Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-07714-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-07714-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2021-07714-01
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
16 de junio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Bogotá D. C., dieciséis (16) de junio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2021-07714-011
Accionante: MARÍA EUGENIA JUSTINICO MARÍN
Accionado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Tema: Tutela contra Decretos 1408 y 1615 de 2021 /
principio de subsidiariedad
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala de Subsección decide la impugnación presentada por la parte
accionante en contra de la sentencia del 7 de abril de 2022 proferida
por la Sección Primera del Consejo de Estado mediante la cual declaró
improcedente el amparo solicitado.
I. ANTECEDENTES
La solicitud de protección de los derechos fundamentales a la libertad
de locomoción, a la libertad de conciencia, reunión y manifestaciones
1 La Sala resolverá las acciones de tutelas que fueron acumuladas al expediente de la
referencia mediante auto del 25 de marzo de 2022 y que se identifican en la parte resolutiva
de esta decisión.
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Accionante: María Eugenia Justinico Mar ín y otros
públicas, al trabajo, al libre desarrollo de la personalidad, a la
igualdad, a la vida digna, a la dignidad humana, a la libertad de
expresión e información, a la intimidad, de asociación y a la honra
tiene sustento en los siguientes:
1. HECHOS
La señora María Eugenia Justinico Marín y otros, presentaron acciones
de tutela contra los Decretos 1408 y 1615 de 2021, a través de los
cuales el Gobierno Nacional impartió instrucciones en virtud de la
emergencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus
COVID-19 y el mantenimiento del orden público.
2. PRETENSIONES
Los accionantes solicitaron que se dejaran sin efectos los Decretos
1408 y 1615 de 2021.
3. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN
La parte accionante aseguró que los Decretos 1408 y 1615 de 2021
vulneraron los derechos fundamentales invocados en protección al
exigir el carné o el certificado digital de vacunación contra el
coronavirus a los habitantes del territorio nacional que, por motivos
médicos, de conciencia o de culto, han decidido no aplicarse la
vacuna.
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4. TRÁMITE PROCESAL
Mediante auto del 25 de marzo de 2022, la Sección Primera del
Consejo de Estado acumuló las acciones de tutela que fueron
presentadas por los mismos hechos y pretensiones, las admitió y
ordenó notificar al presidente de la república, y a los ministros del
interior, de salud y protección social y de comercio, industria y
turismo, así como al director del Departamento Administrativo de la
Función Pública, para que se pronunciaran sobre los hechos que
originaron la solicitud constitucional.
5. INTERVENCIONES
5.1. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República, a través de apoderado, pidió que se declarara la
improcedencia de la presente acción de tutela, toda vez que se dirige
contra un acto de carácter general, impersonal y abstracto, lo que
encuadra en la causal de improcedencia de la acción prevista en el
numeral 5.1 del artículo 6.1 del Decreto 2591 de 1991, y porque,
además, este puede ser cuestionado a través del medio de control
previsto en el artículo 137 del CPACA.
5.2. Los ministerios del Interior, de Comercio, Industria y
Turismo, de Salud y Protección Social y de Cultura pidieron, en
similares términos, que se declarara la improcedencia de la acción de
tutela, por no acreditar el requisito de subsidiariedad, en tanto la
accionante tiene a su alcance los medios de control de nulidad y
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nulidad por inconstitucionalidad para controvertir la legalidad del
Decreto 1615 de 2021 y porque, además, esta no ha demostrado la
existencia de un perjuicio irremediable.
5.3. El Departamento Administrativo de la Función Pública pidió
que se declarara la improcedencia de la acción constitucional toda vez
que de conformidad con el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 no
procede contra actos de carácter general. Además, advirtió que no se
acreditó la ocurrencia de un perjuicio irremediable que habilite la
intervención del juez de tutela.
6. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA
La Sección Primera del Consejo de Estado, a través de sentencia del 7
de abril de 2022, declaró improcedente las acciones de tutela
acumuladas con sustento en que incumplieron con el requisito de
subsidiariedad pues cuenta con el medio de control de nulidad contra
los decretos reprochado y porque no se demostró la configuración de
un perjuicio irremediable.
7. IMPUGNACIÓN
La señora Elizabeth Trujillo2 manifestó que «el principal motivo de la
impugnación es porque, aunque se trata de un acto de carácter
general se está violando sus derechos fundamentales, para cuya
protección está prevista la acción de tutela».
2 Accionante en el radicado 11001-03-15-000-2021-09182-00.
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II. CONSIDERACIONES
1. COMPETENCIA
Corresponde a esta Sala de Subsección conocer la presente acción de
tutela, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 080 de 20193,
en cuanto dispone que «las tutelas que sean de competencia del
Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se
someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala
de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o
subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya
correspondido el reparto».
2. PROBLEMA JURÍDICO
En esta instancia, la Sala de Decisión resolverá el siguiente
cuestionamiento:
¿La presente acción de tutela cumple con el requisito de
subsidiariedad?
Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se tendrán en
cuenta los argumentos que se expondrán a continuación.
3 Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.
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3. Fundamentos de la decisión
Conforme a lo dispuesto en el artículo 86 de la carta política, la tutela
es un mecanismo subsidiario de protección de los derechos
fundamentales cuandoquiera que ellos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier entidad pública o de
los particulares, cuya conducta afecte grave o directamente derechos
subjetivos fundamentales.
En este orden, el numeral 1.° del artículo 6.° del Decreto 2591 de
1991 – reglamentario de la acción de amparo -, estableció como
causales de improcedencia de la acción de tutela:
«ARTICULO 6o. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La
acción de tutela no procederá: 1. Cuando existan otros recursos o
medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La
existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se
encuentra el solicitante. 2. Cuando para proteger el derecho se
pueda invocar el recurso de habeas corpus. 3. Cuando se pretenda
proteger derechos colectivos, tales como la paz y los demás
mencionados en el artículo 88 de la Constitución Política. Lo anterior no
obsta, para que el titular solicite la tutela de sus derechos amenazados
o violados en situaciones que comprometan intereses o derechos
colectivos siempre que se trate de impedir un perjuicio irremediable. 4.
Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño
consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del
derecho. 5. Cuando se trate de actos de carácter general,
impersonal y abstracto» (negrillas de la Sala).
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Así pues, dentro de las causales de improcedencia de la tutela, se
contempla la existencia de otros medios o recursos de defensa, salvo
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable, presupuesto que responde al carácter subsidiario de la
acción de tutela, en aras de respetar la división de competencias que
la misma carta ha delineado y el principio de especialidad de la
jurisdicción; por tanto, desconocer tales atribuciones implicaría invadir
a los jueces que recibieron el encargo constitucional de poner fin a las
controversias en una jurisdicción determinada, para lo cual, fueron
revestidos de autonomía e independencia.
Dada entonces su naturaleza subsidiaria o residual, la tutela es
improcedente para debatir asuntos propios de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, cuyo objeto se encuentra plenamente
definido en el artículo 104 del C.P.A.C.A., que le otorga la potestad de
conocer «además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes
especiales, de las controversias y litigios originado en actos,
contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho
administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o
los particulares cuando ejerzan función administrativa […]».
Así, dentro del amplio radio de acción otorgado en virtud de la ley a la
jurisdicción, se encuentra instituida en el artículo 138 del C.P.A.C.A.,
la posibilidad de conocer los litigios que se originen con ocasión de la
expedición de un acto administrativo, cuando en él se configure una
de las causales definidas en el artículo 137 ibidem que afectan en
forma sustancial la legalidad, esto es, «cuando hayan sido expedidos
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con infracción de las normas en que debían fundarse, o sin
competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho
de audiencia o de defensa, o mediante falsa motivación, o con
desviación de las atribuciones propias de quien los profirió».
Ahora bien, la regla general de improcedencia del recurso de amparo
contra actos administrativos es especialmente aplicable cuando se
trata de aquellos que tienen un carácter general, impersonal y
abstracto, pues además de existir un mandato legal contenido en el
numeral 5.º del artículo 6.º del Decreto 2591 de 1991, en el que se
señala expresamente que la acción de tutela no procede contra este
tipo de actuaciones, el ordenamiento jurídico tiene previstos diversos
mecanismos para controvertir su legalidad y constitucionalidad, como
el de nulidad simple (artículo 137 CPACA), el de nulidad por
inconstitucionalidad (artículo 135 CPACA) o el de la acción pública de
inconstitucionalidad prevista en el numeral 5.º del artículo 241 de la
Constitución.
Por tanto, la Corte Constitucional ha señalado que «el acto de carácter
general, por antonomasia, debe entenderse como aquel que al no
dirigirse contra alguien particular no es susceptible de consolidar
situaciones jurídicas subjetivas y por tanto de estructurar asuntos de
competencia del juez de tutela4»5.
4 Ver. Sentencia T-725 de 2003, M.P. Jaime Araujo Rentería, en reiteración de la sentencia T-
225 a 400 de 1992, M.P. Jaime Sanín Greiffenstein, en la que se dijo que “[c]uando el
enunciado de la norma jurídica consagra situaciones genéricas y comprende un conjunto
indefinido de sujetos a ella sometidos por un precepto de mandato o de prohibición, que son
determinables mediante la aplicación de predicados que la misma fórmula en términos de
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Sin embargo, la misma jurisprudencia constitucional ha reconocido
que en casos rigurosamente excepcionales es posible determinar que
la aplicación o ejecución de un acto general da lugar a la procedencia
de la acción de tutela, cuando se encuentre acreditado que ello
origina una vulneración o amenaza de algún derecho fundamental del
que es titular una persona determinada, caso en el cual el amparo se
constituirá en una fórmula transitoria, de tal manera que sus efectos
estarán supeditados a la toma de una decisión definitiva en la sede
ordinaria, idónea y adecuada, siempre que, además, se cumplan los
requisitos generales de procedencia, arriba mencionados6.
4. Caso concreto
En el presente asunto, la parte accionante alegó la vulneración de los
derechos fundamentales invocados en protección con ocasión de la
determinación adoptada por el Gobierno Nacional en los Decretos
1408 y 1615 de 2021 mediante los cuales se implementó la exigencia
del carné de vacunación contra el COVID-19 como requisito para el
ingreso a eventos de carácter público o privado que impliquen
asistencia masiva y a bares, gastrobares, restaurantes, cines,
discotecas, lugares de baile, conciertos, casinos, bingos y actividades
características abstractas, se dice que se trata de un acto regla (Jeze) o general. || Por su
propia naturaleza, entonces, el acto de este linaje no crea situaciones jurídicas subjetivas y
concretas y, por lo mismo, tampoco puede lesionar por sí sola derechos de esta índole, que
es lo que la Constitución y la ley requieren para que la acción de tutela sea viable, por cuya
virtud, en consecuencia, esta no procede”.
5 Corte Constitucional, sentencia T-187-17.
6 Corte Constitucional, sentencia T-187-17.
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de ocio, así como escenarios deportivos, parques de diversiones y
temáticos, museos, y ferias.
En esta perspectiva, resulta clara para la Sala la improcedencia de la
presente acción de tutela en los términos del artículo 6.º del Decreto
2591 de 1991, pues lo que pretende es controvertir la legalidad de los
Decretos 1408 y 1615 de 2021, actos administrativos de carácter
general, impersonal y abstracto, cuya constitucionalidad y legalidad
deben ser definidas por los jueces naturales de la causa, a través del
medio de control previsto en el artículo 137 del CPACA.
De igual forma, se debe destacar que esta corporación, mediante
sentencias del 17 de enero y 17 de marzo de 2022, declaró la
improcedencia de la acción de tutela para controvertir el Decreto 1408
de 2021 que exigiera la presentación del carné de vacunación contra
el COVID – 197, el cual, es del caso resaltar, fue derogado por el
Decreto 1615 de 2021, por lo que, en armonía con dichas decisiones,
la Sala confirmará la sentencia de primera instancia que declaró
improcedente las acciones de tutela de la referencia, en virtud del
numeral 5.º del artículo 6.º del Decreto 2591 de 1991 y por no
acreditar el requisito de subsidiariedad.
7 Proceso radicado con el N.º 11001-03-15-000-2021-07578-00/01.
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III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto la Sección Segunda, Subsección “A” de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
IV. FALLA
PRIMERO. – CONFIRMAR la sentencia del 7 de abril de 2022
proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado mediante la
cual se declaró improcedente las acciones de tutela con los radicados
1001-03-15-000-2021-07714-008, 11001-03-15-000-2021-08919-009,
11001-03-15-000-2021-08730-0010, 11001-03-15-000-2021-09497-0011,
11001-03-15-000-2021-09498-0012, 11001-03-15-000-2021-09527-0013,
11001-03-15-000-2021-08251-0014, 11001-03-15-000-2021-09993-0015,
11001-03-15-000-2021-09391-0016, 11001-03-15-000-2021-09365-0017,
11001-03-15-000-2021-09501-0018, 11001-03-15-000-2021-07738-0019,
11001-03-15-000-2021-07787-0020, 11001-03-15-000-2021-07876-0021,
8 Promovido por la señora María Eugenia Justinico Marín.
9 Promovido por la señora July Katherine González Reina.
10 Promovido por la señora Luz Myriam Sánchez de Gutiérrez.
11 Promovido por la señora Ana Lucía Rivera Sánchez.
12 Promovido por el señor Joshua Andrés Flórez Rodríguez.
13 Promovido por la señora María Ninfa Lara Gutiérrez.
14 Promovida por Liza Roxan Cortés Osorio.
15 Promovido por el señor Luis Alejandro Vega Cárdenas.
16 Promovido por el señor Robert Armando Flórez Castaño.
17 Promovido por la señora Laura Rocío Rodríguez Zambrano.
18 Promovido por el señor Juan Gabriel Vargas Hoyos.
19 Promovido por la señora Sandra Yurany Montenegro Martínez.
20 Promovido por el señor Erick Gonzalo Calderón Ospina.
21 Promovido por el señor Simeón Soto Arias.
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Accionante: María Eugenia Justinico Mar ín y otros
11001-03-15-000-2021-08689-0022, 11001-03-15-000-2021-09595-0023,
11001-03-15-000-2021-10477-0024, 11001-03-15-000-2021-09908-0025,
11001-03-15-000-2021-08407-0026, 11001-03-15-000-2021-08189-0027,
11001-03-15-000-2021-09466-0028, 11001-03-15-000-2021-08939-0029,
11001-03-15-000-2021-09155-0030, 11001-03-15-000-2021-09267-0031,
11001-03-15-000-2021-08141-0032, 11001-03-15-000-2021-08845-0033,
11001-03-15-000-2021-08756-0034, 11001-03-15-000-2021-09182-0035,
11001-03-15-000-2021-09312-0036, 11001-03-15-000-2021-10993-0037,
11001-03-15-000-2021-10227-0038, 11001-03-15-000-2021-10237-0039,
11001-03-15-000-2021-10559-0040, 11001-03-15-000-2021-10750-0041,
11001-03-15-000-2021-10914-0042, 11001-03-15-000-2021-10539-0043,
11001-03-15-000-2021-11148-0044, 11001-03-15-000-2021-09286-0045,
11001-03-15-000-2021-10268-0046, 11001-03-15-000-2021-08488-0047
22 Promovida por Jennifer Rodríguez Ramírez
23 Promovida por Ana Deisy Rodríguez Rojas.
24 Promovido por la señora Dora Elizabeth Gutiérrez.
25 Promovido por el señor Natanael Arias Peralta.
26 Promovido por el señor Josías Suárez Perilla.
27 Promovido por el señor Luis Fidel Sánchez Díaz.
28 Promovido por el señor Dairo Alberto Cano Misas.
29 Promovido por la señora Nubia Esperanza Mayorga de Gil.
30 Promovido por el señor Rafael Antonio Estupiñán Pinto.
31 Promovido por la señora Janeth Jaramillo Uribe.
32 Promovido por el señor José Ferney Cortés Montoya.
33 Promovido por el señor Fredy Alexander Tovar Barrera.
34 Promovido por la señora Andrea Hernández Rodríguez.
35 Promovida por Elizabeth Trujillo Salas.
36 Promovido por el señor Omar Andrés Rueda Lamprea.
37 Promovido por el señor Juan Pablo Romero Pérez.
38 Promovido por la señora Eliana María Acevedo López.
39 Promovido por el señor Gildardo de Jesús Amaya Monsalve.
40 Promovido por la señora Ana Milena Pérez Buriticá.
41 Promovido por el señor Jorge Iván Medina Arango.
42 Promovido por la señora María Luz Elcy Giraldo Giraldo.
43 Promovido por la señora Edilma Rosa Giraldo de Suarez.
44 Promovido por el señor John Jaime Valencia Muñoz.
45 Promovido por el señor Luis Fernando Piedrahita.
46 Promovido por el señor Jorge Mario Rendón Velásquez.
47 Promovido por el señor Adrián Mauricio Ortega Reyes.
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y 11001-03-15-000-2021-09154-0048, por las razones expuestas en la
parte considerativa de esta providencia.
SEGUNDO. – LIBRAR las comunicaciones de que trata el artículo 30
del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados.
TERCERO. - Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria
de esta providencia, REMITIR el expediente a la Honorable Corte
Constitucional para su eventual revisión.
CUARTO. - REGISTRAR la presente providencia en la plataforma
SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en
sesión celebrada en la fecha.
G ABRIEL V ALBUE N A HERN ÁNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
F I R M A D O E L E C T R Ó N I C A ME N T E FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
48 Promovido por la señora Mónica María Pérez López.
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