Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-07711-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-07711-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2021-07711-01
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter
17 de marzo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter
Bogotá, D. C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Acción : Tutela (impugnación)
Expediente : 11001-03-15-000-2021-07711-011
Actor : Juan Pablo Céspedes Coronado
Demandados : Magistrados de la subsección E de la sección segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y Juez
Diecinueve (19) Administrativo de Bogotá
Tema : Tutela contra providencia judicial; derechos
constitucionales fundamentales al debido proceso, igualdad
y acceso a la administración de justicia
Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por el actor contra la
sentencia de 14 de enero de 2022, emitida por el Consejo de Estado
(subsección C de la sección tercera), que declaró improcedente el trámite
constitucional de la referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1 La solicitud de amparo. El señor Juan Pablo Céspedes Coronado, a
través de apoderado, presenta acción de tutela con el fin de obtener la
protección de sus derechos constitucionales fundamentales al debido proceso,
igualdad y acceso a la administración de justicia, presuntamente quebrantados
por los señores magistrados de la subsección E de la sección segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y Juez Diecinueve (19)
Administrativo de Bogotá.
Como consecuencia de lo anterior, pide se dejen sin efectos los fallos de (i) 21
de febrero de 2020, mediante el cual el Juzgado Diecinueve (19)
Administrativo de Bogotá negó las pretensiones del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho que promovió contra la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional (expediente 11001-33-35-
019-2018-00070-00), y (ii) 18 de junio de 2021, por cuyo conducto el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca (subsección E de la sección segunda)
confirmó la aludida decisión; en su lugar, se ordene a las autoridades
accionadas dictar una nueva providencia en la que se concedan las súplicas
formuladas en ese asunto contencioso-administrativo.
1
Resulta oportuno precisar que las presentes diligencias reposan en el expediente digital contenido en la
herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.
Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-07711-01
Actor: Juan Pablo Céspedes Coronado
1.2 Hechos 2 . Relata el actor que el 1º de diciembre de 1999 ingresó al
Ejército Nacional, en el grado de subteniente, «[...] perteneciente al Arma de
Aviación como Piloto […]», y en el año 2016, cuando se desempeñaba como
mayor, «[…] se surtió un [procedimiento] de selección […] para ascender a
[…] [t]eniente [c]oronel, [dentro del que no fue elegido], motivo por el cual
[instauró demanda] de nulidad y restablecimiento del derecho respecto de esa
decisi[ón] bajo el radicado […] 11001-33-42-050-2017-00175-00[,] que
correspondió […] al Juzgado 50 Administrativo […] de Bogotá […]», que,
con fallo de 26 de noviembre de 2018, negó las pretensiones3.
Que el 31 de julio de 2017 fue retirado del servicio activo, a través de
Resolución 5459, con fundamento en la causal de llamamiento a calificar
servicios, por lo que promovió otro medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Ejército Nacional (expediente 11001-33-35-019-2018-00070-01),
encaminado a obtener la anulación del mencionado acto administrativo y su
reintegro al grado que desempeñaba al momento de su desvinculación. En el
escrito inicial deprecó se decretaran, como pruebas, testimonios4 y se oficiara
al comando del Ejército Nacional, con el propósito de que emitiera una
certificación «[…] en la cual conste si los Oficiales del Grado Mayor que no
fueron seleccionados para el Curso de Estado Mayor 2017 […] fueron en su
totalidad retirados del servicio activo […]» (sic).
Dice que del citado asunto contencioso administrativo conoció el Juzgado
Diecinueve (19) Administrativo de Bogotá, que (i) en audiencia inicial 5
celebrada el 2 de abril de 2019, decidió no ordenar la práctica de «[…] algunas
pruebas documentales necesarias a efectos de [demostrar] los cargos de
ilegalidad achacados a la decisión de retiro, en especial su irrazonabilidad y
desproporcionalidad en cuanto al objetivo del mejoramiento del servicio
[…]», determinación contra la que interpuso recurso de apelación, con
fundamento en que las certificaciones pedidas eran «[…] conducentes,
pertinentes y útiles para el […] asunto», alzada concedida en el efecto
2
Cabe precisar que a pesar de que en la solicitud de amparo se indicaron los fundamentos fácticos que
presuntamente dan lugar a la presente acción, la Sala advierte que se omiten datos necesarios para
contextualizar el asunto sub examine. Sin embargo, con el propósito de garantizar los principios de
informalidad, prevalencia del derecho sustancial y eficacia, se extractarán y organizarán los hechos expuestos
tanto en la petición de tutela, como en los documentos allegados al expediente.
3
Decisión objeto de alzada por parte del tutelante, la cual a la fecha se encuentra pendiente de decisión en la
sección segunda del Tribunal Administrativo de Cudinamarca.
4
Entre otros de los señores Abdias Capera Tovar, Edilson Fernández Sierra y Yusy Hovanny Cruz Carreño.
5
De que trata el artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-
Administrativo (CPACA).
2
Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-07711-01
Actor: Juan Pablo Céspedes Coronado
devolutivo; y (ii) el 21 de febrero de 2020 negó las súplicas invocadas,
decisión que el 4 de marzo siguiente apeló.
Que la alzada interpuesta contra el auto de 2 de abril de 2019 fue desatada el
16 de diciembre de 2020 por la subsección E de la sección segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el sentido de ordenar «[...] al
juez de primera instancia [decretar] la práctica de las pruebas relacionadas
con las certificaciones en las cuales conste (i) el procedimiento mediante [el
cual] se seleccionó a los Oficiales de grado Mayor que serían retirados, (ii)
las listas de clasificación de los Oficiales del grado de Mayor seleccionados
para el curso de Estado Mayor y (iii) si todos los Oficiales no seleccionados
para ascenso al curso de Estado de Mayor fueron retirados o no […]» (sic),
frente a lo que el Juzgado Diecinueve (19) Administrativo de Bogotá, con auto
de 6 de mayo de 2021, dispuso «[…] OBEDECER Y CUMPLIR lo resuelto por
el superior».
Aduce que, con fallo de 18 de junio de 2021, los señores magistrados de la
subsección E de la sección segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca confirmaron la precitada sentencia de 21 de febrero de 2020, al
estimar que su retiro «[…] estuvo fundamentado en el cumplimiento de los
requisitos para acceder [a] la asignación de retiro previo concepto de la Junta
Asesora del Ministerio de Defensa y que no se demostraron móviles distintos a
los señalados en la norma aplicable», no obstante, omitieron tener «[…]
presente el recaudo y consideración de las pruebas que [ellos] mismo[s]
había[n] ordenado» el 16 de diciembre de 2020, pese a que él advirtió su
ausencia el 5 de marzo6 de 2021.
Que las providencias enjuiciadas incurren en defectos (i) fáctico, habida cuenta
de que «[…] ignoraron por completo las pruebas, testimoniales y
documentales, que daba[n] cuenta de [su] sobresaliente desempeño
profesional […]», lo que denota una omisión probatoria, puesto que se emitió
decisión de fondo sin la práctica de los medios de convicción cuyo decreto
había sido ordenado en el auto de 16 de diciembre de 2020; y (ii) sustantivo,
porque no tuvieron en cuenta que las normas que establecen el retiro por
6
«[…] Por último, llamo nuevamente la atención sobre que, a efectos del trámite del recurso de APELACION
que nos ocupa, su mismo Despacho mediante auto No. 563 del 16 de diciembre de 2020 revocó parcialmente
la decisión del a-quo de denegar algunas solicitudes probatorias en virtud de la APELACION que se
interpuso por esta parte en contra del tal decisorio, a pesar de lo cual el Juez de Primera Instancia dictó
sentencia. Por lo anterior, insisto, se tenga presente la aludida situación a efectos de decidir sobre el recurso
de APELACION propuesto contra la sentencia de Primera Instancia».
3
Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-07711-01
Actor: Juan Pablo Céspedes Coronado
llamamiento a calificar servicios no pueden aplicarse de manera objetiva, sino
que deben acogerse por motivos de mejoramiento del servicio y corresponder a
los principios de razonabilidad y proporcionalidad, lo que no ocurrió en el
asunto sub judice.
Sostiene que también se configuró violación directa de la Constitución, toda
vez que se demostró «[...] negligencia supina propia del fraude normativo y
probatorio, al omitir sujetarse a la Ley y a la prueba en su emisión»; y
desconocimiento del precedente, dada la «[…] [d]esatención de los requisitos
subjetivos para el ejercicio de la facultad discrecional de retiro del servicio
activo por la [precitada] causal […]», tal como lo precisó la sección segunda
de esta Corporación, en sentencias de 24 de marzo 7 y 17 de noviembre de
20118, y la Corte Constitucional, en fallo SU-91 de 20169.
1.3 Contestaciones de la acción.
1.3.1 Los señores magistrados de la subsección E de la sección segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a través del ponente de la decisión
reprochada, arguyen que en el sub lite no se presenta el quebranto de las
garantías superiores invocadas por el actor, habida cuenta de que (i) «[…] las
pruebas aportadas al expediente fueron analizadas […] sin que exista, como
afirma el accionante, un estudio arbitrario o caprichoso […]»; (ii) «[…] se
tuvo en cuenta la norma aplicable [a su caso] y la interpretación que las altas
cortes han dado al retiro por llamamiento a calificar servicios»; (iii) «[…]
para dirimir la controversia [sometida a su consideración se] tuvo como
sustento la [providencia] SU-091 de 2016 dictada por la Corte Constitucional
y varios pronunciamientos del Consejo de Estado […]», y (iv) «[…] el
accionante pretende, [a través de la acción de tutela], reabrir un debate que se
encuentra legalmente concluido».
1.3.2 Los señores Juez Diecinueve (19) Administrativo de Bogotá y Ministro
de Defensa Nacional10 guardaron silencio en la oportunidad prevista para el
efecto.
1.4 Providencia impugnada. Con sentencia de 14 de enero de 2022, el
Consejo de Estado (subsección C de la sección tercera) declaró improcedente
7
Expediente 19001-23-31-000-2004-00011-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
8
Expediente 68001-23-31-000-2004-00753-01, C. P. Gerardo Arenas Monsalve.
9
M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
10
Vinculado al presente trámite constitucional, con auto admisorio de 11 de noviembre de 2021, en condición
tercero con interés en sus resultas.
4
Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-07711-01
Actor: Juan Pablo Céspedes Coronado
el trámite constitucional de la referencia, al estimar que, en relación con el
defecto sustantivo y desconocimiento del precedente, no se colma el requisito
de relevancia constitucional, en atención a que «[…] los reproches de la parte
actora intentan desconocer la decisión del juez natural, a través de
argumentos que buscan reabrir un debate de orden legal que ya fue resuelto
por […]» los magistrados accionados.
Asimismo, en lo atañedero al defecto fáctico y violación directa de la
Constitución, no se cumple el presupuesto de subsidiariedad, en atención a que
el actor no advirtió en las correspondientes etapas procesales ante el Juzgado
Diecinueve (19) Administrativo de Bogotá o ante el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca (subsección E de la sección segunda) «[...] que aún estaban
pendientes por practicarse ciertos medios de convicción», sino solo «[…]
hasta […] el 5 de marzo de 2021 […]», cuando «[…] [s]olicitó que a pesar de
que ya se hubiere dic[t]ado sentencia de primera instancia, se tuviera presente
el […] auto [de 16 de diciembre de 2020] para decidir el recurso de
apelación». Además, estaba en la posibilidad de promover incidente de nulidad
conforme al «[…] numeral 5 del artículo 133 del Código General del Proceso,
que opera cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o
practicar pruebas».
1.5 Impugnación. Inconforme con la decisión adoptada, el actor la
impugnó, con tal propósito sostiene que en el asunto sub examine sí se
satisface la exigencia de relevancia constitucional, habida cuenta de que la
presente acción se encamina a ejercer control «[…] sobre las sentencias
judiciales [acusadas] […] por violación a derechos fundamentales y al orden
Constitucional, en tanto [aquellas] constituyen verdaderas vías de hecho […]»,
por consiguiente, sí era dable efectuar un estudio de fondo en relación con las
inconformidades planteadas.
De igual modo, en lo atinente al presupuesto de subsidiariedad, aduce que sí
comporta defecto fáctico el hecho de que se haya ignorado «[…] dolosamente,
[el recaudo] de las pruebas ordenadas […] en auto [de] 16 de diciembre de
2020 y [se dictara] sentencia sin esperar su práctica por lo que no fueron
consideradas ni siquiera en la [decisión] de Segunda Instancia», y, en todo
caso, no era factible formular inidente de nulidad, comoquiera que la
irregularidad alegada se originó con ocasión de la sentencia, en esa medida,
«[…] no encaja en las causales de REVISI[Ó]N» de las decisiones judiciales.
5
Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-07711-01
Actor: Juan Pablo Céspedes Coronado
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia. En virtud de los artículos 3211 del Decreto ley 2591 de
199112 y 2513 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 201914 expedido por la sala
plena del Consejo de Estado, esta subsección es competente para conocer de la
presente impugnación.
2.2 La acción. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86
de la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de
1992, 1382 de 2000 y 1983 de 2017, como mecanismo directo y expedito para
la protección de los derechos constitucionales fundamentales, permite a las
personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
trámite preferente y sumario, el amparo inmediato de ellos cuando quiera que
resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
2.3 Cuestión preliminar. En el asunto sub examine el accionante pide se dejen
sin efectos las sentencias de (i) 21 de febrero de 2020, por medio de la cual el
Juzgado Diecinueve (19) Administrativo de Bogotá negó las pretensiones
incoadas dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
11001-33-35-019-2018-00070-00; y (ii) 18 de junio de 2021, con la que el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca (subsección E de la sección segunda)
confirmó aquella.
Sin embargo, la Sala únicamente centrará su estudio jurídico en la providencia de
18 de junio de 2021, por ser la que, al decidir el recurso de apelación interpuesto
contra la de 21 de febrero de 2020, puso fin al mencionado proceso contencioso-
administrativo.
2.4 Problema jurídico. Se contrae a determinar si es dable a través de la
11
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro
de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente […]».
12
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
13
«ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS ACCIONES DE TUTELA, DE CUMPLIMIENTO,
POPULARES Y DE GRUPO.
[…]
Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se
someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y
serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido
el reparto […]».
14
«Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado».
6
Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-07711-01
Actor: Juan Pablo Céspedes Coronado
tutela, examinar el eventual quebranto de derechos de linaje constitucional
fundamental que pueda comportar la providencia de 18 de junio de 2021,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (subsección E de la
sección segunda), por cuyo conducto confirmó la de 21 de febrero de 2020,
con la que el Juzgado Diecinueve (19) Administrativo de Bogotá negó las
pretensiones en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
promovido por el tutelante contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional
– Ejército Nacional (expediente 11001-33-35-019-2018-00070-00); y en caso
afirmativo, si se han vulnerado las garantías superiores al debido proceso,
igualdad y acceso a la administración de justicia invocadas en la solicitud de
amparo.
2.5 Requisito de subsidiariedad de la acción de tutela. El carácter
subsidiario de la acción de tutela hace referencia a que solo15 procede cuando
el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, sin embargo, no
debe perderse de vista que aunque el trámite de esta acción es preferente y
sumario, regido por los principios de publicidad, prevalencia del derecho
sustancial, economía, celeridad y eficacia, su carácter es eminentemente
residual y subsidiario, es decir, que únicamente procede en aquellos eventos en
que no exista un instrumento constitucional o legal diferente que permita
solicitar ante los jueces la protección de los derechos, salvo que se pretenda
evitar la causación de un perjuicio irremediable.
De acuerdo con la sentencia T-480 de 2011 de la Corte Constitucional16 y ante
la naturaleza eminentemente subsidiaria de la acción de tutela, es menester que
quien depreca el amparo de un derecho constitucional fundamental haya
agotado todos los mecanismos de defensa judicial que el ordenamiento
jurídico pone a su disposición, previa la interposición de la acción.
De lo anotado se puede concluir, entonces, que la acción de tutela no solo es
improcedente cuando el accionante aún cuenta (o contó) con otro medio de
defensa judicial, sino también cuando este tiene (o tuvo) la posibilidad de
acudir ante las autoridades que presuntamente han quebrantado sus derechos
constitucionales fundamentales a efectos de solicitar de ellas una respuesta
favorable o la satisfacción de sus intereses.
15
De acuerdo con la Ortografía de la Lengua Española, de la Real Academia Española, edición 2010, primera
edición (Colombia: abril de 2011), «La palabra solo, tanto cuando es adverbio [Solo trabaja de lunes a
viernes] como cuando es adjetivo [Está solo en casa todo el día…] son voces que no deben llevar tilde según
las reglas generales de acentuación […]».
16
M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
7
Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-07711-01
Actor: Juan Pablo Céspedes Coronado
De manera que la falta de diligencia del demandante, entendida como la
renuencia o el uso tardío de los medios ordinarios de defensa previstos en la
normativa legal, constituye una causal válida para declarar la improcedencia de
la acción constitucional frente al caso particular17.
La jurisprudencia constitucional ha dicho que la acción de tutela no resulta
procedente cuando el ordenamiento jurídico ofrece otro mecanismo judicial
para la protección de los derechos, sin embargo, si el sistema normativo
dispone de otras herramientas jurídicas para el amparo de los derechos, estas
deben ser suficientemente eficaces para evitar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable, pues de lo contrario la acción de tutela procede de manera
transitoria.
En otras palabras, si la situación fáctica es de tal gravedad que los recursos
judiciales ordinarios resultan ineficaces para defender los derechos
fundamentales, el juez de tutela debe adoptar las medidas necesarias que
neutralicen las causas de vulneración o amenaza con la finalidad de evitar un
menoscabo o de hacer cesar una violación a derechos inalienables.
Ahora bien, el perjuicio se considera irremediable cuando concurren unas
circunstancias específicas que si bien deben ser valoradas en cada caso
concreto, deben hallarse presentes:
1) Que se produzca de manera cierta y evidente una amenaza sobre un
derecho fundamental.
2) Que de presentarse no exista forma de reparar el daño producido a ese
derecho.
3) Que su ocurrencia sea inminente.
4) Que resulte urgente la medida de protección para que el sujeto supere la
condición de amenaza en la que se encuentra.
5) Que la gravedad de los hechos sea de tal magnitud que haga evidente la
impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales18.
En consecuencia, cuando el caso bajo estudio reúna los supuestos anteriores se
hará necesaria la intervención del juez constitucional para el restablecimiento
17
En esos términos lo precisó la Corte Constitucional en sentencia T-375 de 2018, M. P. Gloria Stella Ortiz
Delgado.
18
Corte Constitucional, sentencia T-458 de 199418, M. P. Jorge Arango Mejía.
8
Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-07711-01
Actor: Juan Pablo Céspedes Coronado
de los derechos involucrados a través de medidas inmediatas de protección,
imponiéndose en este evento la tutela como mecanismo transitorio mientras el
juez competente decide de fondo la acción correspondiente19.
Asimismo, la jurisprudencia constitucional 20 ha precisado que el perjuicio
irremediable debe ser probado por la persona que lo alega, pues si bien no es
dable exigir el cumplimiento de una carga probatoria rigurosa en asuntos
donde se discute la violación de derechos fundamentales, el tutelante debe
demostrar al menos someramente los posibles perjuicios que se llegaren a
originar en los hechos que motivaron la presentación de la solicitud de amparo,
dado que al juez constitucional no le concierne probar las circunstancias
fácticas en que se fundamenta la acción de tutela, salvo que sea evidente la
inminencia del perjuicio.
2.6 La acción de tutela contra providencias judiciales. El debate
jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional que
declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más
adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la amenaza
de derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en sede de
tutela, con la finalidad de establecer si el auto judicial se adoptó, en apariencia
revestido de forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de hecho.
La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de
1994 se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia
fuera calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura
cuando se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos
protuberantes: (i) defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión
controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto
fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece de sustento
probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se
sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que aparece en aquellos
eventos en los que se actuó completamente al margen del proceso establecido.
19
Consejo de Estado, sección segunda, sentencias AC-2010-00032 de 18 de marzo de 2010, y AC-2010-
01795-01 de 9 de diciembre de 2010.
20
Corte Constitucional, auto 164 de 21 de julio de 2011, M. P. María Victoria Calle Correa.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-07711-01
Actor: Juan Pablo Céspedes Coronado
Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de
unificación proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las
cuales están las sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002.
Posteriormente, mediante sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional
destacó el carácter excepcional de la acción de tutela, vale decir cuando de
manera protuberante se vulneran o amenazan derechos fundamentales.
Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los
eventos excepcionales de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente
para identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de
orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se
afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos
porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.
Tales presupuestos son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. (ii) Que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable. (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez.
(iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la
misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna
y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. (v) Que el actor
identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración
como los derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso
judicial siempre que esto hubiese sido posible. (vi) Que no se trate de
sentencias de tutela, en consideración al riguroso proceso de selección que
hace la Corporación.
Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra
sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de
causales genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar la
excepcionalidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, la cual
solamente cuando tenga indudable relevancia constitucional resulta
procedente.
Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la
decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
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funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de
competencia; (ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto
fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo probatorio que permita
la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto
material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre
las consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o
tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo
adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin
motivación, que implica el incumplimiento por parte de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte
Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para
garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución,
que procede cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho,
vale decir, en eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión
de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos
fundamentales.
Por otra parte, se destaca que la sala plena de lo contencioso administrativo del
Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela
resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales 21 , rectificó su
posición mediante sentencia de 31 de julio de 201222, en el sentido de disponer
que la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando
vulneren derechos constitucionales fundamentales, con observancia de los
parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro
determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que esta subsección con
anterioridad al auto citado ha aplicado en los términos antes expuestos23.
21
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-
administrativo del Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31
de enero de 1992, AC – 016, C. P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis
Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de
2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-01, C.
P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8)
16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
22
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
23
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp.
2008-00779-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor
Hernando Alvarado Ardila. 3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado
Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de
2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010-00293-
11
Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-07711-01
Actor: Juan Pablo Céspedes Coronado
Por último, en el auto de 5 de agosto de 201424, proferido por la sala plena de
lo contencioso-administrativo, por importancia jurídica, se unificó el criterio
de que esta acción constitucional procede siempre y cuando se respete el
principio de autonomía del juez natural, y se cumplan los requisitos generales
y específicos precisados por la Corte Constitucional, entre los que destacaron
el de inmediatez y subsidiariedad.
2.7 Caso concreto.
2.7.1 Requisito de subsidiariedad de la acción de tutela, en lo atañedero al
defecto fáctico y violación directa de la Constitución. En el asunto sub
examine el accionante afirma que la sentencia reprochada quebranta sus
garantías superiores, toda vez que incurre en defecto fáctico y violación directa
de la Constitución, porque fue proferida sin efectuar una valoración integral de
los medios de prueba, comoquiera que las certificaciones que los magistrados
accionados, con auto de 16 de diciembre de 2020, dispusieron que se
decretaran en primera instancia, no habían sido allegadas al momento de
adoptar la decisión objeto de censura, lo que configura una vía de hecho que
conllevó que sus súplicas fueran despachadas desfavorablemente.
Ahora bien, de acuerdo con los documentos adosados a estas diligencias, se tiene
que el tutelante promovió medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional
(expediente 11001-33-35-019-2018-00070-01), encaminado a obtener la
anulación del Decreto 5459 de 31 de julio de 2017, por cuyo conducto fue
retirado del servicio activo con fundamento en la causal de llamamiento a
calificar servicios, dentro de cuya demanda deprecó la práctica de varios
medios de prueba, entre otros, testimonios y certificaciones que, según su
dicho, daban cuenta de que el acto administrativo enjuiciado no correspondió
al mejoramiento del servicio, por el contrario, se expidió de manera irracional
y arbitraria.
De igual modo, se evidencia que del mencionado proceso ordinario conoció el
el Juzgado Diecinueve (19) Administrativo de Bogotá, que el 2 de abril de
00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-00540-00, C. P. Gerardo Arenas
Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 8) 2 de
febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-
01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P.
Gerardo Arenas Monsalve.
24
Sentencia de unificación, proferida por la sala plena de lo contencioso-administrativo el 5 de agosto de
2014, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, expediente 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
12
Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-07711-01
Actor: Juan Pablo Céspedes Coronado
2019 negó las certificaciones solicitadas por la parte actora, determinación
contra la que esta formuló recurso de apelación, dado que aquellas eran «[…]
conducentes, pertinentes y útiles para […]» decidir el asunto; alzada
concedida en el efecto devolutivo ante el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca (subsección E de la sección segunda) y desatada el 16 de
diciembre de 2020, en el sentido de ordenar «[…] al juez de primera instancia
que decrete […]» las «[…] certificaciones en las cuales conste (i) el
procedimiento mediante [el cual] se seleccionó a los Oficiales de grado
Mayor que serían retirados, (ii) las listas de clasificación de los Oficiales del
grado de Mayor [escogidos] para el curso de Estado Mayor y (iii) si todos los
Oficiales no [elegidos] para ascenso al curso de Estado de Mayor fueron
retirados o no […]» (sic).
Que en ese asunto contencioso-administrativo el 21 de febrero de 2020 y el 18
de junio de 2021 se dictaron las sentencias de primera y segunda instancias,
por parte del Juzgado Diecinueve (19) Administrativo de Bogotá y del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca (subsección E de la sección
segunda), en su orden, con las que se negaron las pretensiones formuladas, sin
advertir que no se habían practicado las pruebas ordenadas en el auto de 16 de
diciembre de 2020.
Se evidencia, además, que el tutelante, con escrito de 5 de marzo de 2021,
informó a los magistrados accionados que el 21 de febrero de ese año el Juez
Diecinueve (19) Administrativo de Bogotá decidió el asunto, en primera
instancia, sin que se hubieren recaudado los medios de convicción ordenados
en auto de 16 de diciembre de 2020, por lo que deprecó que tuvieran presente
«[…] la aludida situación a efectos de decidir sobre el recurso de
APELACI[Ó]N propuesto contra […]» el mencionado fallo.
Con base en lo expuesto, resulta dable concluir que en el caso sub judice no se
colma el requisito de subsidiariedad, habida cuenta de que si bien es cierto que
el tutelante el 5 de marzo de 2021 indicó a las autoridades accionadas sobre la
existencia de la providencia de 16 de diciembre de 2020 sin obtener respuesta
alguna, también lo es que la irregularidad ventilada a través de esta acción,
consistente en que se dictó la sentencia que decidió de manera definitiva el
fondo del asunto ordinario sin que se hubiera recaudado la totalidad de las
pruebas decretadas, comporta una de las causales de nulidad previstas en el
13
Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-07711-01
Actor: Juan Pablo Céspedes Coronado
numeral 5 del artículo 133 del Código General del Proceso (CGP) 25 , que
dispone:
Causales de nulidad. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente
en los siguientes casos:
[…]
5. Cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar
pruebas, o cuando se omite la práctica de una prueba que de acuerdo con
la ley sea obligatoria.
Y en lo atañedero a la oportunidad para promover la nulidad, el artículo 134
del referido compendio procesal prevé:
Las nulidades podrán alegarse en cualquiera de las instancias antes de que
se dicte sentencia o con posteridad a esta, si ocurrieren en ella.
Conforme a esta perspectiva, resulta evidente que la mencionada
inconformidad del actor, debió alegarla, una vez se profirió la sentencia que
hoy reprocha, a través del trámite de incidentes previsto en los artículos 127 y
siguientes del CGP, con el fin de que se determinara si, en efecto, acaeció o no
la aludida omisión probatoria.
Cabe advertir que, ante la naturaleza eminentemente subsidiaria de la acción de
tutela, es indispensable que quien depreca el amparo de un derecho
constitucional fundamental haya agotado todos los mecanismos de defensa
judicial que el ordenamiento jurídico pone a su disposición, previa la
interposición de la acción.
De tal manera que la falta de diligencia del actor, entendida como la renuencia
o el uso tardío de los medios ordinarios de defensa previstos en la normativa
legal, constituye una causal válida para declarar la improcedencia del trámite
constitucional frente al caso particular.
A guisa de corolario, en este asunto el ejercicio de la tutela resulta
improcedente en razón a que se encuentra gobernada por el principio de
subsidiariedad, según el cual esta no tiene cabida «Cuando existan otros
25
Aplicable por remisión que a este ordenamiento hace el artículo 208 del CPACA, según el cual, «Serán
causales de nulidad en todos los procesos las señaladas en el Código de Procedimiento Civil y se tramitarán
como incidente».
14
Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-07711-01
Actor: Juan Pablo Céspedes Coronado
recursos o medios de defensa […]» 26 . Es decir, si los medios ordinarios
(incidente de nulidad) pudieron ser utilizados de manera eficaz, como acontece
en el sub lite, la acción instaurada no resulta pertinente.
En tales condiciones (la existencia de otro medio de defensa judicial), es
aplicable la preceptiva del numeral 1 del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991,
norma que guarda estricta armonía con el artículo 86 de la Constitución
Política, en virtud de los cuales la acción de tutela «[…] solo procederá
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial […]»27.
Con base en lo planteado, en atención a que los reproches que dan fundamento
al defecto fáctico y violación directa de la Constitución, no satisfacen los
preceptos legales ni jurisprudenciales para la procedencia del amparo
constitucional, se impone declarar su improcedencia.
2.7.2 De lo atañedero al defecto sustantivo y al desconocimiento del
precedente. En el sub lite el actor sostiene que la sentencia de 18 de junio de
2021 dictada en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
11001-33-35-019-2018-00070-00, incurre en (i) defecto sustantivo,
comoquiera que las normas que establecen el retiro del servicio por
llamamiento a calificar servicios de los miembros del Ejército Nacional no
pueden aplicarse de manera objetiva, sino que deben acogerse por motivos de
mejoramiento del servicio, lo que no se acreditó en este asunto; y (ii)
desconocimiento del precedente, puesto que desatiende las sentencias de 24 de
marzo 28 y 17 de noviembre de 2011 29 de la sección segunda de esta
Corporación y SU-91 de 201630de la Corte Constitucional.
Sobre el particular, se observa que (i) el asunto planteado comporta relevancia
constitucional, pues recae sobre la presunta vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de
justicia del actor31; (ii) contra la decisión objeto de censura no procede recurso
26
Numeral 1 del artículo 6.º del Decreto ley 2591 de 1991.
27
Artículo 86 de la Carta Política.
28
Expediente 19001-23-31-000-2004-00011-01, M. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
29
Expediente 68001-23-31-000-2004-00753-01, C. P. Gerardo Arenas Monsalve.
30
M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
31
En ese sentido, no se compadece de la situación del tutelante la determinación adoptada en la providencia de
primera instancia, en cuanto a que, contrario a lo allí expuesto, el actor alega que la decisión de retirarlo del
servicio bajo la causal de llamamiento a calificar servicios contraviene la finalidad de las normas que regulan
dicha figura y desconoce la jurisprudencia de esta Corporación y del Consejo de Estado, lo cual de
demostrarse podría constituir quebranto de sus garantías superiores al debido proceso, igualdad y acceso a la
administración de justicia, puesto que le impide obtener una decisión en relación con sus pretensiones,
15
Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-07711-01
Actor: Juan Pablo Céspedes Coronado
alguno, en atención a que fue emitida en segunda instancia y se encuentra
ejecutoriada; (iii) se establecieron los hechos que originaron el supuesto
quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv) el requisito de inmediatez
se satisface, toda vez que la determinación judicial atacada se profirió el 18 de
junio de 2021 y la solicitud de amparo se instauró el 9 de noviembre siguiente,
es decir, dentro de un término prudencial (4 meses y 21 días); y (v) la
providencia acusada no desató una acción de tutela.
En razón a que se colman los anteriores presupuestos, esta Sala examinará el
fondo del asunto conforme a las causales específicas denominadas defecto
sustantivo y desconocimiento del precedente invocadas por el actor.
2.7.2.1 Defecto sustantivo. Sea lo primero anotar que el artículo 230 de la
Constitución Política prevé que los jueces se encuentran sometidos al imperio
de la ley. En virtud de dicho mandato, las autoridades judiciales deben decidir
las controversias de acuerdo con las normas que regulan la materia, como
expresión del principio de legalidad.
La jurisprudencia constitucional 32 ha estimado que la providencia judicial
proferida con desconocimiento del sistema normativo incurre en el
denominado defecto sustantivo, que se configura cuando la controversia es
decidida con fundamento en una disposición legal inaplicable al caso concreto,
bien porque fue derogada, declarada inexequible, versa sobre otro asunto que
no tiene relación con el decidido, la interpretación que hace de ella el juez es
paradójica o simplemente se omite aplicarla. Al respecto, la Corte
Constitucional sostuvo:
Esta Corporación ha caracterizado este defecto como la existencia de una
falencia o yerro en una providencia judicial, originada en el proceso de
interpretación y aplicación de las disposiciones jurídicas al caso
sometido al conocimiento del juez. Para que el defecto dé lugar a la
procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de una irregularidad de
alta trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que obstaculice o
lesione la efectividad de los derechos constitucionales33.
2.7.2.2 Desconocimiento del precedente. Al respecto, se precisa que el
desconocimiento del precedente tiene dos modalidades: (i) como causal
circunstancia que reviste a este asunto de la relevancia constitucional necesaria para efectuar un estudio de
fondo.
32
Sentencias T-781 de 2011 y T-907 de 2012, entre otras.
33
Sentencia T-259 de 29 de marzo de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
16
Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-07711-01
Actor: Juan Pablo Céspedes Coronado
autónoma de procedencia de la tutela contra providencia judicial cuando se
trata del precedente constitucional, y (ii) como defecto sustantivo por el
desconocimiento del precedente judicial. La primera tiene su origen en el
artículo 241 superior y se predica exclusivamente de los precedentes fijados
por la Corte Constitucional en su jurisprudencia34, y la segunda hace referencia
a cuando la autoridad jurisdiccional se aparta del precedente horizontal o
vertical sin justificación suficiente, lo que lleva a concluir que la providencia
adolece de un defecto sustantivo 35 en virtud de los principios del debido
proceso, igualdad y buena fe36.
2.7.2.3 Solución al caso concreto. Para dilucidar este asunto resulta
indispensable anotar que, en relación con el retiro del personal de oficiales y
suboficiales de las fuerzas militares, el artículo 100 del Decreto 1790 de 200037
dispone:
El retiro del servicio activo para el personal de Oficiales y Suboficiales de
las Fuerzas Militares se clasifica, según su forma y causales, como se
indica a continuación:
a) Retiro temporal con pase a la reserva:
1. Por solicitud propia.
2. Por cumplir cuatro (4) años en el Grado de General o Almirante, salvo
lo dispuesto en el artículo 102 de este decreto.
3. Por llamamiento a calificar servicios
4. Por sobrepasar la edad correspondiente al grado.
5. Por disminución de la capacidad psicofísica para la actividad militar.
34
Sentencia T-360 de 2014: «[…] En este orden de ideas, el precedente constitucional puede llegar a
desconocerse cuando: (i) se aplican disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias
de control de constitucionalidad, (ii) se contraría la ratio decidendi de sentencias de control de
constitucionalidad, especialmente la interpretación de un precepto que la Corte ha señalado es la que debe
acogerse a la luz del texto superior, o (iii) se desconoce la parte resolutiva de una sentencia de exequibilidad
condicionada, o (iv) se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte Constitucional a
través de la ratio decidendi de sus sentencias de control de constitucionalidad o de revisión de tutela».
35
Ver sentencia T-087 de 2007, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa. Ver también, sentencias T-193 de 1995
M. P. Carlos Gaviria Díaz, T-1625 de 2000 M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, T-522 de 2001 M. P.
Manuel José Cepeda Espinosa, T-462 de 2003 M. P. Eduardo Montealegre Lynnet, T-292 de 2006 M. P.
Manuel José Cepeda Espinosa, T-436 de 2009 M. P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-161 de 2010 M. P.
Jorge Iván Palacio Palacio y SU-448 de 2011 M. P. Mauricio González Cuervo.
36
Ver entre otras, sentencias T-049 de 2007 M. P. Clara Inés Vargas Hernández, T-464 y T-794 de 2011 M. P.
Jorge Iván Palacio Palacio y C-634 de 2011 M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
37
«Por el cual se modifica el Decreto que regula las normas de carrera del personal de oficiales y
suboficiales de las Fuerzas Militares».
17
Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-07711-01
Actor: Juan Pablo Céspedes Coronado
6. Por inasistencia al servicio sin causa justificada de acuerdo con el
tiempo previsto en el Código Penal Militar para el delito de abandono del
servicio [destaca la Sala].
Asimismo, el artículo 103 del mencionado Decreto 1790 de 2000, en lo
atañedero a la causal de llamamiento a calificar servicios, prevé que «[l]os
Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares solo podrán ser retirados por
llamamiento a calificar servicios, cuando hayan cumplido los requisitos para
tener derecho a la asignación de retiro».
Dicha causal de desvinculación es un instrumento mediante el cual se
remueven los miembros de las instituciones militares y de policía, en la medida
en que cumplan las condiciones para acceder a la asignación de retiro, cuyo
propósito es su adaptación a las nuevas necesidades de la sociedad y facilitar la
promoción de sus integrantes, tal como lo explicó esta Corporación en
sentencia de 17 de noviembre de 201138.
De igual modo, el Consejo de Estado ha precisado que el retiro por
llamamiento a calificar servicios no comporta una sanción o trato degradante,
pues es un instrumento que facilita que los oficiales y suboficiales de las
fuerzas militares y de la Policía Nacional disfruten de la asignación de retiro,
sin necesidad de continuar en el ejercicio de actividades castrenses, razón por
la cual no debe motivarse, máxime cuando se presume utilizado para mejorar
el servicio «[…] y quien afirme que en su expedición concurrieron razones
diferentes, tiene a su cargo la obligación de aducir e incorporar la prueba que
así lo demuestre»39. Sobre el particular, en la providencia de 7 de abril de
201640, esta Corporación consideró:
Cabe destacar que de manera aislada la Sección acogió la posición inicial
establecida por la Corte Constitucional, esto es, que si bien los actos de
retiro de los miembros de la Fuerza Pública no deben contener en su
cuerpo necesariamente las razones que llevan a tomar este tipo de
decisiones, los mismos sí deben estar sustentados en razones objetivas y
hechos ciertos que justifiquen el retiro41, sin embargo, no se puede alegar
que dicho planteamiento constituye precedente, en tanto no corresponde a
38
Sección segunda, subsección B, C. P. Gerardo Arenas Monsalve, expediente 68001-23-31-000-2004-00753-
01.
39
Sección segunda, sentencia de 8 de abril de 2010, C. P. Alfonso Vargas Rincón, expediente 25000-23-25-
000-1999-06200-01.
40
Sección segunda, subsección B, C. P. Gerardo Arenas Monsalve, expediente 11001-03-15-000-2016-00387-
00.
41
Consejo de Estado, sección segunda, subsección “B”, M.P. Gerardo Arenas Monsalve, sentencia de 10 de
septiembre de 2015, expediente: 050012331000199800554 01 (0917-2012), Actor: Wilmer Uriel García
Mendoza.
18
Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-07711-01
Actor: Juan Pablo Céspedes Coronado
una posición uniforme y reiterada de la Sección Segunda sobre la materia
y, por ende, no puede ser considerado un precedente vertical aplicable al
caso por los Tribunales y Juzgados Administrativos.
De conformidad con lo hasta aquí expuesto, esta Corporación ha
fijado el criterio según el cual no es necesario expresar las razones
por las que se desvincula a un oficial de la Policía Nacional bajo esa
causal, en tanto la motivación está prevista en la ley.
[…] [se destaca].
Por su parte, la Corte Constitucional, en sentencia SU-91 de 25 de febrero de
2016 42 , precisó su jurisprudencia acerca de la motivación de los actos
administrativos a través de los cuales la Administración dispone el retiro de
servidores de la fuerza pública por llamamiento a calificar servicios, así:
En ese sentido, la precisión de esta sentencia va encaminada a
establecer que, si bien no es exigible a la Fuerza Pública una
motivación expresa del acto, pues ella está claramente contenida en la
Ley, lo cierto es que tampoco es aceptable que el llamamiento a
calificar servicios pueda ser utilizado como una herramienta de
persecución por razones de discriminación o abuso de poder.
Para evitar estas prácticas, quien considere haber sido víctima de un
uso fraudulento de la figura de llamamiento a calificar servicios,
podrá presentar los recursos pertinentes ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, y tendrá a su carga la demostración
probatoria del uso de la herramienta para propósitos
discriminatorios o fraudulentos. De esta manera, no le corresponderá a
la Fuerza Pública la carga probatoria sobre la motivación del acto de
llamamiento a calificar servicios, que se presume responde a la exigencia
legal, pero en todo caso, deberá responder a los alegatos que sobre uso
fraudulento se presenten [destaca la Sala].
Este criterio fue reiterado en fallo SU-217 de 201643, en el cual se dijo que
«[…] el llamamiento a calificar servicios no requiere de una motivación
expresa porque contienen una motivación derivada de la ley constituida por
los dos requisitos materiales de tiempo servido y de la existencia de una
recomendación previa de la Junta de Asesores del Ministerio de Defensa
Nacional para la Policía Nacional […]».
42
Magistrado ponente Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
43
M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
19
Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-07711-01
Actor: Juan Pablo Céspedes Coronado
En este orden de ideas, actualmente, coincide el criterio jurisprudencial de la
Corte Constitucional con el de esta Corporación44, en el sentido de que los
actos administrativos de retiro por llamamiento a calificar servicios se
presumen expedidos en aras del mejoramiento del servicio oficial, por lo que
no es necesaria su motivación expresa, toda vez que dicho llamamiento
comporta una herramienta indispensable para la renovación de los cuadros de
mando de la fuerza pública, sin que esto implique una potestad arbitraria que
esconda otras razones de fondo diferentes a los requisitos legales para su
configuración, pues en caso de que ello ocurra el afectado tendrá la posibilidad
de demandar a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, eso sí con la carga probatoria tendiente a desvirtuar la aludida
presunción de legalidad.
En el caso sub examine el tutelante sostiene que la providencia objeto de
reproche adolece de defecto sustantivo, toda vez que las autoridades
accionadas desconocieron que la figura de llamamiento a calificar servicios de
los miembros del Ejército Nacional no puede aplicarse de manera objetiva,
sino que debe acogerse por motivos de mejoramiento del servicio, lo que no se
acreditó en este asunto, como tampoco se tuvo en cuenta su impecable
trayectoria profesional durante el lapso que estuvo vinculado a la institución.
Ahora bien, de acuerdo con el material probatorio adosado a estas diligencias,
se evidencia que el actor (i) ingresó el 1º de enero de 1999 al Ejército Nacional
como oficial, por lo que para el 31 de julio de 201745 tenía 21 años, 9 meses y
11días de servicios46; (ii) cuando se desempeñaba como mayor, por conducto
de Resolución 5459 de 10 de julio de ese año, fue retirado del servicio activo,
con fundamento en la causal de «[…] llamamiento a calificar servicios»,
previa emisión de la recomendación emitida por la junta asesora del Ministerio
de Defensa Nacional 47 ; y (iii) promovió medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho 11001-33-35-019-2018-00070-00, encaminado a
obtener la anulación del mencionado acto administrativo y su reincoporación al
44
Sección segunda, sentencias de (i) 12 de octubre de 2017, C. P. Gabriel Valbuena Hernández (subsección
A), expediente 25000-23-25-000-2010-01134-01, (ii) 31 de mayo de 2018, C. P. Carmelo Perdomo Cuéter
(subsección B), expediente 25000-23-25-000-2002-04531-02, (iii) 9 de julio de 2020, M. P. Rafael Francisco
Suárez Vargas (subsección A), expediente 25000-23-42-000-2013-01241-01, (iv) 8 de julio y 25 de noviembre
de 2021, C. P. William Hernández Gómez (subsección A), expedientes 25000-23-42-000-2015-00155-01 y
19001-23-33-000-2016-00338-01, en su orde, y (v) 11 de noviembre de 2021, C. P. Carmelo Perdomo Cuéter
(subsección B), expediente 25000-23-42-000-2016-02813-01.
45
Según consta en el extracto de la hoja de vida del actor que reposa en estas diligencias.
46
Con la inclusión del período en el que se desempeñó como «ALUMNO OFICIAL DIPER» entre el 19 de
enero de 1996 y el 30 de noviembre de 1999.
47
Contenida en el acta 6 de 1º de junio de 2017.
20
Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-07711-01
Actor: Juan Pablo Céspedes Coronado
mismo grado que desempeñaba o a otro de mayor jerarquía, en el cual se
negaron las pretensiones por conducto de las sentencias de 21 de febrero de
2020 y 18 de junio de 2021, dictadas por el Juzgado Diecinueve (19)
Administrativo de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
(subsección E de la sección segunda), en su orden.
Revisado el fallo acusado, se observa que los magistrados demandados
precisaron:
[…] se encuentra acreditado que el acto demandado no tiene una
motivación distinta que la señalada en [el Decreto 1790 de 2000], pues tal
y como se consignó en el acto acusado, el fundamento para prescindir de
su actividad como miembro de las Fuerzas Militares, tuvo lugar en el
cumplimiento del tiempo mínimo para adquirir el derecho a la asignación
de retiro, dado que había prestado sus servicios por más de 15 años.
En consecuencia, el acto de retiro se encuentra motivado conforme los
lineamientos consagrados en el Decreto 1790 de 2000 –modificado por la
Ley 1104 de 2006–, que a su vez fueron avalados por la Corte
Constitucional en sentencias SU-091 y 217 de 2016, los cuales están
circunscritos al cumplimiento a) del tiempo mínimo de servicio para tener
derecho a una asignación de retiro y b) la existencia de una
recomendación.
[…]
De igual forma debe indicarse que no era necesario consignar los motivos
de la desvinculación en la hoja de vida del demandante, toda vez que no
se trata de un retiro deshonroso que amerite alguna anotación a su folio
de vida, sino, como lo señala la Corte Constitucional en las sentencias
SU-091 y 217 de 2016 “debe entenderse como una causal de terminación
normal de la situación administrativa laboral de un uniformado dentro
de la Institución se consignen los motivos por los cuales el demandante
fue retirado”.
[…]
También, conviene [recordar] que de acuerdo a lo señalado en el marco
jurídico, […] tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado
[han precisado] que el retiro de un uniformado por llamamiento a
calificar servicios, se presume expedido en aras del buen servicio, como
quiera que tiene como objetivo el relevo de la “línea jerárquica
institucional” que permite el ascenso de otros militares activos y el
disfrute de la asignación de retiro de los que cesan de la carrera castrense.
Luego entonces, el actor no puede alegar que su desvinculación estuvo en
contra del mejoramiento del servicio, habida cuenta que al indicar tanto
21
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Actor: Juan Pablo Céspedes Coronado
en el recurso de apelación, como en la declaración del TC Byron [Ó]mar
Giraldo Plazas que su retiro obedeció a que no fue llamado para el curso
de Estado Mayor –requisito indispensable para ser ascendido al grado de
Teniente Coronel–, esa situación le permitió al Ministerio de Defensa
Nacional que en este caso se aplicara la causal de retiro de llamamiento a
calificar servicios, que bajo el concepto de “evolución institucional”,
permite promover a los militares que se encuentran en un grado inferior al
del actor y a su vez, el goce de la asignación de retiro a la cual tiene
derecho el Mayor ® por prestar sus servicios por más de 15 años.
De igual forma, tampoco le asiste razón cuando manifiesta que su retiro
fue contrario a los principios de razonabilidad y proporcionalidad por el
hecho de haberse omitido el estudio de la hoja de vida, evaluaciones de
desempeño, logros operacionales y la buena prestación del servicio por
parte del demandante, habida cuenta que si bien el [actor] obtuvo varias
felicitaciones (152 en total), condecoraciones y distintivos que destacaban
su labor como militar, así como también que sus evaluaciones de
desempeño para los años 2015 y 2016 fueron clasificadas en lista 1, lo
cierto es que tales cualidades no pueden limitar la facultad discrecional
que tiene la entidad demandada en estos asuntos, toda vez que no
representa una sanción por un mal comportamiento.
Con base en lo planteado en precedencia, se colige que la providencia
reprochada no adolece de defecto sustantivo, habida cuenta de que la causal de
retiro por llamamiento a calificar servicios debe colmar unos requisitos
contenidos en el Decreto 1790 de 2000, que, en efecto, se acreditaron por parte
del actor, toda vez que contaba con el tiempo de servicios necesario para
acceder a la asignación de retiro48 (21 años, 9 meses y 11 días de servicio) y la
recomendación de la junta asesora del Ministerio de Defensa Nacional
consignada en acta 6 de 1º de junio anterior, por consiguiente, era dable
concluir que el acto administrativo enjuiciado en este asunto ordinario
satisfacía los presupuestos legales para su adopción y, por ende, no había sido
expedido de manera irregular.
48
Al respecto, el artículo 1º del Decreto 991 de 2015 establece que «[…] los Oficiales y Suboficiales de las
Fuerzas Militares, escalafonados con anterioridad al 31 de diciembre de 2004, […] tendrán derecho cuando
sean retirados del servicio activo después de quince (15) años, por llamamiento a calificar servicios o por
retiro discrecional según el caso, por sobrepasar la edad máxima correspondiente al grado, o por
disminución de la capacidad psicofísica, o por incapacidad profesional y los que se retiren a solicitud propia
o sean retirados o separados en forma absoluta después de veinte (20) años de servicio, tendrán derecho a
partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta, según corresponda, a que por la Caja de Retiro
de las Fuerzas Militares se les pague una asignación mensual de retiro equivalente al cincuenta por ciento
(50%) del monto de las partidas de que trata el artículo 13 del Decreto número 4433 de 2004, por los quince
(15) primeros años de servicio y un cuatro por ciento (4%) más por cada año que exceda a los quince (15),
sin que el total sobrepase del ochenta y cinco por ciento (85%) del mismo monto, incrementando en un dos
por ciento (2%) por cada año adicional después de los veinticuatro (24) años de servicio, sin que el total
sobrepase el noventa y cinco (95%) de las partidas computables [...]».
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-07711-01
Actor: Juan Pablo Céspedes Coronado
De igual modo, en el fallo cuestionado se advirtió que no se comprobó que su
retiro no involucra mejoramiento del servicio o que haya sido «[…] contrario
a los principios de razonabilidad y proporcionalidad», por el simple hecho de
que su hoja de vida acreditara un excelente desempeño profesional, situación
que no limita la facultad discrecional que tiene el ente estatal demandado para
hacer uso del mencionado tipo de retiro del servicio, máxime cuando aquel
tiene como objetivo garantizar el relevo y la promoción del personal
uniformado en las escalas jerárquicas de las instituciones militares.
Por otro lado, carece de asidero la afirmación del tutelante, consistente en que
no se tuvo en cuenta su trayectoria militar al momento de llamarlo a calificar
servicios, en la cual ha obtenido múltiples reconocimientos, dado que «[…] las
circunstancias de buen desempeño en el ejercicio del cargo, que según el actor
debieron pesar su permanencia en la entidad, como lo ha sostenido en
reiteradas ocasiones esta Corporación, no generan por sí solas, fuero de
estabilidad en el empleo»49.
En ese orden de ideas, se concluye que la decisión adoptada por las autoridades
accionadas, consistente en confirmar el fallo con el que el Juzgado Diecinueve
(19) Administrativo de Bogotá negó las pretensiones de la demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho promovida por el actor contra la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional (expediente 11001-33-35-
019-2018-00070-00), no incurre en defecto sustantivo, dado que no resulta
arbitraria o caprichosa, puesto que estuvo motivada en las disposiciones que
rigen la aplicación de la causal de retiro por llamamiento a calificar servicios.
Cabe anotar que en virtud de los principios de autonomía e independencia
judicial no corresponde al juez constitucional cuestionar la interpretación
normativa que realiza el juez natural para desatar un asunto sometido a su
consideración, siempre y cuando ello no comporte una decisión arbitraria, lo
cual, como se explicó, no ocurre en el sub lite. Sobre el particular, la
jurisprudencia constitucional50 dijo:
[…] la interpretación de la ley es un campo en el que se manifiestan con
especial intensidad los principios de independencia y autonomía judicial.
En efecto, en la tarea de aplicación de las normas, el juez se enfrenta a
diversas posibilidades hermenéuticas que derivan de la interpretación de
49
Consejo de Estado, sección segunda, subsección A, sentencia de 1º de marzo de 2012, expediente 05001-23-
31-000-2002-00428-01 (0871-11).
50
Corte Constitucional, sentencia T-192 de 2015, M. P. María Victoria Calle Correa.
23
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Actor: Juan Pablo Céspedes Coronado
las disposiciones normativas, y no corresponde al juez constitucional
señalar cuál es la “correcta”, o la más conveniente para la resolución de
un caso específico, porque con fundamento en el artículo 230 de la
Constitución Política, el funcionario judicial al administrar justicia goza
de una libertad interpretativa, producto del respeto de la independencia y
la autonomía judicial, que lo ponen a salvo de injerencias indebidas que
afecten su imparcialidad y la sujeción al orden jurídico, y que
únicamente encuentran límite en la desviación caprichosa y arbitraria de
la ley […].
Por otra parte, el accionante alega desconocimiento del precedente,
fundamentado en el hecho de que en el sub lite se inobservaron las sentencias
de 24 de marzo51 y 17 de noviembre de 201152 de la sección segunda de esta
Corporación y SU-91 de 2016 de la Corte Constitucional, en cuanto aquellas
precisaron cómo debe ejercerse la «[…] facultad discrecional de retiro del
servicio activo […]» bajo la causal de llamamiento a calificar servicios.
Al respecto, se advierte que en el fallo de 24 de marzo de 2011 la sección
segunda del Consejo de Estado estudió la facultad discrecional del nominador,
pero desde la óptica de la desvinculación del servicio a través de la figura de la
insubsistencia53 y en el de 17 de noviembre de ese año si bien es cierto que se
analizó la causal de retiro deprecada en estas diligencias y se accedió a las
pretensiones de la demanda en un caso de similares contornos, también lo es
que no se trata de una decisión de unificación que sea de obligatoria
observancia para los magistrados accionados, máxime cuando cada proceso
debe desatarse de acuerdo con las circunstancias que lo rodean y en este asunto
se argumentó con suficiencia el porqué no había lugar a acceder a las
pretensiones invocadas. Además, ese pronunciamiento se dictó con antelación
a la sentencia SU-91 de 2016 de la Corte Constitucional, por tanto, y
comoquiera que lo allí decidido contraría el criterio jurisprudencial vigente
sobre la materia, tampoco era dable que las autoridades accionadas lo
acogieran.
Por último, en la sentencia SU-91 de 2016 de la Corte Constitucional se
precisó que la figura de retiro por llamamiento a calificar servicios se puede
ejercer a través de un acto administrativo que no requiere motivación, sin
51
Expediente 19001-23-31-000-2004-00011-01, M. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
52
Expediente 68001-23-31-000-2004-00753-01, C. P. Gerardo Arenas Monsalve.
53
En el mencionado pronunciamiento se sostuvo que «[…] esta Sección ha manifestado que el nominador
goza de un margen discrecional razonable en la escogencia y separación de los empleados de libre
nombramiento y remoción, lo que no quiere decir que pueda retirarlos o nombrarlos de manera caprichosa o
arbitraria, desconociendo sus calidades, experiencia e idoneidad en el desempeño de las funciones, pues su
actuación debe basarse en razones, sólidas y explícitas [...], y en la buena prestación del servicio».
24
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Actor: Juan Pablo Céspedes Coronado
embargo, no es factible emplearla de manera arbitraria o con fines de
discriminación o abuso de poder, lo que no se acreditó en las diligencias
ordinarias, puesto que quedó demostrado que la desvinculación del actor se
realizó con el cumplimiento de los presupuestos establecidos con tal fin y, en
ese sentido, tampoco es procedente endilgar vulneración constitucional a los
magistrados accionados por su falta de aplicación.
A partir de los anteriores prolegómenos, se confirmará la sentencia impugnada,
en cuanto a la improcedencia esta acción respecto de los vicios fáctico y
violación directa de la Constitución, al no colmar el requisito de
subsidiariedad; y se revocará en lo que atañe al defecto sustantivo y
desconocimiento del precedente, para negar el amparo deprecado, comoquiera
que la providencia censurada no incurre en tales causales específicas de
procedibilidad de la acción de tutela contra fallos.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
1º. Confírmase parcialmente la sentencia de 14 de enero de 2022, a través de la
cual el Consejo de Estado (subsección C de la sección tercera) declaró
improcedente la acción de tutela de la referencia, en relación con el defecto
fáctico y violación directa de la Constitución, conforme a lo indicado en la
motivación.
2º. Revócase el fallo aludido en el ordinal anterior, en cuanto declaró
improcedente la acción de tutela frente al defecto sustantivo y desconocimiento
del precedente; en su lugar, niégase el amparo de los derechos constitucionales
fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de
justicia invocados por el señor Juan Pablo Céspedes Coronado, en armonía con
lo expuesto.
3º. Notifíquese esta determinación judicial a las partes por el medio más
expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
4º. Comuníquese la presente decisión a la subsección C de la sección tercera de
esta Corporación y remítasele copia.
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Actor: Juan Pablo Céspedes Coronado
5º. Ejecutoriada esta providencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley
2591 de 1991 envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS
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