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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2021-08125-01

Fecha
28 de marzo de 2022
Consejero ponente
Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2021-08125-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: RECONÓCESE al abogado Luis Alejandro Ramírez Álvarez, portador de la tarjeta profesional número 185.084 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado judicial de la sociedad coadyuvante Rampint S.A.S., en los términos del poder conferido. SEGUNDO: CONFÍRMASE la decisión de primera instancia. TERCERO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2021-08125-01

Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

28 de marzo de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2021-08125-01
Accionante: Ecopetrol S.A.
Se confirma la decisión de primera instancia

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá D.C., veintiocho (28) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2021-08125-01
Accionante: Ecopetrol S.A.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Cuarta

Temas: Tutela contra providencia judicial / Se confirma la decisión de primera
instancia que negó el amparo por no encontrar configurados los defectos sustantivo,
procedimental y por violación directa de la Constitución.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala a decidir el recurso de impugnación interpuesto por la accionante
contra la sentencia de primera instancia proferida por la Sección Segunda,
Subsección A de esta Corporación el 20 de enero de 2022. El fallo de tutela
impugnado negó las pretensiones de la solicitud de amparo interpuesta contra la
sentencia del 27 de mayo de 2021 dictada por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, que a su vez, revocó la decisión de primera instancia y negó las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho No. 25000-
23-37-000-2014-00321-00/01 [22938] adelantado por la accionante contra la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN.

La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente
para conocer el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015,
333 de 2021 y en el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.

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Radicado: 11001-03-15-000-2021-08125-01
Accionante: Ecopetrol S.A.
Se confirma la decisión de primera instancia

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1.- El 12 de noviembre de 2021, a través de apoderado judicial, Ecopetrol S.A.
interpuso acción de tutela para obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, defensa y seguridad jurídica, vulnerados, en su
concepto, por la sentencia del 27 de mayo de 2021 proferida por la Sección Cuarta
de esta Corporación.

2.- Como pretensión formuló la siguiente:

<<1.- Conceder el amparo a los derechos al debido proceso, a la defensa, a las
situaciones jurídicas consolidadas, a la seguridad jurídica y los demás que ese H.
Despacho considere vulnerados, de los que es titular ECOPETROL S.A., y en
consecuencia, se DEJE SIN EFECTO la Sentencia del 27 de mayo de 2021, proferida
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, dentro
del proceso 25000-23-37-000-2014-00321-01 (22938) pues en ella se adoptan una
serie de consideraciones y decisiones erróneas que afectan a mi representada y la
legitiman en la causa para interponer la presente acción>>.

B. Hechos

3.- La accionante basó su solicitud de amparo en las siguientes afirmaciones:

3.1.- Entre noviembre de 2012 y noviembre de 2013 la DIAN expidió treinta y ocho
(38) resoluciones de determinación de la contribución por contratos de obra pública,
mediante las cuales liquidó el tributo (contribución por contrato de obra pública) a
cargo de Ecopetrol S.A. por contratos suscritos en 2007 y 2008. Estas resoluciones
fueron luego confirmadas por la misma DIAN mediante resoluciones que resolvieron
los correspondientes recursos de reconsideración.

3.2.- Ecopetrol S.A. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
contra las mencionadas resoluciones. Alegó que fueron expedidas de forma ilegal
por infracción a la Constitución Política (artículos 6, 13, 29, 83, 121, 123, 338 y 363),
Estatuto Tributario (artículo 730), Ley 223 de 1995 (artículo 264), Ley 1106 de 2006,
Decreto 3461 de 2007, Decreto 4048 de 2008 y Decreto 399 de 2011.

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Accionante: Ecopetrol S.A.
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3.3.- En la misma demanda indicó que varios actos de determinación fueron
extemporáneos, puesto que le fueron notificados después de cumplido el plazo de
cinco (5) años contados desde la fecha de suscripción de los contratos, fijado en los
artículos 717 y 817 del Estatuto Tributario.

3.4.- Adicionalmente, en la demanda Ecopetrol S.A. señaló que con la expedición
de las discutidas resoluciones se violó el derecho al debido proceso por ausencia
de actos previos, y que existió una falta de motivación de los actos definitivos, pues
la DIAN no analizó individualmente cada negocio jurídico ni expresó las razones de
hecho y de derecho que sustentaron su posición.

3.5.- El 23 de noviembre de 2016 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Cuarta, profirió sentencia en la que declaró la nulidad de las resoluciones
y que Ecopetrol S.A. no adeudaba sumas por contribución de obra pública en
relación con los actos anulados. Afirmó que los contratos cuestionados por la DIAN
fueron suscritos por la demandante en desarrollo de sus actividades de exploración
y explotación de hidrocarburos, por lo cual se regulan por un régimen especial y no
pueden gravarse con la contribución por suscripción de contratos de obra pública.

3.6.- El 27 de mayo de 2021 la Sección Cuarta del Consejo de Estado profirió
sentencia de segunda instancia en la cual revocó la sentencia apelada y, en su
lugar, negó las pretensiones de la demanda. Para decidir lo anterior, aplicó las
reglas jurisprudenciales establecidas por la Sala Plena de esta Corporación
(sentencia de unificación del 25 de febrero de 2020, rad. 25000-23-37-000-2014-
00721-01, C.P. William Hernández Gómez) y determinó que Ecopetrol S.A. sí era
responsable de retener la contribución de los contratos de obra pública porque, en
su criterio, están gravados con el tributo por ser contratos de obra.

C. Fundamentos de la vulneración

4.- Para la accionante, la sentencia del 27 de mayo de 2021 vulnera sus derechos
fundamentales al debido proceso y a la defensa, en tanto incurre en los defectos (i)
sustantivo, (ii) procedimental y (iii) violación directa de la Constitución, los cuales
sustenta así:

4.1.- En cuanto al defecto sustantivo, la accionante sostiene que la Sección Cuarta
del Consejo de Estado aplicó indebidamente el artículo 76 de la Ley 80 de 1993 e

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incluso desconoció la propia interpretación que la misma corporación había hecho
sobre la materia en oportunidades anteriores.

4.1.1.- Añade que tampoco analizó el objeto ni el fin de cada uno de los contratos
discutidos y que la Sección Cuarta simplemente se limitó a determinar que se
trataba de actividades materiales sobre bien inmueble, por lo que desconoció que
estos contratos tienen por objeto el desarrollo, producción, determinación de
reservas y comercialización de hidrocarburos, tal y como lo establece el artículo 76
de la Ley 80 de 1993.

4.1.2.- Igualmente, alega que la autoridad judicial accionada incurrió en un error al
aplicar las reglas en relación con el término de prescripción para que la DIAN
determine el tributo debido: la accionante señala que debió aplicarse el término de
prescripción de cinco años desde la suscripción del contrato, previsto en el artículo
717 del Estatuto Tributario, y no la regla general de diez años a partir de que surge
la obligación, señalada en el artículo 2536 del Código Civil.

4.2.- Sobre el defecto procedimental, señala que la Sección Cuarta del Consejo de
Estado no hizo un análisis minucioso de cada contrato y se limitó a aplicar las reglas
de la sentencia de unificación, improcedentes para el presente caso.

4.3.- Sobre la violación directa de la Constitución, afirma que con la sentencia
cuestionada se desconocieron preceptos constitucionales como el debido proceso,
la defensa, las situaciones jurídicas consolidadas y la seguridad jurídica. Si bien la
accionante no señala con precisión por qué considera vulnerados estos derechos,
de la lectura de la acción de tutela se puede inferir que ello obedece a la no
modulación de los efectos de la sentencia de unificación, cuya aplicación inmediata
presuntamente lesiona los derechos invocados por la accionante.

D. Oposiciones e intervenciones

5.- La DIAN (tercero con interés) solicita negar las pretensiones de la solicitud de
amparo:

5.1.- Sobre la supuesta inaplicación del artículo 76 de la Ley 80 de 1993 y
desconocimiento del precedente, señala que conforme a la sentencia de unificación,
para que se realice el hecho generador de la contribución de contratos de obra

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pública basta con que concurran dos circunstancias: en primer lugar, que el negocio
jurídico suscrito tenga por objeto la realización de trabajos materiales sobre bienes
inmuebles y, en segundo lugar, que la parte contratante sea una entidad de derecho
público. Indica que del análisis de los contratos se concluye que éstos son contratos
de obra.

5.2.- En cuanto al supuesto desconocimiento de las reglas de la sentencia de
unificación, señala que el objeto de los contratos cuestionados se concreta, entre
otros, en la realización de obras de mantenimiento y adecuaciones generales en
instalaciones y sedes de Ecopetrol S.A. Afirma que ninguno tiene por objeto la
asignación de un área, para efectos de (como su nombre lo indica) determinar la
existencia, ubicación, reservas, calidad, entre otros, de los recursos naturales, y el
posterior desarrollo, producción y venta de los recursos encontrados.

5.3.- Sobre la supuesta violación al debido proceso, resalta que el hecho de que el
Consejo de Estado cambiara la línea jurisprudencial sobre los contratos de obra
pública no significa que se hayan vulnerado estos derechos a Ecopetrol S.A. Por el
contrario, se garantiza la adecuada aplicación de las normas analizadas en la
sentencia de unificación del Consejo de Estado.

5.4.- Sobre la modulación de los efectos de la sentencia, sostiene que de los
argumentos señalados en la acción de tutela se evidencia que el actor cuestiona las
consideraciones señaladas en la sentencia de unificación aplicada, lo cual resulta
improcedente si se tiene en cuenta que la presente acción no va dirigida en contra
de dicha providencia.

6.- La sociedad Rampint S.A.S (coadyuvante) presentó memorial en el que reiteró
los argumentos de la acción de tutela. Sustenta su interés en que fue contratista de
la accionante en uno de los contratos objeto de discusión en el proceso ordinario
(contrato No. 4017244 del 25 de febrero de 2008) y, por lo tanto, es sujeto pasivo
del tributo en cuestión.

7.- La Sección Cuarta del Consejo de Estado (accionada) y la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado (interviniente), pese a estar debidamente notificadas,
guardaron silencio.

E. Sentencia impugnada

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8.- Mediante sentencia del 20 de enero de 2022 la Sección Segunda, Subsección A
de esta Corporación negó las pretensiones de la solicitud de amparo. Consideró
que la autoridad judicial accionada no desconoció la jurisprudencia pertinente ni
interpretó indebidamente el artículo 76 de la Ley 80 de 1993. Lo anterior, en virtud
de los criterios sentados en la sentencia de unificación del 25 de febrero de 2020,
según la cual las autoridades de derecho público sujetas a un régimen de
contratación especial (como la accionante), pueden suscribir contratos de obra que
se encuentran gravados.

9.- Advirtió que la autoridad accionada analizó cada uno de los contratos y concluyó
que el objeto de estos era la realización de obras de mantenimiento y adecuaciones
generales, mas no la determinación de la existencia y ubicación de recursos
naturales o su posterior desarrollo, producción y venta. En ese sentido, no se
configuró ninguno de los defectos alegados.

F. Impugnación

10.- El apoderado de la accionante reprocha que el a quo constitucional pasara por
alto: (i) la falta de valoración probatoria en torno a la esencia de cada uno de los
contratos; (ii) la aplicación retroactiva de la sentencia de unificación del 25 de enero
de 2020 y el correspondiente detrimento al debido proceso, acceso a la
administración de justicia y confianza legítima; (iii) los salvamentos de votos contra
la sentencia de unificación del 25 de enero de 2020; (iv) que efectivamente la
autoridad judicial accionada interpretó equivocadamente la Ley 80 de 1993, artículo
76; y (v) que la Sección accionada confundió los conceptos de caducidad y
prescripción, en relación con el término con el que cuenta la DIAN para determinar
el tributo debido mediante una liquidación de determinación.

11.- Por lo demás, reitera los argumentos presentados en el escrito de tutela y
precisa que los contratos en cuestión fueron celebrados para acatar lo ordenado por
la Agencia Nacional de Hidrocarburos, por lo que se refieren a actividades propias
de la explotación de recursos.

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II. CONSIDERACIONES

12.- La Sala confirmará la decisión de primera instancia porque no advierte la
configuración de los defectos alegados.

G. Se encuentran satisfechos los requisitos generales que habilitan la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

13.- Los requisitos se cumplen pues: (i) la accionante indicó de manera clara los
hechos y las razones en que se fundamenta la acción; (ii) el asunto es
constitucionalmente relevante porque se afirma, entre otros, la vulneración al debido
proceso, y es posible inferir del escrito de tutela cuáles son los vicios o defectos en
los que habría incurrido la providencia acusada; (iii) se encuentra cumplido el
requisito de subsidiariedad porque la accionante utilizó todos los mecanismos
judiciales a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales y contra
la providencia atacada no procede ningún recurso; (iv) la solicitud se presentó en
un término prudencial (inmediatez), puesto que la decisión de segunda instancia se
notificó el 4 de junio de 2021 y la tutela se presentó el 12 de noviembre de 2021, es
decir, dentro del término de los 6 meses precisado tanto por esta Corporación1 como
por la Corte Constitucional 2; y (v) no se trata de una decisión proferida en sede de
tutela.

H. La decisión acusada no incurre en defecto sustantivo, pues la conclusión
a la que llegó la accionada es adecuada y se aplicó el criterio jurisprudencial
contenido en la sentencia de unificación de 25 de febrero de 2020

14.- La sentencia de unificación del 25 de febrero de 2020 fijó el criterio general que
debe aplicarse para determinar si un contrato está o no gravado con la contribución
prevista en el artículo 6 de la Ley 1106 de 2006, y que consiste en examinar que el
objeto del contrato encuadre dentro de la definición del contrato de obra. En
concreto, fijó las siguientes reglas jurisprudenciales:

<<1. Para determinar si se realiza el hecho generador de la contribución de
los contratos de obra pública no es determinante el régimen contractual de la

1 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado 11001-03-15-000-2012-

02201-01(IJ), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
2 Corte Constitucional, sentencia T-031 de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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entidad que celebre el contrato de obra pública, sea el general de la Ley 80
de 1993 o un régimen exceptuado. El elemento de la obligación tributaria se
define en función del contrato celebrado, y no de la actividad o régimen
jurídico de la entidad de derecho público.

2. Los contratos de obra pública y los contratos de que trata el artículo 76 de
la Ley 80 de 1993 –contratos de exploración y explotación de recursos
naturales, y las actividades comerciales e industriales, son dos categorías de
contratos diferentes, en tanto tienen características y finalidades propias, que
impiden que se trate de un mismo contrato.

3. La contribución no grava los contratos referidos en el artículo 76 de la Ley
80 de 1993, por cuanto no corresponden a los contratos de obra pública>>.

15.- Adicionalmente, la sentencia de unificación precisó los elementos esenciales
de los contratos de exploración y explotación, comercialización e industrialización
de recursos naturales renovables y no renovables, así:

<<[…] se encuentra que el contrato de exploración y explotación de recursos
naturales renovables y no renovables tiene por objeto, fundamentalmente, la
asignación de un área, para efectos y como su nombre lo indica determinar
aspectos como la existencia, ubicación, reservas, calidad, etc. de los
recursos naturales, y el posterior desarrollo, producción y venta de los
recursos encontrados.
El citado contrato no tiene el propósito de realizar actividades materiales para
construir, reparar o mejorar ciertos bienes –como los contratos de obra
pública-, sino que su finalidad es la de determinar la existencia,
ubicación, calidad, reservas, extracción, producción, y
comercialización de recursos naturales, previa asignación de un área
territorial>> (resaltado de la Sala).

16.- En el caso concreto, la DIAN determinó que Ecopetrol S.A. era responsable de
retener la contribución de los contratos de obra pública por la celebración de
contratos en 2007 y 2008 que, en su criterio, estaban gravados con el tributo por
ser contratos de obra. Conforme a esto, la Sección Cuarta describió cada uno de
los objetos de los treinta y ocho (38) contratos y señaló que ninguno de ellos tiene
por objeto la búsqueda, exploración, explotación o producción de hidrocarburos. Es
decir, no corresponden al tipo de contrato establecido en el artículo 76 de la Ley 80

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de 1993. Por el contrario, el objeto contractual de cada uno de ellos corresponde a
actividades propias de un contrato de obra pública, dado que presentan
características típicas de esta tipología contractual, esto es, actividades de
construcción, reparación y mantenimiento sobre bienes inmuebles.

16.1.- La accionada resaltó que en el fallo de unificación de 25 de febrero de 2020
se precisó que no es posible aplicar un criterio de conexidad entre la obra y la
destinación del inmueble. Señaló que respecto de los contratos analizados se
configura el hecho generador de la contribución de obra pública, pues los contratos
suscritos por Ecopetrol S.A. en 2007 y 2008 corresponden a verdaderos contratos
de obra.

16.2.- Esta Sala encuentra que, para efectos de su análisis, la Sección Cuarta del
Consejo de Estado aplicó la regla jurisprudencial contenida en la sentencia de
unificación y explicó con suficiencia por qué era aplicable al caso objeto de estudio.
En efecto, (i) extrajo las tres reglas jurisprudenciales explícitamente fijadas en la
sentencia de unificación; (ii) analizó la naturaleza de cada uno de los contratos a la
luz de estas reglas, así como las definiciones sobre las tipologías contractuales
discutidas, que fueron acotadas en la mencionada providencia; y, (iii) como
consecuencia de lo anterior, concluyó que los contratos estudiados eran verdaderos
contratos de obra pública, por lo cual Ecopetrol S.A. era responsable de retener la
contribución que aparejan dichos contratos.

17.- En cuanto a la presunta prescripción de la acción para expedir los actos de
determinación, la Sección Cuarta del Consejo de Estado reiteró lo señalado por la
misma sección en sentencia del 3 de diciembre de 20203 en la que precisó que, de
conformidad con el artículo 121 de la Ley 418 de 1997, la contribución se causa al
momento del pago del anticipo y los subsiguientes pagos que efectúen las entidades
de derecho público a los contratistas.

17.1.- La accionada encontró probado que los treinta y ocho (38) contratos que
dieron lugar a la liquidación de la contribución de obra pública por parte de la DIAN
fueron suscritos entre el 25 de julio de 2007 (Contrato No. 4014842) y el 2 de
diciembre de 2008 (Contrato No. 5203508 de 2010), que los pagos a los que ellos

3 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencias de 3 de diciembre de 2020, expedientes 2015-

01319-01 (23051) y-2014-01204-01 (22472, Consejero Ponente Julio Roberto Piza Rodríguez.

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se referían ocurrieron entre el 20 de diciembre de 2007 y el 7 de julio de 2010, y que
los actos de determinación oficial acusados fueron notificados a la actora entre el
19 de noviembre de 2012 y el 22 de noviembre de 2013. Por lo anterior, estimó que
se notificaron dentro de los plazos de prescripción ordinaria, esto es, el término de
diez (10) años, de conformidad con lo previsto artículo 2536 del Código Civil.

17.2.- La conclusión a la que llegó la Sección Cuarta del Consejo de Estado es
conforme a derecho, en la medida en que fundamentó su análisis en una lectura
sistemática de los artículos 717 y 817 del Estatuto Tributario y 2536 del Código Civil,
así como en jurisprudencia relacionada con la materia.

I. No se configuró un defecto fáctico en tanto la sentencia tutelada analizó las
pruebas de manera rigurosa

18.- En cuanto al presunto análisis ligero sobre cada uno de los contratos
involucrados en el presente caso, la Sala observa que la Sección Cuarta del
Consejo de Estado sí valoró de manera rigurosa las pruebas señaladas, por lo cual
no se configuró un defecto procedimental ni fáctico. En efecto, en la providencia
cuestionada la accionada discriminó el objeto contractual de cada uno de los
acuerdos revisados, para luego concluir con base en su análisis que no
correspondían a contratos de exploración y explotación de petróleo, sino a contratos
de obra de conformidad con el criterio fijado en la sentencia de unificación.

J. No se configuró una violación directa de la Constitución en tanto la
sentencia tutelada aplicó debidamente la sentencia de unificación

19.- La sentencia de unificación del 25 de febrero de 2020 proferida por la Sala
Plena del Consejo de Estado advirtió en su parte resolutiva que los casos respecto
de los cuales ya había operado la cosa juzgada resultaban inmodificables. Si bien
los efectos de la sentencia no fueron objeto expreso de modulación, se entiende
que, por regla general y salvo que se disponga algo diferente, los mismos son
inmediatos; por ello su aplicación era procedente para la época en la que fue dictado
el fallo cuestionado. Por otro lado, los reparos contra la referida sentencia de
unificación no pueden ser ventilados en este proceso, pues la tutela se dirige contra
la decisión de 27 de mayo de 2021 dictada por la Sección Cuarta de esta
Corporación.

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Accionante: Ecopetrol S.A.
Se confirma la decisión de primera instancia

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: RECONÓCESE al abogado Luis Alejandro Ramírez Álvarez, portador
de la tarjeta profesional número 185.084 del Consejo Superior de la Judicatura,
como apoderado judicial de la sociedad coadyuvante Rampint S.A.S., en los
términos del poder conferido.

SEGUNDO: CONFÍRMASE la decisión de primera instancia.

TERCERO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.

CUARTO: Una vez notificada, ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.

QUINTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la
Corporación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente

Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
Con salvamento de voto

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