Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-07951-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-07951-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2021-07951-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
22 de abril de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veintidós (22) de abril de dos mil veintidós (2022)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-07951-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: ARLINTON CUESTA MOSQUERA
TESIS: SE CONFIRMA EL FALLO IMPUGNADO. INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA
MÍNIMA ARGUMENTATIVA EN LA IMPUGNACIÓN.
DERECHOS FUNDAMENTALES: A LA IGUALDAD, AL DEBIDO PROCESO, AL
TRABAJO Y AL MÍNIMO VITAL.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la impugnación presentada por el actor
contra el fallo de 31 de enero de 20221, mediante el cual la SECCIÓN
TERCERA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE ESTADO2, de un
lado, declaró improcedente el amparo por no superar los requisitos
de relevancia constitucional y subsidiariedad frente a los reparos
relacionados con el cumplimiento del objeto del convenio suscrito
para el acompañamiento del proceso de selección del Personero
Municipal de Carepa y, de otro lado, denegó la solicitud frente al
1 Notificada electrónicamente el 6 de marzo de 2022
2 En adelante la Sección Tercera.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-07951-01
Actor: ARLINTON CUESTA MOSQUERA
desconocimiento del precedente alegado.
I – ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
El señor ARLINTON CUESTA MOSQUERA, actuando en nombre
propio, instauró acción de tutela con el fin de obtener el amparo de
sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, al mínimo
vital y a la igualdad, así como los principios de confianza legítima y
seguridad jurídica, los cuales consideró vulnerados por el TRIBUNAL
ADMNISTRATIVO DE ANTIOQUIA3 al haber proferido la sentencia
de 11 de mayo de 2021, dentro del proceso de nulidad electoral
identificado con el número único de radicación 05837-33-33-002-
2020-00047-02.
I.2.- Hechos
Manifestó que el 26 de junio de 2019, el Presidente del Concejo
Municipal de Carepa, la Federación Nacional de Concejos (FENACON)
y la Empresa Creamos Talentos celebraron el convenio núm. 1, con
3 En adelante el Tribunal
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Actor: ARLINTON CUESTA MOSQUERA
el propósito de aunar esfuerzos administrativos y operativos para el
acompañamiento, asesoría y apoyo en la gestión para llevar a cabo
el concurso de méritos para la elección del personero municipal de
ese municipio.
Indicó que el Concejo Municipal de Carepa expidió la Resolución núm.
69 de 24 de julio de 2019, mediante la cual reguló todos los aspectos
referentes a dicho concurso de méritos.
Señaló que una vez agotadas las etapas del concurso, fue elegido
como Personero Municipal de Carepa, por lo cual, posteriormente,
tomó posesión para desempeñar el cargo durante el período
comprendido entre el 1o. de marzo de 2020 y el 29 de febrero de
2024.
Sostuvo que inconformes con lo anterior, los señores XIRYS MARÍA
MORA ALVARADO, MARCELA MOLINA TRUJILLO, ZAIDA
JOHANA GÓMEZ RAMÍREZ, OMAR ALFONSO OCHOA
MALDONADO, EMILIO JOSÉ GARCÍA JIMÉNEZ, ERIKA MARÍA
PINO CANO, SILVIO LUIS RIVADENEIRA STAND, LEIDY
JOHANA ARANGO BOLÍVAR y JUAN DEMÓSTENES TEJADA
RIVERA, quienes se desempeñan como Procuradores
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administrativos de Medellín y Turbo, promovieron el medio de control
de nulidad electoral, identificado con el numero único de radicación
05837-33-33-002-2020-00047-02, el cual correspondió por reparto
al TRIBUNAL que, a través de sentencia de 15 de diciembre de
2020, accedió a las pretensiones de la demanda y, en consecuencia,
se declaró la nulidad de su elección como Personero Municipal de
Carepa, bajo el argumento de que no se demostró que las empresas
FENACON y Creamos Talentos reunían los requisitos de idoneidad
para intervenir en el proceso de selección, conforme lo estableció la
Corte Constitucional en la sentencia C-105 de 2013 y, además,
porque tampoco se encontró el acta que contenía las entrevistas
realizadas a los candidatos y la puntuación asignada a cada uno.
Afirmó que él y el tercero interesado interpusieron recurso de
apelación contra la decisión referida, ante el TRIBUNAL que,
mediante sentencia de 11 de mayo de 2021, confirmó la decisión de
primera instancia, por considerar que, en efecto, se desconocieron
las normas que regulan los concursos de méritos para la elección de
personeros municipales.
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I.3.- Fundamentos de la solicitud
Arguyó que la providencia cuestionada desconoció que la empresa
Creamos Talentos si tenía la idoneidad para participar en el concurso
de méritos de elección del personero municipal, toda vez que es una
sociedad especializada en procesos de selección de personal, que es
su actividad principal.
Refirió que FENACON y Creamos Talentos cumplieron a cabalidad el
objeto del convenio suscrito, esto es, acompañar, asesorar y apoyar
al Concejo Municipal en el desarrollo del concurso, específicamente
en la prueba de competencias laborales.
Explicó que sí lo pretendido por la autoridad judicial accionada era
fundamentar la decisión adoptada a través de la jurisprudencia,
debió basarse en la sentencia proferida por la Sección Quinta del
Consejo de Estado de 4 de mayo de 2017, dentro del expediente
núm. 25000-23-41-000-2016-00404-01, que estudió un caso con
supuestos fácticos y jurídicos similares, relacionado con la nulidad de
la elección del personero de Zipaquirá.
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I.4.- Pretensiones
El actor solicitó en el escrito de tutela el amparo de sus derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia:
“[…] SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior, revóquese
en su totalidad la decisión de segunda instancia proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia Sala Cuarta De Oralidad
Magistrado Ponente (E): Jairo Jiménez Aristizábal en el proceso
de nulidad electoral con radicación 05837 33 33 002 2020 00047
02, Sentencia de segunda (2ª) Instancia N.º S4-64-Ap.
TERCERA: Se declare que Creamos Talentos es una entidad
idónea para brindar asesoría, adelantar, apoyar y/o acompañar
en los concursos públicos y abiertos de méritos para la elección
del personero municipal […]”.
I.5. Defensa
I.5.1.- El Tribunal solicitó denegar la solicitud de amparo en razón
a que la decisión judicial cuestionada no desconoció las normas
aplicables al asunto y tampoco se efectuó una interpretación
normativa contraria a los postulados de razonabilidad jurídica.
I.6. Intervinientes
I.6.1.- El Juzgado 2° Administrativo de Turbo solicitó denegar la
acción de tutela de la referencia, toda vez que las decisiones
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proferidas dentro del medio de control cuestionado respetaron las
garantías y derechos fundamentales del accionante y además, se
fundamentaron en el análisis desde la sana critica de todas las
pruebas allegadas al expediente.
I.6.2.- El Concejo Municipal de Carepa, la Procuraduría Judicial
170 Delegada para el municipio de Turbo, la Fundación Misión
Jurídica Ojos de Cristal y los señores XIRYS MARÍA MORA
ALVARADO, MARCELA MOLINA TRUJILLO, ZAIDA JOHANA
GÓMEZ RAMÍREZ, OMAR ALFONSO OCHOA MALDONADO,
EMILIO JOSÉ GARCÍA JIMÉNEZ, ERIKA MARÍA PINO CANO,
SILVIO LUIS RIVADENEIRA STAND, LEIDY JOHANA ARANGO
BOLÍVAR y JUAN DEMÓSTENES TEJADA RIVERA, pese a haber
sido notificados en debida forma de la presente acción constitucional,
guardaron silencio.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
Mediante sentencia de 31 de enero de 2022, la SECCIÓN TERCERA,
de un lado, declaró improcedente el amparo de tutela por no superar
los requisitos de relevancia constitucional y subsidiariedad frente a
los reparos relacionados con el cumplimiento del objeto del convenio
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suscrito para el acompañamiento del proceso de selección del
personero municipal de Carepa y, de otro lado, denegó la solicitud
frente al desconocimiento del precedente alegado.
Encontró que no se había configurado el desconocimiento del
precedente jurisprudencial contenido en la sentencia de 4 de mayo
de 2017, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado,
dentro del expediente núm. 25000-2341-000-2016- 00404-01, por
cuanto dicha providencia no había fijado unas reglas de unificación
para aplicar en casos con los mismos supuestos y, además, porque
el caso que se estudió en dicha providencia difería de la situación
particular planteada en el sub examine.
Explicó que debía declararse la improcedencia de la solicitud de
amparo frente a la inconformidad del accionante relacionada con la
idoneidad de la empresa Creamos Talentos para asesorar al Concejo
municipal en el concurso de méritos, pues dicho reparo no superaba
el requisito de relevancia constitucional, ya que pretendía reabrir un
debate ya expuesto y analizado por el juez natural de la causa y,
además, tampoco se explicó la trascendencia de ese aspecto en el
plano constitucional.
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Afirmó que frente a la objeción relacionada con el cumplimiento del
objeto del convenio de apoyar, acompañar y asesorar al Concejo
Municipal en el proceso de selección del personero municipal, no
superaba el requisito de subsidiariedad, pues ese aspecto no fue
alegado dentro del trámite del proceso ordinario de nulidad electoral.
III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La parte actora impugnó la decisión de primera instancia sin aducir
razones de inconformidad con la misma, pues se limitó a señalar que:
“[…] mediante sentencia arriba descrita SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B se resolvió: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo
de tutela solicitado por Arlinton Cuesta Mosquera, en los aspectos
relacionados con la falta de idoneidad de la empresa Creamos
Talentos, y el cumplimiento del objeto del convenio suscrito para
el acompañamiento del proceso de selección del personero
municipal de Carepa, por las razones expuestas en esta
providencia. NEGAR el amparo de tutela solicitado por Arlinton
Cuesta Mosquera, en lo relacionado con el desconocimiento del
precedente, por las razones expuestas en esta providencia.
Basados en el no que se superan los requisitos de relevancia
constitucional y subsidiaridad, respecto de algunos reparos, y ante
el no desconocimiento del precedente por parte de la autoridad
judicial accionada se negó la solicitud de amparo razones que el
afectado no comparte y no estoy de acuerdo al resultar como único
perjudicado y que tiene que soportar todas las acciones y
decisiones adversas dentro de este proceso, así las cosas solicito
muy respetuosamente acceder a las pretensiones principales de la
acción de tutela y que además se tenga en cuenta a la hora de
decidir con (sic) salvamento parcial de voto […]”.
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IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre
de 2017 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de
2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula
la distribución de negocios entre las secciones.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la
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violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.
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b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
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derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
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de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
En el caso bajo examen, el actor pretende que se deje sin efecto la
sentencia de 11 de mayo de 2021, proferida por el TRIBUNAL,
por medio de la cual se accedió a las pretensiones de la demanda y,
en consecuencia, se declaró la nulidad de su elección como Personero
Municipal de Carepa, dentro del proceso de nulidad electoral
identificado con el número único de radicación 05837-33-33-002-
2020-00047-02.
A la citada providencia el actor le atribuye la vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, al mínimo vital
y a la igualdad, así como los principios de confianza legítima y
seguridad jurídica, habida cuenta que, a su juicio, la autoridad
judicial accionada incurrió en desconocimiento del precedente de la
Sección Quinta del Consejo de Estado en el que se estudió la nulidad
de la elección del Personero Municipal de Zipaquirá.
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Afirmó que la empresa Creamos Talentos si tenía la idoneidad para
participar en el concurso de méritos de elección del personero
municipal, toda vez que es una sociedad especializada en procesos
de selección de personal, que es su actividad principal.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la
SECCIÓN TERCERA que, declaró improcedente el amparo de tutela,
por no superar los requisitos de relevancia constitucional y
subsidiariedad frente a los reparos relacionados con el cumplimiento
del objeto del convenio suscrito para el acompañamiento del proceso
de selección del personero municipal de Carepa y, de otro lado,
denegó la solicitud frente al desconocimiento del precedente alegado.
El accionante impugnó la sentencia proferida en primera instancia,
sin aducir motivos de inconformidad con la misma.
Frente a la carencia argumentativa en el recurso de impugnación,
esta Sala4, ha precisado lo siguiente:
“[…] 40. Ahora bien, como última cuestión, y referente al
tema bajo estudio, la Sala debe establecer unas sub reglas
4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de febrero
de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 2018-03163-01.
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en relación con la carga argumentativa que se debe
exigir en las impugnaciones dentro del marco de la
acción de tutela:
40.1 Cuando el caso bajo estudio consista en una acción de
tutela contra autoridades públicas, la parte que impugne la
sentencia de tutela proferida en primera instancia, no se le
exigirá una carga argumentativa mínima, es decir, que no
habrá necesidad de sustentar la respectiva impugnación,
donde basta que el impugnante lo presente dentro del término
legal correspondiente en los términos del artículo 31 del
Decreto 2591, con el fin de que se efectúe el respectivo
trámite del mismo, teniendo el ad quem, el deber
constitucional de resolver el fondo del asunto; i) analizando
los argumentos jurídicos expuestos por el juez constitucional
de primera instancia, y el ii) acervo probatorio obrante en el
expediente.
40.2 Cuando el caso bajo estudio consista en una acción
de tutela contra providencias judiciales, la parte que
impugne la sentencia de tutela proferida en primera
instancia precisando que i) si obra en nombre propio o ii) por
medio de apoderado especial, debe cumplir con una carga
argumentativa mínima, en donde exponga las razones
jurídicas por las cuales una autoridad judicial, incurrió en los
defectos: i) orgánico; ii) procedimental; iii) fáctico; iv)
sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii)
desconocimiento del precedente; y viii) violación directa de la
Constitución, en los términos de la sentencia C-590 de 2005,
proferida por la Corte Constitucional, postura jurisprudencial,
que fue acogida por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado en sentencia de 31 de
julio de 2012, salvo que se trate de un sujeto de especial
protección constitucional, a quien no se le exigirá dicha
carga argumentativa, toda vez que el Estado tiene que
adoptar las medidas necesarias, para garantizar la
protección de sus derechos fundamentales,
especialmente, el acceso a la administración de
justicia[…]”. (Destacado fuera del texto).
En el mismo sentido, en sentencia de 28 de febrero de 20205, con
5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de febrero
de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-03-15-000-2019-
04314-01.
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ponencia del Consejero Roberto Augusto Serrato Valdés, esta Sala
señaló:
“[…] La Sección Primera del Consejo de Estado, en diferentes
oportunidades, ha sostenido que, en el caso específico de tutela
contra providencia judicial, el deber de sustentar el recurso
de impugnación adquiere una connotación aún más
rigurosa y exigente, en tanto que quien impugna el fallo
que resuelve la acción de tutela, debe cumplir con la carga
argumentativa en cuestión, señalando las razones que
sustentan su impugnación e identificando y justificando
por qué se configura la causal específica de procedibilidad
que fue desvirtuada por la primera instancia.
Esta carga permite conciliar la obligación de proteger los
derechos fundamentales que la parte actora manifiesta
vulnerados, con los principios constitucionales de seguridad
jurídica y autonomía judicial, los cuales se verían
desproporcionadamente afectados si se utiliza la acción de tutela
como una tercera instancia judicial y no como un mecanismo
residual y subsidiario.
Por ello, esta Sala ha indicado que a pesar de que el trámite de
la acción de tutela debe desarrollarse con arreglo a los principios
de prevalencia del derecho sustancial, celeridad, eficacia
(artículo 3 Decreto 2591 de 1991), interpretación judicial de los
derechos protegidos (artículo 4 ibídem) y prevalencia de la
informalidad en la solicitud de amparo (artículo 14 ibídem),
dicha situación no exonera al recurrente de explicar las
razones que motivan su disentimiento con la decisión
judicial recurrida.
En este mismo sentido se resalta que la Sala Plena de esta
Corporación, al estudiar el alcance del inciso 2° del artículo 32
del Decreto Ley 2591 de 1991, el cual dispone que el Juez que
conozca de la impugnación “[…] estudiará el contenido de la
misma cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo […]”,
advirtió que la impugnación debe contener los
fundamentos de la inconformidad del impugnante con el
fallo respectivo, puesto que en ausencia de tales
razonamientos o motivos, el juez carece de materia para
cotejar y pronunciarse.
Con base en lo anterior, la Sala concluye que el deber de
sustentar el recurso de impugnación en el caso específico
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Actor: ARLINTON CUESTA MOSQUERA
de tutela contra providencia judicial, se convierte en un
mecanismo de control del ejercicio de las potestades del
juez constitucional en esta materia para que no actúe
como una tercera instancia, lo cual estaría en contravía
de los principios constitucionales de seguridad jurídica y
autonomía judicial, en los términos del artículo 32 del
Decreto Ley 2591 de 1991 […]”6
Así las cosas, comoquiera que el actor no argumentó los motivos de
su inconformidad frente a la sentencia proferida en primera instancia,
en la que fue denegado el amparo que solicitó, la Sala encuentra que
no resulta procedente efectuar un estudio de fondo del asunto,
habida consideración que, por un lado, en su escrito de impugnación
no cumplió con la carga argumentativa mínima que diera cuenta de
los reparos respecto de la decisión adoptada; y, por el otro, no se
advirtió ninguna razón válida que justifique tal desatención, razón
por la que no se encuentran los elementos necesarios para revisar si
la providencia objeto de controversia en el caso sub examine está
ajustada a derecho.
Cabe señalar que la Sala se pronunció, en el mismo sentido, en
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Actor: ARLINTON CUESTA MOSQUERA
sentencias de 11 de abril de 20197 y 30 de enero de 20208, que
ahora se reiteran.
Consecuente con lo anterior, se confirmará el fallo impugnado, como
en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de abril
de 2019, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001-03-15-000-2019-00016-
01.
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de abril
de 2019, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001-03-15-000-2019-04567-
01.
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Actor: ARLINTON CUESTA MOSQUERA
eventual revisión.
CÓPIESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 22 de abril de 2022.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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