Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2021-08030-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2021-08030-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2021-08030-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
21 de febrero de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 21 de febrero de 2022
Radicación: 11001-03-15-000-2021-08030-00
Demandante: Ecopetrol SA
Demandado: Consejo de Estado – Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL/ Requisitos de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencia judicial/ Defecto sustantivo, fáctico y violación
directa de la Constitución- no se configuran
Síntesis del caso: El demandante enjuició la Sentencia que revocó la decisión de primera
instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, en el que se buscaba la nulidad de las resoluciones de
determinación de la contribución por contratos de obra pública.
De acuerdo con la competencia asignada 1, procede la Sala a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por Ecopetrol SA contra
la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Posición de la parte demandada y
terceros.
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 9 de noviembre de 2021, Ecopetrol SA, por conducto de
apoderado judicial, presentó acción de tutela contra la Sección Cuarta
del Consejo de Estado, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la defensa, “a las situaciones jurídicas
consolidadas” y a la seguridad jurídica, con ocasión de la Sentencia de 13
de mayo de 2021, proferida dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho No. 25000-23-37-000-2016-01884-01 (23.948).
2. A título de amparo constitucional, la parte demandante solicitó (se
trascribe):
“1.- Conceder el amparo a los derechos al Debido Proceso, a la Defensa, a las
Situaciones Jurídicas Consolidadas, a la Seguridad Jurídica y los demás que
ese H. Despacho considere vulnerados, de los que es titular ECOPETROL S.A., y
en consecuencia, se DEJE SIN EFECTO la Sentencia el 13 de mayo de 2021,
1Artículo 86 de la Constitución Política, los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333
de 2021 y el Acuerdo No. 80 de 2019 de esta Corporación.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-08030-00
Demandante: Ecopetrol SA
Demandado: Consejo de Estado – Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Niega amparo
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proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo –
Sección Cuarta, dentro del proceso 25000-23-37-000-2016-01884-01 (23948)
pues en ella se adoptan una serie de consideraciones y decisiones erróneas
que afectan a mi representada y la legitiman en la causa para interponer la
presente acción”.
3. Como hechos relevantes fueron narrados los siguientes:
4. 1) En el 2015, la DIAN expidió 4 resoluciones de determinación de la
contribución por contratos de obra pública, mediante las cuales liquidó el
presunto tributo a cargo de Ecopetrol SA por contratos suscritos en el 2010.
Dichas resoluciones fueron confirmadas por la DIAN al resolver los
correspondientes recursos de reconsideración.
5. 2) Ecopetrol SA presentó demanda, en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, contra las
mencionadas resoluciones, bajo los siguientes argumentos: (a) fueron
expedidas con infracción a la Constitución Política, al Estatuto Tributario, a
las Leyes 223 de 1995 y 1106 de 2006, los Decretos 3461 de 2007, 4048 de
2008 y 399 de 2011 y los Conceptos No. 9714 de 1993, 36803 de 2007, 63832
de 2008 y 100202208-915 de 2014 de la DIAN; (b) fueron notificados
extemporáneamente, esto es, después de cumplido el plazo de 5 años
fijado en los artículos 717 y 817 del Estatuto Tributario; y (c) violaron el
debido proceso por ausencia de actos previos y falta de motivación.
6. 3) El 22 de mayo de 2018, la Subsección A de la Sección Cuarta del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió Sentencia de primera
instancia, en la que declaró la nulidad de los actos administrativos
demandados porque los contratos (se trascribe) “están dirigidos a la
realización de actividades de exploración, explotación y refinación de
hidrocarburos, así como de operaciones complementarias y, por ende, sin
lugar a dudas, por su naturaleza y régimen especial se encuentran
incluidos en la excepción prevista en el artículo 76 de la Ley 80 de 1993, por
lo tanto, no implican la realización de hechos generadores de la
contribución por obra pública”.
7. 4) El 13 de mayo de 2021, la Sección Cuarta del Consejo de Estado
revocó la anterior providencia y, en su lugar, negó las pretensiones de la
demanda, con fundamento en las reglas jurisprudenciales establecidas en
la Sentencia de Unificación de 25 de febrero de 2020, Rad. 25000-23-37-
000-2014-00721-01 (22473), a partir de las cuales determinó que Ecopetrol
SA era responsable de retener la contribución discutida, ya que (se
trascribe) “los contratos son de obra pública, pues la actividad contratada
corresponde a trabajos materiales sobre bienes inmuebles”.
8. El fundamento de la vulneración radicó en que, a juicio de la parte
actora, la providencia enjuiciada incurrió en violación directa de la
Constitución, defecto sustantivo y defecto procedimental.
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Demandante: Ecopetrol SA
Demandado: Consejo de Estado – Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Niega amparo
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9. En relación con la violación directa de la Constitución, afirmó que
con la decisión cuestionada se desconocieron preceptos constitucionales
como el debido proceso, la defensa, las situaciones jurídicas consolidadas
y la seguridad jurídica, toda vez que adoptó consideraciones y órdenes
erróneas.
10. El defecto sustantivo lo fundamentó en la aplicación indebida del
artículo 76 de la Ley 80 de 1993 y en el desconocimiento de la propia
interpretación que, en reiteradas oportunidades, hizo la autoridad judicial
demandada sobre el mismo. Adicionalmente, alegó que tampoco se
analizó el objeto ni el fin de cada uno de los contratos discutidos, sino que
se determinó que se trataba de actividades materiales sobre un bien
inmueble, sin tener en cuenta que dichos contratos tenían por objeto el
desarrollo, producción, determinación de reservas y comercialización de
hidrocarburos, tal y como lo establece el artículo 76 de la Ley 80 de 1993.
11. Sobre el defecto procedimental, señaló que la Sección Cuarta del
Consejo de Estado no hizo un análisis minucioso de cada contrato, sino
que se limitó a aplicar las reglas de la sentencia de unificación,
improcedentes para el presente caso.
12. Afirmó que todo lo anterior causaba un perjuicio irremediable, toda
vez que debía atender las consecuencias económicas y financieras del
cambio jurisprudencial.
1.2. Posición de la parte demandada y terceros2
13. La Sección Cuarta del Consejo de Estado solicitó que se declarara
improcedente la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito
de relevancia constitucional o, en su lugar, se negara el amparo solicitado.
14. Sobre la falta de relevancia constitucional, señaló que lo que
pretendía la parte actora era, además de cuestionar la Sentencia de
unificación en que se fundamentó la providencia enjuiciada, someter el
litigio a una instancia adicional.
15. En relación con la solicitud de negar el amparo, señaló que no se
vulneraron los derechos fundamentales, que lo decidido, en ejercicio de la
autonomía e independencia judicial, se ajustó a la ley.
16. La Subsección A de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca adujo que la inconformidad del demandante recaía sobre
la providencia proferida por el Consejo de Estado. Bajo ese argumento y la
2 Mediante Auto de 27 de enero de 2022, el despacho ponente resolvió (1) admitir la acción de tutela de la
referencia, (2) tener como demandado a la Sección Cuarta del Consejo de Estado y, (3) vincular, en calidad de
terceros, a la Subsección A de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y a la DIAN.
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-08030-00
Demandante: Ecopetrol SA
Demandado: Consejo de Estado – Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Niega amparo
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inexistencia de la vulneración alegada, solicitó se rechazara o se negara la
tutela en lo que a ella respectaba.
17. La DIAN solicitó que se negara el amparo constitucional, por la no
configuración de los defectos invocados, la acción temeraria por parte del
accionante, quien ya había presentado la tutela No. 25000-23-37-000-2016-
01884-01 por los mismos hechos, la inexistencia de perjuicio irremediable y
la reiteración de cuestionamientos y cargos que ya habían sido expuestos
y resueltos en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, con
fundamento en las reglas de unificación fijadas por el Consejo de Estado.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Identificación de derechos fundamentales. 2.2. Identificación de defectos.
2.3. Fijación de la controversia. 2.4. Procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial. 2.5. Verificación de defectos alegados y/o vulneración de derechos
fundamentales. 2.6. Conclusión.
2.1. Identificación de derechos fundamentales
18. Pese a que la parte demandante también señaló en su solicitud de
amparo como violados los derechos fundamentales a la defensa, “a
situaciones jurídicas consolidadas” y a la seguridad jurídica, esta Sala
centrará su análisis en la vulneración del derecho al debido proceso, pues
ante una presunta vulneración de garantías constitucionales en el marco
de una actuación judicial, cobra relevancia estudiar si el debido proceso
fue lesionado durante el desarrollo del trámite judicial ordinario. Además, la
vulneración de estos derechos y principios se alegó como consecuencia
de la misma afrenta al debido proceso. En consecuencia, en el evento de
encontrar lesionado ese derecho, existirá razón suficiente para conceder el
amparo.
2.2. Identificación de defectos
19. En relación con la violación directa de la Constitución, es necesario
indicar que, aunque la parte actora sustentó dicho defecto en el
desconocimiento de preceptos constitucionales como el debido proceso,
sin precisar por qué los consideraba vulnerados, de la lectura del escrito de
tutela, la Sala infirió que ello obedeció, en palabras de la parte
demandante, al cambio intempestivo y sin fundamento del precedente
jurisprudencial y su aplicación retroactiva a contratos celebrados con
anterioridad al 2020, por lo que se analizará en dichos términos. Ahora,
sobre el presunto defecto procedimental por falta de valoración
probatoria, la Sala procederá a estudiar dicho reparo, pero a la luz de un
presunto defecto fáctico.
2.3. Fijación de la controversia
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Demandante: Ecopetrol SA
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Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
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20. Corresponde a la Sala determinar, luego de verificados los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela, si la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, como juez de segunda instancia, incurrió en (1)
defecto sustantivo por aplicación indebida del artículo 76 de la Ley 80 de
1993, (2) defecto fáctico por la aplicación de reglas de unificación, sin el
análisis probatorio de cada contrato y/o (3) violación directa de la
Constitución por la aplicación retroactiva de una Sentencia de unificación.
2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial 3
21. La Sala advierte que, se cumplieron los requisitos de procedibilidad
de la acción de tutela, porque no existe recurso idóneo y eficaz, que
permitiera a la parte demandante alegar los reparos planteados vía tutela
y procurar la defensa de los derechos invocados. Hubo un plazo
razonable entre la fecha de notificación de la providencia enjuiciada
(28/5/2021) y la de interposición de la presente acción de tutela
(9/11/2021). No se enjuició un fallo de tutela, pues la controversia se
relacionó con una Sentencia de segunda instancia dictada en el marco
de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Se identificaron
de manera clara, detallada y comprensible los hechos y la presunta
vulneración derivada de ellos.
22. Por último, se advierte que la controversia sí tiene relevancia
constitucional, comoquiera que la postura asumida por el juez natural de
segunda instancia (Sección Cuarta del Consejo de Estado) tuvo como
fundamento un cambio jurisprudencial sobre el hecho generador de la
contribución de los contratos de obra pública que fue posterior a la
Sentencia de primera instancia de 28 de julio de 2016, proferida dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
23. En ese orden, no podría entenderse que lo pretendido por esta vía
constitucional fue someter el pleito a una instancia adicional, pues la parte
actora no tuvo la oportunidad de plantear sus argumentos de cara al
aludido cambio jurisprudencial, máxime cuando en primera instancia del
proceso ordinario se accedió a sus pretensiones, siendo ello razón
suficiente para tener por demostrada la necesidad de la intervención por
parte del juez de tutela.
2.5. Verificación de defectos alegados y/o vulneración de derechos
fundamentales
24. La Sala negará el amparo solicitado, por no encontrar configurados
los defectos objeto de estudio, como pasa a explicarse:
3 El siguiente análisis se hace de conformidad con el orden establecido por la Corte Constitucional en la
Sentencia T-66 de 2019.
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25. (1) No se configuró el defecto sustantivo alegado, ya que la
conclusión a la que llegó la autoridad judicial demandada, de negar las
pretensiones de nulidad de las Resoluciones que determinaron la
contribución por contratos de obra, no fue irrazonable ni desbordó los
principios de autonomía judicial en materia de interpretación normativa,
en la medida que aplicó el criterio jurisprudencial contenido en la
Sentencia de Unificación de 25 de febrero de 2020, Rad. 25000-23-37-000-
2014-00721-01 (22473), en el que se precisaron los elementos esenciales de
los contratos de exploración y explotación, comercialización e
industrialización de recursos naturales renovables y no renovables, previstos
en el artículo 76 de la Ley 80 de 1993, así:
“(…) se encuentra que el contrato de exploración y explotación de recursos
naturales renovables y no renovables tiene por objeto, fundamentalmente, la
asignación de un área, para efectos y como su nombre lo indica determinar
aspectos como la existencia, ubicación, reservas, calidad, etc. de los recursos
naturales, y el posterior desarrollo, producción y venta de los recursos
encontrados.
El citado contrato no tiene el propósito de realizar actividades materiales para
construir, reparar o mejorar ciertos bienes –como los contratos de obra pública-,
sino que su finalidad es la de determinar la existencia, ubicación, calidad,
reservas, extracción, producción, y comercialización de recursos naturales,
previa asignación de un área territorial”.
26. En el caso concreto, la DIAN determinó que 4 contratos celebrados
por Ecopetrol SA en 2010 debían ser gravados con el tributo, por ser de obra.
Conforme con esto, la Sección Cuarta describió cada uno de los objetos de
dichos contratos y señaló que éstos no correspondían a los de exploración y
explotación de petróleo, porque ninguno tenía por objeto la asignación de
un área para efectos de determinar aspectos como la existencia, ubicación,
reservas, calidad de los recursos naturales, y el posterior desarrollo,
producción y venta de los mismos, sino que correspondían a trabajos
materiales sobre bienes inmuebles.
27. Por tanto, la Sala da cuenta de que la Sección Cuarta del Consejo de
Estado fundamentó su análisis en una lectura sistemática de los artículos 32 y
76 de la Ley 80 de 1993 y, contrario a lo expuesto por la parte demandante,
no hubo una interpretación indebida de dichas normas.
28. (2) No se configuró el defecto fáctico, por la presunta indebida
valoración probatoria, ya que la Sección Cuarta del Consejo de Estado sí
apreció cada uno de los contratos involucrados en el caso. En efecto, en la
providencia cuestionada la autoridad judicial, en los antecedentes,
relacionó el objeto contractual de cada uno y, luego, en el estudio del caso
concreto, los valoró a la luz de las reglas jurisprudenciales contenidas en la
sentencia de unificación de 25 de febrero de 20204, y concluyó que los
4 “1. Para determinar si se realiza el hecho generador de la contribución de los contratos de obra pública no es
determinante el régimen contractual de la entidad que celebre el contrato de obra pública, sea el general de
la Ley 80 de 1993 o un régimen exceptuado. El elemento de la obligación tributaria se define en función del
contrato celebrado, y no de la actividad o régimen jurídico de la entidad de derecho público.
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mismos eran verdaderos contratos de obra pública y no de exploración y
explotación de petróleo, por lo cual Ecopetrol SA era responsable de la
contribución que estos implicaban. Consideración esta que resulta
razonable.
29. (3) Tampoco se incurrió en violación directa de la Constitución,
comoquiera que en la parte resolutiva de la Sentencia de unificación de 25
de febrero de 2020, la Sala Plena del Consejo de Estado advirtió
expresamente que (se trascribe): “los casos respecto de los cuales ya ha
operado la cosa juzgada, en virtud del principio de seguridad jurídica,
resultan inmodificables”, escenario dentro del cual no estaba el caso objeto
de estudio, ya que el mismo se encontraba pendiente de decisión de
segunda instancia para el momento en que se profirió el referido
precedente. En todo caso, a pesar de que los efectos de la aludida
sentencia no fueron modulados expresamente, se entiende que, por regla
general y salvo que se disponga algo diferente, los efectos son inmediatos;
por lo cual, su aplicación era procedente en el fallo cuestionado.
2.6. Conclusión
30. La Sala negará el amparo solicitado, dado que no se configuraron
los defectos sustantivo, fáctico y violación directa de la Constitución.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado por Ecopetrol SA, por las razones
expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General de esta
Corporación para tal fin5.
2. Los contratos de obra pública y los contratos de que trata el artículo 76 de la Ley 80 de 1993 –contratos de
exploración y explotación de recursos naturales, y las actividades comerciales e industriales, son dos categorías
de contratos diferentes, en tanto tienen características y finalidades propias, que impiden que se trate de un
mismo contrato.
3. La contribución no grava los contratos referidos en el artículo 76 de la Ley 80 de 1993 , por cuanto no
corresponden a los contratos de obra pública que son objeto de gravamen en el artículo 6 de la Ley 1106 de
2006.”
5 secgeneral@consejodeestado.gov.co.
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Demandante: Ecopetrol SA
Demandado: Consejo de Estado – Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Niega amparo
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TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretaría, REMITIR a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
Con salvamento de voto
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
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