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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-08085-01

Fecha
12 de mayo de 2022
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-08085-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE: Primero.- CONFÍRMASE la sentencia de 14 de diciembre de 2021, proferida por la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado, por las razones aquí expuestas. Segundo.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2021-08085-01

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

12 de mayo de 2022

Radicación: 11001-03-15-000-2021-08085-01
Demandante: UGPP

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., doce (12) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-08085-01
Demandante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP)
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN “E”, Y JUZGADO
CINCUENTA Y UNO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
BOGOTÁ

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho que reconoció pensión gracia.
Recurso extraordinario de revisión en curso. Requisito de
subsidiariedad. No acreditación de un perjuicio irremediable

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, a través de
apoderado judicial, contra la sentencia de 14 de diciembre de 2021, dictada por la
Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro de la
presente acción de tutela, en la que declaró su improcedencia por desatender el
requisito de la inmediatez.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

La entidad accionante afirmó que mediante Resolución No. 1255 de 19 de agosto
de 1997, la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, ETB, reconoció a la
señora Alejandrina Romero de Romero una pensión convencional de jubilación
compartida con otra entidad del Estado en cuantía de $1.973.013,81, a partir del
20 de abril de 1997, para lo cual se tuvieron en cuenta los tiempos de servicio de
aquella en el Departamento de Cundinamarca, Secretaría de Educación, desde el
19 de febrero de 1971 hasta el 28 de marzo de 1977, y en la Empresa de

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Demandante: UGPP

Telecomunicaciones de Santa Fe de Bogotá entre el 30 de marzo de 1977 y el 19
de abril de 1997.

Sostuvo que en múltiples ocasiones, la última de ellas a través de la Resolución
No. UGM021606 de 21 de diciembre de 2011, Cajanal negó la solicitud de la
señora Romero de reconocimiento de la pensión gracia, en razón a que los
tiempos prestados a la ETB no era procedente tenerlos en cuenta, toda vez que se
trataba de una Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden Distrital con
un régimen especial de pensiones para sus trabajadores oficiales, por lo que las
personas vinculadas con la ETB no estaban sometidas al estatuto docente,
consagrado en el Decreto 2277 de 1979, pues por tratarse de cargos
administrativos, aun cuando ejercieran como docentes, las normas que regulan la
pensión gracia consagrada en la Ley 114 de 1913 no permiten el cómputo de
tiempos docentes y administrativos.

Indicó que Cajanal reiteró que los tiempos de servicio certificados por la ETB en
cumplimiento del cargo de docente del colegio Álvaro Camargo de la Torre de la
ETB serían desestimados, toda vez que no fueron prestados en el magisterio
oficial, teniendo en cuenta que el objeto de ese colegio es impartir educación
exclusivamente a los hijos de los empleados de la Empresa de
Telecomunicaciones de Bogotá.

Adujo que, inconforme con la decisión adoptada por Cajanal frente al
reconocimiento pensional gracia, la señora Romero de Romero interpuso acción
de nulidad y restablecimiento del derecho con la finalidad de que fuera dejada sin
efectos la resolución No. UGM021606 de 21 de diciembre de 2011 y, en su lugar,
se reconociera a su favor la pensión gracia, de la que conoció en primera instancia
el Juzgado Cincuenta y Uno Administrativo del Circuito de Bogotá, que mediante
sentencia de 1º de noviembre de 2016 accedió a las pretensiones de la demanda,
declaró la nulidad de la resolución objetada y condenó a la UGPP a reconocer la
pensión de jubilación gracia en favor de la demandante a partir del 3 de noviembre
de 1995.

Narró que, en segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección “E”, por sentencia de 26 de julio de 2019, revocó la
decisión de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda,
al considerar, entre otras cosas, que el tiempo de servicios prestados en la ETB
por la señora Romero no podían ser tenidos en cuenta para el reconocimiento
pensional pretendido, porque no lo hizo como docente territorial o nacionalizada
en el sector educativo oficial.

Mencionó que inconforme con esa decisión, el señor Héctor Julio Romero
Alvarado, en calidad de cónyuge supérstite y beneficiario de la difunta señora
Romero, interpuso acción de tutela en contra de la sentencia de 26 de julio de
2019, con la finalidad de que le fuera tutelado su derecho a la igualdad, de la que
conoció el Consejo de Estado, Sección Quinta, que en sentencia de 28 de mayo
de 2020 accedió a las pretensiones, dejó sin efectos la sentencia de 26 de julio de
2019, y ordenó al tribunal accionado que profiriera una nueva decisión, en la que
tuviera en cuenta los pronunciamientos expedidos por esta corporación con

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Demandante: UGPP

identidad fáctica y jurídica a la del caso objeto de cuestionamiento, decisión que
no fue impugnada.

Aseveró que en cumplimiento de la orden de tutela, el 26 de junio de 2020 el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “E”,
profirió la sentencia de reemplazo en la que confirmó la decisión de primera
instancia, por medio de la cual se reconoció el derecho a la pensión gracia.

Por último, afirmó que el 26 de mayo de 2021 la UGPP formuló recurso
extraordinario de revisión en contra de la sentencia de 26 de junio de 2020.

2. Fundamentos de la acción

La entidad accionante presentó acción de tutela con el fin de que se amparen sus
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia, y el principio de sostenibilidad financiera del Sistema General de
Pensiones, supuestamente vulnerados con la decisión de 26 de junio de 2020,
mediante la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección “E”, en fallo de reemplazo, confirmó la decisión de primera instancia
que accedió a las pretensiones, en el marco de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho que la señora Alejandrina Romero de Romero
promovió contra la UGPP.

En primer lugar, hizo referencia al cumplimiento de los requisitos de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales, en donde resaltó que en el
presente caso concurren los criterios de inminencia, gravedad, urgencia e
impostergabilidad para aceptar la procedencia de esta acción constitucional con la
finalidad de que se protejan, de forma transitoria, los derechos fundamentales
vulnerados con ocasión de las sentencias de 1º de noviembre de 2016 y de 26 de
junio de 2020, a pesar de la existencia de otras vías de defensa judicial, “mientras
se resuelve el recurso extraordinario de revisión que ya se inició en el presente
caso ante el Consejo de Estado”.

De otra parte, refirió que en el caso el requisito de procedibilidad de inmediatez se
encuentra superado, pues, sostuvo, la sentencia que se controvierte se emitió el
26 de junio de 2020, “sin embargo, esta entidad interpuso previamente el recurso
extraordinario de revisión el 26 de mayo de 2021, lo que hace que entre esta fecha
y la presentación de la tutela no hubieren trascurrido los 6 meses que esa
Corporación ha determinado como plazo máximo para incoar este tipo de
actuaciones constitucionales”.

Sostuvo que la decisión objeto de reproche constitucional incurrió en defecto
fáctico, por omisión e indebida valoración de las pruebas allegadas al proceso, en
particular del expediente laboral de la señora Alejandrina Romero de Romero, con
el que se acreditó que prestó sus servicios en el Colegio Álvaro Camargo de la
Torre, el cual fue creado para beneficio exclusivo de los trabajadores de la ETB,
por lo que no ostentaba la condición de docente oficial del orden territorial
requerida para el reconocimiento de la pensión gracia.

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Demandante: UGPP

Agregó que el tribunal accionado valoró de manera incorrecta el fallo de tutela de
28 de mayo de 2020, proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado
“puesto que la orden allí impuesta fue que tuviera en cuenta los pronunciamientos
recientes que guardaran identidad fáctica y jurídica con el caso, mas no que
accediera a lo pretendido en el medio de control”.

Mencionó que la providencia objetada también incurrió en un defecto sustantivo,
por reconocer una prestación sin el lleno de los requisitos definidos en las leyes
114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, comoquiera que si bien la señora
Romero de Romero estuvo vinculada a la ETB en calidad de docente, lo cierto es
que el instituto donde laboró no era un establecimiento público dedicado a la
prestación de servicios educativos, sino que su misión estaba asignada a la
prestación de servicios de telefonía, por lo que los tiempos de servicio laborados
en el Colegio Álvaro Camargo de la Torre no podían computarse para acceder a la
pensión gracia.

Adujo que en el caso se incurrió en desconocimiento del precedente judicial
fijado por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, en la
sentencia de 11 de abril de 2019, en el que revaluó la postura sobre la
procedencia del reconocimiento del beneficio laboral teniendo en cuenta los
tiempos cotizados en la ETB, y determinó que debía verificarse en cada caso la
clase de vinculación del reclamante, la naturaleza jurídica del empleador, la
remuneración obtenida por los servicios prestados y si aquellos aspectos eran
iguales a los de los docentes territoriales.

Finalmente, indicó que es imperativo que por medio de la presente acción de
tutela se suspendan transitoriamente las sentencias de 1° de noviembre de 2016 y
de 26 de junio de 2020, proferidas por el Juzgado Cincuenta y Uno Administrativo
del Circuito de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección “E”, hasta que se decida el recurso extraordinario de
revisión interpuesto en contra de la decisión de segunda instancia.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formulan las siguientes:

“PRINCIPALES:

Primero. Conforme a lo anterior, solicito de manera respetuosa, sean
amparados TRANSITORIAMENTE los derechos fundamentales deprecados
por la UGPP.

Segundo. Como consecuencia de lo anterior se SUSPENDA de manera
transitoria:

• Las decisiones dictadas en proceso contencioso No. 11001-3335-009-2014-
00385-00 por el JUZGADO 51 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
BOGOTÁ y EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN E, de fechas 01 de noviembre de 2016
y del 26 de junio de 2020, respectivamente.

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Demandante: UGPP

Esto con el fin de evitar un perjuicio irremediable a las arcas del Estado por el
pago de la suma de $529.306.121 M/cte, por concepto de retroactivo y de $
4.334.550 M/cte por mesadas pensionales de forma vitalicia.

Debe advertirse a su despacho que esta entidad solicita que la medida judicial
adoptada en esta acción sea transitoria hasta que se resuelva el recurso
extraordinario de revisión que esta Unidad inició en contra las decisiones
judiciales en cita, por encontrarnos aún dentro del término establecido para el
efecto por la Ley 1437 de 2011 y no ser excluyente esta situación para incoar
la protección constitucional.

SUBSIDIARIAS:

En caso de que esa H. Magistratura observe que las órdenes impartidas son
de tal gravedad para el Erario por la configuración de los requisitos de fondo
se solicita:

Primero. Sean amparados DEFINITIVAMENTE los derechos fundamentales
deprecados por la UGPP.

Segundo. Como consecuencia de lo anterior:

a.- Se DEJE SIN EFECTOS las decisiones dictadas en proceso contencioso
No. 11001-3335-009-2014-00385-00 por el JUZGADO 51 ADMINISTRATIVO
DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ y EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN E, de fechas 01 de
noviembre de 2016 y del 26 de junio de 2020, respectivamente.

b.- Se ORDENE al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN E dictar nueva sentencia ajustada a
derecho, esto es, revocando la decisión del 01 de noviembre de 2016 y, en
consecuencia, negando las pretensiones orientadas al reconocimiento de la
pensión gracia favor de la señora ALEJANDRINA ROMERO DE ROMERO,
en razón a que no se acreditaron los requisitos legales a la luz de la
jurisprudencia para acceder a este beneficio”.

4. Pruebas relevantes

Se allegó copia de la sentencia de 1º de noviembre de 2016, proferida por el
Juzgado Cincuenta y Uno Administrativo del Circuito de Bogotá y de la sentencia
de 26 de junio de 2020 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección “E”, dictadas en el marco de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado con el Nº 2014-0385-01, actor: Alejandrina
Romero de Romero.

5. Trámite procesal

Por auto de 17 de noviembre de 2021, la Subsección “A” de la Sección Segunda
del Consejo de Estado admitió la demanda y ordenó notificar a la demandante y a
la autoridad judicial accionada. Igualmente, al señor Héctor Julio Romero
Alvarado, como tercero interesado en el resultado del proceso.

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Demandante: UGPP

6. Oposición

6.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección “E”

El ponente de la decisión objetada relató las actuaciones del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, e indicó que en la sentencia del 26 de junio
de 2020, dio cumplimiento a la orden emitida en el fallo del 28 de mayo de esa
misma anualidad proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado.

6.2. El tercero vinculado con interés en el resultado del proceso guardó silencio.

7. Sentencia de tutela impugnada

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, mediante sentencia de
14 de diciembre de 2021, declaró improcedente la solicitud, luego de evidenciar
que incumplía con el requisito general de procedibilidad de la inmediatez, habida
cuenta de que entre el momento de notificación de la providencia objetada y la
presentación de la solicitud habían transcurrido un (1) año, tres (3) meses y
catorce (14) días, término que excede el plazo fijado jurisprudencialmente para
este efecto.

Destacó que aun cuando la parte demandante alega que cumplió con el término
de inmediatez pues, en su criterio, este debe contabilizarse desde el momento en
que interpuso el recurso extraordinario de revisión en contra de la sentencia de
segunda instancia objetada, esto es, el 26 de mayo de 2021, dicha tesis no era de
recibo, pues cuando aquella interpuso el medio extraordinario ya habían
transcurrido más de seis meses desde la notificación de la providencia de 26 de
junio de 2020 que se controvierte, situación que desvirtuaba, tanto la urgencia en
la protección de los derechos fundamentales invocados, como la utilización de
esta acción constitucional como mecanismo transitorio, pues para ello debe
satisfacerse, junto con las demás causales generales de procedibilidad, el
requisito de la inmediatez.

8. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, el
apoderado de la accionante impugnó el fallo de primera instancia y solicitó que se
revocara, en escrito idéntico al de la solicitud de amparo.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.

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2. Planteamiento del problema jurídico

Corresponde a la Sala, en los términos del escrito de impugnación, determinar si
revoca el fallo de 14 de diciembre de 2021, proferido por la Sección Segunda,
Subsección “A” de esta Corporación, en el que se declaró improcedente la acción
de tutela promovida por la parte demandante por incumplir con el requisito de
inmediatez.

En caso de que la solicitud cumpla con la totalidad de los requisitos de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, corresponde a la Sala
establecer si la sentencia de 26 de junio de 2020, mediante la cual el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “E”, en fallo de
reemplazo, confirmó la decisión de primera instancia que accedió a las
pretensiones, en el marco de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho
que la señora Alejandrina Romero de Romero promovió contra la UGPP, incurre
en i) defecto fáctico, por omisión e indebida valoración de las pruebas allegadas
al proceso, en particular del expediente laboral de la señora Romero de Romero,
ii) defecto sustantivo, por reconocer una prestación sin el lleno de los requisitos
definidos en las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, y en iii)
desconocimiento del precedente judicial fijado por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección “B”, en la sentencia de 11 de abril de 2019, en el
que revaluó la postura sobre la procedencia del reconocimiento del beneficio
laboral teniendo en cuenta los tiempos cotizados en la ETB, y determinó que debía
verificarse en cada caso la clase de vinculación del reclamante, la naturaleza
jurídica del empleador, la remuneración obtenida por los servicios prestados y si
aquellos aspectos eran iguales a los de los docentes territoriales.

3. De la subsidiariedad de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición que
dicha solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable.”

Dada su naturaleza subsidiaria, esta acción sólo procede cuando no existen otros
medios de defensa judicial para amparar los derechos fundamentales invocados o,
en su defecto, siempre que ello sea necesario para evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio de
protección.

A su turno, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de
tutela es improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial, a menos
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, en
los siguientes términos:

“(..) La acción de tutela no procederá:

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1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el
solicitante”.

Tanto la Constitución Política como el Decreto 2591 de 1991, dan la posibilidad al
juez de tutela de valorar las circunstancias particulares de cada caso y determinar
si la acción de tutela es procedente o, si por el contrario, existen otros medios
jurídicos que permiten satisfacer los derechos fundamentales del actor.

Siguiendo estos parámetros, la jurisprudencia constitucional ha extendido los
efectos del requisito de subsidiariedad, al considerar que el sólo hecho de que
existan otros medios de defensa judicial, no hace que automáticamente la acción
de tutela se torne improcedente, ya que bajo ciertas circunstancias el carácter
subsidiario y residual de la misma puede llegar a tener algunas excepciones. Así
lo precisó la Sala Plena de la Corte Constitucional en sentencia SU- 263 de 20151:

“(i) Cuando los medios ordinarios de defensa judicial no son lo
suficientemente idóneos y eficaces para proteger los derechos presuntamente
conculcados;

(ii) Aun cuando tales medios de defensa judicial sean idóneos, de no
concederse la tutela como mecanismo transitorio de protección, se produciría
un perjuicio irremediable a los derechos fundamentales.

(iii) Cuando el accionante es un sujeto de especial protección constitucional
(personas de la tercera edad, personas discapacitadas, mujeres cabeza de
familia, población desplazada, niños y niñas, etc.), y por tanto su situación
requiere de particular consideración por parte del juez de tutela."2 (Negrilla por
fuera del texto)

De esta forma, el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela ha servido
para restringir su procedencia, como quiera que el sistema judicial permite a las
personas valerse de diversas acciones ordinarias y extraordinarias que pueden ser
eficaces para la defensa de sus derechos3, ya que si bien, la regla de la
subsidiariedad debe aplicarse de forma general para determinar la procedencia de
la acción de tutela, el juez constitucional puede llegar a intervenir en algunos
casos en los que se demuestre que no existe otro medio de defensa judicial o que
a pesar de existir no es idóneo ni eficaz, cuando se pretenda evitar un perjuicio
irremediable o cuando el accionante es un sujeto de especial protección
constitucional, lo anterior, teniendo en cuenta que la finalidad de la acción de
amparo es la protección de los derechos fundamentales.

1
Véase al respecto: Corte Constitucional, sentencia T-656 de 2006, M.P. María Victoria Calle
Correa, sentencia T-435 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-768 de 2005 M.P. Jaime
Araújo Rentería, sentencia T-651 de 2004 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, y T-1012 de 2003
M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
2
Corte Constitucional, sentencia SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
3
Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-301 de 2009, M.P. Mauricio González Cuervo.
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En conclusión, para la procedencia de la acción de tutela cuando exista otro medio
de defensa judicial, el juez constitucional debe tener en cuenta la eficacia e
idoneidad del otro medio, o si se encuentra frente a un perjuicio irremediable,
circunstancias que son determinantes a fin de valorar la procedencia formal del
amparo constitucional.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. La Sala precisa que si bien en primera instancia el juez de tutela declaró la
improcedencia de la solicitud de amparo constitucional por incumplir con el
requisito objetivo de la inmediatez en su presentación, la particularidad del caso,
en el que la pretensión gravita en torno a que se suspendan los efectos de una
decisión judicial en la que se ordenó el reconocimiento y pago de un derecho
pensional, conlleva que el análisis de procedencia de la acción se deba hacer a
partir del cumplimiento del requisito de la subsidiariedad, teniendo en cuenta que
esta acción se promueve como mecanismo transitorio y que se encuentra en curso
otro medio de defensa judicial (recurso extraordinario de revisión), como lo
sostiene la entidad actora.

4.2. Conforme con lo anterior, en tanto se trata de la pretensión principal elevada
por la entidad accionante en la acción de tutela, la Sala debe verificar si la
presente acción de tutela procede como mecanismo transitorio para suspender las
decisiones judiciales dictadas en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho que originó la controversia, para lo que se requiere la configuración de un
perjuicio irremediable.

Como se anticipó, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la
Constitución Política, el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 y la reiterada
jurisprudencia constitucional sobre el asunto, la acción de tutela tiene un carácter
residual y subsidiario. Dada su naturaleza supletoria, esta acción solo procede
cuando no existen otros medios de defensa judicial para amparar los derechos
fundamentales invocados o, en su defecto, siempre que ello sea necesario para
evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como
mecanismo transitorio de protección.

Cabe resaltar que en cuanto al perjuicio irremediable, se deben seguir los criterios
jurisprudenciales fijados por la Corte Constitucional en la sentencia SU-695 de
20154, según la cual debe comprobarse que el perjuicio alegado sea (i)
inminente, es decir, que amenaza o está por suceder prontamente, esto es,
tiende a un resultado cierto derivado de una causa que está produciendo la
inminencia; (ii) que las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio
irremediable sean urgentes, en el sentido de que se debe precisar una medida o
remedio de forma rápida que evite la configuración de la lesión; (ii) grave, pues el
daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona, debe ser
de gran intensidad y, por último, que (iii) la urgencia y la gravedad hagan que la
acción de tutela sea impostergable, ya que tiene que ser adecuada para
restablecer el orden social justo en toda su integridad.

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M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
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Demandante: UGPP

Así mismo, en la sentencia T-127 de 20145, la Corte Constitucional indicó que
“quien afirma una vulneración de sus derechos fundamentales con estas
características debe acompañar su afirmación de alguna prueba, al menos
sumaria, pues la informalidad de la acción de tutela no exonera al actor de probar,
aunque sea de manera sumaria, los hechos en los que basa sus pretensiones”.

4.3. En el presente caso, la entidad actora solicitó que se habilitara la procedencia
de la acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar la configuración de
un perjuicio irremediable a pesar de encontrarse en curso el recurso extraordinario
de revisión que interpuso, pues, considera, la ejecución de las sentencias de 26 de
junio de 2020 y 1º de noviembre de 2016, proferidas, en su orden, por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “E” y el Juzgado
Cincuenta y Uno Administrativo del Circuito de Bogotá, constituyen un abuso del
derecho y una grave afectación al erario y a los recursos del sistema general de
pensiones y su sostenibilidad financiera.

Del análisis de los argumentos planteados por la accionante para demostrar la
inminencia, urgencia, gravedad e impostergabilidad del perjuicio alegado, la Sala
observa que los mismos se sintetizan en que en el caso “se deben efectuar una
serie de pagos de sumas de dineros que comprometen seriamente los recursos
del sistema general de pensiones y asumir el reconocimiento de la pensión gracia,
sin que se hayan adecuado de manera acertada los preceptos jurídicos para ello”.

Para la Sala dicho argumento no es de recibo, en tanto la pensión gracia que se
predica ilegal fue reconocida por el juez natural del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, por lo que dicha decisión goza de presunción de
veracidad y acierto y, en ese sentido, será el juez que conozca del recurso
extraordinario de revisión interpuesto por la entidad actora, quien determine si se
configura la causal invocada y si procede o no la pretensión relativa a dejar sin
efectos los mencionados fallos judiciales, que reconocieron la prestación que se
censura.

En este sentido, la acción de tutela es improcedente en cuanto a la pretensión de
suspensión de los efectos de las sentencias de 26 de junio de 2020 y 1º de
noviembre de 2016, por medio de las cuales el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “E” y el Juzgado Cincuenta y Uno
Administrativo del Circuito de Bogotá reconocieron el derecho a la pensión gracia
de la señora Alejandrina Romero de Romero, dado que la gravedad del perjuicio
alegado se basa en conjeturas de la entidad accionante sobre la legalidad de la
prestación reconocida por vía judicial, tema que será objeto del recurso
extraordinario de revisión que en la actualidad se encuentra en curso, y que no es
suficiente para demostrar la configuración de un perjuicio irremediable que permita
realizar el análisis de fondo solicitado6.

Conforme con lo anterior, la Sala confirmará la decisión impugnada, que declaró la
improcedencia de la solicitud de amparo elevada por la UGPP, pero en el
entendido de que la improcedencia se da no por el incumplimiento del requisito de
5
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
6
En relación con la necesidad de aportar prueba siquiera sumaria del prejuicio irremediable, véase
adicionalmente, la sentencia T-471 de 2015, M.P. Mauricio González Cuervo.
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-08085-01
Demandante: UGPP

la inmediatez en su presentación, sino porque se desatendió el requisito de
subsidiariedad.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero.- CONFÍRMASE la sentencia de 14 de diciembre de 2021, proferida por
la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado, por las razones aquí
expuestas.

Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.

Cuarto.- REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que
surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución
Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

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