competencia para
pronunciarse de fondo sobre el litigio ventilado en el trámite arbitral, por
cuanto su finalidad es «cuestionar asuntos de forma - errores in procedendo-
[…] los cuales se presentan cuando el juez, ya sea por error propio o de las
partes, se desvía o aparta de los medios señalados por el derecho procesal
para la dirección del juicio, al punto que con ese apartamiento se disminuyen
las garantías del contradictorio o se priva a las partes de una defensa plena
de sus derechos»27.

Efectuadas las anteriores precisiones jurídicas, en el asunto sub examine la
Sala evidencia que la acción de tutela de la referencia, como se determinó en
el fallo impugnado, no colma la exigencia de subsidiariedad, habida cuenta de
que el actor contaba con la posibilidad de atacar el laudo arbitral a través del
recurso extraordinario de anulación, pues los razonamientos expuestos en la
23
«Por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan otras
disposiciones».
24
Artículo 4º ibidem: «La cláusula compromisoria, podrá formar parte de un contrato o constar en
documento separado inequívocamente referido a él.
La cláusula compromisoria que se pacte en documento separado del contrato, para producir efectos
jurídicos deberá expresar el nombre de las partes e indicar en forma precisa el contrato a que se refiere».
25
Inciso 3º del artículo 1º de la Ley 1563 de 2012.
26
«Contra el laudo arbitral procede el recurso extraordinario de anulación, que deberá interponerse
debidamente sustentado, ante el tribunal arbitral, con indicación de las causales invocadas, dentro de los
treinta (30) días siguientes a su notificación o la de la providencia que resuelva sobre su aclaración,
corrección o adición […]».
27
Corte Constitucional, sentencia SU-173 de 2015, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

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Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-07533-01
Actor: Consorcio La Línea

solicitud de amparo comportan desatención de (i) los elementos de convicción
arrimados a las diligencias arbitrales, (ii) las normas que regulaban la
controversia desatada y (ii) los pronunciamientos del Consejo de Estado, es
decir, del ordenamiento jurídico, aspectos que constituyen lo que la
jurisprudencia constitucional denomina «apartamiento» del marco normativo,
lo cual era dable reprochar por medio del aludido recurso.

Por consiguiente, los dos (2) primeros argumentos planteados por el tutelante
involucran la causal de anulación señalada en el numeral 7 del artículo 4128 de
la Ley 1563 de 2012, tal como lo precisó la Corte Constitucional29, al decidir
una acción de tutela en la que la allí actora indicó que el laudo censurado no
analizó las pruebas en debida forma e ignoró varias normas, en los siguientes
términos:

Para la Sala es claro que la supuesta decisión del caso al margen de las
pruebas aportadas al proceso y sin consideración de las normas que
gobiernan la materia […] son dos situaciones que perfectamente pueden
subsumirse en la causal séptima del recurso extraordinario de
anulación. Ya se dijo que esta causal habilita la procedencia de dicho
recurso cuando el laudo arbitral se falló en conciencia o equidad,
debiendo ser fallado en derecho.

Asimismo, el presunto desconocimiento del precedente también era dable
alegarlo en el recurso extraordinario de anulación, porque, además de que está
interrelacionado con los defectos sustantivo y fáctico, también comporta
trasgresión de una fuente formal del derecho de obligatorio cumplimiento (al
igual que la ley)30, que, de concurrir, derivaría en la conclusión de que la
decisión no fue dictada en derecho, pese a que así lo exige el artículo 1º
(inciso 3º) de la Ley 1563 de 2012, por cuanto en la controversia desatada por
las autoridades accionadas estaba inmiscuido un organismo público (Invías).

Resulta oportuno anotar que si bien es cierto que en el escrito de impugnación

28
«Son causales del recurso de anulación:
[…]
7. Haberse fallado en conciencia o equidad, debiendo ser en derecho, siempre que esta circunstancia
aparezca manifiesta en el laudo».
29
Sentencia T-131 de 2021, M. P. Cristina Pardo Schlesinger.
30
Consejo de Estado, sección tercera, sentencia de unificación de 25 de septiembre de 2018, C. P. Ramiro
Pazos Guerrero, expediente 11001-03-15-000-2007-00136-00: «[…] la jurisprudencia se convirtió en una
fuente formal del derecho, que es reconocida como tal por el derecho mismo, y de la cual derivan su validez
distintas reglas de rango jurisprudencial. En ese orden, la jurisprudencia entra a complementar el concierto
de fuentes del derecho y, en consecuencia, se le reconoce fuerza vinculante que irradia sus efectos a todas
las autoridades que tienen la obligación de observarla».

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Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-07533-01
Actor: Consorcio La Línea

el actor sostiene que no aseveró en la tutela que la determinación arbitral
cuestionada fue emitida en equidad, por lo que, a su juicio, no se configura la
causal estipulada en el numeral 7 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012,
también lo es que las aserciones expuestas la involucran, como las
consistentes en que los accionados (i) realizaron «[…] interpretaciones ajenas
al material probatorio obrante en el expediente y que provienen de la sola y
subjetiva opinión del panel arbitral y […] valorar[on] a su acomodo el
amplio bagaje probatorio del expediente del trámite, manipulando las
pruebas, con el único fin de desechar desfavorablemente las pretensiones
formuladas en la demanda arbitral»; y (ii) de «[…] haber atendido la ley,
[…] no hubiera[n] proferido su decisión en los términos en que está
plasmada».

En ese orden de ideas, como los reproches formulados por el demandante en
la acción de la referencia comportan la causal del recurso extraordinario de
anulación enunciada en el numeral 7 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012,
debieron plantearse en él y no en el presente asunto constitucional, situación
de la que se concluye, se reitera, que la tutela no colma la exigencia de la
subsidiariedad, lo que impide emitir un pronunciamiento de fondo, pues ello
«[…] supondría una injerencia indebida del juez de tutela en el margen de
autonomía del Tribunal y, por tanto, un desconocimiento del principio de
voluntariedad y de la estabilidad jurídica del laudo arbitral aprobado
[…]»31.

Por último, en la impugnación del fallo de primera instancia el actor aduce
que no se advirtió que el lapso consagrado en el artículo 40 de la Ley 1563 de
2012 para interponer el recurso extraordinario de anulación (30 días) expiró
sin que lo presentara, motivo por el cual solo contaba con la acción de tutela
para obtener la protección de sus derechos constitucionales fundamentales al
debido proceso e igualdad, no obstante, este argumento carece de asidero
jurídico, por cuanto no es dable emplear este mecanismo constitucional con el
propósito de subsanar la omisión de formular de manera oportuna los
mecanismos judiciales instituidos para salvaguardar el sistema normativo.

Frente a la improcedencia de la acción de tutela en los eventos en que se
pretende revivir oportunidades no aprovechadas por alguna de las partes, la
Corte Constitucional, en sentencia T-396 de 201432, indicó:

31
Corte Constitucional, sentencia T-131 de 2021, M. P. Cristina Pardo Schlesinger.
32
M. P. Jorge Iván Palacio Palacio.

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Actor: Consorcio La Línea

[…] es necesario que quien alega la vulneración de sus derechos
fundamentales haya agotado los medios de defensa disponibles en la
legislación para el efecto. Esta exigencia responde al principio de
subsidiariedad de la tutela, que pretende asegurar que la acción
constitucional no sea considerada en sí misma una instancia más en el
trámite jurisdiccional, ni un mecanismo de defensa que reemplace
aquellos otros diseñados por el legislador. Menos aún, que resulte ser
un camino excepcional para solucionar errores u omisiones de las
partes o para corregir oportunidades vencidas [destaca la Sala].

A guisa de corolario de lo que se deja consignado, en este asunto el ejercicio
de la tutela resulta improcedente, porque dicho amparo se encuentra
gobernado por el principio de subsidiariedad, según el cual esta no tiene
cabida «Cuando existan otros recursos o medios de defensa […]»33. Es decir,
si los medios ordinarios o extraordinarios pudieron ser utilizados de manera
eficaz (recurso extraordinario de anulación), como acontece en el sub lite, la
acción instaurada no es pertinente.

En tales condiciones (la existencia de otro medio de defensa judicial), es
aplicable la preceptiva del numeral 1 del artículo 6º del Decreto 2591 de
1991, norma que guarda estricta armonía con el artículo 86 de la Constitución
Política, en virtud de los cuales la acción de tutela «[…] solo procederá
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial […]»34.

A partir de los anteriores prolegómenos, la Sala concluye que las
circunstancias propias del asunto no colman los presupuestos legales ni
jurisprudenciales para la procedencia del amparo constitucional, razón por la
que se impone confirmar la sentencia impugnada, con la que se declaró
improcedente la presente acción de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

1º. Confírmase la sentencia de 27 de enero de 2022, mediante la cual el
Consejo de Estado (sección quinta) declaró improcedente la acción de tutela

33
Numeral 1 del artículo 6.º del Decreto ley 2591 de 1991.
34
Artículo 86 de la Carta Política.

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Actor: Consorcio La Línea

instaurada por el Consorcio La Línea, por las razones expuestas en la
motivación.

2º. Notifíquese esta determinación judicial a las partes por el medio más
expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

3º. Comuníquese el presente fallo a la sección quinta del Consejo de Estado y
remítasele copia.

4º. Ejecutoriada esta providencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley
2591 de 1991 envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS

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