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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2021-07895-01

Fecha
21 de febrero de 2022
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2021-07895-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1°) Confírmase la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la tutela presentada por la Dirección de Impuestos y Aduanas nacionales-DIAN, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2°)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2021-07895-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

21 de febrero de 2022

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, veintiuno (21) de febrero de dos mil veintidós (2022).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2021-07895-01
Demandante: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS
NACIONALES (DIAN)
Demandado: SECCIÓN CUARTA DEL CONSEJO DE ESTADO
MEDIO DE CONTROL: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
SANCIÓN POR INEXACTITUD.

Síntesis del caso: la parte demandante estimó vulnerados sus derechos debido a que la
autoridad judicial accionada declaró la nulidad parcial del acto administrativo por medio del
cual la DIAN impuso una sanción por inexactitud pues encontró que los gastos que se
incluyeron en la declaración de renta eran reales. La Sala confirmó la providencia de
primera instancia pues la decisión no fue irrazonable ni desproporcionada.

La Sala decide la impugnación interpuesta por la DIAN contra la sentencia de 15 de
diciembre de 2021 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo
de Estado mediante la cual se dispuso:

“PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado por la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
decisión.” (mayúsculas fijas del original - archivo disponible en medio
magnético a través del aplicativo SAMAI).

I. ANTECEDENTES

Los hechos de la demanda

Mediante escrito presentado el 9 de noviembre de 2021 la parte demandante
presentó acción de tutela con el fin de que le sea amparado su derecho fundamental
del debido proceso y a los principios a la confianza legítima y seguridad jurídica
presuntamente vulnerados por la Sección Cuarta de esta Corporación con ocasión

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Demandante: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Acción de tutela

del fallo del 9 de julio de 2021 que declaró la nulidad parcial del acto mediante el
cual la DIAN impuso una sanción por inexactitud.

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:

1) Mediante requerimiento especial no. 112382013000114 de 27 de agosto de 2013
la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín propuso al contribuyente la
modificación de la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios del
año gravable 2010 en el sentido de adicionar otros ingresos por arrendamientos en
la suma de $18.943.000 y desconocer otros costos y deducciones por concepto de
gastos de combustible ($748.421.000), servicios de minería ($902.206.000),
arrendamiento de tierras para explotación minera ($37.890.000) y compras de
repuestos ($2.759.000) para un total de rechazo de costos y gastos por valor de
$1.691.277.000, razón por la cual, además, le liquidó una sanción por inexactitud
de $897.240.000.

2) Con la respuesta al requerimiento especial el contribuyente presentó declaración
de corrección el 26 de noviembre de 2013 en la que aceptó la adición de los ingresos
propuestos y el rechazo de los costos por concepto de repuestos.

3) Mediante liquidación oficial de revisión no. 112412014000077 de 22 de mayo de
2014 la DIAN aceptó la declaración de corrección presentada, pero mantuvo las
glosas por los servicios de minería $902.206.000 y de arrendamiento de tierras
$37.890.000 por la suma total de $940.096.000 por considerar que las erogaciones
no se encontraban debidamente soportadas y fueron realizadas a terceros que no
figuraban inscritos en el RUT.

4) Los costos por compra de combustible por valor de $748.421.000 fueron
aceptados, lo que llevó a determinar un mayor impuesto a cargo de $308.137.000
para un total de $315.756.00 y a imponer una sanción por inexactitud de
$493.019.000.

5) El 22 de julio de 2014 el contribuyente recurrió́ la decisión anterior, la cual fue
confirmada por Resolución 005423 de 11 de junio de 2015.

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Demandante: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
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6) En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho el
señor Elkin Darío Zapata demandó la nulidad de los referidos actos administrativos.

7) Mediante sentencia de 25 de septiembre de 2019 el Tribunal Administrativo de
Antioquia negó las pretensiones de la demanda.

8) El señor Elkin Darío Zapata apeló y la Sección Cuarta del Consejo de Estado por
medio de sentencia de 9 de julio de 2021 revocó la sentencia de primera instancia
y, en su lugar, declaró la nulidad parcial de liquidación oficial pues, por un lado,
levantó la sanción por haber incluido gastos por servicios mineros sin acreditar que
estos prestadores se encontraban inscritos en el RUT en el régimen simplificado,
ello, por cuanto verificó que dichos gastos fueron reales y, por el otro, mantuvo la
sanción por los gastos incluidos por concepto de arrendamiento de tierras, debido
a que no encontró acreditada la existencia de la erogación, la que solo era
demostrable con la factura proveniente del proveedor del entonces régimen común,
conforme lo determina el artículo 771-22 del Estatuto Tributario.

9) Por último, en aplicación del principio de favorabilidad en materia sancionatoria
tributaria contenido en el artículo 282 de la Ley 1819 de 2016 que modificó el artículo
640 del Estatuto Tributario se fijó la sanción por inexactitud en el 100% de la
diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor determinado en la liquidación oficial
y el declarado por el contribuyente.

El fundamento de la vulneración

La parte actora alegó que se configuró un defecto sustantivo por desconocimiento
del precedente, toda vez que la Sección Cuarta del Consejo de Estado inobservó
su propia jurisprudencia respecto de “la aplicación de la sanción por inexactitud por
falta de los requisitos que exige la ley para aceptar erogaciones como costos y
gastos deducibles del impuesto sobre la renta”.

Sobre el particular señaló las siguientes sentencias del Consejo de Estado: 19 de
mayo de 2016 (exp. 20.389), 27 de junio de 2018 (exp. 21.745), 18 de febrero de
2019 (exp. 20.844), 11 de junio de 2019 (exp. 23.373), 21 de agosto de 2019 (exp.
21.027), 10 de octubre de 2019 (exp. 21.789) y 9 de julio de 2021 (exp. 25.064), en
las que la misma Sección Cuarta confirmó la sanción por inexactitud porque los

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costos y gastos no cumplieron los requisitos del artículo 177-2 del Estatuto
Tributario.

Sostuvo que, de acuerdo con el precedente del Consejo de Estado la sanción por
inexactitud se aplica cuando en la declaración se incluyen deducciones respecto de
las cuales no se acredita su realidad y procedencia.

Por otro lado, manifestó que se incurrió en un defecto sustantivo, pues se interpretó
de forma equivocada el artículo 647 del Estatuto Tributario toda vez que “con el
mero hecho de que el contribuyente las haya incluido en su declaración sin el
cumplimiento de los requisitos legales, se tipifica la conducta del artículo 647 del E.
T., lo cual es suficiente para aplicar la sanción, por aportar información incompleta,
y por no cumplir con los requisitos que exige la ley o por carecer de las solemnidades
para poder darles tal calidad”.

Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó que se acceda a las
siguientes súplicas:

“A) Que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso,
confianza legítima y seguridad jurídica y para ello se deje sin efecto la
sentencia proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado el 9 de
julio de 2021, dentro del proceso 05001-23-33-000-2015-02243- 01
(25061) por defecto material o sustantivo; declarando que la aplicación
que hace la Sección Cuarta del artículo 647 del Estatuto Tributario y el
desconocimiento al precedente es inaceptable por tratarse de una
interpretación contra legem y perjudicial para los intereses legítimos de mi
representada.

B) Que, en su lugar, se ordene a la Sección Cuarta del Consejo de Estado
proferir una nueva sentencia en observancia al artículo 647 del Estatuto
Tributario y el precedente jurisprudencial que tiene la misma Sección
Cuarta, para efectos de imponer la sanción por inexactitud.” (archivo
disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI).

Actuación procesal

A través de auto de 12 de noviembre de 2021 la Subsección A de la Sección Tercera
del Consejo de Estado admitió la acción de tutela y se ordenó la notificación al
presidente y a los magistrados integrantes de la Sección Cuarta de esta Corporación

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y al señor Elkin Darío Zapata con el fin de que allegaran un informe sobre los hechos
que motivaron el ejercicio de la acción.

Sentencia de primera instancia

La Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación por medio de sentencia
15 de diciembre de 2021 explicó que para que una autoridad judicial pueda
apartarse de la “regla de decisión contenida en un caso anterior” se deben cumplir
dos requisitos, el primero, que se haga referencia expresa al precedente que
abandona (principio de transparencia) y el segundo, que se explique de manera
suficiente y razonada los motivos por los cuales se considera que debe apartarse
de sus propias decisiones o de las adoptadas por un juez de igual o superior
jerarquía (principio de razón suficiente).

No obstante lo anterior, verificó que las sentencias aludidas por la parte demandante
no constituían un precedente pacífico, puesto que en esas oportunidades se
estudiaron situaciones distintas a la del contribuyente, pues en su mayoría no se
acreditó la existencia de los gastos, de ahí que la Sección Cuarta del consejo de
Estado no estaba obligada a cumplir con dichos requisitos.

Adujo que la interpretación del artículo 647 del Estatuto Tributario no fue irrazonable
ni caprichosa, otra cosa es que en ejercicio de la autonomía funcional la autoridad
judicial accionada adoptó una decisión diferente a la esperada por la parte actora.

Impugnación

La parte demandante impugnó la decisión de primera instancia y para tal efecto
expuso que la Sección Cuarta de esta Corporación no cumplió con los requisitos
para apartarse del precedente debido a que no indicó el precedente desacatado, no
citó alguna sentencia relacionada con el tema ni explicó los motivos por los cuales
tomó una decisión independiente.

Añadió que la autoridad judicial se limitó a citar el artículo 647 del Estatuto Tributario
para señalar que no se configuró ninguna de las conductas tipificadas en dicha
norma para la imposición de la sanción, pero no justificó su omisión en la aplicación
de diversas sentencias del propio Consejo de Estado en las cuales se aplica la

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sanción por inexactitud no solo en casos en los que el contribuyente aporta datos
inexistentes o irreales, sino también cuando no se cumplen las solemnidades para
ser valorados los costos y deducciones, como en el presente caso que no fue
aportado el RUT.

Al respecto, citó las sentencias de 22 de marzo de 2011 (17286), 24 de marzo de
2011, 19 de mayo de 2011 y 5 de mayo de 2011.

II. LAS CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el
caso concreto.

1. La finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por
una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco
para desplazar o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o
para revivir términos precluidos o acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos
fundamentales del demandante.

El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional a la Sección
Cuarta del Consejo de Estado con el fin de que se protejan los derechos

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constitucionales fundamentales antes referidos, presuntamente vulnerados con
ocasión de la sentencia de 9 de julio de 2021 que declaró la nulidad parcial del acto
administrativo expedido por la DIAN únicamente en lo referente al valor de la
sanción por inexactitud impuesta al señor Elkin Darío Zapata porque no aportó
prueba de la constancia de inscripción en el RUT de los proveedores.

En criterio de la parte demandante se configuró un defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente debido a que la demandada inobservó su propia
jurisprudencia respecto de “la aplicación de la sanción por inexactitud por falta de
los requisitos que exige la ley para aceptar erogaciones como costos y gastos
deducibles del impuesto sobre la renta”.

En la sentencia de primer grado la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo
de Estado negó las pretensiones de la tutela con fundamento en lo siguiente:

“la autoridad judicial accionada realizó un estudio razonado de la norma,
el cual le permitió concluir que, si bien resultaba procedente el rechazo de
los gastos correspondientes por el valor de $902’206.000, ante el
incumplimiento de uno de los requisitos para la aceptación de costos, lo
cierto era que no había lugar a la imposición de la sanción por inexactitud,
toda vez que, a su juicio, no se configuró una de las conductas tipificadas
para su imposición y, por el contrario, la propia DIAN “reconoció la realidad
de estos gastos.”

Ahora, en la impugnación la DIAN manifestó que de acuerdo con el precedente del
Consejo de Estado la sanción por inexactitud no solo procede cuando el
contribuyente suministre “datos o factores falsos, equivocados, incompletos o
desfigurados” sino cuando incluye costos, gastos o deducciones que, aunque que
sean reales, carecen de validez por cuanto no se demuestra la inscripción en el RUT
de los prestadores de servicios, requisito indispensable que determina el artículo
177-2 del ET1.

Por lo anterior, consideró que la autoridad judicial accionada desconoció el
precedente en cuanto a la aplicación de la sanción por inexactitud, aunado al hecho
de que no justificó la decisión de apartamiento, en tanto omitió hacer referencia al

1
“ARTÍCULO 177-2. NO ACEPTACIÓN DE COSTOS Y GASTOS. Los realizados a personas
naturales no inscritas en el régimen de responsabilidad del Impuesto sobre las Ventas (IVA)>, cuando
no conserven copia del documento en el cual conste la inscripción del respectivo vendedor o
prestador de servicios en el régimen simplificado”

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precedente judicial que abandonó y no argumentó su decisión de ignorar lo que se
ha fijado en otras oportunidades frente a casos similares.

Para sustentar su inconformidad citó varias decisiones como desconocidas.

Como cuestión previa se aclara que la Sala únicamente analizará el
desconocimiento del precedente porque fue el único defecto que se alegó en la
impugnación.

Asimismo, se aclara que la DIAN no cuestionó la integralidad de la sentencia
proferida por la sección Cuarta, sino únicamente lo relacionado con el levantamiento
de la sanción por la inclusión de los gastos de minería que no fueron acreditados en
debida forma.

En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala confirmará la
sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la tutela con
fundamento en las siguientes consideraciones:

1) Al respecto, de entrada se advierte que le asiste la razón al a quo en cuanto
afirmó que en las providencias señaladas como desatendidas se analizaron casos
con supuestos fácticos diferentes al caso de la referencia, pues en esas
oportunidades se corroboró que las cifras reportadas por el contribuyente no eran
reales, situación que no ocurrió en el presente.

2) De igual manera, la Sala observa que la parte actora al citar las aludidas
providencias que refirió como desconocidas en la tutela solo expuso los apartes en
los que se indica que el contribuyente que pretenda incluir erogaciones como costos
y gastos deducibles del impuesto sobre la renta debe conservar los documentos
que acrediten la inscripción de sus proveedores en el régimen simplificado del
impuesto a las ventas, no obstante, omitió exponer las particularidades del caso que
conllevaron a que se impusiera la sanción, como son, la inclusión de costos
inexistentes en todos los eventos, particularidades que hacen que tales casos
difieran del asunto resuelto por la Sección Cuarta.

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3) Bajo esa óptica, al no haberse expuesto un precedente del cual se pueda predicar
el carácter de vinculante la demandada no se encontraba en la obligación de
aplicarlo.

4) En la providencia acusada lo que se observa es que la falta de inscripción de los
proveedores en el régimen simplificado con los que contrató el contribuyente no
condujo a que se mantuviera la sanción por inexactitud respecto de los servicios
mineros porque la misma DIAN verificó en el curso del proceso administrativo que
esos pagos sí se efectuaron2.

5) Sin embargo, la carencia de esa solemnidad provista en el artículo 177-2 del ET
sí conllevó al rechazo de esas erogaciones y, como consecuencia no fueron
incluidas como deducciones del impuesto sobre la renta del señor Elkin Darío
Zapata.

6) En síntesis, la autoridad judicial accionada estimó procedente rechazar esos
costos, pero no mantener la sanción por inexactitud porque se acreditó que eran
reales, razón por la que se considera que la decisión expuesta no fue irrazonable,
pues estuvo sustentada en un análisis de acuerdo con las particularidades del caso
y la interpretación de la norma.

7) En esa medida, como se indicó no es cierto que se haya desconocido el
precedente jurisprudencial de la Corporación en la materia, pues las decisiones
traídas a colación por la parte actora corresponden a asuntos con particularidades
fácticas diferentes que no se ajustan al caso concreto, razón por la cual la autoridad
accionada no estaba llamada a acatarlas porque no tenían fuerza vinculante de
precedente en tanto no resolvieron casos con contornos fácticos y jurídicos similares
ni establecieron una regla de derecho para aquellos eventos en los que sí se
demostró con suficiencia que los gastos eran reales.

8) En consecuencia, se confirmará la sentencia de primer grado en razón a que no
se advierte un análisis desmedido del que se pueda observar la imposición
caprichosa del criterio del juez ordinario, al contrario, bajo los principios de
autonomía judicial e independencia se resolvió el caso con fundamento en razones

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Muestra de ello fueron los contratos de prestación de servicios y los comprobantes de pagos o
egreso.

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debidamente sustentadas, sin que se haya demostrado el supuesto
desconocimiento del precedente alegado por la parte actora.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B–,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,

FALLA

1°) Confírmase la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la
tutela presentada por la Dirección de Impuestos y Aduanas nacionales-DIAN, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2°) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

3°) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI,
en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta
de conformidad con el artículo 2 del Decreto Legislativo 806 de 2020.

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