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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-08901-01

Fecha
17 de marzo de 2022
Consejero ponente
Milton Chaves Garcia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-08901-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1. Revocar la sentencia del 15 de diciembre de 2021, proferida por el Consejo de Estado, Sección Quinta. En su lugar: 2. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor Adelmo Ardila Villalobos, de conformidad a lo expuesto en la parte considerativa de la providencia. 3. Notificar la presente decisión a los interesados por el medio más expedito posible. 4. Enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador Radicado: 11001-03-15-000-2021-08901-01 Accionantes: Adelmo Ardila Villalobos La anterior providencia fue considerada y aprobada en sesión de la fecha

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2021-08901-01

Consejero ponente: Milton Chaves Garcia

17 de marzo de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2021-08901-01
Accionantes: Adelmo Ardila Villalobos

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2021-08901-01
Demandante: ADELMO ARDILA VILLALOBOS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA

Temas: Tutela contra providencia judicial. Requisitos generales de
procedibilidad

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la Administradora Colombiana de
Pensiones (en adelante Colpensiones) contra la sentencia del 15 de diciembre de
2021, dictada por el Consejo de Estado, Sección Quinta, que amparó los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, dejó sin efecto la providencia del 5
de mayo del 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca al
interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm.
2016-00513-01.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones

El señor Adelmo Ardila Villalobos, mediante apoderada, ejerció acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
D, por considerar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad y a la seguridad social, así como el principio de legalidad. En consecuencia,
formuló las siguientes pretensiones:

“1. Se tutele los derechos fundamentales a la Igualdad, Debido proceso, a la
Inoponibilidad Administrativa en temas pensionales, Seguridad Social en modalidad
del reconocimiento oportuno e integral de la pensión en causación de Trabajo
Suplementario como parte del IBL, y todos los que oficiosamente encuentre
vulnerados en virtud de la decisión del Ad quem viciada por defecto sustancial por
aplicación indebida de las reglas y subreglas de la sentencia de unificación del 28 de
agosto de 2018 a la luz del decreto 1158 de 1994 y el principio de supremacía de la
realidad sobre las formalidades; como por defecto sustancial por desconocimiento

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Accionantes: Adelmo Ardila Villalobos

injustificado de los artículos 24 y 53 de la ley 100 de 1993, la jurisprudencia reiterada
y vinculante respecto a la mora patronal, y el principio de inoponibilidad administrativa
en el reconocimiento de prestaciones pensionales; y transgresión directa del
contenido constitucional.

2. Como consecuencia de lo anterior, se ordene al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D” a proferir una nueva providencia
en tenor del compendio normativo vigente y aplicable, la Jurisprudencia garantista
unificada respecto a la mora patronal e inoponibilidad de la misma para fines de
reconocimiento pensional adecuado, y en respeto de los principios y contenidos
constitucionales de aplicación directa expuestos.

3. Que se reconozca personería en los términos el poder adjunto.”

2. Hechos:

De la demanda de tutela, se indican como hechos relevantes los siguientes:

El señor Adelmo Ardila Villalobos prestó sus servicios al Hospital Militar desde el 1º
de julio de 1982 hasta el 28 de febrero de 2014, es decir, laboró aproximadamente,
durante 32 años.

Mediante Resolución núm. GNR 260941 del 17 de octubre de 2013, Colpensiones
reconoció la pensión de vejez a favor del actor, efectiva a partir del 1º de noviembre
de 2013.

El 30 de junio de 2015, el señor Ardila Villalobos solicitó la reliquidación de la
pensión de vejez porque no se tuvieron en cuenta todos los factores salariales
devengados en el último año de servicios.

La entidad concedió la reliquidación solicitada por el demandante, mediante
Resolución GNR 396727 de 9 de diciembre de 2015, decisión frente a la cual se
interpusieron recursos de reposición y apelación resueltos en resolución VPB 31478
del 5 de agosto de 2016 en la que se modificó el valor reconocido y se elevó la
cuantía, sin embargo, a juicio del actor, no se tuvo en cuenta la totalidad de los
factores devengados.

Debido a lo anterior, el demandante ejerció medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra Colpensiones con el fin de que se declarara la
nulidad de los actos administrativos referidos y, en su lugar, se ordenara la
reliquidación solicitada teniendo en cuenta todos los factores devengados en el
último año de servicios.

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Accionantes: Adelmo Ardila Villalobos

El proceso le correspondió en primera instancia al Juzgado Décimo Administrativo
Oral de Bogotá que, mediante fallo del 31 de julio de 2020, negó las pretensiones
de la demanda. Dicha providencia fue apelada por la demandante y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, en providencia
del 6 de mayo de 2021, confirmó la decisión de primera instancia.

3. Argumentos de la tutela

A juicio de la parte actora, el tribunal administrativo demandado incurrió en defecto
sustantivo porque la autoridad judicial demandada desconoció los artículos 22, 23,
24 y 53 de la Ley 100 de 1993 y la jurisprudencia reiterada respecto del principio de
la inoponibilidad administrativa en el reconocimiento de prestaciones sociales.

Señaló que es beneficiario del régimen de transición contemplado en la Ley 33 de
1985 y que el Tribunal accionado, al reconocer que había devengado horas extras,
dominicales y festivos debió ordenar la reliquidación de la mesada pensional con
los referidos factores dado que la entidad en la que trabajó debió efectuar los
aportes correspondientes por dicho concepto.

Finalmente, indicó que en su caso existió una indebida aplicación del precedente
judicial fijado en la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, pues, a su
juicio el tribunal debió advertir que la entidad a la que prestó sus servicios era la
responsable de efectuar cotizaciones por el factor de las horas extras que devengó,
tal y como se acreditó en el proceso y en esa medida no era su culpa la falta de
aportes respecto de estos factores.

4. Oposiciones
La magistrada Alba Lucia Becerra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
en calidad de ponente de la decisión cuestionada, solicitó que nieguen las
pretensiones de la acción de tutela, afirmó que la decisión aplicó las reglas fijadas
en la sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado en la que se
estipuló que únicamente hay lugar a reconocer en la liquidación pensional los
factores sobre los que se hayan efectuado cotizaciones al sistema, y de esa forma
se decidió el caso. Por lo expuesto, manifestó que no se configuran los defectos
alegados por el actor, quien hace uso de la solicitud de amparo como una instancia
adicional pues pretende reabrir el debate surtido en sede ordinaria.

El Juez Décimo Administrativo de Bogotá, afirmó que el caso objeto de estudio
se decidió con base en el precedente del Consejo de Estado fijado en la sentencia

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del 28 de agosto del 2018, que es claro al afirmar que únicamente se incluyen como
factores para la liquidación de la pensión, aquellos sobre los cuales se hayan
realizado las respectivas cotizaciones al sistema de seguridad social.
Además, señaló que el actor tuvo la posibilidad de actuar en cada etapa procesal,
razón por la que no se advierte que se haya vulnerado el derecho fundamental al
debido proceso.
La Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones indicó que la
decisión que se pretende dejar sin efecto se encuentra ajustada a derecho, ya que
se basó en la sentencia de unificación del Consejo de Estado sobre la materia, razón
por la que solicitó que se nieguen las pretensiones de la acción de tutela.

5. Sentencia impugnada

La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante fallo del 15 de diciembre de
2021, accedió a las pretensiones de la acción de tutela, al considerar que el tribunal
demandado incurrió en defecto sustantivo dado que al margen de la regla
establecida en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, el
ordenamiento jurídico ha fijado la obligación, a cargo del empleador y de las
administradoras de pensiones, de efectuar las cotizaciones del trabajador al
sistema, cuando así corresponde y en el caso de que estas no se hayan efectuado
no pueden obstaculizar el monto de la pensión o el reconocimiento del derecho del
trabajador, como parte débil en dicha relación.

6. Impugnación

Colpensiones impugnó la anterior decisión e indicó que es pertinente recordar que
la jurisprudencia ha estudiado las consecuencias de modificar órdenes ya
ejecutoriadas, indicando que se desconocen los principios de certeza, seguridad
jurídica y legalidad.

Señaló que el caso objeto de estudio no cumple con los requisitos de procedencia
de tutela contra providencia judicial pues lo pretendido es convertir la solicitud de
amparo en una tercera instancia, además, adujo que lo planteado por el actor fue
analizado por el juez natural de la causa que no accedió a las pretensiones
solicitadas, razón por la que la solicitud de amparo debe declararse improcedente
ante la existencia de la cosa juzgada.

Por lo expuesto, solicitó que se revoque la decisión impugnada y en su lugar se
niegue la acción de tutela.

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia
cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales
fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
1
providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional , para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,

1 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después

del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De
ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatori as de derechos
fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente . (Se
destaca)

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2 3
mediante el empleo de las causales generales y específicas de procedencia de la
acción de tutela.

Siendo así, a la Sala le corresponde establecer si en el presente caso se cumplen
los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial
descritos.

Problema jurídico

En los términos de impugnación, le corresponde a la Sala determinar si debe
modificar, revocar o confirmar la decisión impugnada, para lo cual analizará si la
demanda de tutela cumple con el requisito de relevancia constitucional que haga
procedente el estudio de fondo de las causales señaladas por el actor.

Sobre la relevancia constitucional como requisito general para la
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales

El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía
e independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que
le corresponde resolver a otras jurisdicciones.

En ese sentido, la Corte Constitucional1 ha señalado que la relevancia constitucional
tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces
de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción
de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio
de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los
derechos fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

2 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia

judicial son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan
agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada,
salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla
con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto
determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que
la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que
esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
3 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya

incurrido en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material
o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional
que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.

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De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 4, para que
un asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes
elementos:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración
de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse
para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente
económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de
la acción de tutela.

(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en
cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales»5. Es necesario que el interesado exponga de manera clara
las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los
derechos fundamentales.

(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones
de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela
debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener
relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una
expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del
proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más
informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos
fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con
serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan
previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida
razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como
si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe

4 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número:

11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero Ponente: Jorge
Octavio Ramírez Ramírez.
5 Ibidem.

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insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron
decididos por los jueces competentes.

Caso concreto:

A la Sala le corresponde determinar si el presente asunto cumple con el requisito
de relevancia constitucional y, solo en el evento en que se logre superar el requisito
de procedencia y los demás requisitos generales, descenderá con el estudio de la
configuración de los defectos alegados por la parte actora.

De la falta de relevancia constitucional en el sub examine

A juicio de la parte actora, con la providencia del 6 de mayo de 2021, la Sección
Segunda, Subsección D del Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en
defecto sustantivo e indebida aplicación del precedente judicial puntualmente la
sentencia del 28 de agosto de 2018. El primero, porque no tuvo en cuenta que en
la liquidación de su mesada pensional debieron ser incluidos como factores las
horas extras, dominicales y festivas pues aduce que las devengó y que no le puede
ser atribuida la responsabilidad de que sobre estas no se hubiesen efectuado los
aportes a seguridad social.

De acuerdo con lo anterior, le correspondería analizar los presuntos defectos que
alega el actor, de no ser, porque, visto el expediente en préstamo y de la lectura del
escrito de tutela, la Sala advierte que la solicitud de amparo no cumple el requisito
general de relevancia constitucional, como se pasa a explicar.

De la simple comparación entre los argumentos expuestos en el recurso de
apelación ejercido contra la sentencia de primera instancia proferida en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho y los de la solicitud de amparo, se
evidencia, sin mayor esfuerzo, que se trata de una reiteración, con la que la parte
actora pretende provocar un nuevo pronunciamiento por parte del juez de tutela.
Veamos:

Argumentos del recurso de Argumentos expuestos en el escrito de
apelación contra la sentencia de tutela
primera instancia

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Hoy más de tres años después, nos Omitió valorar el Ad quem, o si quiera discutir
encontramos con un cambio de criterio del dentro como parte del litigio de la acción impetrada
consejo de Estado, el cual a través de el extenso y claro contenido normativo vinculante y
sentencia de unificación del 28 de agosto de obligatorio aplicable al caso, tal como se extrae del
2018, definió una serie de reglas y subreglas fallo, situación reiteradamente evaluada en
para el cálculo de la pensión de aquellos jurisprudencia y ley vinculante por la cual, ante la
beneficiarios del régimen de transición del inconsistencia en los aportes efectuados por el
artículo 36 de la ley 100 de 1993, haciendo ente nominador y lo realmente devengado por el
menester indicar que no obstante estas trabajador, de conformidad con lo establecido en
reglas y subreglas, la pensión de mi los artículos 22, 23, 24 de la Ley 100 de 1993, el
mandante tampoco se encuentra liquidada Hospital Militar Central, como responsable de la
en forma correcta, en la medida en que al retención, deducción, reporte y pago, debió asumir
efectuar el cálculo de la pensión, se al sanción moratoria respectiva y, por su lado, el
encuentra que COLPENSIONES no liquidó ente de previsión, en este caso a la Administradora
la prestación con los factores devengados Colombiana de Pensiones – Colpensiones , debió
por mi mandante en los últimos 10 años de oportunamente haber promovido la acción de cobro
servicio, señalados en el Decreto 1158 de con motivo de este incumplimiento, tal como lo
1994, (asignación básica, bonificación por dispone el artículo 53 de la Ley 100 de 1993, sin
servicios prestados, recargos nocturnos y que en ningún escenario, sea el trabajador quien
dominicales y festivos, horas extras, etc) asuma las consecuencias y/o efecto de la mora o
como lo advierte el juzgado en su fallo, con inconsistencia de dichos aportes, sobre todo
respecto a los factores denominados teniendo en cuenta dichos efectos se ven
recargos nocturnos y dominicales y festivos, directamente reflejados en derechos de garantía y
horas extras y que no obstante está protección constitucional y convencional directa y/o
demostrado que nos devengó, declara que fundamental que se están viendo vulnerados como
en la liquidación solo se incluyen aquellos se expondrá a continuación.
emolumentos sobre los cuales se
efectuaron aportes, radicando en este
aspecto la inconformidad.
De la insuficiencia argumentativa y la expresa
contrariedad del despacho respecto a la normativa
(…) vigente y la línea jurisprudencial reiterada sobre la
imposibilidad u inoponibilidad de trasladar las
se debe indicar que no le asiste razón al juez imprecisiones de los aportes a pensión legalmente
al desestimar para efectos del cálculo de la exigibles en tenor del Decreto 1158 de 1994 a
pensión los emolumentos denominados trabajador para fines de reconocimiento adecuado
recargos nocturnos, dominicales y festivos, del derecho pensional, compruébese que un
horas extras, argumentando que sobre desconocimiento tal implica transgredir en primer
estos, su nominador no efectuó los lugar el Derecho Fundamental a la Seguridad
respectivos aportes, pues claramente, el Social de mi representado en la modalidad de
Decreto 1158 de 1994, los establece como percibir oportuna e integralmente una mesada
factores de salario, por lo cual, el nominador pensional que sea reflejo de su vida laboral real, en
no tenía la potestad de omitir el descuento tratándose de la negativa de inclusión del factor
por aportes al sistema de seguridad social relativo a las Horas de Trabajo Suplementario con
en pensiones, y con ellos afectar el derecho sus respectivos recargos.
pensional de mi mandante, como está aquí
demostrado. Por otro lado, en el entendido en que el Decreto
1158 de 1194 regula la metodología para calcular

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las cotizaciones al Sistema General de Pensiones
Así las cosas, y en aplicación de las de los servidores públicos, grupo este general el
subreglas que estableció el Honorable cual goza de una posición preferente a la luz de la
Conejo de Estado en su sentencia de posición discriminatoria a la que se expuso a los
unificación del 28 de agosto, la pensión de trabajadores del Hospital Militar por su omisión o
mi mandante debe calcularse con el impresión prestacional, se está afectando
promedio de los factores contenido en el directamente el principio de igualdad predicable de
Decreto 1158 de 1994, esto es además de todos los administrados.
la asignación básica y la bonificación por
servicios, los denominados recargos De allí que la posición riesgosa promovida por el
nocturnos y dominicales y festivos, Ad quem constituya un tratamiento diferencial
devengados en los últimos 10 años de reflejado en el IBL pensional de funcionarios que
servicio público comprendidos entre el 7 de sirven o sirvieron incansablemente como
noviembre de 2000 hasta el 10 de enero de servidores público, en ejecución de Horas de
2011. (…) trabajo suplementario, Nocturno, en jornadas
Dominicales y Festivas, siendo estas de tal
Al ser mi mandante beneficiario del régimen relevancia que puedan representar casi un 50% de
de transición previsto en el artículo 36 de la lo realmente percibido como contraprestación
Ley 100 de 1993, y de conformidad con las salarial, y que idealmente debe ser congruente con
nuevas reglas y subreglas definidas por el el IBL pensional teniendo en cuenta que no existe
Consejo de Estado en sentencia de justificación legal para que le Hospital Militar haya
unificación del 28 de agosto de 2018, para omitido efectuar los descuentos o en su defecto las
efectos de la cotización al sistema de administradoras perseguido dicha mora o
seguridad social, se debían efectuar los imprecisión de pago a cargo del Empleador, el
respectivos y obligatorios aportes sobre los único legalmente antijurídicamente responsable
devengado y pagado por concepto de por dicha inocuidad.
recargos nocturnos, dominicales y festivos, Y es que efectivamente, la naturaleza directamente
al punto que, si no se hace esa deducción, relacionada a la jornada laboral de los factores de
el empleador queda inmerso en las TRABAJO SUPLEMENTARIO es la que nos
sanciones establecidas en el artículo 22 de permite además verificar que el despacho
la Ley 100 de 1993: desconoció el principio laboral de Supremacía de
la Realidad sobre las formalidades puesto que;
existiendo prueba incuestionable de la causación
de horas extras, dominicales y festivos, el Ad quem
osó inclinarse a una posición excesivamente
ARTÍCULO22.Obligaciones del formalista y ritualista donde se desconoció la
Empleador. El empleador será responsable naturaleza intrínseca de los factores mencionados
del pago de su aporte y del aporte de los con la Jornada Laboral estricta que debe reflejarse,
trabajadores a su servicio. Para tal efecto, imperativamente, en el IBL del pensionado.
descontará del salario de cada afiliado, al
momento de su pago, el monto de las Finalmente, en lo ateniente a la vulneración al
cotizaciones obligatorias y el de las Principio de Legalidad y Debido Proceso, ha de
voluntarias que expresamente haya cuestionarse que el Ad quem, en desconocimiento
autorizado por escrito el afiliado, y del artículo 230 de la Carta Magna, desconoció un
trasladará estas sumas a la entidad elegida contenido legal, claro y expreso contenido en Ley
por el trabajador, junto con las stricto sensum cuando funcionalmente su obrar
correspondientes a su aporte, dentro de los está primigeniamente delimitado única y
plazos que para el efecto determine el exclusivamente por la Ley. Que para el caso
Gobierno. concreto el Decreto 1158/ de 1994 y los artículos

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22,23,24 y 53 de la Ley 100 de 1993 además de
El empleador responderá por la totalidad del todo el compendio normativo que obraba como
aporte aun en el evento de que no hubiere fundamento de la demanda fue expresamente
efectuado el descuento al trabajador. desconocido y omitido en la argumentación del
fallo, apegándose ritualista e inadecuadamente a la
Sobre este aspecto, la Corte Constitucional, Sentencia de Unificación citada que, como se
Sentencia T-920 de 2010, M.P. Dr. Nilson comprobará, fue subsumida inadecuada y en
Pinilla Pinilla, dijo lo siguiente: excesiva ritualidad manifiesta transgrediendo los
mínimos del bebido proceso y legalidad que se
“No corresponde al trabajador asumir las esperan de la administración de justicia y de un
consecuencias negativas de la mora del fallo en derecho.
empleador en el pago de los aportes al
Sistema de Seguridad Social toda vez que, (…)
pese a la falta de transferencia de dichos
recursos, al trabajador sí se le realizan las contrario a lo evaluado por el Ad quem, los actos
deducciones mensuales de su salario. administrativos debatidos se encontraban
Además, la normatividad establece incuestionablemente viciados de legalidad en tenor
mecanismos específicos mediante los de los artículos 23, 24, 25 y 53 de la Ley 100 de
cuales las entidades encargadas de 1993, aplicables a mi representado aún en tanto
reconocer las prestaciones sociales pueden beneficiario del régimen de transición dado que la
afrontar las situaciones de mora, ya que se obligatoriedad de descontar y efectuar los aportes
encuentran facultadas para exigir la a pensión se mantuvo en vigencia de la
cancelación de los dineros adeudados y mencionada normatividad que reza expresamente:
para imponer las sanciones de rigor”.
ARTÍCULO22.Obligaciones del Empleador. El
empleador será responsable del pago de su aporte
Por todo lo anterior, debe destacarse que e y del aporte de los trabajadores a su servicio. Para
cambio radical que trajo la sentencia del 28 tal efecto, descontará del salario de cada afiliado,
de agosto de 2018, se dio cuando el proceso al momento de su pago, el monto de las
ya estaba en curso y dados sus efectos cotizaciones obligatorias y el de las voluntarias que
retrospectivos, se atiende que para el caso expresamente haya autorizado por escrito el
en concreto debe aplicarse la jurisprudencia afiliado, y trasladará estas sumas a la entidad
que determinó las nuevas reglas y subreglas elegida por el trabajador, junto con las
que rigen para determinar la cuantía de la correspondientes a su aporte, dentro de los plazos
pensión de los beneficiarios del régimen de que para el efecto determine el Gobierno.
transición.
El empleador responderá por la totalidad del aporte
aun en el evento de que no hubiere efectuado el
descuento al trabajador.

Así entonces, resultaba, incuestionable, vinculante
y obligatorio para el Hospital Militar, dado que
quedo demostrado el devengo de los factores
además de la asignación básica y la bonificación
de servicios, los denominados Recargos Nocturnos
y Dominicales y Festivos, a la luz de las normas
transcritas, el deber de efectuar los respectivos
aportes reglados en el Decreto 1158 de 1994,
como factores de salario sobre los cuales los

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empleadores están obligados a cotizar, y sin
embargo no solo el empleador omitió efectuar los
descuentos (art 22 y 23) sino que la entidad
administrativa competente para su fiscalización,
COLPENSIONES omite su obligación legal
contemplada en los artículos 24 y 53 de la ley 100
de 1993, pues no ejerce la acción de cobro, ni la de
fiscalización e investigación, no obstante estar
debidamente probada la omisión, situación que
justificaba a todas luces, desvirtuar la presunción
de legalidad de los actos administrativos y se
materializa la vía de hecho normativa en la que
incurre el tribunal al omitir dar aplicación al principio
de legalidad y la jurisprudencia que se expondrá de
manera subsiguiente respecto a los efectos de la
comprobada mora patronal y omisión en el deber
de fiscalización de aportes no efectuados.

En primer lugar, sobre este aspecto, la Corte
Constitucional, Sentencia T-920 de 2010, M.P. Dr.
Nilson Pinilla Pinilla, dijo lo siguiente:

“No corresponde al trabajador asumir las
consecuencias negativas de la mora del empleador
en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad
Social toda vez que, pese a la falta de transferencia
de dichos recursos, al trabajador sí se le realizan
las deducciones mensuales de su salario. Además,
la normatividad establece mecanismos específicos
mediante los cuales las entidades encargadas de
reconocer las prestaciones sociales pueden
afrontar las situaciones de mora, ya que se
encuentran facultadas para exigir la cancelación de
los dineros adeudados y para imponer las
sanciones de rigor”.

(…)

Omitió valorar el Ad quem, o si quiera discutir
dentro como parte del litigio de la acción impetrada
el extenso y claro contenido normativo vinculante y
obligatorio aplicable al caso, tal como se extrae del
fallo, situación reiteradamente evaluada en
jurisprudencia y ley vinculante por la cual, ante la
inconsistencia en los aportes efectuados por el
ente nominador y lo realmente devengado por el
trabajador, de conformidad con lo establecido en
los artículos 22, 23, 24 de la Ley 100 de 1993, el

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Hospital Militar Central, como responsable de la
retención, deducción, reporte y pago, debió asumir
al sanción moratoria respectiva y, por su lado, el
ente de previsión, en este caso a la Administradora
Colombiana de Pensiones – Colpensiones , debió
oportunamente haber promovido la acción de cobro
con motivo de este incumplimiento, tal como lo
dispone el artículo 53 de la Ley 100 de 1993, sin
que en ningún escenario, sea el trabajador quien
asuma las consecuencias y/o efecto de la mora o
inconsistencia de dichos aportes, sobre todo
teniendo en cuenta dichos efectos se ven
directamente reflejados en derechos de garantía y
protección constitucional y convencional directa y/o
fundamental que se están viendo vulnerados como
se expondrá a continuación.

Esos argumentos fueron resueltos por la entidad judicial demandada que, en el fallo
de 6 de mayo de 2021, se refirió expresamente a las inconformidades del
demandante, puntualmente, frente a cuáles factores salariales debían ser incluidos
en la liquidación de la pensión.

Luego, fue del estudio de dichos argumentos que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca concluyó que únicamente había lugar para tener en cuenta los
factores sobre los que se hubiera efectuado los respectivos aportes tal como se fijó
en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 que a la fecha de resolución
del caso ya era de obligatorio cumplimiento.

En esa oportunidad el tribunal demandado indicó:

“De acuerdo con el acervo probatorio previamente analizado, la Sala advierte que en
este asunto no hay ninguna discusión en torno a que el demandante Adelmo Ardila
Villalobos, es beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la ley
100 de 1993, teniendo en cuenta que para el 1º de abril de 1994, fecha en que entró
en vigencia dicha norma, contaba con más de 15 años de servicio entre lo privado y
lo público, cumpliendo así con uno de los requisitos exigidos para acceder a tal
prerrogativa, y en virtud de ello, le es aplicable el régimen anterior al cual se
encontraba afiliado, que no es otro que el previsto por la Ley 33 de 1985, pero
únicamente en cuanto a la edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de
servicio y la tasa de reemplazo del 75 %, pues el ingreso base de liquidación , en
virtud de la interpretación dada en las sentencias de la Corte Constitucional atrás
referenciadas y la sentencia de unificación del Consejo de Estado de fecha 28 de
agosto de 2018, no fue objeto de la transición razón por la cual se debe determinar
en la forma indicada en los artículos 36 inciso 3 y artículo 21 de la Ley ibídem pues

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prestó sus servicios en el sector público durante más de 20 años y cumplió 55 años
de edad el 3 de enero de 2013.
(….)

Ahora bien, la inconformidad planteada por el demandante en su escrito de apelación
se ciñe a que a pesar de aceptar que el ingreso base de liquidación se debe calcular
sobre los factores salariales percibidos en los diez años anteriores al reconocimiento
pensional considera que la entidad demandada al reliquidar su pensión no aplicó en
debida forma las subreglas establecidas en la sentencia de unificación del Consejo
de Estado del 28 de agosto de 2018, en cuanto no incluyó los factores denominados
horas extras, domingos y festivos, pretendiendo así se acceda a la reliquidación de
su pensión teniendo en cuenta en el IBL lo devengado por los conceptos antes
mencionados.

En relación con el anterior argumento, la Sala debe advertir que si bien de las
certificaciones de salario allegadas al expediente se acredita que el actor duarte los
últimos diez años percibió salarios por los conceptos de horas extras, dominicales y
festivos, los cuales se encuentran revistos en el Decreto 1158 de 1994, como salario
mensual base para calcular las cotizaciones al Sistema General de Pensiones de los
servidores públicos incorporados al mismo, también aparece demostrado de
conformidad con la certificación allegada por la Unidad de Talento Humano del
Hospital Militar Central, que los factores salariales tenidos en cuenta para los pagos
de los aportes en pensión de los últimos diez años de servicio del señor Adelmo Ardila
Villalobos, lo fueron únicamente la asignación básica mensual y la bonificación por
servicios prestados (archivo 07 fls 4-9 exp. Virtual), ello quiere decir, que sobre los
emolumentos cuya inclusión en la reliquidación de su pensión pretende el actor no
se realizaron los aportes correspondientes, por ende, no es viable ordenar se tengan
en cuenta en el IBL de la pensión de vejez como lo reclama el actor.

En efecto, de acuerdo con la segunda subregla fijada en la mencionada sentencia de
unificación, los factores a incluir son únicamente aquellos consagrados en el Decreto
1158 e 1994, sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema
de Pensiones, por lo tanto, los emolumentos a considerar en la liquidación de la
pensión del señor Adelmo Ardila Villalobos serían la asignación básica mensual y la
bonificación por servicios prestados. Así las cosas, la Sala encuentra que las
subreglas determinadas por el Consejo de Estado en la sentencia del 28 de agosto
de 2018 fueron debidamente consideradas y aplicadas en el fallo objeto de este
recurso de alzada, por lo que el argumento del impugnante basado en este aspecto
no encuentra ningún soporte legal o probatorio.

(...)

Es necesario indicar entonces que, el ingreso base de liquidación de las personas
beneficiarias de la transición consagrada en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 a
quienes se les aplique la Ley 33 de 1985, será el determinado por la regla y subreglas

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dispuestas en la sentencia de unificación referida del 28 de agosto de 2018, según
la cual, éste se liquidará en los términos del inciso 3º del artículo 36 o 21 de la Ley
100 de 1993 y del Decreto 1158 de 1994.

En aplicación de lo anterior, la liquidación de pensión reconocida al demandante,
efectuada por la entidad demandada, se realizó aplicando la tasa de reemplazo
equivalente al 75 %sobre el IBL promediado con los factores devengados en el lapso
de los 10 años anteriores al reconocimiento, por lo tanto se ajusta a derecho; razón
por la cual no es procedente ordenar su reliquidación con el fin de tomar como ingreso
base de liquidación la totalidad de los factores percibido en dicho término, pues ello
solo es viable respecto de aquellos emolumentos sobre los cuales efectivamente se
hayan realizado los aportes al sistema, circunstancia que no fue demostrada en el
sub examine.

Así la Sala establece que al demandante no le asiste el derecho a que su pensión de
vejez sea reliquidada con la inclusión de todos los factores salariales devengados,
como lo pretende, en tal orden, al no desvirtuarse la presunción de legalidad de que
se encuentran revestidas las resoluciones cuestionadas, las pretensiones de la
demanda deberán ser negadas, bajo las razones consideradas en este fallo, por lo
tanto, la sentencia del 31 de julio de 2020 proferida por el Juzgado Décimo
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá será confirmada. (…)”

Expuesto lo anterior, de acuerdo con el análisis normativo y jurisprudencial realizado
en precedencia, se precisó que los beneficiarios del régimen de transición de la Ley
100 de 1993 tienen derecho a acceder a la pensión de jubilación con aplicación de
los requisitos de edad, tiempo y monto del régimen pensional que los venía
cobijando con anterioridad a la entrada en vigencia de la normatividad referida, bajo
el entendido de que el “monto” comprende únicamente la tasa de reemplazo y no el
IBL.

La Sala advierte que el hecho de que el demandante no esté de acuerdo con los
argumentos que sostuvo el tribunal demandado no habilita al juez de tutela para
volver a estudiar un asunto que ya fue decidido. La acción de tutela es un medio de
protección de derechos fundamentales, pero no una instancia adicional de los
procesos judiciales resueltos por el juez de la causa.

Es evidente que en el escrito de tutela la parte actora está debatiendo argumentos
que ya fueron expuestos ante las autoridades judiciales demandadas - en la
demanda y en el recurso de apelación -y que fueron resueltos con suficiencia, sin
embargo, expone la inconformidad que le generó las conclusiones de los jueces de
conocimiento y, en general, la decisión contraria a sus intereses.

De manera que, resulta evidente que las inconformidades que el actor plantea en

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esta instancia constitucional fueron objeto de pronunciamiento por el juez natural de
conocimiento, dado que los argumentos del recurso de apelación son los mismos
que ahora expone ante el juez de tutela, lo cual hace improcedente la solicitud de
amparo de referencia.

Lo anterior, porque, como se anticipó, para dar por superado el requisito general
para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, consistente
en la relevancia constitucional, es necesario que la acción de tutela no se erija en
una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia
acusada.

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se advierte que la
inconformidad de la parte actora, más que por la configuración de algún defecto,
tiene que ver con las conclusiones que se derivaron a partir de la interpretación
normativa y jurisprudencial realizada por el juez natural de la causa, lo cual condujo
a que profiriera una decisión contraria a sus intereses, lo que desde ningún punto
de vista constituye la vulneración de algún derecho fundamental.

Luego, la Sala concluye que la acción de tutela no cumple los requisitos de
procedencia que habilite el estudio del cargo por parte del juez constitucional y, en
esa medida, es improcedente por la falta de cumplimiento de requisitos generales
para cuestionar providencias judiciales. En consecuencia, se revocará la sentencia
impugnada para en su lugar declarar la improcedencia de la solicitud de amparo.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Revocar la sentencia del 15 de diciembre de 2021, proferida por el Consejo
de Estado, Sección Quinta. En su lugar:
2. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor Adelmo
Ardila Villalobos, de conformidad a lo expuesto en la parte considerativa de la
providencia.
3. Notificar la presente decisión a los interesados por el medio más expedito
posible.
4. Enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

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La anterior providencia fue considerada y aprobada en sesión de la fecha

Notifíquese y cúmplase.

(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sección

(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

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