Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-07859-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-07859-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2021-07859-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
22 de abril de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., veintidós (22) de abril de dos mil veintidós (2022)
Radicación número: 11001-03-15-000-2021-07859-01
Demandante: Neyci del Carmen Figueroa Mena
Demandado: Tribunal Administrativo del Chocó y otro
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / Improcedencia
/ RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – La parte demandante pretende reabrir el
debate jurídico y probatorio al no estar de acuerdo con lo decidido por el juez natural.
Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por el apoderado judicial de la
señora Neyci del Carmen Figueroa Mena en contra de la sentencia de 13 de enero
de 2022, proferida por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado,
mediante la cual se negó la solicitud de amparo.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1.- El 8 de noviembre de 2021, la señora Neyci del Carmen Figueroa Mena, mediante
apoderado judicial, interpuso demanda de tutela contra el Tribunal Contencioso
Administrativo del Chocó y el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de
Quibdó, con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso
“en conexidad” con el principio de seguridad jurídica, al acceso a la administración
de justicia, a la prevalencia del derecho sustancial y a la igualdad, presuntamente
vulnerados por las autoridades judiciales demandadas, al proferir los autos del 26 de
julio de 2021 y 24 de enero de 2019, respectivamente, dentro del proceso ejecutivo1,
que promovió contra la E.S.E. Hospital Departamental San Francisco de Asís de
Quibdó.
2.- Según se ilustra en la demanda, las pretensiones en ella contenidas se contraen
a lo siguiente:
<<1. Se AMPAREN los derechos fundamentales invocados como vulnerados por la
parte actora, por el DESCONOCIMIENTO por parte de los JUECES DEL PRINCIPIO
DE CONVENCIONALIDAD y EL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS
1
Identificado con el número de radicado 27001-33-33-002-2013-00338-00/01.
1
Radicación: 11001-03-15-000-2021-07859-01
Demandante: Neyci del Carmen Figueroa Mena
Demandado: Tribunal Administrativo del Chocó y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
JUDICIALES, el cual ha sido desarrollado mediante Sentencia 1991-06952 de
septiembre 10 de 2014, dictada por el H. Consejo de Estado, dentro del Exp.: 29.590
y el Rad.: 05001-23-31-000-1991-06852-01.
2. Siguiendo los lineamientos de sentencia dictada por el H. Consejo de Estado –
Sección Segunda, siendo Consejero Ponente el Dr. CARMELO PERDOMO CUETER
el 21 de septiembre de 2017, dentro del proceso con radicación Nro.
680012331000200000050701 y ACTUANDO EL H. CONSEJERO PONENTE COMO
JUEZ DE CONVENCIONALIDAD:
a.- Se DEJE SIN EFECTO:
i.- El auto interlocutorio Nro. 284 de julio 26 de 2021, dictado por el H. Tribunal
Contencioso Administrativo del Chocó, que decidió confirmar en su totalidad el auto
interlocutorio Nro. 356 del 24 de enero de 2019 proferido por el Juzgado segundo
administrativo oral del circuito de Quibdó, donde se abstuvieron de reactivar el proceso
ejecutivo que adelanta mi poderdante bajo el radicado Nro.
27001333300220130033800, contra el Hospital San Francisco de Asís de Quibdó –
Departamento del Chocó.
b.- ORDÉNASE al Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó, que dentro de un
término máximo de treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de la decisión tomada,
emita una nueva providencia en la que tenga en cuenta el precedente jurisprudencial
descrito en sentencia dictada por el H. Consejo de Estado – Sección Segunda, siendo
Consejero Ponente el Dr. CARMELO PERDOMO CUETER el 21 de septiembre de
2017, dentro del proceso con radicación Nro. 68001233100020000050701, entre otras,
respecto de la REACTIVACIÓN DEL PROCESO DE EJECUCIÓN cuando la entidad
en proceso de liquidación se abstiene de reconocer y pagar las acreencias laborales
reconocidas a través de una sentencia judicial dictada por un Juez de la República.
c.- ORDENASE al Hospital San francisco de asís en liquidación – Departamento del
Chocó, que en el término de 10 días procedan a expedir los actos administrativos
donde reconozcan, liquiden y cancelen la sentencia judicial dictada dentro del proceso
ejecutivo con radicación Nro. 27001333300220130033800, ya que han venido siendo
renuentes a su cumplimiento.
3.- Si las anteriores pretensiones, son falladas favorablemente, se oficie a la
Procuraduría Departamental, por parte del señor Magistrado Ponente, para que vigile
el cumplimiento inmediato de la presente acción, para así evitar dilaciones y demoras
injustificadas por parte del accionado, ya que estas decisiones son de cumplimiento
inmediato, tal como lo expresan las sentencias de tutelas Nros. T-942 del 2000 y T-
098 del 2002>>2
3.- Entre los presupuestos de orden fáctico que respaldan la protección invocada y
de las pruebas allegadas se tiene, que:
3.1.- La señora Neicy del Carmen Figueroa Mena, laboró al servicio de la E.S.E.
Hospital San Francisco de Asís de Quibdó en el cargo de Jefe de Facturación y
Cobranza desde el 19 de abril de 1982 hasta el 27 de marzo de 2009, fecha en la
cual fue suprimido el cargo que ostentaba en razón a la intervención forzosa
2
Expediente digital, Folios 4 y 5 del escrito de demanda.
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-07859-01
Demandante: Neyci del Carmen Figueroa Mena
Demandado: Tribunal Administrativo del Chocó y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
administrativa de la que fue objeto la entidad hospitalaria por parte de la
Superintendencia Nacional de Salud.
3.2.- Por lo anterior, y dado que a la demandante no se le habían pagado salarios y
diversas prestaciones laborales desde el año 2003 al 2008, la agente especial
liquidadora del Hospital profirió Resolución No. 0167 de 2009, en la cual se reconoció
y ordenó el pago a su favor de la suma de $121.629.746.00.
3.3.- Al no haberse reconocido los respectivos intereses de mora por el pago tardío
de casi 6 años de las señaladas acreencias laborales y considerar que la liquidación
había dejado por fuera otros rubros a los que tenía derecho, la accionante presentó
recurso de reposición contra la anterior decisión administrativa, el cual fue resuelto
de forma negativa mediante Resolución No. 236 del 20 de mayo de 2009.
3.4.- Más adelante, el Hospital profirió Resolución No. 0316 de 1 de julio de 2009, en
la que modificó y confirmó apartes de la Resolución 0167 de 2009.
3.5.- Por lo anterior, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la E.S.E. Hospital San Francisco de Asís solicitando declarar la nulidad parcial
de las Resoluciones 0167, 236 y 0316 de 2009, en lo relativo al no reconocimiento y
liquidación de los intereses de mora, prestaciones laborales y demás factores que
no fueron tenidas en cuenta o fueron mal liquidados al momento de proferirse dichos
actos administrativos.
3.6.- Mediante sentencia No. 034 del 15 de septiembre de 2011, el Juzgado Segundo
Administrativo de Descongestión de Quibdó, accedió parcialmente a las
pretensiones, declaró la nulidad parcial de los actos administrativos demandados por
no haber reconocido los intereses moratorios de la deuda laboral desde el año 2003
al 2008 y consecuentemente, condenó al Hospital San Francisco de Asís de Quibdó
a reconocer y pagar dichos intereses “desde la fecha de causación de cada
obligación hasta que se verifique el respectivo pago sobre el valor realmente
adeudado”. Así mismo, no accedió a la pretensión de que se reliquidara el monto de
la indemnización que le fue reconocida producto de la supresión de su cargo pues,
a su juicio, no presentaba irregularidad alguna que ameritara una condena sobre el
particular.
3.7.- Ante el incumplimiento del anterior fallo judicial, presentó demanda ejecutiva
(Rad. 27001-33-33-002-2013-00338-00) a fin de que se librara mandamiento de
pago en su favor y en contra del Hospital San Francisco de Asís de Quibdó, por el
valor total de lo ordenado en la sentencia No. 034 de 2011.
3
Radicación: 11001-03-15-000-2021-07859-01
Demandante: Neyci del Carmen Figueroa Mena
Demandado: Tribunal Administrativo del Chocó y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
3.8.- Así, el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Descongestión del Circuito de
Quibdó, en auto No. 901 del 20 de abril de 2015, ordenó seguir adelante con la
ejecución contra el Hospital y presentar la liquidación del crédito.
3.9.- Posteriormente, el expediente fue remitido al Juzgado Segundo Administrativo
del Circuito de Quibdó, que en auto No. 1224 del 1 de noviembre de 2016, dispuso
terminar el proceso ejecutivo por liquidación de la entidad ejecutada y remitió las
diligencias al Hospital, para que el crédito reclamado por la actora fuera tenido en
cuenta en la graduación del pasivo de la entidad por parte de la agente liquidadora.
Por lo anterior, el 10 de noviembre de 2016, la accionante presentó el Formulario
Único de Registro de Reclamaciones, con el propósito de que se reconociera,
graduara y pagara lo dispuesto en la sentencia No. 034 de 2011.
3.10.- Al entrar en vigencia la intervención forzosa administrativa del Hospital, la
agente liquidadora expidió la Resolución No. 070 de 28 de febrero de 2017, en la
cual dispuso que no reconocería intereses causados con anterioridad a la iniciación
del proceso de liquidación, en los siguientes términos:
<<ARTÍCULO QUINTO: ADVERTIR que no se reconocen intereses, así como tampoco
indexaciones y demás sanciones, causados con posterioridad a la iniciación del proceso de
liquidación, por los motivos señalados en la parte considerativa de este acto administrativo.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR que no se reconocen intereses causados con anterioridad, así como
tampoco indexaciones y demás sanciones, causados con anterioridad a la iniciación del proceso de
liquidación, por los motivos señalados en la parte considerativa de esta resolución y especialmente
por cuanto la disposición de intereses públicos sólo puede ser autorizada por el presupuesto.
ARTÍCULO SÉPTIMO: En cumplimiento de las normas aplicables, se dispone que con el fin de
compensar la pérdida del poder adquisitivo sufrida por la falta de pago oportuno, una vez atendidas
las obligaciones excluidas de la masa y a cargo de ella, así como el pasivo cierto no reclamado, si
hay lugar a él, si quedare un remanente se reconocerá y pagará desvalorización monetaria a los
titulares de los créditos que sean atendidos por la liquidación, cualquiera sea la naturaleza, prelación
o calificación de los mismos, con excepción de los créditos que correspondan a gastos de
administración. (…)>>3.
Sobre este acto administrativo, señaló que se está adelantando una acción de
nulidad ante el Tribunal Administrativo del Chocó, bajo el radicado No.
27001233330002017005800, despacho judicial que, mediante auto del 26 de febrero
de 2019, decretó medida cautelar de suspensión provisional.
3.11.- Acorde con lo anterior, el agente liquidador profirió las Resoluciones No. 00121
y 00122 del 31 de marzo de 2017, en las que calificó y graduó las acreencias de la
entidad hospitalaria, resolviendo “no reconocer los extremos de la sentencia judicial
[No. 034 de 2011] dictada a favor de [la señora Figueroa Mena], lo que conlleva a
3
Expediente digital, folios 7 y 8 del escrito de demanda.
4
Radicación: 11001-03-15-000-2021-07859-01
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
decir que están revocando también dicha sentencia judicial”4. Contra estas
decisiones administrativas la parte actora interpuso recurso de reposición, el cual fue
resuelto en Resolución No. 0893 de 2017, confirmándose la totalidad de lo dispuesto
en las referidas resoluciones.
3.12.- Seguidamente, la Superintendencia Nacional de Salud expidió la Resolución
No. 005016 de 7 de mayo de 2018 y la Circular No. 010 de la misma anualidad, en
las que se indicó que el proceso de liquidación del Hospital San Francisco de Asís
de Quibdó culminó y que el departamento del Chocó actuaría de conformidad con el
artículo tercero, numeral 7, de la Resolución No. 005016 de 2018, a través de la
cesión del encargo fiduciario.
3.13.- Ante el hecho de que el proceso liquidatorio culminó y no se reconoció ni
canceló la sentencia dictada a favor de la demandante, el 9 de enero de 2018, solicitó
al Hospital se graduara la acreencia y el 26 de febrero siguiente, la devolución del
expediente del proceso ejecutivo al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de
Quibdó. Al no obtener respuesta alguna por parte de la entidad hospitalaria, el 1 de
marzo de 2018 solicitó al juzgado mencionado, proceder a reactivar el proceso
ejecutivo en el estado en que se encontraba, esto es, “pendiente de aprobar la
liquidación del crédito”, con el objeto de continuar con el mismo, al no habérsele
cancelado las sumas reconocidas.
3.14.- En auto del 24 de enero de 2019, el Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito de Quibdó, se abstuvo de acceder a la reactivación del proceso ejecutivo,
teniendo en cuenta que, acorde con lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 2 del
Decreto 254 de 2000 y el artículo 6 del Decreto 254 de 2000, se indicó que, en los
eventos de liquidación de la entidades públicas, los procesos ejecutivos que cursaran
en los juzgados en contra de la entidad que se liquida, debían darse por terminados
y levantarse las medidas cautelares que se hubiesen dictado, por lo que debían
remitirse las diligencias a la entidad en liquidación para que la obligación que por vía
ejecutiva se cobró entre a formar parte del proceso de liquidación. Así, en el caso
concreto, de las pruebas arrimadas, coligió que el crédito de la señora Figueroa
Mena fue incluido por el agente liquidador del Hospital y el proceso de cobro continuó
frente a la entidad responsable de ello, sin que sea viable reiniciar el proceso
ejecutivo.
3.15.- Contra la anterior decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación,
alegando que, el Hospital mediante las Resoluciones 00121 y 00122 de 2017, revocó
de forma tácita e irregular la sentencia dictada a su favor en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho y lo dispuesto en el proceso ejecutivo sobre el
mandamiento de pago ya dictado. Así, puso de presente, que, al no reconocerse la
sentencia judicial dictada en el ejecutivo y haber culminado el proceso de liquidación
4
Expediente digital, folio 12 del escrito de demanda.
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-07859-01
Demandante: Neyci del Carmen Figueroa Mena
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
con las resoluciones que niegan el cumplimiento de la sentencia en su integridad,
consideraba procedente la reactivación de dicho proceso acorde con lo dispuesto en
sentencia proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado el 21 de
septiembre de 2017, M.P. Carmelo Perdomo Cuéter, dentro del radicado No.
68001233100020000050701. A su turno mencionó que se desconoció lo previsto por
el Consejo de Estado en: i) auto de 17 de marzo de 2014 dentro del proceso con
radicado No. 11001032500020140019200, M.P. Gerardo Arenas Monsalve, ii) “auto
de la Sección Tercera de esta corporación del 27 de mayo de 1998”, iii) sentencia
del 31 de enero de 2013 proferida dentro del expediente radicado con el 2011-00130-
01, y iv) “sentencia 2015-03261 de febrero 11 de 2016”, jurisprudencia que a su
juicio, ordena que la consecuencia de no reconocer y cancelar las sentencias
judiciales dentro del proceso liquidatorio es reactivar el proceso ejecutivo.
3.16.- El Tribunal Administrativo del Chocó en auto del 26 de julio de 2021, confirmó
la decisión adoptada por al A quo, al considerar que lo pretendido por la parte actora
no era procedente, pues el proceso ejecutivo no podía ser reiniciado al haber sido
remitido a la entidad en liquidación para que hiciera parte de la masa liquidatoria, tal
como lo dispone la ley.
3.17.- La parte actora interpuso recurso de súplica reiterando los argumentos
esgrimidos en el escrito de apelación presentado ante el Tribunal Administrativo del
Chocó, recurso que fue resuelto de forma desfavorable mediante auto del 20 de
septiembre de 20215.
4.- Como fundamento de las pretensiones, la actora aduce que las instancias
judiciales accionadas vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso “en
conexidad” con el principio de seguridad jurídica, al acceso a la administración de
justicia, a la prevalencia del derecho sustancial y a la igualdad, al dictar los autos en
los que negó la reactivación del proceso ejecutivo, desconociendo el precedente
judicial fijado en las siguientes providencias: i) Sección Segunda – Consejo de
Estado, M.P. Carmelo Perdomo Cueter, sentencia del 21 de septiembre de 2017,
dentro del proceso con radicación No. 68001233100020000050701 6, y ii) Sección
Segunda – Consejo de Estado, auto del 17 de marzo de 2014, dictado dentro del
proceso No. 110010325000201400192007, en las que se dispuso que la
consecuencia de negar la acreencia decretada a su favor dentro del proceso de
liquidación es reactivar el proceso de ejecución.
4.1.- A su turno, mencionó que la sentencia No. 034 de 2011 fue proferida de forma
posterior al proceso de intervención y liquidación administrativa del Hospital San
Francisco de Asís de Quibdó, por lo que es una obligación susceptible de cobro en
5
Providencia notificada el 29 de septiembre de 2021.
6
Expediente digital, folio 19 del escrito de demanda.
7
Ídem.
6
Radicación: 11001-03-15-000-2021-07859-01
Demandante: Neyci del Carmen Figueroa Mena
Demandado: Tribunal Administrativo del Chocó y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
un proceso ejecutivo posterior en los términos descritos en el literal d) del numeral 1
del artículo 1 del Decreto 2211 de 2002, según el cual, los títulos ejecutivos derivados
de sentencias exigibles con posterioridad a la fecha de liquidación de la entidad
pública respectiva, pueden ser reclamadas ante la jurisdicción.
B. Trámite procesal y contestación de la demanda
5.- Mediante auto del 16 de noviembre de 2021, la Sección Segunda, Subsección A
del Consejo de Estado admitió la acción de tutela y ordenó notificar de su
presentación a las autoridades judiciales demandadas y, en calidad de terceros con
interés, al departamento del Chocó y a la E.S.E. Hospital San Francisco de Asís.
5.1.- Adicionalmente, allí se ofició al Juzgado Segundo Administrativo Oral del
Circuito de Quibdó para que allegara, en calidad de préstamo, el expediente
identificado con el número de radicado 27001-33-33-002-2013-00338-00/01.
6.- El 23 de noviembre de 2021, el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito
de Quibdó allegó el expediente en préstamo solicitado, sin pronunciarse respecto de
la acción de tutela que se estudia.
7.- El Tribunal Administrativo del Chocó, el departamento del Chocó y la E.S.E.
Hospital San Francisco de Asís guardaron silencio.
8.- La parte actora, en escrito adicional presentado el 11 de noviembre de 2021,
mencionó un hecho nuevo a tener en cuenta por el juez de tutela, consistente en que
en escrito remitido el 24 de julio de 2018 al Juzgado Segundo Administrativo Oral del
Circuito de Quibdó, solicitó “hacer uso de la figura de la sucesión procesal, teniendo
en cuenta la cesión del encargo fiduciario que de conformidad con el art. 3ro numeral
7mo de la resolución 005016, debía recaer en el Departamento del Chocó”, frente a
lo cual las instancias judiciales demandadas no emitieron pronunciamiento alguno y
a su juicio, dejaron de valorar las pruebas que se aportaron con dicha petición y que
demostraban la culminación del proceso de liquidación y el hecho de que la
obligación recaía en cabeza del departamento del Chocó.
C. Sentencia de primera instancia
9.- Mediante sentencia de 13 de enero de 2022, la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado negó el amparo constitucional solicitado por la
señora Neicy Figueroa. En primer lugar, aclaró que el análisis se realizaría
únicamente frente a la decisión adoptada en la sentencia de segunda instancia por
el Tribunal Administrativo del Chocó, al ser el órgano de cierre del proceso ejecutivo.
Además, precisó que aun cuando la parte actora no mencionó claramente el defecto
7
Radicación: 11001-03-15-000-2021-07859-01
Demandante: Neyci del Carmen Figueroa Mena
Demandado: Tribunal Administrativo del Chocó y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
que se le endilga a dicha providencia, acorde con los argumentos esgrimidos, se
entendería que se trata de un desconocimiento del precedente jurisprudencial.
9.1.- Así, descendiendo el caso concreto determinó que las dos decisiones judiciales
mencionadas por sí solas no constituyen precedente judicial aplicable al caso
concreto, en los términos de la Ley 1437 de 2011, en atención a que no guardan
identidad fáctica con el caso aquí examinado. Con respecto al proveído del 17 de
marzo de 2014 indicó que, “la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado resolvió sobre la competencia para conocer de la ejecución de las condenas
impuestas a entidades públicas en proceso de liquidación y, segundo, en el
pronunciamiento judicial proferido el 21 de septiembre de 2017 si bien analizó la
prohibición de iniciar o continuar el trámite ejecutivo en contra de una entidad en
proceso de liquidación, lo cierto es que se refirió exclusivamente a Cajanal, y la
suspensión de términos procesales frente a aquella”, sumado a que, en dicho asunto
la litis versó sobre el pago de una sentencia que reconoció una pensión gracia, tema
totalmente ajeno a lo reconocido a la accionante.
9.2.- Con todo, resaltó que en la decisión objeto de demanda, el Tribunal fue enfático
en señalar que consideraba acertada la decisión del A quo, de abstenerse de
reanudar el trámite ejecutivo promovido por la demandante y librar mandamiento de
pago contra el Hospital en liquidación, pues el asunto había sido remitido para que
hiciera parte de la masa liquidatoria, en los términos previstos en la ley sobre la
prohibición de continuar procesos ejecutivos cuando una entidad entra en
liquidación. Seguidamente, mencionó que el Tribunal tuvo en cuenta que el Juzgado
de primera instancia explicó que la sentencia judicial objeto de recaudo se hizo
exigible luego del inicio del proceso de liquidación de la entidad hospitalaria, el cual
inició con la Resolución 001862 del 6 de julio de 2016, esto es, el 15 de septiembre
de 2012, acorde con los plazos fijados en el artículo 298 del CPACA para el pago de
las condenas en contra de entidades públicas, y a partir de esto, determinó con
fundamento en la jurisprudencia del Consejo de Estado que no era viable reanudar
el proceso ejecutivo.
9.3.- A su vez, puso de presente que los jueces a cargo de la ejecución señalaron
que el agente liquidador del Hospital conocía del crédito en favor de la señora
Figueroa Mena y que aquel estaba dentro de las reclamaciones que conformaban el
pasivo de la entidad liquidada, y por ende, ese era el escenario en donde debía
continuarse la discusión sobre el pago de las sumas reclamadas. Así, al no
acreditarse la ocurrencia del defecto alegado, negó las pretensiones de la acción de
tutela.
D. La impugnación
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-07859-01
Demandante: Neyci del Carmen Figueroa Mena
Demandado: Tribunal Administrativo del Chocó y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
10.- En desacuerdo con lo anterior, la accionante interpuso impugnación, reiterando
en su totalidad los argumentos esgrimidos en el escrito de tutela, y haciendo énfasis
nuevamente en que, existe una sentencia judicial dictada a favor de la señora
Figueroa Mena y los accionados no acataron su cumplimiento, por lo que insiste en
que es procedente remitir “todo el expediente adelantado dentro del proceso de
liquidación, con el objeto de que el juzgado libre el respectivo mandamiento de pago,
para lograr que se cumpla a cabalidad con la… decisión judicial que hoy sirve de
título ejecutivo”. Finalmente, pidió como prueba que se ordenara certificar al Hospital
demandado “si el proceso de liquidación ya culminó, ya que han venido siendo
renuentes a informarle a los Jueces de la República, si el proceso de liquidación ya
culminó, lo cual es el motivo por el cual han negado el librar el mandamiento de pago
solicitado”.
II.- C O N S I D E R A C I O N E S
E. Competencia
11.- La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto-Ley 2591 de 19918.
F. Análisis del caso concreto
12.- Dado lo anterior, corresponde determinar si se confirma, modifica o revoca el
fallo impugnado, proferido por la Sección Segunda – Subsección A del Consejo de
Estado que negó el amparo deprecado por la demandante, al considerar que no se
configuró el desconocimiento del precedente jurisprudencial alegado.
G. Estudio sobre el cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
13.- Sobre la relevancia constitucional del asunto, la Sala Plena del Consejo de
Estado ha expresado que para determinar si una acción de tutela cumple con dicho
requisito es necesario entrar a examinar dos elementos, a saber9:
• Que el actor cumpla su carga argumentativa de motivar la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales, escenario en el que
no basta enunciar los derechos presuntamente vulnerados, sino que tal vulneración
ha de estar justificada, esto es, desde la carga argumentativa, debe expresar con
suficiencia las razones y motivos de índole constitucional que revelan un juicio de
8
“por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
9
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-07859-01
Demandante: Neyci del Carmen Figueroa Mena
Demandado: Tribunal Administrativo del Chocó y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
desvalor frente a los derechos fundamentales de quien promueve la acción de tutela,
de cara a la definición que ha adoptado el juez, encargado por mandato
constitucional de definir el derecho, bajo la sacramental fórmula de administrar
justicia por mandato de la Constitución y la ley. En este caso, tal ejercicio debe
permitir una acción valorativa de la justeza de la decisión, asunto que se superpone
aún a la justicia que envuelve el mandato de ley en que se basa la sentencia.
• Que la demanda de tutela no constituya una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, en la medida en que
este mecanismo constitucional fue instituido para proteger derechos fundamentales
y no para discutir toda discrepancia que el actor tenga frente a una decisión judicial,
aspecto que se vincula en perfecta armonía con el anterior elemento, en tanto la
acción de tutela no se presenta como garantía para la confrontación entre la decisión
del juez y la opinión, criterio, dicho y aún raciocinio de quien con la determinación
contenida en la sentencia no se ve favorecido, pues sin lugar a dudas de lo que se
trata es de verificar la justeza constitucional de la decisión judicial.
14.- Siguiendo la delimitación del litigio efectuada por el A quo, en el caso objeto de
estudio, la parte actora aduce que el Tribunal Administrativo del Chocó, al proferir el
auto acusado, incurrió en desconocimiento del precedente judicial dictado por el
Consejo de Estado, según el cual, al haberse negado por la agente liquidadora del
Hospital San Francisco de Asís de Quibdó el reconocimiento y pago de la sentencia
No. 034 de 2011, dictada a su favor, resulta procedente la reactivación del proceso
ejecutivo que frente a ella se venía adelantando.
15.- Tras analizarse el contenido del escrito de apelación contra el auto de primera
instancia proferido por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de
Quibdó, que también negó la reactivación del proceso ejecutivo, y el recurso de
súplica presentado ante el Tribunal demandado, se advierte que la accionante alegó
frente al juez natural de la causa el supuesto desconocimiento del precedente judicial
que ahora vuelve y reitera en el presente asunto, al igual que la supuesta
procedencia de dicho proceso por ser una obligación exigible con posterioridad al
inicio del proceso de liquidación del Hospital.
16.- En efecto, en el escrito de apelación la parte actora manifestó, de forma casi
idéntica a como lo alegó en la demanda de tutela, que la reactivación del proceso
ejecutivo era necesaria dado que la agente liquidadora del ente hospitalario profirió
unos actos administrativos dentro del proceso de liquidación en los que manifestó
que no iba a reconocer los intereses de mora debidamente reconocidos en sentencia
judicial a la señora Figueroa Mena, revocando de forma irregular dicho fallo judicial10.
Al respecto, hizo referencia a las providencias de 17 de marzo de 2014 y 21 de
10
Expediente digital, folio 122 del Cuaderno principal dentro del expediente No. 27001-33-33-002-2013-00338-
00.
10
Radicación: 11001-03-15-000-2021-07859-01
Demandante: Neyci del Carmen Figueroa Mena
Demandado: Tribunal Administrativo del Chocó y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
septiembre de 2017 proferidas por el Consejo de Estado, presuntamente
desconocidas, en los siguientes términos:
<<Al no reconocer y cancelar la sentencia judicial dictada a favor de mi poderdante dentro del proceso
ejecutivo de la referencia y al culminar el proceso de liquidación con las resoluciones que niegan el
cumplimiento de la sentencia en su integridad y que ya fueron reseñadas, se debe solicitar al Juzgado
la reactivación del proceso de ejecución, teniendo en cuenta la Jurisprudencia del H. Consejo de
Estado – Sección Segunda, siendo Consejero Ponente el Dr. CARMELO PERDOMO CUETER el
21 de septiembre de 2017, dentro del proceso con radicación Nro. 68001233100020000050701,
donde se manifestó que la consecuencia de negar la acreencia dentro del proceso de
liquidación es reactivar el proceso de ejecución.
Igual lectura se realizó por el H. Consejo de Estado en el Auto 2014-00192 de marzo 17 de 2014,
dictado por la Sección Segunda – Subsección B, expediente: 11001032500020140019200,
siendo Consejero Ponente el Dr. Gerardo Arenas Monsalve, donde se manifestó:
(…)
Como se observa, al momento de presentarse la solicitud de reactivación del proceso de ejecución
en contra del Hospital, ya se había culminado el proceso liquidatorio en lo referente a la señora Neicy
del Carmen Figueroa Mena y el Hospital no reconoció y menos canceló la sentencia judicial dictada
a su favor por un Juez de la República.
En ese momento la jurisprudencia del H. Consejo de Estado, ordena que la consecuencia de no
reconocer y cancelar las sentencias judiciales dentro del proceso liquidatorio es reactivar el proceso
de ejecución ya que en el presente caso se había iniciado y suspendido, por ello, se pide su
reactivación y el librar el respectivo mandamiento de pago. (…)
El H. Consejo de Estado en el Auto 2014-00192 de marzo 17 de 2014, dictado por la Sección Segunda
– Subsección B, expediente: 11001032500020140019200, siendo Consejero Ponente el Dr. Gerardo
Arenas Monsalve, manifestó: (…)
La remisión del proceso ejecutivo era con el fn de que dentro del proceso de liquidación se cumpliera
a cabalidad con la sentencia y ello no aconteció, tan es así que el H. Consejo de Estado, en un asunto
similar al que ahora ocupa la atención, en sentencia del 31 de enero de 2013, proferida dentro del
expediente radicado con el 2011-00130-01 (…) Igual postura se asumió en la Sentencia 2015-03261
de febrero 11 de 2016, emanada del H. Consejo de Estado…>> (Se resalta).
17. Sobre el particular, debe mencionarse que el Tribunal Administrativo del Chocó,
si bien no se pronunció directamente sobre la aplicación de dichos fallos en el caso
particular, confirmó la decisión del A quo de no reactivar el proceso ejecutivo
teniendo en cuenta lo dicho por éste sobre las reglas de competencia para conocer
del asunto en casos de liquidación de entidades públicas y porque la acreencia ya
hace parte de la masa liquidatoria del Hospital en liquidación.
Al respecto, resulta pertinente traer a colación el análisis efectuado por el Juzgado
Segundo Administrativo Oral de Quibdó en auto del 24 de enero de 2019.
En dicha providencia, se mencionó que el crédito pretendido por la accionante derivó
de la sentencia No. 034 de 2011, y que el mismo se tuvo en cuenta por el liquidador
11
Radicación: 11001-03-15-000-2021-07859-01
Demandante: Neyci del Carmen Figueroa Mena
Demandado: Tribunal Administrativo del Chocó y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
del Hospital San Francisco de Asís de Quibdó tal como consta en Resoluciones No.
00121 y 00122. A continuación, expuso que, en lo relacionado con la terminación de
los procesos judiciales a causa de la liquidación de la entidad condenada, era
necesario remitirse al régimen aplicable a los procesos de supresión y liquidación de
entidades públicas en la parte que se refiere a la terminación de los procesos
judiciales, es decir, al parágrafo 2 del artículo 2 del Decreto 254 de 2000, modificado
por la Ley 1105 de 2006, según el cual, los jueces que conozcan de procesos en los
que se hayan practicado medidas cautelares enumeradas en ese mismo artículo, a
solicitud del liquidador deberían oficiar a los registradores de instrumentos públicos,
autoridades de tránsito y transporte y Cámaras de Comercio, para que procedieran
a cancelar los correspondientes registros.
Seguidamente, mencionó que acorde con el artículo 6 del mismo Decreto 254, en el
cual se regularon las funciones del liquidador, se menciona en el literal d) que le
corresponde: “Dar aviso a los jueces de la República del inicio del proceso de
liquidación, con el fin de que terminen los procesos ejecutivos en curso en
contra de la entidad, advirtiendo que deben acumularse al proceso de
liquidación y que no se podrá continuar ninguna otra clase de proceso contra
la entidad sin que se notifique personalmente al liquidador”11.
Acorde con el marco normativo referido, se concluyó que, en los eventos de
liquidación de entidades públicas, los procesos ejecutivos que cursan en los
juzgados contra la entidad que se liquida, debían darse por terminados y levantarse
las medidas cautelares, para remitir las diligencias a la entidad en liquidación para
que la obligación que por vía ejecutiva se cobrara entrara a formar parte del proceso
de liquidación. Así, al advertir que en el caso concreto el crédito ya había sido incluido
a la masa liquidatoria por el agente encargado del Hospital, debía entenderse que la
cobranza de la obligación a favor de la demandante “no se termina sino que continúa
dentro del trámite de liquidación de la entidad”12, tal como consta en las resoluciones
No. 00121 y 1022 de 2017, “toda vez que la obligación nació antes de entrar en
vigencia el proceso liquidatorio de la entidad y se encuentra reconocido, conforme
se establece de la consulta del aludido acto”13.
Así, pasó a analizar cuando se hizo exigible la obligación contenida en la sentencia
y determinó, que:
<<(…) esta se profirió el 15 de septiembre de 2011. Por tanto, el año que dispone el artículo 298 de
la Ley 1435 de 2011, para su ejecución, en los casos en que no haya sido pagada, se venció el 15 de
septiembre de 2012.
11
Expediente digital, folio 119 del Cuaderno Principal del expediente No. 27001-33-33-002-2013-00338-00.
12
Ídem.
13
Expediente digital, folio 119 del Cuaderno Principal del expediente No. 27001-33-33-002-2013-00338-00.
12
Radicación: 11001-03-15-000-2021-07859-01
Demandante: Neyci del Carmen Figueroa Mena
Demandado: Tribunal Administrativo del Chocó y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
Ahora, la decisión de liquidar el Hospital… se dispuso a través de la Resolución No. 00182 de 06 de
julio de 2016, es decir, después de la exigibilidad del título ejecutivo base de recaudo. Lo anterior
significa que, de acuerdo con lo señalado por la jurisprudencia de la máxima corporación en lo
contencioso administrativo, el proceso ejecutivo no se puede tramitar toda vez que para el efecto, se
debía instaurar antes de la orden de liquidación de la entidad.
En el sub lite y como se dijo renglones arriba, se observa que a través de la Resolución No. 00122
del 31 de marzo de 2017 y No. 00121 del 29 de diciembre de 2017, el liquidador del ente
ejecutado mediante este proceso, ya tiene conocimiento del crédito en favor del ejecutante
derivado de la sentencia, el cual está dentro de las reclamaciones, según se observa del acto
mencionado. En consecuencia, y por las razones aquí expuestas, debe el despacho abstenerse
de acceder a la reactivación del proceso ejecutivo y/o librar el mandamiento ejecutivo
solicitado>>14.
17.1.- En ese contexto, se advierte que el Tribunal, de forma coherente y conforme
a derecho, analizó el tiempo en el cual se hizo exigible la obligación contenida en la
sentencia No. 034 de 2011 y acorde al marco legal que regula el proceso de
liquidación de las entidades públicas, habiéndose probado que la acreencia de la
señora Figueroa Mena ya fue incluida en la masa liquidatoria del Hospital, determinó
que no era procedente la reanudación del proceso ejecutivo, careciendo entonces
los alegatos de la parte actora de relevancia constitucional y denotándose que la
acción de tutela fue interpuesta para reabrir el debate jurídico surtido ante el juez
natural de la causa, pretendiendo obtener sentencia judicial favorable a los intereses
de la parte actora.
18.- Los mismos argumentos esgrimidos en el escrito de apelación fueron reiterados
en el recurso de súplica que posteriormente se presentó contra el Tribunal
Administrativo del Chocó15 y que fueron refutados en auto del 20 de septiembre de
2021.
19.- Además, cabe advertir como lo hizo el juez de tutela en primera instancia, que
los dos fallos supuestamente desconocidos por el Tribunal Administrativo del Chocó
no son precedente judicial aplicable en el caso concreto.
Sobre la decisión adoptada por la Sección Segunda del Consejo de Estado en
proveído del 21 de septiembre de 2017, dentro del proceso con radicación No.
68001233100020000050701, se advierte que este proceso no comparte identidad
fáctica con el que ahora se estudia, pues en aquel asunto se estudió el pago de una
sentencia en la que se reconoció a la parte actora una pensión gracia por parte de
CAJANAL, haciendo alusión a la suspensión de términos procesales frente a dicha
entidad estatal.
14
Expediente digital, folios 119 y 120 del Cuaderno Principal del expediente No. 27001-33-33-002-2013-00338-
00.
15
Expediente digital, folios 145 a 148 dentro del Cuaderno Principal del expediente No. 27001-33-33-002-
2013-00338-00
13
Radicación: 11001-03-15-000-2021-07859-01
Demandante: Neyci del Carmen Figueroa Mena
Demandado: Tribunal Administrativo del Chocó y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
Por otro lado, con respecto al auto del 17 de marzo de 2014, dictado dentro del
proceso No. 11001032500020140019200, la Sala pone de presente que tampoco
hay identidad fáctica, pues en dicha oportunidad, la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado debió decidir sobre la admisibilidad de lo que el
accionante denominado “proceso ejecutivo especial” mediante el cual pretendía que
se ordenara a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, reconocer y pagar la prima
de actualización a la que tenía derecho acorde a fallo dictado por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca el 4 de mayo de 2006. Al respecto, se decidió remitir
el expediente contentivo de la demanda ejecutiva presentada por el accionante al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, teniendo en cuenta las reglas de
competencias establecidas en el CPACA.
20.- Finalmente, se advierte al accionante que la solicitud probatoria efectuada en el
escrito de impugnación referente a que se ordene a la agente liquidadora del
Hospital San Francisco de Asís de Quibdó, expedir certificación en la que conste si
efectivamente se terminó el proceso liquidatorio, no es procedente vía tutela, por lo
que no se hará pronunciamiento sobre el particular.
21.- De esta manera, esta Sala considera que la decisión sometida a examen en
esta oportunidad no comporta una actuación arbitraria o abusiva y, por el contrario,
encuentra que la misma fue proferida dentro del marco de la sana crítica, autonomía
e independencia judicial, sustentándose en disposiciones claramente aplicables al
caso concreto, con apoyo en el material probatorio aportado al proceso y ajustado
al procedimiento establecido para tramitar el proceso ejecutivo cuando la entidad
pública ejecutada se encuentra en proceso de liquidación.
22.- Adicionalmente, no sobra agregar que la jurisprudencia constitucional no ha
considerado factible la procedencia excepcional de la tutela contra providencias
judiciales, cuando quiera que estas se fundamentan en un determinado criterio
jurídico, en una razonable interpretación de las normas que son aplicables a la causa
y en una valoración adecuada de las pruebas allegadas, ya que de no ser ello así,
habría una intromisión arbitraria del juez de tutela que menoscabaría de manera
grave los principios constitucionales de autonomía e independencia judicial, los
cuales, en forma precisa, habilitan al juez para aplicar la ley sustancial y procesal16.
23.- Insiste también esta Sala en que los derechos, expectativas e intereses que se
llevan al conocimiento de la judicatura, de cara la preexistencia de un conflicto, la
mayoría de las veces están desprovistos de una connotación iusfundamental, por lo
que solo resulta admisible que se abra paso la acción de tutela cuando la labor del
juez se proyecta como afrenta al derecho de acceso a la administración de justicia,
que se presenta como emanación directa del derecho al debido proceso, asunto
16
Cfr. Sentencia T-1015 de 2010 de la Corte Constitucional.
14
Radicación: 11001-03-15-000-2021-07859-01
Demandante: Neyci del Carmen Figueroa Mena
Demandado: Tribunal Administrativo del Chocó y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
que, como ya se vio, no se reduce a la discrepancia de criterios entre la decisión
judicial y la de la parte que no resulta favorecida con ella, pues en esta materia asiste
al operador judicial la importante tarea de aplicar y definir el derecho, justamente en
aplicación y desarrollo de la anterior premisa.
24.- Así las cosas, al no encontrarse acreditado el requisito de relevancia
constitucional, esta Sala modificará la sentencia de 13 de enero de 2022, proferida
por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, en el sentido de
declarar la improcedencia de la acción de tutela formulada por la señora Neyci del
Carmen Figueroa Mena, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
25.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III.- F A L L A
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 13 de enero de 2022, por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, para en su lugar,
DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela, conforme a la parte motiva de
esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE17
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
17
VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que
se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
15
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