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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2021-08030-01

Fecha
13 de mayo de 2022
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cueter

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2021-08030-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA: 1º. Confírmase la sentencia de 21 de febrero de 2022, mediante la cual el Consejo de Estado (subsección B de la sección tercera) negó el amparo del derecho constitucional fundamental al debido proceso invocado por la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol S. A.), por las razones expuestas en la motivación. 2º.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2021-08030-01

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter

13 de mayo de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., trece (13) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Acción : Tutela
Expediente : 11001-03-15-000-2021-08030-011
Actora : Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol S. A.)
Demandados : Magistrados de la sección cuarta del Consejo de Estado
Tema : Tutela contra providencia judicial; derecho constitucional
fundamental al debido proceso

Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por la demandante contra
la sentencia de 21 de febrero de 2022, proferida por el Consejo de Estado
(subsección B de la sección tercera), que negó el amparo deprecado.

I. ANTECEDENTES

1.1 La solicitud de amparo. La Empresa Colombiana de Petróleos
(Ecopetrol S. A.), por conducto de apoderado, presenta acción de tutela con el
fin de obtener la protección de su derecho constitucional fundamental al
debido proceso, presuntamente quebrantado por los señores magistrados de la
sección cuarta del Consejo de Estado.

Como consecuencia de lo anterior, pide se deje sin efectos el fallo de 13 de
mayo de 2021, mediante el cual el Consejo de Estado (sección cuarta) revocó
el de 22 de mayo de 2018, con el que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca (subsección A de la sección cuarta) accedió a las pretensiones
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido
contra la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN) [expediente 25000-23-37-000-2016-01884-00], para
negarlas; en su lugar, se ordene a las autoridades accionadas proferir una
nueva providencia en la que confirmen la que decidió en primera instancia el
mencionado proceso contencioso-administrativo.

1.2 Hechos. Relata la accionante que la DIAN, a través de varias
«Resoluciones de determinación de la contribución por contratos de obra
pública», expedidas en junio, septiembre y noviembre de 2015, liquidó ese
1
Resulta oportuno precisar que las presentes diligencias reposan en el expediente digital contenido en la
herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.

Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-08030-01
Actora: Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol S. A.)

tributo en lo concerniente a algunos negocios jurídicos que suscribió en el
2010, actos administrativos contra los que interpuso recursos de
reconsideración, pero fueron confirmados.

Que instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el
aludido organismo (expediente 25000-23-37-000-2016-01884-00), con el
propósito de que se anularan las precitadas determinaciones administrativas,
al contrariar el ordenamiento jurídico, y se declarara que no adeuda suma
alguna por concepto de la referida obligación tributaria, asunto del que
conoció el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (subsección A de la
sección cuarta), que el 22 de mayo de 2018 accedió a dichas pretensiones,
habida cuenta de que si bien el artículo 6º de la Ley 1106 de 2006 establece
que los contratos de obra pública están sujetos al pago de una contribución,
esa regla no se aplica a los atañederos a la exploración y explotación de
hidrocarburos, en virtud del artículo 76 de la Ley 80 de 1993.

Dice que la anterior decisión fue apelada por la DIAN, con el argumento de
que los negocios jurídicos involucraban el hecho generador del tributo, y
revocada el 13 de mayo de 2021 por el Consejo de Estado (sección cuarta),
para en su lugar negar las súplicas ordinarias, al considerar que, en sentencia
de unificación de 25 de febrero de 2020, la sala plena de lo contencioso-
administrativo de esta Corporación2 concluyó que resultaba irrelevante el
régimen contractual de la entidad contratante, pues la carga estipulada en el
artículo 6º de la Ley 1106 de 2006 se causa cuando un organismo público
suscribe un contrato relacionado con las labores señaladas en el artículo 32 de
la Ley 80 de 1993, es decir, de «trabajo material sobre bienes inmuebles».

Que la providencia censurada adolece de defecto sustantivo, en razón a que
desatendió el artículo 76 de la Ley 80 de 1993, que prevé que las entidades
públicas que suscriban contratos de exploración y explotación de recursos
naturales no están sujetas al régimen general de contratación, por ende, los
pactos afines con esas actividades (como los que originaron las Resoluciones
enjuiciadas en sede contencioso-administrativa) no es factible considerarlos
como de obra pública, de ahí que no comporten la carga fiscal de que trata el
artículo 6º de la Ley 1106 de 2006.

2
Expediente 25000-23-37-000-2014-00721-00.

2

Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-08030-01
Actora: Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol S. A.)

Sostiene que el fallo atacado desconoce el criterio jurisprudencial del Consejo
de Estado3, según el cual los precitados contratos no están sujetos a la
contribución prevista en la última de las normas enunciadas en el párrafo
anterior, regla que imponía inferir que las Resoluciones enjuiciadas en sede
contencioso-administrativa resultaban contrarias al marco normativo, por
cuanto se dictaron en atención a unos acuerdos afines con la industria
petrolera.

Que si bien esa Corporación, en sentencia de unificación de 25 de febrero de
20204, cambió la postura jurisprudencial, las reglas allí fijadas no podían
acogerse en la providencia cuestionada, puesto que con ello se les dio efectos
retroactivos (como se advirtió en varios salvamentos de votos), en
desconocimiento del precepto superior de confianza legítima y afectación de
su competitividad frente a empresas petroleras privadas (que no están sujetas
al tributo).

Afirma que la determinación judicial objeto de censura también comporta
defecto fáctico, porque no analizó que las pruebas allegadas a las diligencias
ordinarias demuestran que los contratos sobre los cuales la DIAN fijó la
contribución del artículo 6º de la Ley 1106 de 2006, conciernen a la
exploración y explotación de recursos naturales.

1.3 Contestaciones de la acción.

1.3.1 El señor director general de la DIAN5, a través de la señora subdirectora
de representación externa del organismo que regenta, asevera que las
pretensiones de la accionante están orientadas a reabrir una controversia
decidida en debida forma por las autoridades accionadas, lo que desnaturaliza
la acción de tutela, máxime cuando tiene sustento normativo y jurisprudencial
la conclusión de que los contratos celebrados por una entidad pública, cuyo
objeto está relacionado con la exploración y explotación de hidrocarburos,
involucran el hecho generador de la contribución de que trata el artículo 6º de

3
Sección cuarta, sentencias de (i) 22 de febrero de 2018, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto, expediente
25000-23-37-000-2014-00994-01; (ii) 25 de abril de 2018, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto, expediente
25000-23-37-000-2014-00015-01; (iii) 24 de mayo de 2018, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto, expediente
25000-23-37-000-2015-00771-01; y (vi) 31 de mayo de 2018, C. P. Milton Chaves García, expediente
25000-23-37-000-2014-00616-01.
4
Sala plena de lo contencioso-administrativo, expediente 25000-23-37-000-2014-00721-00.
5
Vinculado en primera instancia, mediante auto de 27 de enero de 2022, al presente asunto constitucional,
junto con los señores magistrados de la subsección A de la sección cuarta del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en condición de terceros interesados.

3

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Actora: Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol S. A.)

la Ley 1106 de 2006.

Que un acuerdo tiene la condición de obra pública cuando su objeto concierne
a trabajos materiales sobre bienes inmuebles y la parte contratante es un
organismo público, presupuestos que se colmaron en los negocios que
motivaron la expedición de las Resoluciones acusadas en el proceso 25000-
23-37-000-2016-01884-00, por lo que no era factible anularlas, como lo
dedujeron acertadamente las autoridades accionadas.

1.3.2 Los señores magistrados de la sección cuarta del Consejo de Estado, por
conducto de la ponente de la providencia censurada, indican que la presente
acción de tutela carece de relevancia constitucional, por cuanto los
argumentos expuestos por la demandante no están relacionados con una
presunta trasgresión de derechos fundamentales, sino que conciernen a
inconformidades con la decisión judicial atacada, de lo que se colige que
emplea este mecanismo constitucional como una instancia adicional al
proceso 25000-23-37-000-2016-01884-00.

Que el fallo atacado no adolece de causal específica de procedibilidad alguna,
pues en él se explicó de manera suficiente que los contratos que celebra
Ecopetrol S. A., atañederos a actividades complementarias a la exploración y
explotación de hidrocarburos, están sujetos a la contribución consagrada en el
artículo 6º de la Ley 1106 de 2006, lo que corresponde a una deducción
plausible del sistema normativo y a la aplicación de la postura adoptada por
esta Corporación en la sentencia de unificación de 25 de febrero de 20206.

1.3.3 Los señores magistrados de la subsección A de la sección cuarta del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio del ponente del fallo de
22 de mayo de 2018, con el que decidieron en primera instancia la demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho 25000-23-37-000-2016-01884-00,
aseveran que la providencia acusada se dictó de acuerdo con el ordenamiento
jurídico y la postura jurisprudencial vigente para la época en que se profirió, en
consecuencia, no es dable atribuirle vulneración de la garantía superior al debido
proceso.

1.4 Providencia impugnada. El Consejo de Estado (subsección B de la

6
Sala plena de lo contencioso-administrativo, expediente 25000-23-37-000-2014-00721-00.

4

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Actora: Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol S. A.)

sección tercera), mediante sentencia de 21 de febrero de 2022, negó el amparo
deprecado, al considerar que los contratos relacionados con la actividad
petrolera están sujetos a la contribución propia de los de obra, la cual se
genera en los negocios jurídicos celebrados por una entidad pública
(condición que tiene la actora) independientemente de su objeto, tal como se
dijo en la sentencia censurada, de manera que no vulnera la garantía superior
al debido proceso de la tutelante.

Que en el fallo reprochado las autoridades accionadas efectuaron un análisis
integral de los contratos controvertidos en sede contencioso-administrativa y
concluyeron que eran de obra, lo que denota que no incurre en el defecto
fáctico invocado. Asimismo, en aquel se atendió la sentencia de unificación
de 25 de febrero de 2020 del Consejo de Estado7, situación de la que se colige
que no está viciado por desconocimiento del precedente.

1.5 Impugnación. Inconforme con la anterior decisión, la tutelante la
impugnó, con fundamento en las mismas aseveraciones consignadas en el
escrito inicial.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia. En virtud de los artículos 328 del Decreto ley 2591 de
19919 y 2510 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 201911 expedido por la sala
plena del Consejo de Estado, esta subsección es competente para conocer de
la presente impugnación.

2.2 La acción. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de
la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992,
1382 de 2000 y 1983 de 2017, como mecanismo directo y expedito para la
protección de los derechos constitucionales fundamentales, permite a las

7
Expediente 25000-23-37-000-2014-00721-00.
8
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro
de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente […]».
9
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
10
«[…]
Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera y en segunda instancia se someterán
a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán
resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el
reparto.
[…]».
11
«Reglamento interno del Consejo de Estado».

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Actora: Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol S. A.)

personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando quiera
que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

2.3 Problema jurídico. Se contrae a determinar si es dable a través de la
tutela, examinar el eventual quebranto de derechos de linaje constitucional
fundamental que pueda comportar la sentencia de 13 de mayo de 2021, por
cuyo conducto el Consejo de Estado (sección cuarta) revocó la de 22 de mayo
de 2018, con la que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (subsección
A de la sección cuarta) accedió a las pretensiones del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la tutelante contra la
DIAN (expediente 25000-23-37-000-2016-01884-00), para negarlas; y, en caso
afirmativo, si se ha vulnerado la garantía superior al debido proceso invocada
en la solicitud de amparo.

2.4 La acción de tutela contra providencias judiciales. El debate
jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional que
declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más
adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la
amenaza de derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en
sede de tutela, con la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en
apariencia revestido de forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de
hecho.

La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y
desprovista de todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la
acción de tutela contra decisiones judiciales, pues no obstante el
reconocimiento al principio de autonomía funcional del juez, quien la
administra quebranta, bajo la forma de una providencia judicial, derechos
fundamentales.

La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de
1994 se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia
fuera calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura
cuando se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos
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Actora: Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol S. A.)

protuberantes: (i) defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión
controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii)
defecto fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece de
sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el
que se sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que
aparece en aquellos eventos en los que se actuó completamente al margen del
proceso establecido.

Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de
unificación proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las
cuales están las sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002.
Posteriormente, mediante sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional
destacó el carácter excepcional de la acción de tutela, vale decir cuando de
manera protuberante se vulneran o amenazan derechos fundamentales.

Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los
eventos excepcionales de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente
para identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de
orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se
afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos
porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.

Tales presupuestos son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. (ii) Que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable. (iii) Que se cumpla el requisito de la
inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. (iv) Cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales de la parte actora. (v) Que el actor identifique de
manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial
siempre que esto hubiese sido posible. (vi) Que no se trate de sentencias de
tutela, en consideración al riguroso proceso de selección que hace la
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Actora: Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol S. A.)

Corporación.

Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra
sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de
causales genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar la
excepcionalidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, la cual
solamente cuando tenga indudable relevancia constitucional resulta
procedente.

Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la
decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de
competencia; (ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto
fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo probatorio que permita
la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto
material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre
las consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o
tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo
adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin
motivación, que implica el incumplimiento por parte de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte
Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para
garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante
del derecho fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la
Constitución, que procede cuando la decisión judicial supera el concepto de
vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no se está ante una
burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que afectan
derechos fundamentales.

Por otra parte, se destaca que la sala plena de lo contencioso administrativo
del Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela
resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales12, rectificó su
12
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-
administrativo del Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2)
31 de enero de 1992, AC – 016, C. P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P.
Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de
junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-
0270-01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-01, C. P. Ligia

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Actora: Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol S. A.)

posición mediante sentencia de 31 de julio de 201213, en el sentido de
disponer que la acción constitucional es procedente contra providencias,
cuando vulneren derechos constitucionales fundamentales, con observancia
de los parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro
determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que esta subsección con
anterioridad al fallo citado ha aplicado en los términos antes expuestos14.

2.5 Caso concreto. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de
la acción de tutela contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que
(i) el asunto planteado comporta relevancia constitucional, pues recae sobre la
presunta vulneración del derecho fundamental al debido proceso de la actora;
(ii) contra el fallo acusado no procede recurso alguno, por cuanto fue emitido
en segunda instancia y se encuentra ejecutoriado; (iii) se establecieron los
hechos que originaron el supuesto quebranto de la aludida garantía superior;
(iv) el requisito de inmediatez se satisface, toda vez que la determinación
judicial atacada15 quedó ejecutoriada el 4 de junio de 2021 y la solicitud de
amparo se instauró el 9 de noviembre siguiente, es decir, dentro de un término
prudencial (5 meses y 5 días); y (v) la providencia acusada no desató una
acción de tutela.

En razón a que se colman los presupuestos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales, esta Sala examinará el fondo
del asunto, conforme a las causales específicas denominadas defectos
sustantivo y fáctico y desconocimiento del precedente.

2.5.1 Hechos probados. Del escrito de tutela y las pruebas obrantes en el
expediente, se destaca:

a) El 28 de septiembre de 2016 la tutelante promovió medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la DIAN (expediente 25000-23-
37-000-2016-01884-00), con el propósito de obtener la anulación de las
López Díaz. 8) 16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
13
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
14
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008,
exp. 2008-00779-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P.
Víctor Hernando Alvarado Ardila. 3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando
Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de
febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp.
2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-00540-00, C. P. Gerardo
Arenas Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp.
2011-01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C.
P. Gerardo Arenas Monsalve.
15
Notificada electrónicamente el 1º de junio de 2021.

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Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-08030-01
Actora: Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol S. A.)

Resoluciones que a continuación se relacionan, mediante las cuales se liquidó
la contribución de que trata el artículo 6º de la Ley 1106 de 2006, por la
celebración de los siguientes contratos atañederos a actividades petroleras:

Resoluciones que Resoluciones que desatan los Contrato que causó la contribución
liquidan la contribución recursos de reconsideración
1 Resolución Resolución 3839 de 26 de 4028172 de 28 de septiembre de 2010.
312412015000090 de 1º mayo de 2016 Objeto: «Obras de mantenimiento de las
de junio de 2015 instalaciones de los colegios Infantas y
Parnaso, ubicado en el Municipio de
Barrancabermeja – Santander, durante
la vigencia 2010».
2 Resolución Resolución 4510 de 20 de 4028322 de 8 de octubre de 2010.
312412015000103 de 16 junio de 2016 Objeto: «Obras civiles para
de septiembre de 2015 mantenimiento y adecuación de
locaciones, vías, plantas, edificaciones
en la Superintendencia de Operaciones
de Mares de la Gerencia Regional
Magdalena Medio ubicada en el
Departamento de Santander».
3 Resolución Resolución 6530 de 31 de 4028436 de 15 de octubre de 2010.
312412015000104 de 16 agosto de 2016 Objeto: «Obras civiles para las
de septiembre de 2015 adecuaciones físicas del Departamento
de Servicios Industriales Balance de la
Gerencia de Refinería de
Barrancabermeja de Ecopetrol S. A.
ubicada en Barrancabermeja –
Santander para la vigencia 2010».
4 Resolución Resolución 312362016000008 4027494 de 18 de junio de 2010. Objeto:
312412015000131 de 18 de 31 de agosto de 2016 «Obras para la adecuación de la Sala
de noviembre de 2015 de Reuniones de Edificio del
Departamento NDE Mantenimiento
Marítimo de la Gerencia de Oleoductos
de la Vicepresidencia de Transporte de
Ecopetrol ubicada en Coveñas durante
la vigencia 2010».

A título de restablecimiento del derecho, la demandante deprecó que se
declarara que se encuentra «a paz y salvo con la DIAN», en lo atinente a los
precitados contratos.

La actora argumentó en la demanda ordinaria que las referidas Resoluciones
(i) no advierten que los mencionados negocios jurídicos conciernen a la
exploración y explotación de hidrocarburos, por ende, están excluidos de la
contribución establecida en el artículo 6º de la Ley 1106 de 2006, en virtud
del artículo 76 de la Ley 80 de 1993; (ii) no fueron motivadas y (iii) no las
podía dictar la DIAN al carecer de competencia para tal efecto, porque no le
corresponde administrar dicho tributo, dado que es un impuesto.
b) Del asunto contencioso-administrativo conoció el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca (subsección A de la sección cuarta), que el 24 de noviembre
de 2016 lo admitió y el 22 de mayo de 2018 accedió a las pretensiones,
habida cuenta de que si bien es cierto que los actos administrativos
10

Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-08030-01
Actora: Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol S. A.)

censurados se motivaron en debida forma y la DIAN tenía competencia para
expedirlos, también lo es que la contribución de que trata el artículo 6º de la
Ley 1106 de 2006, que grava los acuerdos de obra pública, no cobija a los
celebrados por Ecopetrol S. A. por expreso mandato del artículo 76 de la Ley
80 de 1993, puesto que atañen a la exploración y explotación de
hidrocarburos y operaciones complementarias.

c) Contra la anterior determinación la parte allí demandada interpuso recurso
de apelación, con el argumento de que el hecho generador de la mencionada
obligación se presenta cuando una entidad pública celebra contratos de
actividades «materiales sobre bienes inmuebles», independientemente de su
régimen contractual, premisa en virtud de la cual los acuerdos de voluntades
celebrados por Ecopetrol S. A., que involucran tareas comerciales, están
sujetos a esa carga fiscal.

d) La precitada alzada fue desatada el 13 de mayo de 2021 por el Consejo de
Estado (sección cuarta), en el sentido de revocar el fallo de primera instancia,
para en su lugar negar las súplicas de la demanda, al considerar que la
contribución de los contratos de obra no se causa por el régimen de la entidad
contratante, sino por haber sido celebrados por entidades públicas y en ellos
pactarse las labores previstas en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993
(«trabajos materiales sobre bienes inmuebles»), como lo indicó esta
Corporación en sentencia de unificación de 25 de febrero de 202016.

Que en atención a dicho criterio y como los negocios jurídicos que motivaron
la expedición de los actos administrativos cuestionados en sede contencioso-
administrativa fueron suscritos por Ecopetrol S. A., que es una sociedad de
economía mixta, y conciernen a la «construcción, mantenimiento, instalación
y, en general, la realización de cualquier otro trabajo material sobre
inmuebles», se satisfacen los presupuestos del hecho generador de la
obligación fiscal señalada en el artículo 6º de la Ley 1106 de 2006.

2.5.2 Defecto sustantivo. El artículo 230 de la Constitución Política prevé
que los jueces se encuentran sometidos al imperio de la ley. En virtud de ese
mandato, las autoridades judiciales deben decidir las discusiones conforme a
las normas que regulan la materia, como expresión del principio de legalidad.

16
Sala plena de lo contencioso-administrativo, expediente 25000-23-37-000-2014-00721-00.

11

Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-08030-01
Actora: Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol S. A.)

La jurisprudencia constitucional17 ha precisado que la providencia judicial
proferida con desconocimiento del sistema normativo incurre en el
denominado defecto sustantivo, que se configura cuando el litigio es desatado
con fundamento en una disposición legal inaplicable al caso concreto, bien
porque fue derogada, declarada inexequible, versa sobre otro asunto que no
tiene relación con el decidido, la interpretación que hace de ella el juez es
paradójica o simplemente se omite aplicarla.

Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo que este defecto implica «[…] la
existencia de una falencia o yerro en una providencia judicial, originada en
el proceso de interpretación y aplicación de las disposiciones jurídicas al
caso sometido al conocimiento del juez. Para que el defecto dé lugar a la
procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de una irregularidad de alta
trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que obstaculice o lesione la
efectividad de los derechos constitucionales»18.

En el sub lite la actora afirma que la sentencia acusada adolece de defecto
sustantivo, toda vez que inobservó el artículo 76 de la Ley 80 de 1993, que
establece que los contratos de exploración y explotación de recursos naturales
no están sometidos al régimen general de contratación, por tanto, no es
factible considerarlos como de obra pública.

Con la finalidad de determinar si el anterior argumento tiene o no asidero
jurídico, resulta oportuno indicar que el artículo 32 de la Ley 80 de 199319
define el contrato de obra pública como un negocio jurídico suscrito con
«[…] entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y,
en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre
bienes inmuebles […]».

Por su parte, el artículo 6º de la Ley 1106 de 200620 (que modificó el 120 de
la Ley 418 de 199721) preceptúa que «[…] las personas naturales o jurídicas
que suscriban contratos de obra pública […] con entidades de derecho
público […] deberán pagar […] una contribución equivalente al cinco por
ciento (5%) del valor total del correspondiente contrato», tributo que

17
Sentencias T-781 de 2011 y T-907 de 2012, entre otras.
18
Sentencia T-259 de 29 de marzo de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
19
«Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública».
20
«Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 de 1997 prorrogada y modificada por las
Leyes 548 de 1999 y 782 de 2002 y se modifican algunas de sus disposiciones».
21
«Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia
y se dictan otras disposiciones».

12

Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-08030-01
Actora: Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol S. A.)

constituye una compensación por las utilidades económicas que de este se
derivan22 y cuya retención corresponde a los organismos contratantes,
conforme al artículo 12123 de la mencionada Ley 418.

Ahora bien, de la lectura del citado artículo 6º de la Ley 1106 de 2006 se
observa que el hecho generador de la contribución (entendido como «el
supuesto jurídico que da origen a la obligación tributaria»24), está
constituido por dos (2) aspectos, uno objetivo (celebración del contrato de
obra) y otro subjetivo (que la parte contratante sea una entidad pública), de
manera que cuando concurren, se impone el deber de sufragarlo.

Por otro lado, el artículo 76 de la Ley 80 de 1993 establece que los «contratos
de exploración y explotación de recursos naturales renovables y no
renovables, así como los concernientes a la comercialización y demás
actividades comerciales e industriales propias de las entidades estatales a las
que correspondan las competencias para estos asuntos […]», están sometidas
a sus reglamentos internos, por ende, no les resulta aplicable el régimen
general de la contratación pública.

En virtud de la última de las aludidas disposiciones, la jurisprudencia del
Consejo de Estado precisó, en un principio, que los contratos celebrados por
Ecopetrol S. A. relacionados con hidrocarburos, no se regían por la normativa
general, por tanto, no era dable catalogarlos como de obra pública ni asumir
que involucraran el hecho generador de la referida contribución. Así lo
determinó esta Corporación25, en los siguientes términos:

[…] para la Sala no es procedente la cualificación que efectuó la DIAN
respecto de los contratos celebrados por ECOPETROL (obra pública),
pues para tal efecto no debió circunscribirse al elemento subjetivo del
hecho generador, esto es, que fuera suscrito por una entidad de derecho
público, sino que le correspondía analizar que tales convenios fueron
celebrados en el ámbito y desarrollo de la actividad de exploración,

22
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 25 de agosto de 2014, M. P. Augusto
Hernández Becerra, expediente 11001-03-06-000-2014-00024-00.
23
«Para los efectos previstos en el artículo anterior, la entidad pública contratante descontará el cinco por
ciento (5%) del valor del anticipo, si lo hubiere, y de cada cuenta que cancele al contratista.
El valor retenido por la entidad pública contratante deberá ser consignado inmediatamente en la institución
que señale, según sea el caso, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público o la entidad territorial
correspondiente […]».
24
Consejo de Estado, sección cuarta, sentencia de 25 de noviembre de 2014, C. P. Hugo Fernando Bastidas
Bárcenas, expediente 23001-23-31-000-2007-00504-01.
25
Sección cuarta, sentencia de 22 de febrero de 2018, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto, expediente
25000-23-37-000-2014-00994-01.

13

Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-08030-01
Actora: Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol S. A.)

explotación y comercialización de recursos naturales no renovables y,
por ende, no podían ser asimilados a contratos de obra pública.

En consecuencia, teniendo en cuenta que en el caso los contratos
suscritos por ECOPETROL corresponden a actividades directa y
necesariamente relacionadas con la exploración y explotación de
recursos naturales no renovables, así como los concernientes a la
comercialización y demás actividades comerciales e industriales, no se
configura el hecho generador del tributo, por lo que se concluye que no
es procedente la determinación de la contribución de obra pública
efectuada por la entidad demandada en los actos acusados.

Aunque dicho criterio era uniforme al interior de la sección cuarta del
Consejo de Estado, se modificó en sentencia de unificación de 25 de febrero
de 202026, para indicar que son de obra pública los contratos celebrados por
entes estatales atañederos a «trabajos materiales sobre bienes inmuebles»
(artículo 32 de la Ley 80 de 1993), dentro de los que se encuentran los
relacionados con actividades petroleras, en esa medida, no están exceptuados
de la carga fiscal contemplada en el artículo 6º de la Ley 1106 de 2006, en
razón a que no es el régimen contractual de la entidad que celebra los
negocios jurídicos el que incide en el hecho generador del tributo, sino la
condición de organismo público de la parte contratante y las tareas que se
pactan.

En ese orden de ideas, cuando en un acuerdo de voluntades una entidad
pública pacta labores «materiales sobre bienes inmuebles», se debe asumir
que es de obra pública, en consecuencia, causa la aludida contribución,
incluso si son conexos con la exploración y explotación de recursos naturales,
como lo señaló esta Corporación, en el precitado pronunciamiento de
unificación, así:

La Sala considera que el hecho de que las obras se practiquen o se
relacionen con bienes utilizados en la industria petrolera o en el
bienestar de los empleados, no desconoce su naturaleza de contrato de
obra pública, porque en este tipo de contrato, lo esencial es que la
actividad contratada sea un trabajo material sobre un bien inmueble.
Tampoco –la destinación de los inmuebles- puede llevar a considerar
que se trate un contrato de exploración y explotación, porque estos
tienen por objeto específico determinar la existencia, reserva,
extracción, y/o la producción del recurso natural.

26
Sala plena de lo contencioso-administrativo, expediente 25000-23-37-000-2014-00721-00.

14

Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-08030-01
Actora: Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol S. A.)

Lo anteriormente expuesto fue instituido por esta Corporación, en el
mencionado fallo, a través de las siguientes reglas de unificación:

1. Para determinar si se realiza el hecho generador de la contribución de
los contratos de obra pública no es determinante el régimen contractual
de la entidad que celebre el contrato de obra pública, sea el general de
la Ley 80 de 1993 o un régimen exceptuado. El elemento de la
obligación tributaria se define en función del contrato celebrado, y no
de la actividad o régimen jurídico de la entidad de derecho público.

2. Los contratos de obra pública y los contratos de que trata el artículo
76 de la Ley 80 de 1993 –contratos de exploración y explotación de
recursos naturales, y las actividades comerciales e industriales, son dos
categorías de contratos diferentes, en tanto tienen características y
finalidades propias, que impiden que se trate de un mismo contrato.

3. La contribución no grava los contratos referidos en el artículo 76 de
la Ley 80 de 1993, por cuanto no corresponden a los contratos de obra
pública que son objeto de gravamen en el artículo 6 de la Ley 1106 de
2006.

Así las cosas, se concluye que en la citada providencia de unificación esta
Corporación indicó que el hecho generador de la contribución de que trata el
artículo 6º de la Ley 1106 de 2006, se configura cuando (i) el contrato tiene la
condición de obra pública (factor objetivo), esto es, en el evento en que verse
sobre «trabajo material [en] bienes inmuebles» (artículo 32 de la Ley 80 de
1993), y (ii) sea celebrado por una entidad pública (factor subjetivo).

Efectuadas las anteriores precisiones jurídicas, en el asunto sub judice la Sala
evidencia que la determinación judicial acusada no desconoce el artículo 76
de la Ley 80 de 1993, porque si bien es cierto que prevé que los contratos
suscritos por entidades públicas relacionados con la exploración y explotación
de recursos naturales no están sometidos al régimen general de contratación,
también lo es que esa premisa no impedía que los negocios jurídicos
señalados en la letra a del acápite de hechos probados de esta providencia,
fueran considerados como de obra pública, toda vez que comportan labores
materiales sobre bienes inmuebles.
En ese orden de ideas, como son de obra pública todos los acuerdos de
voluntades que derivaron en las Resoluciones de la DIAN enjuiciadas en el
proceso 25000-23-37-000-2016-01884-00, es decir, implican actividades
comerciales e industriales que no involucran directamente la exploración y
explotación de hidrocarburos, son pasibles de la contribución preceptuada en
el artículo 6º de la Ley 1106 de 2006, porque, como se analizó en líneas
15

Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-08030-01
Actora: Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol S. A.)

precedentes, su hecho generador se configura cuando el contratante es un ente
estatal y las tareas que se pactan comprenden «trabajo material [en] bienes
inmuebles», presupuestos que concurren en dichos contratos, pues la tutelante
(parte contratante) es una empresa de economía mixta (artículo 1º27 de la Ley
1118 de 200628), por ende, pública (letra f del numeral 2 del artículo 3829 de la
Ley 489 de 199830), y las labores contratadas son complementarias al
ejercicio de su objeto.

Cabe advertir que aunque en la sentencia de unificación de 25 de febrero de
202031 se indicó que no es factible considerar como de obra pública los
negocios jurídicos concernientes a la exploración y explotación de recursos
naturales, en atención al artículo 76 de la Ley 80 de 1996 y, en consecuencia,
sobre ellos no recae el mencionado tributo, esa regla no cobija a los que se
gravaron mediante los actos administrativos enjuiciados en sede contencioso-
administrativa, porque corresponden a actividades complementarias de la
industria petrolera.

Así las cosas, la Sala no evidencia que la providencia acusada contraríe el
artículo 76 de la Ley 80 de 1993, toda vez que, se reitera, los aludidos
contratos no son de exploración y explotación de hidrocarburos, sino de tareas
conexas, por tanto, son de obra pública pasibles de la contribución consagrada
en el artículo 6º de la Ley 1106 de 2006.
De acuerdo con lo expuesto, la Sala evidencia que la providencia censurada
no adolece de defecto sustantivo, porque observó el ordenamiento jurídico al
concluir que los negocios jurídicos consignados en la letra a del acápite de
hechos probados de este fallo, correspondían a contratos de obra sujetos a la
contribución consagrada en el artículo 6º de la Ley 1106 de 2006.

27
«Autorizar a Ecopetrol S. A., la emisión de acciones para que sean colocadas en el mercado y puedan ser
adquiridas por personas naturales o jurídicas. Una vez emitidas y colocadas total o parcialmente las
acciones de que trata la presente Ley, la sociedad quedará organizada como una Sociedad de Economía
Mixta de carácter comercial, del orden nacional […]».
28
«Por la cual se modifica la naturaleza jurídica de Ecopetrol S. A. y se dictan otras disposiciones».
29
«La Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional, está integrada por los siguientes organismos
y entidades:
[…]
2. Del Sector descentralizado por servicios:
[…]
f) Las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta».
30
«Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden
nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones
previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones».
31
Sala plena de lo contencioso-administrativo, expediente 25000-23-37-000-2014-00721-00.

16

Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-08030-01
Actora: Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol S. A.)

2.5.3 Desconocimiento del precedente. El desconocimiento del precedente
tiene dos modalidades: (i) como causal autónoma de procedencia de la tutela
contra providencia judicial cuando se trata del precedente constitucional, y (ii)
como defecto sustantivo por el desconocimiento del precedente judicial. La
primera tiene su origen en el artículo 241 superior y se predica exclusivamente
de los precedentes fijados por la Corte Constitucional en su jurisprudencia32, y
la segunda hace referencia a cuando la autoridad jurisdiccional se aparta del
precedente horizontal o vertical sin justificación suficiente, lo que lleva a
concluir que la providencia adolece de un defecto sustantivo33 conforme a los
principios del debido proceso, igualdad y buena fe34.

En el caso sub examine la demandante sostiene que la sentencia reprochada
incurre en desconocimiento del precedente, porque (i) inobservó el criterio
jurisprudencial del Consejo de Estado35, según el cual los contratos
concernientes a exploración y explotación de recursos naturales no están
sujetos a la contribución señalada en el artículo 6º de la Ley 1106 de 2006; y
(ii) aunque atendió la sentencia de unificación de 25 de febrero de 202036, con
la que se cambió aquella postura, se le dio efectos retroactivos a las reglas allí
fijadas, en afectación del precepto superior de confianza legítima y de su
competitividad frente a empresas petroleras privadas.

Sobre el primer argumento se advierte que si bien la postura de esta
Corporación consistía en que los contratos celebrados por la tutelante,
relacionados con la industria petrolera, no involucraban la mencionada
obligación, ella cambió con el fallo de unificación de 25 de febrero de 2020,

32
Sentencia T-360 de 2014: «[…] En este orden de ideas, el precedente constitucional puede llegar a
desconocerse cuando: (i) se aplican disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por
sentencias de control de constitucionalidad, (ii) se contraría la ratio decidendi de sentencias de control de
constitucionalidad, especialmente la interpretación de un precepto que la Corte ha señalado es la que debe
acogerse a la luz del texto superior, o (iii) se desconoce la parte resolutiva de una sentencia de exequibilidad
condicionada, o (iv) se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte
Constitucional a través de la ratio decidendi de sus sentencias de control de constitucionalidad o de revisión
de tutela».
33
Ver sentencia T-087 de 2007, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa. Ver también, sentencias T-193 de 1995
M. P. Carlos Gaviria Díaz, T-1625 de 2000 M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, T-522 de 2001 M. P.
Manuel José Cepeda Espinosa, T-462 de 2003 M. P. Eduardo Montealegre Lynnet, T-292 de 2006 M. P.
Manuel José Cepeda Espinosa, T-436 de 2009 M. P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-161 de 2010 M. P.
Jorge Iván Palacio y SU-448 de 2011 M. P. Mauricio González Cuervo.
34
Ver entre otras, sentencias T-049 de 2007 M. P. Clara Inés Vargas Hernández, T-464 y T-794 de 2011 M.
P. Jorge Iván Palacio y C-634 de 2011 M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
35
Sección cuarta, sentencias de (i) 22 de febrero de 2018, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto, expediente
25000-23-37-000-2014-00994-01; (ii) 25 de abril de 2018, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto, expediente
25000-23-37-000-2014-00015-01; (iii) 24 de mayo de 2018, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto, expediente
25000-23-37-000-2015-00771-01; y (vi) 31 de mayo de 2018, C. P. Milton Chaves García, expediente
25000-23-37-000-2014-00616-01.
36
Sala plena de lo contencioso-administrativo, expediente 25000-23-37-000-2014-00721-00.

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Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-08030-01
Actora: Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol S. A.)

que fijó el criterio de que son de obra pública los negocios jurídicos
atañederos a «trabajos sobre inmuebles» complementarios a actividades de
exploración y explotación de recursos naturales, en consecuencia, pasibles del
tributo.

En ese orden de ideas, no se constata que la determinación judicial acusada
desatienda el precedente del Consejo de Estado, por el contrario, lo acata,
pues aplicó las reglas jurisprudenciales vigentes, para el momento en que se
emitió, sobre el hecho generador de la contribución prevista en el artículo 6º
de la Ley 1106 de 2006.

Ahora bien, tampoco es de recibo la aseveración de que no era dable aplicar
en la sentencia censurada los parámetros fijados en la de unificación de 25 de
febrero de 2020, porque ello, a juicio de la demandante, contraría el precepto
superior de confianza legítima, dado que la presentación de una demanda
ordinaria no le impone al juez que la conoce la obligación de decidirla
conforme al criterio jurisprudencial vigente para ese momento, pues dicho
acto procesal no deriva una situación consolidada, esto es, no otorga la
prerrogativa de que el asunto deba desatarse en determinado sentido, por
cuanto ha de hacerse en atención a las reglas vigentes al instante de proferirse
el respectivo fallo, con el fin de respetar el precedente como fuente de
derecho. Sobre el particular, el Consejo de Estado37 dijo:

[…] la jurisprudencia se convirtió en una fuente formal del derecho,
que es reconocida como tal por el derecho mismo, y de la cual derivan
su validez distintas reglas de rango jurisprudencial. En ese orden, la
jurisprudencia entra a complementar el concierto de fuentes del derecho
y, en consecuencia, se le reconoce fuerza vinculante que irradia sus
efectos a todas las autoridades que tienen la obligación de observarla.

[…] para la Sala es claro que un cambio jurisprudencial respecto del
alcance de determinada norma o concepto jurídico no constituye per se
una transgresión al debido principio ni al principio de confianza
legítima.

Así las cosas, la Sala no evidencia que la providencia reprochada desconozca
el precedente del Consejo de Estado, por el contrario, se reitera, lo atendió al
indicar que son de obra pública los contratos que motivaron la expedición de

37
Sección tercera, sentencia de 25 de septiembre de 2018, C. P. Ramiro Pazos Guerrero, expediente 11001-
03-15-000-2007-00136-00.

18

Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-08030-01
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las Resoluciones enjuiciadas en el proceso 25000-23-37-000-2016-01884-00,
lo que comporta el hecho generador de la contribución prevista en el artículo
6º de la Ley 1106 de 2006.

2.5.4 Defecto fáctico. Una providencia judicial se encuentra viciada por
defecto fáctico en el evento en que el juez aplica la norma al caso concreto sin
contar con supuestos ciertos, esto es, «[…] surge cuando carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta
la decisión»38.

La Corte Constitucional ha sostenido que el defecto fáctico contiene dos
aspectos o dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo que se presenta
cuando el funcionario judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba
no apta para ello. Por su parte, la segunda dimensión se trata de un aspecto
negativo que alude a aquella valoración probatoria arbitraria del juez, que se
configura en los eventos en que da por no probado un hecho caprichosamente,
pese a obrar suficiente material probatorio que lo demuestra39.

En el asunto sub judice la demandante afirma que la sentencia acusada incurre
en defecto fáctico, en razón a que no tuvo en cuenta que las pruebas allegadas
al proceso ordinario acreditaban que los contratos que derivaron en los actos
administrativos controvertidos, concernían a exploración y explotación de
recursos naturales, por ende, no podían considerarse como de obra pública;
aseveración que para la Sala carece de asidero jurídico, porque si bien los
negocios están relacionados con esas actividades, no las involucran
directamente (correspondían a tareas complementarias y a realizarse en
instalaciones petroleras), en consecuencia, no releva a Ecopetrol S. A. del
referido tributo, conforme lo explicó el Consejo de Estado, en el citado fallo
de unificación de 25 de febrero de 202040, en los siguientes términos:

La Sala considera que el hecho de que las obras se practiquen o se
relacionen con bienes utilizados en la industria petrolera o en el
bienestar de los empleados, no desconoce su naturaleza de contrato de
obra pública, porque en este tipo de contrato, lo esencial es que la
actividad contratada sea un trabajo material sobre un bien inmueble.
Tampoco –la destinación de los inmuebles- puede llevar a considerar
que se trate un contrato de exploración y explotación, porque estos

38
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
39
Sentencia T-599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
40
Sala plena de lo contencioso-administrativo, expediente 25000-23-37-000-2014-00721-00.

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Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-08030-01
Actora: Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol S. A.)

tienen por objeto específico determinar la existencia, reserva,
extracción, y/o la producción del recurso natural.

En ese orden de ideas, tampoco se observa que la sentencia reprochada
incurra en defecto fáctico, porque los contratos que dieron origen a las
Resoluciones dictadas por la DIAN son de obra pública, por consiguiente,
pasibles de la contribución de que trata el artículo 6º de la Ley 1106 de 2006.

A partir de los anteriores prolegómenos y comoquiera que el fallo censurado
no incurre en los defectos sustantivo y fáctico ni en desconocimiento del
precedente, se impone confirmar el fallo impugnado, que negó el amparo
deprecado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

1º. Confírmase la sentencia de 21 de febrero de 2022, mediante la cual el
Consejo de Estado (subsección B de la sección tercera) negó el amparo del
derecho constitucional fundamental al debido proceso invocado por la
Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol S. A.), por las razones
expuestas en la motivación.

2º. Notifíquese esta determinación judicial a las partes por el medio más
expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

3º. Comuníquese el presente fallo a la subsección B de la sección tercera de
esta Corporación y remítasele copia.

4º. Ejecutoriada esta providencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley
2591 de 1991 envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

20

Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-08030-01
Actora: Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol S. A.)

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS

21

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