Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-08552-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-08552-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2021-08552-00
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
18 de febrero de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá D.C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 11001-03-15-000-2021-08552-00
Demandante: FELICITA GONZÁLEZ PASTRANA Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela instaurada por la señora Felicita González
Pastrana contra el Tribunal Administrativo de Córdoba.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
1.1. Pretensiones
El 10 de noviembre de 2021 1 , la señora Felicita González Pastrana, por
intermedio de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Córdoba, por considerar vulnerado su derecho fundamental al
debido proceso, con ocasión de la providencia de segunda instancia proferida el
29 de abril de 2021, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 23001-33-33-005-2018-00053-01. Formuló la siguiente pretensión:
[T]utelar el derecho al debido proceso y por ende dejar sin efecto el auto de
fecha 29 de Abril de 2021 por medio de la cual la Sala Tercera del Tribunal
Administrativo de Córdoba rechazó la demanda de reconvención y en su
defecto ordenar la admisión de la misma.
1
Se advierte que, el 21 de enero de 2022, el expediente ingresó al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
Radicación: 11001-03-15-000-2021-08552-00
Demandante: Felicita González Pastrana
Demandado: Tribunal Administrativo de Córdoba
Sentencia de tutela de primera instancia
1.2. Hechos
Los supuestos fácticos jurídicamente relevantes de la solicitud de amparo se
resumen así:
La señora Felicita González Pastrana fue vinculada al trámite del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por Luz Esther Castillo Padilla
en contra de la UGPP y que cursa en el Juzgado Quinto Administrativo de
Montería.
Una vez se notificó su vinculación al proceso, la señora González Pastrana
presentó demanda de reconvención, la cual fue inadmitida en auto del 11 de
febrero de 2019 y, posteriormente, se rechazó en providencia del 6 de marzo de
2019, bajo el argumento de que no se presentó escrito de subsanación.
Contra la anterior decisión se interpuso recurso de apelación y el Tribunal
Administrativo de Córdoba, en providencia del 29 de abril de 2021, confirmó la
decisión con salvamento de voto2.
1.3. Argumentos de la tutela
La parte actora manifestó que la autoridad judicial accionada incurrió en un
defecto procedimental absoluto, por cuanto el auto de inadmisión de la
demanda de reconvención no se notificó al correo electrónico que suministró al
juzgado.
Adujo, además, que en la providencia de segunda instancia no se hizo un estudio
de si la demanda de reconvención cumplía con los requisitos de ley, por el hecho
de que al no subsanarse la inadmisión se configuró la causal de rechazo; así
como tampoco tuvo en cuenta que la ausencia de notificación vulnera el debido
proceso.
2. Trámite impartido e intervenciones
2.1. Mediante auto del 25 de noviembre de 2021, el Despacho sustanciador
inadmitió la demanda de tutela, con el fin de que la parte demandada aclarara el
contenido de la solicitud.
2
La decisión tuvo salvamento de voto del magistrado Pedro Olivella Solano.
2
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Demandante: Felicita González Pastrana
Demandado: Tribunal Administrativo de Córdoba
Sentencia de tutela de primera instancia
Una vez se cumplió con el requerimiento, en providencia del 13 de diciembre de
2021, se admitió la petición de amparo y se ordenó que aquella se notificara a la
parte demandada y al juez quinto administrativo de Montería, en calidad de
tercero con interés. Asimismo, se ordenó notificar a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado.
2.2. El Tribunal Administrativo de Córdoba, luego de citar los argumentos de la
decisión cuestionada, expuso que, contrario a lo afirmado en la tutela, dicha
corporación sí se pronunció sobre los requisitos de la demanda de reconvención.
Además, aceptó que, si bien la providencia del 29 de abril de 2021 no se envió al
correo suministrado por la accionante, la parte podía alegar la nulidad.
2.3. Los otros sujetos vinculados guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES
1. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela es un mecanismo judicial cuyo objeto es la protección de los
derechos fundamentales amenazados o vulnerados por la acción u omisión de
cualquier autoridad pública o por un particular, en el último caso, cuando así lo
permita expresamente la ley.
La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. En todo caso, el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para
proteger el derecho fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el
juez de tutela deberá examinar si existe perjuicio irremediable y, de existir,
concederá el amparo impetrado, siempre que esté acreditada la razón para
conferir la tutela.
En principio, la Sala Plena de esta Corporación consideraba que la acción de
tutela era improcedente contra las providencias judiciales; sin embargo, a partir del
3
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Demandante: Felicita González Pastrana
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año 20123, aceptó su procedencia, conforme con las reglas que ha fijado la Corte
Constitucional, esto es, cuando la misma viole flagrantemente algún derecho
fundamental.
Con todo, la tutela no puede convertirse en la instancia adicional de los procesos
judiciales, pues los principios de seguridad jurídica y de coherencia del
ordenamiento jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de las
decisiones que allí se adoptan y, por tanto, no puede admitirse la procedencia de
la tutela contra providencias judiciales, sin mayores excepciones.
Para aceptar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, entonces,
el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales y
específicos que fijó la Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005.
Según la Corte, los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales son: (i) que el actor indique los hechos y las razones
en que se fundamenta la acción; (ii) que el accionante hubiere utilizado todos los
mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección
de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); (iii) que la acción se hubiere
interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea de
evidente relevancia constitucional y (v) que no se trate de una decisión proferida
en sede de tutela.
En relación con este último requisito general, cabe anotar que la Corte
Constitucional, en sentencia SU-627 de 2015, estableció que la acción de tutela
contra decisiones proferidas en sede de tutela procede en dos eventos
excepcionales.
El primero de ellos se presenta cuando la solicitud de amparo está dirigida contra
actuaciones del proceso ocurridas antes de la sentencia, consistentes, por
ejemplo, en la omisión del deber del juez de informar, notificar o vincular a terceros
que podrían verse afectados con la decisión. El segundo, por su parte, acaece
cuando con la acción de tutela se busca proteger un derecho fundamental que
habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato.
3
Sentencia del 31 de julio de 2012, expediente No. 2009-01328-01(IJ), M.P. María Elizabeth
García González.
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Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales anteriores, llamadas
genéricas, el juez puede conceder la protección siempre que advierta la presencia
de alguno de los siguientes defectos o vicios de fondo: (i) defecto sustantivo, (ii)
defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv) defecto orgánico, (v) error
inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente y (viii)
violación directa de la Constitución. La Corte Constitucional describió tales
causales, así:
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió
la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con
base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente
y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una
decisión que afecta derechos fundamentales.
f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional.
g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental
y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.
h. Violación directa de la Constitución.
Conviene decir, además, que al demandante le corresponde identificar y sustentar
la causal específica de procedibilidad y exponer las razones que sustentan la
violación de los derechos fundamentales. Para el efecto, no basta con manifestar
inconformidad o desacuerdo con las decisiones tomadas por los jueces de
instancia, sino que es necesario que el interesado demuestre que la providencia
cuestionada ha incurrido en alguna de las causales específicas para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. De lo contrario,
la tutela carecería de relevancia constitucional.
5
Radicación: 11001-03-15-000-2021-08552-00
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Justamente, las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y
que han venido aplicando la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la
tutela no se convierta en una instancia adicional para que las partes reabran
discusiones que son propias de los procesos judiciales ordinarios o expongan los
argumentos que dejaron de proponer oportunamente.
Por último, cabe anotar que, en recientes pronunciamientos 4 , la Corte
Constitucional ha restringido aún más la posibilidad de cuestionar, por vía de
tutela, las providencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de
Estado. En ese sentido, la Corte señaló que, además del cumplimiento de los
requisitos generales y la configuración de una de las causales específicas antes
mencionados, la acción de tutela contra providencias proferidas por los
denominados órganos de cierre, «sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de
manera abierta con la Constitución y es definitivamente incompatible con la
jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el alcance y límites de
los derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de
constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal entidad que
exige la imperiosa intervención del juez constitucional».
2. Problema Jurídico
En primer lugar, la Sala determinará si la solicitud de amparo cumple los requisitos
generales de la tutela contra providencia judicial. De ser así, se abordará el
estudio de fondo del asunto, con el fin de establecer si se configuró el defecto
procedimental atribuido por la parte demandante al auto proferido el 29 de abril de
2021 por el Tribunal Administrativo de Córdoba.
3. Análisis del caso
3.1. Requisitos generales de procedibilidad
3.1.1. De la inmediatez: si bien la la providencia de segunda instancia data del 29
de abril de 2021 y la solicitud de amparo se presentó el 11 de noviembre del
mismo año, esto es, seis meses y trece días después de la expedición, lo cierto es
que en el escrito de tutela se afirma que la autoridad judicial accionada no remitió
4
Ver, entre otras, las sentencias SU-917 de 2010 y SU-573 de 2017.
6
Radicación: 11001-03-15-000-2021-08552-00
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la notificación de dicha decisión al correo electrónico de la parte. Dicho aserto fue
aceptado por el Tribunal en el informe que rindió, según quedó reseñado en los
antecedentes.
Por tanto, como no se tiene certeza del momento exacto en que la parte actora se
enteró de la decisión atacada, la Sala flexibilizará la regla bajo estudio, en el
sentido de que, en este caso, se cumple con este presupuesto.
3.1.2. La providencia cuestionada no fue proferida en un proceso de tutela.
3.1.3. Del agotamiento de los mecanismos de defensa judicial: la Sala estima que
este requisito también está acreditado, por cuanto se agotaron los recursos
disponibles en el proceso ordinario.
En este punto, la Sala descarta el argumento del Tribunal, en virtud del cual la
parte demandante podía proponer la nulidad, a fin de que se notificara el auto del
29 de abril de 2021. Lo anterior, debido a que el debate aquí planteado no se
centra en la falta de notificación de la decisión que confirmó el rechazo la
demanda, sino en los argumentos que allí se expusieron, particularmente aquel
según el cual, para entender debidamente surtida la notificación del auto que
inadmitió la demanda de reconvención, bastaba con que se hubiera insertado
dicha providencia en los estados electrónicos, sin que fuera necesario enviarle el
correspondiente mensaje de datos al correo electrónico suministrado.
En todo caso, conviene precisar que la providencia de rechazó la demanda fue
atacada a través del recurso procedente, este es, el de apelación.
Así entonces, las irregularidades en que se hubiera incurrido al practicar la
notificación del auto que resolvió la apelación, si bien inciden en la determinación
de la inmediatez, no tienen injerencia directa en la discusión de fondo sobre el
rechazo de la demanda de reconvención, pues la parte accionante ya conoce la
providencia, tanto que es objeto de esta acción de tutela.
3.1.4 De la relevancia constitucional: la cuestión que aquí se discute sí tiene
relevancia constitucional, toda vez que la parte demandante alegó que, con la
providencia del 29 de abril de 2021, el Tribunal Administrativo de Córdoba vulneró
su derecho fundamental al debido proceso, al desconocer la garantía de la
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publicidad de las decisiones y la necesidad de que le fuera notificada la decisión
que le exigió adecuar la demanda de reconvención. En tal sentido, se observa que
la parte actora cumplió con el requisito de carga mínima argumentativa en la
sustentación del defecto procedimental, sin que la Sala considere que se esté
utilizando este mecanismo de protección constitucional como una instancia
adicional al proceso ordinario.
3.2. Requisitos específicos de procedibilidad alegados por la parte actora
3.2.1. Del defecto procedimental absoluto
El defecto procedimental hace referencia a aquellos casos en que el funcionario
judicial actúa completamente al margen del procedimiento legalmente establecido.
En palabras de la Corte Constitucional, el defecto procedimental se configura
cuando el funcionario judicial:
(i) Sigue un trámite completamente ajeno al que corresponde (desvío del cauce
del asunto)5.
(ii) Pretermite etapas o eventos sustanciales del procedimiento, circunstancia que
automáticamente conlleva al desconocimiento del derecho de defensa y
contradicción6.
(iii) Incurre en exceso ritual manifiesto, es decir, cuando concibe los
procedimientos como un obstáculo para la eficacia del derecho sustancial, y, por
esta vía, sus actuaciones devienen en denegación de justicia7.
(iv) Dicta una sentencia sin conexión con los hechos y pretensiones de la
demanda o sin tener en cuenta los aspectos del fallo de primera instancia que
fueron objeto de impugnación, según el caso, lo que se traduce en
desconocimiento del principio de consonancia o congruencia8.
5
Sentencia T-1049 de 2012.
6
Ibidem.
7
Sentencia T-386 de 2010.
8
Ver, entre otras, las sentencias SU-424 de 2012 y T-152 de 2013.
8
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3.3. Caso concreto y solución del problema jurídico
Del estudio integral de la solicitud de amparo, es claro que se discute la
providencia del 29 de abril de 2021, por medio de la cual el Tribunal Administrativo
de Córdoba confirmó el auto proferido el 6 de marzo de 2019 por el Juzgado
Quinto Administrativo de Montería, que rechazó la demanda de reconvención por
no subsanar los requisitos exigidos en el auto de inadmisión del 11 de febrero de
2019. Textualmente, esto sostuvo el Tribunal demandado:
En el asunto, tal como se desprende del auto apelado y del recurso,
corresponde determinar si era procedente el rechazo de la demanda de
reconvención realizado por el juez de primera instancia o si por el contrario
dicha decisión es violatoria del derecho al debido proceso, por no haberse
notificado debidamente el auto inadmisorio y adicionalmente si se encuentra o
no contemplados requisitos o presupuestos para presentar la demanda de
reconvención.
El primero de los reparos en contra del auto por medio del cual el Juzgado
Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Montería, dispuso el rechazo de
la demanda de reconvención gira en torno de una presunta vulneración al
debido proceso de la parte, al no haberse notificado en debida forma el auto
inadmisorio, puesto que no se envió al correo electrónico aportado por el
apoderado en el escrito de reconvención. Pues bien, la forma en la que debe
realizarse la notificación de dicho auto es mediante la notificación por estado,
al no estar expresamente dispuesta la notificación personal para dicho auto[1].
notificación que se encuentra regulada en el artículo 201 del CPACA.
[…]
Teniendo en cuenta la norma en cita, y verificado el escrito de demanda de
reconvención concretamente el acápite de notificaciones, se comprueba que el
apoderado de la demandante indica como correo electrónico para
notificaciones la dirección melendezf@homail.com (sic) y al verificar la
comunicación remitida a las partes de la notificación por estado, se establece
que esta solo fue remitida a los siguientes correos:
“frerasane@hotmail.com, notificacionesjudicialesugpp@ugpp.gov.co”
dejándose de lado entonces el envío del correo electrónico al apoderado de la
demandante en reconvención.
No obstante, dicha omisión no puede considerarse como una vulneración al
debido proceso de la parte demandante, toda vez que conforme se ha
establecido por el H. Consejo de Estado, en pronunciamientos al respecto, el
envío de mensaje de datos no hace parte de la notificación por estado, la cual
se efectúa vía electrónica, mediante la inserción de una anotación en un
medio (físico y electrónico), la cual debe contener: la identificación del
proceso, el nombre del demandante y demandado, la fecha del auto y el
cuaderno en que se halla, la fecha del estado y la firma de Secretaría;
notificación que deberá permanecer por un día en el medio informático de la
Rama Judicial. Mientras que el envío del correo no hace parte de las
actuaciones que configuran la notificación, sino que tiene el carácter de ser
una mera comunicación del mismo y, por lo tanto, no de notificación…
[…]
9
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Demandante: Felicita González Pastrana
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De forma tal, que frente al argumento esbozado por el recurrente, es evidente
conforme a la postura jurisprudencial del Consejo de Estado traída a colación,
que la comunicación por correo electrónico de la notificación por estado, no
hace parte estructurante de la notificación misma y por lo tanto tiene la
naturaleza de ser una mera comunicación, razón por la cual en el sub examine
no se puede entender como vulnerado el derecho al debido proceso y acceso
a la administración de justicia del demandante en reconvención cuando el auto
inadmisorio fue notificación por estado No. 8 del 12 de febrero de 2019 y de
cuya realización el secretario dejó la respectiva certificación al pie de la
providencia.
En sentir de la parte demandante, la autoridad judicial accionada incurrió en un
defecto procedimental porque (i) no estudió si la demanda de reconvención
cumplía los requisitos de admisión y (ii) no tuvo en cuenta que, aunque la
providencia que inadmitió la demanda de reconvención se insertó en los estados
electrónicos, la falta de envío del correspondiente mensaje de datos al correo
electrónico que suministró le impidió subsanar los requisitos advertidos por el
juzgado.
La Sala comparte la tesis de la parte actora de que la autoridad judicial accionada
incurrió en defecto procedimental e incluso sustancial por desconocimiento de la
regla contenida en el artículo 201 del CPACA, en cuanto a los requisitos y
condiciones de la notificación por estado.
Basta leer el contenido del artículo 201 de la Ley 1437 de 2011, en su redacción
original, para deducir el deber que le asiste al despacho que emite una providencia
susceptible de notificación por estado, de remitirla por intermedio de la secretaría
a la dirección electrónica suministrada por la parte interesada. Así lo señala, sin
ambages, la disposición normativa aludida:
De las notificaciones hechas por estado el secretario dejará certificación con
su firma al pie de la providencia notificada y se enviará un mensaje de
datos a quienes hayan suministrado su dirección electrónica.
El legislador dentro de su margen de configuración legislativa determinó que de
las notificaciones por estado era necesario remitir un mensaje a las partes que
informaron su dirección electrónica. Por tanto, al decidir el recurso de apelación la
autoridad judicial accionada no podía desatender el tenor de dicha norma y
privilegiar una interpretación que, además de alejarse del contenido normativo,
afecta las garantías constitucionales del sujeto procesal implicado.
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-08552-00
Demandante: Felicita González Pastrana
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Sin duda, la interpretación que más se acompasa al texto legal y a los derechos
constitucionales y garantías procesales es la que concluye la necesidad de cumplir
el mandato normativo de remitir electrónicamente las notificaciones por estado, en
casos como el que así se estudia. Para arribar a esa conclusión no hace falta
acudir a disposiciones complementarias o especiales, dada la claridad del
precepto señalado.
Ahora bien, resulta más censurable que la notificación en debida forma del estado
se hubiese realizado –por descuido u otra circunstancia– de manera selectiva, al
evidenciarse que se remitió a todos los sujetos procesales, con excepción de la
señora González Pastrana, quien tenía mayor interés en su contenido por
elementales razones: fue a quien se le inadmitió la demanda de reconvención y
debía subsanar la exigencia o, en su defecto, recurrir la providencia que la
inadmitió.
Esta Subsección tuvo oportunidad de referirse a un asunto de similares contornos
al que aquí se estudia y en sede de tutela determinó el deber de remitir la
notificación por estado al correo electrónico cuando fuese suministrado por las
partes. En sentencia del 19 de marzo de 2021, se dijo:
En ese contexto, se observa que, si bien es cierto que el Decreto 806 de 2020
modificó el artículo 201 del CPACA, también lo es que tal modificación se limita
a establecer que no es necesario que el secretario firme los estados o deje
constancia de la notificación con su firma –para el caso de los procesos
contencioso administrativos–, pero no releva a las autoridades de la obligación
de remitir el mensaje de datos exigido para entenderse debidamente notificada
una providencia.
Por el contrario, dicho decreto propende porque se utilicen “las tecnologías de
la información y de las comunicaciones en la gestión y trámite de los procesos
judiciales y asuntos en curso, con el fin de facilitar y agilizar el acceso a la
justicia, como también proteger a los servidores judiciales, como a los usuarios
de este servicio público” (artículo 2).
En ese sentido, la Subsección reitera que, al ser la notificación por estado una
actuación compleja, requiere del cumplimiento de los dos presupuestos –las
constancias del trámite secretarial sin firma en atención al Decreto 806 de 2020
y el envío del mensaje de datos– para entenderse debidamente surtida9.
A pesar que el Decreto 806 de 2020 y la Ley 2080 de 2021 son posteriores a la
irregularidad procesal discutida en esta oportunidad, estas disposiciones lo que
hacen es reiterar y robustecer la necesidad de implementar el uso de las
9
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 19 de marzo de 2021, exp.
520012333000202001182 01 (AC), M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
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tecnologías de la información y las comunicaciones en el ejercicio de la actividad
judicial, pero, en lo que concierne al deber de remitir la notificación, esa situación
se encontraba prevista en el artículo 201 del CPACA vigente para el momento en
que se inadmitió y rechazó la demanda de reconvención.
Así las cosas, como la demandante en reconvención suministró el correo
electrónico melendezf@hotmail.com, sin que se le remitiera la notificación del
estado contentivo de la providencia que inadmitió la demanda, en efecto, se le
impidió conocer su contenido, cuestionar la providencia y/o presentar el escrito de
subsanación. Lo anterior constituye un defecto procedimental y vulnera las
garantías que dimanan del derecho al debido proceso.
Con apoyo en lo brevemente razonado, la Sala amparará el derecho fundamental
al debido proceso de la señora Felicita González Pastrana y, en consecuencia,
dejará sin efectos el auto del 29 de abril de 2021, proferido por el Tribunal
Administrativo de Córdoba, y le ordenará que, en el término de diez (10) días,
contado a partir de la notificación de esta sentencia, dicte una nueva providencia
en la que se observen las razones aquí contenidas.
Finalmente, la Sala se releva del estudio de los argumentos sobre al deber que
tenía el Tribunal de pronunciarse acerca del cumplimiento de los requisitos de
admisión de la demanda de reconvención, en atención a que se constató la
indebida notificación del auto que inadmitió la demanda y dio lugar al consecuente
rechazo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. Amparar los derechos fundamentales al debido de la señora Felicita
González Pastrana, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.
SEGUNDO. Dejar sin efectos el auto del 29 de abril de 2021, proferido por el
Tribunal Administrativo de Córdoba. Como consecuencia, se ordena a dicha
autoridad judicial que, en el término de diez (10) días, contado a partir de la
notificación de esta sentencia, dicte una nueva providencia en la que desate el
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Demandante: Felicita González Pastrana
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recurso de apelación, según los dictados del artículo 201 del CPACA y de
conformidad con lo aquí señalado.
TERCERO. Notifíquese la presente decisión a las partes y a los interesados por
el medio más expedito y eficaz.
CUARTO. De no ser impugnada la presente providencia, por Secretaría General,
envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la
fecha de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el
aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el certificado digital
que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace:
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
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