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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-07550-01

Fecha
17 de marzo de 2022
Consejero ponente
William Hernandez Gomez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-07550-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA Primero: Confirmar la sentencia proferida el 10 de diciembre de 2021 por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 Ra d ic a d o: 1 1 0 01 - 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 1- 0 7 55 0- 0 1 Ac c io n a nt e: FU N S A BI improcedente la presente acción de tutela, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. Segundo:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2021-07550-01

Consejero ponente: William Hernandez Gomez

17 de marzo de 2022

Ra d ic a d o: 1 1 0 01 - 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 1- 0 7 55 0- 0 1
Ac c io n a nt e: FU N S A BI

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veintidós (2022)

F.T: 77
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-07550-01
Accionante: FUNDACIÓN SALUD Y BIENESTAR (FUNSABI)
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN
B.

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial, en la que se revocó la
decisión de primera instancia, en la que se había declarado la nulidad de un
contrato de suministro, y, en su lugar, se anuló el acto de terminación unilateral de
aquel, pero se negó el reconocimiento de perjuicios. Falta de legitimación en la
causa por activa.

FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sede de
tutela, decide la impugnación presentada por la parte accionante en contra de la
sentencia proferida el 10 de diciembre de 2021 por la Subsección C de la Sección
Tercera de esta corporación.

HECHOS RELEVANTES

a) Medio de control de controversias contractuales

El 1.° de marzo de 2012 la Fundación Salud y Bienestar, en adelante FUNSABI, y
la E.S.E. Hospital Rubén Cruz Vélez suscribieron el Contrato núm. 011-2012, cuyo
objeto era el suministro oportuno de medicamentos para la farmacia de esa
entidad hospitalaria, por un valor global de $ 1.200.000.000, que sería pagado de
acuerdo con los pedidos realizados dentro de los diez meses de ejecución.

FUNSABI promovió demanda de controversias contractuales en contra de la
entidad contratante, con el propósito de que se declarara, primero, la nulidad de
las resoluciones 323 del 9 de julio de 2012 y 346 del 27 del mismo mes y año, a
través de las cuales se declaró la terminación unilateral del contrato y se resolvió
un recurso de reposición, respectivamente y, segundo, el incumplimiento

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contractual y se ordenara el pago de los perjuicios materiales, en la modalidad de
daño emergente y lucro cesante y los derivados de la pérdida de oportunidad.

En la audiencia inicial del 3 de diciembre de 2013 el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca declaró, de oficio, la nulidad del contrato de suministro y negó las
pretensiones de la demanda. Inconforme con lo anterior, la fundación demandante
interpuso recurso de apelación en contra de dicha decisión. El 28 de abril de 2021
el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, revocó la sentencia de
primera instancia y, en su lugar, declaró la nulidad de los actos administrativos
demandados, comoquiera que el Contrato núm. 011-2012 estaba regido por el
derecho privado, por lo que la E.S.E. no estaba habilitada para ejercer la facultad
unilateral prevista en el artículo 45 de la Ley 80 de 1993; además, negó el
reconocimiento y pago de los perjuicios reclamados por la demandante, al no
encontrarlos acreditados.

b) Inconformidad

El señor Harold Hernán Moreno Cardona, quien presentó y suscribió el escrito de
la acción de tutela inicial, consideró que el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, transgredió el derecho fundamental al debido proceso de FUNSABI
y los principios de legalidad, de favorabilidad y de seguridad jurídica. Como
sustento de la solicitud de amparo, manifestó que aquel incurrió en los defectos
sustantivo y procedimental porque, primero, no atendió las normas comerciales
relacionadas con la contabilidad y el valor probatorio de los informes y
certificaciones expedidas por el revisor fiscal, y, segundo, no aplicó las normas de
regulación de precios en la venta de medicamentos, para ordenar una condena in
genere.

De otra parte, precisó que la corporación accionada no valoró la certificación del
revisor fiscal de la fundación, que contenía la proyección económica del contrato
de suministro, documento a partir del cual pudo fijar los perjuicios generados por la
terminación unilateral del contrato y la utilidad perdida por esa situación.

PRETENSIONES

La parte accionante solicitó proteger el derecho fundamental mencionado y dejar
sin efectos los ordinales tercero y cuarto de la sentencia del 28 de abril de 2021
proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. En
consecuencia, requirió ordenarle que, en el término de diez días, adicione la
decisión y reconozca los perjuicios económicos solicitados.

CONTESTACIONES AL REQUERIMIENTO

Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.

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El magistrado Martín Bermúdez Muñoz señaló que acataría estrictamente las
disposiciones del fallo de tutela.

La E.S.E. Hospital Cruz Vélez y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
no rindieron informe, a pesar de que fueron notificados en debida forma del auto
admisorio de la presente acción.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El 10 de diciembre de 2021 la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado declaró improcedente la acción de tutela de la referencia porque la parte
accionante no cumplió con el requisito de la relevancia constitucional, en la
medida en que no expuso los hechos que servían de fundamento para la solicitud
de amparo. Al respecto, consideró que FUNSABI no indicó un reproche concreto
que pudiera ajustarse a uno de los defectos desarrollados en la jurisprudencia
para controvertir la sentencia del 28 de abril de 2021, puesto que, de un lado, se
limitó a cuestionar la falta de valoración de la certificación expedida por el revisor
fiscal, sin atención a los motivos expuestos por la autoridad judicial accionada para
no tenerla en cuenta y, de otro, no determinó cuáles fueron las disposiciones
desatendidas por aquella y mucho menos la manera en la que debían ser
aplicadas o interpretadas, lo que permitía suponer que la intención de la solicitante
era reabrir la controversia contractual.

Adicionalmente, señaló que los conflictos jurídicos y probatorios se agotaron en el
proceso ordinario y fueron objeto de estudio por parte del juez natural, por lo que
están por fuera de las competencias del fallador de la acción de tutela.

IMPUGNACIÓN

El peticionario de la salvaguarda impugnó la sentencia de primera instancia y
solicitó analizar los cargos formulados en el escrito inicial. Como fundamento del
recurso, afirmó que la corporación accionada no valoró el material probatorio
allegado al proceso, en concreto, el informe o dictamen del revisor fiscal e incurrió
en un exceso rigorismo, al exigir que aquel debió acompañarse con los soportes
sobre las cifras allí contenidas, sin atención a que los estados financieros daban
certeza a su contenido; asimismo, explicó que ni el informe de revisoría ni los
soportes financieros fueron tachados de falsos ni impugnados, por lo que tenían
plena validez probatoria.

De otra parte, mencionó que la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado debió decretar de oficio la complementación del documento contable y,
en ese orden de ideas, ordenar que se allegaran los soportes que requería, con el
propósito de conceder los perjuicios económicos reclamados.

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CONSIDERACIONES

Competencia

La Subsección “A”, de la Sección Segunda del Consejo de Estado es la
competente para conocer del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 25 del Acuerdo 080 de 20191, en
cuanto regula que «Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado
en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre
todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán
resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien
le haya correspondido el reparto».

Problema jurídico

El problema jurídico en esta instancia puede resumirse en la siguiente pregunta:

1. ¿El señor Harold Hernán Moreno Cardona se encuentra legitimado en la
causa por activa para instaurar la presente acción de tutela?

Para resolver el problema así planteado, se abordarán las siguientes temáticas: (I)
legitimación en la causa por activa y (II) ausencia de legitimación para actuar en el
caso en concreto. Veamos:

I. Legitimación en la causa por activa

En el artículo 86 de la Constitución Política se regula la facultad que tiene toda
persona para interponer la acción de tutela por sí misma o por quien actúe en su
nombre, con el fin de reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales. A su vez, en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 se
dispone la legitimidad para el ejercicio de la mencionada acción. La norma indica
que esta puede ser presentada: 1. Directamente por la persona que estime
vulnerados o amenazados sus derechos fundamentales, 2. A través de su
representante legal, 3. Por medio de apoderado judicial, 4. Por agente oficioso y 5.
Mediante el defensor del pueblo y los personeros municipales.

En relación con la salvaguarda de los derechos fundamentales de que gozan las
personas jurídicas, de interés para el presente asunto, es preciso indicar que la
legitimación en la causa por activa recae, por regla general, en el representante
legal o el apoderado judicial y, excepcionalmente, en el caso de la representación
de las entidades públicas, en funcionarios distintos al representante, a condición

1 Por medio del cual se modificó el reglamento interno del Consejo de Estado.

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de que así lo dispongan las normas que definen la estructura funcional de la
institución2.

En ese orden de ideas, el juez debe estudiar en cada caso concreto si quien
presenta la acción de tutela se encuentra legitimado en la causa por activa, pues
de no ser así deberá declararlo en la sentencia y no habrá lugar a analizar el fondo
del asunto. Sobre el particular, se aclara que la informalidad que caracteriza a este
mecanismo no significa que su ejercicio no esté sometido a unos requisitos
mínimos de procedibilidad, entre los cuales se encuentra la señalada legitimación.

II. Ausencia de legitimación para actuar en el caso en concreto

La parte accionante impugnó la sentencia de primera instancia y solicitó conceder
la protección del derecho fundamental al debido proceso y la aplicación del
principio de legalidad. Para ello, señaló que la autoridad judicial accionada omitió
la valoración de la certificación del revisor fiscal de la fundación, que contenía la
proyección económica del contrato de suministro, a partir del cual podía
determinar los valores del contrato y, con ello, los perjuicios generados a
FUNSABI, por la terminación unilateral e indebida de aquel. Aunado a lo anterior,
advirtió que, en el evento en que requiriera soportes o documentos adicionales,
debió decretar las pruebas necesarias, de manera oficiosa.

Pues bien, analizado lo expuesto, esta Subsección considera que, para poder
realizar un estudio de fondo sobre las inconformidades planteadas, debe, en
primer lugar, determinarse si el solicitante del amparo está legitimado en la causa
por activa, puesto que solo si se supera este requisito, podrán estudiarse los
argumentos de disidencia presentados en la impugnación. Al respecto, se itera,
como se explicó en el acápite precedente, que la persona legitimada para
instaurar una acción de tutela es el titular de los derechos fundamentales que, por
la acción u omisión de una entidad estatal o de un particular, en los términos
fijados en la ley, considera amenazados o lesionados.

En ese orden de ideas, en primer lugar, se denota que en la solicitud
constitucional se enunció como accionante a FUNSABI, y se manifestó que
actuaba a través del señor Luis Carlos Chantre Vargas, en su calidad de
representante legal suplente de la entidad; sin embargo, se evidencia que aquel
no la suscribió ni la presentó directamente. Por el contrario, se observa que quien
instauró la acción de tutela fue el señor Harold Hernán Moreno Cardona, por
medio del aplicativo web dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura para
ese efecto y a través de su dirección electrónica personal,
haroldhmorenoc@gmail.com, y firmó el memorial, en su calidad de coadyuvante.

2 Sobre la legitimación en la causa por activas de las personas jurídicas, ver, entre otras sentencias, la T-267

de 2009 y T-638 de 2011.

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Ahora bien, se tiene que el señor Moreno Cardona fungió como apoderado judicial
de FUNSABI en el medio de control de controversias contractuales, en donde se
profirió la sentencia que pretende cuestionarse por esta vía; sin embargo, esa
situación no permite entender que actúa en nombre de aquella, pues en el escrito
de tutela no lo manifestó y mucho menos allegó poder debidamente conferido por
el representante legal para que ejerciera la representación en el presente trámite
constitucional.

De otra parte, la Subsección advierte que en el encabezado y en el párrafo inicial
del recurso de impugnación se consignó que el señor Luis Carlos Chantre Vargas
era quien presentaba la acción, pero este no la firmó y fue enviada a través del
correo electrónico del abogado mencionado. Aunado a ello, se evidencia que, si
bien con el recurso se allegó un escrito dirigido al señor Moreno Cardona, en el
que el representante legal suplente autoriza formular la acción de tutela en contra
del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, lo cierto es que tal
documento no tiene la condición de un poder debidamente otorgado, pues en él no
se indicó que se confería al abogado Moreno Cardona para representar a la
fundación, sino que simplemente se trataba de una autorización dirigida a aquel.

En esos términos, es claro que el señor Harold Hernán Moreno Cardona no se
encontraba legitimado para instaurar la presente acción, ya que, como se explicó
en el acápite anterior, la tutela instaurada para proteger los derechos
fundamentales de los que son titulares las personas jurídicas debe ejercerse por
su representante legal directamente o por su apoderado judicial, condiciones que
no detenta.

Asimismo, resulta oportuno precisar que, aun si en gracia de discusión se
aceptara que el escrito allegado con la impugnación es un poder, no podría
tenerse como cumplido el presupuesto de la legitimación en la causa por activa,
comoquiera que se allegó fuera de la oportunidad pertinente para ello, en la
medida en que solo fue aportado con el recurso de impugnación.

Bajo estas consideraciones, la Subsección concluye que la falta de interés para
actuar del accionante trae como consecuencia la improcedencia de la acción de
tutela y, por ende, no es posible a esta Subsección pronunciarse sobre el fondo
del asunto. En consecuencia, se confirmará la sentencia proferida el 10 de
diciembre de 2021 por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, que declaró improcedente la solicitud de amparo de la referencia, pero por
las razones aquí expuestas.

FALLA

Primero: Confirmar la sentencia proferida el 10 de diciembre de 2021 por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró

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improcedente la presente acción de tutela, de conformidad con la parte motiva de
esta providencia.

Segundo: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991. Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

Cuarto: Registrar la presente providencia en el programa “SAMAI”.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firma electrónica

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firma electrónica

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firma electrónica

LYGR

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