Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-07560-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-07560-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2021-07560-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
17 de marzo de 2022
Demandante: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala Quinta de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2021-07560-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2021-07560-01
Demandante: CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ – SALA QUINTA
DE DECISIÓN
Temas: Tutela contra providencia judicial. Requisito adjetivo de
inmediatez. Confirma improcedencia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Decide la Sala la impugnación interpuesta por la Caja de Sueldos de Retiro de la
Policía Nacional contra la sentencia de 17 de enero de 2022 proferida por el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección B, que declaró improcedente la solicitud
de amparo promovida contra el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala Quinta de
Decisión.
1. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
En ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – en adelante CASUR
–, por conducto de apoderada judicial, el 5 de noviembre de 2021 presentó acción de
tutela contra el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala Quinta de Decisión, con el
fin de que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad
y de acceso a la administración de justicia.
Las mencionadas garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión
de las providencias de 11 de noviembre de 2020 y 30 de septiembre de 2021
proferidas por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala Quinta de Decisión,
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Demandante: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala Quinta de Decisión
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mediante las cuales se resolvieron unos recursos1 elevados por la parte actora
contra la decisión de 1º de agosto de 20192 del Juzgado 5º Administrativo del
Circuito Judicial de Tunja, en el marco de un proceso ejecutivo identificado con el
radicado 15001-33-33-005-2016-00130-00, promovido por el señor José Alcibiades
Gutiérrez Espitia contra CASUR, con el propósito de ejecutar la sentencia3 dictada
por el Juzgado 1º Administrativo del Circuito Judicial de Tunja en el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho No. 15001-33-31-701-2011-00027-00.
1.2. Pretensiones
“PRIMERO. – Que el H. Consejo de Estado tutele la protección los derechos
fundamentales de mi prohijada a la Igualdad (Articulo 13 C.N.), al acceso a la
Administración de Justicia (artículo 229 Ibídem) y al debido proceso (artículo 29
Ibídem).
SEGUNDO. – Se deje sin efectos la providencia de 30 de Septiembre de 2021,
notificada mediante correo electrónico el día 05 de octubre de 2021, dentro del
proceso ejecutivo 15001333300520160013002 el cual declaro la improcedencia del
recurso de súplica interpuesto por la entidad ejecutada – CAJA DE SUELDOS DE
RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL contra la providencia de fecha 11 de noviembre
de 2020 proferida por la Sala de Decisión No. 5 del Tribunal Administrativo de Boyacá́
Ejecutante: JOSÉ ALCIBIADES GUTÍERREZ ESPITIA Ejecutada: CAJA DE
SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL (CASUR), emanada por el
Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 5, Magistrado Ponente: Félix
Alberto Rodríguez Riveros.
TERCERO. – Se deje sin efectos la providencia de 11 de noviembre de 2020,
proferida por la Sala de Decisión No. 5 del Tribunal Administrativo de Boyacá, ́
Magistrado Ponente: Oscar Alfonso Granados Naranjo dentro del proceso ejecutivo
115001333300520160013002 el cual confirmó el auto del 1 de agosto de 2019
proferido por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Tunja a través del cual
negó la terminación del proceso ejecutivo por no cumplir con lo dispuesto en el artículo
461 del Código General del proceso.
CUARTO. – Se le ordene a la Sala de Decisión No. 5, Magistrado Ponente: Félix
Alberto Rodríguez Riveros, del Tribunal Administrativo de Boyacá o a quien lo
remplace al momento del cumplimiento del fallo de amparo, dictar nueva providencia
en la que se ordene terminar el proceso por pago total de la obligación ya que en la
actualización impugnada inicialmente no se realizaron los descuentos del 1% y del
4% respectivamente que son destinados para el sostenimiento de la Entidad y los
aportes de salud para el sistema de sanidad Policial, ya que dichos descuentos
operan de iure. Conforme a las pautas y criterios que señale el Juez de amparo
constitucional y/o la Honorable Corte Constitucional, en el evento en que decida la
acción de tutela en sede de revisión.
QUINTO. – Que el Juez de tutela dicte providencia de remplazo en el evento que la
accionada sean renuentes en el cumplimiento de la orden constitucional.
1
Reposición, apelación y súplica.
2
Modificó la liquidación del crédito y estableció el pago parcial de la obligación.
3
De 29 de noviembre de 2013.
2
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SEXTO. – Que se impartan las demás órdenes, previsiones y comunicaciones
conforme lo exija la naturaleza de esta acción de tutela.
SEPTIMO. – Se adopten las decisiones que en derecho correspondan, en aras de
proteger los derechos constitucionales aquí señalados y otros que el Juez de tutela
evidencie vulnerados, en virtud del principio Iura Novit Curia. ”
1.3. Hechos
La solicitud de tutela se sustentó en los siguientes hechos que, a juicio de la Sala,
son relevantes para la decisión que se adoptará en esta sentencia:
El señor José Alcibíades Gutiérrez Espitia ejerció el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra CASUR, con el fin de que se declarara la
nulidad del Oficio No. 2427/OAJ de 1º de abril de 2009 mediante el cual se negó la
reliquidación y reajuste de la asignación de retiro del demandante.
La causa ordinaria la resolvió el Juzgado 1º Administrativo del Circuito Judicial de
Tunja que, mediante sentencia de 29 de noviembre de 2013 accedió a las
pretensiones de la demanda.
Con fundamento en el título contenido en la providencia de 29 de noviembre de
2013, el señor Gutiérrez Espitia promovió proceso ejecutivo contra CASUR con el
objetivo de que se cumplieran las órdenes impartidas por el Juzgado 1º
Administrativo del Circuito Judicial de Tunja.
Dicho asunto se identificó con el radicado 15001-33-33-005-2016-00130-00, el cual
fue asignado al Juzgado 5º Administrativo del Circuito Judicial Tunja que, en
providencia de 1º de diciembre de 2016 libró mandamiento de pago contra CASUR
en los siguientes términos:
“Por la suma de (…) 4.417.138.97 por concepto de capital derivado de la condena
impuesta en la sentencia proferida el 29 de noviembre de 2013 (…)
Por el valor de los intereses moratorios causados desde el 15 de enero de 2015 (fecha
de ejecutoria de la sentencia) y hasta la fecha en que la entidad efectúe el pago total
de la obligación (…)
Por la obligación de hacer consistente en reajustar la asignación de retiro del
demandante para los años 2003 a 2011 (…)”
Con sentencia (EJ-068-2017) de 28 de junio de 2017, el Juzgado 5º Administrativo
del Circuito Judicial Tunja resolvió negativamente las excepciones de mérito
propuestas por CASUR y ordenó seguir adelante con la ejecución.
3
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Con ocasión de lo anterior, el 30 de agosto de 2018 el señor José Alcibiades
Gutiérrez Espitia presentó la liquidación del crédito en los términos del artículo 446
del CGP, marco en el que señaló las siguientes cifras: (i) $4.417.138 por concepto
de capital; y (ii) $6.431.408 por intereses de mora. De esta liquidación se corrió
traslado a la contraparte, la cual guardó silencio, razón por la que fue aprobada el 8
de noviembre de 2018.
En ese orden, CASUR dictó la Resolución No. 1794 de 4 de abril de 2019, en la que
dispuso:
“dar cumplimiento al fallo ejecutivo del Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito
de Tunja – Boyacá por Obligación de Dar de fecha 08 de Noviembre de 2018 y
Obligación de Hacer de fecha 01 de diciembre de 2016 , y como consecuencia
reconocer por cuenta a el señor AG (R) JOSE ALCIBIADES GUTIERRES ESPITIA
(…) el valor de (…) $11.919.186 (…), valor sobre el cual se realizan los descuentos
de ley de conformidad al artículo 38 del decreto 4433 de 2004, artículo 99 del Decreto
1212 de 1990, artículo 64 del Decreto 1213 de 1990 y demás normas vigentes que
regulan la materia para un total neto a pagar de (…) 11.698.329 (…)”. (Sic para la
cita)
Una vez realizado el pago según el anterior acto, el 24 de mayo de 2019, CASUR
solicitó al Juzgado 5º Administrativo del Circuito Judicial de Tunja la terminación del
proceso ejecutivo de conformidad con los artículos 122 y 461 del CGP.
Frente a lo anterior, el señor Gutiérrez Espitia manifestó que, por existir un saldo
insoluto, el proceso no se podía dar por terminado, consideración que fue acogida
por el Juzgado 5º Administrativo del Circuito Judicial de Tunja mediante auto de 1º
de agosto de 2019, a través de cual se resolvió modificar la liquidación del crédito
realizada el 8 de noviembre de 2018, en el sentido de indicar que a la fecha (24 de
mayo de 2019) existía un pago parcial, debido a que el valor pendiente del crédito
correspondía a la suma de $226.123.
Contra dicha providencia, CASUR interpuso recurso de reposición y en subsidio el
de apelación. Respecto del primer mecanismo, el 22 de agosto de 2019, el Juzgado
5º Administrativo del Circuito Judicial de Tunja lo “rechazó por improcedente”
comoquiera que, al haber resuelto en la providencia recurrida respecto a “la
liquidación actualizada de crédito presentada por la parte ejecutante y la objeción que la
ejecutada presentó a la misma, modificándose de oficio por el Despacho la liquidación
presentada”, sólo podía ser objeto del recurso de apelación, en los términos del inciso
3º del artículo 446 del CGP.
En cuanto al mecanismo de alzada, el Tribunal Administrativo de Boyacá lo negó
con providencia de 11 de noviembre de 2020, por considerar que “el valor
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adeudado por la entidad ejecutada a favor de la ejecutante, no constituye un cumplimiento
total de la obligación que permita dar por terminado el presente proceso ejecutivo ”.
Contra ese proveído la entidad accionante interpuso recurso de súplica, el cual fue
declarado improcedente en decisión de 30 de septiembre de 2021 proferida por
el Tribunal Administrativo de Boyacá, con fundamento en que la providencia
recurrida: (i) fue proferida por la Sala del tribunal, no por el magistrado ponente
como lo determina el artículo 246 del CPACA; y (ii) se trata de un pronunciamiento
que no es objetable, comoquiera que resuelve sobre un recurso de apelación.
1.4. Fundamentos de la solicitud
1.4.1. A juicio de la entidad tutelante, la autoridad judicial accionada incurrió en un
defecto sustantivo por la “aplicación desbordada de la ley y la jurisprudencia de la Corte
Constitucional al caso en concreto”.
Lo anterior, debido a que, con la modificación a la liquidación del crédito, se incurrió
en los siguientes errores: (i) alteró la liquidación del crédito al recalcular periodos
que ya habían quedado saldados y acreditados; (ii) omitió realizar los descuentos
del 4% para sanidad y 1% para sostenimiento de CASUR, establecidos en los
artículos 38 del Decreto 4433 de 2004, 99 del Decreto 1212 de 1990 y 65 del
Decreto 1213 de 1990; (iii) omitió determinar un valor bruto que corresponde al
monto adeudado con descuentos y un valor neto que resulta de efectuar los
descuentos ya mencionados, razón por la cual se debió entender que la obligación
a cargo de CASUR ya fue cumplida; y (iv) se tuvieron en cuenta costas que ya
habían sido pagadas, generando así un nuevo capital y período de intereses.
En ese sentido, CASUR insistió en que cumplió con el pago total de la obligación a
su cargo y que, de conformidad con el artículo 461 del CGP, el proceso ejecutivo
objeto de estudio debió ser archivado.
1.4.2. Finalmente, alegó el desconocimiento del precedente en los siguientes
términos:
“con la presente tutela se busca acreditar que el pago está ajustado conforme a las
órdenes impartidas en el proceso conforme a la sentencia del CONSEJO DE
ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA –
SUBSECCIÓN “A” Bogotá, D.C., veintidós (22) de enero e dos mil nueve (2009).
Expediente No: 11001-03-15-000-2008-00720-01 Actor: CAJA DE RETIRO DE LAS
FUERZAS MILITARES. Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
MAGNALENA Y OTRO”.
5
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1.5. Trámite de la acción
Mediante auto de 11 de noviembre de 2021 el magistrado ponente de la decisión de
primera instancia dispuso admitir la acción de tutela de la referencia, notificar a la
parte actora, al Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala Quinta Decisión, como
autoridad judicial accionada, y se ordenó vincular en calidad de terceros con interés
al Juzgado 5º Administrativo del Circuito Judicial de Tunja [autoridad judicial del
proceso ejecutivo], y al señor José Alcibiades Gutiérrez Espitia [quien conformó el
extremo activo en el proceso ordinario].
De otro lado, reconoció personería jurídica a la abogada Mónica Andrea Sanabria
Torres como apoderada de la parte accionante y ordenó publicar la información
relativa al proceso de la referencia en la página web del Consejo de Estado.
1.6. Intervención
Mediante memorial allegado el 19 de noviembre de 2021, el Tribunal
Administrativo de Boyacá, Sala Quinta de Decisión, a través del magistrado
ponente de la decisión cuestionada, solicitó que se denieguen las pretensiones de
la acción de tutela por cuanto a su juicio no se configuraron los requisitos generales
y especiales de procedibilidad.
Finalmente, indicó que la providencia reprochada se dictó con sujeción a lo
estipulado en el artículo 246 del CPACA y a la jurisprudencia del Consejo de Estado
sobre la procedencia del recurso de súplica.
1.7. Sentencia de primera instancia4
Con fallo de 17 de enero de 2022, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, declaró la improcedencia de la acción de tutela, al considerar que no
cumple con los requisitos adjetivos de relevancia constitucional e inmediatez.
En cuanto a la primera exigencia, advirtió que los reparos planteados en el escrito
de tutela fueron resueltos por el tribunal censurado al desatar el recurso de
apelación contra el auto de 1º de agosto de 2019 (mediante el cual se negó la
terminación del proceso ejecutivo), razón por la cual advertía que lo pretendido por la
parte activa consistía en reabrir un debate zanjado por el juez natural.
Frente al segundo requisito indicó que el término de los 6 meses se contabilizarían
a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia de 11 de noviembre de
4
Esta decisión se notificó vía electrónica el jueves 3 de febrero de 2022.
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2020 (por el cual se resolvió la apelación contra el auto de 1º de agosto de 2019 ), y no del
auto de 30 de septiembre de 2021 (con el cual se rechazó el mecanismo de súplica
enervado contra el proveído de 11 de noviembre de 2020 ), debido a la improcedencia de
este último. Para tal efecto señaló:
“Lo anterior obedece a que el recurso de súplica fue abiertamente improcedente
porque (1) no fue proferido por el magistrado ponente sino por la Sala Decisión No. 5
del Tribunal Administrativo de Boyacá, inobservando así el inciso 1 del artículo 246
del CPACA5 (2) se presentó respecto de un auto que resolvió sobre un recurso de
apelación, por lo que se contraía también el inciso 6 del artículo 246 del CPACA 6.
Como se evidencia, bastó con una remisión a la normativa procesal para concluir la
evidente improcedencia del recurso presentado.
En conclusión, para la Sala es claro que la presentación de recursos que son
manifiestamente improcedentes no puede justificar que se extienda el requisito de
inmediatez, más, cuando quien interpone los recursos fue un profesional del derecho.
En el caso en concreto, comoquiera que entre la fecha en que se notificó el auto que
negó del recurso de apelación, es decir, el 13 de noviembre de 2020, y la presentación
de la presente acción constitucional, pasaron 11 meses y 26 días, se superó el plazo
razonable”. (Énfasis del texto)
1.8. Impugnación
A través de memorial radicado el 8 de febrero de 2022, por conducto de su
apoderada judicial, CASUR insistió en que las providencias censuradas son los
autos de 11 de noviembre de 2020 y 30 de septiembre de 2021.
En cuanto al requisito de relevancia constitucional, alegó que, no es cierto que el
Juzgado 5º Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja ni el Tribunal
Administrativo de Boyacá, Sala Quinta de Decisión, en el marco de los recursos que
presentó la entidad, hubiesen hecho referencia “a los descuentos de ley del 4%
correspondiente a SANIDAD y del 1% correspondiente al sostenimiento de la Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, por lo que se está en presencia de un perjuicio
irremediable que amerita la intervención del juez constitucional ”.
En cuanto a la manifestación del a quo concerniente a que la presentación de
recursos improcedentes no deriva en la flexibilización del requisito de inmediatez,
argumentó que en el asunto de la referencia se agotaron todos los mecanismos
idóneos y eficaces que tenía a su alcance para procurar la protección de sus
garantías constitucionales, razón por la cual ejerció este trámite constitucional una
vez fueron resueltos.
5
Inciso 1º del artículo 246 del CPACA: “El recurso de súplica procede contra los siguientes autos
dictados por el magistrado ponente”
6
Inciso 6º del artículo 246 del CPACA: “Este recurso no procede contra los autos mediante los cuales
se resuelva la apelación o queja.”
7
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Finalmente, insistió en que el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala Quinta de
Decisión incurrió en defecto sustantivo, al establecer que la discusión gira en torno
a que “falta pagarle al demandante la suma de $217.912 por concepto de descuentos de
ley, esos descuentos están tipificados en las diferentes normas que regulan la materia, son
del 1% y del 4% por lo que los argumentos del tribunal no son acertados en el entendido
que dichos descuentos aplican de iure y no deben ser rogados, lo anterior en vista que se
persigue el archivo del proceso por haber cancelado completamente la erogación y
acreditar el pago de la obligación”.
1.9. Trámite en segunda instancia
Mediante auto de 3 de marzo de 2022 se ordenó la vinculación formal en calidad de
tercero con interés, del Juzgado 1º Administrativo del Circuito Judicial de Tunja por
haber sido la judicatura que dictó la sentencia con la cual se resolvió el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho No. 15001-33-31-701-2011-00027-00,
contentiva del título ejecutivo.
Si bien este proveído se notificó el 7 de marzo de 2022, esta autoridad no allegó
pronunciamiento alguno.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la parte
actora contra la sentencia de 17 de enero de 2022 proferida por la Subsección B,
Sección Tercera del Consejo de Estado, de conformidad con el Decreto 2591 de
1991, el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 7, así como
el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Problema jurídico
En el asunto bajo estudio, corresponde a la Sala determinar si, de conformidad con
los argumentos iterados en el escrito de impugnación, debe confirmar, modificar o
revocar la decisión de 17 de enero de 2022 proferida por la Subsección B, de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, a través de la cual declaró la improcedencia
de la acción de tutela promovida contra el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala
Quinta de Decisión, por no satisfacer los requisitos de relevancia constitucional e
inmediatez.
7
Vigente desde el 6 de abril de 2021. Antes de esa fecha, regía en Decreto 1983 de 2017.
8
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Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de
la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales;
(ii) el análisis de los requisitos adjetivos de procedibilidad de la acción y, de
encontrarse superados; (iii) las generalidades del defecto alegado y; (iv) el análisis
del caso en concreto.
2.3. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 8
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones
y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema.9
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales 10.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el
momento jurisprudencialmente”.
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 11, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.4.1. Para la Sala resulta necesario precisar que, contrario a lo manifestado por el
juez de primera instancia, el caso objeto de estudio está revestido de relevancia
constitucional, por cuanto al revisar el escrito que dio origen a la acción de tutela
en relación con los supuestos fácticos de la demanda, las pretensiones, la carga
argumentativa y probatoria, se advierte que la parte actora solicita la protección de
8
Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela
• Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth
García González.
9
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
10
Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
11
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la
administración de justicia.
De acuerdo con lo anterior, en el caso concreto, se evidencia una tensión o
contradicción entre la razonabilidad de la decisión y el núcleo esencial de los
derechos fundamentales alegados por la entidad accionante, en tanto a su juicio, la
autoridad judicial incurrió en defecto sustantivo, por lo que se evidencia que
trasciende un estudio de lo meramente legal.
2.4.2. La acción de tutela de la referencia no se dirige contra una sentencia de
la misma naturaleza, puesto que la providencia judicial que censura la parte
tutelante fue proferida en el marco de un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.
2.4.3. Respecto al requisito de inmediatez, la Corte Constitucional en la sentencia
SU-439 del 13 de julio 201712, recordó sobre las reglas de este requisito de
procedibilidad adjetiva, lo siguiente:
“(…) 48. Como es bien sabido, este Tribunal ha puntualizado que de conformidad con
el presupuesto de inmediatez, la acción de tutela debe ser utilizada en un término
prudencial, esto es, con cierta proximidad y consecuencia a la ocurrencia de los
hechos que se dicen violatorios y/o amenazantes de derechos fundamentales, pues
es claro que la solicitud de amparo pierde su sentido y su razón de ser como
mecanismo excepcional y expedito de protección, si el paso del tiempo, lejos de ser
razonable, desvirtúa la inminencia y necesidad de protección constitucional.
49. En esa medida, para constatar el cumplimiento de dicho requisito de
procedibilidad, el juez de tutela simplemente debe comprobar si resulta razonable el
tiempo comprendido entre el día en que ocurrió o se conoció el hecho vulnerador y/o
constitutivo de la amenaza de un derecho fundamental y, el día en que el derecho de
acción se ejerció mediante la formulación de la acción de tutela13 (…)”.
En similar sentido se ha pronunciado esta Sección, al estudiar el requisito en
cuestión, cuando la acción constitucional reprocha providencias judiciales. Así,
como se precisó en la sentencia del 26 de febrero de 2015, tutela No. 11001-03-15-
000-2014-01063-00,14 con ponencia del magistrado Alberto Yepes Barreiro, en la
cual expresó:
“(…) Frente al requisito de inmediatez se ha insistido en que la acción de tutela
12
Referencia: Expediente T-4.770.440. Acción de tutela formulada por Agropecuaria El Roble del
Caribe S.A.S. contra la Superintendencia Nacional de Salud. M. P: Alberto Rojas Ríos.
13
Al respecto, consultar, entre otras, la Providencia SU-961 de 1999.
14
«Decisión confirmada por la Sección Primera del Consejo de Estado, en segunda instancia, con
sentencia del 26 de junio de 2015».
10
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debe incoarse en un plazo razonable15, el cual debe ser ponderado por el juez
en cada caso, pues de lo contrario se desconocería el alcance jurídico establecido
por el constituyente y se desvirtuaría su finalidad de medio de protección actual,
inmediato y efectivo16.
De acuerdo con lo anterior, esta Sección 17 ha declarado la improcedencia de las
acciones de tutela contra providencias judiciales instauradas después de haber
transcurrido un lapso considerable desde la ocurrencia del hecho generador
que da lugar a la solicitud de protección y la presentación de la misma, sin que
medien razones suficientes que justifiquen el retardo18 (…)”.
Al descender al caso sub examine encuentra la Sala que, si bien CASUR insistió en
la impugnación que sus reparos se dirigen contra los autos de 11 de noviembre de
2020 y 30 de septiembre de 2021, lo cierto es que en consonancia con lo expuesto
por la Subsección B, de la Sección Tercera del Consejo de Estado, el cómputo del
requisito de inmediatez debe realizarse a partir del día siguiente a la fecha en que
quedó ejecutoriada la decisión que puso fin a la solicitud de terminación del proceso
ejecutivo.
Lo anterior, debido a que, de conformidad con el artículo 24619 de la Ley 1437 de
2011, “[e]l recurso de súplica procede contra los siguientes autos dictados por el
magistrado ponente (…) Este recurso no procede contra los autos mediante los cuales se
resuelva la apelación o queja”.
Tal y como lo advirtió el a quo, la providencia de 30 de septiembre de 2021 no fue
dictada por el magistrado ponente, sino que se trató de una decisión adoptada por
el cuerpo colegiado, esto es, la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo
de Boyacá y, además, se dirigió contra un auto que desató un recurso de apelación,
lo cual es claramente improcedente según lo estipulado en la norma ejusdem,
razones suficientes para que esta Sala señale que, este análisis debe realizarse de
cara al auto que puso fin a la solicitud de terminación del asunto ejecutivo, es decir,
el proferido el 11 de noviembre de 2020.
Al analizar la situación fáctica en este asunto se evidencia que la providencia de 11
de noviembre de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala
Quinta de Decisión, fue notificada por estado el 13 de noviembre de 2020, de
15
Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda - Subsección A, Rad. 11001-03-15-000-2008-01018-
01(AC), Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
16
«Sentencia Corte Constitucional T-290 de 14 de abril de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
17
Ver sentencias: de 18 de abril de 2013 Rad. No. 11001-03-15-000-2012-01172-01, Consejera
Ponente: Susana Buitrago Valencia; 3 de julio de 2013. Rad. No. 11001-03-15-000-2012-01891-01,
12 de agosto de 2013 Rad. No. 11001-03-15-000-2013-1435-00 Consejera Ponente: Lucy Jeannette
Bermúdez; 3 de julio de 2013, Rad. No. 11001-03-15-000-2013-00142-01, 12 de septiembre de 2013,
Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02203-01, Consejero Ponente: Alberto Yepes Barreiro, entre otras.
18
Resaltado no es del original.
19
Modificado por el artículo 66 de la Ley 2080 de 2021.
11
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conformidad con la información contenida en el sistema de gestión judicial Siglo XXI,
razón por la cual quedó en firme el día 19 del mismo mes y año.
En ese orden, se advierte que la presente acción constitucional fue incoada por la
parte accionante el 5 de noviembre de 2021, es decir, después de transcurridos 11
meses y 14 días de haber cobrado firmeza la reprochada decisión, término que
para esta Colegiatura no es razonable, con fundamento en los parámetros fijados
por la jurisprudencia de esta Corporación.
Ahora, aceptar el argumento de CASUR, concerniente a que acudió a esta sede
constitucional luego de agotar todos los mecanismos que tenía a su alcance para
procurar la garantía de sus derechos, como justificación a la tardanza en emplear la
solicitud de amparo de la referencia, sería avalar que en el marco de la tutela contra
providencia judicial, en el cual están en juego los principios de seguridad jurídica,
legalidad, autonomía judicial y cosa juzgada, se flexibilice la exigencia de la
inmediatez cuando de plano se evidencia que los recursos ejercidos no eran
idóneos ni eficaces, pues lo pretendido denota una clara intención de revivir la
oportunidad procesal.
Esta Colegiatura ha considerado, en reiteradas ocasiones 20, que debe existir un
término razonable de seis (6) meses entre la ejecutoria de la decisión judicial o
hecho generador21 que se aduce como violatoria de los derechos fundamentales del
accionante, y la presentación de la acción de tutela para buscar su amparo.
Como complemento de lo enunciado en líneas anteriores, el máximo ente
Constitucional se ha pronunciado sobre el particular y ha señalado que, para
determinar si la acción de tutela ha sido oportuna y se ha cumplido el requisito de
inmediatez, deben tenerse en cuenta, en cada caso concreto, los siguientes
aspectos:
“(…) (i) si existe un motivo válido para la inactividad del accionante, (ii) si a pesar del
paso del tiempo es evidente que la vulneración o amenaza de los derechos
fundamentales del accionante permanece, y (iii) si la carga de la interposición de la
acción de tutela en un plazo razonable resulta desproporcionada dada la situación de
debilidad manifiesta en la que se encuentra el accionante (especialmente a aquellas
personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en
circunstancia de debilidad manifiesta22 (…)”
20
Consultar, entre otras, la Sentencia de 15 de octubre de 2020, expediente No. 11001-03-15-000-
2020-03096-01.
21
Tesis que se encuentra consonante con lo manifestado por la Sala Plena del Consejo de Estado
en providencia 2012-02201-01 (IJ) y por la Corte Constitucional, entre otras, sentencias SU-108 de
2018, T-422 de 2018, T-246 de 2015.
22
Corte Constitucional. Sentencia T- 038 de 2017.
12
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Para esta Sección, es claro que, en este caso particular, la parte actora no se
encuentra dentro de alguna de las causales excepcionales establecidas por la Corte
Constitucional en la sentencia T-265 de 2015 que permita superar el requisito de
inmediatez, máxime, porque en su demanda de tutela no manifestó argumento
alguno que se encuadrara dentro de las causales que justifican el retardo para
promover la acción de tutela en un término razonable.
Deviene entonces de lo dicho que, a juicio de esta Sala, controvertir la providencia
judicial, lo que supone cuestionar principios como los de cosa juzgada y seguridad
jurídica impone para el interesado que se haga en un plazo pertinente, salvo
justificación razonable, carga que le corresponde alegar a la parte accionante.
Por ello, el juicio sobre el requisito de la inmediatez frente al caso de las tutelas
contra providencias judiciales resulta ser estricto, pues basta con que la decisión
que se señala de vulnerar derechos sea conocida y se encuentre ejecutoriada para
que la persona acuda ante el juez constitucional para solicitar el amparo de sus
derechos.
Así las cosas, no existe alguna razón válida que justifique que la Caja de Sueldos
de Retiro de la Policía Nacional, dejara transcurrir más de seis meses para
interponer la solicitud de amparo, máxime, si se tiene en cuenta que la esencia de
este medio de defensa judicial consiste en la protección urgente de las garantías
fundamentales, el respeto a la seguridad jurídica y los derechos de terceros
afectados.
2.5. Conclusión
La Sala confirmará la sentencia de 17 de enero de 2022 proferida por la Subsección
B, de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción
de tutela promovida por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional contra
el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala Quinta de Decisión, pero, por no superar
el análisis adjetivo de inmediatez.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
13
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Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala Quinta de Decisión
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FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la improcedencia de la acción de tutela promovida por la
Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional contra el Tribunal Administrativo
de Boyacá, Sala Quinta de Decisión.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Esta providencia fue generada con firma electrónica, la tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2354 de 2012.
14
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