Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-08685-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-08685-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2021-08685-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
10 de febrero de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., diez (10) de febrero de dos mil veintidós (2022)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-08685-01
Referencia: Acción de tutela
Actora: IVETH DAZA SALINAS
TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA IMPUGNADA. EL DERECHO AL
GOCE Y DISFRUTE DEL PERÍODO DE VACACIONES INDIVIDUALES DE
LOS EMPLEADOS DE LA RAMA JUDICIAL QUE LES ASISTE
LEGALMENTE, NO SE PUEDE AFECTAR POR ASUNTOS DE ÍNDOLE
ADMINISTRATIVO. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL.
DERECHOS FUNDAMENTALES: TRABAJO, DIGNIDAD HUMANA,
IGUALDAD, SALUD, DESCANSO Y A LA FAMILIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la DIRECCIÓN
EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE
SANTA MARTA -MAGDALENA1- contra la providencia de 13 de
diciembre de 2021, proferida por la SECCIÓN TERCERA -
SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE ESTADO2, mediante la cual
se ampararon los derechos fundamentales invocados por la actora.
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En adelante la Dirección Ejecutiva Seccional.
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En adelante la Sección Tercera.
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Número único de radicación: 15001-03-15-000-2021-08685-01
Actora: IVETH DAZA SALINAS
I. ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
La señora IVETH DAZA SALINAS, actuando en nombre propio, en
ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la
Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al trabajo, la dignidad humana, la igualdad, la salud,
al descanso y a la familia, los cuales estima vulnerados por la
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL, al negarle el disfrute de sus
vacaciones y los recursos económicos para su correspondiente
reemplazo como funcionaria del Juzgado Primero Promiscuo de
Familia de Ciénaga, Magdalena.
I.2.- Hechos
Afirmó que se desempeña como Asistente Social en el Juzgado
Primero Promiscuo de Familia de Ciénaga, Magdalena, circunstancia
por la cual pertenece al régimen de vacaciones individuales en la
Rama Judicial.
Señaló que el 21 de julio de 2021, solicitó a la JUEZA PRIMERA
PROMISCUO DE FAMILIA DE CIÉNAGA que le fueran concedidas
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Número único de radicación: 15001-03-15-000-2021-08685-01
Actora: IVETH DAZA SALINAS
las vacaciones a que tenía derecho, por haber laborado durante el
período comprendido desde el 1o. de julio de 2020 hasta el 1o. de
julio de 2021.
Indicó que la JUEZA PRIMERA PROMISCUO DE FAMILIA DE
CIÉNAGA mediante Resolución núm. 010 de 30 de julio de 2021,
concedió a la actora las vacaciones solicitadas, sin embargo,
suspendió su disfrute hasta tanto la DIRECCIÓN EJECUTIVA
SECCIONAL expidiera el certificado de disponibilidad presupuestal3
para proveer su reemplazo.
Manifestó que la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL mediante
Oficio núm. DESAJSMO21-700 de 2 de agosto de 2021, indicó que
no era posible expedir el CDP para autorizar los reemplazos de
vacaciones en el cargo de Asistente Social, por cuanto conforme
con lo dispuesto en la Circular PSAC11-44 de 23 de noviembre de
2011 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, dicho
trámite solo era aplicable para los Despachos Judiciales cuya planta
de personal fuera de máximo 3 funcionarios, circunstancia que no
se presentaba en su caso.
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En adelante CDP.
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Actora: IVETH DAZA SALINAS
Señaló que debido a lo anterior, la JUEZA PRIMERA PROMISCUO
DE FAMILIA DE CIÉNAGA a través de las resoluciones núms. 011
de 10 de agosto de 2021 y 021 de 26 de octubre de 2021,
suspendió el disfrute se sus vacaciones por razones del servicio,
debido a que dentro del Despacho Judicial no existe otra persona
que pueda realizar sus funciones interdisciplinarias.
Estimó que se vulneraron sus derechos fundamentales invocados,
por cuanto a la fecha no ha podido disfrutar de sus vacaciones, las
cuales se encuentran suspendidas por un trámite administrativo
relacionado con la expedición de un CDP, el cual no se encuentra
obligada a soportar.
Manifestó que se debe tener en cuenta que el derecho al descanso
corresponde a una garantía fundamental, la cual no le ha sido
reconocida, impidiendo que comparta con su familia y descanse
física y mentalmente de sus actividades laborales.
I.3.- Pretensiones
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Actora: IVETH DAZA SALINAS
La actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales
invocados como violados y, en consecuencia, pide que se le levante
la suspensión de sus vacaciones, en los siguientes términos:
“[…] Amparar los derechos fundamentales al trabajo digno, a la
igualdad a la salud, al descanso, a la familia, que se vienen
vulnerando por parte de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial de Santa Marta, ordenándole que inicie
las acciones pertinentes en aras de garantizar la provisión de
los recursos y proceda a expedir el respectivo certificado de
disponibilidad presupuestal que se requiera para el
nombramiento del remplazo, y así poder disfrutar de mis
vacaciones, y para que la señora Juez primero Promiscuo de
Familia de Ciénaga -Magdalena, proceda a levantar la
suspensión de las vacaciones, que fue motivada mediante
resolución No.011 del 10 de Agosto de 2021, vacaciones
remuneradas a que por ley tengo derecho y que se encuentran
causadas y concedidas por resolución 010 del 22 de julio de
2021, las que debieron iniciar desde el 03 de Agosto al 27 de
Agosto del año en curso. Las cuales fueron solicitadas
nuevamente el 7 de octubre del corriente, para disfrutarlas
desde el día 7 de diciembre de 2021, hasta el 31 del mismo
año, siendo de igual manera suspendidas por la juez, mediante
resolución No 021 del 26 de octubre de 2021 por las mismas
razones.
Que se ordene al Director Ejecutivo de Administración Judicial
de Santa Marta, o a quien haga sus veces, que omita tener
como fundamento para la expedición del certificado de
disponibilidad presupuestal en mi caso, el oficio DESAJSMO21-
700 de agosto de 23 de 2021.
Ordenar al Director Ejecutivo de Administración Judicial de
Santa Marta, o a quien haga sus veces que cada vez que se
adelante el trámite pertinente para que se obtenga el
Certificado de Disponibilidad Presupuestal, para la persona que
me ha de reemplazar durante el disfrute de mis vacaciones
como servidora judicial. Ello para no incurrir en temeridad, toda
vez, que no es posible que cada vez que se solicite mis
vacaciones me las nieguen o suspendan por no contar con
Certificado de Disponibilidad Presupuestal, se tenga que acudir
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a esta acción constitucional por los mismos hechos y derechos.
[…]”.
I.4.- Defensa
I.4.1.- La DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL manifestó que no
vulneró los derechos fundamentales invocados, toda vez que no ha
realizado actividad alguna tendiente a obstruir el derecho al disfrute
de las vacaciones de la actora.
Indicó que corresponde únicamente a la JUEZA PRIMERA
PROMISCUO DE FAMILIA DE CIÉNAGA resolver sobre la petición
de vacaciones elevada por la actora, sin efectuar condicionamiento
alguno.
Señaló que en el caso de la actora no fue posible expedir un CDP
para asignarle un reemplazo, por cuanto conforme con lo
establecido en la Circular núm. PSAC11-44 de 23 de noviembre de
2011, la asignación de recursos para dicho fin solo es posible para
los casos de reemplazos de jueces y/o empleados con vacaciones
individuales cuya planta de personal sea de 3 o menos empleados.
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Actora: IVETH DAZA SALINAS
Expuso que la acción de tutela no era procedente por cuanto la
actora no acreditó la existencia de un perjuicio irremediable.
Interviniente
I.5.1.- La JUEZA PRIMERA PROMISCUO DE FAMILIA DE
CIÉNAGA pese a ser debidamente notificada, guardó silencio.
II. FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
Mediante sentencia de 13 de diciembre de 2021, la SECCIÓN
TERCERA amparó los derechos fundamentales invocados y ordenó
a la accionada que, en el término de 10 días, adelantara las
gestiones necesarias para apropiar los recursos requeridos para
garantizar el reemplazo de la actora y expidiera el correspondiente
CDP. Asimismo dispuso que, una vez cumplida la primera orden, en
un plazo de 48 horas, el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de
Ciénaga, Magdalena, concediera la solicitud de vacaciones de la
accionante.
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Manifestó que dentro del proceso se encontraba demostrado que la
actora contaba con un período de vacaciones causado por haber
laborado desde el 1o. de julio de 2020 hasta el 1o. julio de 2021 y
que su disfrute fue suspendido debido a la ausencia del CDP para
nombrar su reemplazo mientras disfrutaba de su descanso.
Sostuvo que dicha circunstancia vulneraba los derechos
fundamentales invocados, por cuanto asuntos de índole
administrativo no podían desconocer el derecho al goce y disfrute
del derecho al descanso de la actora.
Expuso que no eran de recibo los argumentos expuestos por la
accionada relacionados con el cumplimiento de los lineamientos
establecidos en la PSAC11-44 de 23 de noviembre de 2011, toda vez
que todos los empleados judiciales tienen derecho a disfrutar de su
período de descanso de 22 días, por cada año de servicio sin
distinción, por lo que la existencia de un procedimiento especial
para nombrar el reemplazo de los empleados no era una
justificación válida para negar el goce de ese derecho.
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Manifestó que la presencia de otros empleados en el JUZGADO
PRIMERO PROMISCUO DE FAMILIA DE CIÉNAGA, no constituía
una razón válida para negar el derecho al disfrute de las vacaciones
de la actora, toda vez que: “[…] el alcance y las finalidades del
derecho al descanso se ven comprometidas si las asignaciones de
trabajo que competen al empleado no cesan durante sus
vacaciones o no son asumidas por un reemplazo, pues, dada la
naturaleza del servicio, por cada día de vacaciones aumenta la
carga laboral, de forma que al reanudar sus funciones el empleado
deberá adelantar todo lo que no pudo hacer durante el receso […]”.
III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL impugnó la decisión
proferida por la SECCIÓN TERCERA, en escrito mediante el cual
solicitó revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar,
declarar improcedente la acción de tutela de la referencia.
Señaló que no vulneró los derechos fundamentales invocados por la
actora, toda vez que el derecho al disfrute de las vacaciones que
causó debe ser garantizado exclusivamente por su nominador, en
este caso, la JUEZA PRIMERA PROMISCUO DE FAMILIA DE
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CIÉNAGA.
Insistió en que, en el caso concreto, no es posible expedir un CDP
para asignar un reemplazo a la actora, por cuanto de conformidad
con lo establecido en la Circular núm. PSAC11-44 de 23 de
noviembre de 2011, la asignación de recursos para dicho fin solo es
posible para los casos de reemplazos de jueces y/o empleados con
vacaciones individuales cuya planta de personal sea de 3 o menos
empleados.
Indicó que en caso de que se amparen los derechos invocados por
la actora, la orden debe ir dirigida únicamente a la JUEZA
PRIMERA PROMISCUO DE FAMILIA DE CIÉNAGA, quien debe
conceder el disfrute de las vacaciones sin condicionamiento alguno.
Finalmente, solicitó declarar la nulidad del trámite de la presente
acción, toda vez que, a su juicio, la SECCIÓN TERCERA no tuvo en
cuenta los argumentos que expuso en la contestación de la
demanda oportunamente presentada.
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IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre
de 2017 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de
2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las secciones.
Cuestión previa
La DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL, en el escrito de
impugnación, solicitó declarar la nulidad de lo actuado en el
presente trámite, por cuanto, a su juicio, se vulneró su derecho al
debido proceso, debido a que la SECCIÓN TERCERA en la
sentencia de primera instancia no tuvo en cuenta los argumentos
que expuso en la contestación de la demanda.
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Ahora bien, la SECCIÓN TERCERA en la sentencia de 13 de
diciembre de 2021, se pronunció sobre el escrito presentado por la
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL, en el siguiente sentido:
“[…] En este sentido considera la Sala que en este caso es claro
que existió la alegada vulneración de los derechos
fundamentales de la accionante, por cuanto asuntos de índole
administrativo y de organización interna del despacho afectaron
el derecho al goce y disfrute del periodo vacacional que
legalmente le asiste a la actora, pese a que el descanso
constituye una garantía fundamental derivada del derecho al
trabajo en condiciones dignas, como ya lo ha resuelto esta
Corporación en anteriores oportunidades.
Si bien por regla general la acción de tutela no es el medio
idóneo para dictar órdenes que impliquen erogaciones y/o
apropiaciones presupuestales, no puede perderse de vista
que la no expedición del CDP implicó que el titular del
Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Ciénaga
retardara indefinidamente el disfrute del derecho al
descanso de una de las empleadas de su despacho, pues
ante la falta de nombramiento de un remplazo se generó
la imposibilidad de que la señora Daza Salinas pudiera
gozar de un derecho ya causado: sus vacaciones, ello en
aras de evitar la puesta en peligro de la prestación del servicio
a cargo del despacho.
Ahora bien, en relación con el argumento de la accionada
sobre la imposibilidad de desconocer los lineamientos de
la Circular PSAC11-44 de 23 de noviembre de 2011
proferida por el Consejo Superior de la Judicatura, es
preciso anotar que estos no son de recibo pues tanto
funcionarios como empleados judiciales tienen derecho
indistintamente a disfrutar de un periodo de descanso -
sin que sea dable distinguir o poner obstáculos
infundados en razón únicamente del cargo-,
correspondiente a 22 días de vacaciones por cada año de
servicio, sin que el hecho de que no exista una norma
que reglamente el procedimiento especial para nombrar
el reemplazo de los empleados pueda ser justificación
válida para negar el goce de ese derecho, como lo han
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reconocido otras salas de esta Corporación de manera
reiterada.
Asimismo, como lo indicó recientemente esta misma Sala de
Decisión tampoco es de recibo que se aduzca como limitante la
presencia de otros empleados en el despacho o razones de
índole similar, puesto que “el alcance y las finalidades del
derecho al descanso se ven comprometidas si las asignaciones
de trabajo que competen al empleado no cesan durante sus
vacaciones o no son asumidas por un reemplazo, pues, dada la
naturaleza del servicio, por cada día de vacaciones aumenta la
carga laboral, de forma que al reanudar sus funciones el
empleado deberá adelantar todo lo que no pudo hacer durante
el receso. En otras palabras, la sola cesación de laborales no
garantiza el derecho al descanso que le permita al trabajador
reanudar sus fuerzas, si durante ese término subsiste la
preocupación respecto al trabajo pendiente y que aumenta
durante las vacaciones […]”
Teniendo en cuenta lo anterior y de la lectura de la providencia de
13 de diciembre de 2021, la Sala advierte que la SECCIÓN
TERCERA sí tuvo en cuenta el escrito de contestación de tutela
remitido por parte de la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL,
circunstancia distinta es que, con ocasión del análisis de las pruebas
allegadas al proceso y de la jurisprudencia constitucional aplicable
al caso concreto, haya llegado a la conclusión de que debía
desestimar sus argumentos encaminados a que se denegara el
amparo deprecado, lo cual en ningún caso constituye una
vulneración al derecho al debido proceso de la solicitante.
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Por lo anterior, la Sala rechazará por improcedente la solicitud de
nulidad de lo actuado propuesta por la DIRECCIÓN EJECUTIVA
SECCIONAL.
Caso concreto
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los
derechos constitucionales fundamentales, cuando estos resulten
vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier
autoridad pública o particular, en los casos previstos en el artículo
42 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de 19914. Dicha
acción se establece como instrumento subsidiario, es decir, que
solo procede cuando el afectado no dispone de otros medios de
defensa judiciales, salvo que se utilice como mecanismo transitorio,
con miras a evitar un perjuicio irremediable.
En el presente caso, la señora IVETH DAZA SALINAS, actuando
en nombre propio, instauró acción de tutela con el fin de obtener el
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«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política».
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amparo de sus derechos fundamentales al trabajo, la dignidad
humana, la igualdad, la salud, al descanso y a la familia.
La actora atribuyó la vulneración de sus derechos fundamentales al
hecho de que se le haya negado el derecho a disfrutar sus
vacaciones por parte de la JUEZA PRIMERA PROMISCUO DE
FAMILIA DE CIÉNAGA con ocasión de la negativa de la
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL de asignar la disponibilidad
presupuestal para nombrar su reemplazo durante dicho período.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la
la SECCIÓN TERCERA que, mediante sentencia de 13 de
diciembre de 2021, amparó los derechos fundamentales invocados
y ordenó a la accionada que, en el término de 10 días, adelantara
las gestiones necesarias para apropiar los recursos requeridos para
garantizar el reemplazo de la actora y expidiera el correspondiente
CDP. Asimismo dispuso que, una vez cumplida la primera orden, en
un plazo de 48 horas, la JUEZA PRIMERA PROMISCUO DE
FAMILIA DE CIÉNAGA concediera la solicitud de vacaciones de la
accionante.
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La DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL impugnó la anterior
decisión, debido a que, a su juicio, debe declararse improcedente el
amparo solicitado, por cuanto no vulneró los derechos
fundamentales invocados por la actora. Asimismo, insistió en que le
corresponde exclusivamente a la JUEZA PRIMERA PROMISCUO
DE FAMILIA DE CIÉNAGA conceder las vacaciones solicitadas y
que no puede expedir el CDP requerido con fundamento en lo
establecido en la Circular núm. PSAC11-44 de 23 de noviembre de
2011.
Conforme con lo anterior, corresponde a la Sala determinar si la
acción de tutela de la referencia cumple con los requisitos de
procedibilidad y, de ser así, establecer si el hecho de que la JUEZA
PRIMERA PROMISCUO DE FAMILIA DE CIÉNAGA le haya
negado el disfrute de sus vacaciones con ocasión de la negativa de
la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL a expedir el certificado
de disponibilidad presupuestal que garantice la contratación de una
persona que reemplace a la actora, vulnera sus derechos
fundamentales.
En ese orden de ideas, la Sala advierte que la solicitud de amparo
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cumple con el requisito de la relevancia constitucional y fue
promovida dentro de un término razonable, por cuanto la presunta
vulneración de los derechos fundamentales invocados se originó con
ocasión a la expedición del oficio núm. DESAJSMO21-700 de 2 de
agosto de 2021, a través del cual la DIRECCIÓN EJECUTIVA
SECCIONAL negó la expedición del certificado presupuestal
mencionado y de las resoluciones núms. 010 de 30 de julio de
2021, 011 de 10 de agosto de 2021 y 021 de 26 de octubre de
2021, por medio de las cuales se le suspendió el disfrute de sus
vacaciones, mientras que la acción de tutela fue radicada el 29 de
octubre de 20215.
Por otro lado, en lo que concierne a la subsidiariedad la Sala
también encuentra acreditado dicho requisito, como quiera que, por
una parte, el objeto de la acción de tutela es lograr la protección
inmediata del derecho a las vacaciones como garantía mínima de
los trabajadores y, por otra, en razón a que el eventual medio de
control y restablecimiento del derecho resultaría ineficaz, en la
medida que la actora advierte que es necesario que para el disfrute
de sus vacaciones se debe efectuar un nombramiento de remplazo
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Según lo señalado en el acta de reparto obrante en el índice 2 del expediente digital tramitado en
primera instancia.
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durante ese tiempo6.
Verificado lo anterior, procede la Sala a abordar el estudio del fondo
del asunto.
Del derecho al trabajo y el régimen de vacaciones de la
Rama Judicial
Respecto del derecho al trabajo el artículo 25 de la Constitución
Política establece:
“[…] Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social
y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del
Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones
dignas y justas […]”.
Por su parte, el artículo 53 de la Carta Política y la Corte
Constitucional han establecido como una garantía mínima en favor
de los trabajadores la concerniente al descanso remunerado,
derecho que tiene como propósito que el empleado recupere las
energías ante el desgaste normal de las mismas, originado por la
actividad laboral.
6
Criterios bajo los cuales esta Sala ha aceptado de forma reiterada la procedencia de acciones de
tutela en casos similares al presente. Al respecto ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de septiembre de 2021, CP Hernando Sánchez
Sánchez, número único de radicación 11001031500020210285301.
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Al efecto, en sentencia C-019 de 20047 la Corte Constitucional
señaló:
“[…] El derecho al descanso conviene entenderlo como la
oportunidad que se le otorga al empleado para reparar sus
fuerzas intelectuales y materiales, para proteger su salud
física y mental, para compartir con su familia mayores y mejores
espacios de encuentro fraternal, para abordar actividades idóneas
al solaz espiritual, para incursionar más en la lectura y el
conocimiento, y, a manera de posibilidad estética, para acercarse
paulatinamente al hacer artístico en sus múltiples
manifestaciones.
En nuestra legislación las vacaciones se erigen como el derecho
a un descanso remunerado por las labores desarrolladas al
servicio del empleador, quien a su vez tiene el deber de
causarlas contablemente, al igual que la obligación de pagarlas al
empleado dentro de los términos de ley. Es decir, el empleado
tiene derecho al disfrute de un tiempo libre a título de vacaciones,
durante el lapso legalmente causado y con el pago previo de ese
derecho, pues no sería justo ni razonable el que un trabajador
saliera a “disfrutar” sus vacaciones desprovisto del
correspondiente ingreso económico. Claro es que unas
vacaciones carentes de recursos se tornarían en un hecho
contraproducente a los intereses y derechos del titular y su
familia, ante la permanencia del gasto que implica su existencia y
desarrollo.
Dentro del sentido y fines del derecho a las vacaciones resulta
pertinente destacar la regla según la cual los empleados
deben disfrutar efectivamente su período vacacional, con
arreglo a los términos y plazos establecidos en la ley.
Aceptándose sólo por excepción el pago de las mismas sin el
concomitante disfrute; esto es, únicamente en los casos
taxativamente señalados se admite la compensación en dinero de
las vacaciones […]”. (Negrillas fuera del texto)
De igual forma, el artículo 4º del Convenio 52 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), aprobado por el Estado Colombiano
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Mp Jaime Araújo Rentería.
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mediante la Ley 54 de 31 de octubre de 19628, dispone:
“[…] Articulo 4. Se considerará nulo todo acuerdo que implique
el abandono del derecho a vacaciones pagadas o la renuncia a
las mismas […].
Ahora bien, el régimen de vacaciones de los empleados y
funcionarios de la RAMA JUDICIAL se encuentra establecido en el
artículo 146 de la Ley 270 de 7 de marzo 19969, en los siguientes
términos:
“[…] Las vacaciones de los funcionarios y empleados de la Rama
Judicial serán colectivas, salvo las de los de la Sala Administrativa
de los Consejos Superiores y Seccionales de la Judicatura, las de
los Tribunal Nacional (sic), las de los Juzgados Regionales
mientras existan, de Menores, Promiscuos de Familia, Penales
Municipales y de Ejecución de Penas; y las de los de la Fiscalía y
el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Las vacaciones individuales serán concedidas de acuerdo con las
necesidades del servicio por la Sala Administrativa del Consejo
Superior y Seccionales de la Judicatura por la Sala de Gobierno
del respectivo Tribunal a los Jueces y por el respectivo nominador
en los demás casos, por un término de veintidós días continuos
por cada año de servicio […]”.
Significa lo precedente que el régimen de vacaciones de los
empleados de la Rama Judicial, se escinde en dos modalidades, a
saber: a) los empleados que disfrutan sus vacaciones de manera
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“Por la cual se aprueban varios Convenios Internacionales del Trabajo adoptados por la Conferencia
Internacional del Trabajo, en las reuniones 20ª, 32ª, 34ª y 40ª.”
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“ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”.
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colectiva y, b) los empleados pertenecientes a la “[…] Sala
Administrativa de los Consejos Superiores y Seccionales de la
Judicatura, las de los Tribunal Nacional, las de los Juzgados
Regionales mientras existan, de Menores, Promiscuos de Familia,
Penales Municipales y de Ejecución de Penas; y las de los de la
Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses [...]”, cuyo régimen vacacional es individual.
No obstante lo anterior, en ambos supuestos el empleado de la
RAMA JUDICIAL se hace acreedor del derecho a disfrutar de sus
vacaciones, el cual se considera fundamental e irrenunciable y, por
tanto, debe ser protegido a través de la acción de tutela.
Ahora bien, en el presente caso conforme con los elementos de
juicio obrantes en el plenario, se encuentra probado de forma
relevante lo siguiente:
• La actora se desempeña como Asistente Social en el Juzgado
Primero Promiscuo de Familia de Ciénaga, Magdalena, cuyo
régimen de vacaciones corresponde al individual.
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Actora: IVETH DAZA SALINAS
• La actora solicitó a la JUEZA PRIMERA PROMISCUO DE
FAMILIA DE CIÉNAGA que le fueran concedidas las vacaciones a
que tenía derecho, por haber laborado durante el período
comprendido desde el 1o. de julio de 2020 hasta el 1o. de julio de
2021.
• La JUEZA PRIMERA PROMISCUO DE FAMILIA DE CIÉNAGA
mediante Resolución núm. 010 de 30 de julio de 2021, concedió a
la actora las vacaciones solicitadas, sin embargo, dejó en suspenso
su disfrute hasta tanto la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL
expidiera el CDP para proveer su reemplazo. Al respecto, resolvió:
“[…] PRIMERO: CONCEDER a la señora IVETH DAZA SALINAS,
en su calidad de Asistente Social en propiedad del juzgado
Primero Promiscuo de Familia de Ciénaga Madalena, las
vacaciones a las que tiene derecho por haber prestado sus
servicios a la nación desde el 1º de julio de 2020 al 1º de julio
de 2021, por el termino de los veintidós (22) días más los tres
(3) días de la semana Santa.
SEGUNDO: DEJAR EN SUSPENSO el disfrute de las
vacaciones solicitadas por la servidora IVETH DAZA
SALINAS, hasta tanto la Dirección Ejecutiva Seccional de
la Administración Judicial del Magdalena se pronuncie
respecto de la expedición del certificado de
disponibilidad presupuestal para proveer el cargo de
ASISTENTE SOCIAL durante los 25 días que duren las
vacaciones de la titular del cargo en propiedad.
TERCERO: SOLICITAR a la Dirección Ejecutiva Seccional de la
Administración Judicial del Magdalena, la expedición de un
certificado de disponibilidad presupuestal para proveer el cargo
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Actora: IVETH DAZA SALINAS
de ASISTENTE SOCIAL durante los 25 días que duren las
vacaciones de la titular del cargo en propiedad. Líbrese oficio,
remitiendo duplicado de este acto administrativo. […]”
• La JUEZA PRIMERA PROMISCUO DE FAMILIA DE CIÉNAGA
solicitó a la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL expedir el
certificado de disponibilidad presupuestal, en aras de garantizar el
nombramiento de un reemplazo que sustituyera a la actora
mientras disfrutaba de sus vacaciones.
• Mediante Oficio núm. DESAJSMO21-700 de 2 de agosto de 2021,
la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL negó la expedición del
certificado de disponibilidad presupuestal aludido, por las siguientes
razones:
“[…] 3. Que la Circular PSAC11-44 de 23 de noviembre de 2011,
sobre “PROGRAMACIÓN DE VACACIONES DE LOS FUNCIONARIOS
JUDICIALES DEL RÉGIMEN DE VACACIONES INDIVIDUALES”
prevé en el numeral 5, la asignación de recursos para reemplazo
por vacaciones, cuando no es posible designar en encargo a
alguno de los servidores.
En efecto se debe tener en cuenta que la facultad de
conceder las vacaciones causadas por servidores judiciales
es exclusiva del respectivo nominador y de otra que la
reglamentación que se encuentra vigente permite la
expedición de CDPs para reemplazos de vacaciones
persona titular, solo para FUNCIONARIOS y
excepcionalmente, en arar de no afectar la normal
prestación del servicio, en el caso de EMPLEADOS para los
Despachos Judiciales con plantas de personas que cuenten
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con 3 o menos cargos.
Efectuada la revisión detallada del Juzgado Primero
Promiscuo de Familia de Ciénaga Magdalena, se identifica
que el despacho cuenta con un (1) funcionario y cinco (5)
empleados como son: 1 Secretario Circuito, 1 oficial Mayor
Circuito, 1 asistente social, 1 Escribiente Circuito y 1 Citador IV,
de lo que se deduce que este es un despacho con una planta
superior a 3 cargos, además de tener en cuenta que el nivel
central viene adelantando un seguimiento detallado y mensual,
frente a cada solicitud de reemplazo debido al limitado
presupuesto que se tiene, instando a las Direcciones Seccionales
a dar cumplimiento estricto a lo precisado en la Circular PSAC11-
44, reiterando que la disponibilidad presupuestal tiene destinación
exclusiva para FUNCIONARIOS JUDICIALES, sin ni siquiera citar la
excepción a la regla, motivo por el cual de forma respetuosa
debo señalar que esta Dirección Seccional, no puede
tramitar la expedición de la disponibilidad presupuestal
requerida para nombrar el reemplazo por vacaciones del
cargo […].”
• La JUEZA PRIMERA PROMISCUO DE FAMILIA DE CIÉNAGA a
través de las resoluciones núms. 011 de 10 de agosto y 021 de 26
de octubre de 2021, suspendió el disfrute de las vacaciones
concedidas a la actora, debido a la necesidad del servicio.
Precisado lo anterior y visto el marco normativo y jurisprudencial
aplicable al asunto bajo estudio, la Sala advierte que le asistió
razón al a quo al conceder el amparo solicitado, toda vez que las
circunstancias administrativas no pueden limitar el goce y disfrute
del período vacacional que legalmente le asiste a la actora,
teniendo en cuenta la injerencia de dicha prerrogativa en el derecho
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al trabajo, donde el descanso constituye una garantía fundamental
del empleado, además de una prestación social y un derecho
económico relacionado con la salud y la seguridad social de las
personas.
Debe entenderse, además, que la función que desempeña la actora
como asistente social, comprende un desgaste intelectual especial
en tanto que le compete intervenir en asuntos en los cuales se
encuentran involucrados niños, niñas, adolescentes, persona(s) en
situación de discapacidad mental y sus familias, lo que amerita en
contraprestación, condiciones adecuadas de descanso y distracción
que redunden en la renovación de fuerzas para el ejercicio de sus
actividades laborales posteriores al período vacacional.
En efecto, impedir el derecho al goce de las vacaciones por cuenta
de restricciones administrativas no es una obligación que deba
soportar la actora, además porque las dificultades de la carga
laboral y la insuficiencia de recursos presupuestales de la rama no
pueden proyectarse sobre los derechos de quienes laboran en los
despachos judiciales.
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Ahora bien, para la Sala no es de recibo el argumento de la
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL, en la impugnación, según
el cual bastaría con ordenar al nominador de la actora concederle
las vacaciones sin que se dispusiera sobre el certificado de
disponibilidad presupuestal para efectuar un nombramiento de
remplazo.
Lo anterior, porque proceder de tal forma desconocería el derecho
al trabajo en condiciones dignas de la actora y el de sus
compañeros del Juzgado, al romper el desarrollo armónico y
eficiente de las tareas asignadas a cada empleado, máxime si se
tiene en cuenta la especialidad de las funciones que desempeña la
actora como Asistente Social dentro del JUZGADO PRIMERO
PROMISCUO DE FAMILIA DE CIÉNAGA, respecto de los
procesos en los cuales se encuentren involucrados niños, niñas,
adolescentes, persona(s) en situación de discapacidad mental y sus
familias10.
Al respecto, se destaca que, en asuntos como el presente de forma
reiterada, como consecuencia del amparo que se ha concedido en
10
Cfr. Acuerdo PSAA16-10551 de 4 de agosto de 2016. “Por medio del cual se determinan los
objetivos y funciones de los y las Asistentes Sociales de la Especialidad de Familia de la Rama Judicial
de los Distritos Judiciales del País.”
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dichas eventualidades, esta Sala ha ordenado la expedición del
certificado de disponibilidad presupuestal para garantizar el
reemplazo del empleado durante sus vacaciones11.
El criterio aludido no solo ha sido acogido por esta Sala sino que
también es sostenido por la SECCIÓN CUARTA y la SECCIÓN
QUINTA de esta Corporación.
Así, en sentencia de 19 de agosto de 202112, la SECCIÓN CUARTA
señaló:
“[…] De lo anterior, la Sala encuentra que existe vulneración de
los derechos fundamentales invocados por la señora Myriam
Tatiana Cortés Sánchez, toda vez que los asuntos de índole
administrativa no pueden afectar el derecho al goce y disfrute del
periodo vacacional que legalmente le asiste, máxime si se tiene
en cuenta que el descanso constituye un derecho fundamental
derivado del derecho al trabajo en condiciones dignas.
[…]
De acuerdo con lo expuesto, en coherencia con el criterio que ha
manejado esta Sala, se impone acceder al amparo los derechos
fundamentales al trabajo, a la dignidad humana, a la igualdad y a
la salud de la señora Myriam Tatiana Cortés Sánchez. En
consecuencia, ordenar a la Dirección Ejecutiva de Administración
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de
agosto de 2021,CP Roberto Augusto Serrato Valdés número único de radicación 11001-03-15-000-
2021-04569-00.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de
septiembre de 2021, CP Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación
110010315000202102853-01.
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Sentencia de 21 de
agosto de 2021, CP Milton Chaves García, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-
04630-00.
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Actora: IVETH DAZA SALINAS
Judicial Seccional – Bogotá - Cundinamarca, Dirección Financiera
y al Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial que, de manera coordinada, dentro de
treinta (30) días contados a partir de la notificación de la presente
providencia, adelanten las gestiones administrativas y
presupuestales que correspondan, para que la Juez 17 de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá nombre el
reemplazo de la señora Myriam Tatiana Cortés Sánchez, y así
materialice el derecho al disfrute del descanso remunerado […]”
De igual forma, en sentencia de 9 de septiembre de 202113, la
SECCIÓN QUINTA expuso:
“[…] En cuanto a los servidores judiciales, las vacaciones se
encuentran establecidas en el artículo 146 de la Ley 270 de 1996,
de modo que, conforme a lo expuesto en precedencia, la Sala
considera vulnerado el derecho al trabajo en condiciones dignas
del señor Jorge Andrés Gaitán Castrillón, por parte de la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Manizales, por lo
que se impone tutelar el derecho conculcado y, en consecuencia,
se dispondrá:
i) Ordenar a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Manizales que, en un plazo de cuarenta y ocho (48)
horas, contadas a partir de la notificación de la presente
sentencia, si aún no lo hubiere hecho, solicite a la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial (Unidad de Planeación o a la
dependencia que corresponda), la provisión de los recursos
necesarios para que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Manizales adopte las medidas que se requieren para conceder las
vacaciones del señor Jorge Andrés Gaitán Castrillón. La Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial dispondrá de cinco (5) días
hábiles, contados a partir de la solicitud que realice el director
seccional, para proveer los mencionados recursos […]”.
Con fundamento en lo anterior, la Sala confirmará el fallo
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 9 de
septiembre de 2009, CP Luis Alberto Álvarez Parra, número único de radicación 1100103-15-000-
2021-04993-00.
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Número único de radicación: 15001-03-15-000-2021-08685-01
Actora: IVETH DAZA SALINAS
impugnado, que amparó los derechos fundamentales invocados por
la actora, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de
esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: RECHAZAR por improcedente la solicitud de nulidad
formulada por la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SANTA MARTA, MAGDALENA,
por los motivos expuestos en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: CONFIRMAR el fallo impugnado, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
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Actora: IVETH DAZA SALINAS
eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,
discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 10 de febrero
de 2022.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Salva voto parcial
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Sigue leyendo
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