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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-08087-00

Fecha
30 de octubre de 2023
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-08087-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la UGPP contra la sentencia proferida por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado del 6 de agosto de 2020, dentro del expediente 25000-23-42-000-2014-02546-01(3909-16). SEGUNDO: Sin condena en costas.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2021-08087-00

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

30 de octubre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA VEINTISÉIS (26) ESPECIAL DE DECISIÓN
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ (E)

Bogotá, D.C., treinta (30) de octubre dos mil veintitrés (2023)

Expediente: 11001-03-15-000-2021-08087-00 (11579)
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social− UGPP
Demandado: Wigberto Antonio Cepeda Cabarcas
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

Procede la Sala a resolver el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra
la sentencia proferida por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de
Estado, a través de la cual se confirmó parcialmente la sentencia de primera
instancia y se accedió a las pretensiones del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho a favor de Wigberto Antonio Cepeda Cabarcas.

I. ANTECEDENTES

Demanda inicial y su fundamento

1. El señor Wigberto Antonio Cepeda Cabarcas se desempeñó como juez de la
república entre el 16 de febrero de 1967 y el 22 de septiembre de 1971; trabajó en
el Ministerio de Minas entre el 21 de enero de 1982 y el 14 de septiembre de 1982,
como Profesional Especializado 3010-10, en el Fondo Nacional del Ahorro entre el
21 de julio de 1986 y el 17 de julio de 1988, como Jefe de Sección Grado 06; en el
Ministerio de Comunicaciones entre el 24 de enero de 1989 y el 21 de marzo de
1990, como Profesional Universitario 30-06; en la Rama Judicial entre el 22 de
marzo de 1990 y el 30 de junio de 1992, como Juez Once de Instrucción Criminal y
en la Fiscalía General de la Nación entre el 1° de julio de 1992 y el 8 de abril de
2003, como de Fiscal Delegado ante los Jueces del Circuito de la Dirección
Seccional de Fiscalías de Bogotá.

2. La Caja Nacional de Previsión Social (en adelante CAJANAL) en Resolución n.°
262121 de 29 de diciembre de 2003 le reconoció una pensión de vejez por
$2.810.838,38. Inconforme, el señor Cepeda Cabarcas presentó una acción de
tutela y solicitó la reliquidación. En sentencia del 30 de julio de 20042, el Tribunal
Superior de Distrito Judicial de Bogotá− Sala Penal ordenó a CAJANAL reliquidar la
mesada pensional tomando como base el 75% de la asignación mensual más

1 SAMAI, índice 2, archivo 4, folios 205 a 209.
2 SAMAI, índice n.°2, archivo 4, folios 220 a 227.

Expediente: 11001-03-15-000-2021-08087-00 (11579)
Demandante: UGPP
Demandado: Wigberto Antonio Cepeda Cabarcas
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

elevada devengada durante el último año de servicios, de conformidad con lo
previsto en el Decreto 546 de 1971. CAJANAL, en Resolución n.° 21151 de 8 de
octubre de 20043, dio cumplimiento a la decisión judicial y reliquidó la pensión en la
suma de $3.108.473.

3. El 30 de octubre de 2013, Wigberto Antonio Cepeda Cabarcas solicitó a la
sucesora de CAJANAL, la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante la UGPP), la
revisión de la Resolución n.° 21151 de 8 de octubre de 2004, al considerar que su
pensión no se liquidó con la asignación mensual más elevada devengada en el
último año de servicios. La UGPP, mediante Resolución RDP 051420 de 6 de
noviembre de 20134, negó la solicitud. Inconforme, presentó una solicitud de
revocatoria del acto administrativo que la UGPP, en Resolución RDP 055528 de 5
de diciembre de 20135, despachó desfavorablemente.

4. El señor Wigberto Antonio Cepeda Cabarcas presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho6 en contra de las Resoluciones RDP 051420 de 6 de
noviembre de 2013 y RDP 055528 de 5 de diciembre siguiente. Como
restablecimiento, solicitó (i) reliquidar su pensión de vejez con el 75% de la
asignación mensual más elevada devengada durante el último año de servicios,
esto es, entre el 8 de marzo de 2002 y el 7 de abril de 2003; (ii) liquidar y pagar a
su favor las diferencias entre lo pagado conforme a la Resolución n.° 21151 de 8 de
octubre de 2004 y las resultas del proceso; (iii) reconocer y pagar las actualizaciones
e intereses a que haya lugar; y, (iv) condenar en costas y agencias en derecho del
proceso a la demandada.

5. El 6 de mayo de 20167, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la
nulidad de las Resoluciones RDP 051420 de 6 de noviembre de 2013 y RDP 055528
de 5 de diciembre de siguiente. También declaró la excepción de prescripción frente
a las mesadas causadas con anterioridad al 17 de junio de 2011. A título de
restablecimiento del derecho le ordenó a la UGPP reliquidar y pagar la pensión de
vejez del actor en cuantía equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada
devengada en el último año de servicios, esto es, entre el 8 de abril de 2002 y el 7
de abril de 2003, incluyendo como factores salariales la asignación básica, gastos
de representación, prima especial de servicios, prima de servicios, prima de
vacaciones, bonificación por servicios, prima de navidad, así como la prima de
servicios y la indemnización de prima de vacaciones causadas dentro de ese mismo
periodo, y los reajustes a la asignación básica y los gastos de representación, que
igualmente se hayan causado en dicho interregno, a partir del 8 de abril de 2003
pero con efectos fiscales a partir del 17 de junio de 2011, por prescripción trienal,
con los reajustes anuales de ley. Precisó que aquellos emolumentos que se causen
de forma anual, deberían liquidarse con el 75% de sus doceavas partes. También
ordenó pagar las diferencias de conformidad con las resultas del proceso y aplicar

3 SAMAI, índice n.°2, archivo 4, folios 228 a 232.
4 SAMAI, índice n.°2, archivo 4 folios 298 a 302.
5 SAMAI, índice n.° 2, archivo 4, folios 770 a 773.
6 SAMAI, índice n.° 21, archivo 25 cuaderno principal 2014-002546, folios 2 a 8.
7 SAMAI, índice n.° 2, archivo 4, folios 413 a 446.

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Expediente: 11001-03-15-000-2021-08087-00 (11579)
Demandante: UGPP
Demandado: Wigberto Antonio Cepeda Cabarcas
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

a las sumas que resulten a favor del actor, la indexación prevista en el artículo 187
del CPACA.

Sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión

6. Corresponde a la decisión adoptada el 6 de agosto de 20208, mediante la cual la
Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado confirmó parcialmente la
sentencia de primera instancia.

7. La Sección Segunda advirtió que los factores salariales devengados por el
demandante en el último año de servicios, sufrieron un incremento originado en la
ley, el cual fue debidamente reconocido y pagado por la demandada; por ello,
dispuso reliquidar la mesada pensional del demandante tomando como base el 75%
de la asignación más elevada devengada en el último año de servicios − entre el 8
de abril de 2002 y el 7 de abril de 2003− incluyendo, además de los factores
reconocidos en sede administrativa, los valores actualizados y certificados
correspondientes a la asignación básica, los gastos de representación, la
bonificación por servicios prestados y la prima especial.

8. Finalmente, la Sección Segunda aclaró que la decisión no desconoció la
sentencia de unificación CE-SUJ-S2-021-20 del 11 de junio de 20209, pues la
controversia de la reliquidación de la pensión de vejez con base en el 75% de la
asignación mensual más alta devengada en el último año de servicios, ya había sido
resuelta con anterioridad en la sentencia de tutela de 30 de julio de 2004.

El recurso extraordinario de revisión

9. La parte recurrente solicitó que se declarara la nulidad parcial de la sentencia
antes indicada por haber incurrido en la causal prevista en el literal b) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003, esto es, por “[c]uando la cuantía del derecho reconocido
excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran
legalmente aplicables”.

10. Indicó que la Sección Segunda del Consejo de Estado se apartó de la ley y de
la sentencia de unificación CE-SUJ-S2-021-20 de 11 de junio de 2020, al ordenar la
reliquidación de la mesada pensional con base en el 75% de la asignación más
elevada devengada en el último año de servicios y la inclusión de los valores
actualizados y certificados correspondientes a la asignación básica, los gastos de
representación, la bonificación por servicios prestados y la prima especial, como
factores para determinar el IBL. En su criterio, la sentencia debió analizar las reglas
previstas en el artículo 36 inciso 3 de la Ley 100 de 1993 y, conforme a ellas, ordenar
que la reliquidación de la pensión se calculara conforme al promedio del 75% de lo

8 SAMAI, índice n.° 2, archivo 4, folios 483 a 511.
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Rad. 15001 23 33 000 2016 00630 01 (4083-2017), sentencia de

unificación SUJ-S2-021-20 de 11 de junio de 2020.

3

Expediente: 11001-03-15-000-2021-08087-00 (11579)
Demandante: UGPP
Demandado: Wigberto Antonio Cepeda Cabarcas
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

devengado en los últimos 7 años, 6 meses y 25 días de servicio −entre el 1 de abril
de 1994 y el 7 de abril de 2003− y los factores salariales del Decreto 1158 de 1994
y demás relacionados, sobre los que se haya cotizado10.

Oposición e intervenciones

11. El señor Wigberto Antonio Cepeda Cabarcas guardó silencio.

12. En su concepto, el Ministerio Público solicitó declarar infundado el recurso
extraordinario de revisión. Expuso que en el proceso ordinario no se cuestionó el
ingreso base de liquidación del 75% de la asignación mensual más elevada
devengado en el último año de servicios, pues este aspecto ya había sido resuelto
tanto en sede judicial mediante la sentencia de 30 de julio de 2004, como en sede
administrativa en la Resolución n.° 21151 de 8 de octubre de 2004. Sobre el
desconocimiento de las reglas de unificación previstas en la sentencia CE-SUJ-S2-
021-20 de 11 de junio de 2020, precisó que estas no se aplican para este caso, toda
vez que la controversia objeto de debate se agotó en sede administrativa y judicial 11.

Período probatorio

13. En proveído del 28 de abril de 202312 se incorporaron como pruebas los
documentos aportados con el recurso y el expediente del proceso ordinario con rad.
nº. 25000-23-42-000-2014-02546-00.

II. CONSIDERACIONES

Objeto del recurso extraordinario formulado

14. El problema jurídico se contrae a determinar si la sentencia del 6 agosto de 2020
proferida por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado debe ser
revisada de estará acreditado que se ordenó el pago de una pensión por una cuantía
que excedió lo debido de acuerdo con la ley. Para estos efectos, la Sala discurrirá
en su análisis, verificando si efectivamente está dado el supuesto referido, sobre la
base de la precisión del momento en que fue reconocido el derecho pensional, con
miras a verificar los supuestos legales y jurisprudenciales aplicables en la materia.

15. La Sala parte por indicar que las pensiones reconocidas con cargo al erario
pueden ser revisadas “Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo
debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables”. Sobre la teleología de esta causal el Consejo de Estado ha explicado,
entre otras cosas, que:

10 SAMAI, índice n.°2, archivo 2, folios 1 a 14.
11 SAMAI, índice n.° 23, archivo 26, folios 1 a 16.
12 SAMAI, índice n.° 25, archivo 29, folios 1 a 3.

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Expediente: 11001-03-15-000-2021-08087-00 (11579)
Demandante: UGPP
Demandado: Wigberto Antonio Cepeda Cabarcas
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

(i) Tiene como propósito de fortalecer el principio de moralidad que impone el
reconocimiento de una pensión, el cual debe estar precedido de un examen
exigente y riguroso frente a los montos autorizados, pues un exceso en tales sumas
contrario a lo dispuesto legalmente, afecta la liquidez y solvencia del sistema
pensional, el interés general y los principios de solidaridad, universalidad y
sostenibilidad financiera que gobiernan el sistema de seguridad social;

(ii) Aun cuando la revisión de una decisión judicial colisiona con los principios de
cosa juzgada y seguridad jurídica, éstos deben ceder excepcionalmente ante el fin
legítimo de identificar y ajustar la pensión cuya cuantía exceda aquella derivada del
derecho reconocido conforme a la ley.

(iii) Esta causal se fundamenta en la inviabilidad de reconocer una pensión con un
monto superior al que corresponda por mandato legal, por lo que debe referir
exclusivamente “a la mayor liquidación del derecho”.

El régimen de transición en el sistema general de pensiones

16. La demanda que se resuelve, hace referencia a un derecho pensional
reconocido en el contexto del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, de ahí
que sea necesario precisar sus bases y desarrollos jurisprudenciales que de tiempo
en tiempo vinieron a fijarlo.

17. La Ley 100 de 199313 fue expedida por el Congreso de la República con el fin
de, entre otros, unificar la normativa pensional con ocasión de la diversidad de
regímenes pensionales especiales existentes antes de su promulgación, a partir de
una reforma general al sistema de seguridad social.

18. Por tanto, con la vigencia de la Ley 100 de 1993 las condiciones pensionales
anteriores fueron modificadas, sin perjuicio de lo cual, con el objetivo de evitar
menoscabar los derechos y las expectativas legítimas de las personas que se
encontraban próximas a ser pensionadas o tuviesen cierto tiempo de servicio bajo
los regímenes anteriores, estableció un mecanismo de protección para quienes a
su entrada en vigencia tenían cierta edad o número de semanas de cotización,
reconociendo la posibilidad de pensionarse con algunas condiciones propias de los
regímenes abolidos.

19. Bajo el régimen de transición, aquellas personas que al momento de entrar en
vigencia el sistema de seguridad social integral (1° de abril de 1994) contaran con
treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres, o cuarenta (40) o más años
de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, se les
reconocerá la pensión de vejez de conformidad con el régimen anterior al cual se
encontraban afiliados, en relación con la edad, el tiempo de servicio y el monto de
la pensión.

13 “Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”.

5

Expediente: 11001-03-15-000-2021-08087-00 (11579)
Demandante: UGPP
Demandado: Wigberto Antonio Cepeda Cabarcas
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

20. En relación con el concepto de monto y los factores para establecer el ingreso
base de liquidación (IBL), desde la expedición de la norma se plantearon diversas
interpretaciones que en los años subsiguientes dieron lugar a decisiones
encontradas entre las altas corporaciones judiciales.

21. Inicialmente, la Corte Constitucional en sentencia C-168 de 1995, al estudiar la
constitucionalidad de los incisos 2º y 3º del artículo 36 citado, destacó el interés y
objetivo del legislador por salvaguardar las expectativas de quienes estaban
próximos por edad, tiempo de servicios o número de semanas cotizadas de adquirir
el derecho a la pensión de jubilación, sin embargo, no dispuso reglas específicas
frente a la interpretación del artículo, o sobre si el monto estaba o no ligado al
concepto de base de liquidación14.

22. En providencias posteriores15, la Corte Constitucional aseveró que se vulneran
los derechos pensionales cuando no se aplica en su integridad el régimen en el que
se encuentra amparado el beneficiario de la transición, de manera que el monto y
la base de liquidación de la pensión forman una unidad inescindible y, por tanto, el
régimen de transición imponía implementar la totalidad de lo establecido en el
régimen anterior.

23. Por su parte, las subsecciones A y B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, adoptaron el criterio según el cual el monto de la pensión está conformado
por la tasa de reemplazo y el IBL, de manera que la persona beneficiaria de la
transición tenía derecho al reconocimiento pensional, como había concluido
también la Corte Constitucional, con aplicación íntegra del régimen anterior y que
regía su situación jurídica.

24. La anterior posición fue además afianzada por el Consejo de Estado en
sentencia de unificación del 4 de agosto de 201016, donde al analizar la reliquidación
de la pensión de un empleado bajo el régimen especial de la Ley 33 de 1985, y cuya
situación particular se enmarcaba dentro de la transición consagrada en el artículo
36 de la Ley 100 de 1993, explicó que el régimen de transición corresponde a “…un
beneficio consagrado en favor de las personas que cumplan determinados
requisitos, para que al entrar en vigencia la nueva ley, en lo que atañe a la edad,
tiempo de servicio o número de semanas cotizadas y monto de la pensión, se sigan
rigiendo por lo establecido en el régimen anterior al cual se encontraban afiliados” y
que “…la Ley 33 de 1985 no indica en forma taxativa los factores salariales que
conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente
enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el
trabajador durante el último año de prestación de servicios”.

14 En esta providencia la Corte solo se pronunció frente a la diferenciación que realizaba la normativa original

entre trabajadores de los sectores público y privado. Sobre este tema ver Consejo de Estado. Sección Segunda.
Subsección B. Sentencia del 14 de octubre de 2021. C.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Exp. 11001-03-25-000-
2016-01027-00 (4655-16).
15 Entre otras, pueden verse las sentencias T-1122 de 2000, T-1000 de 2002, T-169 de 2003, T-830 de 2004, C-

177, T-1087 de 2006, T-711 de 2007, T-248 de 2008 y T-610 de 2009.
16 Consejo de Estado. Sección Segunda. C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. Exp. 25000-23-25-000-2006-

07509-01 (112-2009).

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Expediente: 11001-03-15-000-2021-08087-00 (11579)
Demandante: UGPP
Demandado: Wigberto Antonio Cepeda Cabarcas
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

25. Posteriormente, en sentencia C-258 de 2013 y al estudiar la constitucionalidad
del artículo 17 de la Ley 4ª de 1992, concerniente al régimen pensional de los
congresistas, la Corte Constitucional varió su posición y concluyó, entre otras cosas,
que (i) “Como factores de liquidación de la pensión solo podrán tomarse aquellos
ingresos que hayan sido recibidos efectivamente por el beneficiario, tengan carácter
remunerativo del servicio y sobre los cuales se hubieren realizado las cotizaciones
respectivas”; y (ii) “Las reglas sobre ingreso base de liquidación (IBL) aplicables a
todos los beneficiarios de este régimen especial, son las contenidas en los artículos
21 y 36, inciso tercero, de la Ley 100 de 1993, según el caso”.

26. Además, en sentencia SU-230 de 2015, la Sala Plena de la Corte Constitucional
aclaró respecto de las reglas aplicables al IBL antes indicadas y establecidas en el
fallo C-258 de 2013, que “…el IBL no es un aspecto de la transición y, por tanto, son
las reglas contenidas en este [artículo 36 de la Ley 100 de 1993] las que deben
observarse para determinar el monto pensional con independencia del régimen
especial al que se pertenezca”.

27. Acompasada con la anterior determinación, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado profirió sentencia de unificación el 28 de
agosto de 201817, donde precisó que en el inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 el legislador excluyó del régimen de transición la expectativa de obtener la
pensión con el IBL que consagraba el régimen previo al que se encontraban afiliados
al entrar en vigor aquella, de manera que, según el principio de favorabilidad, al
momento de la liquidación pensional, se debe determinar el IBL más benéfico para
el pensionado, en la medida en que el régimen de transición permite optar por el
promedio de lo cotizado durante: (i) el lapso que le hiciere falta entre la entrada en
vigor de la Ley 100 (1º de abril de 1994) y la adquisición del estatus pensional, si
fuere inferior a 10 años; (ii) todo el tiempo, si el monto es superior, actualizado
anualmente con el índice de precios al consumidor (IPC); o (iii) los últimos 10 años,
conforme al artículo 21 ibidem.

28. Se determinó, además, que la tesis que adoptó la Sección Segunda de la
Corporación en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, según la cual
el artículo 3 de la Ley 33 de 1985 no señalaba en forma taxativa los factores
salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que estaban
simplemente enunciados y no impedían la inclusión de otros conceptos devengados
por el trabajador, va en contravía de los principios de solidaridad y sostenibilidad
financiera en materia de seguridad social, desconociendo la voluntad del legislador
al expedir la Ley 100 de 1993, quien bajo el régimen de transición fijó el IBL como
elemento que permite cumplir “…con la finalidad no solo de unificar la base de la
pensión para todos aquellos que estaban próximos a pensionarse, sino como

17 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 28 de agosto de 2018. C.P.

César Palomino Cortés. Exp. 52001-23-33-000-2012-00143-01. Posición reiterada por la Sección Segunda del
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 11 de junio de 2020. C.P. César Palomino Cortés. Exp.
52001-23-33-000-2012-00143-01 (4403-2013).

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Expediente: 11001-03-15-000-2021-08087-00 (11579)
Demandante: UGPP
Demandado: Wigberto Antonio Cepeda Cabarcas
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

manifestación de los principios de solidaridad, universalidad y sostenibilidad
financiera para garantizar la viabilidad futura del Sistema General de Pensiones”.

29. Por tanto, concluyó el Consejo de Estado que, para efectos de liquidar la pensión
de jubilación en el régimen de transición, el IBL está regulado por el inciso 3º de la
Ley 100 de 1993, pues al momento de estructurar los beneficios de ese régimen fue
el propio legislador quien dispuso que estaría gobernado en unos aspectos por la
normativa que antes de entrar en vigor se aplicaba al beneficiario, y en otros, por el
régimen en comento, que incluye la determinación del IBL18, de manera que los
factores salariales para tal fin no pueden incluir todos aquellos devengados por el
trabajador en los términos del régimen anterior (en este caso Ley 33 de 1985), sino
únicamente aquellos respecto de los cuales se hubiesen realizados los
correspondientes aportes.

30. Ahora bien, en sentencia de unificación CE-SUJ-S2-021-20 del 11 de junio de
2020, la Sección Segunda del Consejo de Estado definió la aplicación del régimen
de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 para los exempleados de la
Rama Judicial, bajo el entendido de que la pensión se debe reconocer con los
elementos del artículo 6 del Decreto 546 de 1971, que son: a) edad de 50 años en
mujeres y 55 años en hombres b) tiempo de servicios de 20 años continuos o
discontinuos c) de los 20 años de servicio, por lo menos 10 años debieron prestarse
en la Rama Judicial o el Ministerio Público; d) la tasa de reemplazo del 75% y e) el
ingreso base de liquidación de que tratan los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de
1993, según el caso, esto es, si le faltaren más de 10 años, será el promedio de los
salarios o rentas sobre los cuales se hubiere cotizado durante los 10 años anteriores
al reconocimiento pensional y si faltare menos de 10 años, el IBL sería (i) el
promedio de lo devengado en el tiempo que hiciere falta o (ii) el cotizado durante
todo el tiempo (el que fuere superior) y f) con los factores de liquidación previstos
por el artículo 1 del Decreto 1158 de 1994, así como los del artículo 14 de la Ley 4
de 1992, 1 del Decreto 3900 de 2008 y 1 del Decreto 383 de 2013, según se trate
de magistrados o empleados de la Rama Judicial o del Ministerio Público, siempre
que respecto de ellos se hubieren realizado las cotizaciones respectivas.

31. Esta decisión retomó las reglas de unificación de la sentencia de la Sala Plena
del Consejo de Estado del 28 de agosto de 201819, que resolvió la aplicación del
régimen de transición para exempleados públicos cobijados por la Ley 33 de 1985,

18 En este mismo sentido, la Corte Suprema de Justicia había señalado en su momento que “…con el régimen

de transición pensional consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no quiso el legislador mantener para
los beneficiarios la aplicación en su totalidad de la normatividad que gobernaba sus derechos pensionales, sino
solamente una parte de ella. Esta Sala de la Corte ha consolidado, por reiterado y pacífico, el criterio de que
dicho régimen comporta para sus beneficiarios la aplicación de las normas legales anteriores a la vigencia del
Sistema General de Pensiones, en tres puntuales aspectos: edad, tiempo de servicios o semanas cotizadas y
monto de la pensión. Y que el tema de la base salarial de liquidación de la pensión no se rige por tales
disposiciones legales, sino que pasa a ser regido, en principio, y para quienes les hacía falta menos de diez
años para adquirir el derecho por el inciso 3º del artículo 36 citado”. Sala de Casación Laboral, sentencia del 17
de octubre de 2008. Radicación 33.343.
19 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 28 de agosto de 2018. C.P.

César Palomino Cortés. Exp. 52001-23-33-000-2012-00143-01. Posición reiterada por la Sección Segunda del
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 11 de junio de 2020. C.P. César Palomino Cortés. Exp.
52001-23-33-000-2012-00143-01 (4403-2013).

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Expediente: 11001-03-15-000-2021-08087-00 (11579)
Demandante: UGPP
Demandado: Wigberto Antonio Cepeda Cabarcas
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

en cuanto a la correspondencia que debe haber entre los factores salariales que se
toman para liquidar la pensión y la necesidad de que el trabajador hubiera cotizado
al sistema de seguridad social sobre esos valores, para que no se vulnerara los
principios de sostenibilidad financiera y favorabilidad.

32. Es importante destacar que en ambos fallos de unificación se precisó que no
puede entenderse que las pensiones reconocidas o reliquidadas en el régimen de
transición, con fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda del Consejo
de Estado, lo fueron per se con abuso del derecho o fraude a la ley, por lo que “…si
se llegare a interponer un recurso extraordinario de revisión contra una sentencia
que haya reconocido una pensión bajo esa tesis, será el juez, en cada caso, el que
defina la prosperidad o no de la causal invocada”.

33. Con fundamento en lo anterior, la Secciones Segunda20 y Cuarta21 del Consejo
de Estado, así como las Salas Especiales de Decisión22, han reiterado que solo
hasta el 28 de agosto de 2018 varió la tesis adoptada por la sección segunda bajo
unificación en el año 2010 en relación con el IBL de las pensiones reconocidas en
aplicación del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, de manera que, como
lo prevé el propio fallo de unificación del año 2018 y el de 2020, sus reglas tienen
carácter vinculante y obligatorio, pero solo serán aplicables a aquellos “…casos
pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de
acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en
virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables”23.

Caso concreto

34. Es importante precisar que la entidad recurrente no discute el derecho del señor
Wigberto Antonio Cepeda Cabarcas a la pensión de vejez que le fue reconocida
bajo el régimen de transición de la Ley 100 de 1993. La inconformidad de la
recurrente se circunscribe a que (i) a que se ordene una reliquidación de la mesada
pensional sobre el 75% de la asignación mensual más elevada devengada en el
último año de servicios, en lugar del promedio de los ingresos percibidos en los 10
años previos a su retiro o por el tiempo que le hiciere falta si era menos de 10 años,
según el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y (ii) a la inclusión de factores salariales
que no se encuentran contemplados en el Decreto 1158 de 1994 y que por tanto,
no pueden ser tomados para la determinación del IBL.
20 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 29 de octubre de 2020. Exp. 11001-03-

15-000-2020-03272-00. Explicó que, para el caso particular, “…no era exigible una interpretación normativa
distinta a la acogida y menos era viable determinar que la decisión no se acompasaba con una tesis
jurisprudencial que no existía para el momento en que fue proferida”.
21 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 18 de febrero de 2021 C.P. Milton Chaves García.

Exp.11001-03-15-000-2020-03272-01.
22 Consejo de Estado. Sala Especial de Decisión 12. Sentencia del 10 de septiembre de 2019. C.P. Ramiro

Pazos Guerrero, expediente 11001-03-15-000-2016-01410-00 (REV). Señaló en esa oportunidad: “Como quedó
expuesto, el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 ha tenido diferentes interpretaciones jurisprudenciales; sin
embargo, para cuando se adoptó la decisión aquí cuestionada, la interpretación mayoritaria y vigente en esta
Corporación era la sostenida en la sentencia de unificación de la Sección Segunda de 2010”.
23 Consejo de Estado. Sala Plena De Lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 28 de agosto de 2018. C.P.

César Palomino Cortés. Exp. 52001-23-33-000-2012-00143-01.

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Expediente: 11001-03-15-000-2021-08087-00 (11579)
Demandante: UGPP
Demandado: Wigberto Antonio Cepeda Cabarcas
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

35. La Sala observa que la UGPP en primera instancia guardó silencio frente a las
pretensiones del demandante, pero al resultar vencida en el proceso ordinario,
indicó que CAJANAL cumplió estrictamente con lo ordenado por la sentencia de
tutela y, en consecuencia, solicitó desestimar la petición de reliquidación pensional
y/o descontar los factores indebidamente reconocidos. En el recurso extraordinario
de revisión es cuando la recurrente cuestiona (i) la liquidación del IBL en un plazo
distinto al previsto en la Ley 100 de 1993, y (ii) la inclusión de factores salariales
que, a su juicio, no están determinados por la ley.

36. En la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, el señor Wigberto
Antonio Cepeda Cabarcas solicitó declarar la nulidad de las Resoluciones RDP
051420 de 6 de noviembre de 2013 y RDP 055528 de 5 de diciembre siguiente
expedidas por la UGPP con la inclusión de los factores salariales certificados por la
Fiscalía General de la Nación, como su última entidad empleadora.

37. En el proceso ordinario no se discutió que el señor Wigberto Antonio Cepeda
Cabarcas es beneficiario del régimen establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993. Tampoco fue objeto de controversia que CAJANAL, en cumplimiento del fallo
de tutela del 30 de julio de 2004 expidió la Resolución 21151 de 8 de octubre de
2004, mediante la cual liquidó la pensión inicialmente otorgada al señor Wigberto
Antonio Cepeda Cabarcas de conformidad con el Decreto 546 de 1971, con base
en el 75% de la asignación mensual más elevada que devengó durante el último
año de servicios, incluyendo los factores denominados asignación básica,
bonificación por servicios prestados (1/12), prima especial, gastos de
representación, prima de servicio (1/12), prima de vacaciones (1/12) y prima de
navidad (1/12), con efectividad a partir del 20 de enero de 2003.

38. Con las anteriores restricciones el ad quem determinó que, en el caso concreto
del demandante, la aplicación del Decreto 546 de 1971 era un asunto ya definido
en virtud del fallo de tutela. Por consiguiente, precisó que la controversia se centraba
en determinar si la mesada pensional debía reliquidarse conforme al 75% de la
asignación mensual más elevada que devengó durante el último año de servicios,
según la certificación expedida por la Fiscalía General de la Nación 24, como su
última entidad empleadora. Al respecto, el Tribunal señaló:

“Se tiene entonces que a la luz del régimen pensional contenido en el Decreto 546
de 1971 que corresponde aplicar en todo su contenido y el criterio jurisprudencial al
cual se ha hecho referencia, la pensión de jubilación del demandante debe
reliquidarse con el 75% de la asignación mensual más elevada que hubiere
devengado en el último año de servicios, esto es, del 08 de abril de 2002 al 07 de
abril de 2003, incluyendo para tal efecto los factores salariales denominados
asignación básica, gastos de representación, prima especial de servicios, prima de
servicios, prima de vacaciones, bonificación por servicios, prima de navidad, así

24 SAMAI, índice 2, archivo 4, folios 276 a 279.

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Expediente: 11001-03-15-000-2021-08087-00 (11579)
Demandante: UGPP
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Referencia: Recurso extraordinario de revisión

como la prima de servicios exf. y la indemnización de prima de vacaciones causadas
dentro de ese mismo periodo, y los reajustes a la asignación básica y los gastos de
representación, que igualmente se hayan causado en dicho interregno, los cuales
se encuentran debidamente certificados dentro del expediente y corresponden a la
remuneración mensual fijada para el cargo de Fiscal Delegado ante los Jueces del
Circuito −que desempeñaba el actor al momento del retiro definitivo del servicio− de
conformidad con lo señalado en el artículo 4°del Decreto 3549 de 2003.

Respecto de los emolumentos denominados sueldo de vacaciones, prima
especial de servicios vacaciones e indemnización sueldo vacaciones, ha de
indicar la Sala que si bien los mismos fueron devengados por el actor dentro del año
inmediatamente anterior al retiro definitivo del servicio, dichos conceptos no tienen
incidencia pensional” (Subrayas y negrillas dentro de texto).

39. La sentencia recurrida, antes de abordar la cuestión impugnada aclaró que la
Resolución 21151 de 8 de octubre de 2004 “[r]eliquidó la pensión de vejez con base
en factores salariales que no se encontraban enlistados en las normas
mencionadas25 valga decir: prima de servicios, vacaciones y navidad; no obstante,
por no ser ese el objeto de la presente controversia26, pues fueron únicamente
objeto de demanda en el presente medio de control los actos administrativos que
negaron la reliquidación pensional (RDP 51420 de 6 de noviembre de 2013 y RDP
55528 de 5 de diciembre de 2013), esta Sala se abstendrá de efectuar
pronunciamiento alguno a ese respecto.

40. También aclaró que las reglas previstas en la sentencia de unificación CE-SUJ-
S2-021-20 de 11 de junio de 2020 no eran aplicables al caso del actor, porque la
controversia para determinar el IBL para la reliquidación de su mesada pensional ya
había sido definida en sede judicial por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de
Bogotá− Sala Penal en sentencia de 30 de julio de 2004. En consecuencia, la
decisión de unificación “[n]o tiene efectos respecto de aquellos asuntos en los que
ya existe sentencia ejecutoriada. En tal virtud, los conflictos judiciales ya resueltos
están amparados por la cosa juzgada y en consecuencia resultan inmodificables”27.

41. Enseguida precisó que de acuerdo con la certificación de la Fiscalía General de
la Nación expedida el 26 de junio de 2013, la última asignación devengada por el
actor fue de $ 2.778.541 y por gastos de representación percibió $ 926.181, sumas
que resultan superiores a las que tuvo en cuenta CAJANAL al momento de reliquidar
la pensión de vejez, en la Resolución 21151 de 8 de octubre de 2004.

42. Por consiguiente, la Sección Segunda al evidenciar demostrado un incremento
de los factores salariales devengados por el demandante en el último año de

25 Decreto 1158 de 1994; artículo 14 de la Ley 4ª. de 1992 con la modificación de la Ley 332 de 1996; artículo

1. ° del Decreto 610 de 1998; artículo 1. ° del Decreto 1102 de 2012; artículo 1. ° del Decreto 2460 de 2006;
artículo 1. ° del Decreto 3900 de 2008; y artículo 1. ° del Decreto 383 de 2013 (nota al pie fuera de texto).
26 Si se tiene en cuenta que quien presentó la demanda fue el señor Wigberto Antonio Cepeda, con el fin de

obtener la reliquidación de la asignación más alta devengada, lo que impide en esta sede judicial desmejora la
situación que fue reconocida en sede administrativa.
27
Consejo de Estado, Sección Segunda, Rad. 15001 23 33 000 2016 00630 01 (4083-2017), sentencia de
unificación SUJ-S2-021-20 de 11 de junio de 2020.

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Expediente: 11001-03-15-000-2021-08087-00 (11579)
Demandante: UGPP
Demandado: Wigberto Antonio Cepeda Cabarcas
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

servicios, confirmó parcialmente la decisión del a quo y ordenó que la reliquidación
pensional se efectuara con el 75% de la asignación más elevada devengada en el
último año de servicios, entre el 8 de abril de 2002 y el 7 de abril de 2003,
incluyendo, además de los factores tenidos en cuenta en sede administrativa, los
valores actualizados y certificados correspondientes a la asignación básica, los
gastos de representación, la bonificación por servicios prestados y la prima especial.

43. Según el recuento del proceso ordinario, la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado se pronunció con estricto apego a las pretensiones de la
demanda. De ahí que no le era posible hacer un control de legalidad oficioso, que
no resultara en una desmejora de los factores reconocidos por la Resolución 21151
de 8 de octubre de 2004. Más aun cuando el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho fue promovido por el actor para obtener la reliquidación de la prestación
a su favor.

44. Observa la Sala que la UGPP acudió al recurso extraordinario de revisión para
(i) volver a cuestionar la inclusión de factores de liquidación sobre los cuales cotizó
el afiliado; (ii) alegar una inconformidad en relación con el promedio que CAJANAL
utilizó al momento de liquidar la pensión, y (iii) esgrimir los argumentos que no
expuso al guardar silencio en la contestación de la demanda en primera instancia.

45. Por tanto, al tratarse de una cuestión que de acuerdo a las reglas previstas en
la sentencia de unificación de CE-SUJ-S2-021-20 del 11 de junio de 2020, tiene el
carácter de cosa juzgada, por haberse resuelto conforme a las tesis anteriores que
sostuvo la Sección Segunda del Consejo de Estado, la insistencia de la UGPP en
este punto devela la intención de utilizar este recurso extraordinario como una
oportunidad para reabrir el debate propio de las instancias y cuestionar la potestad
interpretativa del juez y la seguridad jurídica.

46. De conformidad con lo expuesto, la Sala declarará infundado el recurso
extraordinario de revisión interpuesto en contra de la sentencia del 6 agosto de 2020
proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

Costas

47. El artículo 255 del CPACA, modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021,
establece que “[s]i se declara infundado el recurso, se condenará en costas y
perjuicios al recurrente”. No obstante, el artículo 188 del CPACA impide condenar
en costas en los procesos en que se ventile un interés público.

48. Al respecto, la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de Estado 28 ha
reiterado que la acción de revisión iniciada por las causales del artículo 20 de la Ley

28 Entre otras: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 1 de agosto de

2017, expediente 11001-03-15-000-2016-02022-00, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; Sentencia del 5
de febrero de 2019, expediente 11001-03-15-000-2018-01884-00, C.P. Alberto Yepes Barreiro; Sentencia del 22
de noviembre de 2021, expediente 11001-03-15-000-2019-01749-00, C.P. Gabriel Valbuena Hernández;

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Expediente: 11001-03-15-000-2021-08087-00 (11579)
Demandante: UGPP
Demandado: Wigberto Antonio Cepeda Cabarcas
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

797 de 2003 tiene como fin preservar el interés público, porque busca la defensa
del principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional y de la seguridad
social. Por eso, no se condenará en costas.
.

III. PARTE RESOLUTIVA

49. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Veintiséis (26) Especial de Decisión, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por la UGPP contra la sentencia proferida por la Sección Segunda,
Subsección A del Consejo de Estado del 6 de agosto de 2020, dentro del expediente
25000-23-42-000-2014-02546-01(3909-16).

SEGUNDO: Sin condena en costas.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA MILTON CHAVES GARCÍA
Ausente con excusa

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Ausente con excusa

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Aclaro voto

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se suscribe en
forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el certificado digital que arroja el
sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder al aplicativo de
validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad de
tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.

VF

Sentencia del 2 de junio de 2022, radicado 11001-03-15-000-2020-02983-00, C.P. Luis Alberto Álvarez Parra;
Sentencia del 5 de junio de 2023, expediente 11001-03-15-000-2021-06622-00, C.P. Jaime Enrique Rodríguez
Navas.

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