Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-07574-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-07574-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2021-07574-00
Consejero ponente: Julio Roberto Piza Rodriguez
3 de febrero de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2021-07574-00
Demandante: La Previsora S.A.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Bogotá D.C., tres (3) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-07574-00
Demandante: LA PREVISORA S.A.
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ATLÁNTICO
Temas: Petición en actuación judicial. Solicitud de copia de expediente.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por La Previsora S.A. contra el Tribunal
Administrativo del Atlántico.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
1.1. El 5 de noviembre de 2021, en ejercicio de la acción de tutela y mediante
apoderado judicial, La Previsora S.A. Compañía de Seguros pidió la protección de los
derechos fundamentales de petición y de acceso a la administración de justicia, que
estimó vulnerados por el Tribunal Administrativo del Atlántico. En consecuencia, la parte
actora propuso, textualmente, las siguientes pretensiones: «Que se declare que el
Tribunal Administrativo del Atlántico, vulneró los derechos fundamentales de petición y
acceso a la administración de justicia, y en consecuencia, se ordene que en el término
de 48 horas, remitan a la Previsora S.A. copia electrónica del expediente
08001233100019971240101».
2. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
2.1. Las aseguradoras Grancolombiana S.A. y la Previsora S.A. promovieron proceso de
controversias contractuales, con el fin de que fuera declarada la nulidad de las
resoluciones 008527 del 5 de diciembre de 1996 y 001886 del 15 de abril de 1997,
proferidas por el Ministerio de Transporte, que declararon el incumplimiento del contrato
No. 44 de 1992 y se ordenara hacer efectiva la póliza No. 50022865.
2.2. Mediante sentencia del 7 de marzo de 2012, el Tribunal Administrativo del Atlántico
resolvió lo siguiente:
Primero. Declárese no probada la excepción propuesta por el apoderado del Ministerio de
Transporte.
Segundo. Declárese la nulidad de las resoluciones números 008527 y 001886 proferidas por el
Ministerio de Transporte
Tercero. Condicionase el restablecimiento del derecho en el entendido que, si no se hubiere
pagado suma alguna por parte de las aseguradoras Grancolombiana S.A y la Previsora S.A, no
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Demandante: La Previsora S.A.
habrá de reestablecerse derecho económico alguno y no tendrá la nación – Ministerio de
Transporte, que devolver suma económica a las demandantes; contrario sensu, en el evento de
que se haya hecho efectiva la póliza y el Ministerio de Transporte haya ejecutado o recibido suma
de dinero a título de indemnización de perjuicios por la declaratoria del incumplimiento del contrato
No. 44 de 1992 y sus adicionales 1 y 2, deberá devolver la cantidad que haya recibido a las
demandantes debidamente indexadas en los términos del artículo 178 de C.C.A.
2.3. El Ministerio de Transporte apeló y, mediante sentencia del 3 de julio de 2020, el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, confirmó la decisión de primera
instancia.
2.4. El 8 de julio de 2021, el apoderado de La Previsora S.A. solicitó al Tribunal
Administrativo del Atlántico «la remisión del expediente digitalizado del proceso
relacionado en el asunto, el cual puede ser remitido al siguiente correo
notificacionesjudiciales@previsora.gov.co lo anterior considerando que la entidad que
represento, fue reconocida como parte en el proceso en cuestión».
3. Argumentos de la acción de tutela
3.1. La parte actora adujo que el Tribunal Administrativo del Atlántico vulneró los
derechos fundamentales de petición y de acceso a la administración de justicia, toda vez
que no ha sido resuelta la solicitud del 8 de julio de 2021. Que La Previsora S.A. necesita
las copias del proceso judicial para verificar el cumplimiento de las sentencias y tener
registro en el archivo.
4. Trámite
4.1. Por auto del 11 de noviembre de 2021, el despacho sustanciador inadmitió la
demanda de tutela de la referencia y requirió al abogado Joan Sebastián Hernández
Ordóñez para que acreditara la condición de representante legal judicial y extrajudicial
de La Previsora S.A. Compañía de Seguros. Asimismo, el abogado Hernández Ordóñez
fue requerido para que aportara copia de las solicitudes del 8 de julio de 2021.
4.2. Mediante memorial del 18 de noviembre de 2021, el abogado Hernández Ordóñez
aportó los documentos requeridos.
4.3. Mediante providencia del 30 de noviembre de 2021, el magistrado ponente admitió
la demanda y notificó, en calidad de demandados, a los magistrados del Tribunal
Administrativo del Atlántico. No se estimó necesario notificar a la sociedad
Grancolombiana S.A., puesto que el tema de las copias solicitadas por la parte actora
no la afecta.
4.3.1. La Secretaría General realizó las notificaciones ordenadas en auto admisorio,
mediante correo electrónico del 15 de diciembre de 20211.
5. Intervenciones
5.1. El Tribunal Administrativo del Atlántico no intervino, pese a que, como se vio, fue
notificado de la admisión de la demanda de tutela.
1 Ver índice 13 de Samai.
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CONSIDERACIONES
1. De la acción de tutela. Generalidades
1.1. La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, es una acción residual que permite a todas
las personas reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos
fundamentales que sean vulnerados o amenazados, por la acción o la omisión de
cualquier autoridad o de los particulares, en el último caso, cuando así lo permita
expresamente la ley.
1.2. La acción procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En
todo caso, el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para proteger el derecho
fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá
determinar si existe perjuicio irremediable y, de existir, debe examinar de fondo los
argumentos que proponga el demandante.
2. Planteamiento y respuesta al problema jurídico
2.1. La Previsora adujo la vulneración de los derechos fundamentales de petición y de
acceso a la administración de justicia, toda vez que el Tribunal Administrativo del
Atlántico no ha resuelto la solicitud formulada el 8 de julio de 2021. Textualmente, la parte
actora pidió «la remisión del expediente digitalizado del proceso relacionado en el asunto
(08001-23-31-000-1997-12401-00), el cual puede ser remitido al siguiente correo
notificacionesjudiciales@previsora.gov.co».
2.2. Lo primero que debe decirse es que por medio del derecho de petición no pueden
perseguirse fines para los que el legislador estableció procedimientos y herramientas
específicas, como es el caso de las actuaciones dirigidas a poner en marcha el aparato
judicial o a solicitar a un servidor público que cumpla las funciones jurisdiccionales que
tiene a cargo. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha señalado que 2: «El derecho
de petición es pues un derecho fundamental de naturaleza esencialmente política, que
no subsume todas las actuaciones ante la administración, que no puede asimilarse con
otros derechos como el derecho de acción, ni con otros procedimientos administrativos
de naturaleza especial regulados en normas diferentes al Código Contencioso
Administrativo, que como en el caso sub examine son objeto de leyes especiales, las
que por lo demás, como pasa a explicarse, no pueden entenderse incorporadas a dicho
Código».
2.2.1. Las actividades jurisdiccionales están regidas por normas específicas y, por lo
tanto, las solicitudes de las partes, los intervinientes y los auxiliares de la justicia tienen
un trámite especial en el que prevalecen las reglas del proceso. Por ejemplo, la solicitud
de pruebas, de acumulación de procesos, de denuncia del pleito, las solicitudes de
copias, las solicitudes de cumplimiento, etcétera, deben tramitarse según las reglas
señaladas por los respectivos ordenamientos procesales, mas no por las normas que
regulan el derecho de petición, que se ejerce ante la administración pública, esto es,
tienen regulación propia y, por ello, el derecho de petición no es un medio legal para
cumplir ese cometido.
2.2.2. La anterior distinción es importante, en la medida en que si un funcionario judicial
omite pronunciarse sobre una solicitud o trámite judicial, no es procedente ejercer la
acción de tutela para que se proteja el derecho de petición. En ese caso, la solicitud de
amparo podrá presentarse, pero para que se protejan derechos fundamentales como el
debido proceso o de acceso a la administración de justicia.
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2.2.3. La propia Corte Constitucional, en sentencia T-192 de 2007, precisó que «la
omisión del funcionario judicial en resolver las solicitudes formuladas por las partes o sus
apoderados, propias de la actividad jurisdiccional, no configura una violación del derecho
fundamental de petición, sino al debido proceso y al acceso de la administración de
justicia, en la medida en que dicha conducta, al desconocer los términos de ley sin motivo
probado y razonable, implica una dilación injustificada al interior del proceso judicial, la
cual está proscrita por el ordenamiento constitucional (C.P., Arts. 29 y 229)».
2.2.4. Con base en lo anterior, la falta de respuesta a la solicitud del 8 de julio de 2021
no puede estudiarse a partir de las normas que regulan el derecho de petición, sino con
base en las normas propias de los procesos judiciales, que regulan lo concerniente a la
expedición de copias. En efecto, la solicitud de copias de actuaciones judiciales está
regulada en el artículo 114 del Código General del Proceso.
2.3. Desestimada la vulneración del derecho fundamental de petición, la Sala debe
determinar si fue vulnerado el derecho fundamental al debido proceso, por la supuesta
falta de respuesta frente a la solicitud de copias del 8 de julio de 2021. Conviene precisar
que si bien la sociedad actora adujo la vulneración del derecho fundamental de acceso
a la administración de justicia, lo cierto es que ese derecho no se encuentra
comprometido, por cuanto fue debidamente tramitado y agotado el proceso de
controversias contractuales. De ahí que, se insiste, la Sala verificará si se violó el debido
proceso, por no haber resuelto sobre una solicitud de carácter procesal.
2.4. En el expediente de tutela, está demostrado que La Previsora S.A. solicitó al Tribunal
Administrativo del Atlántico la expedición de copia del expediente controversias
contractuales con radicado 08001-23-31-000-1997-12401-00. Para mayor ilustración, la
Sala se permite poner de presente el pantallazo correspondiente a dicha solicitud, así:
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2.4.1. En este caso, la Sala aplicará lo previsto en el artículo 20 del Decreto 2591 de
1991, que prevé lo siguiente: «Si el informe no fuere rendido dentro del plazo
correspondiente, se tendrán por ciertos los hechos y se entrará a resolver de plano, salvo
que el juez estime necesaria otra averiguación previa». Como se vio en los antecedentes,
el Tribunal Administrativo del Atlántico no rindió informe en el trámite de tutela de la
referencia y, por ende, resulta procedente tener por ciertos los hechos alegados por la
parte actora.
2.4.2. En concreto, la Sala tendrá por acreditada la presentación de la solicitud del 8 de
julio de 2021 y la falta de respuesta por parte del Tribunal Administrativo del Atlántico.
De acuerdo con lo narrado por la parte actora, han transcurrido casi 8 meses y el tribunal
demandado no se ha pronunciado sobre la solicitud de copias. Incluso, la Sala verificó
en el sistema de consulta de procesos de la Rama Judicial y no encontró información
reportada para el expediente 08001-23-31-000-1997-12401-00, que se tramitó en el
Tribunal Administrativo del Atlántico. La búsqueda se realizó, sin éxito, con los criterios
de número de expediente y sujeto procesal demandante.
2.4.3. En todo caso, sí se encontró información registrada para el expediente 08001-23-
31-000-1997-12401-01, que corresponde al radicado de segunda instancia en el Consejo
de Estado. Para ese radicado, el sistema reporta que el expediente se encuentra en el
Tribunal Administrativo del Atlántico, según devolución realizada el 5 de marzo de 2021,
así:
2.4.4. Con esto queda en evidencia que la responsabilidad de la decisión sobre la
expedición de las copias solicitada por la parte actora recae exclusivamente en el
Tribunal Administrativo del Atlántico, por tratarse de la autoridad que actualmente
custodia el expediente con radicado 08001-23-31-000-1997-12401-00/01.
2.5. Así, en criterio de la Sala, debe ampararse el derecho fundamental al debido proceso
de La Previsora S.A. y ordenarse al Tribunal Administrativo del Atlántico que, en el
término de 48 horas, se pronuncie frente a la solicitud de copias del 8 de julio de 2021.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,
FALLA
1. Amparar el derecho fundamental al debido proceso de La Previsora S.A. y, por
consiguiente, ordenar al magistrado del Tribunal Administrativo del Atlántico que
tramitó el proceso de controversias contractuales N°. 08001233100019971240100,
que, en el término de 3 días, se pronuncie frente a la solicitud de copias del 8 de
julio de 2021.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
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Radicado: 11001-03-15-000-2021-07574-00
Demandante: La Previsora S.A.
4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sección Magistrada
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Magistrado Magistrada
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