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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-07588-01

Fecha
7 de abril de 2022
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-07588-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela proferida el 20 de enero de 2022 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por medio del cual declaró improcedente el amparo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de este fallo, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2021-07588-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

7 de abril de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., siete (7) de abril de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2021-07588-01
Actor: Juan Leandro Atuesta Rincón
Demandados: Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de Villavicencio
y Tribunal Administrativo de Arauca

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial/ falta del cumplimiento del
requisito de relevancia constitucional

Acción de tutela contra providencia judicial/ falta del cumplimiento del requisito de
subsidiariedad

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso, ii) acceso a la
administración de justicia e iii) igualdad

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la sentencia de tutela
de 20 de enero de 2022 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado,
por medio del cual declaró improcedente el amparo.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES
La solicitud

1.El actor, obrando en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra el Juzgado
Segundo Administrativo de Descongestión de Villavicencio y el Tribunal
Administrativo de Arauca, porque, a su juicio, el Juzgado al proferir la sentencia de
16 de noviembre de 2012 y el Tribunal al proferir la sentencia de 19 de marzo de

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Actor: Juan Leandro Atuesta Rincón

2021, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con
número único de radicación 50-001-2331-000-2006-00804-01, vulneraron sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia
y a la igualdad.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:

3. Adujo que durante el tiempo de servicio que prestó en la Policía Nacional, la
clasificación de su desempeño profesional fue en rango superior, y que fue retirado
del servicio activo por decisión discrecional mediante la Resolución núm. 167 del 29
de marzo del 2006, expedida por el Comandante del Departamento de Policía del
Meta.

4. Señaló que presentó demanda contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional
– Policía Nacional, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, solicitando que se declarara la nulidad de la Resolución núm. 167 del
29 de marzo del 2006; y a título de restablecimiento del derecho solicitó que se le
reintegrara al grado y cargo que desempeñaba o a otro de igual o superior categoría,
y a reconocerle y pagarle los derechos dejados de recibir.

Sentencia proferida el 16 de noviembre de 2012 por el Juzgado Segundo
Administrativo de Descongestión de Villavicencio dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 50-001-2331-000-2006-00804-01

5. El Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de Villavicencio negó las
pretensiones de la demanda.

6. Consideró que:

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Actor: Juan Leandro Atuesta Rincón

“[…] En cuanto a la notificación de los resultados del proceso de calificación, es del
caso precisar que cuando se invoca, por parte de la Dirección General de la Policía
Nacional, como ocurre en el caso sub lite, la facultad discrecional y a ella se contrae
el procedimiento, se entiende que en forma previa a la recomendación dada por la
Junta de Evaluación y Clasificación del Departamento del Meta para Suboficiales,
Personal del Nivel Ejecutivo y Agentes, ha considerado el desempeño del actor
como trámite previo obligatorio, que no requiere notificación al servidor porque es
un acto preparatorio que se puede enjuiciar dentro de la imputación del acto
definitivo como en este caso se ha hecho, razón por la cual la falta de notificación
no vulnera el Decreto No 1800 del 2000, como se alega en el concepto de violación.

Siendo ello así, este despacho considera que la presunción de legalidad del acto
administrativo demandado no se desvirtuó, la parte demandante no logró demostrar
con prueba a la que se le pudiera dar valor probatorio, la ausencia de justificación
de los motivos que tuvo la Junta de Asesora del Ministerio de Defensa para
recomendar el retiro del demandante, porque como ya se anotó en el expediente no
obra las calificación de desempeño policial para el año 2005 y 3 primeros meses del
2006, como tampoco anotaciones que den cuenta de un excepcional desempeño
del accionante en sus labores, por lo que se presume que la decisión adoptada lleva
implícita la finalidad de mejorar el servicio por parte de la institución.

En conclusión, a juicio de este Despacho, el (sic) Resolución No. 167 de 29 de Marzo
de 2006, expedida por el Comandante del Policía del Departamento Meta, se expidió
con base en la facultad discrecional y de conformidad con lo previsto en el Decreto
1791 de 2000 y la Ley 857 de 2003, y por tanto queda intacta la presunción de
legalidad del acto demandado, es categórico el despacho en señalar que en el caso
de marras no se presentó ni falsa motivación, ni violación al debido proceso, toda
vez que del material probatorio allegado al expediente no se probó que tanto el
Ministerio de Defensa como la Junta Calificación o Evaluación correspondiente se
hallan apartado del finalidad de mejoramiento del servicio que exige la ley para
ejercer la facultad discrecional […]”.

Sentencia proferida el 19 de marzo de 2021 por el Tribunal Administrativo de
Arauca dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el número único de radicación 50-001-2331-000-2006-00804-01

7. La parte resolutiva de la mencionada providencia dispuso textualmente lo
siguiente:

“[…] PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 16 de noviembre de 2012, proferida
por el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de Villavicencio.

SEGUNDO. DECLARAR que no hay condena en costas.

TERCERO. ORDENAR que previas las anotaciones de rigor, por Secretaría del
Tribunal Administrativo de Arauca: (i) Se remita copia de esta providencia por correo
-Electrónico si aparece registrado o postal- a las partes y al Ministerio Público con
carácter de mera información, y (ii) Se devuelva el expediente al Tribunal

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Actor: Juan Leandro Atuesta Rincón

Administrativo del Meta, para que prosigan los trámites procesales que correspondan,
incluido el de notificación de la sentencia. CUARTO. ORDENAR que en firme la
presente providencia en el Tribunal Administrativo del Meta, se devuelva por la
Secretaría de esa Corporación Judicial, el expediente al Despacho de origen-Juzgado
de primera instancia, previas las anotaciones de rigor.

QUINTO. OTORGAR personería al abogado Giovanny Adolfo Moreno Ruiz para
intervenir en el proceso […]”.

8. Consideró que:

“[…] 4.3. Respecto del primer cargo que le hace a la sentencia impugnada el recurso
de apelación, se establece que cuestiona el no pronunciamiento del a quo sobre la
excepción de inconstitucionalidad que dice planteó respecto de las resoluciones
00580 de 2004 y la de retiro.

Se hace necesario precisar que en las pretensiones de la demanda no se hizo
petición alguna de inaplicación o de recurrir a la figura jurídica de la excepción de
inconstitucionalidad; aun cuando dicho escrito sí abordó el tema en los hechos y en
el concepto de la violación. También se destaca que la parte demandante no solicitó
en el proceso la declaratoria de ilegalidad de la citada Resolución 00580 de 2004,
que propone inaplicar; se observa que de haber pedido esa nulidad, significaría otro
medio de control diferente y un Juez distinto […]”.

[…]

“[…] El segundo cargo de la apelación contra la sentencia de primera instancia
consiste en que la causal de falsa motivación está llamada a prosperar teniendo en
cuenta que la sentencia desconoció el precedente obligatorio del Tribunal
Administrativo del Meta y del Consejo de Estado. Y que el Acta 002 en su caso, no
fue motivada pues no se llevó a cabo el previo análisis de la hoja y folio de vida, vicio
que compromete a la Resolución 167 de 2006 por falsa motivación ya que los
miembros de la Junta no efectuaron ningún análisis ni se le notificó la recomendación
de remoción como se concluye del oficio 24457 de 2006, a pesar que este último
requisito no lo establezca el artículo 62 del Decreto 1791 pero el debido proceso es
de rango constitucional. Y que la falta de calificaciones finales no cercena de plano
las pretensiones, pues la entidad no aportó pruebas en contra de su buen
comportamiento o de proceso penal o disciplinario que afectara gravemente el
servicio público.

4.4.1. Frente a la petición para que se apliquen decisiones judiciales que menciona,
que a su vez la utiliza como sustento de una presunta falsa motivación por supuesto
desconocimiento del precedente, se determina que no se acoge la solicitud del
apelante, con lo que no prospera este aspecto de la impugnación.

Ello, toda vez que se establece en esta instancia que para el a quo no resultaba de
imperiosa aplicación las providencias que aduce como precedente el apelante en su
recurso. Lo cual tampoco es de aceptación por la Sala ya que no tienen respaldo
fáctico ni jurídico los planteamientos del impugnante, como se expone y demuestra
a continuación.

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Actor: Juan Leandro Atuesta Rincón

En cuanto a una decisión del Tribunal Administrativo del Meta que menciona el
recurso a fi. 429-430, se trata de pronunciamiento que no es obligatorio de asumir,
pues proviene de precedente horizontal; pero además, de las consideraciones que
el escrito de apelación reseña de la providencia que cita, se observa que en ese caso
sí se tuvieron las evaluaciones del último año anterior al retiro del allí demandante,
lo cual no ocurrió en el del actual proceso, lo que hace las circunstancias fácticas y
jurídicas distintas, por lo que entonces no corresponde igual tratamiento judicial.

Y no se comparte que allá se considere que por haber sido calificado el servidor
público en el nivel superior (Es aquella en la que "Su calificación se ubica entre mil
uno (1.001) y mil doscientos (1.200) puntos"), haga al policial "uno de los mejores
miembros de la entidad demandada" (fi. 429), pues el mismo artículo 42 del Decreto
1800 de 2000 que se citó en esa providencia, establece un nivel más alto por encima
de aquel, el excepcional, donde "Es el evaluado que en su desempeño personal y
profesional, además de obtener los resultados esperados dentro de los procesos
asignados, realiza actividades o hechos que tienen trascendencia institucional. Su
calificación está ubicada entre mil doscientos uno (1.201) y mil cuatrocientos (1.400)
puntos y su rendimiento es del cien por ciento (100%) en adelante. El personal que
sea clasificado en este rango, amerita ser tenido en cuenta para participar en los
planes de estímulos que determine la Dirección General de la Policía Nacional", lo
que significa que aquí en este nivel excepcional se sitúan integrantes con mejor
desempeño que el del allí debatido y sin duda alguna, los de este nivel excepcional
sí son los mejores de la entidad. De igual forma, se desconoce el acervo probatorio
que se aportó a dicho expediente y los demás criterios que se pudieron adoptar para
decidir en favor del allá demandante, lo que impide establecer si el caso es similar y
pudiera acogerse dicha providencia. También se resalta que en aquella sentencia no
intervino alguno de los suscribientes de la presente, lo que también permite no
seguirla, pues lo allí expuesto no ata a la Sala que aquí decide, aunque es claro que
el mismo Juez puede apartarse de sus propios precedentes, eso sí, con la exigencia
de mayor carga de transparencia al hacerlo.

Y sobre providencias que de Altas Cortes invoca el recurso de apelación, se
encuentra que algunos no son aplicables al caso, por cuanto lo debatido en tales
procesos y en el actual no guardan similitud fáctica ni jurídica […]”.

[…]

“[…] 4.6. De manera que de la situación fáctica y jurídica analizada, como de la
valoración probatoria que se realizó, se establece que la decisión demandada
cumplió la normativa y jurisprudencia aplicable, no se encuentra arbitraria, y se ajustó
a las atribuciones, exigencias, finalidad y competencias legales que le
correspondían. Y en el expediente no se demostró que el retiro de Juan Leandro
Atuesta Rincón fue ilegal, ni que con su salida se desmejoró el servicio en la Policía
Nacional, por lo que no tiene respaldo fáctico ni jurídico una decisión revocatoria de
la sentencia de primera instancia ni una anulatoria del acto administrativo que se
demandó […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

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Actor: Juan Leandro Atuesta Rincón

9. El actor solicitó en su escrito de tutela:

“[…] 1. Sírvase señor Juez a tutelar mi derecho fundamental al acceso a la
administración de justicia, al debido proceso, confianza legítima, seguridad jurídica,
igualdad y precedente jurisprudencial.

2. Como consecuencia de lo anterior, ordene señor Juez, revocar las decisiones del
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ARAUCA Y JUZGADO SEGUNDO
ADMINISTRATIVO DE DESCONGESTIÓN DE VILLAVICENCIO dentro del proceso
judicial por nulidad y restablecimiento del derecho bajo el número de radicado
500012331000200600804 y en su defecto dentro de un término prudencial se
rehaga la providencia que acoja las pretensiones de la acción constitucional […]”.

10. El actor en su escrito de tutela señaló que el Tribunal Administrativo de Arauca
incurrió en un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial y en
un defecto fáctico.

Actuación

11. La Sección Cuarta del Consejo de Estado, por auto de 12 de noviembre de 2021;
i) admitió la acción de tutela, ii) ordenó notificar al Juzgado Segundo Administrativo
de Descongestión de Villavicencio y a los magistrados del Tribunal Administrativo
de Arauca, y iii) vinculó a la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional y al
Tribunal Administrativo del Meta en calidad de terceros con interés legítimo,
concediéndoles el término de dos (2) días para que rindieran informe sobre el
particular.

Intervenciones de la parte demandada y de los terceros con interés legítimo

12. La Secretaría General de la Policía Nacional expresó que:

“[…] En virtud de lo expuesto, una vez dilucidado el problema jurídico, esta
Secretaría se permite resaltar que el verdadero fin de la acción de tutela deprecada
por el accionante, es volver a reabrir el debate probatorio, con el fin de someter a
litigio sus posturas con respecto a la decisión adoptada en segunda instancia,
aspecto para nada acorde con el ejercicio del mecanismo excepcional de la acción

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Actor: Juan Leandro Atuesta Rincón

constitucional, máxime cuando el Juez Contencioso Administrativo realizó un
análisis del compendio probatorio para efectos de denegar las pretensiones del
libelo demandatorio […]”.

13. El Tribunal Administrativo de Arauca señaló que:

“[…] La cuestión planteada no tiene evidente relevancia constitucional, pues solo
expone crítica ante unas decisiones de la Jurisdicción, la del Juzgado Segundo
Administrativo de Descongestión de Villavicencio y la del Tribunal Administrativo de
Arauca; y no basta invocar derechos fundamentales para cumplir la exigencia.
Menos cuando el objeto de crítica se centra es en un aspecto meramente de
apreciación subjetiva, la valoración de la prueba.

Revisadas las decisiones objeto de estudio se observa que en ellas no se vulneró
de ninguna manera el debido proceso constitucional, en la medida en que en el
trámite del proceso ordinario se respetaron las garantías legales de los sujetos
procesales, quienes dentro de las precisas oportunidades ejercieron su derecho de
defensa y contradicción contra lo que consideraron adverso a sus pretensiones y en
otro aspecto, el propio tutelante fue negligente y omitió utilizar los recursos a su
disposición, por lo cual debe asumir la consecuencia de su error e inactividad y no
puede lograr -Como lo pretende- que lo asuma la Rama Judicial.

Por lo anterior, el asunto carece de la mencionada relevancia para justificar la
procedencia de la presente solicitud de amparo […]”.

14. El Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de Villavicencio y el
Tribunal Administrativo del Meta guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

La sentencia impugnada

15. La Sección Cuarta del Consejo de Estado mediante sentencia de 20 de enero
de 2022, resolvió lo siguiente:

“[…] Declarar improcedente la presente acción de tutela interpuesta por Juan
Leandro Atuesta Rincón, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia […]”.

16. Consideró que:

“[…] En el caso concreto, el actor considera que el Tribunal accionado incurrió en
defecto fáctico al no decretar la prueba de oficio que solicitó en el escrito de
apelación contra la sentencia de primera instancia, a fin de que se oficiara a la

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entidad demandada para que enviara las calificaciones de servicio del año 2005 y
los tres primeros meses del año 2006.

Sea lo primera anotar que, como lo advirtió el Tribunal accionado, las providencias
por las que se admitió el recurso de apelación y se corrió traslado para alegar en
segunda instancia, los profirió el Tribunal Administrativo del Meta, ya que al Tribunal
Administrativo de Arauca solo se le remitió el expediente para proferir sentencia, en
razón de las medidas de descongestión ordenadas por el Acuerdo PCSJA-19-11448
del 19 de noviembre de 2019, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura
(Samai, índice 19).

Ahora, conforme el artículo 212 del CCA (Decreto 01 de 1984), norma bajo la cual
se tramitó el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, las partes podrán
pedir pruebas en segunda instancia dentro del término de ejecutoria del auto que
admite el recurso, las que solo se decretarán en los casos previsto en el artículo
21410 ibidem.

En el caso concreto, de la revisión del expediente se advierte que (i) la solicitud de
prueba de oficio se efectuó en el escrito de apelación y no dentro del término de
ejecutoria del auto admisorio de la apelación, como lo dispone la norma; (ii) que el
Tribunal Administrativo del Meta no se refirió a dicha solicitud en el trámite de la
segunda instancia; y (iii) que el demandante allegó la documentación echada de
menos por el juez de primera instancia con los alegatos de conclusión de segunda
instancia. Pese a lo anterior, la parte interesada en dicha prueba no hizo ningún
pronunciamiento frente al silencio del Tribunal respecto a la solicitud de prueba de
oficio al momento de admitir el recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia, ya fuera solicitando la adición de esa providencia, o interponiendo el
recurso procedente.

Es más, si en la primera instancia el actor hubiera advertido que su hoja de vida no
había sido enviada completa, que hacía falta la calificación del año 2005 y los tres
primeros meses del año 2006, debió solicitar al Juzgado antes del cierre del período
probatorio, para que se requiriera a la entidad demandada del envío de la
documentación faltante, y no lo hizo.

Por lo anterior, es que el Tribunal Administrativo de Arauca manifestó en la
providencia cuestionada (índice 2 y 15 Samai), que no tendría en cuenta la prueba
documental que allegó el demandante en los alegatos de segunda instancia, en los
que aportó las calificaciones de esos periodos.

Textualmente dijo: “Estos documentos no se tendrán en cuenta para decidir ni serán
objeto de valoración probatoria, por cuanto de manera extemporánea y sin
autorización judicial se agregaron al expediente, pues no fueron pedidos ni
ordenados como prueba en ninguna de sus oportunidades legales, ni se les puso de
presente a la contraparte, con lo cual no tuvo la oportunidad de hacer uso de su
derecho al debido proceso”.

Por tanto, en relación con el defecto fáctico alegado, encuentra la Sala que no se
cumple con el requisito de subsidiariedad, pues, la acción de tutela no está instituida
para revivir etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos
previstos en el ordenamiento jurídico […]”.

[…]

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“[…] Del análisis concreto del caso, encuentra la Sala que la controversia propuesta
no cumple el requisito de relevancia constitucional, habida consideración que el
accionante utiliza la acción de tutela, que es un medio excepcional y residual, como
una instancia adicional del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

En esencia, esgrime los mismos argumentos propuestos y decididos en la segunda
instancia del proceso ordinario, concretamente los que expuso en el recurso de
apelación para controvertir la sentencia proferida por el Juzgado Segundo
Administrativo de Descongestión del Circuito de Villavicencio.

En el escrito de apelación (índice 15 Samai14), al igual que en su escrito de tutela,
entre otras cosas, argumentó, que se desconocieron precedentes del Consejo de
Estado y de la Corte Constitucional sobre el ejercicio de la facultad discrecional para
el retiro del servicio de la Policía Nacional, entre ellas, mencionó sentencia del 25
de noviembre de 2010 de la Sección Segunda del Consejo de Estado, así como las
sentencias SU-172 de 2015, SU-091 de 2016 y T-107 de 2016 de la Corte
Constitucional.

Igualmente, en el recurso de alzada expuso que la falta de calificaciones finales (año
2005 y los tres primeros meses del año 2006), no limitaba de plano las pretensiones
de su demanda, aduciendo que la entidad demandada no aportó pruebas en contra
de su buen comportamiento que afectara gravemente el servicio. Además, como
quedó dicho, solicitó se decretara prueba de oficio, para que se ordenara a la
institución demandada allegar las calificaciones de desempeño del año 2005 y de
los 3 primeros meses del año 2006.

5.3. Revisada la sentencia cuestionada (índice 2 y 15 Samai), observa la Sala que
en ella se despejaron las inconformidades expuestas en el recurso de apelación. Se
señalaron, como quedó dicho en precedencia, los motivos por los que no procedía
decretar la prueba solicitada en el escrito de apelación, ni valorar los documentos
que allegó con los alegatos de segunda instancia. Asimismo, el Tribunal expuso las
razones de hecho y de derecho por las cuales concluyó que el acto administrativo
demandado se encontraba ajustado a la legalidad, al no haber sido expedido con
falsa motivación ni con violación al debido proceso.

Para arribar a esa conclusión, en primer lugar, relacionó el acervo probatorio obrante
en el expediente. Acto seguido expuso un marco constitucional, legal y
jurisprudencial en relación con la facultad discrecional de retiro en la Policía
Nacional.

Allí, la Corporación judicial accionada trascribió el artículo 218 de la Constitución
Política sobre la forma de ingreso y de retiro en la Policía Nacional, y la concreción
legislativa y reglamentaria de ese mandato constitucional en los artículos 54, 55
numeral 6 y 66 del Decreto 1791 de 2000, el artículo 4º de la Ley 857 de 2003,
relacionados con las causales de retiro por voluntad del gobierno, o de la dirección
general de la policía nacional, y lo dispuesto en la Resolución 00580 de 2004,
mediante la cual se produjo la delegación del Director General de la Policía Nacional,
"en los Comandantes de Policía Metropolitana y de Departamentos de Policía la
facultad conferida por el artículo 4 de la Ley 857 del 26 de diciembre de 2003".

En ese marco hizo alusión al precedente jurisprudencial del Consejo de Estado y de
la Corte Constitucional, entre ellas las providencias que mencionó el actor en su

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recurso de apelación, y que en esta tutela invoca como desconocidos, entre ellas la
sentencia del 25 de noviembre de 2010, de la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, y otras de años más recientes, y las sentencias de la Corte
Constitucional SU-172 de 2015, SU-091 de 2016, SU-217 de 2016, T-107 de 2016
[…]”.

La impugnación

17. El actor impugnó la sentencia proferida por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado. En ese orden de ideas, expresó lo siguiente:

“[…] No se entiende la razón por la cual aún se insiste que no hay calificaciones
próximas a mi retiro si se encuentran aportadas en el proceso, y las cuales han sido
desestimadas para buscar la VERDAD MATERIAL y no la formal como sea querido
hacer en mi caso, el cual ha tenido bastantes tropiezos por parte del Tribunal
Administrativo del Meta, habiendo prosperado, dos acciones de tutela por
vulneración a mis derechos constitucionales que ordenaron rehacer algunas
providencias.

Como NO puede ver los operadores jurídicos una sombra de duda, que existiendo
el folio de vida del 2006 (ultimas calificaciones), no se hubiese allegado el folio del
año 2005, que ha sido planteada y puesta a su vista por medio de los recursos y
oportunidades procesales y aún más habiéndose solicitado la prueba de oficio en
un acápite del recurso de apelación y reiterada nuevamente en los alegatos de
conclusión de segunda instancia, para que observaran las calificaciones existentes
o en su defecto con el fin aclarar este punto oscuro la decretara de oficio con un
auto de mejor proveer.

Ahora bien, como sea enfatizada, dentro del plenario no existe prueba que
demuestre un actuar contrario al buen desarrollo de mi servicio policial, pues la
Policía Nacional no aporto prueba que lo demuestre, por ello al estar frente a una
negación indefinida la carga de la prueba se invierte y seria la Policía Nacional
quien tendría que demostrar un mal actuar en mi servicio, pero todo lo contario
sucede, mis calificaciones del 2006, exaltan mi labor el beneficio del buen servicio a
la comunidad y no presento antecedentes penales ni investigaciones disciplinarias
en mi contra.

La Corte Constitucional ha sostenido que el defecto fáctico se presenta cuando “se
hace manifiestamente irrazonable la valoración probatoria hecha por el juez en su
providencia. Así, ha indicado que “el error en el juicio valorativo de la prueba debe
ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener
una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en
una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que
ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia
(…)”; como se puede apreciar si el operador jurídico hubiese valorado las
calificaciones del año 2006, antes del retiro que obraban en el plenario, siguiendo el
trazado jurisprudencial de la Corte Constitucional en las sentencias de unificación
SU-172 de 2015, SU-091 de 2016, SU-217 de 2016 y T-107 de 2016, muy
seguramente la decisión adoptada hubiese sido favorable.

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Actor: Juan Leandro Atuesta Rincón

En conclusión, contrario a lo manifestado por la operadora constitucional en primera
instancia, si se advierte que existió el defecto fáctico y que se presentó de las
siguientes formas:

Existió Omisión por parte del juez en el decreto y práctica de pruebas. La Corte
ha considerado que se configura, cuando el funcionario judicial omite el decreto y la
práctica de pruebas, generando en consecuencia la indebida conducción al proceso
“de ciertos hechos que resultan indispensables para la solución del asunto jurídico
debatido.”, ello se presenta cuando no uso su poder oficioso en el decreto por medio
de un “auto de mejor proveer”, el cual es entendido como aquella decisión de
pruebas pasible de ser proferida, previamente, a dictar sentencia, tiene finalidad
estricta y focalizada al esclarecimiento de puntos oscuros o dudosos de la contienda,
pues al existir las calificaciones del año 2006, porque no obraban las del año 2005,
y no se trata de una nueva prueba todo lo contrario fueron solicitadas y sufragadas
en su debida oportunidad, solo que se desconoce el motivo por el cual la Policía
Nacional no aporto el folio de vida del año 2005 ( art. 214 Numeral 3 C.C.A) y si el
del 2006.

No se efectuó una valoración del material probatorio allegado al proceso
judicial. Esta hipótesis tiene lugar, cuando la autoridad judicial a pesar de que en el
respectivo proceso existen elementos probatorios, “omite considerarlos, no los
advierte o simplemente no los tiene en cuenta para efectos de fundamentar la
decisión respectiva, y en el caso concreto resulta evidente que de haberse realizado
su análisis y valoración, la solución del asunto jurídico debatido variaría
sustancialmente.”, revisada las decisiones judiciales proferidas por los operadores
jurídicos, se puede observar, que en la primera instancia no fue valorado el folio de
vida del año 2006, pues se limitó la Juez Segunda Administrativa de Descongestión
a indicar que no se allegaron las ultimas calificaciones de los año 2005 y 2006, cosa
que no es cierto, pues como sea insistido si obraron las calificaciones del año 2006.
Respecto a la decisión de segunda instancia del Tribunal Administrativo de Arauca
al indicar:

“De otra parte, sobre las apreciaciones de la apelación respecto de la falta de
calificaciones finales -Las del año anterior a su retiro- no prosperan, toda vez que
los criterios jurisprudenciales sobre el asunto son claros y concretos al exigir la
inmediatez de las evaluaciones antes de la desvinculación, como requisito
fundamental para determinar si el integrante policial retirado era merecedor de
continuar en la institución, aspecto ya analizado en el acápite 4.4.6. de estas
consideraciones. Unas evaluaciones anteriores no muestran la situación actual e
inmediata del desempeño del policial ante la toma de la decisión, y no es dable la
presunción de la continuidad de los puntajes de otros años antes. De ahí que al faltar
a ese deber -Lo cual se abordó en los acápites 2.3. y 4.2.2.ii- y omitir la prueba de
tener un desempeño excepcional en el año y tres meses antes de la recomendación
de la Junta, con ello el hoy demandante no desvirtuó la legalidad de la sugerencia
de retirarlo ni la del acto que lo decidió.”

“Se agrega que frente al cargo de falsa motivación, el acto por el cual se recomendó
y se retiró discrecionalmente al hoy demandante, se presume expedido en aras del
buen servicio y del mejoramiento de la Institución policial, y si bien en ocasiones la
hoja de vida es prueba para acreditar la desproporcionalidad del ejercicio de la
facultad dadas las condiciones y méritos personales del retirado, en el presente caso
es de reiterar que la presunción no se desvirtuó toda vez que no se acreditó con la
hoja de vida de Atuesta Rincón que en el año previo a su retiro (2005) su desempeño

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Actor: Juan Leandro Atuesta Rincón

fuera calificado como excepcional o al menos en rango superior, con lo que no se
destruyó el respaldo que sobre las razones del servicio se erigió la recomendación
y la decisión de retiro. Además, el concepto de buen servicio no se limita a las meras
calificaciones que se le asignan al integrante de la Policía Nacional, sino que
incluyen otras circunstancias que puede analizar y aplicar la entidad, como las de
conveniencia y oportunidad que solo podía determinar en este caso, el Director de
la entidad o su Delegado.”

“Tampoco se acogen los planteamientos del apelante en cuanto a que la entidad no
aportó pruebas en contra de su buen comportamiento o de proceso penal o
disciplinario que afectara gravemente el servicio público.”

Es de aclarar que el Honorable Consejo de Estado y la Corte Constitucional, para
los casos de facultad discrecional, han manifestado la obligatoriedad de la
motivación del acto de retiro discrecional, cosa que no ocurrió en el sub lite y que ha
sido desconocido el PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL de las sentencias SU-172
de 2015, SU-091 de 2016, SU-217 de y T-107 de 2016, ahora bien da por cierto el
Tribunal Administrativo de Arauca que los actos demandados no fueron motivados,
pero que la hoja de vida no muestra dentro de las calificaciones hechos relevantes
o extraordinarios para obtener una calificación de 1400 puntos o rango Excepcional,
al respecto es de indicar que con solo observarse los casos estudiados por la Corte
Constitucional en los Precedentes citados (Sentencia de Unificación), sus
calificaciones están en RANGO SUPERIOR, por lo tanto el argumento expuesto por
el Tribunal Administrativo de Arauca se cae de peso y queda sin fundamento.

Ante el silencio guardado por el operador judicial, me vi en la obligación de asumir
una carga que no me correspondía para poder obtener la verdad (MATERIAL)
procesal y esclarecer los asuntos oscuros que presentaba el proceso, por lo cual, a
través de derechos de petición radicados ante la entidad demandada, consigue la
documentación faltante y es anexada por medio de los alegatos de conclusión, para
fuera valorada, pero al contrario fue desecha.

Lo anterior cobra importancia a partir de los señalado dentro del precedente
jurisprudencial, el cual indica que, el retiro del servicio con fundamento de la
facultad discrecional ha sido objeto de estudio dentro de la jurisprudencia de la
Sección al señalar en casos similares que, todo acto discrecional de retiro del
servicio supone el mejoramiento del mismo y en este orden, corresponde al juez
evaluar los elementos de juicio existentes en el expediente que permitan desvirtuar
tal presunción, y en ello cobra importancia los antecedentes en la prestación de la
labor, como se dijo. Vale decir, las anotaciones recientes en la hoja de vida del
servidor, conforme a la cual es dable inferir su moralidad, eficiencia y disciplina,
que como sea insistido no obra prueba alguna que demuestre lo contrario, más
cuando mi clasificación anual del año 2005 fue en RANGO SUPERIOR y así lo
avalo (sic) el CONSEJO DE ESTADO -SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO- SECCION SEGUNDA- SUBSECCION "B"-Consejero
ponente: VICTOR HERNANDO ALVARADO ARDILA- en la providencia de fecha
Veinticinco (25) de Noviembre de Dos Mil Diez (2010)- Radicación número: 25000-
23-25-000-2003-06792-01(0938-10)-Actor: RENE TRIANA RIVERA- Demandado:
MINISTERIO DE DEFENSA - POLICIA NACIONAL, en la que manifestó frente
a la clasificación en rango superior:

Estas probanzas llevan a cuestionarse si en atención a un fin constitucionalmente
relevante, como lo es la buena prestación del servicio público, con dichos

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2021-07588-01
Actor: Juan Leandro Atuesta Rincón

antecedentes era razonable desvincular a un servidor que demostró durante el
tiempo en que estuvo vinculado, virtudes policiales adecuadas al mejoramiento del
servicio. En otras palabras, teniendo en cuenta que la razón de la facultad
discrecional es el buen servicio, cabe preguntarse si el servicio efectivamente se
favorecía con el retiro inmediato de un funcionario en el marco que acaba de
describirse y con un desempeño “superior”. ¨.

Por lo mismo no se comparten los argumentos del operador jurídico constitucional
al analizar la procedencia de la acción de tutela frente al requisito de relevancia
constitucional al indicar:

(….)

“Que la parte actora no comparta el análisis efectuado y el sentido de la decisión
adoptada por el juez de la causa, escapa a la órbita de competencia del juez
constitucional, la cual está dada en clave de derechos fundamentales y no para
dirimir diferencias de juicio o de opinión, pues no debe olvidarse que la simple
disparidad de criterio no constituye per se una vulneración a los derechos
fundamentales. De aceptar esa posibilidad, se desnaturalizaría la acción de tutela
como mecanismo excepcional de protección de los derechos fundamentales.”

“Es por este motivo que la jurisprudencia constitucional reiteradamente ha sostenido
que, cuando se controvierten decisiones judiciales, la procedencia del amparo está
sujeta a que el asunto sea de tal relevancia en materia constitucional que se logre
apreciar sin mayor esfuerzo una vulneración grosera o de bulto. Lo que no ocurre
en el presente asunto.”

“Para la Sala resulta incuestionable que lo que busca el accionante es que se realice
un nuevo estudio y valoración de lo que razonada y adecuadamente analizó y definió
el Juez natural de la causa dentro de la órbita de su autonomía y competencia.”

Primeramente el presente asunto es de relevancia constitucional, en tanto versa
sobre el ejercicio de la facultad discrecional de la administración, sus límites dentro
del Estado Social de Derecho y el alcance que tiene, en especial, frente a la
vulneración de mis derechos fundamentales a la igualdad, al mínimo vital, al acceso
a la administración de justicia y al debido proceso, generada por las decisiones del
Tribunal Administrativo de Arauca y el Juzgado Segundo Administrativo de
Descongestión de Villavicencio, acusadas de incurrir en vías de hecho por defecto
fáctico y desconocimiento del precedente.

Así mismo, por cuanto ha llamado la atención de la Corte Constitucional, todo lo
referente a la facultad discrecional y al desarrollo jurisprudencial de la motivación
del acto discrecional, lo que origino (sic) que se profiriera una serie de sentencias
de unificación (SU-172 de 2015, SU-091 de 2016, SU-217 de 2016), que trazaron la
obligatoriedad de las mismas en dicho tema que se sometería a estudio de los
jueces administrativos y que unificarían el criterio a aplicarse en los mismos.

Como sea venido expresando y concretando, no se busca un nuevo estudio del
caso, sino que se advierte que las providencias objeto del reproche constitucional
por vía de la acción de tutela, están incursas en una vía de hecho, que configuran
el defecto factico para su procedencia, al efectuarse una valoración indebida y
caprichosa de la prueba existente en el proceso y de la obligación constitución del
Juez Administrativo, en buscar la VERDAD MATERIAL, a la falta del periodo

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Actor: Juan Leandro Atuesta Rincón

calificable del 2005, mediante un “auto de mejor proveer”, pues como sea insistido
no se trata de una nueva prueba, sino que habiendo sido aportada esta debía ser
valorada al momento de tomar la decisión de fondo, pero al ser desechada la
decisión adoptada fue contraria a lo que realmente debía ser.

Se puede aducir que el papel del Juez en el marco del nuevo Estado Social de
Derecho no solo se limita a las actuaciones que estén de conformidad con las
normas procesales (VERDAD FORMAL), por el contrario, en el curso de un proceso,
el juez en virtud del principio de objetividad y razonabilidad debe velar por la recta
aplicación, efectividad y reconocimiento de garantías de rango constitucional, es
decir se reprocha su papel pasivo, lejos de intervenir de dicha manera, el juez tiene
un papel activo, lo cual debe estar dirigido a la efectividad de garantías y derechos
constitucionales (Debido Proceso, al Acceso a la Administración de justicia a la
igualdad ) de conformidad con los principios constitucionales que son pilar
fundamental del Estado social de derecho en busca de la verdad MATERIAL, que
ha sido desechada por los operadores jurídicos, efectuando un análisis caprichoso
de la prueba y en nada favorable para buscar la prevalencia de mi derecho
sustancia. En el caso sub lite, es dable mencionar que la actuación judicial
desnaturaliza el referido postulado, desconociendo así, la naturaleza e importancia
de garantías superiores, generando así una estiba en el acceso real a la
administración de justicia como derecho fundamental, amén de lo anterior
generando un excesivo formalismo en las actuaciones, lo cual en palabras de la
corte son inferiores, o no deben aplicarse por encima del derecho sustancial […]”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

18. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con
los artículos 1.º y 32 del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual
se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 20211 y
en armonía con el Acuerdo 377 del 11 de diciembre de 20182 y con el artículo 13
del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, que asigna a esta sección el conocimiento
de las acciones de tutela.

1 “Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único

Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
2 “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.”

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Actor: Juan Leandro Atuesta Rincón

Generalidades de la acción de tutela

19. La acción de tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente señalados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problemas jurídicos

20. Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de
tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad
de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió con
los requisitos de ii) relevancia constitucional y iii) subsidiariedad.

21. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes
temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii)
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra
providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental al acceso a la administración de justicia; v) marco normativo y
jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad; procediendo posteriormente
a vi) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y
cuando, se satisfagan los requisitos generales.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

22.Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala

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Actor: Juan Leandro Atuesta Rincón

Plena , en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
3

acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
decisiones judiciales

23. Esta Sección adoptó4 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005 , proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de
5

los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

24. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción
constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.
25. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera

3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María

Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María

Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
5 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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Actor: Juan Leandro Atuesta Rincón

“dejar sin efecto o modular la decisión”6 que encaje en dichos parámetros.

26. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

27. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 . 7

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela en el caso concreto

28. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida
por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento de los requisitos de i)
relevancia constitucional y de ii) subsidiariedad.

Acerca del requisito de la relevancia constitucional

29. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5 de agosto de
2014 , al referirse al requisito de relevancia constitucional, sostuvo lo siguiente:
8

“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos
puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte
Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

6 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P.Mauricio González Cuervo.
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P Jorge

Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
8 Ut supra página 6.

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Actor: Juan Leandro Atuesta Rincón

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa
para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos
fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía
funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [9]; por otro, evita que la
acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones”[10].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales
de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos
elementos necesarios [ ]. 11

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar
en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el
actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para
que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o
declarar improcedente el amparo constitucional[ ]. 12

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en
una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de
tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a
derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad
o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones
carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende
discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente

[9] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[10] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[11] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[12] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará
la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido
del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial
trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la
Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de
los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia
de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2021-07588-01
Actor: Juan Leandro Atuesta Rincón

relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia
constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [ ]. Si 13

bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos
que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa
al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada
en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha
reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso
constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [ ]. 14

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la
protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [ ]; el derecho a
15

presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el
principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el
derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de
juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia
constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el
asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan
desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de
defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera
grave el equilibrio procesal entre las partes.

3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de prosperidad
de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de las altas Cortes,
tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013:
[…]” (Resaltado fuera del texto).

30. De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional ha señalado : 16

“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘que el asunto
objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto
puesto a consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la
interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo
eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales.”17

[13] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[14] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[15] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
16 Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
17Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

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Actor: Juan Leandro Atuesta Rincón

Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la
improcedencia de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los
intereses moratorios, un asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la
Corte advirtió:

“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia –
Sala Laboral-, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses
moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido
sosteniendo que los mencionados intereses no proceden cuando se trata de
reajustes pensionales, sino que los mismos sólo se causan cuando la entidad
obligada al pago de la pensión entra en mora de reconocer la prestación o una vez
reconocida la misma, retrasa el pago de las mesadas correspondientes.

Más allá de las condiciones personales del actor, quien no demuestra la calidad de
sujeto de especial protección, la primera apreciación que puede hacerse, es que el
asunto que nos ocupa tiene, en principio, una relevancia de tipo legal, y que aún
haciendo una interpretación armónica del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 junto
con las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 13 (derecho a la
igualdad), artículo 25 (derecho al trabajo), artículo 48 (derecho a la seguridad social)
y el artículo 53 (derecho a la situación más favorable al trabajador y al pago oportuno
y reajuste de las pensiones) del Estatuto Superior, se llegaría a la conclusión de que
el contenido de dicho artículo, por el sólo hecho de derivarse de postulados
constitucionales no tiene ‘per se’ vocación de derecho fundamental.”18

En esta ocasión, la Corte acoge y reitera el citado pronunciamiento máxime teniendo
en cuenta que el sujeto que aduce la vulneración no demuestra, ni siquiera
sumariamente, un perjuicio irremediable que haga de este caso, un asunto de
relevancia constitucional que permita el estudio de fondo, menos aún si se tiene en
cuenta que los jueces ordinarios laborales reconocieron la indexación de la mesada
pensional y negaron, bajo argumentos sólidos y no caprichosos, los intereses
moratorios sobre la indexación […]”.

31. En ese orden de ideas, el requisito de la relevancia constitucional se acredita
cuando: i) en el caso bajo estudio por parte del juez constitucional se involucra la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales y ii) cuando el actor en su
escrito de tutela cumple con satisfacer una carga argumentativa mínima de
establecer las razones jurídicas por las cuales la autoridad judicial accionada
incurrió en algunas de las causales especiales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales, y trajo como consecuencia la afectación de los
derechos fundamentales.

18 Ibidem.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2021-07588-01
Actor: Juan Leandro Atuesta Rincón

Requisito de subsidiariedad de la solicitud de tutela

32. La jurisprudencia constitucional, en armonía con lo dispuesto en los artículos 86
superior y 6.º del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991 19, indica que la
solicitud de tutela es un medio de defensa de carácter subsidiario para obtener la
protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales, lo que impone su
procedencia siempre y cuando en el ordenamiento jurídico no exista otra acción
idónea y eficaz para el amparo judicial de estos derechos.

33. Frente al tema ha dicho la Corte Constitucional20:

“[…] Bajo esta perspectiva, la sentencia T-211 de 200921 precisó al menos cuatro
razones por las que el estudio del requisito de subsidiariedad es fundamental para
determinar la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales:

“La primera consiste en que las sentencias son decisiones emanadas de un juez
que recibió el encargo constitucional de poner fin a las controversias en una
jurisdicción determinada, para lo cual, fue revestido de autonomía e independencia.
Cuando la acción de tutela se instaura como recurso alternativo o como último
recurso judicial para obtener una decisión favorable en cualquier materia, se
desconoce la división de competencias que la misma Carta ha delineado, y se niega
el principio de especialidad de la jurisdicción. Adicionalmente, cuando se promueve
el amparo de manera complementaria a los procesos judiciales ordinarios, la
decisión del juez constitucional –que por la naturaleza de la acción de tutela tendrá
que adoptar una decisión en menor tiempo- puede terminar imponiendo
interpretaciones de carácter legal al juez que está encargado del proceso.

En uno y otro caso, la acción de tutela que no es presentada con apego estricto al
principio de subsidiariedad, niega la garantía del debido proceso, de acuerdo con la
cual, una persona sólo puede ser procesada por su “juez natural”.

Una segunda razón estriba en el respeto por la importancia del proceso judicial. Las
etapas, recursos y procedimientos que conforman un proceso, son el primer espacio
de protección de los derechos fundamentales de los asociados, especialmente en
lo que tiene que ver con las garantías del debido proceso. Es en este sentido que la
sentencia C-543/92 puntualiza que: “tratándose de instrumentos dirigidos a la
preservación de los derechos, el medio judicial por excelencia es el proceso, tal
como lo acreditan sus remotos orígenes” (negrillas del original). Por tanto, no es
admisible que el afectado alegue la vulneración o amenaza de un derecho
fundamental cuando no ha solicitado el amparo de sus derechos dentro del proceso,

19 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política"
20 Corte Constitucional, Sentencia T-113 de 8 de marzo de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
21 Corte, Constitucional, sentencia T-211 de 27 de marzo de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. En el mismo

sentido, puede consultarse Corte Constitucional, sentencia T-649 de 1 de septiembre de 2011, M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva, en la cual se estudió la idoneidad y eficacia del recurso de revisión en la jurisdicción contencioso
administrativa que hacía improcedente la acción de tutela porque existía otro medio de defensa judicial.

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Actor: Juan Leandro Atuesta Rincón

pues, en principio, el ordenamiento jurídico le ha dotado de todas las herramientas
necesarias para corregir durante su trámite las irregularidades procesales que
puedan afectarle.

Como tercera razón, la acción de tutela instaurada contra providencias judiciales,
cuando no se han agotado los mecanismos ordinarios de protección, atenta contra
la seguridad jurídica del ordenamiento. No hace parte de los fines naturales de la
acción de tutela el causar incertidumbre jurídica entre los asociados. Por esto, la
Corte ha reiterado que la acción de tutela contra providencias judiciales no pretende
sustituir al juez natural, ni discutir aspectos legales que ya han sido definidos, o están
pendientes de definir. Sin embargo, cuando se desconoce el principio de
subsidiariedad, y se intenta usar la acción de tutela como otra instancia u otro
recurso de litigio, sin que existan razones evidentes para advertir violaciones a
derechos fundamentales, se atenta contra la cosa juzgada y contra la seguridad
jurídica.”

7. En suma, corresponde al juez constitucional evaluar de forma rigurosa la
subsidiariedad de la acción de tutela contra providencias judiciales teniendo en
cuenta las pautas generales sobre la existencia de otros medios de defensa judicial
y si se trata de un proceso concluido o en curso. La anterior verificación del requisito
de subsidiariedad conlleva la salvaguarda de las siguientes garantías: i) el juez
natural; ii) el respeto por el debido proceso propio de cada actuación judicial; y iii) la
protección de la seguridad jurídica y la cosa juzgada […]”.

34. Así las cosas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, la tutela resulta
improcedente cuando es utilizada como mecanismo que desplaza los medios
ordinarios de defensa previstos por la ley. Sin embargo, tal regla general encuentra
la excepción si el juez constitucional logra determinar que los mecanismos y
recursos ordinarios de defensa no son suficientemente idóneos y eficaces para
garantizar la protección de los derechos presuntamente vulnerados o amenazados;
y se requiere el amparo constitucional como mecanismo transitorio para evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable.

35. Para que el perjuicio tenga categoría de irremediable ha de ser actual y las
medidas que se requieran para conjurarlo han de ser urgentes; no basta cualquier
perjuicio, se requiere que sea grave, lo que equivale a una gran intensidad del daño
o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona; la urgencia y la
gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable, debido a que tiene
que ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad.

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Actor: Juan Leandro Atuesta Rincón

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso

36.Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

37.Atendiendo a que, la Corte Constitucional ha definido el derecho al debido
22

proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.

22 Corte Constitucional, Sentencia C 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo

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Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia

38.Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.

39.Atendiendo a que, la Corte Constitucional ha entendido el derecho de acceso a
23

la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas las
personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico
les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida
protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta
sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de
las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley
[…]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad

40.Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

23 Corte Constitucional, Sentencia T 799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto

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El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.

41.Atendiendo a que la Corte Constitucional24 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad
ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.

Análisis del caso concreto

42. El actor, obrando en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra el
Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de Villavicencio y el Tribunal
Administrativo de Arauca, porque, a su juicio, el Juzgado al proferir la sentencia de
16 de noviembre de 2012 y el Tribunal al proferir la sentencia de 19 de marzo de
2021, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con
número único de radicación 50-001-2331-000-2006-00804-01, vulneraron sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia
y a la igualdad.

43. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.

24 Corte Constitucional, Sentencia C178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.

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44. La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes, de
conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 del
Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza
que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en
derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados por el
actor en su respectivo escrito de tutela e impugnación.

Acervo y análisis probatorios

45.Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo siguiente:

45.1. Copia en medio digital del expediente del proceso del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 50-001-2331-000-2006-00804-01.

Solución al caso en concreto

Análisis del cumplimiento del requisito de relevancia constitucional

46. El actor en su escrito de tutela señaló que la autoridad judicial accionada incurrió
en un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial. En ese orden
de ideas expresó lo siguiente:

“[…] De acuerdo con lo anterior, y una vez definido el desconocimiento del
precedente jurisprudencial, es preciso señalar que el Tribunal Administrativo de
Arauca desconoció el precedente jurisprudencial emitido por el Consejo de Estado
como órgano de cierre de la jurisdicción contenciosa administrativa, Corte
Constitucional como órgano de cierre de la jurisdicción constitucional y el precedente
horizontal emitido por el Tribunal Administrativo del Meta, como lo son las señaladas
tanto los alegatos de conclusión de primera instancia, en el recurso de apelación e
insistentemente en los alegatos de conclusión de segunda instancia:

• SU-172 de 2015.
• SU-091 de 2016.
• SU-217 de 2016.
• T-107 de 2016.
• Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Segunda

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Subsección A – Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez (E). Sentencia
de fecha julio 22 de 2015. Radicado No. 250000325000200000200701 (1615-2003).
• Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección
SegundaSubsección B – Consejero Ponente: Víctor Hernando Alvarado Ardila. 25
de noviembre de 2010. Radicado No. 25000232500020030679201 (0938-10). A la
cual se enfatiza su importancia de acuerdo a que la misma establece lo siguiente:

Estas probanzas llevan a cuestionarse si en atención a un fin constitucionalmente
relevante, como lo es la buena prestación del servicio público, con dichos
antecedentes era razonable desvincular a un servidor que demostró durante el
tiempo en que estuvo vinculado, virtudes policiales adecuadas al mejoramiento de
servicio. En otras palabras, teniendo en cuenta que la razón de la facultad
discrecional es el buen servicio, cabe preguntarse si el servicio efectivamente se
favorecía con el retiro inmediato de un funcionario en el marco que acaba de
describirse y con un desempeño “superior”.

Situación fáctica igual a la del accionante, en la medida que, la clasificación de mi
desempeño está en rango superior como se pudo demostrar a través de la hoja de
vida y folio de vida que se aportaron dentro del proceso, sin embargo, mencionada
circunstancia es inadvertida por los operadores judiciales accionados, en especial
el Tribunal Administrativo de Arauca quien señala que se debía contar con una
clasificación excepcional para que de esta manera existiera una afectación al
servicio público, lo cual es totalmente diferente a lo considerado por el órgano de
cierre de los contencioso administrativo.

• Y de más sentencias que se relacionaron dentro del proceso contencioso
administrativo referenciado.

Finalizando, es preciso señalar que los operadores judiciales, desconocieron el
precedente jurisprudencial que determina la importancia de la valoración de la hoja
de vida y folios de vida de los servidores a los cuales retiran del servicio activo por
facultad discrecional, situación que de no observarse implicaría la existencia de una
causal de nulidad del acto administrativo como lo es la falsa de motivación en
atención a la no valoración de criterios objetivos que concluiría en una afectación
del servicio público y no un mejoramiento de este, los cuales fueron señalados en
reiteradas ocasiones en las diferentes instancias del proceso contencioso
administrativo referido, por lo cual, su inobservancia concluyo en la emisión de una
decisión contraria al lineamiento jurisprudencial […]”.

47. Ahora bien, para la Sala el actor no cumplió con la carga argumentativa
mínima para estructurar el defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente judicial, toda vez que no indicó específicamente cuales fueron las i)
reglas y sub reglas jurisprudenciales que se fijaron en las providencias que
mencionó en su escrito de tutela, y mucho menos argumentó que las ii) situaciones
fácticas y los iii) problemas jurídicos en ambos casos eran análogos o similares.

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48. En ese orden de ideas, para la acreditación del requisito de relevancia
constitucional respecto al defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial, no basta con citar de manera genérica la jurisprudencia del Consejo de
Estado o de la Corte Constitucional, sino que por el contrario, el actor tiene la carga
argumentativa de señalar en su escrito de tutela el cumplimiento de los elementos
que permiten configurar la existencia de un precedente judicial25, esto es, i) que
en la ratio decidendi de las sentencias invocadas por el actor en su escrito de tutela
se encuentre una regla jurisprudencial aplicable al caso a resolver; ii) que esta
ratio resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso y, iii)
que los hechos del caso sean equiparables a los resueltos anteriormente26.

49. Esta Sección con ponencia del Consejero de Estado, doctor Roberto Augusto
Serrato Valdés al resolver un caso en donde los actores habían considerado que la
Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, incurrió en un defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente judicial contenido en la sentencia SU-072 de 2018, consideró que no se
había acreditado el requisito de la relevancia constitucional por falta de carga
argumentativa, al considerar lo siguiente27:

“[…] FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

1. Los accionantes, a través de apoderada judicial, impugnaron la decisión de
primera instancia acusándola de desconocer los artículos 1º, 2º, 6º, 13, 28, 29, 32,
42, 83, 93, 94, 228, 229 y 230 de la Constitución Política; la Convención Americana
de Derechos Humanos, y distintas sentencias proferidas por el Consejo de Estado
y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Sistema Interamericano de
Protección de Derechos Humanos.

2. En desarrollo del escrito de impugnación los accionantes expresaron su
inconformidad con el ejercicio de la función investigativa que desarrolló la Fiscalía
General de la Nación y la jurisdicción ordinaria, especialidad penal, cuando privaron

25 Respecto a la carga argumentativa mínima para estructurar el defecto sustantivo por desconocimiento del

precedente judicial, ver entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
sentencia de 19 de abril de 2021, C.P Hernando Sánchez Sánchez, radicación número: 11001-03-15-000-2021-
00999-00.
26 Frente al tema de la configuración del precedente judicial ver Corte Constitucional, sentencia T-292 de 2006.

Magistrado ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de marzo de

2021, C.P Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación: 11001-03-15-000-2020-04147-01.

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Actor: Juan Leandro Atuesta Rincón

de la libertad al señor Morales Álape. Específicamente reprocharon que no se
hubiesen percatado de que el procesado residía en el municipio de La Dorada
(Caldas).

3. Aunado a lo anterior, expusieron la importancia y el alcance del derecho a la
libertad de que se garantiza en la Constitución Política y en distintos instrumentos
jurídicos internacionales.

4. Seguidamente abordaron los elementos de la responsabilidad del Estado por
privación injusta de la libertad. En desarrollo de este argumento señalaron que «ser
privado de la libertad, siendo inocente - así sea que dicha privación se dé con apego
al ordenamiento jurídico - no es una carga que las personas estén obligadas
jurídicamente a soportar; por lo cual los daños producto de tal privación son
antijurídicos, naciendo con ellos una responsabilidad para el Estado».

5. Igualmente, expresaron su inconformidad con el sistema penal colombiano.
Especialmente centraron su crítica en el artículo 308 de la Ley 906 de 2004 y los
presupuestos que esta norma prevé para que la justicia penal ordene la detención
preventiva de un ciudadano que es objeto de una investigación.

6. Por último, elaboraron un resumen de las intervenciones de las entidades
accionadas y vinculadas en la presente acción de tutela y concluyeron que se
desconoció el precedente contenido en la sentencia SU – 072 de 2018 sin
indicar las razones por las cuales inferían tal conclusión […]”. (Resaltado por la
Sala).

[…]

“[…] Con fundamento en las anteriores premisas, la Sala encuentra que la
apoderada judicial de los accionantes, al impugnar la decisión del a quo, no
realizó una exposición concreta, específica, clara y coherente acerca del
motivo por el cual consideraba que la sentencia de primera instancia fue
desacertada al declarar la falta de relevancia constitucional y negar la solicitud
de amparo respecto del defecto fáctico.

7. Por el contrario, lo que se percibe del escrito de impugnación es un conjunto
de insatisfacciones de la apoderada judicial de la parte accionante con el
ordenamiento jurídico nacional. Específicamente con el ordenamiento penal y
con las reglas de procedencia de la medida preventiva de privación de la
libertad.

8. Así las cosas, para la Sala de Decisión no es posible abordar el estudio de
fondo del escrito de impugnación por las serias deficiencias argumentativas
que contiene el mismo, lo que impide que esta Sección pueda evaluar si, en
efecto, se incurrió en alguno de las causales específicas de procedencia de la
acción de tutela resaltándose que el extremo accionante estuvo en todo
momento representado por una profesional del derecho. Por tal motivo, se
deberá confirmar la sentencia impugnada […]”. (Resaltado por la Sala).

50. De igual manera, esta Sección con ponencia del Consejero de Estado, doctor

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Actor: Juan Leandro Atuesta Rincón

Oswaldo Giraldo López, frente al tema consideró lo siguiente28:

“[…] La Sala estima que, en este caso, no está acreditada la relevancia
constitucional respecto del derecho fundamental a la igualdad, puesto que la
accionante, si bien cumplió con la carga de identificar la sentencia que a su
juicio constituye un precedente, esto es, la sentencia proferida por la Corte
Constitucional C-258 del 7 mayo de 201329, no explicó la regla jurisprudencial
que considera era aplicable a su caso y que la autoridad judicial accionada
desatendió, argumentación que habilitaría al juez de tutela para analizar si en
las providencias cuestionadas se configuró algún yerro.

Por el contrario, se observa que, en el escrito de tutela, la parte actora se limitó
a señalar que “los fallos de instancia desconocen el precedente constitucional
vertido por la honorable Corte Constitucional en tanto en la sentencia de
constitucionalidad 258 de 2013 estableció que los funcionarios públicos que
ya se encontraban vinculados a 01 de abril del año 1994, no se les aplica la
Ley 100 de 1993 en materia pensional, situación fáctica y jurídica en la que se
encuentra mi prohijada como funcionaria civil del Ministerio de Defensa regida
por el Decreto 1214 de 1990 (personal de planta central del Ministerio de
Defensa Nacional), o del Decreto 2701 de 1988 (personal de las entidades
descentralizadas, adscritas o vinculadas al Ministerio de Defensa Nacional)”.

Lo dicho, habida cuenta que no basta con citar la jurisprudencia del Consejo
de Estado o de la Corte Constitucional para tener por superado el requisito de
relevancia constitucional respecto del derecho fundamental a la igualdad,
puesto que, para evidenciar una eventual transgresión del mismo, se requiere
que el accionante explique con claridad por qué refiere a las precitadas
providencias en el escrito de tutela; es decir, si lo que persigue es endilgar un
posible desconocimiento del precedente o si, por el contrario, se enlistaron
con otro propósito, más cuando la parte actora omitió exponer cuál fue la regla
jurisprudencial que estima debió tenerse en cuenta para resolverlo […]”.
(Resaltado por la Sala).

51. Esta Sección debe reiterar que el principio de informalidad que gobierna a la
acción de tutela no puede considerarse absoluto , pues es necesario satisfacer
30

ciertos presupuestos básicos que le permitan al Juez conocer con claridad aspectos
como la acción o la omisión que la motiva, el derecho que se considera violado o
amenazado y, de ser posible, el nombre de la autoridad pública o del órgano autor
de la amenaza o del agravio , el señalamiento de las causales especiales de
31

procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales lo que implica cumplir con

28Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 29 de abril de 2021,

C.P Oswaldo Giraldo López, número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-00843-00.
29 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
30 Sobre el principio de informalidad, ver Corte Constitucional, Auto A165 de 21 de julio 2011, M.P. Jorge Iván

Palacio Palacio
31 Decreto 2591 de 1991, artículo 14.

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Actor: Juan Leandro Atuesta Rincón

la carga argumentativa para demostrar su configuración en el caso concreto, entre
otros aspectos.

Análisis del cumplimiento del requisito de subsidiariedad

52. El actor en su escrito de tutela señaló que la autoridad judicial demandada
incurrió en un defecto fáctico. En ese orden de ideas, expresó que:

“[…] 1. Se constata dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
referenciado que, el accionante, a través de su apoderado, por medio del recurso de
apelación interpuesto contra la decisión del Juzgado Segundo Administrativo de
Descongestión del Circuito de Villavicencio, solicitó dentro del mismo que se decreta
de oficio lo siguiente:

SOLICITUD DE PRUEBA DE OFICIO

Con todo respeto ruego al Honorable Despacho y de conformidad con la facultad
otorgada por el artículo 169 del C.C.A., se disponga reiterar nuevamente o de oficio
el envió (sic) de la Hoja de Vida y Folio de Vida de mi poderdante JUAN LEANDRO
ATUESTA RINCON, C.C. No. 86.067. 314 de Villavicencio, teniendo en cuenta que
fueron sufragados los gatos (sic) de su recepción, y bajo el principio de la buena fe
y que fuera enviada en su totalidad, la misma no fue allega (sic) completa al hacer
falta el folio de vida de los dos últimos años al retiro de la parte demandante, la cual
es necesaria para el esclarecimiento de la verdad; como se puede apreciar no se
trata de una nueva prueba sino que la entidad demandada envió en forma incompleta
el citado documento, el cual es necesario para tomar una decisión de fondo.

La anterior (sic) pruebas fue solicitada dentro de la presentación de la demanda, toda
vez que, la misma sería fundamental para poder establecer la nulidad que recae
sobre la Resolución No. 167 de 29 de marzo de 2006 mediante la cual se ordena
retirar del servicio al suscrito JUAN LEANDRO ATUESTA, siendo así que, la misma
carecería de fundamento objetivo alguno, toda vez que, desconoció la hoja de vida
y los folios de vida de los últimos años del accionante.

Sin embargo, la Policía Nacional como accionada dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho referenciado, allega ante el Juzgado Segundo
Administrativo de Descongestión del Circuito de Villavicencio, la documentación
incompleta que se había solicitado con anterioridad, situación que es inadvertida
tanto por el ad que como por el ad quem al momento de decidir.

Siendo así que, el Tribunal Administrativo de Arauca dentro de la decisión de
segunda instancia, advierte sobre la anterior falencia, sin embargo, se excusa sobre
la misma advirtiendo que correspondía al demandante pronunciarse sobre dicha
situación, cuando en principio, por mandato constitucional y legal, corresponde al
operador judicial dentro de sus funciones y competencias como director del proceso,
dar respuesta a dicha situación:

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2021-07588-01
Actor: Juan Leandro Atuesta Rincón

No compulsa de copias. Se hace resaltar que en dos oportunidades en la sentencia
apelada, la Juez decidió con base en que en el expediente, de manera especial en
el Anexo 1, no se encontraban las calificaciones de desempeño de 2005 ni las de los
tres primeros meses de 2006 del hoy demandante (fi. 346, 346-envés). Se expidió el
16 de noviembre de 2012.

La falta de estos documentos la endilgó el demandante a negligencia de la
demandada, cargo que hizo en su fallido (No se aceptó por la discusión procesal
presentada sobre trámite de poder ante sanción disciplinaria impuesta al apoderado,
documento respecto del cual el a quo ordenó compulsa de copias por posibles delito
y falta disciplinaria, fl. 386, decisión que confirmó el Tribunal Administrativo del Meta
en decisión del 5 de diciembre de 2017, fi. 36-40, c.TAM.1-2) primer recurso de
apelación (fi. 351-366) del 10 de diciembre de 2012. reprochó que sobre la hoja de
vida allegada, "la administración debe aportar todos los documentos que reposan en
la misma (...) no obran las calificaciones finales".

En clara ratificación del reconocimiento expreso de la falta de las calificaciones de
desempeño de 2005 y de los tres primeros meses de 2006, en su definitivo recurso
de apelación (fi. 417-449) del 30 de enero de 2018, el entonces apoderado del
demandante pidió como prueba de oficio que se requiriera a la entidad para "que
envié en forma integral el original o copia autentica la totalidad de la Hoja de Vida
(...), y en especial del folio de vida de los dos (2) últimos años antes del retiro" (fi.
418); esta petición de prueba de oficio en segunda instancia la reiteró de manera
expresa al final del mismo escrito de impugnación, "teniendo en cuenta que fueron•
sufragados los gastos de su recepción, y bajo el principio de la buena fe y que fuera
enviada en su totalidad, la misma no fue allega completa al hacer falta el folio de vida
de los dos últimos años al retiro de la parte demandante, la cual es necesaria para
el esclarecimiento de la verdad; como se puede apreciar no se trata de una nueva
prueba sino que la entidad demandada envió en forma incompleta el citado
documento, el cual es necesario para tomar una decisión de fondo" (fl. 449).

Sobre tal solicitud no se pronunció la segunda instancia, ni al admitir el recurso de
apelación, ni al dar traslado para alegatos (fl. 5-6, c.TAM.02).

Pero el demandante no impugnó ninguna de estas decisiones, con lo que estuvo de
acuerdo con ellas; su petición de prueba de oficio no se acogió.

2. De igual manera, el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión del
Circuito de Villavicencio, no valoró los documentos aportados por el accionante
intermedio de su apoderado, los cuales fueron trasladados en los alegatos de
conclusión, momento procesal que no es el oportuno, sin embargo, lo anterior se
adelantó en atención a la omisión y silencio guardado por el operador judicial frente
a la solicitud de decreto de oficio solicitado en el recurso de alzada interpuesto.

En la medida que, si bien en primera instancia se decretó la prueba solicitado por el
demandante donde solicitaba al Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión
del Circuito de Villavicencio ordenara a la entidad accionada que allegara el
expediente completo que dio origen al retiro del servicio del accionante por facultad
discrecional, sin embargo, el accionado allega al proceso el expediente incompleto,
faltando de esta manera las calificaciones de desempeño de 2005 y las de los tres
primeros meses de 2006, siendo así que, correspondiendo al accionante dentro del
recurso de apelación que se elevó en contra de la decisión de primera instancia, se
solicita a través del apoderado del accionante se requiriera a la entidad para "que

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Actor: Juan Leandro Atuesta Rincón

envié en forma integral el original o copia auténtica la totalidad de la Hoja de Vida
(...), y en especial del folio de vida de los dos (2) últimos años antes del retiro"

Ante el silencio guardado por el operador judicial, corresponde al accionante asumir
una carga que no le correspondía para poder obtener la verdad procesal y esclarecer
los asuntos oscuros que presentaba el proceso, por lo cual, a través de derechos de
petición radicados ante la entidad demandada, el accionante consigue la
documentación faltante y es anexada por medio de los alegatos de conclusión […]”.

[…]

“[…] Sin embargo, se puede evidenciar que existe una omisión y negligencia por
parte del Tribunal Administrativo de Arauca al momento de tomar una decisión, toda
vez que, él mismo reconoce la falencia que se presentó con el decreto de oficio de
prueba solicitado por el demandante en el proceso contencioso administrativo y sin
embargo, no realiza ninguna actuación para poder esclarecer dicha situación,
teniendo pleno conocimiento que las hojas de vida y folios de vida solicitados y
requeridos desde un comienzo son piezas procesales claves para poder resolver el
asunto de fondo que atiende el proceso, en la medida que, resuelve cada uno de los
precedentes jurisprudenciales que señaló el demandante en el recurso de apelación
que debieron ser tenidos en cuenta por el demandado y el operador judicial de
primera instancia, dentro de uno de estos advierte lo siguiente:

En cuanto a una decisión del Tribunal Administrativo del Meta que menciona el
recurso a fi. 429-430, se trata de pronunciamiento que no es obligatorio de asumir,
pues proviene de precedente horizontal; pero además, de las consideraciones que
el escrito de apelación reseña de la providencia que cita, se observa que en ese caso
sí se tuvieron las evaluaciones del último año anterior al retiro del allí demandante,
lo cual no ocurrió en el del actual proceso, lo que hace las circunstancias fácticas y
jurídicas distintas, por lo que entonces no corresponde igual tratamiento judicial.

Siendo así que, una vez observado un vacío o situaciones oscuras o no claras,
corresponde al operador judicial tomar las medidas necesarias que el ordenamiento
jurídico le otorga para esclarecer dichas situaciones en búsqueda de la verdad, por
lo cual, el Tribunal Administrativo de Arauca antes de proferir decisión contaba con
la figura jurídica del “auto de mejor proveer”, el cual es entendido como aquella
decisión de pruebas pasible de ser proferida, previamente, a dictar sentencia, tiene
finalidad estricta y focalizada al esclarecimiento de puntos oscuros o dudosos de la
contienda, siendo así que, esta figura resalta en grado sumo, el poder de instrucción
del operador jurídico en su labor de administrar justicia, pero de manera excepcional,
por cuanto conforme a la norma pretranscrita, implica que las etapas procesales
probatorias para la postulación de las partes -que incluye a la facultad oficiosa
propiamente dicha- ya han sido superadas y finiquitadas, toda vez que el proceso se
encuentra entre las etapas de alegaciones de conclusión, que ya han sido
escuchados o presentados, y la de antes de dictar sentencia […]”.

53. La Sala con fundamento en lo anteriormente expuesto, considera que no se
cumple con el requisito de la subsidiariedad, toda vez que el actor al interior del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único
de radicación 50-001-2331-000-2006-00804-01, contaba con otros medios de

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Actor: Juan Leandro Atuesta Rincón

defensa judicial a través de los cuales podía alegar las irregularidades procesales
invocadas en su escrito de tutela como causa de vulneración de sus derechos
fundamentales, los cuales omitió presentarlos en las respectivas etapas procesales.

54. La Sala debe hacer énfasis en que el actor en la diferentes etapas del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 50-001-2331-000-2006-00804-01, omitió advertirle a la autoridad judicial
accionada, las posibles irregularidades procesales que se presentaron,
concretamente en lo que tenía que ver con la solicitud de la respectiva prueba de
oficio.

55. En ese orden de ideas, la Sala encuentra que en el caso concreto, existieron
otros mecanismos de control judicial para garantizar la protección de los derechos
del actor, previo al cumplimiento de los requisitos legales, para controvertir las
posibles irregularidades procesales que se presentaron al interior del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 50-001-2331-000-2006-00804-01, antes de acudir a la acción de tutela.
En esa medida, la Sala declarará la improcedencia de la tutela frente a este cargo
como se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

Estudio del perjuicio irremediable

56. Ahora bien, debe preguntarse la Sala si en el presente caso se configura la
existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela
como mecanismo transitorio.

57. Frente a la configuración del perjuicio irremediable dentro del marco de la acción
de tutela ha dicho la Corte Constitucional : 32

“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta Corporación ha precisado que éste
debe reunir las siguientes características: “debe ser inminente o próximo a suceder.

32 Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.

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Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos que así
lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño. (…) el perjuicio ha de
ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien altamente significativo
para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de determinación
jurídica. (…) deben requerirse medidas urgentes para superar el daño, entendidas
éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta adecuada frente a la
inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con las particularidades del
caso. Por último, las medidas de protección deben ser impostergables, esto es,
que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de evitar la consumación
de un daño antijurídico irreparable33[…]”

58. Para la Sala al revisar el expediente no se evidencia la existencia de un perjuicio
irremediable que haga procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio.
Del análisis del acervo probatorio no es posible establecer que el actor se encuentre
en una situación de debilidad manifiesta que implique adoptar medidas urgentes,
impostergables e inmediatas para la protección de sus derechos fundamentales.

Conclusiones de la Sala

59. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte motiva
de esta sentencia, la Sala procederá a declarar improcedente la acción de tutela por
falta del cumplimiento del i) requisito de relevancia constitucional, toda vez que
quedó plenamente acreditado en el presente caso, que el actor no cumplió con la
carga argumentativa mínima para estructurar el defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial; y por falta del cumplimiento del ii) requisito
de agotamiento de los recursos ordinarios y extraordinarios dentro del marco de la
acción de tutela contra providencias judiciales, teniendo en cuenta que el actor
contaba con otros mecanismos para garantizar la protección de sus derechos, y,
además, la acción de tutela no procedía como mecanismo transitorio, teniendo en
cuenta que no se configuró la existencia de un perjuicio irremediable.

33 Corte Constitucional, Sentencia T-1316 de 7 de diciembre de 2001, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.

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Actor: Juan Leandro Atuesta Rincón

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela proferida el 20 de enero de 2022
por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por medio del cual declaró
improcedente el amparo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de este fallo,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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