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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-07604-00

Fecha
25 de marzo de 2022
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdes
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-07604-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: Disponer la DESACUMULACIÓN del presente expediente de la acción de tutela número 11001-03-15-000-2021-10011-0019, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR la carencia actual de objeto por sustracción de materia de las acciones de tutela números 11001-03-15-000-2021-07604-0020, 11001-03-15- 000-2022-00059-0021, 11001-03-15-000-2021-10099-0022, 11001-03-15-000-2021-10078- 0023, 11001-03-15-000-2021-09607-0024, 11001-03-15-000-2021-09634-0025, 11001-03- 15-000-2021-09750-0026, 11001-03-15-000-2021-09783-0027, 11001-03-15-000-2021- 09857-0028, 11001-03-15-000-2021-09903-0029, 11001-03-15-000-2021-09935-0030, 19 Promovido por el señor Laureano Rodríguez Morales. 20 Promovido por la señora Claudia Patricia Santana Gómez. 21 Promovido por la señora Diana Karolina Caicedo Velásquez. 22 Promovido por la señora Paula Andrea Vargas Carreño. 23 Promovido por el señor Jairo Pinilla Gutiérrez. 24 Promovido por la señora Leslie Andrea Jácome Muñoz. 25 Promovido por la señora Rosario Leal Cortés. 26 Promovido por la señora Ana Milena Gaviria Gómez. 27 Promovido por la señora Clara Muñoz Alvear. 28 Promovido por el señor Jorge Perdomo Camacho. 29 Promovido por la señora Yesika Tatiana Osorio Taborda. 30 Promovido por el señor Sebastián Pineda Caicedo. 14 Radicación: 11001-03-15-000-2021-07604-00 y Acumulados Accionantes: Claudia Patricia Santana Gómez y otros 11001-03-15-000-2021-08907-0031, 11001-03-15-000-2021-08948-0032, 11001-03-15-000- 2021-08972-0033, 11001-03-15-000-2021-09038-0034, 11001-03-15-000-2021-09049-0035, 11001-03-15-000-2021-09156-0036, 11001-03-15-000-2021-09255-0037, 11001-03-15-000- 2021-09275-0038, 11001-03-15-000-2021-09376-0039, 11001-03-15-000-2021-09417-0040, 11001-03-15-000-2021-09419-0041, 11001-03-15-000-2021-09478-0042, 11001-03-15-000- 2021-07950-0043, 11001-03-15-000-2021-07871-0044, 11001-03-15-000-2021-07917-0045, 11001-03-15-000-2021-08014-0046, 11001-03-15-000-2021-08037-0047, 11001-03-15-000- 2021-08094-0048, 11001-03-15-000-2021-08152-0049, 11001-03-15-000-2021-07756-0050, 11001-03-15-000-2021-07760-0051, 11001-03-15-000-2021-07862-0052, 11001-03-15- […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2021-07604-00

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes

25 de marzo de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Radicación: 11001-03-15-000-2021-07604-00
Accionante: CLAUDIA PATRICIA SANTANA GÓMEZ Y OTROS1
Accionados: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA – MINISTERIO DE SALUD Y
PROTECCIÓN SOCIAL – MINISTERIO DEL INTERIOR –
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO -
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA – se declara la carencia actual de objeto por
sustracción de materia porque el acto administrativo acusado fue
expresamente derogado

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por la parte actora en contra del
Presidente de la República2, del Ministerio de Salud y Protección Social, del
Ministerio de Interior y del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La ciudadana Claudia Patricia Santana Gómez junto con otros ciudadanos -a
través de distintas acciones de tutela- solicitaron la protección de sus derechos
fundamentales a la libertad de locomoción, a la libertad de conciencia, reunión y
manifestaciones públicas, al trabajo, al libre desarrollo de la personalidad, a la
igualdad, a la vida digna, a la dignidad humana, a la libertad de expresión e
información, a la intimidad, de asociación y a la honra, los cuales fueron
presuntamente transgredidos por los aquí accionados, como consecuencia de la
expedición del Decreto número 1408 de 3 de noviembre de 20213.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en los distintos escritos de amparo objeto de este
pronunciamiento, los hechos y razones que motivaron el ejercicio de la acción de
tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Manifestaron que, a través del Decreto número 1408 de 3 de noviembre de 2021,
se dispuso que las entidades territoriales debían adicionar a los protocolos de

1
La Sala resolverá las acciones de tutelas que fueron acumuladas al expediente de la referencia y que se encuentran
debidamente identificadas en la parte resolutiva de esta decisión.
2
La Sala entiende que la demanda de tutela se presentó en contra del Presidente de la República.
3
“Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus
COVIO - 19, Y el mantenimiento del orden público”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicación: 11001-03-15-000-2021-07604-00 y Acumulados
Accionantes: Claudia Patricia Santana Gómez y otros

bioseguridad la presentación del carné o el certificado digital de vacunación contra la
enfermedad del coronavirus Covid-19 para eventos presenciales que impliquen
asistencia masiva y para el ingreso a «[…] bares, gastrobares, restaurantes, cines,
discotecas, lugares de baile, conciertos, casinos, bingos y actividades de ocio, así
como escenarios deportivos, parques de diversiones y temáticos, museos, y ferias
[…]».

2.2. Afirmaron que, desde la expedición del Código de Nüremberg de 20 de agosto de
1947, la autonomía del paciente es un derecho esencial, por lo que nadie puede ser
obligado a recibir un tratamiento en contra de su voluntad.

2.3. Señalaronque, debido a las medidas adoptadas en el referido decreto, las
entidades accionadas están coaccionando a todos los habitantes que, por razones
médicas, de conciencia o de culto han decido autónomamente no aplicarse la
vacuna contra el coronavirus Covid-19.

2.4. Adujeron que el Decreto 1408 de 2021 desconoce las siguientes normas: i) los
artículos 5° y 6° de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos; ii)
el literal d) del artículo 10 de la Ley Estatutaria de la Salud número 1751 de 2015, y
iii) el literal a) del artículo 152 de la Constitución Política.

2.5. Indicaron que la evidencia científica permitía concluir que las vacunas contra el
coronavirus Covid-19 no inmunizan al vacunado, por el contrario, puede ocasionar
daños nocivos a su salud.

2.6. Consideraronque resulta arbitrario, discriminatorio e inconstitucional que se
adopten las medidas previstas en el Decreto 1408 de 2021, ya que se está partiendo
de la premisa consistente en que las personas no vacunadas son un peligro para la
sociedad.

2.7. Expusieron, además, que resulta inconstitucional que el Gobierno nacional adopte
esta medida pese a que, a su juicio, no se ha garantizado el acceso a la primera y
segunda dosis a todos los colombianos.

2.8. Sostuvieron
que el Decreto 1408 de 2021 resulta lesivo de sus derechos
fundamentales, en síntesis, por las siguientes razones:

i) Como primer argumento adujeron que el decreto enjuiciado era inconstitucional
porque el ejecutivo carecía de competencia para limitar, regular y restringir el
ejercicio de derechos fundamentales. En ese orden de ideas, señalaron que a la
luz del literal a) del artículo 152 constitucional «los derechos fundamentales de las
personas deben regularse y únicamente pueden limitarse por medio de leyes
estatutarias».

3

Radicación: 11001-03-15-000-2021-07604-00 y Acumulados
Accionantes: Claudia Patricia Santana Gómez y otros

Por lo anterior, indicaron que únicamente el Congreso de la República, a través de
una ley estatutaria, era el órgano facultado para establecer la medida obligatoria
de presentación del carné de vacunación contra el coronavirus Covid-19.

ii) En segundo lugar, argumentaron que la exigencia del carné vulneraba su
derecho a la libertad de locomoción, en tanto que les impide acudir a espacios
públicos para desarrollar las actividades cotidianas de relacionamiento social y de
ocio.

iii) En tercer lugar, señalaron que el decreto enjuiciado transgredía el derecho a
la reunión porque no permite: «reunirnos en espacios públicos y privados que
impliquen aglomeración», a menos que se encuentren vacunados.

iv) En cuarto lugar, adujeron que se vulneraba el derecho fundamental a la
libertad de conciencia porque los actores, bajo el amparo del artículo 18
constitucional, se consideraban objetores de conciencia en relación con la
aplicación de la vacuna.

En consonancia con esto, señalaron que nuestra constitución establece que
«nadie puede ser obligado a actuar en contra de sus convicciones»; y que a través
del decreto enjuiciado se les está coaccionando para que actúen en contra de sus
convicciones y de su conciencia, porque si no se vacunan no podrían asistir a
ninguno de los espacios contemplados en el artículo 2º del Decreto 1408 de 2021.

v) Como quinto argumento, sostuvieron que se vulneraba el derecho al trabajo,
ya que están ante el perjuicio real e irremediable de no realizar con normalidad las
actividades laborales que a diario desarrollan y que, en muchos casos, las realizan
en los espacios en que se requiere que se presente el carné de vacunación.

vi) En sexto lugar, afirmaron que se vulnera el derecho al libre desarrollo de la
personalidad, toda vez que el decreto censurado está impidiendo que decidan
libremente no vacunarse contra el coronavirus Codiv-19.

vii) En séptimo lugar, manifestaron que se vulnera el derecho a la igualdad entre
las personas vacunadas y las que libremente han decidido no vacunarse porque
se les está dando un trato diferenciado y discriminatorio por el simple hecho de
haber decidido de manera autónoma y libre no recibir la vacuna contra el
coronavirus Covid-19.

También indicaron que las medidas adoptadas eran desproporcionadas e
irrazonables, ya que estaba comprobado científicamente que la vacuna no
previene el contagio y, además, causa efectos secundarios, y por ello resulta
innecesario el trato discriminatorio.

4

Radicación: 11001-03-15-000-2021-07604-00 y Acumulados
Accionantes: Claudia Patricia Santana Gómez y otros

viii) Como octavo argumento señalaron que el citado decreto vulneraba el
derecho fundamental a la vida digna y a la dignidad humana porque
autónomamente decidieron no vacunarse y las medidas adoptadas los sometían
«a una discriminación pública y privada», desconociendo que como sujetos
morales tienen el derecho a decidir sobre sus vidas, sin ser discriminados por tal
motivo.

ix) En noveno lugar indicaron que se transgredía el derecho a la información
porque el decreto acusado: a) omitía señalar que la vacuna causa efectos
secundarios graves como la miocarditis aguda, la pericarditis, etc; b) se abstuvo
de señalar que en la actualidad se desconocen los efectos secundarios de la
vacuna en el mediano y en el largo plazo; y, además, c) el Gobierno ocultaba las
cifras de personas fallecidas como consecuencia de la aplicación de la vacuna.

III. PRETENSIÓN

3. Elextremo accionante fue unánime en solicitar el amparo de sus derechos
fundamentales a la libertad de locomoción, a la libertad de conciencia, reunión y
manifestaciones públicas, al trabajo, al libre desarrollo de la personalidad, a la
igualdad, a la vida digna, a la dignidad humana, a la libertad de expresión e
información, a la intimidad, de asociación y a la honra y que, como consecuencia
de ello, se deje sin efectos el Decreto 1408 de 2021.

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 16 de noviembre de 20214, el magistrado de la Sección
Primera del Consejo de Estado que inicialmente tuvo a su cargo la sustanciación
del proceso promovido por la señora Claudia Patricia Santana, dispuso remitirlo
con el propósito de que se resolviera de su acumulación al expediente con
radicado número 11001-03-15-000-2021-07578-00 (Actora: Ana de Jesús Gallo).

5. El aludido expediente fue remitido e ingresó, por primera vez, al Despacho del
magistrado que actúa como ponente en esta providencia el 14 de marzo de 20225;
fecha para la cual tambien ingresaron otros 44 expedientes que se encontraban
pendiente de resolver de su acumulación al proceso con radicado número 11001-
03-15-000-2021-07578-00 (Actora: Ana de Jesús Gallo).

6. En atención a lo anterior, el Despacho de la Sección y sustaciador del presente
proceso, mediante providencia de 15 de marzo de 20226, resolvió: (i) acumular al
proceso de la referencia los otros 44 expedientes que ingresaron al Despacho el
14 de marzo de 2022, los cuales se encuentran plenamente identificados en dicha
decisión7, (ii) admitir las acciones de tutela en contra de la Presidencia de la

4
Índice 4 del aplicativo Samai.
5
Índice 9 del aplicativo Samai.
6
Índice 10 del aplicativo Samai.
7
Dada la cantidad de expedientes se estima pertinente no volverlos a identificar.

5

Radicación: 11001-03-15-000-2021-07604-00 y Acumulados
Accionantes: Claudia Patricia Santana Gómez y otros

República, de los ministerios del Interior, de Salud y Protección Social y de
Comercio, Industria y Turismo, y (iii) negar la medida provisional solicitada por
los accionantes.

V. INTERVENCIONES

7. Realizadas las comunicaciones a las autoridades accionadas, se produjeron las
siguientes intervenciones:

7.1. El Presidente de la República, a través de apoderado judicial, rindió informe
en el que desarrolló los siguientes temas: i) el estado actual de la pandemia; ii) los
avances en las coberturas de vacunación en el país; iii) la efectividad y seguridad
de las vacunas; iv) la evidencia sobre la necesidad de alcanzar altas coberturas
de vacunación para evitar nuevos picos, y v) el aumento de casos de Covid-19 en
niños (as) y adolescentes, entre otros.

7.2. Seguidamente indicó que la solicitud de amparo no cumplía con el requisito de
la subsidiariedad, en tanto que: «[…] la acción de tutela no es el medio idóneo
para cuestionar la legalidad de los actos reglamentarios que propenden por la
garantía de la vida en comunidad y los derechos constitucionales de todos los
colombianos, que además observan los principios del respeto de la dignidad
humana, la solidaridad y la prevalencia del interés general, propios del Estado
Social de Derecho, bajo la emergencia Sanitaria que en el marco de la pandemia
por el COVID-19 se mantiene en el territorio nacional […]».

7.3. Adicionalmente, señaló que: «[…] existe carencia actual de objeto, en tanto el
Decreto 1615 de 2021 expresamente derogó el Decreto 1408 de 2021, es decir
que el acto administrativo cuestionado no se encuentra vigente en el mundo
jurídico, lo que implica que “cualquier orden emitida por el juez no tendría algún
efecto o simplemente “caería en el vacío”” […]».

7.4. Con base en los argumentos expuestos, arribó a las siguientes conclusiones:

[…] 1. La acción de tutela es un mecanismo de defensa judicial con un
carácter residual y subsidiario, en consecuencia, se advierte que en el caso
particular y concreto no se cumple con el criterio de subsidiariedad, por cuanto
la parte actora no demuestra una afectación directa y subjetiva a sus derechos
presuntamente vulnerados con la expedición del Decreto 1408 de 2021,
derogado por el Decreto 1615 de 2021, que no se proyectan hacia la
materialización de un perjuicio irremediable.

2. Pese a que se enuncian una serie derechos que supuestamente afectan a
la accionante, surge un debate donde se involucran derechos cuya titularidad
corresponde a toda la sociedad y la vida en sociedad en medio de una
pandemia, no de un contexto de normalidad. Luego entonces, no acredita o
demuestra que la vulneración alegada de sus derechos fundamentales sea
una afectación directa y subjetiva. Así como tampoco demuestra que con la
entrada en vigor del entonces Decreto 1408 de 2021, se genere un perjuicio
irremediable inminente, urgente, cierto e impostergable.

6

Radicación: 11001-03-15-000-2021-07604-00 y Acumulados
Accionantes: Claudia Patricia Santana Gómez y otros

3. Pese a las manifestaciones esbozadas por quien acciona, lo cierto es que la
vacunación en contra del COVID 19, no tiene un carácter obligatorio de
conformidad con la Ley 2064 de 2020 y con el Decreto 109 de 2021.

4. La acción de tutela no es el mecanismo idóneo para controvertir la legalidad
de un acto administrativo de carácter general e impersonal como lo es el acto
que la accionante señala en el escrito de tutela, en tanto la legalidad de este
debe surtirse a través de la acción de nulidad de que trata el artículo 137 de la
Ley 1437 de 2011. Además, conforme se ha dicho, el Decreto del cual se
predica la vulneración de los derechos fundamentales invocados por la parte
actora perdió vigencia con ocasión de la derogación expresa que sobre él
realizó el Decreto 1615 de 2021 […].

7.5. Como consecuencia de todo lo anterior, solicitó lo siguiente:

[…] NEGAR por IMPROCEDENTE el amparo solicitado por ausencia del
requisito de subsidiariedad, en consideración a que (i) la acción de tutela no
es el medio idóneo para cuestionar la legalidad y constitucionalidad del
Decreto 1408 de 2021, norma de carácter general, impersonal y abstracto que
cumple las condiciones del numeral 5º del artículo 6 del Decreto Ley 2591 de
1991, y (ii) existe carencia actual de objeto porque según el escrito de tutela
lo que se pretende la accionante es dejar “sin efectos el DECRETO 1408 de
2021, por ser violatorio de los Derechos Fundamentales referidos”, teniéndose
que el decreto cuestionado perdió su vigencia por efectos de la derogatoria
expresa del artículo 5 del Decreto 1615 de 2021, lo que haría inoperante
cualquier orden emitida por el juez de cara al acto referido.

En su defecto, negar el amparo solicitado porque no es cierto que se hayan
vulnerado los derechos fundamentales que se invocan en la acción, toda vez
que: (i) Las medidas restrictivas para las personas que no quieren vacunarse
están justificadas constitucionalmente, atienden al principio de solidaridad y
razonabilidad para preservar la vida en sociedad y la dignidad humana,
necesarios para garantizar el goce de los derechos humanos en el Estado
social de derecho; (ii) la vacunación contra la Covid-19 no obliga a ningún
ciudadano colombiano y están encaminadas a permitir la vida en sociedad y
económica en medio de la pandemia, protegiendo la salud en conexidad con
la vida de todos los colombianos y residentes en el país, y en ese sentido se
justifica la limitación al derecho a la libertad de locomoción; (ii) desarrolla el
principio de solidaridad que sustenta la prestación de servicios de salud -
artículos 48, 49 Y 95 de la Constitución Política-; y (iii) no es discriminatoria y
encuentra plena justificación en el hecho de que no se interviene en la
decisión de no vacunarse, pero acude a la restricción como único mecanismo
para evitar que la población no vacunada facilite la circulación del virus y el
riesgo de mutación, lo que gravemente sí afecta o al menos pone en riesgo la
vida de todos los colombianos y residentes en el país […].

7.6. Los ministerios del Interior, de Salud y Protección Social y de Comercio,
Industria y Turismo, por intermedio de sus apoderados judiciales y mediante
escritos separados, rindieron informes en los que plasmaron argumentos
coincidentes con aquellos expuestos por el Presidente de la República e,
igualmente, solicitaron que se declarara improcedente el mecanismo de amparo
de la referencia o, en su defecto, el mismo se negara, ante la ausencia de
vulneración de los derechos que se afirman transgredidos.

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Radicación: 11001-03-15-000-2021-07604-00 y Acumulados
Accionantes: Claudia Patricia Santana Gómez y otros

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia

8. Esta Sala de Decisión es competente para pronunciarse sobre la acción de tutela
presentada por la parte accionante en contra del Presidente de la República, del
Ministerio de Salud y Protección Social, del Ministerio de Interior y del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en virtud de lo previsto en el
Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19918, en concordancia con el artículo 1º del
Decreto 333 de 6 de abril de 20219 y en armonía con el Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de
tutela.

VI.2. Cuestión previa - De la desacumulación -ruptura de la unidad procesal- de
uno de los expedientes acumulados por haberse ampliado el escrito inicial
de amparo

9. El Despacho a cargo de la sustanciación del proceso, a través de auto de 15 de
marzo de 2022, ordenó la admisión y acumulación de 45 expedientes de tutela
remitidos por los distintos despachos judiciales del país, los cuales tienen por
objeto dejar sin efectos el Decreto número 1408 de 2021. Tal decisión se profirió
teniendo en cuenta que se cumplían los requisitos contemplados en los artículos
2.2.3.1.3.1. y 2.2.3.1.3.3 del Decreto número 1834 de 2015.

10. Ahora bien, en el trámite de la presente acción de tutela, el señor Laureano
Rodríguez Morales, actor dentro del expediente con radicado número 11001-03-
15-000-2021-10011-00, presentó ampliación del escrito inicial de amparo, en el
sentido de indicar que el Decreto número 1615 de 30 de noviembre de 2021,
al regular la obligatoriedad de la exigencia del carné de vacunación para ingresar
a ciertos lugares, también vulneraba sus derechos fundamentales, en tanto
que mantuvo las medidas adoptadas inicialmente en el decreto 1408, razón por la
que solicitan que se tenga como nueva norma cuestionada por esta vía
constitucional.

11. En vista de lo anterior, y comoquiera que la ampliación realizada por el señor
Rodríguez Morales al escrito inicial de tutela constituye una modificación a las
pretensiones -porque se solicita dejar sin efectos el Decreto No. 1615 de 30 de noviembre de
2021, que derogó el Decreto No. 1408 del 3 de noviembre de 2021-, así como una variación
del objeto de la acción de tutela, y también la vinculación de una nueva entidad a
la parte pasiva -porque se solicita la vinculación del Departamento Administrativo Para la
Función Pública-, la Sala estima necesario desacumular10 el proceso con

8
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
9
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
10
Ver Auto 295 de 16 de julio de 2017, Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión.

8

Radicación: 11001-03-15-000-2021-07604-00 y Acumulados
Accionantes: Claudia Patricia Santana Gómez y otros

radicado número 11001-03-15-000-2021-10011-0011 del presente trámite
constitucional, para que el despacho a cargo de la sustanciación de este se
pronuncie al respecto.

VI.3. Problemas jurídicos

12. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde
establecer:

a) Si en el presente asunto se configuró o no la carencia actual de objeto por
sustracción de materia, con ocasión de la derogatoria expresa del Decreto
1408 de 2021, de no ser así, determinar:

b) Si se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra actos administrativos de carácter general.

c) Si las entidades accionadas vulneraron los derechos fundamentales
invocados por los actores como consecuencia de la expedición del Decreto
número 1408 de 3 de noviembre de 2021.

VI.4. Caso concreto

13. La ciudadana Claudia Patricia Santana Gómez junto con otros ciudadanos -a
solicitaron la protección de sus derechos
través de distintas acciones de tutela-
fundamentales a la libertad de locomoción, a la libertad de conciencia, reunión y
manifestaciones públicas, al trabajo, al libre desarrollo de la personalidad, a la
igualdad, a la vida digna, a la dignidad humana, a la libertad de expresión e
información, a la intimidad, de asociación y a la honra, los cuales fueron
presuntamente transgredidos por los aquí accionados, como consecuencia de la
expedición del Decreto número 1408 de 3 de noviembre de 202112.

VI.4.1. De la carencia actual de objeto por sustracción de materia con
ocasión de la derogatoria expresa del Decreto 1408 de 2021

14. En relación con la figura de la carencia actual de objeto, esta Sala de
Decisión en reciente providencia de 9 de septiembre de 202113 precisó que dicho
fenómeno jurídico se presenta en las siguientes eventualidades: «[…] i) por hecho
superado, cuando por alguna conducta del obligado se supera la afectación a los
derechos invocados de tal manera que resulte innecesario el pronunciamiento del
juez, ii) por daño consumado, cuando se afecta de manera definitiva los derechos
del tutelante, antes de que el juez constitucional profiera decisión de fondo sobre
las pretensiones de la tutela y, iii) por sustracción de materia […]».
11
Promovido por el señor Laureano Rodríguez Morales.
12
“Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus
COVIO - 19, Y el mantenimiento del orden público”.
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera, sentencia del 9 de septiembre de 2021, Exp.
11001-03-15-000-2021-02263-00, M.P. Nubia Margoth Peña Garzón.

9

Radicación: 11001-03-15-000-2021-07604-00 y Acumulados
Accionantes: Claudia Patricia Santana Gómez y otros

15. Particularmente, y en lo atiente a la carencia actual de objeto por sustracción
materia, la Sala concluyó que tal figura: «[…] se configura en aquellos casos en
que deja de existir el objeto jurídico respecto del cual el juez constitucional debe
tomar una decisión, por lo cual, la protección a través de la tutela pierde sentido y,
en consecuencia, el juez constitucional queda imposibilitado para emitir orden
alguna de protección del derecho fundamental invocado […]».

16. En esa misma línea argumentativa, la jurisprudencia de la Corte Constitucional
ha indicado lo siguiente:

[…] La carencia actual de objeto tiene lugar, en la medida en que la
finalidad de la acción de tutela es garantizar la protección del derecho
fundamental de quien invoca el amparo. Es decir, es, en principio, una
finalidad subjetiva. Existiendo carencia de objeto “no tendría sentido cualquier
orden que pudiera proferir esta Corte con el fin de amparar los derechos del
demandante, pues en el evento de adoptarse ésta, caería en el vacío por
sustracción de materia”. La Corte ha señalado al respecto:

“Esta Corporación, al interpretar el contenido y alcance del artículo 86 de la
Constitución Política, en forma reiterada ha señalado que el objetivo de la
acción de tutela se circunscribe a la protección inmediata y actual de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas, o de
los particulares en los casos expresamente consagrados en la ley.

Así las cosas, se tiene que el propósito de la tutela, como lo establece el
mencionado artículo, es que el Juez Constitucional, de manera expedita,
administre justicia en el caso concreto, profiriendo las órdenes que considere
pertinentes a la autoridad pública o al particular que con sus acciones han
amenazado o vulnerado derechos fundamentales y procurar así la defensa
actual y cierta de los mismos.

No obstante, cuando la situación de hecho que causa la supuesta
amenaza o vulneración del derecho alegado desaparece o se encuentra
superada, la acción de tutela pierde toda razón de ser como mecanismo
más apropiado y expedito de protección judicial, por cuanto la decisión
que pudiese adoptar el juez respecto del caso concreto resultaría a
todas luces inocua, y por consiguiente contraria al objetivo
constitucionalmente previsto para esta acción14” […] (negrillas fuera del texto).

17. A partir de lo anterior, es dable concluir que la acción de tutela fue instituida
como un mecanismo expedito para la protección inmediata y oportuna de los
derechos fundamentales de las personas y debido a esto, al desaparecer las
causa que da origen a dicha vulneración, como sería, por ejemplo, la derogatoria
de del acto administrativo que presuntamente vulnera las garantías fundamentales
del accionante, la acción de tutela pierde toda razón de ser como mecanismo de
protección judicial.

18. En este contexto, se pone de relieve que el Decreto número 1408 de 3 de
noviembre de 2021 fue derogado expresamente por el artículo 5º del Decreto
14
Corte Constitucional. Sala Octava de Revisión. Sentencia T-653 de 17 de septiembre de 2013. M.P. Alberto Rojas Ríos.

10

Radicación: 11001-03-15-000-2021-07604-00 y Acumulados
Accionantes: Claudia Patricia Santana Gómez y otros

número 1615 de 30 de noviembre de 202115, norma cuyo tenor literal prescribe:
«[…] el presente Decreto rige a partir de su publicación y deroga el Decreto 1408
del 3 de noviembre de 2021 […]» (negrillas fuera del texto).

19. Ahora bien, en los casos sub examine, se advierte que las pretensiones de las
distintas acciones constitucionales persiguen la protección de los derechos
fundamentales invocados por la parte actora y, como consecuencia de ello, se
ordene dejar sin efectos el Decreto 1408 de 2021.

20. En atención a lo anterior, y en consideración a que el objeto del presente
proceso consiste en que se suspendan los efectos del Decreto número 1408 del 3
de noviembre de 2021, para la Sección es claro que en el caso de autos se
configura la carencia actual de objeto por sustracción de materia, en el
entendido que el acto administrativo que presuntamente vulneró los
derechos fundamentales de los accionantes no está surtiendo efectos
jurídicos en este momento, debido a su derogatoria expresa.

21. Como sustento de lo anterior, la Sala prohíja en su integridad las
consideraciones expuestas por esta Sección en sentencia de 15 de diciembre de
202116, reiterada, entre otros, en los fallos de 17 de enero17, de 17 y 24 febrero de
202218, oportunidades en la que se analizó un asunto idéntico al presente y se
explicaron ampliamente las razones por las que se debía declarar la carencia
actual de objeto por sustracción de materia respecto de la acción de tutela que
había sido interpuesta en contra del Decreto número 1408 de 2021.

22. Finalmente, es pertinente resaltar que si bien es cierto que el Decreto 1615 de
30 de noviembre de 2021, además de derogar el Decreto 1408 de 3 de
noviembre de 2021, exigió nuevamente la presentación del carné de vacunación o
certificado digital para ingresar a ciertos lugares, también lo es que este juez
constitucional, en el marco de proceso de la referencia, no puede emitir un
pronunciamiento de fondo frente al mismo, en tanto que se trata de actos
administrativos distintos, autónomos e independientes y en relación a los cuales
no existe plena identidad jurídica, tal como se puede evidenciar del siguiente
cuadro comparativo:

DECRETO 1408 DE 2021 DECRETO 1615 DE 2021 DIFERENCIAS
(03 de noviembre, 2021) (30 de noviembre, 2021)
Artículo 1. Objeto. El Artículo 1. Objeto. El presente N/A
presente Decreto tiene por Decreto tiene por objeto impartir
objeto impartir instrucciones en virtud de la
instrucciones en virtud de emergencia sanitaria generada
la emergencia sanitaria por la pandemia del Coronavirus
generada por la pandemia COVID 19.

15
“Vigencia. El presente Decreto rige a partir de su publicación y deroga el Decreto 1408 del 3 de noviembre de 2021”.
16
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 16 de diciembre de 2021.
Expediente 11001-23-33-000-2021-07893-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
17
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 17 de enero de 2022.
Expediente 11001-13-15-000-2021-07578-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
18
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 17 de febrero de 2022.
Expediente 11001-13-15-000-2022-00108-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 24 de febrero de 2022.
Expediente 11001-13-15-000-2021-10112-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.

11

Radicación: 11001-03-15-000-2021-07604-00 y Acumulados
Accionantes: Claudia Patricia Santana Gómez y otros

del Coronavirus COVID-
19. Artículo 2. Exigencia del Artículo 2. Exigencia del 1) Se modificaron las fechas de exigencia del inicio
Carné de Vacunación. Carné de Vacunación. Las del esquema de vacunación y para tener el
Las entidades territoriales entidades territoriales deberán esquema de vacunación completo:
deberán adicionar a los adicionar a los protocolos de
protocolos de bioseguridad vigentes, la Decreto Decreto
bioseguridad vigentes, la presentación obligatoria del 1408 1615
presentación obligatoria carné de vacunación contra el Requisito Para Para
del carné de vacunación Covid-19 o certificado digital de inicio mayores de mayores de
contra el Covid-19 o vacunación disponible en el link: esquema de 18 años, 12 años,
certificado digital de mivacuna.sispro.gov.co, en el vacunación desde el 16 desde el 1°
vacunación disponible en que se evidencie, como mínimo, de de diciembre
el link: el inicio del esquema de noviembre de 2021.
mivacuna.sispro.gov.co, vacunación, como requisito de de 2021.
en el que se evidencie, ingreso a: (i) eventos
como mínimo, el inicio del presenciales de carácter público Para
esquema de vacunación, o privado que impliquen mayores de
como requisito de ingreso asistencia masiva y, (ii) bares, 12 años,
a: (i) eventos presenciales gastrobares, restaurantes, cines, desde el 30
de carácter público o discotecas, lugares de baile, de
privado que impliquen conciertos, casinos, bingos y noviembre
asistencia masiva y, (ii) actividades de ocio, así como de 2021.
bares, gastrobares, escenarios deportivos, parques Requisito N/A Para
restaurantes, cines, de diversiones y temáticos, esquena de mayores de
discotecas, lugares de museos, y ferias. vacunación 18 años,
baile, conciertos, casinos, completo (2 desde el 14
bingos y actividades de Parágrafo 1. El cumplimiento de dosis) de diciembre
ocio, así como escenarios las normas aquí dispuestas de 2021.
deportivos, parques de estará a cargo de los
diversiones y temáticos, propietarios, administradores u Para
museos, y ferias. organizadores de eventos mayores de
presenciales de carácter público 12 años,
Parágrafo 1. El o privado que impliquen desde el 28
cumplimiento de las asistencia masiva y en aquellos de diciembre
normas aquí dispuestas lugares antes señalados. En de 2021.
estará a cargo de los caso de incumplimiento las En ambos decretos se exceptúa de ambas
propietarios, autoridades competentes medidas a la población entre 0 y 12 años.
administradores u adelantarán las acciones
organizadores de eventos correspondientes. 2) Se agregan los siguientes parágrafos:
presenciales de carácter
público o privado que Parágrafo 2. La exigencia del Parágrafo 3: Min. Salud y Min. Interior podrán
impliquen asistencia carné de vacunación contra el ampliar las medidas a otras actividades o sectores.
masiva y en aquellos Covid-19 o certificado digital de
lugares antes señalados. vacunación disponible en el link: Parágrafo 4. Las personas que hacen parte de
En caso de rnivacuna.sispro.gov.co, en el una investigación con vacunas AntiCOVID-19
incumplimiento las que se evidencie, como mínimo, deberán presentar un certificado que los acredite
autoridades competentes el inicio del esquema de como tal.
adelantarán las acciones vacunación, como requisito de
correspondientes. ingreso para las actividades aquí Parágrafo 5. Día libre para servidores públicos y
dispuestas entrará en vigencia a trabajadores oficiales que en el mes de diciembre
Parágrafo 2. La exigencia partir del 1 de diciembre de 2021 completen sus esquemas de vacunación o
del carné de vacunación para mayores de 12 años; se apliquen dosis de refuerzo.
contra el Covid-19 o exceptúa de esta medida a la
certificado digital de población entre 0 y menor a 12 Parágrafo 6.

Insta al sector privado a otorgar un
vacunación disponible en años. día libre a empleados o contratistas que en el mes
el link: de diciembre completen sus esquemas de
mivacuna.sispro.gov.co, La exigencia del carné de vacunación o apliquen dosis de refuerzo.
en el que se evidencie, vacunación contra el Covid-19 o
como mínimo, el inicio certificado digital de vacunación
del esquema de disponible en el link: *EN EL DECRETO 1408 EL PARÁGRAFO 3
vacunación, como mivacuna.sispro.gov.co, en el DECÍA:
requisito de ingreso para que se evidencie el esquema de Parágrafo 4. El Ministerio de Salud y Protección
las actividades aquí vacunación completo -mínimo Social en conjunto con el Ministerio del Interior,
dispuestas entrará en dos dosis-, como requisito de quedan facultados para determinar la fecha desde
vigencia a partir del 16 de ingreso para las actividades aquí la cual se realizar la exigencia de carné con
noviembre de 2021 para dispuestas, entrará en vigencia esquema de vacunación completo.
mayores de 18 años y a partir del 14 de diciembre de
desde el 30 de noviembre 2021 para mayores de 18 años;  Esto se definió para el Decreto 1615 de 2021.
de 2021 para mayores de y desde el 28 de diciembre de
12 años; se exceptúa de 2021 para mayores de 12 años;
esta medida a la población se exceptúa de esta medida a la
entre O y 12 años. población entre y 12 años.

Parágrafo 3. El Ministerio Parágrafo 3. El Ministerio de
de Salud y Protección Salud y Protección Social en
Social en coordinación coordinación con el Ministerio
con el Ministerio del del Interior, podrá ampliar esta

12

Radicación: 11001-03-15-000-2021-07604-00 y Acumulados
Accionantes: Claudia Patricia Santana Gómez y otros

Interior, podrá ampliar medida a otras actividades o
esta medida a otras sectores, de acuerdo con la
actividades o sectores, de evolución de la pandemia contra
acuerdo con la evolución el Covid -19 Y el avance del
de la pandemia contra el Plan Nacional de Vacunación.
Covid -19 Y el avance del
Plan Nacional de Parágrafo 4. Las personas que
Vacunación. hacen parte de una
investigación con vacunas
Parágrafo 4. El Ministerio AntiCOVID-19 aprobados por el
de Salud y Protección Instituto Nacional de Vigilancia
Social en conjunto con el de Medicamentos y Alimentos -
Ministerio del Interior, INVIMA-, como requisito de
quedan facultados para ingreso para las actividades aquí
determinar la fecha desde dispuestas deberán presentar el
la cual se realizar la certificado emitido por el Centro
exigencia de carné con de Investigación en el que se
esquema de vacunación está desarrollando el ensayo
completo. clínico que los acredite como
personas en investigación
clínica con vacunas contra el
Covid-19.

Parágrafo 5. El Gobierno
Nacional dará un día libre en el
primer trimestre del 2022 a los
servidores públicos y
trabajadores oficiales que en el
mes de diciembre completen sus
esquemas de vacunación o
apliquen dosis de refuerzo en
los tiempos y ciclos establecidos
por el Ministerio de Salud y
Protección Social.

Parágrafo 6. El Gobierno
Nacional insta al sector privado
a otorgar un día libre en el
primer trimestre del 2022 a los
empleados o contratistas que en
el mes de diciembre completen
sus esquemas de vacunación o
apliquen dosis de refuerzo en
los tiempos y ciclos establecidos
por el Ministerio de Salud y
Protección Social.
Artículo 3. Criterio y 1) Se agrega este artículo sobre CRITERIO Y
condiciones para el desarrollo CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE
de las actividades bajo LAS ACTIVIDADES BAJO ESQUEMAS DE
esquemas de vacunación VACUNACIÓN COMPLETOS:
completos. El desarrollo de
todas las actividades aquí - Se debe exigir sin excepción en todo evento o
dispuestas se realizarán, de lugar el carnet de vacunación completo de acuerdo
acuerdo con los siguientes con las fechas anteriormente señaladas.
criterios:
Todo evento presencial de - Puede haber un aforo del 100% cuando se
carácter público o privado que cumpla con el criterio y condición.
implique asistencia masiva a
bares, gastrobares,
restaurantes, cines, discotecas,
lugares de baile, conciertos,
casinos, bingos y actividades de
ocio, así como escenarios
deportivos, parques de
diversiones y temáticos,
museos, y ferias deberá exigir
sin excepción el carnet de
vacunación con esquema
completo de acuerdo con las
fechas señaladas en el artículo
anterior. Los aforos podrán ser
del 100% de acomodación
cuando se cumpla con este
criterio y condición.
Artículo 3. Artículo 4. Comunicación de N/A
Comunicación de las las medidas y órdenes en
medidas y órdenes en materia de orden público
materia de orden público emitidas por alcaldes y

13

Radicación: 11001-03-15-000-2021-07604-00 y Acumulados
Accionantes: Claudia Patricia Santana Gómez y otros

emitidas por alcaldes y gobernadores. Las
gobernadores. Las instrucciones y órdenes que
instrucciones y órdenes emitan los gobernadores y
que emitan los alcaldes municipales y distritales
gobernadores y alcaldes en materia de orden público, con
municipales y distritales relación a la emergencia
en materia de orden sanitaria por causa del
público, con relación a la Coronavirus COVID19 deben
emergencia sanitaria por ser previamente justificadas y
causa del Coronavirus comunicadas al Ministerio del
COVID-19 deben ser Interior, y deberán ser
previamente justificadas y autorizadas por esta entidad.
comunicadas al Ministerio
del Interior, y deberán ser
autorizadas por esta
entidad.
Artículo 4. Vigencia. El Artículo 5. Vigencia. El El Decreto número 1615 de 2021 deroga
presente Decreto rige a presente Decreto rige a partir de expresamente el Decreto 1408 de 2021.
partir de su expedición. su publicación y deroga
el Decreto 1408 del 3 de
noviembre de 2021.

23. En virtud de lo expuesto, para la Sala es claro que, dadas las diferencias
anteriormente advertidas, será el juez ordinario -o constitucional- que conozca de las
correspondientes acciones judiciales en contra del Decreto 1615 de 2021, el
llamado a emitir el pronunciamiento a que hubiere lugar.

24. Con fundamento en las anteriores premisas, la Sala declarará la carencia actual
de objeto por sustracción de materia, tal como se dispondrá en la parte resolutiva
de esta decisión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: Disponer la DESACUMULACIÓN del presente expediente de la
acción de tutela número 11001-03-15-000-2021-10011-0019, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR la carencia actual de objeto por sustracción de materia
de las acciones de tutela números 11001-03-15-000-2021-07604-0020, 11001-03-15-
000-2022-00059-0021, 11001-03-15-000-2021-10099-0022, 11001-03-15-000-2021-10078-
0023, 11001-03-15-000-2021-09607-0024, 11001-03-15-000-2021-09634-0025, 11001-03-
15-000-2021-09750-0026, 11001-03-15-000-2021-09783-0027, 11001-03-15-000-2021-
09857-0028, 11001-03-15-000-2021-09903-0029, 11001-03-15-000-2021-09935-0030,

19
Promovido por el señor Laureano Rodríguez Morales.
20
Promovido por la señora Claudia Patricia Santana Gómez.
21
Promovido por la señora Diana Karolina Caicedo Velásquez.
22
Promovido por la señora Paula Andrea Vargas Carreño.
23
Promovido por el señor Jairo Pinilla Gutiérrez.
24
Promovido por la señora Leslie Andrea Jácome Muñoz.
25
Promovido por la señora Rosario Leal Cortés.
26
Promovido por la señora Ana Milena Gaviria Gómez.
27
Promovido por la señora Clara Muñoz Alvear.
28
Promovido por el señor Jorge Perdomo Camacho.
29
Promovido por la señora Yesika Tatiana Osorio Taborda.
30
Promovido por el señor Sebastián Pineda Caicedo.

14

Radicación: 11001-03-15-000-2021-07604-00 y Acumulados
Accionantes: Claudia Patricia Santana Gómez y otros

11001-03-15-000-2021-08907-0031, 11001-03-15-000-2021-08948-0032, 11001-03-15-000-
2021-08972-0033, 11001-03-15-000-2021-09038-0034, 11001-03-15-000-2021-09049-0035,
11001-03-15-000-2021-09156-0036, 11001-03-15-000-2021-09255-0037, 11001-03-15-000-
2021-09275-0038, 11001-03-15-000-2021-09376-0039, 11001-03-15-000-2021-09417-0040,
11001-03-15-000-2021-09419-0041, 11001-03-15-000-2021-09478-0042, 11001-03-15-000-
2021-07950-0043, 11001-03-15-000-2021-07871-0044, 11001-03-15-000-2021-07917-0045,
11001-03-15-000-2021-08014-0046, 11001-03-15-000-2021-08037-0047, 11001-03-15-000-
2021-08094-0048, 11001-03-15-000-2021-08152-0049, 11001-03-15-000-2021-07756-0050,
11001-03-15-000-2021-07760-0051, 11001-03-15-000-2021-07862-0052, 11001-03-15-
000-2021-08234-0053, 11001-03-15-000-2021-08318-0054, 11001-03-15-000-2021-08345-
0055, 11001-03-15-000-2021-08374-0056, 11001-03-15-000-2021-08432-0057, 11001-03-
15-000-2021-08504-0058, 11001-03-15-000-2021-08534-0059, 11001-03-15-000-2021-
08581-0060, 11001-03-15-000-2021-08688-0061, 11001-03-15-000-2021-08779-0062 y
11001-03-15-000-2021-08871-0063, de conformidad con las consideraciones
anteriormente expuestas.

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de
1991.

CUARTO: En caso de no ser impugnada esta decisión, se REMITIRÁ el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez
(10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, de conformidad con el
artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 de 1991.

31
Promovido por la señora Marisol López Toro.
32
Promovido por la señora Soraya del Pilar Rojas Vargas.
33
Promovido por la señora Luz Aida Fresneda Rodríguez.
34
Promovido por el señor Oscar Andrés Vasallo Balaguera.
35
Promovido por la señora Piedad Zapata Villa.
36
Promovido por el señor Rianerio de Jesús Fernández Jaramillo.
37
Promovido por la señora Diana Catalina Gutiérrez Rojas.
38
Promovido por el señor Juan Carlos Guevara Marín.
39
Promovido por el señor Marcos Andrés Mendoza Saavedra.
40
Promovido por la señora Paola Barrios Delgado.
41
Promovido por la señora Leydis Viviana Hernández González.
42
Promovido por el señor Elder Fabian Monsalve Durango.
43
Promovido por el señor John Sebastián Ramírez Henao.
44
Promovido por la señora Paula Andrea Monsalve Cuartas.
45
Promovido por el señor Pablo Andrés Hernández Pedroza.
46
Promovido por la señora Dora Stella Ospina Rodríguez.
47
Promovido por la señora Paula Andrea Perucho Santos.
48
Promovido por la señora Diana Patricia Betancur Betancur.
49
Promovido por el señor Luis Carlos Rueda Alcarcel.
50
Promovido por el señor Luis Fernando Andrade Vargas.
51
Promovido por la señora Aura Dolly Quintero López.
52
Promovido por la señora Olga Inés Bello Gómez.
53
Promovido por la señora Gloria Elena Rodríguez Echeverri.
54
Promovido por la señora Camila Andrea Moya Manrique.
55
Promovido por el señor César Augusto Navarro García.
56
Promovido por la señora Emilce Ortiz Díaz.
57
Promovido por la señora María Patricia Marín Mosquera.
58
Promovido por la señora Nayibe Andrea Gil Mayorga.
59
Promovido por el señor Vicente Franklin Lopera Aguirre.
60
Promovido por el señor Danny Rodríguez Betancur.
61
Promovido por la señora Lina Marcela Furnieles Soto.
62
Promovido por la señora Claudia Yohen Pereira Pérez.
63
Promovido por el señor Héctor Alzate Agudelo.

15

Radicación: 11001-03-15-000-2021-07604-00 y Acumulados
Accionantes: Claudia Patricia Santana Gómez y otros

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
P:(18)

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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