RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2021-08319-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-08319-00

Fecha
10 de febrero de 2022
Consejero ponente
Carlos Enrique Moreno Rubio
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-08319-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Deniégase la acción de tutela presentada por el señor Carlos Andrés Terán Solano contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, por los motivos descritos anteriormente. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2021-08319-00

Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio

10 de febrero de 2022

Demandante: Carlos Andrés Terán Solano
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Radicado: 11001-03-15-000-2021-08319-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá D.C., diez (10) de febrero de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-08319-00
Demandante: CARLOS ANDRÉS TERÁN SOLANO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA

Temas: Tutela de fondo. Mora judicial justificada.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a decidir la solicitud presentada por la parte actora en ejercicio
de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política y de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El señor Carlos Andrés Terán Solano, en nombre propio, presentó acción de
tutela1 contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, al considerar que vulneró
sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración
de justicia, debido a que no ha proferido una decisión que resuelva en segunda
instancia el medio de control de reparación directa que promovió junto con
otros contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional2.

1.2. Pretensiones:

En consecuencia, el actor solicitó:

“PRIMERA: Se me conceda la tutela interpuesta contra el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, específicamente frente al Magistrado Dr.
JHON ALZATE L[Ó]PEZ, con ocasión del proceso de reparación directa
adelantado por el suscrito y otros en contra de la NACI[Ó]N – MINISTERIO DE
DEFENSA.

SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior se ordene al reseñado colegiado
que, dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación del fallo de primera
instancia de tutela, defina el recurso de apelación entablado por el suscrito.”

1
Mediante escrito radicado el 10 de noviembre de 2021 al buzón de la Secretaría General del
Consejo de Estado.
2
Proceso identificado con radicado 05001-33-33-021-2015-00288-00/01.

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Carlos Andrés Terán Solano
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Radicado: 11001-03-15-000-2021-08319-00

La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

1.3. Hechos

El señor Terán Solano relató que el 9 de marzo de 2015, demandó junto con
sus familiares3 a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército
Nacional, en ejercicio del medio de control de reparación directa, para que se
les declarara responsables de los perjuicios ocasionados con la detonación de
un artefacto explosivo que condujo a la mutilación de su pierna derecha cuando
se desempeñaba como soldado profesional.

Adujo que del proceso conoció el Juzgado Veintiuno Administrativo de
Medellín, que mediante providencia de 8 de agosto de 2017 accedió a las
pretensiones de la demanda, al considerar que existió una falla en el servicio.

Señaló que inconforme con dicha decisión, la parte demandada interpuso
recurso de apelación, el cual fue concedido mediante auto del 11 de octubre de
2017 por el aludido juzgado y admitido por el Tribunal Administrativo de
Antioquia el 31 del mismo mes y año.

Indicó que el 14 de noviembre de 2017 se corrió traslado a las partes para
presentar los correspondientes alegatos de conclusión y que desde el 30 de
enero de 2018 el proceso ingresó al despacho del magistrado John Jairo Alzate
López para que profiera sentencia de segunda instancia.

Mencionó que el 29 de noviembre de 2019 solicitó la prelación de su caso dada
su condición de discapacidad y la circunstancia especial de pertenecer al
resguardo indígena Zenú de San Andrés de Sotavento (Córdoba), así como su
inscripción en el censo del Cabildo Menos de Carretal, jurisdicción del
municipio de Tuchín, del mismo departamento.

Explicó que en providencia de 21 de enero de 2020, el magistrado a cargo del
asunto no accedió a modificar el turno, por cuanto los procesos son decididos
en el orden que hayan entrado al despacho para proferir sentencia y no advirtió
la configuración de alguna de las excepciones previstas en el artículo 184 de la
Ley 446 de 1998.

1.4. Sustento de la petición

A juicio del tutelante, la autoridad judicial cuestionada vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia,
toda vez que han transcurrido “casi tres años y nueve meses” sin que profiera
la respectiva decisión que ponga fin a su proceso, pese a que la controversia
planteada en el medio de control “no es de alta complejidad”.

3
Diana Carreño, Ledys Patricia Terán Solano, Miguel Ángel Terán Solano, Adenaida del
Carmen Terán Solano, Miriam Rosa Solano Roqueme, José Luis Terán Solano y Florentino
Terán Flores.
4
“(...) en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal
orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del
agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social.”

2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Carlos Andrés Terán Solano
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Radicado: 11001-03-15-000-2021-08319-00

En ese sentido, destacó que no existía una justificación válida para no dictar la
sentencia de segunda instancia de manera oportuna, máxime si se tenía en
cuenta que su condición física y sicológica es precaria, así como que es
beneficiario de una protección especial al pertenecer a un grupo étnico.

Para finalizar, expresó que percibe “una pequeña pensión que no compensa el
perjuicio que sufrió” y que no es suficiente para solventar sus gastos y los de su
familia, así que cada día sigue con la expectativa de poder recibir la
indemnización a la que tiene derecho.

1.5. Trámite, contestaciones e intervenciones

Mediante auto de 19 de noviembre de 2021, el magistrado ponente admitió la
acción constitucional de la referencia y ordenó notificar esta decisión a la parte
actora y a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo de Antioquia
en condición de demandados.

Por tener interés en el resultado de la presente tutela, se decidió comunicar al
ministro de Defensa Nacional, al comandante general del Ejército Nacional y al
Juzgado Veintiuno Administrativo de Medellín.

Además, se vinculó a Diana Carreño, Ledys Patricia Terán Solano, Miguel
Ángel Terán Solano, Adenaida del Carmen Terán Solano, Miriam Rosa Solano
Roqueme, José Luis Terán Solano y Florentino Terán Flores, quienes
integraron la parte demandante del medio de control de reparación directa
objeto de esta acción.

Remitidas las respectivas comunicaciones5, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.5.1. Juzgado Veintiuno Administrativo de Medellín indicó que el
expediente del proceso en cuestión se remitió al ad quem desde el 12 de
octubre de 2017 y, a la fecha, no lo ha devuelto.

1.5.2. Tribunal Administrativo de Antioquia se pronunció por intermedio del
magistrado a cargo del medio de control de reparación directa objeto de
controversia, quien se opuso al amparo deprecado por el actor y remitió copia
del expediente con radicado 05001-33-33-021-2015-00288-01.

Informó que existen 288 procesos pendientes de fallo de segunda instancia
antes del que corresponde al actor, tal como se podía corroborar en el archivo
que envió adjunto; además, mencionó que en proveído de 21 de enero de 2020
negó la alteración el turno.

1.5.3. Los demás vinculados al trámite, pese a que fueron debidamente
notificados, no rindieron informe.

5
Mediante oficios enviados el 22 de noviembre de 2021 y el 3 de febrero de 2022.

3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Carlos Andrés Terán Solano
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Radicado: 11001-03-15-000-2021-08319-00

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela de la referencia,
de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de
20156, así como en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena de
esta Corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo de Antioquia
vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia del actor al incurrir en una presunta mora judicial por
no proferir sentencia de segunda instancia dentro del proceso de reparación
directa con radicado 05001-33-33-021-2015-00288-01.

Para resolver este problema, se observarán los siguientes aspectos: (i)
generalidades de la acción de tutela, (ii) la mora judicial y (iii) análisis del caso
concreto.

2.3. Generalidades de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política consagra el precepto constitucional
según el cual, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar
ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales
siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de las
autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos que indica el
Decreto Ley 2591 de 1991.

Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente, ser
residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta acción no
es absoluto, sino que está limitado por las causales de improcedencia
contenidas en el artículo 6º del Decreto 2591 de 19917, entre otros motivos, la
relativa a la existencia de otros mecanismos de defensa judicial para garantizar
la protección del derecho que se alega amenazado o vulnerado.

2.4. Mora judicial justificada

La Corte Constitucional ha señalado que el fenómeno de la mora judicial puede
llegar a trasgredir el derecho fundamental de acceso a la administración de
justicia, en aquellos casos en los que la dilación en el trámite de una actuación
es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas
estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, si no en la falta de
diligencia y en la omisión sistemática de sus deberes por parte de los mismos8.

6
Modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021.
7
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política''.
8
Corte Constitucional, sentencia T-1019 de 2010, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.

4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Carlos Andrés Terán Solano
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Radicado: 11001-03-15-000-2021-08319-00

En ese sentido, la aludida alta Corte consideró que “atendiendo la realidad del
país, en la gran mayoría de casos el incumplimiento de los términos procesales
no es imputable al actuar de los funcionarios judiciales”9. A su vez, la Corte
Constitucional ha sido reiterativa en señalar que:

“… por ejemplo, existen procesos en los cuales su complejidad requiere de un
mayor tiempo del establecido en las normas y en la Constitución para su
estudio, para valorar pruebas o para analizar la normatividad existente. Por
ello, la jurisprudencia ha destacado que cuando la tardanza no es
imputable al actuar del juez o cuando existe una justificación que explique
el retardo, no se entienden vulnerados los derechos al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia. En este sentido, en la Sentencia T-803
de 2012, luego de hacer un extenso recuento jurisprudencial sobre la materia,
esta Corporación concluyó que el incumplimiento de los términos se encuentra
justificado (i) cuando es producto de la complejidad del asunto y dentro del
proceso se demuestra la diligencia razonable del operador judicial; (ii) cuando se
constata que efectivamente existen problemas estructurales en la administración
de justicia que generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial; o (iii)
cuando se acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden
la resolución de la controversia en el plazo previsto en la ley. Por el contrario, en
los términos de la misma providencia, se está ante un caso de dilación
injustificada, cuando se acredita que el funcionario judicial no ha sido diligente y
que su comportamiento es el resultado de una omisión en el cumplimiento de
sus funciones”.

Por su parte, la Sección Quinta del Consejo de Estado tiene una posición
reiterada en relación con la existencia de mora judicial, según la cual, esta solo
se predica si hay dilación injustificada al resolver los asuntos sometidos a la
competencia del juez. Que de acreditarse esta conducta, constituye
vulneración al derecho de acceso a la administración de justicia y de contera, al
debido proceso de las partes en un proceso.10

2.5. Caso concreto

En el asunto en estudio, la parte actora considera el Tribunal Administrativo de
Antioquia transgredió sus derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia, pues no ha proferido la providencia que
resuelva en segunda instancia el medio de control de reparación directa con
radicado 05001-33-33-021-2015-00288-01.

Por su parte, el magistrado a cargo del proceso refirió al intervenir en el
presente trámite que el expediente ingresó para fallo el 30 de enero de 2018 y
que existían 288 procesos pendientes de fallo de segunda instancia, los cuales
ingresaron al despacho antes que el del actor.

Al revisar las actuaciones adelantadas dentro del proceso objeto de debate en
el aplicativo Samai11, se constató que se cumplió con la totalidad de las etapas
procesales, que desde el 30 de enero de 2018 el expediente pasó al despacho
para sentencia y el 29 de noviembre de 2019 se recibió un memorial por parte

9
Corte Constitucional, sentencia T-230 de 2013, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
10
Entre otras, consultar las sentencias de 18 de noviembre de 2021, M.P. Carlos Enrique
Moreno Rubio, rad. 11001-03-15-000-2021-05541-00 y 11 de noviembre de 2021, M.P. Rocío
Araújo Oñate, rad. 11001-03-15-000-2021-05375-00.
11
Información visible en el siguiente link:

5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Carlos Andrés Terán Solano
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Radicado: 11001-03-15-000-2021-08319-00

del apoderado judicial del señor Terán Solano, por medio del cual solicitó la
prelación de su caso.

Es así como se encontró que la colegiatura enjuiciada, en providencia de 21 de
junio de 2020, negó lo requerido tras concluir que su situación no se ajustaba
en alguna de las excepciones que permiten alterar el turno para proferir
sentencias, según lo previsto en el artículo 18 de la Ley 446 de 1998, bajo la
siguiente línea argumentativa:

“Revisado el Excel del Despacho que contiene los turnos de los procesos que
ingresan despacho para fallo, se advierte que el proceso de los demandantes
tiene el turno 525 en segunda instancia, de igual forma, se tiene que en este
momento antes del turno de los demandantes se tienen 494 procesos en
segunda instancia y 131 en primera instancia, sin mencionar las acciones
constitucionales que tienen trámite preferente.

Sumado a lo anterior, se tiene que el artículo 18 de la Ley 446 de 1998,
establece el orden para proferir las sentencias, así como unas excepciones al
orden para proferir las sentencia. El mencionado artículo se dispone:

“Artículo 18. Orden para proferir sentencias. Es obligatorio para los
Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que
hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho
orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o
de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la
jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá
modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del
agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y
trascendencia social.

La alteración del orden de que trata el inciso precedente constituirá
falta disciplinaria. En estos casos, el Consejo Superior de la Judicatura
o los Consejos Seccionales, en lo de su competencia, solicitarán al
Juez o Ponente la explicación pertinente para efectos administrativos
y disciplinarios. El Consejo Superior de la Judicatura o los Consejos
Seccionales obrarán de oficio o a petición de quienes hayan resultado
afectados por la alteración del orden”.

Se tiene entonces que el artículo 18 de la Ley 446 de 1998 señala que el orden
para proferir sentencias es obligatorio, pero que pueden presentarse casos de
sentencia anticipada o de prelación legal. En la jurisdicción contencioso
administrativa, dice la norma, el orden puede modificarse de acuerdo con
la naturaleza del asunto o mediando solicitud del Ministerio Público en
atención a su importancia jurídica y trascendencia social. La ley advierte
que, por fuera de las causales justificativas de alteración de dicho orden, la
decisión de modificarlo constituye falta disciplinaria.

Teniendo en cuenta lo antes expuesto, encuentra el Despacho que el caso
puesto en consideración no cumple con alguno de los presupuestos que dispone
la norma para saltarse el tuno, por lo que, se repite, no puede accederse a lo
solicitado por el apoderado de los demandantes relacionado con resolver lo más
pronto posible el proceso de la referencia.” (Destaca la Sala)

De lo anterior, se advierte que la colegiatura enjuiciada no vulneró los derechos
fundamentales de acceso a la administración de justicia y, de contera, al
debido proceso del actor, pues la tardanza en definir la controversia sometida a
su competencia se encuentra justificada en la congestión judicial que atraviesa
la Rama Judicial, teniendo en cuenta que en su intervención reveló que

6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Carlos Andrés Terán Solano
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Radicado: 11001-03-15-000-2021-08319-00

existían para ese momento 288 procesos para dictar sentencia antes del
asunto en cuestión.

Inclusive, es de anotar que con ocasión a la pandemia mundial originada por el
Covid-19, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura,
mediante el Acuerdo PCSJA 20-11517 de 15 de marzo de 2020, ordenó la
suspensión de términos a partir del 16 de marzo de 2020, la cual se prorrogó
hasta el 1º de julio siguiente y que el asunto en cuestión –medio de control de
reparación directa– no quedó dentro de las excepciones previstas en dicho
acto.

Por lo tanto, si bien en el caso debatido la autoridad judicial censurada no ha
resuelto de fondo el asunto puesto a su conocimiento, lo cierto es que dicha
omisión obedece a circunstancias ajenas a su voluntad y no se ha originado
por negligencia, dado que no se puede pasar inadvertido que la jurisdicción de
lo contencioso administrativo padece de una situación de congestión judicial.

Para la Sala, resulta razonable la determinación del Tribunal Administrativo de
Antioquia referente a que la situación del señor Terán Solano no se ajusta a las
causales de excepción expresamente definidas en el citado artículo de la Ley
446 de 1998 para que sea dable que su caso tenga prelación sobre aquellos
que ingresaron primero al despacho.

Ahora bien, la Corte Constitucional también fijó unos criterios12 para acceder a
tal prerrogativa, los cuales se deben cumplir cabalmente pues, se reitera, que
por regla general las providencias se dictan en el mismo orden en el que han
ingresado los expedientes al despacho, como lo son:

(i) Que el tutelante sea un sujeto de especial protección constitucional, (ii) que
tal condición tenga una relación directa con la controversia que busca que se
solucione de manera rápida, de tal manera que al resultar favorable el fallo,
dicha decisión incida en la situación que padece y (iii) que no se haya superado
el límite de lo que resulta constitucionalmente tolerable para proferir la
respectiva decisión, en atención a las circunstancias del caso concreto.

Bajo este contexto, se observa que el tutelante merece un tratamiento
particular en sede de tutela en razón a que tiene una discapacidad derivada de
la amputación de su pierna derecha, con ocasión de la explosión de la mina
antipersonal que sufrió cuando se desempeñaba como soldado profesional del
Ejército Nacional.

Aunado a que el accionante se trata de persona con identidad étnica indígena,
pues afirmó que pertenece al resguardo Zenú de San Andrés de Sotavento
(Córdoba), es decir que se trata de un sujeto de protección constitucional
reforzada en atención a lo señalado en el artículo 1313 de la Constitución,
especialmente incisos en sus incisos 2º y 3º.14

12
Corte Constitucional, sentencia T-708 de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
“(...) El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará
13

medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Carlos Andrés Terán Solano
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Radicado: 11001-03-15-000-2021-08319-00

Igualmente, se advierte que la decisión que se profiera en segunda instancia
por parte del tribunal cuestionado podría incidir en la situación del actor, pues si
se confirma la condena impuesta a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional
– Ejército Nacional, será indemnizado por los perjuicios alegados y su
condición económica se puede ver beneficiada.

A pesar de lo anterior, el actor no demostró cuál puede ser el daño irreparable
que se puede evitar con la adopción de alguna medida transitoria, ni mucho
menos aportó al plenario prueba fehaciente que permita colegir que su derecho
fundamental al mínimo vital se ha visto gravemente afectado ante la espera de
la sentencia de segunda instancia.

Esto, por cuanto con el escrito de la tutela tan solo se aportó el pantallazo de la
consulta de su proceso en el sistema de información de procesos “Justicia
Siglo XXI”, así que el accionante no dio a conocer por ejemplo, el monto actual
de la mesada pensional que percibe y tampoco demostró que no pueda
sufragar sus necesidades básicas relativas a la alimentación, salud, vivienda,
entre otras, aspectos que resultan trascendentales para que se considere
vulnerada la mencionada garantía constitucional.

Por otro lado, cabe destacar que el Juzgado Veintiuno Administrativo de
Medellín, en la sentencia de 8 de agosto de 2017, no determinó que la
condición de indígena del señor Terán Solano fuera la causa del daño
antijurídico ocasionado a la parte demandante dentro del proceso de
reparación directa objeto de controversia.

Entonces, en el asunto sub judice no es dable alterar el turno para fallo que le
correspondió al proceso del actor por el hecho de que sea integrante del
resguardo Zenú de San Andrés de Sotavento (Córdoba), distinto sería si la
demora en dictar el respectivo pronunciamiento se fundara en la discriminación
del tutelante por pertenecer a dicha etnia.

Sin embargo, en el caso que nos ocupa esto no sucede, pues el motivo que
justifica el por qué no se ha resuelto el recurso de apelación interpuesto contra
la decisión de primera instancia proferida dentro del proceso con radicado
05001-33-33-021-2015-00288-01 es la congestión judicial, tal como se explicó
líneas atrás.

Vale la pena aclarar que las anteriores consideraciones no desestiman la
situación de debilidad manifiesta del tutelante, sino que dicho razonamiento
obedece a la aplicación de los lineamientos fijados jurisprudencialmente para
valorar la posibilidad de ordenar la alteración del turno para fallo, a partir de los
cuales se puede colegir que tal condición no significa per se que haya lugar a
conceder las solicitudes de prelación de turno.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física
o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o
maltratos que contra ellas se cometan.”
14
Al respecto se puede consultar, entre otras, las sentencias T-001 de 2019 y T-235 de 2011,
las cuales se traen a colación como un criterio auxiliar de interpretación.

8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Carlos Andrés Terán Solano
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Radicado: 11001-03-15-000-2021-08319-00

La razón de ello, se justifica en que la Corte Constitucional15 ha puntualizado
que las prelaciones que se solicitan por vía de tutela solo se conceden en
“circunstancias excepcionalísimas”, pues de lo contrario se podría
ocasionar un colapso en el sistema de turnos o, inclusive, “sujetos de especial
protección constitucional necesitados de una pronta decisión judicial podrían
verse desplazados por otros menos vulnerables que sin embargo presentaron
su requerimiento de prelación con mayor prontitud y obtuvieron, por esa sola
razón, un fallo inmediato.”

En este orden de ideas, se denegará la solicitud de tutela toda vez que la
demora presentada en el caso del demandante está justificada y en atención a
que no se demostró la existencia de un perjuicio irremediable que amerite
proferir alguna orden tendiente a que el juez natural modifique el turno que le
asignó al proceso promovido por el demandante.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Deniégase la acción de tutela presentada por el señor Carlos
Andrés Terán Solano contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, por los
motivos descritos anteriormente.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, remítase el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

15
Corte Constitucional, sentencia T-945A de 2008, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.