RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2021-07848-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2021-07848-01

Fecha
28 de abril de 2022
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2021-07848-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia del 11 de febrero de 2022, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”, que declaró improcedente la acción de tutela deprecada por la parte actora, en relación con los cargos de incongruencia y ausencia de pronunciamiento sobre las excepciones propuestas por la parte demandante, pero por las razones consignadas en esta providencia y NEGAR la petición de protección constitucional, por los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. 17 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Departamento del Atlántico Demandado: Consejo de Estado – Sección Cuarta Radicado: 11001-03-15-000-2021-07848-01 TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en los términos previstos en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2021-07848-01

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

28 de abril de 2022

Demandante: Departamento del Atlántico
Demandado: Consejo de Estado – Sección Cuarta
Radicado: 11001-03-15-000-2021-07848-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-07848-01
Demandante: DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN CUARTA

Tema: Tutela contra providencia judicial – Análisis del defecto
sustantivo y desconocimiento del precedente frente a efectos
de la declaratoria de nulidad de actos administrativos de
carácter general.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la impugnación interpuesta por la apoderada judicial de la parte
actora contra la sentencia del 11 de febrero de 2022, dictada por el Consejo de
Estado, Sección Tercera – Subsección “C”, que declaró improcedente la solicitud
de protección constitucional.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. El 9 de noviembre de 2021, el Departamento del Atlántico, por intermedio de la
Secretaria Jurídica, ejerció acción de tutela contra el Consejo de Estado – Sección
Cuarta, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia, “a la seguridad jurídica y
patrimonio público”.

2. La parte actora consideró vulneradas sus garantías, con ocasión de la sentencia
dictada por la referida autoridad judicial el 19 de agosto de 2021 que revocó el
fallo dictado el 11 de mayo de 2018 por el Tribunal Administrativo del Atlántico que
había negado las pretensiones de la demanda y, en su lugar, accedió a las
mismas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por
Bavaria S.A. en contra de la entidad accionante, que se tramitó bajo el radicado
08001233300020170038601 (23965).

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Departamento del Atlántico
Demandado: Consejo de Estado – Sección Cuarta
Radicado: 11001-03-15-000-2021-07848-01

1.2. Pretensiones

3. La entidad pública tutelante incluyó las siguientes pretensiones:

“PRIMERA: Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, de
acceso a la administración de justicia, a la seguridad jurídica y patrimonio
público del Departamento del Atlántico.

SEGUNDO: En consecuencia, se declare que la sentencia del 19 de agosto
de 2021 del Consejo de Estado – Sección Cuarta vulneró los derechos
fundamentales mencionados.

TERCERO: Que se deje sin efectos la sentencia del Consejo de Estado –
Sección Cuarta del 19 de agosto de 2021, radicado
08001233300020170038601 (23965), y que, en consecuencia, se ordene a
esa autoridad judicial que profiera una nueva decisión, en la que deberá
tener en cuenta que los actos sancionatorios contra Bavaria establecieron
una situación jurídica consolidada en relación con la sanción por no declarar
la estampilla Pro-Hospital CARI ESE, en los períodos 2 a 5 de 2009.”

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:

4. La sociedad Bavaria presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra el Departamento del Atlántico,
con el fin de que se declara la nulidad de los siguientes actos administrativos:

a. La Resolución N⁰ EC5-01006 del 6 de septiembre de 2016 que declaró
no probadas las excepciones propuestas por Bavaria S.A. contra el auto
de mandamiento de pago N.⁰ 000067 del 28 de abril de 2016 y ordenó
adelantar la ejecución y la investigación de los bienes del deudor para su
posterior embargo y secuestro.

b. La Resolución N⁰ EC-0042 del 3 de noviembre de 2016, que decidió el
recurso de reposición interpuesto por Bavaria S.A. contra el acto
administrativo anterior, confirmándolo en todas sus partes.

5. En la demanda se indicó que en el mandamiento de pago N.⁰ 000067 del 28
de abril de 2016 se había ordenado a la demandante la cancelación de la
sanción por no declarar la “Estampilla Pro-Hospital Universitario CARI ESE”, en los
períodos 2 a 6 de 2009.

6. Como sustento de sus pretensiones la demandante alegó que “se materializó
la excepción de pérdida de fuerza ejecutoria del título ejecutivo prevista en el artículo

2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Departamento del Atlántico
Demandado: Consejo de Estado – Sección Cuarta
Radicado: 11001-03-15-000-2021-07848-01

831 numeral 4.º del ET 1, debido a que el fundamento jurídico de la resolución sanción
por no declarar la Estampilla pro-hospital universitario CARI ESE y del mismo tributo,
se suspendió y posteriormente se anuló”.

7. Agregó que, “el artículo 91 del CPACA 2 establece como consecuencia el
decaimiento del acto administrativo que funge como título ejecutivo. Sostuvo que si
bien al momento de expedirse la resolución sanción, estaba vigente el fundamento
jurídico de la estampilla citada y de la sanción por no declarar, su situación jur ídica no
estaba consolidada, porque dicho fundamento se suspendió antes de que se
resolviera el recurso de reconsideración contra la resolución sanción”.

8. En sentencia dictada el 11 de mayo de 2018 el Tribunal Administrativo del
Atlántico negó las pretensiones de la demanda, por considerar que la
caducidad de la acción contra la resolución que impuso la sanción 3 y que
constituyó el título ejecutivo consolidó la situación jurídica porque los actos que
sirvieron de fundamento al cobro coactivo quedaron ejecutoriados en virtud de
lo dispuesto por el artículo 829 numeral 4º del Estatuto Tributario 4.

9. La parte demandante del proceso ordinario interpuso recurso de apelación
contra la sentencia de primera instancia, el cual fue resuelto por el Consejo de
Estado – Sección Cuarta en providencia dictada el 19 de agosto de 2021 en la
que revocó la decisión y, en su lugar, accedió a las pretensiones de la
demanda, en los siguientes términos:

“Primero. Declarar probada la excepción de falta de título ejecutivo y, en
consecuencia, declarar la nulidad de la Resolución EC5 – 01006, del 06
de septiembre de 2016, que negó las excepciones contra el mandamiento
de pago y ordenó seguir adelante con la ejecución y la investigación de
los bienes del deudor para su posterior embargo y secuestro, así como de
la Resolución EC – 0042, del 03 de noviembre de 2016, que confirmó la
primera.

Segundo. A título de restablecimiento del derecho, se declara que la

1 La norma establece que contra el mandamiento de pago procede, como excepción. “4. La pérdida de
ejecutoria del título por revocación o suspensión provisional del acto administrativo, hecha por autoridad
competente.”
2 La norma consagra las causales de pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo, en los siguientes

términos: “ARTÍCULO 91. PÉRDIDA DE EJECUTORIEDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO. Salvo norma
expresa en contrario, los actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados
por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán ser
ejecutados en los siguientes casos:
1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo.
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.
3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos que le
correspondan para ejecutarlos.
4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto.
5. Cuando pierdan vigencia.”
3 Mediante providencia del 15 de diciembre de 2015, el Tribunal Administrativo del Atlántico dio por terminado

el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho impetrado contra la Resolución Sanción 3433 del 19 de
septiembre de 2011 y la Resolución EC5-00779 del 22 de marzo de 2012. Lo anterior, en la medida en que se
declaró la caducidad de la acción.
4 Según esta disposición los actos administrativos que sirven de fundamento al cobro coactivo se entienden

ejecutoriados cuando los recursos interpuestos en la vía gubernativa o las acciones de restablecimiento del
derecho o de revisión de impuestos se hayan decidido en forma definitiva.

3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Departamento del Atlántico
Demandado: Consejo de Estado – Sección Cuarta
Radicado: 11001-03-15-000-2021-07848-01

sociedad Bavaria S.A. no adeuda suma alguna por concepto de la sanción
por no declarar la estampilla pro-hospital universitario CARI ESE por los
periodos 2.⁰ a 6.⁰ de 2009, y se ordena el archivo definitivo del
procedimiento de cobro coactivo, así como el levantamiento de las
medidas cautelares ordenadas mediante la Resolución 472, del 04 de
abril de 2017.”

10. Para arribar a la citada parte resolutiva, la Sección accionada consideró que
antes de que se librara el mandamiento de pago por no declarar la contribución,
esta Corporación había anulado tanto la regulación del tributo como de la
sanción5, la primera por haberse reproducido una disposición previamente
anulada, por lo que la exigibilidad del título se vio comprometida desde el inicio
mismo del procedimiento de cobro coactivo, “pues al anularse su fundamento
jurídico perdió su exigibilidad.”

11. Los fundamentos de la sentencia quedaron expuestos en los siguientes
términos:

“Por más de que la resolución sanción haya adquirido firmeza tras la
declaratoria de caducidad de la acción contra la misma, le asiste razón a
la demandante al afirmar que la materialización de esa situación jurídica
no es óbice para que con posterioridad pierda su fuerza ejecutoria y con
ello, la característica de exigible del título ejecutivo. Lo anterior, dado que
la anulación de sus fundamentos jurídicos es una circunstancia que no
guarda ningún tipo de conexión con la validez inicial del acto, pero si
elimina su capacidad de producir efectos jurídicos.

En ese orden de ideas, la Sala concluye que está probada la excepción
de falta de título ejecutivo susceptible de ser cobrado por medio del
procedimiento coactivo para efectos tributarios, en la medida en que la
resolución sanción por no declarar la Estampilla ProHospital Universitario
CARI ESE por los bimestres 2.⁰ a 6.⁰ de 2009 no es exigible.

Por otra parte, si bien la caducidad de la acción contra la resolución
sanción consolida su presunción de legalidad, no altera el hecho de que,
a partir de la anulación de su fundamento jurídico, esta perdió su fuerza
ejecutoria y exigibilidad. Es decir, que en el sentido amplio de la figura
ocurrió una pérdida de fuerza ejecutoria del título (numeral 2. ° del art. 91
CPACA) que si bien no encuadra en los supuestos del numeral 4.⁰ artículo
831 del ET, si conllevan a la falta sobrevenida de título ejecutivo. ”

1.4. Sustento de la vulneración

12. La tutelante argumentó que la sentencia “omitió, ignoró y dejo de lado, que la
situación jurídica de la sanción contra Bavaria estaba consolidada y de manera impropia,

5 En efecto, se acreditó en el proceso que, por medio de la sentencia del 27 de marzo de 2014 (exp. 20211,

MP: Jorge Octavio Ramírez Ramírez) esta Corporación anuló la regulación de la Estampilla Pro-Hospital
Universitario CARI ESE, contenida en la Ordenanza 18 de 2006, la cual reprodujo la Ordenanza 27 de 2001,
que había sido invalidada con antelación. Cabe destacar que el acto administrativo se encontraba suspendido
como consecuencia de la medida cautelar decretada en el proceso. Mediante sentencia del 05 de junio de
2014 (exp. 18907, MP: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas), se anuló el artículo 281 del Decreto Ordenanzal
823 de 2003, que regulaba la sanción por no declarar la Estampilla Pro-Hospital Universitario CARI ESE.

4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Departamento del Atlántico
Demandado: Consejo de Estado – Sección Cuarta
Radicado: 11001-03-15-000-2021-07848-01

sin haberse solicitado en la demanda- declaró probada la excepción del numeral 7 del
artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional6.

13. Afirmó que con ello se incurrió en defecto por desconocimiento del
precedente, por cuanto la misma Sección “en jurisprudencia pacífica” ha establecido
que la situación jurídica consolidada acaece cuando un acto particular que
determina una situación tributaria no se demanda en tiempo, circunstancia que
impide que se afecten la validez y eficacia de este.

14. Advirtió que también se desconoció el precedente de la Sección Cuarta del
Consejo de Estado que establece el carácter taxativo de las excepciones que es
posible invocar contra el título ejecutivo, en virtud del cual solo es posible proponer
las previstas en el artículo 831 del Estatuto Tributario.

15. Como sentencias desconocidas señaló las siguientes:

• 2187540, 0800123330002015 01 (25065) del 30 de septiembre de 2021,
M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello, sobre la protección de las
situaciones jurídicas consolidadas.
• 2187546, 250002337000201500411 01, M.P. Milton Chaves García.
• 2186151, 250002337000201500411 01 M.P. Milton Chavez García.
• 2185287, 110010327000201900042 00 M.P. Stella Jeannette Carvajal
Basto.
• 2182161, 11001032400020190022300, M.P. Stella Jeannette Carvajal
Basto.
• 2179737, 110010327000201900038, 24759, M.P. Stella Jeannette Carvajal
Basto.
• 2176247, 76001233300020170057401, 24017, M.P. Myriam Stella
Gutiérrez Argüello.
• 2174873, 08001233300020160117101, M.P. Milton Chaves García.
• 2167710, 25000233720120008701, 23145, M.P. Julio Roberto Piza
Rodríguez.

16. Señaló que la sentencia es incongruente, por cuanto “se forzó el contenido de
los artículos 91.2 CPACA y 831.4 E.T., para sostener, que como la pérdida de ejecutoria
de un acto administrativo no estaba prevista -expresamente- como excepción al título
ejecutivo, ello sí conlleva a la falta sobrevenida del título ejecutivo, argumento que no se
encuentra en la demanda de Bavaria contra el Dpto. del Atlántico, según se puede
constatar en el hecho 10 de este relato, y en la parte resolutiva de la decisión de agosto
19 de 2021, que provoca la presente tutela, pues la Sección Cuarta en franca
contradicción con lo dicho en la parte considerativa, declara probada la excepción de falta
de título ejecutivo, cuando lo que se alegó en la demanda fue un pretendido decaimiento
de ese acto tributario.”

6 Que consagra como tal la falta de título ejecutivo.

5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Departamento del Atlántico
Demandado: Consejo de Estado – Sección Cuarta
Radicado: 11001-03-15-000-2021-07848-01

17. En efecto, consideró que la autoridad accionada no estudió si los actos
sancionatorios contra Bavaria estaban cobijados por una situación jurídica
consolidada, sino que se “develó una nueva causal de nulidad no planteada por dicha
empresa.” Aseveró que, al resolverse en dos párrafos sobre la pérdida de fuerza
ejecutoria, no se examinaron las excepciones planteadas en el juicio.

18. Insistió en que la sentencia resolvió sobre la inexistencia del título sin que tal
alegación hubiera sido efectuada por Bavaria, sociedad que no había demandado
oportunamente el acto administrativo sancionatorio, circunstancia esta que fue
inadvertida en la sentencia “que no tuvo a bien verter una sola línea en sus
consideraciones sobre la situación jurídica consolidada de los actos tributarios.”

19. Afirmó que la sentencia afectó el patrimonio público y avaló la conducta
contraria a derecho de Bavaria que no declaró ni pagó el tributo ordenado,
desconociendo igualmente las normas jurídicas que obligan al departamento a
velar por la correcta recaudación de las rentas.

20. Advirtió que en el caso concreto se superan los requisitos de procedibilidad de
la acción de tutela contra providencia judicial y, como requisitos especiales, señaló
que el fallo incurrió en defecto sustantivo por cuanto no se aplicaron los artículos
829 y 831 del Estatuto Tributario.

21. Hizo referencia a la jurisprudencia del Consejo de Estado, según la cual los
fallos de nulidad de actor administrativos de carácter general producen efectos ex
tunc, esto es, desde el momento en que se profirió el acto anulado, pero que ello
no afecta situaciones jurídicas consolidadas, es decir aquellas que al momento de
producirse el fallo se debatían o eran susceptibles de debatirse ante las
autoridades administrativas o jurisdiccionales.

1.5. Actuaciones procesales relevantes

1.5.1. Auto admisorio de la demanda

22. Mediante auto de ponente, dictado el 22 de noviembre de 2021, se admitió la
demanda de tutela y se ordenó notificar a la parte actora, a los Magistrados del
Consejo de Estado – Sección Cuarta, como autoridad judicial accionada.

23. Así mismo, se dispuso la vinculación del Tribunal Administrativo del Atlántico y
de Bavaria S.A., como terceros con interés jurídico en el resultado del proceso y
que se notificada a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en los
términos y para los efectos del artículo 610 del Código General del Proceso.

24. En la misma providencia se negó la medida provisional de suspensión de los
efectos de la sentencia censurada que había sido solicitada por la parte actora en
el libelo introductorio.

6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Departamento del Atlántico
Demandado: Consejo de Estado – Sección Cuarta
Radicado: 11001-03-15-000-2021-07848-01

1.5.2. Intervenciones de la autoridad accionada y del tercero vinculado

1.5.2.1. Consejo de Estado – Sección Cuarta

25. El magistrado ponente de la decisión censurada informó sobre el objeto del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y señaló las principales
consideraciones expuestas en la sentencia.

26. Señaló que los actos administrativos dictados en el trámite del cobro coactivo
se invalidaron debido a que el acto constitutivo del título -la sanción- perdió fuerza
ejecutoria al haberse anulado el acto general que fundamentaba su expedición,
así que la obligación allí contenida no era exigible.

27. Agregó que, si bien “contra el acto sancionador se intentó demandar cuando operó
la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, ello no
desdibujaba la pérdida de fuerza ejecutoria de forma sobreviviente por efecto de la
anulación del acto general que sustentaba su emisión”. Recalcó que la pérdida de
fuerza ejecutoria no se realizó como un juicio de validez de la sanción, sino que
esa figura atañe a un aspecto de la eficacia y exigibilidad de la obligación
contenida en un acto administrativo.

28. Indicó que la situación jurídica consolidada alegada por la parte actora se
concreta cuando se han finiquitado todas las discusiones administrativas y
judiciales en torno a la obligación y en el caso debatido, aún estaba en discusión
judicial la satisfacción de la deuda que se pretendía con el cobro.

29. Adicionalmente, el estudio de la consolidación de la situación era
improcedente para resolver el caso y tampoco se varió la regla según la cual las
únicas excepciones que proceden contra el título ejecutivo son las previstas en el
artículo 831 del Estatuto Tributario “sino que fue necesario hacer un análisis sobre la
fuerza ejecutoria del título ejecutivo cuando opera el decaimiento de sus fundamentos
jurídicos (ordinal 7.⁰ del artículo 831 del ET).”

1.5.2.2. Tribunal Administrativo del Atlántico

30. Solicitó tener en cuenta que el cuestionamiento no se dirige contra la sentencia
de primera instancia que fue desfavorable a las pretensiones de Bavaria y remitió
el expediente contentivo del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

1.5.2.3. Bavaria S.A.

31. La representante legal de la entidad para asuntos judiciales solicitó que se
declarara improcedente la acción de tutela, por cuanto la misma se utilizó como
una tercera instancia y por no concurrir alguno de los requisitos exigidos por la

7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Departamento del Atlántico
Demandado: Consejo de Estado – Sección Cuarta
Radicado: 11001-03-15-000-2021-07848-01

Corte Constitucional para la procedencia excepcional cuando se dirige contra
providencia judicial.

32. Se refirió a la contestación de la demanda realizada por el magistrado ponente
de la decisión censurada para señalar que, como este lo afirmó, el caso no era
posible resolverlo desde la perspectiva de las situaciones jurídicas consolidadas
pues la figura utilizada fue la del decaimiento del acto administrativo.

1.5.3. Sentencia de primera instancia

33. El Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección “C” dictó sentencia el 11
de febrero de 2022, en la que declaró la improcedencia de la acción por
considerar que “La tutela contra providencia judicial tiene un carácter excepcional, por
ello, no le corresponde al juez del amparo revisar, ni evaluar la interpretación y el alcance
dado por el juez natural del asunto a los preceptos aplicados al resolver la controversia.
Este recurso judicial tampoco constituye una instancia adicional al proceso ordinario, ni es
un escenario para refutar la valoración probatoria del juez de conocimiento o para que la
parte desfavorecida por una decisión proponga “una mejor solución” al caso. Como no se
advierte que las decisiones cuestionadas sean caprichosas o arbitrarias y los argumentos
expuestos por el solicitante están encaminados a volver sobre la controversia decidida por
los jueces naturales, la tutela es improcedente.”

34. El fallo fue notificado por medios electrónicos el 15 de marzo de 2022, según
constancia obrante en el aplicativo SAMAI.

1.5.4. Impugnación

35. Mediante escrito remitido por correo electrónico 18 de marzo de 2022 a la
Secretaría General del Consejo de Estado, la apoderada judicial de la parte
accionante impugnó el fallo de primera instancia, con el fin de que se revocara y
se accediera a la petición de amparo.

36. La recurrente afirmó que, si el fallo de la Sección Cuarta vulneró los derechos
de la autoridad judicial, la providencia dictada en la primera instancia de la acción
de tutela “constituyó una afrenta a la defensa de los derechos fundamentales y del
ordenamiento jurídico. El dizque fallo de tutela ni siquiera se pronunció sobre cada uno de
los cargos propuestos contra la providencia de la Sección Cuarta, tampoco se refirió a los
evidentes defectos en lo sustantivo y por desconocimiento del precedente de la
sentencia.”

37. Consideró que se falló con un “formato” que no se refiere a las normas
sustantivas que se consideraron violadas por lo que solicitó que el juez de
segunda instancia estudiara todos los defectos relacionados en el escrito de tutela,
los cuales reiteró y precisó.

8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Departamento del Atlántico
Demandado: Consejo de Estado – Sección Cuarta
Radicado: 11001-03-15-000-2021-07848-01

38. Insistió en que se pasó por alto la obligación de salvaguardar el patrimonio
público toda vez que la imposibilidad de cobrar la sanción tributaria afecta los
recursos del departamento del Atlántico, al crear una novedosa “amnistía tributaria”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

39. Esta Sala es competente para resolver la impugnación interpuesta por la parte
actora en contra de la sentencia del 11 de febrero de 2022 dictada por el Consejo
de Estado, Sección Tercera – Subsección “C”, de conformidad con lo establecido
en el artículo 86 de la Constitución Política, en el artículo 37 del Decreto Ley 2591
de 1991, en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 así
como en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 de la Sala Plena de esta
Corporación.

2.2. Problemas jurídicos

40. Corresponde a la Sala determinar si procede confirmar, modificar o revocar la
providencia del 11 de febrero de 2022, proferida por el Consejo de Estado –
Sección Tercera - Subsección “C” en la acción de tutela del vocativo de la
referencia, instaurada por la parte accionante, con el fin de reclamar el amparo de
sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia, “a la seguridad jurídica y patrimonio público”.

41. En consecuencia, con fundamento en el examen de la situación fáctica
expuesta por la entidad pública tutelante, en la valoración del material probatorio
recaudado, en las causales de procedibilidad de la acción de tutela invocadas y en
los argumentos expuestos en el libelo introductorio y en la impugnación, el primer
problema jurídico que subyace al caso concreto consiste en determinar si
concurren en el caso concreto los requisitos de procedibilidad adjetiva que tornen
procedente el estudio de fondo del caso.

41. De encontrarse superados los mismos, la Sala establecerá si la sentencia
censurada incurrió en defectos sustantivo y desconocimiento del precedente al
haber accedido a las pretensiones de nulidad de los actos administrativos
censurados dictados en el trámite de un proceso de cobro coactivo, por no
haberse tenido en cuenta que se trataba de una situación jurídica consolidada y
que por ende no era posible aplicarle los efectos ex tunc de la declaratoria de
nulidad del acto administrativo general, impersonal y abstracto en el que se
sustentó.

42. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas:
i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencia judicial; ii) requisitos generales de procedibilidad de la acción

9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Departamento del Atlántico
Demandado: Consejo de Estado – Sección Cuarta
Radicado: 11001-03-15-000-2021-07848-01

de tutela; y iii) el análisis del caso concreto con fundamento en los cargos
propuestos en la demanda de tutela, reiterado en su totalidad en el escrito de
impugnación.

2.3. Razones jurídicas de la decisión.

2.3.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

43. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de
20127 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción
de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la
misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema8 y declaró su
procedencia9.

44. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros
para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) relevancia
constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez y; iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho
que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de
estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que
se analice el fondo del asunto.

45. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos
en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en
donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que
la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente
reabrir el debate de instancia.

46. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo
las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.3.2. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.3.2.1. Relevancia constitucional

7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María Elizabeth

García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
8 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado.
9 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias

judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”

10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Departamento del Atlántico
Demandado: Consejo de Estado – Sección Cuarta
Radicado: 11001-03-15-000-2021-07848-01

47. Para la Sala es necesario precisar que, este requisito se encuentra superado
por cuanto, en primer lugar, la parte actora cuestiona la razonabilidad de la
providencia del 19 de agosto de 2021, comoquiera que, a su juicio, se incurrió en
desconocimiento del precedente, debido a que no se tuvo en cuenta que la
situación jurídica se había consolidado con antelación al decreto de nulidad del
acto administrativo de carácter general ni la taxatividad de las excepciones que es
posible alegar en sede de cobro coactivo en materia tributaria, en segundo lugar,
se incurrió en un defecto sustantivo, los cuales afectan el núcleo esencial de los
derechos fundamentales alegados10.

48. Adicionalmente, los argumentos expuestos en la demanda indican el posible
compromiso del núcleo esencial de los derechos al debido proceso, a la igualdad
(frente al desconocimiento del precedente), a la seguridad jurídica (frente a la
alegación de situaciones jurídicas consolidadas) y de acceso a la administración
de justicia desde una perspectiva constitucional, por lo que no se trata de un
debate de orden exclusivamente legal, el cual basado en la tutela judicial efectiva
no admite que el titular del derecho o el interesado legítimo quede en un estado de
indefensión.

49. Así las cosas, es evidente la tensión alegada por la parte actora entre la
razonabilidad de la decisión que, al estimar que no había lugar a anular los actos
administrativos que disponían el mandamiento de pago por cuanto el título
ejecutivo estaba constituido por una resolución que se había consolidado ante la
ausencia de demanda oportuna de Bavaria en contra del departamento del
Atlántico.

50. Luego, es de relevancia constitucional cuando subsiste la violación o amenaza
a los derechos fundamentales, después de haber agotado el procedimiento legal o
judicial establecido por la ley para su protección, como lo alega la parte actora en
el caso objeto de estudio, lo que implica que el mecanismo constitucional no fue
utilizado como una instancia adicional que busque reabrir el debate procesal.

51. Ello quiere significar que el asunto de la acción de tutela de la referencia tiene
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación, para su
eficacia y para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales y libertades públicas, concretamente al debido proceso.

2.3.2.2. Tutela contra tutela

10 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, SecciónQuinta,
M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 27.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00004-00; Sentencia 20.02.20,
Rad. 11001-03-15-000-2019-05258-00; Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05291-00; Sentencia
13.02.2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; Sentencia 13.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05354-
00; Sentencia 06.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05153-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-
2019-05121-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05167-00; Sentencia 23.10.20, Rad. 11001-
03-15-000-2019-04664-00; Sentencia 23.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00.

11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Departamento del Atlántico
Demandado: Consejo de Estado – Sección Cuarta
Radicado: 11001-03-15-000-2021-07848-01

52. La Sala observa que no existe reparo alguno en relación con este juicio de
procedibilidad, toda vez que no se trata de una tutela contra una decisión de la
misma naturaleza, pues, la providencia judicial demandada fue proferida en el
trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, que
promovió Bavaria S.A. contra la entidad pública accionante11.

2.3.2.3. Inmediatez

53. En relación con el acatamiento del requisito de inmediatez, no se advierte
ningún reproche, porque la parte actora considera vulnerados sus derechos con
ocasión de la sentencia proferida, en segunda instancia, por el Consejo de Estado
– Sección Cuarta el 19 de agosto de 2021, la cual fue notificada por correo
electrónico que se envió el 27 de agosto de 2021, de tal manera que quedó
ejecutoriada el 3 de septiembre de la citada anualidad12.

54. Por su parte, la acción de tutela se presentó el 9 de noviembre de 2021, lo que
para la Sala es un término razonable para el uso del mecanismo de amparo
constitucional, en tanto transcurrieron menos de tres (3) meses.

55. Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación de jurisprudencia del 5 de
agosto de 201413, en la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado adoptó los criterios fijados por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción
constitucional contra providencia judicial y reiteró que seis (6) meses es el término
razonable para acudir y solicitar el amparo de los derechos fundamentales que se
estimen vulnerados con ocasión de providencias judiciales.

2.3.2.4. Subsidiariedad

55. En consideración al requisito de subsidiariedad, por ser la sentencia del 19 de
agosto de 2021 la providencia que resolvió la apelación que interpuso la parte
demandante contra el fallo dictado por el Tribunal Administrativo del Atlántico, en

11 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,

Sentencia 27.02.20., M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-2020-00014-00;
Sentencia 27.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00400-00; Sentencia
20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00092-00; Sentencia 20.02.20., M.P.
Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 11001-03-15-000-2020-00179-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Luis Alberto
Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00141-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad.
11001-03-15-000-2019-04788-01; Sentencia 13.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-
2020-00137-00; Sentencia 13.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-00037-00;
Sentencia 06.02.20, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05346-00; Sentencia 06.02.20,
M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-2019-05202-00.
12 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,

M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 20.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-00; Sentencia 23.01.20,
Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00; Sentencia 30.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-05167-00;
Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-
03890-01; Sentencia 06.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-05153-00; Sentencia 06.02.20., Rad. 11001-03-
15-000-2019-05346-00; Sentencia 13.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04693-01; Sentencia 13.02.20.,
Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; y Sentencia 20.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04788-01.
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05.08.14., M.P. Jorge

Octavio Ramírez, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Departamento del Atlántico
Demandado: Consejo de Estado – Sección Cuarta
Radicado: 11001-03-15-000-2021-07848-01

el trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, es
evidente el agotamiento de los recursos ordinarios14.

56. Así mismo, por los cargos de defecto sustantivo y desconocimiento del
precedente no procede el recurso extraordinario de revisión, comoquiera que las
inconformidades señaladas por la parte actora no se adecúan a las causales
establecidas en el artículo 250 de la Ley 1437 de 2011.

57. Sin embargo, el argumento referido a la existencia de incongruencia, que la
parte actora sustentó en que se declaró probada una causal de nulidad del acto
administrativo que Bavaria no formuló en la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho y en la contradicción que –a su juicio– existe entre la
parte motiva y la resolutiva de la sentencia, la Sala encuentra que esta alegación
es pasible de realizarse a través del recurso extraordinario de revisión, por la
causal de nulidad originada en la sentencia, por lo que no se supera con respecto
a la misma el requisito de subsidiariedad.

58. Tampoco la ausencia de pronunciamiento sobre las dos excepciones
formuladas en el juicio ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho superan
este requisito, por cuanto la parte actora contó en su momento con la posibilidad
de solicitar la adición de la sentencia para que se realizara un pronunciamiento
expreso sobre tales extremos de la litis, en los términos del artículo 287 del Código
General del Proceso, aplicable en virtud de los principios de integración normativa
previstos en la ley 1437 de 2011.

59. Como tal solicitud de adición no fue realizada en la oportunidad procesal
prevista en el ordenamiento jurídico, la Sala no se puede pronunciar de fondo
sobre esta alegación.

60. Con respecto al recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia el
mismo no procede en este caso, por cuanto la sentencia fue dictada por el
Consejo de Estado – Sección Cuarta, corporación de cierre en materia
contencioso administrativa en la respectiva especialidad.

61. Superados todos los requisitos de procedibilidad adjetiva en relación con las
restantes alegaciones (defecto sustantivo y desconocimiento del precedente), la
Sala abordará el fondo del amparo solicitado, no sin antes resaltar el carácter
excepcional de la acción de tutela, la cual tiene como fin garantizar la
intangibilidad de la cosa juzgada, el respeto de la autonomía judicial, la protección

14 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,

M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 23.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-00; Sentencia 23.01.20.,
Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia
30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-03890-01;
Sentencia 06.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-05025-00; Sentencia 06.02.20., Rad. 11001-03-15-000-
2019-05153-00; Sentencia 13.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04693-01; Sentencia 13.02.20., Rad.
11001-03-15-000-2020-00137-00; y Sentencia 20.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04788-01.

13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Departamento del Atlántico
Demandado: Consejo de Estado – Sección Cuarta
Radicado: 11001-03-15-000-2021-07848-01

de derechos de terceros de buena fe, la seguridad jurídica y la confianza en las
decisiones judiciales.

2.4. Procedencia excepcionalísima de la acción de tutela contra sentencias
de Altas Cortes

62. Para la resolución de este caso la Sala tendrá en cuenta que además de los
requisitos generales y específicos, cuando se trate de acciones de tutela contra
providencias proferidas por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado,
se ha determinado un criterio adicional, en atención a que “dichos organismos
judiciales son los llamados a definir y unificar la jurisprudencia en sus respectivas
jurisdicciones”.

63. En este sentido, la sentencia SU-917 de 2010, reiterada en la SU-050 de 2017
y en la SU-573 de la misma anualidad, la Corte Constitucional determinó que:

“…la tutela contra providencias judiciales de las altas Corporaciones es más
restrictiva, en la medida en que sólo tiene cabida cuando una decisión riñe
de manera abierta con la Constitución y es definitivamente incompatible con
la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el alcance y
límites de los derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto
de constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal
entidad que exige la imperiosa intervención del juez constitucional.

En los demás eventos los principios de autonomía e independencia judicial, y
especialmente la condición de órganos supremos dentro de sus respectivas
jurisdicciones, exigen aceptar las interpretaciones y valoraciones probatorias
aún cuando el juez de tutela pudiera tener una percepción diferente del caso
y hubiera llegado a otra conclusión”.

64. En consecuencia, para determinar la procedencia de la acción de tutela contra
una providencia judicial proferida por una Alta Corporación, la jurisprudencia
constitucional ha delimitado tres requisitos: (i) el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales;
(ii) el cumplimiento de uno de los requisitos especiales de procedencia; y (iii) la
configuración de una anomalía de tal entidad que exija la imperiosa intervención
del juez constitucional.

2.5. Caso concreto

65. Para realizar el examen de fondo y determinar si se configuran en el presente
caso los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente que fueron los que
superaron los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, esta
Sala advierte que los dos se encuentran sustentados sobre la base de considerar
que no era posible anular los actos, por haberse consolidado la situación jurídica,
lo que acaece cuando un acto particular que determina una obligación tributaria no
se demanda en tiempo, circunstancia que ocurrió en el sub examine.

14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Departamento del Atlántico
Demandado: Consejo de Estado – Sección Cuarta
Radicado: 11001-03-15-000-2021-07848-01

66. El cuestionamiento se edificó sobre el desconocimiento de los efectos de la
declaratoria de invalidez de los actos administrativos de carácter general,
impersonal y abstracto (ex tunc) y sobre el carácter taxativo de las excepciones
que es posible invocar contra el título ejecutivo en procesos administrativos de
cobro coactivo, en virtud del cual solo es posible proponer las previstas en el
artículo 831 del Estatuto Tributario.

67. Al respecto, lo primero que advierte la Sala es que ninguna de las alegaciones
expuestas por la parte actora cuestiona en forma directa la ratio de la sentencia
dictada el 19 de agosto de 2021 por el Consejo de Estado – Sección Cuarta que
no afirmó que la situación jurídica no estuviera consolidada, aspecto sobre el cual
no se pronunció, y tampoco creó o aplicó en forma analógica excepciones en
contra del mandamiento de pago.

68. En efecto, lo que decidió la autoridad accionada en la sentencia censurada es
que con respecto al título ejecutivo base del recaudo judicial había operado el
fenómeno jurídico de la pérdida de fuerza ejecutoria, porque habían desaparecido
los fundamentos jurídicos del acto administrativo cuyo cobro coactivo se pretendía,
haciendo una clara diferencia entre la validez del acto administrativo y los efectos
que el mismo está llamado a producir.

69. En efecto, la figura jurídica del decaimiento de los actos administrativos ocurre
cuando pierden su fuerza ejecutoria, lo cual puede darse como consecuencia de la
desaparición de los fundamentos de derecho, como acaeció en el presente caso y
lo destacó en la sentencia la Sección Cuarta del Consejo de Estado, al precisar
que las normas jurídicas con fundamento en las cuales se dictó el acto
sancionatorio cuya ejecución se pretendía fueron inicialmente suspendidas y
después anuladas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

70. Tal declaratoria de nulidad devino, según se expuso con claridad en el fallo
censurado, no solo del hecho de ser contrarias a las normas jurídicas de superior
jerarquía en las que debían fundarse, sino también porque el Departamento del
Atlántico reprodujo un acto administrativo de contenido general previamente
anulado por esta jurisdicción y, en esa medida, no le era dable ejecutar la
obligación.

71. En la providencia se aclaró que “la exigibilidad de un título ejecutivo en principio
válido y ejecutoriado puede verse comprometida por una circunstancia sobreviniente a su
creación y firmeza, como lo es su pérdida de fuerza ejecutoria a causa de la anulación de
sus fundamentos de derecho. En ese caso, más que ante la falta de ejecutoria del título
ejecutivo (numeral 3.⁰ artículo 831 del ET) se estará ante una causal de inexistencia
sobreviniente del título (numeral 7.⁰ artículo 831 del ET), pues la ejecutoria o firmeza del
acto es diferente a su fuerza ejecutoria. La primera, alude a la imposibilidad jurídica de
discutir la validez del acto, mientras que la segunda se refiere concretamente a la
posibilidad de ejecutarlo o cobrarlo.”

15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Departamento del Atlántico
Demandado: Consejo de Estado – Sección Cuarta
Radicado: 11001-03-15-000-2021-07848-01

72. Cabe destacar que la decisión se sustentó en lo dispuesto por el numeral 7º
del artículo 831 del Estatuto Tributario, en virtud del cual constituye excepción
contra el mandamiento de pago la falta de título ejecutivo, ausencia que en el
presente caso obedeció a que el invocado por la autoridad ejecutante había
perdido fuerza ejecutoria.

73. Lo anterior en concordancia con el artículo 91 del Código de Procedimiento
Administrativos y de lo Contencioso Administrativo, que implica que el acto no
podrá surtir efectos hacia el futuro, desde el momento en que desaparecen sus
fundamentos de derecho.

74. En la sentencia se destacó, como lo ha venido haciéndolo la jurisprudencia
reiterada del Consejo de Estado que el juicio de nulidad del acto es diferente al de
la ejecutoriedad, por disposición expresa del precepto citado, en virtud del cual un
acto que puede ser válido pierde ejecutoriedad cuando desaparecen sus
fundamentos de derecho.

75. En consecuencia, no es posible analizar los defectos sustantivo y
desconocimiento del precedente referidos a la existencia de situaciones jurídicas
consolidadas frente a los efectos ex tunc de la declaratoria de invalidez de los
actos administrativos ni la taxatividad de las excepciones contra el mandamiento
ejecutivo en sede de cobro coactivo porque en la sentencia censurada no se
sustentó la declaratoria de nulidad de los actos administrativos en la afirmación de
que la situación jurídica no se encontrara consolidada.

76. En efecto, como lo afirma la misma parte actora tal consideración no se realizó
en la sentencia y ello se hizo previa aclaración efectuada en el sentido de que la
situación que se analizaría difiere de otros casas, por cuanto en este “se discute la
legalidad del cobro coactivo de la sanción por no declarar la estampilla prohospital
universitario CARI ESE, con la particularidad de que la acción contra el título ejecutivo
caducó, lo que amerita un estudio sobre la validez y eficacia de los actos administrativos
demandados en el marco del procedimiento de cobro coactivo tributario.”

77. Al no haberse desvirtuado el fundamento de la decisión y referirse las
sentencias citadas como desconocidas a una figura jurídica diferente de aquella
que fue aplicada para resolver el caso concreto, no es posible que la Sala realice
el ejercicio de hermenéutica de segundo nivel para determinar si la decisión aquí
dictada se adecúa a las reglas jurisprudenciales establecidas con respecto a las
situaciones jurídicas consolidades o la taxatividad de las excepciones que es
posible proponer en sede de cobro coactivo.

78. Cabe destacar que al decretarse la pérdida de fuerza ejecutoria de un acto
administrativo queda incólume la presunción de legalidad que lo acompaña,
precisamente el atributo de éste que es el objeto de la acción de nulidad y

16
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Departamento del Atlántico
Demandado: Consejo de Estado – Sección Cuarta
Radicado: 11001-03-15-000-2021-07848-01

restablecimiento del derecho cuya caducidad se decretó, por lo que ninguna
incidencia tiene con la pérdida de ejecutoria, por situaciones posteriores al
nacimiento del acto de que se trate, que no tienen la virtud de provocar su
anulación.

79. La Sala no advierte que la decisión de la Sección Cuarta del Consejo de
Estado sea arbitraria o irrazonable o que contenga una grave anomalía que
vulnere los derechos fundamentales de la parte actora.

2.5. Conclusión

80. Las anteriores razones son suficientes para concluir que no se acreditaron los
defectos sustantivo y desconocimiento del precedente que hagan procedente la
intervención excepcional del juez de tutela por que la parte actora no cuestionó la
ratio de la decisión y trajo a colación reglas jurisprudenciales que no le era dable
aplicar a la autoridad judicial accionada en el caso concreto, por cuanto esta no
analizó los efectos del fallo de nulidad simple con respecto a la figura jurídica de
las situaciones consolidadas.

81. Lo anterior implica que se debe modificar la sentencia impugnada que declaró
improcedente la acción de tutela para, en su lugar, confirmar dicha improcedencia
únicamente por los cargos de incongruencia y ausencia de pronunciamiento sobre
las excepciones propuestas por la parte demandante y se negará la petición de
protección por los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia del 11 de febrero de
2022, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”, que
declaró improcedente la acción de tutela deprecada por la parte actora, en
relación con los cargos de incongruencia y ausencia de pronunciamiento sobre las
excepciones propuestas por la parte demandante, pero por las razones
consignadas en esta providencia y NEGAR la petición de protección
constitucional, por los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

17
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Departamento del Atlántico
Demandado: Consejo de Estado – Sección Cuarta
Radicado: 11001-03-15-000-2021-07848-01

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, en los términos previstos en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Los interesados pueden consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http//relatoria.consejodeestado.gov.co.8081

18
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.